DICTAMEN Nº. 238/2007, de 19 de diciembre.*
Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de Dª. X y D. Y, por los daños sufridos por su hija Z a consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada durante su nacimiento en el Hospital H y su posterior traslado al Hospital G.
ANTECEDENTES
Examina el Consejo Consultivo el expediente de responsabilidad patrimonial cuya tramitación han instado los padres de una niña que nació el 22 de enero de 1996 en el Hospital H y presentó sufrimiento fetal agudo durante el parto y, como consecuencia de ello, presenta en la actualidad parálisis cerebral forma cuadrapléjica y retraso en el desarrollo psicomotor.
Fundamentan su reclamación en una “defectuosa prestación sanitaria recibida”, que concretan de modo genérico en que la parturienta “no fue atendida con la premura que la situación que presentaba requería, no realizándose o pautándose las pruebas exploratorias necesarias para corroborar la situación de normalidad o anormalidad en la que se encontraba el feto”, en que “no se agotaron todas las medidas exploratorias y de monitorización que son preceptivas y que constituyen el contenido de la lex artis en estas circunstancias”, en que existió un “claro retraso diagnóstico y de tratamiento, concurriendo insuficiencia de medios” y en una “clara pérdida de oportunidades”.
A la embarazada le fueron practicadas seis revisiones durante la gestación, todas ellas con resultados normales, de modo que no se anotan incidencias significativas.
El día 22 de enero la paciente se persona en el Hospital H e ingresa a las 13,05 por pródromos de parto. Se le realiza ecocardiografía y tococardiografía y se observa bradicardia fetal, por lo que se le conduce directamente al paritorio donde rompe la bolsa espontáneamente fluyendo líquido mecónico intenso teñido (puré de guisantes), decidiéndose la práctica de cesárea al comprobar la existencia de sufrimiento fetal agudo. A las 13,30 horas se le traslada a quirófano y a las 13,40 se practica cesárea sin complicaciones. La niña pesó 3 kg y los resultados del test de Apgar ya eran significativos del sufrimiento fetal que había padecido. Se la intuba y ventila, trasladándola a Neonatología.
El episodio asistencial continúa con el traslado de la recién nacida al Servicio de Neonatología del mismo Hospital de H, donde se procura su estabilización pautándole tratamiento y se prosigue la ventilación mecánica. Consta en la historia clínica que la pequeña presenta síndrome de aspiración meconial e hipertensión pulmonar persistente, por lo que tras instaurar tratamiento y procurar ventilación, y dado que no contaba el centro hospitalario con un respirador de alta frecuencia, se acuerda su traslado al Hospital G, centro éste de referencia que cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos de neonatos.
Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha.- 2007
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EXTRACTO DE LA DOCTRINA
En lo concerniente al plazo de prescripción de la acción es preciso indicar que el reclamante alega que los daños sufridos por la niña han de ser calificados de “continuados” y afirma que la reclamación ha sido interpuesta en plazo porque se presentó el 20 de junio de 2005, un año después de la recepción de la resolución de minusvalía emitida el 18 de junio de 2004 (la parte afirma que la recepción de la notificación fue el 20 de junio posterior, si bien esta circunstancia no puede ser apreciada en el acuse de recibo incorporado al expediente).
El reclamante argumenta el ejercicio dentro del plazo de prescripción general de un año de la acción de responsabilidad patrimonial a partir del hecho de que la menor hubiera sido valorada para el reconocimiento de una minusvalía en dos ocasiones, porque en la segunda, instada la valoración por la parte el 10 de mayo de 2004, se dictó resolución de 18 de junio de 2004, en la que se reconoció una minusvalía del 99%, mientras que el 3 de mayo de 2001 el EVO había otorgado un grado de minusvalía a la menor del 94%.
Como señala la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2007 (RJ 2007/3678), en supuesto similar “el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad por disposición legal ha de ser aquél en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto o aquél en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de secuelas, y una vez establecido dicho alcance definitivo de la enfermedad y sus secuelas, los tratamientos posteriores encaminados a obtener una mejor calidad de vida o a evitar ulteriores complicaciones en la salud de la paciente o la progresión de la enfermedad, no enervan la situación objetiva en que la lesión, enfermedad o secuela consisten”.
Dada la gravedad de las lesiones que la niña padece, el daño consistente en parálisis cerebral cuadrapléjica, está desgraciadamente objetivado y estabilizado como permanente e irreversible antes de que se le hubiera valorado por el EVO en la primera ocasión en 2001. Sin necesidad de acudir a la resolución del EVO, se encuentran en la historia informes anteriores donde se consigna el diagnóstico de parálisis cerebral y sus secuelas más graves.
No obstante, habiendo discurrido el debate en el procedimiento en torno a los efectos del EVO sobre la prescripción, al haberlo así tratado de argumentar extensamente el representante de los reclamantes, conviene despejar las dudas que al respecto pudieran existir. Para ello, se habría de partir de la previa consideración de que las resoluciones del EVO, pueden ser referencia para fijar una fecha inicial de cómputo del plazo prescriptivo porque permiten objetivar unas secuelas y su carácter permanente.
Es criterio de este Consejo, que para que el cómputo del término inicial del plazo de prescripción se hubiera de situar inexcusablemente en el momento de la valoración de una minusvalía, habría de coincidir la determinación objetiva de las lesiones y secuelas que la originan con el momento de emisión del dictamen, lo que generalmente no sucederá, salvo que los únicos informes médicos, que son los que objetivan la lesión y las secuelas y sobre los que se sustenta el dictamen de valoración, hubieran sido emitidos en tal ocasión o por dicho motivo. También podría suceder que se careciera de otros informes médicos en la historia clínica a través de los cuales obtener certeza sobre la estabilización del daño y las
secuelas y por ello hubiera que tomar en consideración el dictamen del EVO, lo que en este caso no sucede.
Ello no obstante, si se hubiera de acudir a los dictámenes del EVO, la conclusión sobre la prescripción de la acción también sería la misma, a la vista del contenido de los que en este caso se han emitido, porque las lesiones objetivadas en ambas ocasiones han sido las mismas, aunque la valoración de la minusvalía ha variado en un pequeño porcentaje.
Así, se constata que la resolución sobre el grado de minusvalía de 4 de mayo de 2001, refiere: “Diplejia, con diagnóstico de parálisis cerebral forma cuadripléjica de etiología sufrimiento fetal perinatal que supone un grado del 75%. 2.- Retraso en el desarrollo psicomotor, con diagnóstico sin especificar de etiología sufrimiento fetal perinatal que supone un grado de incapacidad del 75%. Aplicadas las tablas de combinación de puntuaciones resulta un porcentaje global de discapacidad del 94%”. Por su parte, la resolución de 18 de junio de 2004, refiere: “Discapacidad del sistema nervioso y muscular, con diagnóstico de parálisis cerebral forma cuadripléjica de etiología sufrimiento fetal perinatal que supone un grado del 90%.. 2.- Retraso en el desarrollo psicomotor, con diagnóstico sin especificar de etiología sufrimiento fetal perinatal que supone un grado de incapacidad del 75%. Aplicadas las tablas de combinación de puntuaciones resulta un porcentaje global de discapacidad del 98%, al que suma un 1% de factores sociales complementarios, concretando el grado total de minusvalía en un 99%”.
En ambas la grave patología no varía, siendo la razón de la variación del porcentaje de valoración del grado de minusvalía, la que se expone en el informe incorporado al expediente emitido por la Directora del Centro Base dependiente de la Consejería de Bienestar Social, en el que se señala que la diferente valoración en el grado de discapacidad en los años 2001 (75%) y 2004 (90%) “sólo responde a distintos criterios de valoración aplicables a una misma secuela derivada de la encefalopatía anóxica connatal con tretaplejia espástica que sufre la niña y con estabilización como secuelas definitivas en el tiempo. No constatándose agravación añadidas a éstas”.
De este modo ha de entenderse que el daño es permanente y, por tanto, las secuelas ya estaban determinadas y estabilizadas en el año 2001, habiendo sido presentada la reclamación fuera de plazo.
En el mismo sentido, se expresa la doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en Sentencia de 17 de septiembre de 2007 -con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2007, Ar. RJ 3678-, concluye que “al ser el diagnóstico el mismo en uno y otro momento y no haber variado esencialmente las secuelas y puesto que el dato de que se elevase mínimamente el grado de minusvalía entre 1998 y 2005 (desde el 92% al 100%) no deviene revelador de secuelas nuevas o de evolución imprevisible de las patologías que tristemente afectan a la paciente, no podemos sino confirmar la prescripción de la acción para reclamar por responsabilidad patrimonial”.
DICTAMEN
“Que no existiendo relación de causalidad entre el daño sufrido por la niña Z y el servicio público sanitario dispensado a ella y a su madre Dª. X en el Hospital H y en
cual-Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha.- 2007
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caso, habiendo prescrito la reclamación planteada, procede desestimar la reclamación de responsabilidad examinada.”