Reflexión del Mgter. Marcelo Vitarelli
El financiamiento educativo supone una problemática que requiere ser desen trañada progresivam ente dando cuenta de su naturaleza y comportamiento.
Desde el reinicio de la democracia hasta nuestros días, el financiamiento educativo en la Argentina ha vivido diferentes situaciones a partir de las cuales las prácticas educativas se han visto afectadas y/o desplegadas.
Pensar en la relación entre economía y educación es pensar también en las formas de concreción histórica y las realizaciones que los sujetos se dan a sí mismos en un territorio, construyendo entram ados y develando sentidos.
El tema del financiam iento constitu ye un centro de interés de diversas pro fesiones modernas, tales como la de los e c o n o m is ta s , los s o c ió lo g o s y los politólogos, entre otros, quienes en su co n ju n to a b o rd a n la re a lid a d d esd e múltiples perspectivas. Sin embargo, la cuestión del financiam iento de la edu cación se instaura en un tema de inte rés creciente para los educadores como profesión, aunque no de manera exclu- yente, al centrar su mirada en la educa ción como hecho social y juego de múl tiples d eterm ina ciones de actores. No obstante este com etido antes descrito, h ablar en térm in o s económ icos de la realidad aparece ante el común de una
población instruida com o un saber de especialistas, aquel que desde la reali dad de los números, las fórmulas y las ecuaciones determina y analiza en cla ve indescifrable una forma de compor tam iento que podem os visualizar des de la producción, el desarrollo, el gasto y otros tem as asociados. Sin duda al guna, cuanto menos sabemos acerca del tema y más delegamos en solo un gru po de especialistas, hacemos y contri buimos que la economía y el financia m iento devengan un saber extraño y una práctica social de la cual no forma mos parte y nos autoexcluimos en tan to que ciudadanos de una democracia (Vitarelli, 2008).
El financiamiento de la educación es un objeto de múltiples aristas sobre las cuales intentarem os trazar algunas lí neas en la presente reflexión trayendo a la memoria hitos de interés para su tratamiento en Argentina.
Desde la Constitución de 1853, la Argentina adopta el sistema federal de gobierno, lo que im plica la existencia de tres niveles: nacional, provincial y municipal. Junto con la distribución de funciones, el régim en fe deral estatal configura un sistema de distribución de recursos entre dichas un idades ju r is diccionales del estado. Esa distribución de los recursos se lleva a cabo fu nda m entalm ente, a u n q u e no e x c lu s iv a mente, por medio del "sistem a de co participación federal de im puestos" lo cual constituye un sistema concreto de distribución de una parte de los ingre sos de la a d m in is tra c ió n pública del país. En tal se n tid o , cie rto s trib u to s son recaudados por la Nación y se dis tribuyen entre ésta y las adm inistracio nes provinciales de acuerdo a distintos regímenes que han ido cam biando con el tiempo. La ley 23.548, de 1988 -que define el sistem a de c o p a rtic ip a c ió n
que rige en la a c tu a lid a d - e s ta b le ció una distrib u ció n prim aria del 42,34% para la Nación y del 54,36% para las provincias, a p a rta n do un 2% para la recuperación del nivel relativo de desa rrollo de las provincias más atrasadas, y 1% al fondo de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). La distribución se cu n daria se realiza a partir de entonces de a cu e rd o a ta sa s fija s por p ro v in c ia s (19% para Buenos Aires, 9% para C ór doba, 2% para La Rioja), sin que haya m ediado un crite rio más que las d e m andas c o n tra p u e s ta s de las g o b e r naciones provinciales. La recuperación dem ocrática trae consigo p rocesos de in e s t a b ilid a d e c o n ó m ic a , a c u s a un fu erte d eterio ro de los proce sos p ro ductivos del país y ello entre otras co sas requiere de la reforma del estado, la cual
aparece como un com plem ento in dispensable de una transformación en el plano de la organización so cial y económica [...] se trata en el fondo, de un profu ndo re pla n teo del rol y la agenda del Estado, así como de sus relaciones con la so ciedad civil. (OszlaK, 1997, p. 20)
MGTER. MARCELO VITARELLI
Diplom a de Estudios A v an za dos en C iencia s Sociales (equivalente a Magíster, París). Especialista en Planifica ción y Adm inistración de la Educación (UNESCO París). Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación. Docente e investigador de la Universidad Católica de Cór doba y de la Universidad Nacional de San Luis, Argenti na. E-mail: [email protected]
Bajo la impronta de la descentrali zación en d iciem bre de 1991, la Ley 24.049 marcaba la "transferencia edu cativa" que ponía inicio a un proceso de reacomodación y ajuste de los sistemas educativos provinciales en el marco de desarrollos financieros de emergencia y crisis. Con la transferencia, las provin cias debieron reasignar recursos para poder seguir sosteniendo la prestación de los servicios básicos, algunas redu jeron horas cátedras de las escuelas, dism in uyeron el v a lo r de sus salarios reales asignados, cerraron instituciones o fusionaron otras; sin embargo, y muy a pesar de esta situación, las ju risd ic ciones no reclamaron recursos extraor dinarios a la Nación, como si lo hicieran con el traspaso de las empresas de ser vicios públicos. Algunos auto res ligan esta reacción negativa a la ya exp eri mentada por el traspaso de las escue las primarias realizadas en 1978 en épo ca de los gobiernos m ilitares (Fanelli, 1986; Kisilevsky, 1990).
El financiamiento, entonces, de este traspaso se hizo con recursos propios de las jurisdicciones
mediante la pre-coparticipación de los recursos destinados al conjun to de la provincias (distribución se cu n d aria) en el m arco de la Ley 23.548 teniendo un alto costo para éstas, com o se d e sp re n d e de la Ley 24.049, Art. 14 a 19 y del de creto 9 64/92. (Sen én G o n zá le z, 2000, p. 71)
La tra n s fe re n c ia de e s cu e la s s e cundarias, sobre todo las escuelas téc nicas y de la formación docente en su conjunto a partir de los institutos na cionales del profesorado, se en m arca
ba así en los procesos de reforma del estado, de ajuste estructural y de rea signación de fu nciones y con ello una fuerte desconcentración adm inistrativa pero una escasa delegación de presu puestos educativos. Estas reform as de prim era g en eració n se re alizaron en tonces en el marco de políticas públicas y e c o n ó m ic a s que d e s e m b o c a ro n en agudas crisis fiscales y procesos infla cionarios en cascada.
En el marco de las reformas de se gunda generación, aparece en el hori zonte político de la Argentina un con junto de leyes que marcan el rumbo de
los años a seguir. En ese contexto, la educación obligatoria y postobligatoria queda dirigida por la sanción de la Ley Fe d e ra l de E d u ca ció n N° 2 4.195 de abril de 1993 en la que el fin a n cia miento educativo (artículos 60 a 65 in clu sive ) ap arece ligado a un difícil y com plejo in te rju e g o entre provincias, nación y uso de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento. El financiam iento será objeto entonces en ese mismo año de un pacto de polí tica e d u c a tiv a b ajo el in te ré s de la con certación educativa entre las par tes. La firma del Pacto Federal Educati vo en San Juan el 11 de setiembre de 1993 sim bólicam ente marcará el inicio de la etapa de ejecución de la Ley Fe deral de Educación. Participan como fir m antes del m ism o el estado nacional, los gobiernos provinciales y la munici palidad de la ciudad de Buenos Aires. Los recursos que requieran el cumpli miento de la Ley Federal de Educación provendrán, m anteniendo el equilibrio p re s u p u e s ta rio , de: 1.- Los créditos asignados por el presupuesto nacional destin ados al M inisterio de Educación
de la Nación; 2.- Los a p o rte s de los p re s u p u e s to s p r o v in c ia le s y de la M .C.B.A. d e stin a d o s al cu m p lim ie n to específico de los objetivos de este pac to y de utilización exclusiva en las ju ris dicciones aportantes; 3.- Los aportes provenientes del fina nciam iento o b te nido y por obten e rse de los o rg a n is mos internacionales, d estin ados a los diferentes rubros incluidos en el pacto.
A través de la firma del pacto, el Mi nisterio de Educación de la Nación se comprometió, a partir del año 1995 has ta el año 1999, a dirigir los aportes equi valentes a los montos dispuestos en el año 1994 más los aum entos previstos, con una in v e r s ió n q u e t o t a liz a r a $3.000.000.000 en los siguientes cinco años, hacia las necesidades educativas provinciales en los rubros de infraestruc tura, equipamiento y capacitación docen te. Esta realidad se implementaría m e diante actas com plem entarias entre la Nación y cada una de las provincias sig natarias, en las que se explicarían los compromisos específico s que asum en las partes. El desafío consistiría en "ape lar a la concertación [...] que implica res guardar la esfera de la política en la toma de decisiones, ya que obliga a cada actor social a discutir y a negociar públicamente sus opciones educativas" (Tedesco, 2004, p. 21).
La experiencia muestra que en el financiamiento educativo de esta época tuvieron preponderancia los actores na cionales e internacionales. Por un lado, la Nación desplegó numerosos progra mas que acompañaron los procesos de cambio educativo y administró sus recur sos; y, por el otro, la existencia de acuer dos bilaterales con financiam iento in ternacional marcó un horizonte signado
por los recursos extraordinarios que en parte contribuyeron a aum en tar el en deudamiento público de la Argentina.
Un hito de particular interés para el trata m ien to del tem a lo co n stitu y e el "canje de deuda por educación". A raíz de la lucha por cu m plir con sus e n o r mes obligaciones de deuda, los países la tin o a m e ric a n o s se ven o b lig a d o s a d estin ar a ese fin una porción im p o r tante de sus escasos recursos que, de m odificarse el contexto, podrían a s ig narse a la ed u cación . La región está atrapada en un círculo vicioso, puesto que los prob lem as de la e d u ca ció n y del sobre-endeudam iento se refuerzan m utuam ente. Es n e cesa rio in v e s tig a r posibles soluciones creativas para salir de esta tram pa. Se inicia entonces un m ovim iento iberoam ericano para p ro mover canjes de deuda por educación, con el o b jetivo de e n ca ra r esto s dos o b stá cu lo s al m ism o tiem po. A u nque existe una larga experiencia a cu m u la da de operaciones de canje de deuda, la gran innovación ha sido la v in cu la ción inequívoca del canje de deuda con proyectos educativos en un pacto ib e roamericano por la educación. Este m o vimiento se inicia con las m inistras y los m in is t r o s de e d u c a c ió n de I b e r o américa, reunidos en la XIII C onferen cia Ib e ro a m e rica n a de E d u c a ció n en Tarija, Bolivia los días 4 y 5 de setiem bre de 2003 quienes manifiestan:
Decidimos promover un m ovim ien to iberoam ericano en fa v o r de la educación que tenga com o eje la movilización de actores y la partici pación social, que instale la tem á tica educativa en el centro del d e bate público y en la vida y
lio de n u estras sociedades. Este m ovim iento deberá transform arse en un m e c a n is m o de e x ig e n c ia mutua y de cooperación para ase gurar el cumplimiento de las metas de Educación de Calidad Para To dos. S o lic ita m o s a la S e cre ta ría General de la OEI el apoyo para la con cre ción de un plan de acción para su ¡mplementación [...] Reafir mamos que para garantizar la equi dad, calid ad y p e rtin e n cia de la educación que se imparte en todos los niveles educativos iberoam eri can os, es n e ce sa rio a u m e n ta r y mejorar la eficiencia de la inversión en educación y proteger la ya efec tuada en programas educativos con el fin de asegurar su sostenim ien to y profundización. A tales efec tos, solicitam os a la XIII Cum bre Iberoam ericana de Jefes de Esta do y de Gobierno que analice me canism os que permitan la conver sión de un porcentaje a determ i nar de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educati vos. (Organización de Estados Ibe roamericanos, 2003, párr. 10-12)
A partir de allí, el tema cobra renova do interés para Argentina, ya que el en to n c e s m in istro de e d u ca ció n D an iel Filmus, presentaba ante la conferencia general de la UNESCO en París su pro yecto de canjear la deuda externa a r gentina por inversiones educativas en el país, proyectando aspectos tales como: el apoyo a los 10 años de escuela básica o escolaridad obligatoria, otorgando be cas a chicos sin recursos, y en áreas críti cas del desarrollo científico tecnológico. Esas serían puntas del sistema y los re cursos llegarían por el canje de deuda y serían fiscalizados por organismos inter
nacionales y ONGs com unitarias. Ellas podrían ayudar a que esos fondos lle guen efectivam ente (Filmus, 2003). La conversión o canje de deuda es una can celación parcial de deuda que está con dicionada a que los recursos liberados se inviertan en el país deudor. Hay conver siones de deuda, principalmente, de dos tipos: por inversiones privadas o por in versiones públicas. En las primeras, se condiciona que sean las empresas priva das del país acreedor las que acaben ejecutando las inversiones, por lo que éstas resultan ser las principales benefi ciadas. En las segundas, suelen ser los mismos gobiernos y/o ONGs locales las que llevan a cabo los proyectos de desa rrollo. Por ello, dentro del tercer sector existe un consenso a nivel internacional para priorizar estas últimas, ya que con ellas es mucho más probable que se aca ben fina nciando p royecto s dirigidos a paliar las necesidades de las poblacio nes más desfavorecidas (Organización de Estados Iberoamericanos, 2006).
En junio de 2004, en la reunión de ministros de educación del Mercosur ce lebrada en Buenos Aires, Tarso Genro (Ministro de Educación de Brasil) y Daniel Filmus reiteraron su posición favorable al canje de deuda por Educación. Por su parte, la OEI organizó en agosto de 2004 el taller: "Criterios, estrategias y proce dimientos de canje de deuda por inver sión en educación". En él se perfilaron criterios, recomendaciones y estrategias de cara a que diferentes países de la re gión puedan asumir la propuesta. En el marco de este proceso, uno de los pri m eros Estados acreedores en mostrar interés la propuesta de condonar deuda por inversiones en educación fue el es pañol. El 26 de enero de 2005, se con cretó la primera operación de canje de
deuda por educación desde que se des e n ca d e n a ra este d e b a te ¡n te rg u b e r- namental en América Latina. La opera ción se llevó a cabo entre el gobierno español y el de Argentina. El acuerdo al canzó una cifra de 60 millones de euros los cuales fueron destinados al Progra ma Nacional de Becas Escolares del Mi nisterio de Educación de la Nación. Ello perm itiría su m ar 200.000 becas a las 350.000 que se otorgan a ctu alm e n te con el objetivo de apoyar el proceso de escolarización de niños y niñas pobres.
En el marco de cambios que se van produciendo en las form as de re gu la ción en las que actúan los difere n tes actores so cia le s y dando cu en ta e le mentos c o n te x tú a le s de tr a n s fo r m a ción, las políticas públicas del se cto r educación en el nuevo milenio intenta rán introducir nuevos elementos con el fin de subsanar, entre otros aspectos, problemas derivados de la década de los 90 con la fu e rte in tro d u cció n del mercado, su lógica y su lenguaje de las prácticas. Acontecen en A rgentina re formas e s tr u c tu r a le s en e c o n o m ía s desgastadas, en crisis de devaluación monetaria y en índices positivos de su perávit derivados de la producción y la recaudación im positiva. Un fenóm eno complejo de analizar y dar cuenta pero que en su esencia ayudará a pensar nuevas realidades para los sectores de la educación, la salud y la segu rida d social, entre otros aspectos a tener en cuenta desde el papel del estado. Un nuevo paqu ete j u r íd ic o - n o r m a t iv o acontece como forma de encuadre de prácticas sociales entre las cu ales el financiamiento e d u c a tiv o re a p a r e c e como un factor transversal y clave para la comprensión de c o m p o rta m ie n to s futuros de sistema (Rivas, 2004).
Garantizar el derecho a la educación para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos es un objetivo central de todas las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la educación en A r gentina, más allá de los programas y ac ciones específicas que cada una realice en forma particular. Esto solo es posible si se cuenta con presupuestos adecua dos, bien distribuidos y sustentables, di fundidos públicamente y en forma trans parente, tarea que se torna necesaria e im prescindible a la hora de la tom a de decisiones. En la actualidad la Ley de Financiamiento Educativo Argentino (N° 26075) establece una inversión crecien te y constante de los presupuestos pú blicos para la educación: en el año 2010 debería poder alcanzarse una inversión equivalente al 6% del PBI argentino y una serie de metas y objetivos a cumplir que han sido reafirmados y profundiza dos en la Ley de Educación Nacional que se encuentra vigente. Entre sus objeti vos se cuenta los porcentajes de creci miento anual del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología, estable cimiento por el plazo de cinco años de una asignación espe cífica de recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Na cion al. Para ello se debe d e te rm in a r anualmente el índice de contribución y es necesaria la creación del Programa Na cional de Compensación Salarial Docen te que modifica la Ley N° 25.919 - Fondo Nacional de Incentivo Docente. La Ley de Financiamiento educativo fue san ciona da en diciembre 21 de 2005 y promulga da el 9 de Enero de 2006.
Todo este esfuerzo federal, tanto en lo nacional como en lo provincial, requie re de la participación ciudadana co n d e n te y re sp o n sa b le para m o n ito re a r el
to de derechos ciudadanos. Sin una ac tiva participación de las organizaciones sociales e instituciones educativas de los distintos niveles com prom etidas con la educación, tanto nacionales como pro vinciales, se hace muy difícil que se al cancen las metas previstas, en lo pre s u p u e s t a r io co m o e d u c a t iv o en el tiempo estipulado, de allí que no se ha brá cumplido con el derecho que es el de sostener el libre acceso a una edu cación de carácter público y gratuito. La misma ley exige a los gobiernos provin ciales y nacionales
presentar regularmente la informa ción sobre la ejecución presupues taria de los recursos asignados a la educación, informando en parti cular sobre el gasto por alumno, la participación del gasto en e d u ca ción, en el gasto público total, el
berá estar disponible públicam en te en sus páginas web durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento de las m etas establecidas en la pre sente Ley. (Art. 16)
Las organizaciones sociales y edu cativas en com unión de actores pue den amparase en esta norma con el fin de conocer, in te rpre ta r y exigir a sus gobiernos el cu m p lim ie n to de la mis m a .1 El c a rá c te r fe d e ra l del sistem a e d u c a tiv o a rg e n tin o im p lic a que un porcentaje muy im portante del total de los recursos para la educación básica p roven g an de los p re s u p u e s to s pro vinciales. Por eso es fundam ental que en las provincias existan sociedades ci viles fu e rte s y re s p o n sa b le s capaces de m onitorear el cu m plim ie nto de las leyes e d u c a tiv a s 2 que nos atraviesan
1 Es en este sentido que se funda el grupo nacional Compromiso con el financiamiento educativo que reúne a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el cumplimiento de las metas educativas. De esta manera, los integrantes del grupo nacional se encargan, como actores de una realidad y ejerciendo su derecho ciudadano, de monitorear el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Ver todo el detalle de la operatoria de este grupo en http://www.cippec.org/nuevo/mlfe/ 2 En el año 2009 en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba se ha dado inicio a
un Proyecto de Responsabilidad Social en el marco de trabajo de la Responsabilidad Social Universi taria dependiente del Vicerrectorado del Medio Universitario. Dicho proyecto se denomina "Compro miso ciudadano con el Financiamiento Educativo: diálogo intersectorial en la Provincia de Córdoba" y esta dirigido por el Prof. Mg. Esteban Cocorda y el Prof. Dea. Marcelo Vltarelll. Hablar del compromiso ciudadano con el financiamiento educativo significa poder relevar información sobre el presupuesto y la inversión educativa, monitorear, dar a conocer, hacer incidencia pública en funcionarios y
legislado-y e d u ca tiv o d e sd e una mesa de trabajo pluralista legislado-y
educativo de Invitar a orgam aciones T r n Z r ' Z d6' 9rup° ComPr° ™ ° con el financiamiento de trabajo a nivel provincial ' i n t e g r i d a d C° n ' 3 e d u c a c i ó n a c o n s t it u ir ™sas realicen búsqueda d'e i n f o r m a ^ m o n lt o r e o y a c on e s d e d i ^ ^ V " '3 JUriSdiCdÓ"' Para que
marco de la Ley de Financiamiento Educativo incidencia publica derivadas del
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con sujetos de la historia, tanto nacio nales como provinciales.3 De esta m a nera, por ejemplo, podremos visualizar, conocer en profundidad, debatir y d i fu n d ir la realidad de la p ro v in cia de Córdoba que constituye un caso re le vante en el contexto nacional, en tanto que es la segunda ju risd icció n d e m o g rá fic a m e n te h a b la n d o y c o n c e n tra una gran cantidad de recursos econ ó micos del total del país. La gran canti dad de habitantes de Córdoba tiene su correlato en la m atrícu la del sistem a educativo provincial, que al año 2000 la ubicaba en el segundo puesto a n i vel nacional en núm ero de e s ta b le c i mientos (4.109) y tercero en su pobla ción de alum nos (796.542). Desde la recuperación de la dem ocracia, el sis tema educativo de la provincia de Cór doba ha transitado por diferentes deci siones de p o lítica e d u ca tiva (Veleda, 2003). Desde 1987 a 1993 transitó por la denom inada reform a e d u cativa de Córdoba. Resultado de ello fue la apro bación de la Ley General de Educación N° 8113/91. La Ley 8525 de 1995 creo el ciclo básico unificado (CBU) lo cual le quitó un año (el séptim o) al nivel pri mario. Ello tra jo c o n s e c u e n c ia s que perduran hasta hoy de deserción esco lar y disminución de los niveles de cali dad educativa. Desde 1999 el sistema educativo de la provincia de Córdoba se ubica detrás de la provincia de Bue
nos Aires y com parte el segundo y te r cero lugares con la provincia de Santa Fe por su magnitud. Un dato de parti cular interés para nuestra reflexión lo constituye el aum ento significativo en tre 1999 y el 2001 del gasto educativo en un contexto de claro deterioro de la situ ación econ óm ica nacional (Centro de Estudios de Población y Desarrollo, 2 0 0 4 ). No o b s t a n t e e s ta re a lid a d , quienes han observado más d e ten ida m ente el sistem a educativo provincial dan cuenta de una gestión de política educativa desde el m inisterio con alto profesionalism o en la conform ación de cuadros técnicos y de expertos aco m pañ ado de flu c tu a c io n e s y fr a g m e n ta c io n e s in te rn a s que dejan p la n te a das dudas en la gobernabilidad del sis tem a educativo provincial. Finalm ente diremos que la ponderación realizada a p rin cip io s del 2008 por el baróm etro del fin a n c ia m ie n to e d u c a tiv o (G rupo Compromiso con el financiam iento edu cativo, 2008) para Córdoba, le otorga 7 puntos en la m edición com parativa entre las provincias argentinas, que en una escala de 0 - 10 coloca a la provin cia un punto por encim a de la m edia nacional (6 puntos).
Com o hem os podido apreciar, d u rante todo este tiempo que va desde la recuperación de la forma democrática de gobierno en Argentina hasta nuestros
3 Desde febrero de 2009 en la provincia de Córdoba se ha constituido la "Mesa provincial para el
monitoreo del financiamiento educativo”, de la mano del grupo Compromiso con el financiamiento educa
tivo a nivel nacional y coordinada por docentes-investigadores de la Facultad de Educación de la
Universidad Católica de Córdoba. Esta mesa pluralista de actores está compuesta al presente por: Fundación La Luciérnaga; Iniciativa Em presarios por la Educación (ExE); Facultad de Educación (UCC); Fundación Tantal, Argentina-Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba; Fundación Minetti; Funda ción Instituto para la Cultura la Innovación y el Desarrollo (INCIDE); Escuela Rural de Nivel Inicial y Primario "sin nombre", El Diquecito, La Calera, Córdoba y el Instituto de Formación para la Participa ción Ciudadana (IIMFOPASI), Bel Ville, Córdoba.
días, el financiam iento de la educación ha sido y es una problemática de inte rés general de los gobiernos pero tam bién de prácticas particulares de d ife re n tes se cto re s de la s o cie d a d civil. Quiera que con estas líneas presenta das comencemos a hacer más accesible este objeto de debate del que nos he mos ocupado teniendo como horizonte de posibilidad la realidad pública del conocimiento, su carácter de com prom i so ético y su valor axiológico en el con texto de pensar una sociedad más ju s
ta y equitativa. Sin duda alguna que la reflexión recién se inicia al m odo de quien arroja la primera pregunta en el orden de asumir que la educación es un hecho socialm e n te responsable y que la econom ía es un asunto de todos y para todos.
M gter. M a rce lo Vitarelli
San Luis, 20 de abril de 2009
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