(S-1297/17) PROYECTO DE LEY. Artículo 1.- Modificase el artículo 10 de la Ley , el cual quedará redactado de la siguiente manera:

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(S-1297/17) PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1°.- Modificase el artículo 10 de la Ley 24.653, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 10.- SEGUROS OBLIGATORIOS. Todo el que realice operaciones de transporte debe contar con los seguros que se detallan a continuación, para poder circular y prestar servicios.

Su responsabilidad empieza con la recepción de la mercadería, finalizando con su entrega al consignatario o destinatario:

a) De responsabilidad civil: hacia terceros transportados o no, en las condiciones exigidas por la normativa del tránsito;

b) Sobre la carga: únicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en la póliza los riesgos cubiertos. El seguro será contratado por:

1. El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la operación de transporte antes que la carga, el certificado de cobertura reglamentario.

2. El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de carga, si ésta no está asegurada según el punto anterior. En tal caso el remitente declarará su valor al realizar el despacho, sobre cuyo monto aquél percibirá la correspondiente tasa de riesgo y hasta dónde responderá. No se admitirá reclamo por mayor valor al declarado. El transportista queda eximido de responsabilidad por el robo de las mercaderías transportadas desde la carga y hasta la descarga de las mismas.

La eximición de responsabilidad del transportista quedará sin efecto cuando se probare su dolo o culpa grave, o la de sus dependientes”.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Jaime Linares.

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FUNDAMENTOS Señora Presidente:

Desde hace muchos años la piratería del asfalto se instaló como un riesgo normal y habitual del trasporte de carga.

Pese a los esfuerzos del gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad y las fiscalías temáticas, las cifras de este delito no muestran un marcado descenso en cuanto a cantidad de hechos y volumen de mercaderías robadas.

Las cifras oficiales aportadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación dan cuenta que cada año se roban cargas por valor de 50 millones de dólares, alimentando un mercado ilegal gerenciado por las bandas de piratas del asfalto.

La consolidación de éste delito, sumada a las escasas garantías que brinda el Estado en materia de seguridad, han modificado la operatoria de las empresas de transporte, acrecentando los requisitos exigidos por los dueños de las cargas y las compañías de seguros, a la hora de contratar el traslado de mercaderías y brindar cobertura a las mismas, respectivamente.

El sector del transporte debió asumir nuevos costos vinculados a la seguridad, tales como la instalación de equipos satelitales, la implementación de sistemas de seguimiento de flotas, el diseño de protocolos de operación (itinerarios, desvíos de ruta, detenciones, etc), la contratación de personal especializado, la instalación de cámaras, alarmas, etc.

Los dueños de las cargas han acentuado las exigencias de seguridad requeridas a las empresas de transporte a la hora de contratar sus servicios.

En la misma línea, las compañías aseguradoras requieren al dueño de la carga estrictas medidas de seguridad como condición de póliza. De tal modo se ha operado una transferencia del deber de brindar seguridad desde el Estado hacia el sector privado.

En algunos casos se llegó al extremo de que algunas cargas sensibles, como los equipos de telefonía, sean transportados en camiones blindados, lo cual no debe ser evaluado como un avance en materia de seguridad, sino como un retroceso derivado de la inseguridad.

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Si bien es cierto que la piratería del asfalto tiene varias aristas que requieren de soluciones en lo inmediato, como la implementación de más fiscalías temáticas, la aceleración de los procedimientos judiciales, una mejor coordinación de las fuerzas de seguridad, un mejor control de las mercaderías que se comercializan, etc., no menos cierto es que la situación del transportista frente a las acciones de repetición impulsadas por las compañías aseguradoras merece la atención de este Honorable Senado.

Consumado el delito, y no habiendo sido halladas las mercaderías dentro del término legal, el tomador del seguro, es decir, el dueño de la carga, reclamará a la compañía de seguro la amortización de la suma asegurada.

Efectuado el pago del valor de póliza la aseguradora, subrogando los derechos del dueño de la carga, iniciará la acción de repetición de rigor contra el transportista por incumplimiento de contrato, es decir, por la falta de entrega de la mercadería en destino.

Respecto de las acciones de repetición el art. 10 de la Ley 24.653 de Transporte Automotor de Carga dice lo siguiente: “El seguro será contratado por: 1. El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la operación de transporte antes que la carga, el certificado de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula de eximición de responsabilidad del transportista”.

Si bien la norma pareciera estar enderezada a eximir la responsabilidad del transportista cuando se produjere el robo de mercadería en tránsito (piratería del asfalto), lo cierto es que no lo dice concretamente.

La redacción del artículo es tan amplia que resulta inaplicable, por cuanto eximiría al transportista en todos los casos (robo, hurto, deterioro, etc.), suprimiendo responsabilidades básicas del contrato de transporte.

En esos términos la norma del artículo 10 es inaplicable. Ello, porque la ley no aclara específicamente que la cláusula de eximición de responsabilidad sólo atañe al robo de la mercadería en tránsito.

En consecuencia, ante la inaplicabilidad de la ley, el transportista debe afrontar la acción de repetición incoada por la aseguradora. Conviene reseñar aquí el pronunciamiento judicial respecto a la obligación del transportista de entregar la carga en destino, cuando mediara un robo a mano armada.

“Un asalto a mano armada no configura, por sí solo, un eximente de responsabilidad del transportista, quien debe acreditar que ha

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adoptado todas las diligencias necesarias para impedir o al menos dificultar el asalto. El deber de custodia que pesa sobre el transportador, exige de este la demostración de que fue suficientemente diligente para evitar los perjuicios, y de que tomó las medidas de prevención para impedir, incluso, el efecto de un robo, absolutamente previsible” (RSD 82598-99).

“Un asalto a mano armada no configura por si solo un eximente de responsabilidad del transportista, sobre todo teniendo en cuenta la lamentable seguridad de nuestras calles y rutas. De modo pues que debe acreditar que ha utilizado las razonables y exigibles diligencias para impedir o al menos dificultar el asalto” (CNC, Sala b, 21/05/03 “El Comercio c/ Mehl Manuel y otros s / Ordinario).

El siguiente fallo no se exime de responsabilidad al transportista ni siquiera cuando demostrara que adoptó las medidas necesarias para evitar el robo, consagrando un criterio objetivo del responder. “La regla general en el contrato de transporte es que el transportista contrae una obligación de traslado determinada que lo obliga a obtener el resultado propuesto: que la mercadería llegue al destino fijado en el momento pactado y por el medio acordado. El incumplimiento se configura por la no obtención del propósito perseguido y por ello el transportador no puede defenderse invocando que dispuso todos los medios razonables”.(CC001 LM RSD 24-S 9-9- 2004, “Tasistro Mirna Gladys c/ TALPSAy otro s/ Daños y Perjuicios”).

Como puede observarse, la situación judicial del transportista es notoriamente desventajosa, debiendo afrontar en la mayor parte de los casos el pago de las mercaderías robadas, lo cual ha llevado a más de una empresa al quebranto.

El proyecto que presentamos viene a esclarecer el sentido de la norma del art. 10 de la ley 24.653, ciñendo la eximición de responsabilidad del transportista al robo de mercadería en tránsito, desde la carga hasta la descarga.

La modificación impulsada no supone el incremento significativo del valor de las pólizas, máxime teniendo en cuenta que muchas compañías ofrecen seguros de carga conteniendo la cláusula de no repetición hacia el transportista y no difieren demasiado en cuanto a su costo.

Estamos convencidos que la modificación que proponemos redundará en una mayor seguridad en el transporte de carga, considerando que la eximición de responsabilidad del transportista determinará que todas las compañías de seguro exijan rigurosas condiciones de seguridad para asegurar las cargas, lo cual, por otra parte, dificultará

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un poco más la comisión del delito y promoverá el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para combatirlo.

El presente proyecto es una reproducción del expediente 55/15 de mi autoría.

Por las razones expuestas, solicito, Señor Presidente, la aprobación del presente proyecto.

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