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EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
EN ESPAÑA (1990-2004)
90%
100%
110%
120%
130%
140%
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0
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2
Año base (100%) Máximo permitido Kioto (115%)Emisiones brutas 2004 (145,61%)
Las emisiones GEI en 2004 en relación a 1990
han crecido un 45,61%
Joaquín Nieto
, secretario confederal de Medio Ambiente y SaludLaboral de CC.OO.
José Santamarta
, director de la edición española de la revistaWorld Watch
MAYO DE 2005
confederación sindical de comisiones obreras
departamento de medio ambiente
Las emisiones de gases de invernadero en España (1990-2004)
José Santamarta y Joaquín Nieto
El Protocolo de Kioto en España implica que el promedio de las emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no puede superar en más de un 15% las del año base 1990. Pero ya superan el 45%.
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2)
equivalente en España han aumentado un 45,61% en 2004 respecto a 1990. El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en 2004 (3,55%) ha sido superior a 2003, debido a que fue un mal año hidráulico, ya que la producción hidroeléctrica fue un 23,3% inferior a la del año 2003 y, consecuentemente, las centrales de ciclo combinado de gas natural y las de carbón funcionaron más horas (el consumo de carbón aumentó un 3% respecto al año 2003, y el de gas natural un 15,5%). El consumo de energía primaria aumentó un 3,7%, y las emisiones de CO2 por usos energéticos
crecieron un 4,2% en 2004.
Las emisiones en unidades de CO2 equivalente, considerando los
seis gases de efecto invernadero, han aumentado en un 45,61% en España entre 1990 (año base) y 2004, cifra que triplica dicho 15%. España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Con estas cifras, se aleja mucho del cumplimiento del Protocolo de Kioto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima. Según los escenarios contemplados en los diversos planes energéticos, elaborados en la anterior legislatura, para el periodo 2008-2012, las emisiones en España podrían ser superiores en un 58% a las del año base. Con el nivel alcanzado por las emisiones actuales, esta cifra podría superarse ampliamente. El Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de CO2 derivado
de la aplicación de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, elaborado por el Gobierno socialista, contempla un escenario de crecimiento de las emisiones del 24% para ese mismo periodo, muy por debajo de la tendencia señalada, lo que haría posible el cumplimiento del Protocolo acudiendo a los mecanismos de flexibilidad, pero no está aún acompañado de la correspondiente
3 corrección de los planes energéticos, ni de un plan de aplicación de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, ni de una estrategia española sobre cambio climático y para la aplicación del Protocolo de Kioto, por lo que tal objetivo podría no alcanzarse.
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA (1990-2004) 145,61% 140,62% 139,32% 132,59% 132,99% 99,22% 101,41% 104,42% 100,66% 105,83% 109,99% 107,15% 114,49% 117,90% 127,65% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año base Máximo permitido Kioto Emisiones brutas
El consumo de energía primaria en España ha pasado de 88 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 141,56 Mtep en el año 2004 (un 61% de aumento). En 2004 la dependencia energética alcanzó el 77%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear. El grado de dependencia energética fue del 66% en 1990. El documento del Ministerio de Economía titulado
Planificación de los sectores de
electricidad y gas 2002-2011
, elaborado en la época del PP,estimaba que el consumo de energía primaria sería de 175 Mtep en el año 2011, con un crecimiento anual del 3,09% para el periodo 2000-2011. El consumo de carbón disminuiría de 21,1 Mtep en el
año 2004 (14,9% del consumo de energía primaria) a 14,4 Mtep en 2011 (8,2%), el de petróleo pasaría de 70,8 Mtep en 2004 (50%) a 83,4 Mtep en 2011 (47,6%), el gas natural de 24,55 Mtep (17,3%) a 39,3 Mtep (22,5%), la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 16,55 Mtep a 16,6 Mtep) y disminuiría en términos relativos (del 11,7% en 2004 al 9,9% en 2011), las energías renovables deberían alcanzar el 12% previsto en el año 2010, algo difícil con el desarrollo actual, pues sólo la eólica va a buen ritmo (en teoría se pasaría de 8,87 Mtep en 2004, incluida la hidráulica, a 21 Mtep en 2011), y el resto corresponde al saldo de la electricidad. Si se cumplen estas previsiones del anterior Gobierno del PP, las emisiones de dióxido de carbono de origen energético aumentarían entre un 78% entre 1990 y 2012 (según se deduce del Plan citado), y un 58% en el escenario más favorable de la
Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética
aprobada en 2003, lo que haría difícil cumplirel Protocolo de Kioto, y obligaría a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, unos 500 millones de
toneladas durante el periodo 2008-2012.
El consumo de energía primaria, con la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, pasará de 141,56 Mtep (Millones de toneladas equivalentes de petróleo) en el año 2004 a 165 Mtep en el año 2012, lo que supone un incremento del 16,6%. El consumo final pasará de 104,4 Mtep en el año 2004 a 126 Mtep en el año 2012, un aumento adicional del 20,7%. Entre 2000 y 2012 el consumo final en la industria crecerá un 35,4% (la industria consumirá 46,5 Mtep en 2012), el transporte un 48,8% (consumirá 48 Mtep en 2012) y los usos diversos un 33,2% (consumirán 31,5 Mtep en 2012). El Plan de Acción que elabora actualmente el IDAE podría y debería mejorar este escenario.
En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal se podría ahorrar el 2,5% adicional de las emisiones actuales, y un 7,5% para el año 2030. De hecho, el Plan Nacional de Asignación prevé un 2%, cifra realista y alcanzable.
Urge revisar tanto la planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011 como la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, tal como pidió en su día el propio PSOE en la oposición. También conviene recuperar el borrador de la Estrategia Española Contra el
5 Cambio Climático, elaborado por consenso en el Consejo Nacional del Clima en la pasada legislatura, pero revisándolo para complementar la Estrategia con un calendario y una financiación, como demandaron en su momento los representantes de las comunidades autónomas de la oposición, las organizaciones ecologistas y los sindicatos.
Evolución de las emisiones de GEI en España
90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Máximo permitido Kioto (115%) Emisiones brutas 2004 (145,61%) Año base (100%)
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES POR GASES Tabla 1
España-Emisiones de gases de invernadero (miles de toneladas de CO2 equivalente)
Año CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 Total bruto Total neto (sin sumideros)
Año base 228.404,80 27.846,76 24.251,88 4.645,44 832,51 106,01 286.087,41 277.054,53 1990 228.404,80 27.846,76 24.251,88 2.403,18 882,92 67,11 283.856,65 274.823,78 1991 235.109,87 27.994,45 23.924,49 2.179,01 827,43 72,96 290.108,20 279.051,10 1992 243.198,74 28.829,48 23.079,37 2.762,60 789,91 75,82 298.735,92 285.215,60 1993 233.379,21 29.082,18 21.476,99 2.258,39 830,79 79,70 287.107,26 271.606,43 1994 244.854,14 30.035,42 23.519,96 3.458,21 818,88 88,06 302.774,66 287.252,64 1995 255.452,76 30.568,54 23.074,50 4.645,44 832,51 106,01 314.679,75 297.889,27 1996 242.717,67 32.049,12 25.669,66 5.196,84 797,02 113,94 306.544,25 287.276,26 1997 262.554,61 32.922,46 24.980,95 6.125,88 820,09 134,52 327.538,52 305.294,90 1998 270.830,95 34.071,14 25.657,11 5.809,01 769,48 153,45 337.291,14 312.780,29 1999 295.897,70 34.411,94 26.811,93 7.163,91 704,21 198,48 365.188,17 337.833,05 2000 308.245,83 35.416,38 28.007,46 8.170,02 411,71 224,58 380.475,98 349.326,74 2001 310.461,31 36.296,63 26.802,59 5.284,19 239,77 226,73 379.311,22 345.324,23 2002 331.081,69 36.714,99 26.379,99 3.892,39 264,02 254,82 398.587,89 362.192,66 2003 331.761,85 37.061,99 27.936,49 4.963,25 267,31 295,94 402.286,83 362.168,57 2004 345.684,55 37.243,68 28.034,95 5.024,32 269,03 304,56 416.561,09 373.377,19
Fuente: Elaboración propia. El año base se compone de las emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995 de los carburos perfluorados (PFC), carburos hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de azufre).
Emisiones de dióxido de carbono (CO2)
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España aumentaron
un 3,7% en 2004 respecto a 2003, y entre 1990 y 2004, sin incluir los sumideros, crecieron un 51,35%, pasando de 228,4 millones de toneladas en 1990 (año base) a 345,7 millones de toneladas en 2004 (ver Tabla 1). En 2004 representaron el 82,9% de las emisiones brutas de gases de invernadero en España, sin incluir los sumideros. Ver tabla 1.
Emisiones de metano (CH4)
En 1990, año base, se emitieron en España un total de 27.846.760 toneladas de metano en unidades de CO2 equivalente, mientras que
en 2004 se llegó a 37.243.679 toneladas en unidades de CO2
equivalente, con un aumento del 33,75%. El metano representó en 2004 el 8,94% de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros. En 2004, la fermentación entérica ocasionó el 40,2%, la gestión del estiércol el 23,4%, los vertederos el 20%, la minería del carbón el 2,7%, el petróleo y el gas natural el 2,2%, y las aguas residuales el 5,5%. Los cultivos de arroz emitieron sólo el 0,8%.
Emisiones de óxido nitroso (N2O)
Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 1990, año base,
ascendieron a 24.251.880 toneladas en unidades de CO2
equivalente, y representaron el 6,7% de las emisiones de gases de invernadero en España en 2004, sin incluir los sumideros. En 2004 las mayores emisiones se debieron a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (66%). El sector energético emitió en 2004 el 14,4%, la industria química el 7%, la gestión del estiércol el 5,7% y las aguas residuales el 4%.
Emisiones de carburos hidrofluorados (HFC)
Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire
acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero. Los HFC comprenden los HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134ª, HFC-143ª, HFC-227ea, y HFC-236fa. En 1995, año base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron 4.645.440 toneladas de CO2
equivalente, mientras que en 2004 las emisiones fueron 5.024.320 toneladas de CO2 equivalente, con una importante reducción a partir
de 2001, por la recuperación de HFC en determinados procesos industriales. Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles. En 2004 representaron el 1,2% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).
Emisiones de carburos perfluorados (PFC)
La práctica totalidad de las emisiones de carburos perfluorados se debe a la producción de aluminio. Los PFC comprenden los CF4;
C2F6, C3F8 y C4F10. En 1995, año base para los compromisos
adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas de C2F6 (832.510 toneladas de CO2
equivalente). Las emisiones desde entonces han disminuido, siendo equivalentes a 269.030 toneladas de CO2 equivalente en 2004. En
2004 representaron el 0,06% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España.
Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6)
El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. En
1995, año base para el Protocolo de Kioto, se emitieron 106.010 toneladas de CO2 equivalente, y en 2004 las emisiones aumentaron
hasta llegar a 304.560 toneladas de CO2 equivalente. En 2004
representaron el 0,07% de las emisiones totales brutas.
Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente
en España
Las tablas 1 y 2 muestran la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España entre 1990 y 2004.
9 Tabla 2
Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente
en España. Índice respecto al año base.
Año Índice Año base 100,00 1990 99,22 1991 101,41 1992 104,42 1993 100,36 1994 105,83 1995 109,99 1996 107,15 1997 114,49 1998 117,90 1999 127,65 2000 132,99 2001 132,59 2002 139,32 2003 140,62 2004 145,61
Fuente: Elaboración propia. El año base se compone de las emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995 de los carburos
perfluorados (PFC), carburos hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de azufre).
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES POR SECTORES
Por sectores, las emisiones totales en dióxido de carbono (CO2)
equivalente en España entre 1990 y 2004 han sido las siguientes:
Sector energético. Es el mayor responsable del conjunto de las
emisiones y el auténtico nudo gordiano, pues en 2004 representó el 77,9% del total, con un aumento del 51% respecto a 1990.
Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 2004 el 8%, con un aumento del 18% respecto al año base de 1990, inferior a la media.
Los disolventes y otros productos sólo representan el 0,4% del total, y han aumentado en un 31% respecto al año base.
La agricultura y la ganadería representan el 11% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento
del 20% respecto al año base, muy inferior al de los otros sectores emisores.
Los residuos representan el 2,9% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 65%
respecto al año base. Las emisiones de metano son las más importantes.
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EL PROTOCOLO DE KIOTO
Tras la ratificación de Rusia, el Protocolo de Kioto entró en vigor el pasado 16 de febrero. En el año 2001 el presidente George W. Bush decidió no ratificar este acuerdo internacional. Hay que tener en cuenta que EEUU, con el 4,7% de la población mundial, es responsable de cerca del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El Protocolo de Kioto permite que los países industrializados puedan vender y comprar derechos de emisión, tomando como referencia el año base 1990. En 1990 aún existía la URSS, con unos consumos energéticos enormes, y unas emisiones igualmente elevadas. La implosión posterior cambió radicalmente la situación, y Rusia, Ucrania y el resto de los países de la antigua URSS, podrán vender “derechos de emisión” a otros países industrializados que superen los límites marcados por el Protocolo de Kioto. De hecho, Rusia esperaba vender esos “derechos de emisión” (el llamado “aire caliente”) a Estados Unidos, pero la negativa de la Administración de Bush a ratificar el Protocolo de Kioto, por ahora, le ha dejado sin comprador, y el precio al que venderá su “aire caliente”, sin EE UU, será muy inferior, por la simple razón de que habrá menos demanda de toneladas de CO2. También por esa misma razón, el coste de
cumplir Kioto será menor de lo que se ha dicho en algunos sectores. El coste de la tonelada de CO2, posiblemente, no superará los 10
euros.
El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con la adopción de un acuerdo de reducción de emisiones de gases de invernadero por los 38 países industrializados. El compromiso obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O,
carburos perfluorados (PFC), carburos hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto a las del año 1990 durante el periodo 2008-2012, en proporciones diferentes según el país: reducción de un 8% para el conjunto de la Unión Europea, un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen a mantener sus emisiones de 1990. En conjunto la reducción global acordada es de un 5,2% para el conjunto de países industrializados. El Protocolo no obliga en una primera fase a los países en desarrollo, dadas sus reducidas emisiones por habitante.
Las consecuencias del cambio climático
El cambio climático global es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo, y España en particular, con sus secuelas de olas de calor, muertes directas por hipertermia y por agravamiento de otras dolencias, incendios forestales, subida del nivel del mar, sequías y fenómenos meteorológicos extremos, como la gota fría y las inundaciones, con graves daños a la agricultura, los bosques, los ecosistemas marinos y terrestres, el turismo, los seguros y las infraestructuras. El cambio climático agrava los procesos de desertificación y erosión, la escasez de recursos hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas costeras y en los bosques.
La temperatura media anual ha subido una media de 1,5º C en el periodo 1970-2000 en España, según datos del Instituto Nacional de Meteorología, y se prevé un descenso medio de las precipitaciones del 10%, un aumento de la evapotranspiración, un descenso del 33% de la humedad del suelo y una subida del nivel del mar, lo que acarreará graves trastornos ecológicos, sanitarios, económicos y sociales. Un reciente estudio científico sobre las consecuencias del cambio climático en España corrobora los efectos adversos de la alteración del clima.
Tales efectos tendrán costes económicos hoy inconmensurables, pero, en todo caso, muy elevados, algo que conviene recordar cuando se analizan los posibles costes de cumplir con el Protocolo de Kioto. El coste de no actuar sería muy superior.
La herencia recibida
De 1996 a 2004 las emisiones aumentaron un 36%. Los gobiernos del PP dejaron una grave herencia que sin duda ha dificultado la elaboración del Plan Nacional de Asignación de Emisiones y dificultará el propio cumplimiento de las obligaciones españolas dentro de la Unión Europea.
Los gobiernos del PP no elaboraron ningún plan para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un
13 tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010. Tampoco elaboraron el Plan Nacional de Asignación, incumpliendo los plazos, y dado el aumento de las emisiones, han dejado un margen de actuación muy pequeño al nuevo Gobierno, que deberá recuperar los ocho años perdidos, para poder cumplir los compromisos de España en el marco del Protocolo de Kioto y el reparto de la carga en el seno de la Unión Europea, que fue ratificado por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
España, alejamiento de Kioto y evolución negativa de la eficiencia energética
Se afirma, no sin razón, que las emisiones por habitante en España en 2012 con la aplicación del Protocolo de Kioto serán inferiores a la media de la Unión Europea de 15 países, pero hay que recordar que la media española es muy superior, más del doble, de la media mundial. El aumento en España es muy superior al del resto de los países europeos, y nuestro sistema energético es cada año menos eficiente, necesitando más energía y emisiones de gases de invernadero, para producir la misma unidad de PIB. España es el país de la UE de los 15 que más se aleja de sus compromisos dentro del Protocolo de Kioto. España ya se acerca a la media de emisiones europea y si sigue la tendencia superará en pocos años la media de emisiones per cápita de la UE 15.
La economía española ha registrado los peores índices de intensidad energética y de emisiones de la Unión Europea, lo que perjudica nuestra competitividad y agrava el déficit exterior, a causa de la subida del precio del petróleo y del gas natural, importados en su práctica totalidad.
Si en 1996, España partía de una situación similar en cuanto a la intensidad primaria respecto a la UE (220 kilogramos equivalentes de petróleo por cada 1.000 euros de 1995 en España frente a 211 en la UE-15), en el año 2002 España había aumentado su intensidad energética hasta 229 kilogramos equivalentes de petróleo por cada 1.000 euros de 1995, mientras que la UE la había reducido a 191, datos que demuestran la pérdida de eficiencia energética en España respecto a la UE.
Las políticas europeas se orientan hacia desacoplar el crecimiento de la actividad económica del consumo de energía, tanto final como primaria, lo que permite aumentar el PIB y el empleo, disminuyendo al mismo tiempo el consumo de energía y las emisiones.
Ha habido una ausencia de políticas de ahorro, eficiencia energética y promoción de la movilidad sostenible, y las políticas existentes han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de competitividad de nuestra economía, situación que habrá que subsanar en el futuro. Nuestra obligación es invertir la tendencia sin dañar el nivel de actividad y la competitividad, y aprovechar Kioto como una oportunidad de modernización para nuestra economía.
Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, daños al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica) el Gobierno ha iniciado una política encaminada a frenar las emisiones, minimizar el impacto del cambio climático en España y jugar un papel activo dentro de la Unión Europea, aunque dicha política requiere aún de un completo desarrollo para ser efectiva y corregir la tendencia dominante que se ha mantenido a lo largo de 2004 y sigue el mismo curso en los primeros meses de 2005, sin que aún se pueda observar corrección alguna de tendencia.
Con el escenario actual, España incumpliría gravemente el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima. Lo razonable no es lanzar una campaña alarmista sobre los costes, multiplicando por diez su incidencia en el PIB, sino poner los medios, las políticas y los presupuestos para cumplir el Protocolo de Kioto, lo que significa promover las energías renovables, la eficiencia energética y el transporte colectivo. Esa es una estrategia de ganar-ganar, o doble dividendo, porque es buena en términos ambientales (menos emisiones), tecnológicos (innovación), económicos (mayor competitividad, menor déficit comercial, menos compra de derechos) y sociales (más empleo).
El Plan Nacional de Asignación de Emisiones (PNA)
El PNA apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables, parte de la voluntad de cumplir el Protocolo de Kioto,
15 afecta a todos los sectores emisores (incluidos los “difusos”, como transporte y usos residenciales), implica a todos los agentes sociales (Administración, empresas, sindicatos y ONG) y a las diversas administraciones (diversos ministerios, comunidades autónomas y municipios), y abre un proceso participativo.
Los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto van a jugar un papel importante (el 7% de las emisiones del periodo 2008-2012), por la dificultad de conseguir las reducciones deseadas sin afectar al empleo y a la actividad económica. El PNA hace hincapié en el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), dada la presencia de empresas españolas en Latinoamérica. El periodo base para el PNA son las emisiones de los años 2000, 2001 y 2002, y afecta a unas 1.000 instalaciones.
Las emisiones tienen su origen tanto en las actividades industriales como en los sectores difusos (agricultura, sector comercial y los consumos de energía de los ciudadanos). El Gobierno exigirá de las empresas industriales el esfuerzo correspondiente de limitación de sus emisiones, pero asume que no es la industria quien debe hacer frente al exceso de emisiones “difusas”. El esfuerzo de cumplimiento debe basarse en el principio de “quien contamina paga”, y el Gobierno debe poner los medios para que dicho principio se aplique de forma equitativa.
Las emisiones, con el PNA, aumentarán un 24% en el periodo 2008-2012 respecto al año base 1990 (con la salvedad de los 3 gases industriales, que parten de 1995). Ello supone una reducción del 22% respecto a las emisiones de 2004 (46%) y del 30% respecto a las emisiones tendenciales según los planes dejados por el anterior gobierno del PP. Alcanzar tal objetivo no va a ser una tarea fácil, y sólo se podrá lograr con un gran consenso de la sociedad española, las diferentes administraciones públicas (Gobierno, comunidades autónomas y municipios) y las empresas, que deben tomarse el cambio climático en serio, y comprender que la reducción de emisiones, más que un sacrificio, es una oportunidad de modernización y de equidad generacional.
La diferencia entre ese 24% y el 15% se cubre con sumideros (2%) y la adquisición de derechos en el exterior merced a los mecanismos de flexibilidad (7%, 20 Mt anuales). Los mecanismos citados son la
Aplicación Conjunta (proyectos de reducción entre países industrializados), el Mecanismo de Desarrollo Limpio (proyectos en los países en desarrollo) y el comercio de emisiones. El coste de adquirir ese 7% irá de 100 a 200 millones de euros anuales, aunque todavía es muy pronto para hacer estimaciones fiables, pero tal cantidad es asumible y muy inferior, por ejemplo, al incremento del precio del petróleo.
Aumentar la eficiencia y la participación de las energías renovables ayudará tanto a reducir las importaciones energéticas, como las emisiones. Los instrumentos actualmente en vigor son la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, el Plan de Fomento de las Energías Renovables de 1999 y la Estrategia de Eficiencia y Ahorro Energético en España (E4). El IDAE contempla nuevos objetivos al alza de las energías renovables, y un Plan de Acción que complemente la E4.
Para abordar anticipadamente tanto los efectos sociales adversos como las oportunidades que puede representar para cada uno de los sectores afectados por la aplicación del PNA se han constituido una Mesa General y sendas Mesas Sectoriales, de carácter tripartito, que son un instrumento de diálogo básico para cumplir con el Protocolo de Kioto con el necesario consenso social y de forma socialmente responsable.
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Inventarios
Un instrumento clave son los inventarios de emisiones, que siguen una metodología homogénea y cada vez más depurada, y que cada año realiza el Ministerio de Medio Ambiente. La metodología en parte está descrita en el manual titulado “Método CORINE-AIRE para la elaboración del inventario nacional de gases de efecto invernadero y precursores de ozono” y en el manual Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, elaborado por el IPCC, con las revisiones posteriores, tanto del Método CORINE-AIRE, como del IPCC.
Referencias A. Internet: • http://www.unfccc.de • http://www.ipcc.ch • http://www.climnet.org • http://www.iisd.ca • http://www.mma.es • http://www.mma.es/oecc/index.htm • http://www6.mityc.es/energia/balancese/publicac.htm • http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm • http://cdr.eionet.eu.int/es/eu/colqfqaq/envqh8jiq • http://www.ine.es B. Libros y artículos:
• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, Volume 1, Glossary.
• FAO. State of the World’s Forests. Roma, varios años.
• Ministerio de Medio Ambiente. Segunda Comunicación Nacional de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Madrid, 1997.
• MOPTMA. Método CORINE-AIRE para la elaboración del inventario nacional de gases de efecto invernadero y precursores de ozono. Madrid, 1996.
• MOPTMA. Informe de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Madrid, 1994.
• MOPTMA. Programa Nacional sobre el Clima. Madrid, 1994.
• IPCC, Climate Change 1995 (tres tomos que suman 1.898 páginas) y Climate Change 1994. Radiative Forcing of Climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. Cambridge University Press, 1996 y 1995. En 1995 se publicó un resumen titulado Radiative Forcing of Climate Change. WMO/UNEP. Geneva, 1995. Otros informes del IPCC son: Scientific Assessment of Climate Change. WMO/UNEP. Ginebra, 1990; Climate Change: the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1990; Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1992. El tercer informe del IPCC puede consultarse en Internet.
• MIMAM. Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Madrid, 2002.
• Ministerio de Economía. Planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011. Madrid, 2002.
• Ministerio de Economía. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012. Madrid, 2003.
• Joaquín Nieto y José Santamarta. Evolución de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España (1990-2003). CCOO, Madrid, 2004.
Joaquín Nieto es secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO. José Santamarta es director de la edición española de la revista World Watch.
ANEXO
ACUERDO ALCANZADO EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL POR EL QUE SE INSTITUCIONALIZA Y ARTICULA EL DIÁLOGO SOCIAL VINCULADO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO
I. Introducción
En la “Declaración para el diálogo social para 2004: competitividad, empleo estable y cohesión social”, suscrita el 8 de julio de 2004 por el Gobierno, las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO, las partes firmantes de la misma manifiestan su propósito de abordar conjuntamente el desarrollo de los compromisos y de las consecuencias que sobre la actividad productiva y el empleo puede tener el protocolo de Kioto.
Por otra parte, en el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se establece lo siguiente:
“Se constituirán Mesas de diálogo social para garantizar la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de Asignación en cuanto a sus efectos en la competitividad, la estabilidad en el empleo y la cohesión social.
Estas mesas se constituirán en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, y su composición y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente por el Gobierno previo informe de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático”.
Por último, en el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión 2005-2007, aprobado por el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, se dice que:
21 “Se mantendrá abierto el diálogo social durante el período de vigencia del Plan Nacional de Asignación de modo que todos los afectados puedan poner de manifiesto las observaciones y valoraciones que estimen pertinentes”.
Y asimismo se indica que:
“para analizar los efectos sociales potencialmente adversos, en particular los que se refieren al empleo, se crearán Mesas de diálogo a nivel global y en cada sector de actividad en las que estarán presentes junto a la Administración las organizaciones sindicales y empresariales representativas de los mismos”.
Pues bien, con el fin de desarrollar lo previsto en los indicados textos, el Gobierno y los interlocutores sociales firmantes de la Declaración para el diálogo social han decidido institucionalizar y articular el diálogo social comprometido entre la Administración y los interlocutores sociales en el marco del cumplimiento del protocolo de Kioto en los términos y condiciones que se establecen en este documento.
II. El diálogo social una herramienta esencial para cumplir el Protocolo de Kioto
El Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales firmantes de este acuerdo son conscientes de que el principal reto medioambiental al que España tendrá que hacer frente en los próximos años es cumplir el compromiso que asumió con la ratificación del protocolo de Kioto.
También son conscientes de que cumplir dicho compromiso es un reto difícil. Reconocen que para cumplir este reto España tendrá que hacer un esfuerzo importante; pero también reconocen que es necesario hacerlo ya que España es un país vulnerable al cambio climático.
Y asimismo son conscientes de que el esfuerzo que hay que hacer para cumplir el protocolo de Kioto debe hacerlo la sociedad en su conjunto y de que de no ser así no será posible cumplir tan importante reto.
El Gobierno y los interlocutores sociales quieren que el protocolo de Kioto se cumpla con rigor preservando, en todo caso, la competitividad, el empleo y la cohesión social.
Para el Gobierno y para los interlocutores sociales cumplir el protocolo de Kioto es, además de un reto, una oportunidad que debería aprovecharse para:
• avanzar hacia un modelo de desarrollo y un sistema productivo sostenible.
• mejorar la competitividad de la economía española promoviendo para ello la innovación y la mejora de la capacidad tecnológica de las empresas.
• mejorar la capacidad de la economía española para generar más empleo y de mayor calidad y para elevar los niveles de cohesión social.
En este contexto, el Gobierno y los interlocutores sociales consideran que el diálogo social tripartito que ahora se institucionaliza debe ser una herramienta esencial para cumplir el protocolo de Kioto.
En concreto consideran que este diálogo social debe servir para: • crear una mayor sensibilidad social respecto de la necesidad de
cumplir el protocolo de Kioto.
• implicar en el cumplimiento del protocolo de Kioto a la sociedad en general y a los sectores productivos afectados en particular. • prevenir y, en su caso, evitar o reducir los efectos sociales
potencialmente adversos que pudieran derivarse del cumplimiento del protocolo de Kioto, en particular en lo que se refiere a la competitividad y el empleo.
• conciliar, en fin, el cumplimiento del protocolo de Kioto con la mejora de la competitividad y el empleo de la economía española y de la cohesión social.
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III. La contribución del diálogo social al cumplimiento del Protocolo de Kioto
El diálogo social de carácter tripartito que se institucionaliza en este acuerdo está vinculado al cumplimiento del protocolo de Kioto; por ello se mantendrá abierto durante el tiempo que esté vigente el Plan Nacional de Asignación que es el primer instrumento que se ha establecido para facilitar el cumplimiento del protocolo de Kioto. Con esta nueva forma de diálogo social se pretende constituir un espacio de reflexión de la Administración y de los interlocutores sociales respecto del cumplimiento del protocolo de Kioto, y más concretamente respecto del impacto que pueda tener el mismo en la competitividad, el empleo y la cohesión social.
En este sentido, se puede decir que la finalidad última de este diálogo específico es alcanzar un consenso social básico sobre el cumplimiento del protocolo de Kioto.
Asimismo se pretende que este diálogo social cumpla una función preventiva o anticipatoria; desde este punto de vista, la finalidad del diálogo social es detectar con la suficiente antelación los problemas que se puedan derivar del cumplimiento del protocolo de Kioto así como también las soluciones que, en cada caso, resulten idóneas para resolver dichos problemas.
En este contexto, las partes consideran que las principales funciones de este diálogo debe ser identificar, de manera precisa y anticipada, • las consecuencias adversas que pudieran derivarse del
cumplimiento del protocolo de Kioto, sobre todo en relación con la competitividad, el empleo y la cohesión social.
• las opciones más eficientes y menos costosas en términos de competitividad, empleo y cohesión social para el cumplimiento del protocolo de Kioto.
• las oportunidades que se puedan derivar del cumplimiento del protocolo de Kioto para el desarrollo de la economía española en general y de los sectores productivos afectados en particular.
IV. La organización del diálogo social vinculado al cumplimiento del Protocolo de Kioto
La canalización del diálogo social
El diálogo social entre la Administración del Estado y los interlocutores sociales que ahora se pone en marcha se canalizará a través de las Mesas de diálogo social que se constituyen en este Acuerdo.
Teniendo en cuenta los compromisos ya adquiridos, se constituirán los siguientes Mesas de diálogo social:
• Por una parte, se constituirá una Mesa Interconfederal que será el instrumento de diálogo global entre la Administración del Estado y los interlocutores sociales que se encargará de hacer el seguimiento y evaluación general del cumplimiento del protocolo de Kioto y de la organización y coordinación general del diálogo social que se desarrolle entre la Administración y los interlocutores sociales vinculado al cumplimiento del protocolo de Kioto.
• Por otra parte, se constituirán Mesas sectoriales de diálogo social que serán el instrumento de diálogo específico entre la Administración del Estado y los sectores económicos afectados que se encargarán de hacer el seguimiento y evaluación del cumplimiento del protocolo de Kioto en el correspondiente sector. Estas mesas de diálogo social se constituirán en los sectores afectados por la Directiva 2003/87/CE, sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y el Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, que ha realizado su transposición; en concreto, se constituirán siete mesas de diálogo social en los siguientes sectores:
• Sector eléctrico.
• Refino de combustible. • Siderurgia y coquerias • Cemento y cal.
25 • Vidrio y Fritas.
• Cerámica
• Pasta, papel y cartón.
No obstante, dentro de las indicadas Mesas sectoriales se podrán constituir mesas específicas para determinados subsectores si se estima conveniente.
La Mesa Interconfederal de diálogo social: composición y funciones.
En la Mesa Interconfederal estarán presentes la Administración del Estado, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO, firmantes de la “Declaración del Diálogo Social para 2004”, estando representadas, cada una de ellas, de la siguiente forma:
La Administración del Estado estará representada por los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio, Trabajo y Asuntos Sociales y Medio Ambiente. Cuando se estime oportuno, podrán asistir a las reuniones de esta Mesa otros Ministerios.
Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y los sindicatos UGT y CC.OO estarán representados por miembros de las respectivas confederaciones y por representantes de las federaciones sectoriales respectivas. A las reuniones de las Mesas podrán asistir expertos sectoriales o de otro tipo .
Por otra parte, la Mesa Interconfederal desarrollará básicamente las siguientes funciones:
• Canalizará el intercambio de información, opiniones y puntos de vista de la Administración y de los interlocutores sociales sobre el cumplimiento del protocolo de Kioto.
• Entre la información que debe facilitar la Administración a esta Mesa estarán las medidas que hayan adoptado o se vayan a adoptar en los sectores no afectados por la Directiva que
conduzcan a la reducción de emisiones así como las medidas horizontales que se adopten para contribuir a la reducción de emisiones.
• Realizará el análisis y evaluación general del impacto del cumplimiento del protocolo de Kioto en la economía española en general, en términos de competitividad, empleo y cohesión social. • En particular, hará un seguimiento y evaluación general del Plan
Nacional de Asignación.
• Organizará y coordinará el funcionamiento de las Mesas sectoriales de diálogo social y canalizará las iniciativas y propuestas de las mismas.
• Podrá crear nuevas mesas sectoriales, cuando así se estime oportuno, para el seguimiento de las emisiones y de las medidas de reducción en los sectores no afectados por la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Las Mesas sectoriales de diálogo social: composición y funciones.
En las Mesas sectoriales de diálogo social estarán presentes:
• Por parte de la Administración del Estado, los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio, Trabajo y Asuntos Sociales y Medio Ambiente.
• Por parte de los interlocutores sociales, estarán presentes,
además de las correspondientes Confederaciones presentes en la mesa interconfederal, las organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector que estén integradas en las que firmaron la Declaración del diálogo social para 2004 el pasado 8 de julio.
En concreto, estarán representadas en las diferentes Mesas sectoriales las siguientes organizaciones empresariales y sindicales:
27 Número de orden Mesa sectorial Organizaciones sindicales representadas Organizaciones empresariales representadas 1 SectorEléctrico • Federación Minerometalúrgica (CC.OO) • FIA-UGT • UNESA 2 Refino decombustibles • FITEQA-CC.OO
• FIA-UGT • AOP 3 Siderurgia ycoquerias • Federación Minerometalúrgica (CC.OO) • MCA-UGT • UNESID
4 Cemento y Cal • MCA-UGT
• FECOMA-CC.OO • OFICEMEN (cemento) • ANCADE (cal) • CEPCO (yeso) • AINDEX (Magnesitas) 5 Vidrio y Fritas • FIA-UGT• FECOMA-CC.OO
• FITEQA • VIDRIO DE ESPAÑA (vidrio) • CONFEVID (vidrio) • ANFFECC (fritas) 6 Cerámica • MCA-UGT
• FECOMA-CC.OO • CEPCO• ASCER 7 Pasta, papel ycartón
• Federación de Comunicación y Transporte (CC.OO) • FIA-UGT • ASPAPEL
Por otra parte, las Mesas sectoriales de diálogo social desarrollarán básicamente las siguientes funciones:
• La identificación y evaluación del escenario de cumplimiento del protocolo de Kioto del correspondiente sector.
• El análisis y evaluación anticipada de las consecuencias sociales negativas que puede tener el cumplimiento del protocolo de Kioto
en el sector, en particular en lo que se refiere a competitividad y empleo, y la búsqueda de las correspondientes medidas correctoras.
• Conciliar el cumplimiento del protocolo de Kioto con la mejora de la competitividad y el empleo en el sector.
• Analizar las oportunidades que el proceso puede representar para los sectores, y las propuestas para favorecer dichas oportunidades.
Calendario de constitución de las Mesas de diálogo social.
La constitución de las diferentes Mesas de diálogo social tendrá lugar en las fechas que se indican a continuación:
• La Mesa Interconfederal se constituirá el día
• Las Mesas sectoriales se constituirán en las fechas que acuerde la Mesa Interconfederal.
