SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las. quince horas cuarenta minutos del cinco de febrero de dos mil nueve.

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Exp: 08-000038-1028-CA Res: 000126-F-S1-2009

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cuarenta minutos del cinco de febrero de dos mil nueve.

Ejecución de Sentencia establecida en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por MARCO ANTONIO MORA PORTILLO, ingeniero en sistemas;

contra la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, representada por el gerente administrativo con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, José Alberto Acuña Ulate, administrador de negocios. Figuran además, como apoderados especiales judiciales, del actor, el licenciado Hubert May Cantillano, no indica estado civil, y de la parte demandada, el licenciado Juan Carlos Brenes Retana, vecino de Cartago, la licenciada María Gabriela Carvajal Pérez, soltera. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO

1.- El ejecutante con base en la sentencia firme de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no. 2006-005597 de las 15 horas 12 minutos del 26 de abril de 2006, el actor presenta la respectiva liquidación para que en sentencia se aprueben los siguientes montos: por salarios caídos, ¢15.913.406,00; aguinaldo del año 2005,

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¢1.000.000,00; salario escolar del año 2006, ¢900.000,00; fondo de estabilidad laboral,

¢136.537,00; vacaciones, ¢2.500.000,00; intereses desde la fecha en que debieron ser cancelados los extremos anteriores y hasta el 10 de mayo de 2008, ¢6.050.000,00;

costas personales del recurso de amparo, ¢75.000,00 y sus respectivos intereses por el período que va de julio de 2005 al 12 de mayo de 2008; y por el daño moral subjetivo y objetivo, la suma de ¢15.000.000,00, para un total liquidado de ¢43.111.271,00.

Además pide que se condene a ambas costas de la acción, así como al pago de los intereses de ley sobre todas las sumas que sean concedidas, intereses que deberán ser contados desde la fecha de interposición de la demanda y hasta la fecha de efectivo pago.

2.- Conferida la audiencia de ley, el representante de la demandada contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho, compensación y prescripción de intereses.

3.- La Jueza Laura Araya Rojas, en sentencia no. 848-2008 de las 15 horas del 24 de julio de 2008, resolvió:

"Se rechazan las excepciones de Compensación,

Prescripción de Intereses y Falta de Derecho. Se declara parcialmente con lugar la

presente ejecución de sentencia interpuesta por Marco Antonio Mora Portillo. Por

consiguiente, se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social a pagar al actor

la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE COLONES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

por concepto de salarios caídos, UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL

SEISCIENTOS DIECISIETE COLONES CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS, en razón de

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los aguinaldos correspondientes a los años dos mil cinco y dos mil seis, UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS COLONES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, de salario escolar adeudado en los años dos mil cinco y dos mil seis, UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA COLONES CON CINCUENTA CÉNTIMOS correspondientes a las vacaciones y OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS COLONES CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS del Fondo de Estabilidad laboral (sic). Todo lo anterior correspondiente al período (sic) comprendido del cuatro de junio del año dos mil cinco al diez de agosto del año dos mil seis y por concepto de daño material, SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS por concepto de daño moral subjetivo, SETENTA Y CINCO MIL COLONES (75.000,00) por concepto de costas personales del Recurso de Amparo. Así como, los intereses que se generen sobre la (sic) sumas dichas, desde la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. En todo lo demás se rechaza la pretensión formulada. Son ambas costas de esta acción a cargo de la demandada."

4.- Ambas partes formulan recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Juzgado.

5.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho CONSIDERANDO

I.- Mediante oficio PE-21.644-05 del 3 de junio de 2005, el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (en lo sucesivo la Caja) le comunicó al

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entonces funcionario Marco Antonio Mora Portillo la decisión de prescindir de los servicios que prestaba como Jefe de Servicios Informáticos 3, como consecuencia de un proceso de reestructuración de la Subgerencia de Tecnología de la Información, aprobada en la sesión no. 79621 del 26 de mayo del 2005 de la Junta Directiva.

Aduciendo que el despido era arbitrario, el afectado interpuso recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue declarado con lugar, ordenando la reinstalación y condenando a la Caja al pago de los daños y perjuicios causados. El ejecutante presenta proceso de ejecución de la sentencia referida, solicitando se condene al pago de los salarios caídos, aguinaldo y salario escolar, estos últimos de 2005 y 2006, el aporte al Fondo de Estabilidad Laboral, vacaciones, las costas del proceso constitucional, daño moral y los intereses respectivos. El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió parcialmente las pretensiones y ordenó a la Caja al pago de salarios caídos, los aguinaldos correspondientes a los años 2005 y 2006, salario escolar adeudado en los años 2005 y 2006, las vacaciones, y los aportes al Fondo de Estabilidad Laboral. Presentan recurso de casación ambas partes.

RECURSO DE LA PARTE EJECUTANTE

II.- Como único motivo, alega que la resolución del A quo violenta la cosa juzgada al conceder lo que, en su criterio, no representa una restitución “in integrum”.

Manifiesta que la única forma en que se puede lograr congruencia entre el contenido del voto de la Sala Constitucional y la resolución del presente proceso es con la reparación completa e integral del daño. Específicamente, centra su disconformidad en los siguientes aspectos; en primer lugar, la cuantificación del daño moral, el cual califica

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de insuficiente para compensar la lesión irrogada por el actuar de la Administración Pública. En segundo lugar, debido a que el Juzgado fijó el pago de los intereses sobre las sumas concedidas a partir de la firmeza de la sentencia, y no desde la fecha cuando debieron ser canceladas. Sobre este último aspecto, manifiesta, por un lado, que los extremos laborales concedidos constituyen obligaciones dinerarias, y por el otro, que el daño moral fue declarado y concedido por el Tribunal Constitucional al momento de emitir el voto que se ejecuta.

III.- De previo a ingresar al análisis de los extremos planteados en el presente recurso, se impone la necesidad de analizar las características del recurso de casación en los procesos de ejecución de sentencias fundados en habeas corpus o amparos.

Como ya se analizó en el auto de admisión del presente recurso, el Código Procesal Contencioso Administrativo vigente admite, contra el fallo final en los procesos de ejecución de sentencias de procesos constitucionales, el recurso de casación por violación de normas procesales como sustantivas. Las consecuencias de lo anterior, en su vertiente procesal, implican el deber de las partes de identificar los supuestos que dan lugar a la casación, y los requisitos correspondientes (por ejemplo, la necesaria fundamentación jurídica y la cita de normas correspondientes). Adicionalmente, esta Sala ya se ha manifestado en el sentido de que la denominación brindada por las partes a los agravios no es óbice para que este órgano las recalifique, en ejercicio de su competencia, según determine las razones por las que procede el recurso. Así las cosas, en el caso del recurso interpuesto por la parte ejecutante, si bien aduce una violación a la cosa juzgada, es claro que, a la luz del actual cuerpo normativo, se refiere a aspectos

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de fondo, como lo es la fijación del daño moral y el plazo a partir del cual se computan los intereses (tan es así que cita como normas inaplicadas, entre otras, el canon 190 de la Ley General de la Administración Pública, así como el 702 y 706 del Código Civil, respectivamente), y bajo esta óptica serán analizados a continuación.

IV.- Sobre la fijación del daño moral. El señor Mora Portillo solicitó, en el escrito de demanda, el reconocimiento del daño moral ante el sufrimiento causado por el acto de despido que fue anulado por la Sala Constitucional. La sentencia impugnada, afirmando que “

las compensaciones no pueden ser exorbitantes o exageradas porque conllevaría un enriquecimiento injusto

”, concedió la suma de ¢750.000,00, cantidad que considera “

insuficiente

” y que no consiste en “una compensación a la lesión infringida al honor, honra y a los sentimientos del actor”. La jurisprudencia de esta Sala es profusa en relación con el daño moral, tanto objetivo como subjetivo, para lo cual pueden citarse las sentencias 112 de las 14 horas 15 minutos del 15 de julio de 1992, y la 537 de las 10 horas 40 minutos del 3 de septiembre del 2003. En relación con la segunda vertiente, al suponer una perturbación injusta de las condiciones anímicas, se ha indicado que no requiere de una prueba directa, y su cuantificación depende de la equitativa valoración del Juez, la cual, en todo caso, se encuentra sometida a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. En el caso concreto, como bien lo indica la sentencia, un despido ilegal como el realizado por el ente ejecutado produce, sin lugar a dudas, sentimientos de tristeza, incertidumbre, preocupación y angustia, que repercuten, negativamente, en el ánimo de las personas.

En la fijación de la indemnización en casos como el presente, no puede obviarse que el

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trabajo constituye el medio de subsistencia y realización de las personas, y el ingreso obtenido por este, un mecanismo para la satisfacción de las necesidades básicas. En consecuencia, la valoración del quantum de la indemnización debe realizarse de acuerdo a estos parámetros, y en ese tanto, esta Sala estima que, al prolongarse la situación comentada por más de un año, el monto concedido resulta insuficiente, por lo que procede variarse lo otorgado y se fijará en la suma de ¢1.000.000.

V.- Sobre el Cómputo de los Intereses. Tomando en consideración que el agravio del recurrente se subsume en la disconformidad en cuanto al

dies a quo

(momento inicial del plazo) a partir del cual se deben calcular los intereses correspondientes al daño otorgado, tanto material como moral, es preciso referirse a la distinción entre obligaciones dinerarias y de valor, ya que de este análisis depende el momento a partir del cual se debe realizar el cómputo correspondiente. Este tema ya ha sido abordado por esta Sala en distintas ocasiones, para lo cual pueden citarse, entre otras, las sentencias no. 37 de las 15 horas 10 minutos del 22 de abril de 1998, la no. 736 de las 14 horas 55 minutos del 8 de octubre de 2007; la no. 226 de las 10 horas 40 minutos del 31 de marzo de 2004. Tratándose de obligaciones dinerarias, es decir, aquellas en donde se debe un “

quantum”

(cantidad fija o invariable de signo monetario), siendo que el dinero actúa “

in obligatione

” e “

in solutione

”, los intereses se calculan a partir de la fecha pactada en que se debió de realizar el pago. Por su parte, en el caso de las obligaciones de valor, los intereses corren a partir de la firmeza de la sentencia en que se reconocen, ya que en este supuesto, lo debido es un “

quid

” (un bien o una utilidad inmodificable), cuyo objeto no es una suma de dinero, sino un valor

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abstracto correspondiente a una expectativa o pretensión patrimonial del acreedor, por lo que la cuantificación del crédito viene a ser extrínseca respecto a la relación obligatoria, es decir, que el dinero actúa, únicamente, “

in solutione

” a partir de su determinación en sentencia. Tratándose de las partidas otorgadas por concepto de daño material, el recurrente alega que el Juzgado incurrió en un yerro al resolver que los intereses correspondientes a los salarios caídos y demás extremos laborales otorgados se calcularán a partir de la firmeza de la sentencia, toda vez que se tratan de obligaciones dinerarias. Sobre este punto, lleva razón el recurrente en lo que se refiere a los extremos laborales concedidos en sentencia. Los montos concedidos por concepto de salarios, aguinaldo, salario escolar, vacaciones y Fondo de Estabilización Laboral no pueden ser considerados como una expectativa a la que se le asigna un valor monetario sustitutivo, sino que se trata de montos dejados de percibir como contraprestación de los servicios que, de haberse mantenido la relación laboral, se hubieran tenido que pagar. Dichas sumas consisten en el “quantum” de la obligación, el cual se integra como parte esencial de las contraprestaciones que recibe cualquier trabajador en el marco de la relación laboral. No se refiere en este caso de asignar un valor indemnizatorio o restitutivo, sino de la cuantificación de las diferencias económicas entre lo que debió de percibir el funcionario reinstalado y lo que efectivamente recibió durante el plazo en análisis. Así las cosas, el cómputo de los intereses debe realizarse a partir de la fecha en la que se debieron realizar los respectivos pagos.

VI.- En lo que se refiere a los intereses generados por el daño moral, es preciso reiterar lo dicho por este órgano colegiado en relación con la condenatoria en abstracto

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que realiza la Sala Constitucional por disposición del artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la cual no implica,

per se

, un deber de reconocimiento de los daños reclamados, sino que por el contrario, se requiere de un proceso de conocimiento –sea el de ejecución de sentencia- en el cual se demuestre la existencia de un daño cierto (artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública), y que pueda ser reconducido o derivado a la conducta administrativa declarada como inconstitucional en el voto de interés (análisis del nexo de causalidad), no bastando la mera cuantificación de las partidas reclamadas. Esto por cuanto el proceso de constitucionalidad tiene por objeto la determinación de si existió vulneración a los derechos fundamentales del particular, y no la demostración concomitante de eventuales daños y perjuicios, lo que desbordaría su naturaleza sumaria. De lo expuesto, no lleva razón el recurrente cuando asevera que la Sala Constitucional declaró y concedió el daño moral, y que por ende, los intereses deben ser reconocidos desde la firmeza de dicho voto, tal y como lo indica el fallo que se impugna, ya que, según se ha expuesto, esto se da en el proceso seguido ante la jurisdicción contencioso administrativa. De esta forma, en cuanto a este extremo, la sentencia del A-quo se ajusta a derecho, debiendo rechazarse el presente extremo del recurso.

RECURSO DE LA PARTE EJECUTADA Casación por violación a normas procesales

VII.- El representante legal de la Caja plantea recurso de casación por violación a normas procesales. Endilga al Juzgado incurrir en el yerro de falta de motivación de la sentencia, la cual, afirma, se da por el rechazo la excepción de compensación. Asevera,

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el fallo incurre en contradicción al aplicar las normas del Código de Trabajo en virtud del carácter laboral de los beneficios como basamento para no acoger la excepción planteada, mientras que desaplica dicho cuerpo normativo en lo referente al extremo de las vacaciones, al afirmar que “

sobre este particular cabe la posibilidad de reconocer un tracto económico o bien conceder los días respectivos, … este último supuesto es válido cuando de tiempo efectivamente laborado se trata y no necesariamente en la hipótesis de indemnización pues en este último caso lo que se pretende es retribuir al lesionado la afectación

” primando, en su opinión, el carácter de indemnizatorio del reconocimiento específico.

VIII.- La falta de motivación, como agravio susceptible de ser revisado mediante el recurso extraordinario de casación en los términos del canon 137 inciso d) del Código Procesal Contencioso Administrativo, no debe entenderse como un mecanismo para cuestionar los fundamentos jurídicos de la sentencia, como erróneamente lo hace el recurrente. La causal en comentario surge cuando la motivación del fallo es omisa, ya sea porque esta se encuentra totalmente ausente, o bien, por cuanto el desarrollo (contenido en la misma) resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en particular, del debido proceso.

Asimismo, debe tenerse presente que se trata de un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el

iter

procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las

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partes y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba realizada por el A quo en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual el Código de rito establece causales autónomas (artículo 138), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico. La falta de motivación como causal para casar la sentencia, en los términos en que se ha comentado, se da al conculcarse la norma que dispone el deber del juzgador de analizar las incidencias y cuestiones de fondo planteadas por las partes (principio de derecho procesal, integrante del debido proceso, y que, por demás, se encuentra materializado en los ordinales 119 y 122, inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como el 155 del Código Procesal Civil). No se trata de determinar si el juzgado se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso por las partes, sino por el contrario, que el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente. En la especie, de una lectura detenida del agravio expuesto por el representante legal de la Caja, se desprende con meridiana claridad que los reproches se dirigen en cuanto a la aplicación correcta del Derecho, y no a la falta de motivación en los términos entendidos, la cual, en todo caso, no se aprecia. Aún más, debe considerarse que la contradicción apuntada es tan solo aparente, ya que, sin referirse en este punto al fondo de la cuestión, se aprecia que el motivo por el cual se rechaza la compensación de las vacaciones se encuentra claramente plasmado en la sentencia impugnada, siendo que el Juzgado consideró que este derecho tiene como supuesto condicionante la efectiva prestación del trabajo, lo

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cual no se dio en virtud del despido que luego fue anulado por el fallo de la Sala Constitucional. Sin entrar a valorar en este punto si lo expuesto se ajusta a las normas integrantes del ordenamiento jurídico aplicables al caso concreto, lo cierto del caso es que en la medida en que se expusieron los razonamientos sobre los cuales se arribó a la decisión adoptada, no se da el supuesto de falta de motivación alegado. Así las cosas, debe declararse sin lugar el presente agravio.

Casación por violación a normas sustantivas

IX.- Acusa una indebida valoración de la prueba, en violación de lo dispuesto en el numeral 82 inciso 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual establece que el acervo probatorio será valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Afirma que la cuantificación de los daños materiales toma como base un documento emitido por la Caja y que se ubica entre los folios 15 y 18 del expediente, otorgándole la condición de plena prueba por el sólo hecho de haber sido emitida por el ente público demandado. No obstante, considera que resulta omiso en cuanto a los parámetros de cálculo utilizados para determinar el monto correspondiente, lo que conlleva a la violación alegada. Adiciona, la sentencia del A quo incurrió en preterición, ya que no consideró la prueba que consta a folios 63 a 70 del expediente, y que consiste en una certificación de los montos efectivamente cancelados al actor antes del despido y en forma posterior a su reinstalación. Concluye, no se valoraron elementos probatorios que determinan que las proyecciones utilizadas para condenar al ente público, no corresponden a una cuantía cierta de los daños y perjuicios reclamados.

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X.- De lo expuesto por el casacionista, se desprende que su inconformidad se da en dos vías. La primera, en cuanto a la valoración de la prueba que se encuentra en los folios 15 y 16, y la otra, que se haya preterido la certificación de los salarios pagados con anterioridad a la terminación de la relación laboral y de los ingresos que recibió el funcionario, una vez que este se reincorporó a las labores en el ente público demandado. El Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que el acervo probatorio se apreciará de conformidad con las reglas de la sana crítica, concepto ampliamente desarrollado por esta Sala, consiste en la valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia, sin desconocer el valor probatorio específico asignado a cierto tipo de prueba, como los documentos públicos salvo que sean declarados falsos. Si bien se alega que la certificación de fecha 24 de abril de 2008 es tan solo una aproximación, que no establece los parámetros de cálculo utilizados para arribar a las sumas detalladas, lo cierto del caso es que el propio contenido del documento es claro en cuanto al detalle de los montos que corresponden por los rubros de salarios caídos, aguinaldos, salario escolar, fondo de estabilidad laboral y vacaciones.

Adicionalmente, debe observarse que la certificación, cuyo valor probatorio se cuestiona, incluye la hoja de trabajo utilizada para arribar a los montos liquidados, la cual contiene el cálculo utilizado y que le sirve de sustento. Con base en su contenido, y siendo que proviene del departamento encargado de los recursos humanos del ente para el cual labora el actor, resulta más que justificada su consideración como prueba de los daños reclamados, de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia. En forma concomitante, debe indicarse que si bien la parte recurrente cuestiona la valoración

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realizada por el Juzgador, no ofrece ninguna contraprueba que la desvirtúe, afirmación que conlleva al análisis del segundo alegato en cuanto a la preterición de la prueba. El recurrente asevera que, de haberse apreciado el documento que se encuentra a partir del folio 63, se habría concluido que la liquidación aportada por la parte actora carece de fundamento. Sobre el particular, si bien en la sentencia de instancia no se incluye el análisis de la prueba aportada, esta Sala no comparte el valor probatorio que le pretende asignar el ente estatal. Como se desprende del texto de la certificación, el contenido de esta atañe al desglose completo de los salarios devengados en los 12 meses anteriores al despido, así como en las fechas posteriores a la restitución, siendo estos hechos los que se demuestran con los elementos probatorios que se acusan como omitidos. La carga de la prueba le corresponde a quien alega un derecho o una excepción, por lo que, existiendo una certificación emitida por el mismo patrono donde se cuantifican los daños y perjuicios alegados, para desvirtuar su valor probatorio debe aportarse otro documento en el que se demuestre, fehacientemente, cuál es el cálculo correcto, aspecto que se echa de menos. Como consecuencia de lo anterior, los vicios señalados no se aprecian en la sentencia 848-2008, por lo que el cargo debe ser rechazado.

XI.- Reclama inaplicación del artículo 156 del Código de Trabajo como consecuencia de la decisión del Juzgado de ordenar el pago de las vacaciones correspondiente a los períodos reclamados, cuando afirma, la norma cuya omisión se aduce, establece que lo anterior procede, exclusivamente, ante la finalización de la relación laboral. En el caso en cuestión, al dejarse sin efecto el despido por disposición

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de la Sala Constitucional, en opinión del casacionista lo procedente es el reconocimiento del número de días no disfrutados por el reclamante, al tenor de la norma citada, y no el pago monetario que se reserva a aquellos supuestos en que el trabajador cesa en su trabajo.

XII.- La norma cuya falta de aplicación se cuestiona establece el derecho de todo trabajador a recibir, como mínimo, dos semanas de vacaciones remuneradas por cada 50 semanas de labores continuas. En el caso de estudio, los montos otorgados al señor Mora Portillo lo fueron a título de indemnización, y no como consecuencia de un diferendo acaecido en el curso normal de la relación laboral. Se colige, entonces, que el monto otorgado constituye un mecanismo mediante el cual se compensa el no disfrute de las vacaciones a las que hubiera tenido derecho de no haberse producido el despido.

La Caja, al despedir al funcionario, dio por terminado el vínculo entre ambos, decisión revertida posteriormente por la Sala Constitucional, ordenando la reinstalación. Sin embargo, durante el lapso comprendido entre ambos hechos, no se dio el supuesto fáctico para el disfrute de los días de vacaciones a que tiene derecho cualquier trabajador, cual es, el trabajo contínuo por 50 semanas. Por otro lado, la misma norma dispone el deber de aprovechar el período en cuestión, sin que se pueda acumular, con las salvedades contempladas en el ordenamiento. Así las cosas, la indemnización procede por la circunstancia apuntada de que no se dio el requisito esencial para la asignación de los días de vacaciones a que tiene derecho, a saber, la prestación del trabajo efectivo, por lo que esta se justifica. En virtud de lo anterior, debe rechazarse el agravio.

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XIII.- Como tercer y último motivo de casación por el fondo, recrimina indebida interpretación de los artículos 30, 36, 156 y 173 del Código de Trabajo, de los cuales el Juzgado deriva la imposibilidad de efectuar compensaciones cuando se trata de derechos laborales. Afirma, la prohibición referida es aplicable en lo referente a las prestaciones legales, concepto que engloba el pago de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo; y no así para el caso de los salarios caídos y la indemnización por daño moral otorgada, por lo que las normas cuya inaplicación se acusa, en su correcta dimensión, tienen como consecuencia la admisión de la excepción interpuesta de pago parcial por compensación de los rubros antes mencionados.

XIV.- Según consta en los folios del expediente, y en los hechos probados de la sentencia, situación sobre la cual no existe controversia ni oposición de las partes, el señor Mora Portillo, al momento en que fue despedido, recibió la suma de

¢13.855.752,72 por concepto de extremos laborales, de los cuales ¢10.563.664,47 corresponden a la cesantía y al preaviso, y ¢3.292.088,25 provienen del pago de aguinaldo, vacaciones y salario escolar. Como consecuencia de la resolución de la Sala Constitucional, el pago realizado deviene en indebido, ya que, de acuerdo con el Código de Trabajo, la causa jurídica de los mismos radica en la terminación de la relación laboral, situación que se tiene por no acaecida producto de la reinstalación ordenada.

Esto es, existe una falta de causa en el pago. Por su parte, en la sentencia del Juzgado se condenó a la Caja, entre otros extremos, al pago de ¢14.747.579,83 como indemnización de salarios dejados de percibir durante el período comprendido entre el despido y la efectiva reinstalación. Como consecuencia de lo anterior, ambas partes

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reúnen la condición recíproca de acreedor y deudor, supuesto de hecho generador del instituto de la compensación. Aunado a lo anterior, debe considerarse lo dispuesto por el precepto 173 del Código de Trabajo, que en su párrafo segundo establece: “

Las

deudas que el trabajador contraiga con el patrono por concepto de anticipos o por

pagos hechos en exceso se amortizarán durante la vigencia del contrato en un mínimo

de cuatro períodos de pago y no devengarán intereses. Es entendido que al terminar el

contrato el Patrono podrá hacer la liquidación definitiva que proceda

.” La norma en concreto establece la posibilidad de que, ante un anticipo o pago realizado en exceso durante el desenvolvimiento de la relación laboral, del salario que recibe el trabajador, el patrono compense, en forma parcial, dichas sumas, en forma consecutiva, de los pagos que integran el salario. Es claro que la norma establece un balance entre la protección de la remuneración del trabajador y la protección de los derechos que, en determinados casos, puede ostentar el empleador a título de acreedor. Esta tutela de la posición del patrono-acreedor resulta aún más clara al constatar que la previsión del Código de Trabajo permite la amortización bajo el esquema de rebajas al monto que sirve al trabajador, y a su familia, como medio de subsistencia. En el caso concreto, la solicitud realizada por la Caja de compensar los montos pagados por concepto de cesantía y preaviso, y que devinieron en indebidos en virtud de la sentencia de la Sala Constitucional, por falta de causa, resulta procedente, y así debió declararse en sentencia. Lo anterior por cuanto, si el ordenamiento permite la compensación contra el salario del trabajador, razón de más debe admitirse respecto de una indemnización por daños y perjuicios, como lo constituyen las sumas otorgadas por el Juzgado, máxime

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que no existe una afectación menor al sustento del trabajador y de su familia, aspecto esencial tutelado por el ordenamiento jurídico con la previsión normativa en cuestión.

En refuerzo de lo expuesto, cabe citar el numeral 586 del mismo cuerpo normativo, según el cual, una persona que incumpliera una prohibición de laborar en una institución pública por haber recibido una indemnización de auxilio de cesantía de una relación laboral previa con el Estado, debe reintegrar los salarios recibidos por un monto equivalente al extremo laboral pagado. Al respecto, establecen los inciso b y c de la norma en cuestión que:

“b) Los servidores que se acojan a los beneficios de este

artículo no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado,

durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de

cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al

Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto deduciendo aquellas que

representen los salarios que habían devengado durante el término que permanecieron

cesantes. / c) La Procuraduría General de la República procederá al cobro de las sumas

que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición que establece el inciso

precedente con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas

correspondientes, tanto del acuerdo de pago como del nuevo nombramiento y pago de

sueldos. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo para los efectos

siguientes.”

Así las cosas, debe acogerse el presente extremo del recurso para declarar que las sumas pagadas por concepto de auxilio de cesantía y preaviso al momento del despido sean compensadas contra la indemnización correspondiente a los salarios caídos.

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XV.- Con base en lo expuesto, se acogen parcialmente los recursos formulados.

En consecuencia, se anula el fallo del Tribunal en cuanto: 1) fijó el daño moral en la suma de ¢750.000,00; 2) estableció el inicio del plazo para computar intereses a partir de la firmeza de la sentencia; 3) denegó la excepción de compensación respecto de las partidas de preaviso y cesantía. En su lugar, resolviendo por el fondo, se fija 1) el daño moral en la suma de ¢1.000.000,00; 2) que los intereses corren a partir del momento en que debieron ser cancelados oportunamente y hasta su efectivo pago; 3) se acoge la excepción de compensación, por lo que a la suma que debe cancelar la Caja Costarricense del Seguro Social como consecuencia de este proceso, deberá restar la suma de ¢10.563.664,47. El presente fallo se emite sin especial condenatoria en costas debido a la especial forma en que se resolvió, toda vez que no existe una única parte perdidosa.

POR TANTO

Se acoge el recurso interpuesto por el ejecutante y por la Caja Costarricense del Seguro Social, ambos en forma parcial. En consecuencia, se anula la sentencia recurrida en cuanto: 1) al punto de partida del reconocimiento de los intereses sobre las obligaciones dinerarias (salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, salario escolar y el aporte al Fondo de Estabilización Laboral correspondientes al período comprendido entre el 04 de junio del 2005 y el 10 de agosto del 2006; 2) fijación del daño moral; y 3) rechazo de la excepción de compensación. En su lugar, resolviendo sobre el fondo, se dispone que los intereses deberán reconocerse desde la fecha en que cada extremo debió cancelarse. Se condena a la Caja Costarricense del Seguro Social al pago de

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¢1.000.000,00 por concepto de daño moral. Se acoge la excepción de compensación, por lo que a los montos establecidos en este proceso, deberá deducirse la suma de

¢10.563.664,47 pagados al ejecutante. Por la forma particular en que se resolvió, el presente pronunciamiento se hace sin especial condenatoria en costas.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya

Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández

DCASTROA /LRIVERA

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