Serie Minutas Nº 71-15, 10/08/2015
por Julio Vega Pais
Resumen
La resistencia de diferentes comunidades o poblaciones, indígenas o no indígenas, en defensa de sus derechos individuales y colectivos, ante nuevos proyectos de inversión con fuertes impactos ambientales, viene creciendo progresivamente en las últimas décadas. En gran medida esta resistencia es el resultado acumulado de proyectos muchas veces mal concebidos y mal gestionados que, buscando una rentabilidad máxima, desconocen y ocultan voluntariamente sus impactos ambientales a nivel local, regional o global. La historia reciente de estos conflictos ha contribuido a romper las confianzas de las poblaciones y comunidades con el sector empresarial especialmente energético, minero y silvo-agrícola.
Tabla de contenido
1.- Introducción...3 2.- El Convenio N° 169 de la OIT...3 3.- Los principales sectores que contemplan proyectos con fuertes
1.- Introducción
La resistencia de diferentes comunidades o poblaciones, indígenas o no indígenas, en defensa de sus derechos individuales y colectivos, ante nuevos proyectos de inversión con fuertes impactos ambientales, viene creciendo progresivamente en las últimas décadas.
En gran medida esta resistencia es el resultado acumulado de proyectos muchas veces mal concebidos y mal gestionados que, buscando una rentabilidad máxima, desconocen y ocultan voluntariamente sus impactos ambientales a nivel local, regional o global. La historia reciente de estos conflictos ha contribuido a romper las confianzas de las poblaciones y comunidades con el sector empresarial especialmente energético, minero y silvo-agrícola.
La resistencia de la hermanas Berta y Nicolasa Quintreman a la construcción de las centrales hidroeléctricas en el Alto Bío-Bío, marcó un hito en esta dinámica. “En cierta medida, Ralco y su antecesora Pangue, nos demostraron a los Mapuche que nuestros derechos como pueblos estaban supeditados al desarrollo económico del país.” 1
La oposición a la planta faenadora de cerdos en Freirina, las masivas movilizaciones en oposición a las plantas hidroeléctricas de Hidroaysén o Alto Maipo, la resistencia al desarrollo del proyecto Pascua Lama en la 3ra región, son solo algunos de los puntos más sobresalientes de esta situación. En algunos de estos casos, y en otros de menor repercusión mediática, están involucradas comunidades de pueblos originarios, que, a partir del año 2009 están protegidos por el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los Estados firmantes a someter a un procedimiento especial de consulta a las comunidades indígenas cada vez que un proyecto contemple impactos significativos en los territorios a las que pertenecen.
Lamentablemente, algunos sectores empresariales intentan obviar este trámite específico de consulta, aduciendo que ya estaría cubierto por la consulta ciudadana realizada en el marco de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
2.- El Convenio N° 169 de la OIT
Un reciente estudio realizado por una mesa de trabajo de la Universidad Católica de Chile2, mesa cuya Secretaría Ejecutiva estuvo a cargo de Francisca Vergara, dice en su parte introductoria:
“Si bien el debate sobre la institucionalidad indígena ha existido desde hace más de dos décadas, durante los últimos años se ha intensificado de forma patente. Ello es producto de una sociedad cada vez más empoderada, lo que en materia indígena se ve reflejado en la existencia 1 “Columna: Nicolasa Quintreman”, Fernando Pairican, 27 Diciembre, 2013,
http://www.theclinic.cl/2013/12/27/columna-nicolasa-quintreman/.
2 “Nueva institucionalidad indígena y sus repercusiones para la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT”, Pontificia Universidad Católica de Chile, abril 2015.
de importantes instrumentos internacionales como el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo OIT –vigente en Chile desde el año 2009– y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007.”
“De este modo, tanto en Chile como en el resto del mundo se reconoce cada vez con mayor fuerza la importancia de instar por la existencia de un diseño institucional que sea inclusivo y participativo, reconociendo, entre otros, los principios que en esta materia establece el Convenio 169 de la OIT.”
“La prioridad que se ha asignado a la cuestión de la institucionalidad es patente al revisar las propuestas y políticas impulsadas al menos por los tres últimos gobiernos. En 2009, a poco de finalizar el primer gobierno de Michelle Bachelet, se presentaron dos iniciativas de ley orientadas a la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, el reemplazo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) por una Agencia de Desarrollo Indígena y creación de un Consejo de Pueblos Indígenas. Posteriormente, el programa de gobierno de Sebastián Piñera proponía la transformación de CONADI en una Agencia de Desarrollo Indígena y la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, ambos en coincidencia con las ideas matrices de los proyectos presentados en 2009 por su antecesora. No es de extrañar, entonces, que el programa del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet retome la prioridad e impulso dados a esta temática por su gobierno anterior y proponga nuevamente la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y de un Consejo (o Consejos) de Pueblos Indígenas, para lo cual se ha iniciado recientemente un proceso de consulta a los pueblos indígenas en aplicación del deber establecido por el Convenio 169 en este sentido.”
3.- Los principales sectores que contemplan proyectos con fuertes impactos ambientales en comunidades indígenas
En julio de 2015, una delegación de la Red de Defensa de los Territorios, entregó una carta dirigida al ministro de Energía, Máximo Pacheco, acusando intervencionismos políticos y colusión con sectores empresariales para llevar a cabo proyectos hidroeléctricos en La Araucanía, a raíz de la reciente aprobación de la central hidroeléctrica Añihuarraqui en Curarrehue.3
La misiva en repudio a una carpeta de 40 proyectos hidroeléctricos que lleva adelante la cartera, fue recibida en una breve reunión por el Seremi de Energía, Aldo Alcayaga, de manos de dirigentes indígenas. Al término de esta reunión, el werkén del territorio Trancura, Leonardo Crisóstomo, entregó los detalles de la conversación que reabrió el diálogo entre la comunidad de Curarrehue y el Gobierno Regional.
“Es difícil volver a retomar las confianzas, nosotros le dejamos en claro todo lo viciado que estuvo el proceso (…) el Seremi de Energía dijo que en Curarrehue 3 “Ambientalistas dicen que intensificarán protestas por proyectos hidroeléctricos”, Diario Austral
no había turismo sin energía y por eso tenían que aprobarse los proyectos. Creemos que Curarrehue está más unido que nunca y se está empoderando, vienen más manifestaciones sociales”, advirtió el vocero mapuche.
Lo dirigentes anunciaron que continuarán las movilizaciones y que impugnarán la aprobación de la central Añihuarraqui al Consejo de Ministros y Tribunales Medioambientales.
En lo que respecta al sector minero, la Cámara de Diputados, a través de un proyecto de resolución aprobado unánimemente, se puso de relieve la necesidad de generar medidas para la defensa de los recursos naturales de los territorios indígenas; y la adecuación de la legislación chilena, conforme a los alcances del Convenio 169 de la OIT.
En diciembre de 2014, la Sala de la Cámara de Diputados se dio cita de manera especial para analizar, en conjunto con el Ejecutivo, la situación que afecta a las comunidades indígenas de diversas regiones en torno al importante incremento del número de concesiones mineras de explotación y exploración, constituidas en un porcentaje importante sobre sus territorios.4
La sesión especial, convocada por 45 legisladores, se inició con la intervención del diputado Fidel Espinoza, uno de los promotores del encuentro, al cual asistieron en representación del Gobierno las Ministras de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, y de Minería, Aurora Williams.
En su intervención, el diputado Espinoza resaltó: “Nos preocupa que ante el estado de indefensión por parte de las comunidades esto termine conduciendo a estados de frustración que generen nuevas situaciones de tensión con los pueblos originarios, a los que después es fácil estigmatizarlos como violentos, sin revisar las causas que llevaron a esos hechos”.5
Así mismo informó que, a la fecha, sólo en la Provincia de Osorno hay 24.980 hectáreas afectadas por concesiones mineras de explotación y 59.065 hectáreas concesionadas para exploración, en territorio mapuche-huilliche, afectando a territorios sagrados de dicho pueblo.
Por su parte, el diputado Sergio Ojeda estimó que esta situación implica una nueva “forma de invasión” para las comunidades indígenas de nuestro país y sostuvo que representa un verdadero proceso de privatización del subsuelo de territorios ancestrales.
Recordó que el Convenio 169 “protege especialmente el derecho de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras y más que a ello, a participar en su utilización, administración y conservación”, precisó el diputado.
Explicó, asimismo, que el artículo 15 del acuerdo señala específicamente que, en el caso que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o los recursos del subsuelo, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, para determinar si sus intereses serán perjudicados y en qué medida, antes de autorizar cualquier programa de prospección. “Y esto no se ha hecho hasta el momento”, puntualizó.
La práctica de solicitar pertenencias mineras es eventualmente utilizada por 4 “Sala analizó situación de incremento de concesiones mineras que afectan a comunidades
indígenas”, 11 de diciembre 2014, Cámara de Diputados citado por Terram. 5 Ibidem, Cámara de Diputados, citado por Terram
inversionistas en el sector agrícola que obligan a pequeños y medianos propietarios a concederles servidumbres que, en los hechos, limitan gravemente los derechos de propiedad.
Finalmente otra fuente de conflictos nace del registro ilegítimo de propiedad intelectual sobre semillas y cultivos endémicos desarrollados por los pueblos indígenas.
