La propuesta de reforma al issste: implicaciones para las pensiones y jubilaciones del magisterio

La propuesta de reforma al issste : implicaciones para las pensiones

y jubilaciones del magisterio

Berenice Ramírez*

Odilia Ulloa**

Uno de los aspectos que más ha movilizado a los maestros, en el año 2005, es el de las implicaciones que tendría la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (^issste).

Diversas expresiones han derivado de dicha situación; desde los que señalan la inminente privatización de este instituto de seguridad social, hasta los que enfatizan la quiebra y por tanto la imposibilidad para obtener en el futuro atención médica y pensiones de retiro. De acuerdo con la perspectiva gubernamental, el déficit y la presión a las finanzas de este instituto, determinan la necesaria reforma. Desde las necesidades de los derechohabientes se requiere una mejor calidad en los servicios. Algunos sectores sindicales señalan la esencial cons- trucción de una institución que responda a demandas orientadas a mejorar el bienestar social. En el ámbito nacional llama la atención que el ^issste registra tasas de crecimiento de 0.5 y 0.6 por ciento de nuevos cotizantes en 2004 y 2005, frente a crecimientos anuales de 7.2 y 8.8 por ciento de pensionados en los mismos años. Relación que presiona aún más a las finanzas de esta institución que muestra estancamiento en sus posibilidades de cobertura.

*Maestra en Estudios Latinoamericanos por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

**Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autó- noma de México (unam). Secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Pese a todas estas realidades el motivo que determina a la reforma es el que persigue nuevas formas de financiamiento, administración, así como requisitos para acceder a la seguridad social. Ante este con- texto, el presente artículo pretende analizar los siguientes aspectos:

a) Los motivos de la reforma.

b) Los contenidos y alcances de los proyectos de reforma propuestos.

c) Los efectos para los trabajadores del sector público.

d) Las implicaciones para el magisterio.

Los motivos de la reforma

Desde la perspectiva gubernamental el aspecto primordial para re- formar al ^issste es la imposibilidad financiera de la institución para responder a las obligaciones contraídas. Se ubica como principal res- ponsable de dicha situación a la transición demográfica que enfrenta el país. El aumento en la esperanza de vida, desde la creación del issste

en 1959 hasta la actualidad, ha sido de 25 años. Es decir, ha aumen- tado de 50 a 75 años la esperanza de vida, lo que es un dato indiscu- tible. Ya en 1997 el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que en 1930 menos de la mitad de los adultos mayores (48 por cien- to) sobrevivió a los 60 años de edad; en cambio, para la generación de 1960 se espera que tres cuartas partes (75 por ciento) lo hagan; y se prevé que más de 90 por ciento de los nacidos en 1995 llegarán a esa edad.¹

Otro aspecto que también hay que observar es que las pensiones de retiro otorgadas por tiempo de trabajo, de carácter dinámico, per- cibiendo beneficios similares a los que obtienen los trabajadores acti- vos como son los aumentos salariales y gratificaciones, sin la reade- cuación en las tasas de cotización, son parte también del problema.

En muchas ocasiones se registran tiempos de cotización de 28 años y beneficios de pensión que superan en 1.3 dicho periodo de cotización si contamos a los beneficiarios. Sin embargo, consideramos que el factor que más ha presionado a las finanzas de los institutos de se- guridad social es el estancamiento económico del país y la falta de creación de empleos formales. En el caso del empleo público primero

1Conapo, Situación demográfica de México, México, 1997, p. 107.

sufrió los efectos de las privatizaciones de las empresas públicas, lo que se tradujo en despidos, retiros anticipados y, posteriormente, en la falta de creación de nuevas plazas. En 1980 se registraban 19 tra- bajadores activos por cada pensionado; en 2005, hay cuatro activos por pensionado. Si el sistema de pensiones es de reparto y solidario, en el que los activos financian a los pasivos y lo demás permanece cetaris paribus, las finanzas se agotan.

Con una perspectiva de saneamiento financiero, se ubica al siste- ma de cuentas individuales, administración privada y aportaciones definidas como la única opción posible para estructurar las pensio- nes de retiro. Además y acorde con el contexto macroeconómico del país, en un ambiente de liberalización y apertura del mercado, se vinculó las reformas en pensiones con la posibilidad de fortalecer el mercado fi- nanciero.

El Banco Mundial (bm) señalaba en su ya clásico informe de 1994

“Envejecimiento sin crisis”,² las necesarias reformas a la seguridad social a partir de modificaciones en el financiamiento. Con la difusión de ese estudio y la experiencia chilena, la sustitución del sistema de pensiones de reparto (beneficio definido) por otro basado en la capi- talización individual (aporte definido), ha constituido la salida reco- mendada por el bm para la reforma de pensiones. Lo grave no es esta recomendación sino que las instancias de toma de decisiones en Méxi- co la consideran como la única opción de reforma y, además, se han centrado en promocionar esquemas de un solo pilar, sin que a nueve años de funcionamiento hayan evaluado las características y efectos de su funcionamiento.

En julio de 2003, la Secretaría de Hacienda de México, apoyándo- se en un estudio del Banco Mundial³ expuso su diagnóstico del issste

y consideró que una reforma similar a la instrumentada en el Insti- tuto Mexicano del Seguro Social (imss) daría la posibilidad de enfren- tar el desequilibrio actuarial del issste así como de articular el paque- te de políticas para lograr la sostenibilidad financiera que hace alusión al manejo de los pasivos del sector público. Aquí se incluye el desequi-

2Cfr. Envejecimiento sin crisis, Washington DC., Banco Mundial, 1994, p. 157.

3Cfr. World Bank, Mexico: A Comprehensive Development Agenda for the Next Era Wash- ington DC., 2001.

librio actuarial del issste (el sistema federal público de pensiones), las operaciones financieramente no sostenibles del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y del Fon- do de la Vivienda del ^issste (Fovisssste) (los fondos públicos para la vivienda de los trabajadores del sector público) y la viabilidad de los 31 sistemas de pensión a nivel de estado.⁴

Con este discurso se han posicionado dos ideas: la crisis financie- ra del ^issste (particularmente, la posición deficitaria del fondo médi- co y del fondo de pensiones) y la necesidad de la reforma. El mensaje del gobierno es claro, sin una reforma profunda se pone en riesgo la viabilidad del ^issste como institución.

Desde la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001 (noviembre de 2000), se advierte sobre el agotamiento del esquema financiero del régimen de pensiones del ^issste. A precios de 2001 el déficit de la nó- mina de pensiones pasó de 955 millones de pesos en 1990, a 9,975 en 2000, proyectándose un incremento a 17,147.1 millones de pesos en 2005 y a 27,139 en 2010. En dicho documento también se señala que

[...] para corregir el déficit del issste, originado por el esquema de finan- ciamiento, sería necesario elevar las cuotas que pagan los trabajadores en cinco veces, de la tasa actual de 8 al 42 por ciento⁵ de sus sueldos; con lo cual se corregiría el pasivo correspondiente a las pensiones actuales y futuras, pero sería insuficiente para cubrir los costos crecientes de la atención médica dado el perfil epidemiológico.⁶

Es indudable que hay problemas financieros para la institución y que es necesario realizar una reforma, pero con la idea de fortalecerla mediante el incremento de su cobertura, el otorgamiento de mejores servicios médicos y prestaciones, así como buscando soluciones con- sensuadas al déficit en pensiones. Es decir, se requiere una reforma orientada a cumplir con los objetivos de un sistema de seguridad so- cial que sea universal, equitativo y solidario.

4Idem.

5En las últimas evaluaciones se ha señalado que tendrían que subir a 52 por ciento.

6Cfr. http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto/presupuesto_egresos/temas/

ppef/2001/temas/expo_motivos/

Cuadro 1

Cotizantes, jubilados, ingresos totales y gasto en nómina de pensionados del issste

Año

Ingreso-gasto (millones de pesos)

Cotizantes Jubilados Ingresos totales (A)

Gasto en nómina de pensionados*

(B) Déficit

(B)-(A)

1990 2’012,184 204,344 755.3 925.5 –170.2

1991 2’018,456 218,248 1,185.9 1,794.1 –608.2 1992 2’045,988 233,406 1,846.7 2,641.9 –795.2 1993 2’107,146 249,963 2,120.7 3,089.5 –968.8 1994 2’149,850 268,211 2,471.5 3,833.9 –1,362.4 1995 2’180,486 281,888 2,942.4 5,065.6 –2,123.2 1996 2’188,469 299,850 3,690.6 6,517.9 –2,827.3 1997 2’220,557 318,363 4,753.0 8,711.6 –3,958.6 1998 2’274,828 337,798 5,778.9 11,171.2 –5,392.3 1999 2’304,454 366,707 6,714.1 14,277.8 –7,563.7 2000 2’337,814 385,921 8,152.9 17,272.1 –9,119.2 2001 2’368,781 411,080 9,204.4 20,392.8 –11,188.4 2002 2’372,657 441,970 10,021.2 24,749.1 –14,727.9 2003 2’367,488 476,072 10,443.7 32,794.7 –22,351.0 2004 2’379,233 510,138 11,264.1 33,918.9 –22,654.8 2005 2’392,688 555,280 11,752.4 37,254.1 –25,501.7

*Incluye el servicio médico a cargo del issste. Cifras estimadas al mes de diciembre.

Fuente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Información consultada en línea y trabajada por Cruz Álvarez el 31 de mayo de 2006 en http://quinto.

informe.presidencia.gob.mx/docs/anexo/pdf/P129.pdf

Contenidos y alcances

de los proyectos de reforma propuestos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (^shcp/^dgsv) suscribe una presentación denominada “Una propuesta de Reforma al ^issste” (17 de julio de 2003), en la que se exponen tres puntos: 1. el diagnóstico, 2. la propuesta de reforma de pensiones y de financiamiento de salud, y 3. la estrategia de implementación de la reforma. Contiene además, una calendarización de las fases de implementación: regularización de las cuentas ^sar92 (mayo-noviembre de 2003); negociación de la reforma del ^issste (septiembre-noviembre de 2003); reducción de comisiones (enero de 2004), y depósito de bonos de reconocimiento y depósito de ^sar92 (marzo de 2004).

El diagnóstico se dio a conocer en 2001 en el documento del issste

“Situación actual y orientación al cambio”,⁷ en el que se señala que tres fondos operaban deficitariamente: el Fondo Médico (cubierto con recursos de los fondos de prestaciones sociales y de préstamos perso- nales); el Fondo de Pensiones (cubierto por el gobierno federal, de acuer- do con el artículo 177 de la Ley del ^issste),⁸ y en la operación de tiendas y farmacias. Por su parte, las características y estrategia de la reforma se dieron a conocer en la “Propuesta de reforma del issste” de julio de 2003, elaborada por la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí se establecen los crite- rios generales que se han considerado para la reforma del ^issste; ade- cuar los siete seguros y las 14 prestaciones y servicios que la institu- ción otorga a sólo cuatro seguros. Éstos serían el de salud, cesantía y vejez, riesgos de trabajo e invalidez y vida.

En el caso de las pensiones, instrumentar un sistema de cuentas individuales obligatorio para los nuevos trabajadores. Respetar los derechos de los jubilados y trabajadores actuales, pero intentar que estos últimos migren al sistema de cuentas individuales mediante el ofrecimiento de un bono de reconocimiento por el tiempo que se ha cotizado. La Secretaría de Hacienda considera que es la única opción para equilibrar el sistema.

Nuestra perspectiva es que analizando lo que ha sucedido en el

imss, no se observa equilibrio financiero ni mejora en las finanzas del instituto, aunque sí se agudiza la situación de inseguridad de los tra- bajadores. Si se instrumenta como único pilar un sistema de pensio- nes de aportes definidos, cuenta individual y administración privada por los niveles salariales, las altas comisiones que se cobran por la administración de las cuentas, la densidad de cotización referida al número de semanas que se aporta entre el número total de años que se trabaja, cerca de 50 por ciento de los ocupados con remuneración y seguridad social (37 por ciento de la población económicamente

7Benjamín González Roaro, issste, situación actual y orientación al cambio, presentación en formato PowerPoint, enero de 2001.

8Artículo 177. Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley, el déficit que hubiese, será cubierto por las dependencias y entidades en la proporción que a cada una les corresponda.

activa) no podrá cumplir requisitos para acceder a una pensión y los que lo logren será con tasas de retorno menores a 30 por ciento.

Es muy probable que para aquellos cuyos ingresos van del uno a cinco salarios mínimos, que son 70 por ciento de la Población Económicamen- te Activa (pea), prácticamente la mitad no reunirá los requisitos para tener derecho a una pensión. De esta manera 18 por ciento son candida- tos a una pensión mínima garantizada y 38 por ciento podrá aspirar a una pensión mayor a la mínima.

Esto denota que la carga financiera no se aligera con estos sistemas por- que habrá necesidad de otorgar pensiones mínimas garantizadas a una importante proporción de trabajadores y a ello se suma que los recursos que antes administraba el Estado son ahora especulación de entidades privadas, las que se quedarán con un porcentaje del orden de 25 por ciento del total de los recursos como comisión.⁹

La posibilidad de migrar a un sistema único de cuentas individua- les, tiene sus cimientos así como posibilidades de expandirse con la aportación de 2 por ciento del salario base de cotización que desde 1992 se realiza al Sistema de Ahorro para el Retiro (^sar). Abonando a este propósito,

el 10 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (dof) el Decreto de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (lsar),¹⁰ que dispone en su Artículo 74 Bis, que los traba- jadores inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) que así lo decidan –de manera volunta- ria– podrán traspasar su cuenta de ahorro para el retiro (correspondien- te al sar-issste 1992) a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afo- re) de su elección y también podrán hacer aportaciones adicionales. La reforma contempló, además de los trabajadores al servicio del Estado, que se extendiera el “derecho” a tener una cuenta individual capitalizable abierta en una Afore a otros grupos: trabajadores independientes y tra- bajadores de dependencias o entidades públicas de carácter estatal o municipal.¹¹

9Berenice Ramírez, Roberto Ham-Chande, Alberto Valencia, Documento base discutido en el Taller de evaluación de los sistemas de pensiones en México, junio de 2006, p. 9.

10Puede consultarse en: http://www.gobernacion.gob.mx/dof/2002/diciembre/dof_10- 12-2002.pdf

11Miguel Alonso Raya y Odilia Ulloa, Ágora, Boletín del Grupo Parlamentario del ^prd en la Cámara de Diputados, núm. 1457, 11 de mayo de 2005.

El 30 de abril de 2004, se publicó el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Posteriormente se crearon las Insti- tuciones de Crédito Especializadas en Fondos de Ahorro del ^sar-^issste (^icefas) quienes realizarán el traspaso a la Administradora Privada.

Avanzado ya en el proceso de ir constituyendo nuevas bases para las pensiones de los trabajadores del issste, el 15 de diciembre de 2005, último día de sesiones del H. Congreso de la Unión, el senador del Parti- do de la Revolución Institucional (^pri), Joel Ayala, presentó una iniciati- va de Ley¹² para el ^issste. Dicha iniciativa no difiere de la ya presentada por la Secretaría de Hacienda. Se enfatiza en que será una reforma estructural, es decir se reitera la sustitución de la ley vigente por una nueva ley. Al ser una ley similar a la que se instrumentó en el ^imss desde 1997 no parece responder al necesario fortalecimiento del insti- tuto o que mejore los esquemas de atención; es decir, no va orientada a resolver los problemas básicos del ^issste ni de las finazas públicas, ya que se plantea como una reforma muy costosa en el momento de su puesta en marcha, así como en el mediano y largo plazos.

De acuerdo con la comisión de seguridad social de la Cámara de Diputados, la ley modifica por completo al instituto: los seguros, es- quemas de financiamiento, derechos y prestaciones, facultades y crite- rios operativos se modifican.

Efectos para los trabajadores del sector público

Hemos señalado la necesidad de que el ^issste sea reformado pero en la idea de fortalecer a la institución, de sanear sus finanzas, así como de ampliar su cobertura y ofrecer más y mejores servicios de calidad. Por tanto, requiere de un conjunto de cambios para mejorar finanzas, administración y servicios, aspectos que sólo se podrían alcanzar en el contexto de una economía en crecimiento. Se requiere además de una política económica interesada en la creación de nuevas plazas o al menos de regularizar a empleados sin contratos o prestaciones, para poder ampliar la base de los cotizantes.

12Las cursivas son de la autora.

Se ha dado una gran discusión en torno a que las jubilaciones y pensiones de los trabajadores afiliados al ^issste son bajas porque su cotización se realiza tomando en cuenta el salario básico, que no in- cluye prestaciones adicionales como pudieran ser los bonos de pro- ductividad, la antigüedad, etcétera. La propuesta es determinar la contribución del trabajador a la seguridad social mediante el salario de cotización; el límite inferior será de un salario mínimo y el límite superior de 10, aunque para determinar el monto de los beneficios se tomará el límite de 25 salarios mínimos. Evidentemente, las cotiza- ciones deberán ser actualizadas para darle viabilidad financiera, pero por la forma en que se señala da la impresión de un ajuste financiero que implica más costo para el trabajador, sin que se observe un for- talecimiento en las prestaciones.

En materia de servicios médicos, se propone reagruparlos en tres tipos de atención: medicina preventiva, atención médica curativa y maternidad, y rehabilitación física y mental. Incluye una tendencia internacional referida a la separación entre la función prestadora de servicios de la función de financiamiento de la salud, aspecto que ha sido considerado como la manera de introducir competencias y con ello la participación de agentes externos en la prestación de estos servi- cios. Las interrogantes ante estas consideraciones derivan de estable- cer los efectos reales de esta separación y si con ello realmente se fortalecerán las instituciones de seguridad social y si la competencia que se pretende introducir está considerando las diferencias que tie- nen de partida los agentes privados y públicos que participarían. Sin esta consideración es posible que la atención médica siga teniendo una fuerte participación del “gasto de bolsillo de las familias”, un encare- cimiento de la atención a la salud y un desmantelamiento de las ins- tituciones públicas de seguridad social.

Por lo que corresponde a las pensiones, lo que se propone es la sustitución del sistema solidario por el sistema de cuentas individua- les. La jubilación, la indemnización global y el retiro por edad y tiem- po de servicios desaparecen como seguros, mientras que las prestacio- nes sociales y culturales se limitan a la capacidad financiera del instituto. Se propone también limitar derechos. Los hijos serán consi- derados beneficiarios hasta los 16 años. Los ascendientes, para ser

considerados dependientes económicos, deberán vivir con el trabaja- dor. Las pensiones se incrementarán de acuerdo con la inflación y no con el incremento salarial.

Revisando la forma en que fueron estructurados los sistemas de pensiones en México, con distintos esquemas de aportaciones y bene- ficios, se dio pie a una gran segmentación entre los esquemas dando la apariencia de beneficios extraordinarios en las pensiones del sector público. Si observamos estos beneficios frente al 50 por ciento de po- blación que no cuenta con ningún esquema de seguridad, la primera conclusión es de gran inequidad económica y social. No obstante, para corregir y adecuar beneficios con cotizaciones y evitar pensiones de privilegio como las otorgadas a los ex presidentes, ministros de la Suprema Corte o directivos de la banca de desarrollo, así como para evitar desperdicios y abusos, la reforma debe ser asumida como re- sultado de un consenso basado en la reflexión colectiva. Los trabaja- dores deben estar informados para que puedan tomar decisiones orientadas a un real fortalecimiento de los esquemas de seguridad so- cial. El principio debería ser el de asumir un compromiso colectivo en el cual Estado, empresarios y trabajadores compartieran aportaciones manteniendo el principio de solidaridad, mismo que tiene que ser re- forzado mediante una combinación de ajustes entre cotizaciones y esquemas básicos de seguridad, con un fortalecimiento de incentivos.

Uno de los aspectos que más preocupan con los sistemas de pen- siones de aportaciones definidas, cuenta individual y administración privada, es el alto cobro de las administradoras de pensiones que han desvirtuado las razones de la reforma. A partir de su puesta en mar- cha (julio de 1997), ha prevalecido más el interés de la rentabilidad financiera que el de reforzar la seguridad social. De cada peso ahorra- do y con las altas comisiones que cobran las Administradoras de Fon- dos para el Retiro (Afore), 75 centavos pasan a integrar la cuenta y 25 centavos son para pago de comisión.

El registro histórico de las Afore en relación con la rentabilidad y los rendimientos, muestra la diferencia entre el rendimiento de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Sie- fores) que es 7.6 por ciento, el margen que les toca a las Afore de 5.0 por ciento y el rendimiento neto al ahorrador de 2.6 por ciento. Dicha

situación frente a bajas densidades de cotización hará más difícil con- tar con una pensión, lo que contrasta con la alta rentabilidad que logra el sector financiero. Dicha situación, de no corregirse, augura mayor incertidumbre y pobreza para el sector de población que por edad saldrá del mercado laboral.

Se argumenta que los pasivos laborales pueden colapsar a las fi- nanzas públicas, sin embargo, con reformas como la instrumentada en el ^imss a partir de julio de 1997, las finanzas públicas incrementan su vulnerabilidad por las siguientes razones: son reformas de alto costo fiscal, constituido éste por el pago de las pensiones en curso, el de la cuota social, el pago en el largo plazo de las pensiones mínimas garantizadas y el pago de la deuda pública relativa a los bonos que se generaron por el uso del ahorro de los trabajadores.¹³

Cabe recordar que el dinero del Estado proviene de las aportacio- nes que mediante impuestos realiza toda la población. En relación con las pensiones este costo fiscal generado para atender a 37 por ciento de la población ocupada, determina menores posibilidades para con- tar con recursos que se destinen a garantizar pensiones universales y una seguridad social, pero para 100 por ciento de la población. Ins- trumentando otro tipo de reforma y modelo de seguridad social, el costo fiscal puede ser menor con alcances mayores. Para ello se debe dejar de subsidiar al sector privado y dejar de apoyar reformas que sólo han beneficiado al sector financiero internacional.

Si se aceptara la propuesta que se ha estructurado para el ^issste,¹⁴ habría que sumar el impacto del bono de reconocimiento. Parte de las tareas pendientes consisten en contabilizar y comparar estos costos que por el diseño de la reforma no conducen a resolver los problemas básicos de la seguridad social, frente a los que derivarían de un resca- te de ésta bajo una orientación y concepción distintas.

13Del total de ahorro de los trabajadores –9 por ciento del producto interno bruto (pib)–, 82 por ciento está financiando al Estado mediante la emisión de bonos. Estos recursos en su mayoría se han transformado en gasto corriente, pero también en deuda a mediano plazo.

14Se calcula que el bono de reconocimiento representa de 1.1. a 1.6 billones de pesos.

Las pensiones en curso de pago para el primer año representan 56,000 millones de pesos. La cuota social: en salud por 6,000 millones de pesos y en retiro, cesantía en edad avanzada y vejez por 2,300 millones (Miguel A. Raya, Comentarios generales a la iniciativa de la Ley del issste, enero de 2006, p. 3).

Implicaciones para el magisterio

La diversidad y heterogeneidad de regímenes de pensiones se observa también en los establecidos para maestros y docentes del país. En lo que concierne a los profesores de las universidades públicas, por nor- mativa legal o por convenios establecidos, el ^imss, el ^issste o las direc- ciones de pensiones locales asumen la responsabilidad de otorgar las pensiones por jubilaciones laborales. El tema es muy complejo porque a veces dos instituciones intervienen, una otorgando el seguro de sa- lud y otra otorgando las pensiones y las jubilaciones. En algunos casos se cuenta además con planes complementarios, lo cierto es que todos los esquemas tienen riesgo financiero por el agotamiento de las reservas. Las causas son muy similares a las que enfrentan las pen- siones en general. La transición demográfica se observa mediante el creciente número de maestros que han cumplido los requisitos para acceder a una pensión, frente a una planta docente que no se ha re- novado. Ante la falta de creación de plazas y de sustitución de perso- nal en las que han quedado vacantes, el sistema de reparto profundi- za su falta de recursos para hacer frente a sus obligaciones.

En los últimos años, diversas universidades han concluido sus reformas. Llama la atención, favorablemente, que una buena parte de las mismas han sido realizadas siguiendo los lineamientos de las de- nominadas “reformas paramétricas” destinadas a incluir modifica- ciones en el diseño de las prestaciones, con la finalidad de darle via- bilidad a los sistemas. El objetivo es no abandonar el reparto y los principios de solidaridad. Entre los aspectos que más han sido corre- gidos se encuentran el aumento en las tasas de cotización, el estímu- lo a la permanencia en el trabajo y con ello el ir aumentando la edad de jubilación, así como que éstas sean otorgada por edad y no por tiempo de trabajo.

De las universidades que han realizado reformas se encuentran las siguientes: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (^buap), Ins- tituto Tecnológico de Sonora (itson), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (^uabjo), Universidad Autónoma de Aguascalientes (^uaa), Universidad Autónoma de Baja California (^uabc), Universidad Autónoma de Baja California Sur (^uabcs), Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez (uacj), Universidad Autónoma de Coahuila (uadec), Universidad Autónoma de Chiapas (^unach), Universidad Autónoma de Guerrero (^uagro); Universidad Autónoma de Nayarit (^uan), Uni- versidad Autónoma de Nuevo León (^uanl), Universidad Autónoma de Querétaro (^uaq), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (^uaslp), Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat), Universidad Autónoma de Tlaxcala (uatx), Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz), Uni- versidad Autónoma del Estado de Hidalgo (^uaeh), Universidad Autó- noma del Estado de México (^uaemex), Universidad Autónoma del Esta- do de Morelos (^uaem), Universidad de Colima (^ucol), Universidad de Guadalajara (udeg), Universidad de Guanajuato (^ugto), Universidad de Sonora (^uson), Universidad Juárez del Estado de Durango (^ujed).¹⁵

Sin embargo, a pesar del predominio de la perspectiva paramétrica, diversos problemas no se han resuelto. Algunos referidos al desfinan- ciamiento del seguro de salud y a su limitación en algunos casos.

Nuevamente los aspectos de inequidad se muestran en lo esquemas de seguro social que tienen los profesores universitarios, ya que sólo los de tiempo completo cuentan con cobertura de pago de pensiones y jubila- ciones. Desafortunadamente, los profesores de asignatura, el personal de confianza y a contrato no han sido incluidos en estos beneficios. De 34,803 académicos que la Universidad Nacional Autónoma de México (^unam) registró en 2004, 23.1 por ciento eran de asignatura, además sólo eran definitivos 12,502 académicos que representan 35.9 por cien- to. Los interinos y a contrato sumaban 21,897, es decir 74 por ciento.

Estos trabajadores tienen derecho a la atención médica, pero es muy incierto que logren cotizar para una pensión.

Cabe hacer notar que “las resistencias al cambio” se han minado mediante la puesta en marcha de la reforma a la ley de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), reseñada líneas arriba, con la cual los trabajadores afiliados al ^issste puedan abrir su cuenta individual. La respuesta hasta este momento ha sido de muy baja participación, pero se han dado estos traspasos. Para mayo de 2006 lo acumulado en el traspaso sar-issstenafore sumaba los 32.5 millo- nes de pesos (0.005 por ciento de los ahorros registrados en las Afore).

15Francisco Miguel Aguirre, Valuaciones actuariales, México, 2005.

Es necesario enfatizar que en el caso del issste, las administradoras irán por la afiliación de 2.5 millones de trabajadores cotizantes.

Aquellos que se inclinen por esta opción estarán perdiendo una rentabilidad que puede ser más adecuada que la que ofrecen las Afore.

La ley vigente del ^issste establece un régimen de rendimiento mínimo real garantizado por la inversión de los recursos de los trabajadores. La afiliación a las Afore, representará menores rendimientos y mayores comisiones; sin embargo, para Hacienda adelantar la afiliación a las Afore es uno de los caminos para vencer la oposición a la reforma.

Es necesario que los profesores se interesen por contar con mayor información acerca de las características de sus derechos y obligaciones, así como de las modalidades e impactos que tendrán las reformas que se pretende instrumentar. Es necesario superar las visiones de corto pla- zo y catastróficas relacionadas con la inminente quiebra de los sistemas, porque ello agudiza más el problema ya que los trabajadores están op- tando por jubilaciones y retiros anticipados antes que por cuidar su espacio de trabajo, con lo que agudizan más el problema financiero.

Debe quedar la certeza de que sí se requiere una reforma, pero para poder construir un sistema de seguridad social que permita un asegu- ramiento universal, que deje de lado las prebendas corporativas here- dadas de regímenes autoritarios. Superar inequidades y privilegios con el fin de construir una seguridad social para todos debe estar susten- tado en la aportación de todos los sectores. Y esto es posible si se ins- trumenta como una política de Estado, con una perspectiva de ahorro colectivo previsional, de reparto y de solidaridad intergeneracional, ya que por los niveles salariales y las transformaciones del mercado de trabajo, la perspectiva de la cuenta individual tendrá los resultados de la rentabilidad individual y en ésta la mayoría no logrará acceder a una pensión.

Al ser la universalización una tarea inconclusa, el modelo de pen- siones para México debe integrar lo contributivo y lo no contributivo.

Entre lo ejes que debe conducir esta discusión es necesario reflexionar que el empleo no basta para universalizar la cobertura y que la soli- daridad debe reforzarse con la instrumentación de incentivos.