Agenda Política de la Paz
2017 - 2026
Compromisos por cumplir
Guatemala de la Asunción, abril 2017
1996 - 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
genda P
olítica de la P
az
2017-2026, Compr
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olítica de la P
az
Agenda Política de la Paz
2017-2026
Compromisos por cumplir
Guatemala de la Asunción, abril de 2017
Autoridades
Lic. Jimmy Morales
Dr. Jafeth Cabrera
Dra. Lourdes Xitumul Piox
Lic. Hugo Rigoberto Casasola Roldán
Presidente Constitucional de la República
Vicepresidente de la República
Secretaria de la Paz
Sub-Secretario de la Paz
Secretaría de la Paz
–SEPAZ-17 Calle 8-36 zona 1 Ciudad de Guatemala
Teléfono: PBX (502) 2322-4500 | Código postal: 01001 Email: [email protected]
Diseño de Portada e interiores: Sepaz Coordinación proceso editorial: Sepaz Impreso en Serviprensa S. A.
PBX: (502) 2245-8888
Esta publicación fue impresa en mayo de 2017.
La edición consta de 1,000 ejemplares en papel couche brillante 80 gramos.
Créditos
Mesa técnica que aportó en la elaboración de la “Agenda Política de la Paz 2017 - 2026, Compromisos por cumplir”
‒ Comisión
Específi ca para la Paz y Desminado del Congreso de la República de Guatemala
‒
Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración
‒ Fundación
Propaz
‒
Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social
‒
Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas
‒
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional
‒
Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano
‒
Secretaría de Planifi cación y Programación de la Presidencia
‒
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
‒
Programa Nacional de Resarcimiento
‒
Foro Nacional de la Mujer
‒
Consejo Nacional Para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz
‒
Coordinación de la Mesa técnica: Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República
Misión de SEPAZ
“Somos la Institución que coordina, asesora e incide en la formulación de políticas, planes y proyectos de la institucionalidad del Estado para el cumplimiento de los
compromisos de los Acuerdos de Paz”
Visión de SEPAZ
“Ser la Institución rectora del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para la construcción de una Cultura de Paz y
Índice
Prólogo
Presentación
Recomendaciones para lectura
Antecedentes
Estado de cumplimiento de los compromisos identifi cados en los Acuerdos de Paz
1. Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos –AMDBP– Querétaro, México,
25 de julio de 1991
2. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos –AGSDH– México, D. F., 29 de marzo de 1994
3. Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado –ARPDEA– Oslo, 17
de junio 1994
4. Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos
Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca –ASECEH– Oslo,
Noruega, 23 de junio de 1994
5. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI– México, D.F., 31 de marzo de 1995
6. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria –ASESA– México, D. F., 6 de mayo de 1996
7. Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática –AFPC– Ciudad
de México, 19 de septiembre de 1996
8. Acuerdo sobre el Defi nitivo Cese al Fuego –ADCF– Oslo, Noruega, 4 de diciembre de 1996
9. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral –ARCRE– Estocolmo, 7 de diciembre de 1996
10. Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad
–ABIURNG– Madrid, España, 12 de diciembre de 1996
11. Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verifi cación de los Acuerdos de Paz
–ACICAP– Guatemala, 29 de diciembre de 1996
Prólogo
En diciembre de 2016, Guatemala conmemoró veinte años de la
Firma de la Paz Firme y Duradera, suscrita entre el Gobierno de
Guatemala y la URNG en 1996. De esa cuenta, diferentes actores
e instancias del Estado y la sociedad civil abordaron su
cumpli-miento y los desafíos por venir. Pero, más allá de esa fecha,
inte-resa al Gobierno de la República, colocar el tema de la Paz como
Agenda de Estado para los próximos diez años.
Nuestros esfuerzos institucionales están enfocados en el
impul-so de los compromiimpul-sos pendientes de los Acuerdos de Paz, que
se encuentran defi nidos en el presente documento denominado
“Agenda Política de la Paz 2017-2026, Compromisos por
cum-plir”, que en esencia busca honrar dichos compromisos a 20 años
de la Firma de los Acuerdos de Paz.
Dicha Agenda, es una manifestación de voluntad política para
forta-lecer la democracia en Guatemala. Los Acuerdos de Paz, sin duda
alguna siguen siendo parte fundamental para viabilizar la agenda
nacional vigente. La problemática de país, sigue siendo diversa y
compleja, sin embargo, el Gobierno de la República asume con
convicción su rol histórico para realizar el mejor esfuerzo para
con-solidar la cultura de paz en Guatemala.
El fortalecimiento de la institucionalidad pública debe ser una
prio-ridad de Estado para lograr mejores y efi cientes políticas públicas
orientadas al desarrollo humano de la población guatemalteca.
Se valora y se reconoce profundamente el compromiso, liderazgo
y esfuerzo conjunto de todos los actores de nuestra sociedad para
fortalecer la cultura de paz. La presente “Agenda Política de la
Paz 2017-2026, Compromisos por cumplir”, aportará una ruta
estratégica para la construcción de una Guatemala más justa,
de-mocrática y soberana.
Nuestro objetivo es promover procesos que garanticen una
me-jor institucionalidad pública garante de los derechos humanos y
que responda a lo establecido en el “Plan Nacional de Desarrollo:
K’atun, Nuestra Guatemala 2032”, la “Política General de Gobierno
2016-2020” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Presentación
Transcurridos 36 años del enfrentamiento armado interno, el 25 de
julio de 1991 se fi rmó el primer Acuerdo de Paz, denominado:
“Acuer-do Marco sobre Democratización para la búsqueda de la Paz, por
Medios Políticos”, en Querétaro, México. Pasaron cinco años más de
negociación para la suscripción de un total de doce Acuerdos, que
concluyeron con la fi rma del “Acuerdo de Paz Firme y Duradera”, en
la ciudad de Guatemala, el 29 de diciembre de 1996.
A 30 años de democracia en la región, y en Guatemala a 20 años de
la Firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que marcó el reto de
implementar los Acuerdos de Paz; se reafi rma que para alcanzar la
democracia, la justicia y la paz es necesario un proceso de largo
al-cance y una profunda convicción en un país multiétnico, pluricultural
y multilingüe.
La Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República, como
ins-titución rectora que coordina, asesora e incide en la institucionalidad
del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, consideró
pertinente realizar una evaluación del avance en el cumplimiento de
los Acuerdos de Paz. Los resultados alcanzados en relación a los
compromisos pendientes, permitió la resignifi cación de los mismos
acuerdos y la elaboración de la “Agenda Política de la Paz
2017-2026, Compromisos por cumplir”, que tiene como objetivo ser el
ins-trumento que oriente y facilite la concreción de los Acuerdos de Paz
para el siguiente decenio en la institucionalidad pública.
En ese contexto, el Gobierno de la República de Guatemala, a través
de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República,
ampara-do en la Ley Marco de los Acuerampara-dos de Paz -Decreto número 52-2005-;
reconoce que para superar la pobreza, el racismo, la exclusión y la
desigualdad, entre otros temas emanados de los Acuerdos de Paz, es
preciso retomar, fortalecer y garantizar la continuidad de los esfuerzos
para el cumplimiento de los compromisos pendientes, lo que requiere
de acciones concretas y sostenidas por instituciones públicas,
pernas individuales y jurídicas, el apropiamiento de la juventud y de la
so-ciedad guatemalteca en general, para abonar a una política pública de
cultura de paz y la garantía de no repetición de aquellos eventos que
propiciaron el enfrentamiento entre los guatemaltecos.
La Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República, motiva y
exhorta a los tomadores de decisión en los organismos del Estado al
encauzamiento de la actividad pública, por medio de la asignación del
recurso humano, material, tecnológico y fi nanciero que garanticen la
continuidad de los procesos para el desarrollo, preservación y
segui-miento del espíritu contenido en los Acuerdos de Paz.
La “Agenda Política de la Paz 2017-2026, Compromisos por cumplir”;
se armoniza con la Política General de Gobierno 2016-2020 presidida
por el señor Presidente Constitucional de la República, Lic. Jimmy
Mo-rales; el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032;
la Política Nacional de Desarrollo; los Objetivos de Desarrollo
Sosteni-ble defi nidos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas
-ONU-; y las políticas sectoriales y transversales relacionadas con los
compromisos pendientes de los Acuerdos de Paz.
Recomendaciones para lectura
El contenido del presente estudio expone los resultados del
análisis efectuado por la Secretaría de la Paz –SEPAZ-, con
el apoyo de la Mesa Técnica que aportó propuestas para
la elaboración de la Agenda Política de la Paz 2017-2026,
Compromisos por Cumplir, con el fi n de verifi car y establecer el
estado de cumplimiento de los compromisos identifi cados en los
Acuerdos de Paz, veinte años después de su suscripción.
Los doce Acuerdos fi rmados por “las Partes”, el Gobierno de la
República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca, que fi nalizaron con el Acuerdo de Paz Firme
y Duradera el 29 de diciembre de 1996, fueron revisados y
desagregados a nivel de cada uno de los compromisos a que
arribaron ambas Partes, para que la persona lectora tenga a la
mano el detalle de qué se consigna en cada Acuerdo y en qué
condición está el grado de cumplimiento al año 2016.
La SEPAZ, dispone de un análisis, de los doce Acuerdos,
organizado en la siguiente forma:
1. Cada apartado del texto, se refi ere al análisis de cada uno de
los Acuerdos.
2. Los Acuerdos están organizados según el orden de fecha
de suscripción, desde el 25 de julio de 1991 hasta el 29 de
diciembre de 1996.
3. Todos los Acuerdos se describen utilizando el siguiente
formato:
No. y nombre del Acuerdo / lugar y fecha de suscripción Descripción del Acuerdo:
No. Compromiso
Compromisos –sigla del respectivo
Acuerdo–
Estado de cumplimiento
Institucionalidad
responsable Calendarización
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
Recursos presupuestarios 2017:
•
Número de orden (1 a 12), nombre completo del Acuerdo y
sigla, ciudad o país y fecha de suscripción.
•
Recuadro con la “descripción del Acuerdo”: Al inicio de cada
apartado se expone la descripción, tomada directamente del
original, con el único propósito de que se tenga una clara idea
respecto a qué se refi ere.
•
Tabla integrada con cinco columnas; de izquierda a derecha
las columnas identifi can:
Ø
“No. Compromiso”. Los Acuerdos establecen
determi-nado número de compromisos a cumplir por “las
Par-tes”. La enumeración de cada compromiso fue copiada
literalmente y corresponde al contenido del respectivo
Acuerdo de Paz.
Ø
El “estado de cumplimiento” de cada compromiso en el
presente estudio se categorizó de la siguiente manera:
CUMPLIDO Cumplido en su totalidad, y en éste no se prevén acciones de seguimiento
CUMPLIDO SOSTENIDO
Cumplido en su totalidad, y sus acciones se han mantenido en el tiempo
CUMPLIDO PARCIALMENTE
Las acciones de un compromiso no se han realiza-do en su totalidad
CUMPLIDO FORMALMENTE
Cumplido en la formalidad de su enunciado, pero no las acciones consecutivas de su espíritu y alcances INCUMPLIDO No se han realizado acciones para su consecución
Ø
“Institucionalidad responsable”, donde se anotan las
si-glas o acrónimos de las instituciones a quienes, de
con-formidad con los resultados del análisis efectuado, les
co-rresponde la responsabilidad de la sostenibilidad según el
Acuerdo que se trate. En caso de duda respecto a siglas
y acrónimos, la persona lectora puede consultar el
apar-tado identifi cado con dicho título que aparece al fi nal del
presente documento.
Ø
La última columna del formato establece la
“calendariza-ción” a seguir, de conformidad con la Agenda Política de
la Paz 2017-2026, Compromisos por Cumplir, la cual
puede ser, por ejemplo, para los períodos 2018-2019,
2018-2020, 2018-2026, 2020-2024 o 2025-2026. En
algu-nos casos los compromisos no tienen un tiempo
estable-cido en la agenda, y por ello se anota “N/A”; esto es, no
aplica un período específi co a cumplir.
Ø
Después de leer las anotaciones que aparecen en las
cinco columnas, la persona encontrará un análisis del
“contexto 2016 y valoración del estado de
cumplimien-to”, por medio del cual y de forma resumida la SEPAZ
expone la situación en que se encuentra determinado
compromiso, algunos obstáculos y logros para su
cum-plimiento durante el período 1997-2016 e incluso varias
recomendaciones que sería conveniente que la
Institu-cionalidad responsable tomara en cuenta para que el
Compromiso respectivo se cumpla a cabalidad.
Ø
Finalmente, se efectúan algunas estimaciones respecto
a los “recursos presupuestarios 2017”, asignados en el
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el
cumplimiento de determinado compromiso. En muchos
casos la casilla aparece con la anotación “N/A”, lo cual
es indicativo de que no se asignó monto alguno, pese
a que determinado compromiso no ha sido cumplido o
bien, ha sido parcialmente cumplido. La institución
res-ponsable deberá valorar cuánto es lo que falta por
ha-cer para determinar la cantidad específi ca que podría
asignarse.
Ø
El contenido del compromiso variará en su numeración
en la segunda columna del formato y dependiendo del
Acuerdo de que se trate. En virtud que fueron
transcri-tos tal como aparecen en el texto original, los incisos
correspondientes a cada numeral pueden ser también
números o bien letras; en algunos casos aparecen
nú-meros romanos, no necesariamente correlativos. En
consecuencia, la persona lectora debe tener presente
que el contenido de los compromisos, es copia fi el del
texto original de los Acuerdos de Paz.
Precisamente por tratarse de una reproducción exacta de los
Acuerdos, en algunos casos aparecen símbolos dentro del
con-tenido del compromiso, como por ejemplo: asteriscos, números
romanos en minúscula o mayúscula, letras o números sin
identi-fi car. No siempre la fuente original aclara a qué se reidenti-fi eren y, por
tal razón, en el presente documento tampoco puede inferirse; se
privilegió el respeto al texto original.
Al fi nal del texto se incluyen dos apartados especiales:
•
Siglas y acrónimos: contiene la lista en orden alfabético de
las siglas y/o acrónimos de la institución mencionada en todos
los Acuerdos de Paz. En la primera columna la sigla y en la
segunda su descripción o signifi cado. Algunas instituciones ya
no existen, pero el hecho de haber sido mencionadas en algún
Acuerdo o bien en el análisis de “Contexto 2016 y valoración
del estado de cumplimiento” hace necesaria su anotación.
Antecedentes
El 29 de diciembre de 2016 se cumplieron dos décadas a
partir de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y
Dura-dera, con el que se puso fi n al enfrentamiento armado de
más de 30 años que desangró a Guatemala, y que además
lanzó “[…] la tarea de preservar y consolidar la paz,
que debe unir los esfuerzos de todos los
guatemalte-cos […]” planteando “[…] Que para ese fi n el país
dis-pone, con los acuerdos de paz, de una agenda integral
orientada a superar las causas del enfrentamiento y
sentar las bases de un nuevo desarrollo […]”. Con la
suscripción de este acuerdo y el resto de acuerdos
rubri-cados con anterioridad, se esperaba fuera acometida con
fuerza la tarea en mención.
Con la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera
emergió una agenda integral de alcance nacional en 1996,
compuesta de acciones de corto, mediano y largo plazo,
expresadas en compromisos necesarios para enfrentar el
estado de situación en que se encontraba el país tras los
largos años de enfrentamiento, que reportaba carencias,
restricciones y fragilidades de carácter étnico, lingüístico,
cultural y, las no menos importantes, de tipo político y
eco-nómico.
Por aparte, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera
estable-ció que “[…] la implementaestable-ción de la agenda nacional
derivada de los acuerdos de paz, constituye un
pro-La Agenda Política de la Paz 2017-2026,
Compromisos por Cumplir
yecto complejo y de largo plazo que requiere la
volun-tad de cumplir con los compromisos adquiridos y el
involucramiento de los organismos del Estado y de las
diversas fuerzas sociales y políticas nacionales. Este
empeño supone una estrategia que priorice con
realis-mo el cumplimiento gradual de los compromisos, de
forma tal que se abra un nuevo capítulo de desarrollo y
convivencia democrática en la historia de Guatemala.”
En este orden de ideas, es importante subrayar que el
acuerdo en mención, estableció una serie de condiciones
que con el transcurso del tiempo, la sucesión de actores en
la cima del poder político, la presencia constante de
aque-llos ubicados en la cúspide del poder económico, han sido
determinantes para que ese compromiso gradual haya
sido lento y con largos estancamientos, al tiempo que
pue-de afi rmarse que, actualmente, no se ha abierto ese nuevo
capítulo de desarrollo y convivencia democrática
anuncia-do en dicho acueranuncia-do.
adelantar, con base en un consenso nacional, el proceso
de priorización de los compromisos contenidos en la
agen-da surgiagen-da en 1996; el lanzamiento por la socieagen-dad civil de
las agendas sectoriales de educación y salud; las
propues-tas de ASIES, CACIF y Empresarios por la Educación; y,
la presentación por el Sistema de Naciones Unidas de la
Agenda para el Desarrollo Humano.
En la gama de las iniciativas políticas, destaca la Agenda
Nacional Compartida, suscrita en octubre de 2003 por los
secretarios generales de los partidos políticos que la
asu-mieron, incluyendo sus anexos: 1: Acuerdo ético político
para el desarrollo del proceso electoral 2003; y 2:
Declara-ción de compromiso con la plena vigencia e
implementa-ción de los Acuerdos de Paz.
Posteriormente, hacia mediados de la década recién
pa-sada, destaca la aprobación del Decreto 52-2005 que
con-tiene la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, misma que
asigna a los Acuerdos Paz el carácter de compromisos
de Estado, con todo lo que esto implica, además de
esta-blecer los procesos que debe adelantar el Estado para su
cumplimiento, contando ampliamente con la participación
de la sociedad.
La Secretaría de la Paz de la Presidencia de la
Repúbli-ca (SEPAZ) está llamada a jugar un rol importante, dado
su mandato, en la discusión sobre los logros y
obstácu-los en el cumplimiento de obstácu-los compromisos contenidos en
los Acuerdos de Paz; aportando a toda la institucionalidad
pública del Estado, una herramienta técnica que presente
de manera objetiva y colocar en una nueva perspectiva, la
agenda integral a que se refi ere el Acuerdo de Paz Firme
y Duradera.
A lo largo de los años transcurridos desde aquel 29 de
di-ciembre de 1996, se han implementado, no sin
oposicio-nes e imposiciooposicio-nes de bajos perfi les, acciooposicio-nes de apoyo y
seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz,
por parte de la institucionalidad de la paz, particularmente
por la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la
Repú-blica (SEPAZ), del Consejo Nacional para el Cumplimiento
de los Acuerdos de Paz (CNAP) y de la Comisión
Presi-dencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Mate-ria de Derechos Humanos (COPREDEH).
La iniciativa
La Agenda Política de la Paz es una agenda integral,
con-textualizada y programada de compromisos por cumplir, en
un espíritu de conciliación nacional. El camino de la
gesta-ción y nacimiento de la Agenda Política de la Paz
2017-2026, Compromisos por Cumplir, fue acompañado por
una mesa técnica integrada por organizaciones de la
socie-dad civil e instituciones públicas del Estado de
Guatema-la, aportando importantes sugerencias y recomendaciones
en las diversas reuniones de trabajo de seguimiento
reali-zadas. La sociedad civil estuvo representada por: la
Fun-dación Esquipulas -para la Paz, Democracia, Desarrollo e
Integración-; el Instituto Centroamericano de Estudios para
la Democracia Social (DEMOS)-; y la Fundación Propaz.
Por la institucionalidad pública del Estado, participaron: la
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional; la
Co-misión Específi ca para la Paz y el Desminado del
Congre-so de la República de Guatemala; Dirección Financiera del
Ministerio de Finanzas Públicas; la Secretaría de Planifi
-cación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN); el
Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos
de Paz (CNAP); el Foro Nacional de la Mujer (FNM);
Pro-grama Nacional de Resarcimiento (PNR); la Bancada de
URNG-Maíz; y la Comisión de Pueblos Indígenas y
Afro-descendientes del Parlamento Centroamericano. Las
reu-niones de trabajo para el seguimiento de la preparación de
la Agenda fueron convocadas y conducidas por la
Secre-taría de la Paz de la Presidencia de la República. Para la
elaboración de la Agenda de la Paz se contó con el cofi
nan-ciamiento del Programa de Naciones Unidas para el
Desa-rrollo –PNUD- y del Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria –NIMD-.
Aproximación metodológica
La Agenda Política de la Paz 2017-2026, Compromisos
por Cumplir, se construyó a partir en la implementación
de una aproximación estructural y no transversal: esto es
mediante la revisión y análisis de cada acuerdo y
com-promiso; es decir, acuerdo por acuerdo y compromiso por
compromiso.
Siete fueron las líneas conductoras del trabajo de
aproxi-mación estructural y no transversal:
Ø
La primera consistió en extraer del texto de los
Acuer-dos de Paz, aquellos elementos que constituyen los
compromisos en sí mismos;
Ø
La segunda se orientó a establecer los contextos
so-cioeconómicos y sociopolíticos en los que se
negocia-ron y suscribienegocia-ron los compromisos hacia 1996;
Ø
La tercera condujo al análisis de los compromisos en el
contexto del 2016;
ESTADO DE
CUMPLIMIENTO DESCRIPCIÓN
CUMPLIDO Cumplido en su totalidad y en este no se prevén acciones de seguimiento CUMPLIDO
SOSTENIDO Cumplido en su totalidad, y sus acciones se han mantenido en el tiempo
CUMPLIDO PARCIALMENTE
Las acciones de un compromiso no se han rea-lizado en su totalidad
CUMPLIDO FORMALMENTE
Cumplido en la formalidad de su enunciado, pero no las acciones consecutivas de su espíritu y alcances
INCUMPLIDO No se han realizado acciones para su consecu-ción
Ø
La quinta condujo al análisis y determinación de la
institucionalidad pública que está asociada al
cum-plimiento de los compromisos pendientes de cumplir
de los Acuerdos de Paz;
Ø
La sexta consistió en el estudio y ubicación de la
programación de recursos asociados al
cumplimien-to de los compromisos pendientes, en la estructura
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio fi scal 2017;
Ø
La séptima orientó el trabajo hacia una propuesta
proyectada de estructuras presupuestarias
necesa-rias para adelantar su cumplimiento y sostenibilidad
al año 2026.
Objetivo de la Agenda Política de la Paz 2017-2026,
Compromisos por Cumplir
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS IDENTIFICADOS EN LOS ACUERDOS DE PAZ
En el siguiente cuadro se anota el estado de cumplimiento de los compromisos identifi cados en los Acuerdos de Paz. En la primera columna se indica el
nú-mero que corresponde a cada uno de los Acuerdos; en la segunda columna se apunta el nombre de los Acuerdos, ordenados con base en la fecha en que
fueron suscritos; en las siguientes cinco columnas se observa el nivel de cumplimiento que corresponde a cada compromiso identifi cado. En la última columna
se anota el total de los compromisos por cada Acuerdo.
No.
Acuerdos de Paz / Estado de Cumplimiento
Cumplido
Cumplido y
sostenido
Cumplido
parcialmente
Cumplido
formalmente
Incumplido
Total
1
Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos. Querétaro; México, 25
de julio de 1991
1
1
4
2
0
8
2 Acuerdo Global sobre Derechos Humanos; Ciudad de México, 29 de marzo de 1994
46
3
10
3
1
63
3
Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones Desarraigadas por el enfrentamiento armado; Oslo, 17 de
junio de 1994
21
0
12
7
22
62
4
Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los
Dere-chos Humanos y los HeDere-chos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca; Oslo, 23
de junio de 1994
26
0
0
0
0
26
5 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; Ciudad de México, 31 de marzo de 1995
23
2
56
11
26
118
6 Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria; Ciudad de México, 6 de mayo de 1996
71
0
63
12
61
207
7
Acuerdo sobre Fortalecimiento del poder civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática; Ciudad de
México, 19 de septiembre de 1996
81
0
14
7
27
129
No.
Acuerdos de Paz / Estado de Cumplimiento
Cumplido
Cumplido y
sostenido
Cumplido
parcialmente
Cumplido
formalmente
Incumplido
Total
9 Acuerdo sobre reformas Constitucionales y Régimen Electoral; Estocolmo , 7 de diciembre de 1996
22
0
2
23
5
52
10 Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la legalidad; Madrid, 12 de diciembre de 1996
40
0
8
2
0
50
11
Acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verifi cación de los Acuerdos de Paz;
Ciu-dad de Guatemala, 29 de diciembre de 1996
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12 Acuerdo de Paz Firme y Duradera; Ciudad de Guatemala, 29 de diciembre de 1996
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
366
6
169
67
142
750
Para una mejor comprensión del cuadro anterior, la valoración del nivel de cumplimiento de los compromisos se determinó en función de los contextos
anali-zados, socioeconómicos y sociopolíticos del año de 1,996 y, de 20 años después de la Firma de los Acuerdos de Paz, es decir del 2016.
1.
Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos –AMDBP–
Querétaro, México, 25 de julio de 1991
Descripción del acuerdo: Con el propósito de alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de Esquipulas II del 7 de agosto de 1987 y de conformidad con el Acuerdo
de Oslo del 30 de marzo de 1990, las delegaciones del Gobierno de la República de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), habiendo continuado las negociaciones bajo la conciliación del Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y bajo la observación del representante del Secretario General de las Naciones Unidas, Doctor Francesc Vendrell y dejando constancia por este medio de los acuerdos a que han llegado en relación al tema Democratización del Acuerdo del temario general, aprobado en la Ciudad de México el 26 de abril del corriente año. Consideran que:
1. Las fuerzas políticas y los diversos sectores que conforman la sociedad guatemalteca se han manifestado por la consecución de la paz, la democracia y la justicia social. 2. El gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) han convenido en desarrollar un proceso de negociaciones que tiene como objetivo fi nal la búsqueda de la Paz por medios políticos, el perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa y acordar bases sobre las cuales se consolide el desarrollo y progreso del país para asegurar así la convivencia democrática y la consecución del bien común.
3. El tratamiento del tema de la democratización permite construir el marco general que inscriba de manera coherente los demás temas señalados para el proceso de ne-gociaciones.
4. Guatemala requiere de medidas que aseguren el desenvolvimiento de la democratización en lo político, económico, social y cultural. El Gobierno de la República de Gua-temala reconoce su responsabilidad de aplicar medidas que respondan a los intereses de la población y que aseguren la democratización del país.
5. Los procedimientos y los acuerdos resultantes de la discusión del temario general aprobados en México, son fundamentales para el proceso de perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa, por lo que el Conciliador debe informar del contenido de los mismos al pueblo de Guatemala, de manera objetiva y equitativa.
6. Los acuerdos políticos a que lleguen el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) deben refl ejar las legítimas aspiraciones de todos los guatemaltecos y conducir a medidas institucionales, y a proponer reformas constitucionales ante el Congreso de la República, dentro del marco y espíritu de la Constitución Política de la República de Guatemala y de los Acuerdos de Oslo, el Escorial y México. En consecuencia, el Gobierno de la República de Guate-mala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), acuerdan:
No.
Compromiso Compromisos –AMDBP– cumplimientoEstado de Institucionalidad responsable Calendarización
1
I. Que el fortalecimiento de la democracia funcional y participativa requiere:
d. Eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral, las asonadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas.
CUMPLIDO FORMALMENTE
MINGOB, MINDEF, TSE, CC, CR, OE,
OJ. 2018-2026
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
No.
Compromiso Compromisos –AMDBP– cumplimientoEstado de responsable Calendarización
Respecto al tema electoral, el 19 de abril del 2016 el Congreso de la República de Guatemala aprobó las reformas al Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Cons-tituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han presentado otra propuesta que contiene temas que el Congreso dejó afuera, tales como la paridad de las candidaturas.
Se ha avanzado para evitar el fraude e imposición electoral, las presiones militares y acciones antidemocráticas. Empero, las normativas establecidas no son contundentes para erradicar cualquier anomalía, por lo que el compromiso está cumplido formalmente, pues ante el sistema político de Guatemala, no se puede garantizar la eliminación total de acciones desestabilizadoras antidemocráticas.
Recursos presupuestarios 2017: CC Código 442; OJ Código 441, TSE Código 451, CONGRESO Código 451, PDH Código 451 y, EJECUTIVO, SCEP Unidad Ejecutora
204, Programa 63, SEPAZ Unidad Ejecutora 214, Programa 27 Actividades 13, 14 y 19 (CNAP); y el Programa 65, Actividad 002. FODIGUA Unidad Ejecutora 210, Programa 21, Actividad 005, COPREDEH Unidad Ejecutora 202, Programa 12, Actividades 002, 003 y 004; MINGOB Código 451
.
2 e. El respeto irrestricto de los derechos humanos. PARCIALMENTECUMPLIDO MINGOB, MINDEF, OJ, MP, PDH. 2018-2026
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
El reconocimiento de los derechos humanos, era un gran logro para los ciudadanos guatemaltecos. En el año 1998 ocurrió la muerte de Monseñor Gerardi y las denuncias de los defensores de los derechos humanos continuaron; aunque éstos trabajaron con más libertad que antes, recibieron intimidaciones. Por ejemplo, en el primer semestre de 2004 ocurrieron18 incidentes, razón por la que se creó la Comisión de Investigación de Cuerpos Legales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.
Aunque el Estado ha reconocido los derechos humanos, ha sido débil en el respeto y defensa de los mismos en el marco de la ley guatemalteca, considerando que es un derecho amplio que empieza con el derecho a la vida, hasta los derechos individuales y sociales.
Este es uno de los temas que menos avance tiene, pues si bien es cierto que instancias como el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y el Organismo Legislativo han contribuido para reconocer y respetar los derechos humanos, sus logros son escasos, ya que no se tienen recursos sufi cientes para cumplirlos, además de normativas y procedimientos inefi cientes.
Recursos presupuestarios 2017: EJECUTIVO, SCEP Unidad Ejecutora 204, Programa 63, SEPAZ Unidad Ejecutora 214, Programa 27 Actividades 13, 14 y 19 (CNAP);
y el Programa 65, Actividad 002 FODIGUA Unidad Ejecutora 210, Programa 21, Actividad 005, COPREDEH Unidad Ejecutora 202, Programa 12, Actividades 002, 003 y 004;MINGOB Código 451.
3 f. La subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil. SOSTENIDOCUMPLIDO CR, OE, CC. N/A
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
En el cuarto informe de MINUGUA del año 1999, se menciona que las Fuerzas Especiales de la Policía se empezaron a subordinar y el noveno informe especifi ca que para el año 2004 el ejército se había reducido considerablemente; se fi jó el equivalente al 0.33% del PIB para el gasto militar (50% de lo establecido en los Acuerdos de Paz), el cierre de bases militares, la desmovilización del Estado Mayor Presidencial y su reemplazo por un cuerpo profesional de protección presidencial de carácter civil. La Ley de servicio cívico fue puesta en vigencia en 2003, brindando a los jóvenes la oportunidad de desarrollar un servicio social en lugar del servicio militar. Se estableció una nueva doctrina militar basada en derechos humanos.
Se cumplió con el compromiso de la subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil.
No.
Compromiso Compromisos –AMDBP– cumplimientoEstado de Institucionalidad responsable Calendarización
4 g. El reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas. PARCIALMENTECUMPLIDO
CR, OE, OJ, C, y toda la institucionalidad
pública
2018-2026
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
Para contrarrestar la discriminación se han emitido normativas, tales como: Ley de Promoción Educativa Contra la Discriminación (Decreto 81-2002); Ley que declara el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de la Violencia (Decreto 61-2002); Ley de Idiomas Nacionales (Decreto 19-2003); también los acuerdos gubernativos: Comisión pa-ritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas (515-97); Comisión Especial de Búsqueda e Identifi cación de Familiares y de las Víctimas (835-2000); Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (390-2002), Comisión de Ofi cialización de Idiomas Indígenas (308-97); Consejo Asesor de la Presidencia de la República sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad (96-2005); la Comisión para la defi nición de los lugares sagrados adscrita a la Secretaría de la Paz (261-2007), además de otras políticas como Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial.
Si bien es cierto que hay normativas nacionales como las leyes, acuerdos gubernativos y políticas públicas, además de las normativas internacionales, la discriminación, la marginación y la poca atención a los pueblos indígenas se sigue apreciando, solo por mencionar el caso de salud en la región del Quiché de mayor presencia de indígenas: hay 0.1 médicos por 10,000 habitantes.
Puede decirse que existen las herramientas para combatir la discriminación, pero hace falta voluntad, compromiso y responsabilidad del Estado para lograrlo, pues debe evaluar el avance de todas las normativas existentes.
Recursos presupuestarios 2017: CC Código 442; OJ Código 441, TSE Código 451, CONGRESO Código 451, PDH Código 451 y, EJECUTIVO, SCEP Unidad ejecutora 204, Programa 63, SEPAZ Unidad Ejecutora 214, Programa 27 Actividades 13, 14 y 19 (CNAP); y el Programa 65, Actividad 002 FODIGUA Unidad Ejecutora 210, Programa 21, Actividad 005, COPREDEH Unidad Ejecutora 202, Programa 12, Actividades 002, 003 y 004; MINGOB Código 451.
5 i. El efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno. CUMPLIDO N/A N/A
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
Los retornados a pesar de contar con el acompañamiento del gobierno y las organizaciones internacionales durante el proceso de reasentamiento en sus tierras defi nitivas o provisionales, tenían temor porque aún estaban los destacamentos militares y los patrulleros civiles; además, algunas comunidades habían perdido sus tierras, porque el gobierno benefi ció a patrulleros civiles o repatriados, a quienes se les entregó sus tierras.
Durante el proceso de reasentamiento, las familias tuvieron el apoyo respecto al traslado, viviendas provisionales, alimentación, salud, legalización de documentos, orien-taciones y otros benefi cios. Cabe mencionar que las familias en la categoría de repatriados internos tuvieron menos atención que los retornados, pues éstos últimos tenían mayor nivel de organización, el cual permitía la exigencia de sus derechos.
La Comisión Especial de Atención a Repatriados (CEAR), Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Reinserción La-boral y Productiva (FORELAP), el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y otras organizaciones de la sociedad civil, contribuyeron en el proceso de reasentamiento de las poblaciones desarraigadas.
Después de 20 años de los Acuerdos de Paz, las familias desarraigadas fueron reasentadas en sus tierras de origen o reubicadas en otros lugares, además se asentaron aquellas familias que no tenían tierras. Sin embargo, la reintegración socioeconómica política y cultural de las familias aún es defi ciente, pues aún se está trabajando respecto a los servicios básicos de calidad (vivienda, salud, educación, vías de acceso, electricidad).
Las familias desarraigadas registradas y que solicitaron el apoyo al Estado, fueron asentadas o reasentadas, proveyéndoles de los servicios básicos para vivir, por lo que se cumplió con el compromiso, pero si se evaluara la reincorporación a nivel socioeconómico y político, es un tema pendiente, como se recoge en la valoración del cumplimiento de los compromisos puntuales del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado.
No.
Compromiso Compromisos –AMDBP– cumplimientoEstado de Institucionalidad responsable Calendarización
6
II. Que la democratización requiere garantizar y promover la participación, en forma directa o indirecta, de la sociedad civil en general en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas del Gobierno en los diferentes niveles administrativos reconociendo el derecho de todos los grupos sociales constitutivos de la nación, a desarrollarse en relaciones de trabajo justas y equitativas, en sus formas propias culturales y de organización, en un pleno respeto a los derechos humanos y a la ley.
Garantizar y promover la participación en forma directa e indirecta de la sociedad civil en ge-neral en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas del Gobierno en los diferentes niveles administrativos reconociendo el derecho de todos los grupos sociales constitutivos de la Nación.
CUMPLIDO
PARCIALMENTE TSE, CONADUR. SEGEPLAN. 2018-2019 /2020-2024
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
Con base a datos del Tribunal Supremo Electoral, durante las elecciones generales para presidente y vicepresidente en los años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015, la cantidad empadronada fue de 3,711,589, 4,458,744, 5,073,282, 5,990,029, 7,340,841 y 7,556,873, respectivamente. La participación en la primera vuelta fue de: 53.76%, 57.89%, 60.37%, 69.38% y 71.3% en cada uno de los años anotados, con una disminución respecto a la segunda vuelta de 9.92%, 13.37%, 11.12%, 12.17%, 8.55% y 14.98%, res-pectivamente. Por lo tanto, hay un incremento de participación de 24.5% en 2015 respecto al año 1995, después de los Acuerdos de Paz.
Por otro lado se cuenta con el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, integrado con 17 sectores, entre ellos organizaciones campesinas, pueblos Maya, Xinca y Garífuna, y mujeres, entre otros. Sin embargo, en la práctica se evidencia que no hay una participación real y activa de parte de los interesados, pues la composición de los consejos y juntas directivas, entre otros, no está balanceada o los que dirigen infl uyen sobre las decisiones de las demás personas que los conforman.
Si bien es cierto que después de los Acuerdos de Paz, las cinco elecciones presidenciales tuvieron una participación ciudadana considerable, de 62.54% en promedio, no representa una elección real de las autoridades, por los condicionamientos a que muchas veces se ve sometido el voto popular. Según ASIES (2012) sobre resultados elec-torales de los partidos políticos en Guatemala de 1985 a 2012, menciona que respecto a la consulta popular realizada en los años 1994 y 1999, la participación fue muy baja, siendo de 15.88% y 18.55%, respectivamente, por lo que puede apreciarse que hubo poco interés no solo en realizarla por parte de los responsables, sino también de la po-blación. Respecto a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se cuenta con un espacio de participación, pero hace falta fortalecerlos para que las decisiones sean acorde a la realidad. Por lo tanto, el compromiso está cumplido formalmente, aunque pendientes las acciones consecutivas para alcanzar el objeto de la participación.
Con el propósito de hacer partícipe a la sociedad en la administración y gestión pública, así como en la descentralización, se emitieron las siguientes leyes:
Decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; Decreto No. 12-2002, Código Municipal; y, Decreto No. 14-2002, Ley General de Descentralización. Por parte de la Organización de la Sociedad Civil se crea Acción Ciudadana (AC) en 1996, que promueve la democracia y transparencia de la gestión pública en Guatemala, además de realizar monitoreo y fi scalización del funcionamiento de las instituciones públicas; la organización es “Capítulo de Transparency International” desde enero de 2006.
La sociedad civil ha participado en alguna forma en la elaboración de políticas, sin embargo, no ha sido activa, pues no ha estado presente en el ciclo de las políticas públicas (discusión, elaboración, implementación y evaluación). Falta un empoderamiento hacia la sociedad civil para que su participación sea efectiva, pero sobre todo en la evalua-ción de las políticas de Gobierno.
Recursos presupuestarios 2017: SCEP Unidad Ejecutora 204, Programa 63, Actividades 002, 003 y 004; SEGEPLAN Unidad Ejecutora 220, Programa 34, Actividad 047;
No.
Compromiso Compromisos –AMDBP– cumplimientoEstado de Institucionalidad responsable Calendarización
7 Desarrollarse en relaciones de trabajo justas y equitativas, en sus formas propias culturales y de organización, en un pleno respeto a los derechos humanos y a la ley. PARCIALMENTECUMPLIDO CR, OE, OJ. 2018-2026
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
Existen varias políticas que abordan temas relacionados a la actividad laboral, entre ellas: ‒ Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021
‒ Política Nacional para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
‒ Política Nacional de Empleo «Generación de Empleo Seguro, decente y de calidad» 2012 – 2021 ‒ Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
‒ Política de Desarrollo Social y Población
Los años transcurridos desde la fi rma de los Acuerdos de Paz han traído pocas luces para los derechos laborales de los trabajadores. Los cambios legales contemplados no fueron alcanzados y continúan siendo materia pendiente para la institucionalidad pública del Estado de Guatemala. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad en el 2004, resolvió inconstitucional la actividad sancionatoria de la Inspectoría de Trabajo, por lo cual, sigue pendiente la revisión del Código de Trabajo.
Se han formulado políticas y reformas al Código del Trabajo, sin embargo, hace falta fortalecerlo para que garantizar trabajos justos y equitativos, por lo que dicho compro-miso está cumplido parcialmente.
Recursos presupuestarios 2017: MICUDE Programa 14, Actividad 003;SCEP Unidad Ejecutora 204, Programa 63, Subprograma 01 Actividad 002 y Subprograma 02
Actividad 002;COMUNICACIÓN SOCIAL Unidad Ejecutora 211, Programa 22 Actividad 002;SEPAZ Unidad Ejecutora 214, Programa 27 Actividades 13, 14 y 19 (CNAP) ; TIPOGRAFÍA NACIONAL, COMISIÓN PRESIDENCIAL DE DIÁLOGO Programa 11, Actividad 002.
8
III. Que el presente Acuerdo debe ser divulgado ampliamente al pueblo de Guatemala y en particular a los sectores dialogantes en las reuniones que se produjeron en cumplimiento del acuerdo de Oslo y el Diálogo Nacional, debiendo ser informados por el Conciliador para procurar su adecuada comprensión.
CUMPLIDO
FORMALMENTE OE, PDH 2018-2026
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
A principios del año 1997 los medios de comunicación televisiva, escrita y radial, dieron a conocer a la población en general los acontecimientos del proceso de paz y el con-tenido de los Acuerdos de Paz mediante el apoyo de la MINUGUA. Aunque la divulgación no fue plena por parte del Estado, pues solo entregó 20,000 ejemplares en el año 1997, la Misión contribuyó en realizar charlas informativas en donde participaron 12,000 personas y capacitaciones a 10,000 personas del sector popular, magisterial y de las fuerzas de seguridad, pero se constató que en el área rural hay desconocimiento de los Acuerdos, pues la información está centralizada (Mario Antonio Ardón Aguilar (2003).
La infl uencia de los medios de comunicación social como parte de la educación informal la población frente al proceso de paz).
En forma general se dieron a conocer los Acuerdos de Paz a la sociedad guatemalteca; ahora hace falta trabajar fuertemente la cultura de paz, pues las cifras de muertes actualmente son considerables respecto a lo ocurrido durante el confl icto armado interno; aunque dependen de varios factores, estos se explican principalmente por la edu-cación y el empleo.
Recursos presupuestarios 2017: MICUDE Programa 14, Actividad 003; SCEP Unidad Ejecutora 204, Programa 63, Subprograma 01 Actividad 002 y Subprograma 02
Resumen:
Estado de cumplimiento del Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos
Estado de cumplimiento No. Descripción del estado de cumplimiento
Cumplido 1 Cumplido en su totalidad y en este no se prevén acciones de seguimiento. Cumplido sostenido 1 Cumplido en su totalidad, y sus acciones se han mantenido en el tiempo. Cumplido parcialmente 4 Las acciones de un compromiso no se han realizado en su totalidad.
Cumplido formalmente 2 Cumplido en la formalidad de su enunciado, pero no las acciones consecutivas de su espíritu y alcances. Incumplido 0 No se han realizado acciones para su consecución.
2.
Acuerdo Global sobre Derechos Humanos –AGSDH–
México, D. F., 29 de marzo de 1994
Descripción del acuerdo: Preámbulo. Teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales vigentes en materia de derechos humanos y los tratados, convenciones y
otros instrumentos internacionales sobre la materia de los que Guatemala es parte; Considerando la voluntad del Gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para que el Acuerdo de Derechos Humanos y de Verifi cación Internacional se aplique en consonancia con las citadas disposiciones constitucionales y tratados internacionales; Teniendo presente el compromiso del Gobierno de Guatemala de respetar y promover los derechos humanos, conforme al mandato constitucio-nal; Considerando igualmente que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca asume el compromiso de respetar los atributos inherentes a la persona humana y de concurrir al efectivo goce de los derechos humanos; Reconociendo la importancia de las instituciones y entidades nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, así como la conveniencia de fortalecerlas y consolidarlas; El Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en adelante “las Partes”, acuerdan:
No.
Compromiso Compromisos –AGSDH– cumplimientoEstado de Institucionalidad responsable Calendarización
1
I. COMPROMISO GENERAL CON LOS DERECHOS HUMANOS
1. El Gobierno de la República de Guatemala reafi rma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos.
CUMPLIDO FORMALMENTE La totalidad de la institucionalidad pública N/A
2 Así como su voluntad política de hacerlos respetar. FORMALMENTECUMPLIDO
La totalidad de la institucionalidad
pública
N/A
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
Sobre el tema la sección F. Lineamientos generales de política correspondientes al eje “Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo”, de los “Lineamientos Generales de Política 2016-2018”, publicados en febrero del año 2015 y perfi lados por la Secretaría de Planifi cación y Programación de la Presidencia (SE-GEPLAN), se estableció que para dar viabilidad y operativizar la Política Nacional de Desarrollo: K´atun 2032, el Estado de Guatemala está llamado a realizar profundas transformaciones que garanticen la democracia y deriven en resultados globales de bienestar a todo el pueblo. En tal sentido, se priorizará lo siguiente:
1. Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo. 2. Gobernabilidad democrática.
3. Seguridad y justicia con equidad y pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, social, de género y etaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe al 31/Diciembre/2015, destacó su preocupación, porque en Guatemala ha habido una falta de cum-plimiento por parte del Estado de las recomendaciones y de las sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
A pesar de que Guatemala aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9/Marzo/1987, y se comprometió a cumplir sus decisiones, durante el gobierno del ex Presidente Otto F. Pérez Molina, en casos decididos e incluso en los que el Estado había aceptado responsabilidad, se negó la obligatoriedad de los com-promisos asumidos, y cuestionó la competencia temporal de la Corte, e insistió en la legitimidad de las amnistías decretadas durante el confl icto armado interno, incluida la contenida en la Ley de Reconciliación Nacional de 1996.
No.
Compromiso Compromisos –AGSDH– cumplimientoEstado de Institucionalidad responsable Calendarización
de la obligatoriedad de las Sentencias dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales”.
La Corte detalló la inaplicabilidad de la Ley de Reconciliación a los casos materia de la supervisión y ordenó que el Estado debía de adoptar “en defi nitiva, y a la mayor bre-vedad, todas las medidas que fueran necesarias para dar pronto cumplimiento a las Sentencias”, acatar sus obligaciones convencionales de buena fe e informar al Tribunal. Durante una audiencia sostenida en el 156º período ordinario de sesiones de la CIDH, realizado entre el 17 y 28/Octubre/2015, el Estado reiteró ante la CIDH su planteamien-to sobre el alcance de la competencia de la Corte Interamericana; asimismo reiteró su posición respecplanteamien-to a la alegada legitimidad de la amnistía como causal de extinción de responsabilidad penal en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el confl icto armado interno.
La CIDH, reiteró al Gobierno de Guatemala que esta posición contraviene los estándares y jurisprudencia interamericana y contribuye a la impunidad imperante.
A pesar de lo anterior, la CIDH también reconoció avances en distintos ámbitos que repercuten directamente en la situación de los derechos humanos. La CIDH enfatizó en los cambios en pro de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, promovidos y provocados por el trabajo de funcionarios públicos comprometidos con la jus-ticia, de las y los defensores de derechos humanos, y de las y los dirigentes sociales. Y resaltó el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos, así como de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Destacó además, entre otros indicadores, la reducción de la tasa de homicidios en materia de seguridad ciudadana, y la decisión de la Corte de Constitucionalidad de septiem-bre de 2015 en materia de derechos indígenas, que por primera vez ordenara se practicara la consulta a las comunidades indígenas afectadas por un proyecto de inversión. También en materia de administración de justicia destacó la labor de la CICIG y el Ministerio Público en la desarticulación de redes criminales y en la lucha contra la corrup-ción. En este sentido, la Comisión valoró que en el año 2015 se haya prorrogado el mandato a la CICIG, los esfuerzos del Estado para crear un programa de protección a periodistas, las acciones tomadas para prevenir y combatir la trata de personas y, la creación de estadística diferenciada en materia de violencia contra la mujer que alimentan el diseño de políticas públicas, entre otros. El año 2015 fue y será para Guatemala un año de especial impacto desde la revelación del llamado “Caso La Línea” y de otra serie de actos de corrupción, lo que derivó en la exigencia ciudadana por la renuncia del Presidente de la República, propósito que se consiguió el 3 de septiembre de 2015.
Recursos presupuestarios 2017: Por ser compromisos de carácter político no requieren presupuesto de operación.
3
2. El Gobierno de la República de Guatemala continuará impulsando todas aquellas medi-das orientamedi-das a promover y perfeccionar las normas y mecanismos de protección de los derechos humanos.
CUMPLIDO
PARCIALMENTE OE 2018-2026
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
El Gobierno del Presidente Jimmy Morales (período 2016-2020), demuestra su voluntad política de continuar en el avance por la defensa de los derechos humanos en el país, la cual enmarcó en su “Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno”, específi camente en la urgente necesidad de combatir la pobreza general y extrema, la desnutrición y la inseguridad ciudadana, así como atender las demandas para avanzar y restituir los derechos humanos.
El Gobierno, además, pretende priorizar los ejes, resultados, metas y lineamientos establecidos en el K’atun 2032. El Plan también hace referencia al refuerzo institucional y presupuestario de la Policía Nacional Civil (PNC) y al Sistema Penitenciario (SP); la tolerancia cero a la corrupción; el impulso a la modernización del Estado; el trabajo en pro de la seguridad alimentaria y nutricional, la salud integral y la educación; el fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), del turismo, de la vivienda, y de la generación de trabajo; el incremento en la seguridad ciudadana, y la propuesta de estrategias que benefi cien al ambiente y los recursos naturales. Durante su participación en la 71 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (septiembre 2016), expresó su compromiso con la paz, los derechos humanos, la seguridad y los desafíos glo-bales, al mismo tiempo de ratifi car su rechazo a la corrupción. Ratifi có su compromiso con Naciones Unidas y reiteró su vocación multilateral y pacifi sta, citado textualmente:
“convencido de que los desafíos globales como la seguridad, el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y el cambio climático deben ser abordados mediante el diálogo y la negociación colectiva en el sistema universal”. Indicó que en Guatemala los derechos humanos están íntimamente ligados al respeto, la democracia y el Estado de
No.
Compromiso Compromisos –AGSDH– cumplimientoEstado de Institucionalidad responsable Calendarización
A mediados de 2016 en el Ministerio de la Defensa Nacional inició funciones como Dirección, la Dirección General de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH), la cual surgió como una iniciativa del Mando del Ejército para potenciar la vigencia y el respeto de los DDHH como al DIH tanto de hombres como de mu-jeres de sus fi las en el cumplimiento de las misiones que constitucionalmente le corresponden a la Institución Armada. Sus funciones, indican, estarán en el fi el cumplimiento de la Constitución Política de la República, Tratados y Convenios Internacionales ratifi cados por el Estado, así como en los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, lo cual se constituye en un esfuerzo y una medida que desde el Gobierno impulsa el cumplimiento de este compromiso.
Recursos presupuestarios 2017: OE (por ser un compromiso de carácter político no requieren presupuesto de operación). COPREDEH 12-00-000-003-000, Asignación
Proyectada: Q 117,409,946.00
4
II. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HU-MANOS
1. Las Partes consideran que cualquier comportamiento que limite, restrinja o atente contra las funciones que en materia de derechos humanos tienen asignados el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, socava principios funda-mentales del Estado de derecho, por lo que dichas instituciones deben ser respaldadas y fortalecidas en el ejercicio de tales funciones.
CUMPLIDO
PARCIALMENTE OJ, PDH, MP. 2018-2026
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
Respecto a los comportamientos que limitan, restrinjan o atenten es conveniente hacer mención que, la persecución penal se enmarca en los acuerdos de trascendencia nacional como lo son los convenios internacionales que en materia de derechos humanos ha ratifi cado el Estado de Guatemala, y ya que esta persecución penal está dentro del marco de este Acuerdo, por medio del cual el país se comprometió a combatir cualquier manifestación de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, para mantener un irrestricto respeto de los derechos humanos, Naciones Unidas reconoció que la corrupción afecta el goce y disfrute de los derechos humanos, por lo que en 2012 el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que realizara un informe al respecto, mismo que fue conocido por la Asamblea General del Consejo en su 23º período de sesiones. En el resumen de los debates, en los que participó Guatemala, los miembros reconocieron que la corrupción afecta a todos los países y subrayaron la necesidad de combatirla en los planos nacional e internacional con un enfoque integral y una mayor cooperación. Además, se señaló que la corrupción genera injusticia y obstaculiza el ejercicio de los derechos humanos, la consecución del desarrollo, la erradicación de la pobreza, el hambre y la prestación de servicios básicos. Por ello, al analizar la situación de los derechos humanos, deben considerarse todos los elementos que los limiten,
tal como sucede con la corrupción, la cual ya se comienza a denunciar, probar y sancionar. El PDH en su Informe Anual Circunstanciado y Memoria de Labores 2014, destaca
los efectos de la corrupción en perjuicio del goce y disfrute de los derechos humanos.
Compromiso Compromisos –AGSDH– cumplimiento responsable Calendarización
En monitoreo de prensa realizado, se encontró que, como parte del “Presupuesto Abierto 2017” (que consta de diálogos entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil para analizar la forma en que se elaborará el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado), las máximas autoridades del OJ y MP presentaron sus propuestas sobre los recursos económicos que deberían asignárseles para el 2017: El presidente del OJ requirió Q 2,938,019,331.00, los cuales serían distribuidos así: Q 2,340,620,626.00 para gastos de funcionamiento y Q 597,398,705.00 para proyectos a desarrollar. El presupuesto de 2016 para el OJ es de Q 1,191,867,311.00. Por su parte la titular del MP, solicitó que de Q 1,500,729,997.00 asignados en 2016 se aprueben fondos por Q 1,791,710,259.00 para 2017, los cuales se aplicarían para el fortalecimiento de distintas fi scalías, entre estas la de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia, Contra la Corrupción, Contra las Extorsiones y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Además, que el MP tiene previsto crear 12 nuevas Fiscalías porque únicamente tiene el 10% de cobertura municipal.
El presupuesto anual asignado a la Procuraduría de Derechos Humanos PDH, creció de Q 75,535,187.69 ejecutado en el 2007, a Q 120.0 millones asignados para el ejercicio fi scal 2016, lo que signifi ca que durante el período aumentó en 63 puntos porcentuales (63%).
Recursos presupuestarios 2017: SISTEMA DE JUSTICIA 002-000 Asignación Proyectada Q 4,053,869,371.00; APOYO AL SISTEMA DE JUSTICIA
99-01-000-003-000 Asignación Proyectada Q 233,700,000.00; DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS 99-01-000-009-000 Asignación Proyectada Q 154,000,000.00 5
2. En lo que respecta al Organismo Judicial y al Ministerio Público, el Gobierno de la Repú-blica de Guatemala reitera su voluntad de respetar su autonomía y de proteger la libertad de acción de ambos frente a presiones de cualquier tipo u origen, a fi n de que gocen plenamen-te de las garantías y medios que requieran para su efi cienplenamen-te actuación.
CUMPLIDO
PARCIALMENTE OE N/A
Contexto 2016 y valoración del estado de cumplimiento:
El principio de independencia judicial se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico; no obstante, las evidencias dan muestra que aún no se alcanza una efectiva apli-cación del mismo, que se ve ejemplifi cado en la cantidad de jueces y magistrados y el personal de apoyo judicial y administrativo que no permite cubrir en forma uniforme a todos los departamentos de la República. El proceso de selección se basa en criterios subjetivos y en inclinaciones políticas de los candidatos, más que en las calidades y méritos personales, lo cual permite injerencias a la independencia del Organismo Judicial. Algunas de las presiones y amenazas de irrespeto a la autonomía y protección de la libertad de acción del OJ y MP, que atentan contra las garantías y medios para una efi ciente actuación de ambas instituciones, encontradas en documentos e informes internacionales sobre la justicia en Guatemala y que datan de 2010, se enumeran a continuación:
‒ Distracción de la Corte Suprema de Justicia por una cantidad importante de funciones administrativas.
‒ Falta de independencia económica evidenciada mayormente en la Magistratura 1999-2004 en la que además de no recibir el aporte constitucional completo (mínimo un 2% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado), hubo retardos en su asignación.
‒ El presupuesto está destinado a cubrir en su mayoría costos de operación más no de inversión, lo que redunda en imposibilidad de crecimiento en infraestructura y fun-cionamiento.
‒ El ordenamiento jurídico no garantiza un procedimiento de selección reglamentado con base al mérito, dado que la Constitución Política de la República, establece el sistema de Comisiones de Postulación para nominar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y tribunales colegiados de igual categoría (de igual manera sucede con el Titular del MP).
‒ Durante los últimos 20 años, en casos paradigmáticos se han documentado intromisiones de los otros poderes del Estado en relación a la actividad jurisdiccional. ‒ No han cesado en los últimos 10 años, los homicidios y denuncias por atentados y amenazas en contra de los jueces, y fi scales del MP.
En consecuencia, el marco legal y la capacidad institucional mínima del Estado de Guatemala no es condición sufi ciente de un Organismo Judicial independiente.