Principios y propuestas ante la negociación de un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea

F

EBRERO DE

2008

P

RINCIPIOS

Y

PROPUESTAS

ANTE

LA

NEGOCIACIÓN

DE

UN

ACUERDO

DE

ASOCIACIÓN

ENTRE

CENTROAMÉRICA

Y

LA

UNIÓN

EUROPEA

ALOP y la Iniciativa CID reconocen y agradecen el apoyo recibido de Oxfam Internacional para la producción del presente documento.

La presente publicación se da en el marco del Proyecto del Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América Latina, que ALOP, A.C., ejecuta con el apoyo de las agencias: Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur, 11.11.11. (Bélgica) e ICCO, Oxfam Novib, Hivos y Cordaid (Holanda).

Propósito del Documento

Contexto

Principios de la Negociación

Diálogo Político

Cooperación

Comercio

Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en las

Negociaciones del AdA

5 7 15 23 29 13 19

C

ONTENIDO

O

RGANIZACIONESQUEINTEGRAN INICIATIVA CID

Guatemala

Centro para la Paz y Transformación de Conflictos

(PAZCI)

El Salvador

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) Organización de Mujeres

Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) Federación de Asociaciones de Pescadores Artesanales de El Salvador (FACOPADES) Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) Honduras

Foro Social por la Deuda Externa (FOSDEH)

Nicaragua

Centro Alexander vön Humboldt Central de Trabajadores José

Benítez Escobar Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP)

Costa Rica

Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional de Costa Rica

O

RGANIZACIONESQUEINTEGRAN

ALOP EN CENTROAMÉRICA

Guatemala

Proyecto de Desarrollo Santiago-La Salle (PRODESSA) Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

El Salvador

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) Fundación Salvadoreña para la

Promoción y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE)

Honduras

Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER)

Nicaragua

Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (ADP)

Costa Rica

Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI)

a Iniciativa de Comercio Integración y Desarrollo (Iniciativa CID) y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, A.C. (ALOP) se constituyen con bases organizativas sólidas y capacitadas en todos los países de la región centroamericana. Estas dos redes están integradas por organizaciones reconocidas en la región, con larga experiencia de investigación y destacada capacidad de incidencia, particularmente en las relaciones con la Unión Europea.

Ambas organizaciones han hecho esfuerzos de trabajo conjunto desde hace algunos años. En 2002 lanzaron el proyecto “Corredor del Diálogo Mesoamericano”, que tenía como finalidad un trabajo de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones integrantes de las redes respecto de la integración regional, y un mayor conocimiento de lo que podría suponer en términos de desarrollo para Centroamérica un posible Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Actualmente, ALOP y la Iniciativa CID consideran de gran importancia impulsar un proceso de participación e incidencia ciudadana en torno a las negociaciones del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centro América (CA) y la Unión Europea (UE). En este marco, presentan a la opinión pública algunos principios y propuestas en torno a dicho proceso. El presente documento contiene propuestas alrededor de cuatro temáticas, los tres pilares del AdA (diálogo político, cooperación y comercio), y un mecanismo de participación para la sociedad civil que abarca tanto el proceso mismo de negociación como la posterior implementación del AdA.

De esta forma, nuestro propósito es promover un proceso de participación ciudadana proactiva y propositiva de cara al AdA CA-UE, con el objetivo fundamental de contribuir y apoyar con nuestros esfuerzos constructivos al desarrollo de nuestros pueblos, especialmente de sus sectores más vulnerables.

L

L

os países de Centroamérica cuentan con una posición geopolítica privilegiada y con una riquísima biodiversidad que la hacen una región importante desde varios puntos de vista, pero con serios problemas estructurales en cuanto a su desarrollo y la cohesión de sus sociedades. Es por esto que los países de la región centroamericana requieren de transformaciones que les permitan lograr un desarrollo humano sostenible en términos de equidad social y creación de oportunidades. Para ello, las organizaciones sociales integrantes de la Iniciativa CID y ALOP consideramos imperativo que prevalezcan los intereses colectivos por encima de los intereses de algunos sectores económicos que han tenido preeminencia histórica en la región.

La región sufre de serios problemas en su proceso de integración, al que los países han dedicado muchos años y recursos sin que ello se traduzca en mejoras visibles y sustantivas en la calidad de vida de sus poblaciones. Evidencia de ello fue la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en ingles) en donde cada país negoció en términos de ofrecer más y recibir menos para sacar supuestas ventajas competitivas. En este contexto, la UE confiere gran importancia a la integración regional, demandando una negociación del AdA con CA de bloque a bloque, en donde desarrollo, integración regional y negociación comercial aparecen como dimensiones de un mismo proceso aunque con cursos diferentes para su concreción. Sin embargo, el inicio de las negociaciones de un AdA entre CA y la UE genera tanto expectativas como preguntas y temores en múltiples actores económicos, sociales y políticos de ambas regiones. En particular, las dudas giran en torno a si este Acuerdo será una repetición o una alternativa a los clásicos Tratados de Libre Comercio (TLC), de los cuales Centroamérica tiene la controvertida y reciente experiencia del DR-CAFTA.

Desde el lado europeo, se insiste con que el proyectado AdA con CA no será un simple TLC, comprenderá también los aspectos de diálogo político y cooperación a los que se asigna igual importancia dentro del conjunto de la negociación y eventual AdA. Más aún, repetidamente se ha manifestado que los tres componentes son interdependientes, y que su tratamiento y

1 _{La balanza comercial con la UE,}

mismo con la vigencia del SPG plus, es deficitaria para los centroame-ricanos en alrededor de mil millones de dólares anuales (en el 2005, el saldo para CA de su comercio con la UE fue de -1,081.52 millones de dólares). Hasta el presente, los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, no han logrado aprovechar las ventajas ofrecidas por el tratamiento preferencial (SPG+) de que gozan sus exportaciones hacia la UE. Entre las razones más comúnmente evocadas aparecen la falta de conocimientos sobre cómo aplicar las normas de origen y la obtención de certificados, así como la falta de competitividad de las empresas centroamericanas.

2 _{Si a fines de la década de los 90 los}

países de CA solamente recibían el 2% del total de la Inversión Directa de la UE en el mundo, en los primeros años de esta década dicho promedio se había más que duplicado sumando alrededor del 5% del total de la inversión de la UE; y en el 2004 ya representaba el 10.34%.

3 _{Consultar la estrategia propuesta}

por la Comisión Europea “Una

Europea Global: Competir en el Mundo”.

profundización dependerá de la voluntad política de las partes, por lo que se espera que el futuro AdA abra nuevas posibilidades de desarrollo para el Istmo.

En este mismo sentido, la parte europea ha repetido que no tiene un real interés económico en la negociación del posible AdA, en el entendido que el comercio con la región centroamericana no es relevante en volumen para la UE. Tampoco la UE es el principal socio comercial de CA: para los países centroamericanos, entre 2001 y 2005 las exportaciones hacia la UE representaron en promedio, el 10.8% del total, mientras que las importaciones solo significaron el 9.4% del total.1 _{Sin embargo, las relaciones}

económicas de CA con la UE van mucho más allá de las relaciones comerciales, en especial si se tiene en cuenta la creciente importancia de las inversiones europeas en la región.2 _{Por otro lado, la vigencia del CAFTA como trampolín}

para acceder al mercado norteamericano posiblemente tenderá a incrementar el interés de las inversiones europeas en la región. En consecuencia, los impactos de un AdA entre la UE y CA en materia de inversiones y servicios no son de poca monta para Centroamérica.

Además, un eventual AdA abarcará un espectro amplio de cuestiones económicas entre ambas regiones que van más allá de los posibles acuerdos en materia de acceso a mercados, como: derechos de propiedad intelectual, normativas laborales y ambientales, compras de gobierno, medidas sanitarias y fitosanitarias, etc. Todo ello supone que si bien la importancia de CA puede no ser tan significativa dentro del universo comercial de la UE, la región sí adquiere toda otra relevancia cuando entran a considerarse estos componentes en el marco de la estrategia de competitividad global de la UE.3

En este sentido, entre los elementos del contexto en que se desarrollan las negociaciones del AdA CA-UE hay que tener presente lo que debe verse como una contradicción en sí misma, es decir, la tensión entre la multilateralidad y la bilateralidad o birregionalidad de la política comercial europea.

Por un lado, la UE mantiene su apoyo al sistema multilateral de comercio enfatizando la importancia de las dimensiones de desarrollo en la Ronda de Doha. De esa cuenta, la propia UE manifiesta que la OMC es el ámbito apropiado para las negociaciones comerciales. Sin embargo, en lugar de cumplir con su parte de los compromisos hechos en Doha para establecer las condiciones para un sistema multilateral de comercio justo, la UE en su práctica, ha mostrado mucho más interés por la ruta bilateral a través de nuevos tratados de libre comercio con América Latina y otras regiones o países, África, Caribe y Pacífico (ACP), países Asiáticos y ASEAN, países del Golfo Pérsico y del Mediterráneo.

De igual manera, plantea su intención de obtener paridad con los acuerdos alcanzado por Estados Unidos (EEUU) en la región, como lo hizo antes con México y Chile. Esta dinámica provoca la pregunta sobre si la búsqueda de estos AdA por la UE tenga más que ver con la carrera para acceder a mercados y lograr condiciones favorables para las inversiones europeas, e incluso acceso al mercado norteamericano que proporcionan los acuerdos

4 _{No está demás, poner atención en}

las preocupantes distracciones para el sistema multilateral que provoca el creciente número de acuerdos comerciales bilaterales, de tal manera que vengan a complicar las negociaciones multilaterales como bien se evidencia en este momento, desviando recursos de negociación del ámbito de la OMC.

comerciales firmados por varios países latinoamericanos con los EEUU, más que para la promoción del desarrollo y la integración en América Latina.4

Estos elementos no pueden estar ausentes al analizar la negociación de un AdA entre la UE y los países centroamericanos. Y en este punto, surge una preocupación fundamental respecto de cómo un eventual AdA entre la UE y CA abordará, o ignorará, las asimetrías existentes entre las partes y establecerá mecanismos que contribuyan a equilibrar y/o compensar las desigualdades entre ambas regiones, poniendo énfasis en la atracción de inversiones que favorezcan los encadenamientos verticales con las empresas nacionales en CA; que faciliten la introducción de mejores prácticas productivas y que beneficien con transferencia de tecnología a las empresas locales, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, la mayoría en la región.

Otro elemento a tener en cuenta respecto de la naturaleza y alcance del eventual AdA CA-UE radica en la importancia asignada a la integración regional dentro de los prerrequisitos planteados por la UE a los países centroamericanos para iniciar las negociaciones. Se supone que el eventual AdA contribuya a fortalecer el todavía incipiente, y por momentos en exceso declarativo, proceso de integración regional representado por el Sistema de Integración Centro Americana (SICA) el que debería, según la parte europea, lograr concretar algunas de sus tareas pendientes más evidentes antes de la firma de un Acuerdo.

No se nos escapa por cierto el interés de la UE en que se logren avances efectivos en la integración centroamericana como forma de facilitar su comercio con la región, pero a la vez es evidente que la región requiere avanzar en la concreción de una serie de mecanismos que permitan su efectivo funcionamiento como sistema de integración, logro que redundaría en beneficio de su desarrollo, más allá de cualquier interés foráneo en su concreción. Justamente la posibilidad de que el AdA con la UE contribuya a profundizar la integración regional centroamericana es otro de los argumentos esgrimidos para diferenciarlo de un TLC tradicional, aunque este punto también merece ser analizado con mayor atención.

Es cierto que la UE apoya políticamente y ha aportado recursos económicos para fortalecer la integración económica regional de CA. Sin embargo, la actitud europea a la hora de evaluar la concreción de dichos avances no ha sido todo lo exigente que podría haberse esperado, desde nuestra perspectiva, en beneficio de una efectiva y multidimensional integración regional. Es cierto que la UE no puede obligar a los países centroamericanos a integrarse, y muy lejos estamos de semejante planteo. Obvias razones de respeto a la soberanía de los pueblos centroamericanos nos llevan a rechazar cualquier forma de ingerencia externa. Hacemos esta afirmación porque estamos convencidos de los beneficios que puede aportar una efectiva y amplia integración regional centroamericana, no sólo en términos económicos, sino políticos, sociales, culturales, etc., como componente principal de un proyecto de desarrollo integral y sostenible para la región que permita superar, o por lo menos reducir de manera importante, su vulnerabilidad estructural y sus bolsones de pobreza e inequidad.

5_{Acuerdo de Diálogo Político y}

Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra parte. Firmado en Roma el 15 de diciembre de 2003.

Otro punto importante es que la UE ha puesto como condición para la negociación con CA el hacerlo como bloque y no con cada país centroamericano por separado (sin articulación de posiciones comunes ni defensa conjunta de intereses regionales centroamericanos - como fue negociado el DR-CAFTA). Esta cuestión, que también puede ser criticada si es entendida como una imposición de la parte europea, ha generado polémica en CA y demandado arduas negociaciones entre sus gobiernos para alcanzar una fórmula de consenso para encarar juntos, pero no tanto, las negociaciones: la “vocería única rotativa”. Bajo esta formula el país sede de cada ronda de negociación será el vocero regional. En la siguiente ronda en Bruselas, ese país mantendrá la representación, la cual cambiará cuando la reunión vuelva a realizarse en CA. Ahora bien, si la preocupación inicial ha sido la de cómo negociar, más difícil todavía puede resultar lograr una propuesta regional centroamericana para las negociaciones. Hay un compromiso de hacerla, pero el cómo lograrla y luego defenderla conjuntamente en la mesa de negociación con la UE demandará un gran esfuerzo de concertación política y diplomática de parte de los gobiernos centroamericanos.

Para ALOP e Iniciativa CID los componentes de diálogo político y cooperación son tan importantes en la negociación del AdA como los aspectos comerciales y de inversiones. Así ha sido afirmado por las autoridades europeas y recogido por los centroamericanos, y mucho nos interesa que así resulte, para que el AdA constituya un instrumento a favor del desarrollo humano sostenible en CA. Sin embargo debemos tener presente al respecto algunos elementos que nos obligarán a estar muy atentos al desarrollo de las negociaciones para que tal objetivo se logre.

En primer lugar, hay un texto sobre estos temas que no ha entrado en vigor, pero que es la base que tendrá la negociación de estos capítulos.5 _{Al parecer}

todo el contenido del Acuerdo sobre Diálogo Político y Cooperación está sobre la mesa de negociación; sin embargo, es altamente probable que algunos de los gobiernos centroamericanos se muestren reacios a volver a discutir cuestiones como derechos humanos o cláusula democrática, más allá de los términos ya acordados en el 2003. En especial, sería apropiado (aunque parece difícil) que la cláusula democrática y las cláusulas de carácter social y medioambiental puedan ser incluidas en el AdA de una manera vinculante y dotadas de mecanismos e instrumentos para asegurar su implementación positiva. Algo parecido puede ocurrir del lado europeo si nos imaginamos un posible tratamiento del tema de la deuda externa de los países de CA, si se propusiera por parte de los centroamericanos condonarla o convertirla en programas de inversión social y fondos compensatorios para los efectos del propio AdA sobre sectores más sensibles o vulnerables.

De todas formas, defender la cooperación como un instrumento central de las relaciones, manteniendo el objetivo de promover el desarrollo sostenible, la cohesión social y la integración regional y no subordinándola a ser un instrumento compensatorio de un acuerdo de libre comercio, puede hacer en este punto del AdA algo más y sustantivamente diferente a un TLC. Pero eso está todavía por verse.

En segundo lugar, la negociación del AdA CA-UE se anuncia acompañada de dos iniciativas cuya efectiva implementación podrían contribuir a hacerlo

diferente a un TLC tradicional, tanto en su negociación como en sus contenidos y seguimiento. Nos referimos a los Estudios de Impacto y Sostenibilidad del Acuerdo (SIA por sus siglas en inglés), y al acceso oportuno a la información y a una efectiva participación de la sociedad civil en su negociación y seguimiento.

Respecto a los SIA, son un requisito auto-impuesto por la UE para la firma de sus acuerdos comerciales. Se refieren en especial a los efectos que un posible acuerdo comercial con un tercer país o región puede tener en términos económicos, sociales y medioambientales en la UE, pero también en el país o región social. Está previsto que se haga un SIA respecto del AdA con CA, proceso que ha tardado en iniciarse mucho más allá de lo deseado y previsto. Ahora bien, si se quiere que estos Estudios tengan algún sentido más allá de cumplir con el requisito normativo europeo, deberían contemplarse una serie de condiciones, como por ejemplo: que estén finalizados antes del inicio de las negociaciones para que sus eventuales resultados pudieran ser contemplados en el propio AdA (cosa que ya no es posible), o que por lo menos se prevea en su texto mecanismos de seguimiento y evaluación de sus impactos y se contemplen mecanismos compensatorios; o que los borradores de estos Estudios sean ampliamente difundidos y abiertos a comentarios y propuestas, no sólo a nivel de los gobiernos, sino de grupos económicos y sociales antes de su versión final, etc.

Además, este punto se relaciona claramente con la transparencia de las negociaciones y la posibilidad de acceder a información oportuna y completa respecto de lo que se negocia. Es evidente que los gobiernos defenderán la opacidad de las negociaciones en función de intereses a preservar, y es posible que tengan parte de razón teniendo presente su legítimo interés a negociar los mayores beneficios para sus países. Pero de ninguna manera ese objetivo puede justificar un aislamiento de los negociadores respecto de sus representados, las sociedades de sus respectivos países, que tienen el derecho de estar informadas y ser consultadas de manera oportuna y lo más completa posible de los contenidos, avances y posibles resultados de los acuerdos que se negocian.

Finalmente, esto nos conduce a otro tema de particular importancia para las organizaciones de la sociedad civil, es decir, el de su participación en el seguimiento de las negociaciones y en la implementación del AdA. La exclusión tradicionalmente de la sociedad civil de los procesos negociadores de acuerdos comerciales no ha sido exclusiva de las organizaciones sociales, también han sido excluidos los parlamentos que han recibido textos ya firmados para su aprobación sin poder modificar los contenidos ya pactados, so pena de tirar abajo los acuerdos logrados. Respecto de las negociaciones entre CA y la UE el último apartado de este documento aborda la cuestión de la participación de la sociedad civil y plantea propuestas para que no se repitan tales exclusiones o postergaciones de las consultas y posibilidades de participación en el proceso de negociación del Acuerdo. Ningún eventual ADA entre CA y la UE contará con la legitimidad necesaria, si en su negociación las respectivas sociedades civiles quedan al margen de su discusión.

E

3. P

RINCIPIOS

DE

LA

NEGOCIACIÓN

l Acuerdo de Asociación CA-UE debe partir del reconocimiento de principios fundamentales que deben quedar expresamente definidos dentro del marco del Acuerdo:

I. El AdA debe establecerse en función de fomentar, proteger y respetar los derechos humanos y sociales de los pueblos de la región centroamericana, es decir tener como objetivo primordial el desarrollo humano sostenible de CA.

II. La negociación y contenidos del AdA deben contribuir al fortalecimiento de la integración centroamericana a nivel institucional, económico, político y social. Esto implica una integración social-incluyente.

III. El proceso de negociación debe ser democrático, desburocratizado, marcado por una amplia y oportuna divulgación de la información, con mecanismos ágiles y oportunos para su seguimiento.

IV. La región centroamericana debe negociar en bloque, como región unificada y coordinada, a partir de una visión regional de desarrollo compartida.

V. Las partes negociadoras deben garantizar una participación real y efectiva de la sociedad civil en el proceso de negociación. Esta participación debe ser incluyente, calificada y vinculante.

VI. El AdA debe reconocer claramente las asimetrías existentes entre la UE y CA y al interior de CA y establecer un Trato Especial y Diferenciado (TED). Esto debe quedar consagrado como uno de los principios del AdA. El TED se debe implementar a través de mecanismos innovadores que vayan mas allá (pero incluyan extensivamente) amplios períodos de desgravación y exclusión de productos sensibles, por ejemplo, condicionando los compromisos de liberalización de CA al cumplimiento de umbrales relativos a indicadores de desarrollo económico y social.

6 _{Consenso Europeo sobre Desarrollo:}

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ s i t e / e s / o j / 2 0 0 6 / c _ 0 4 6 / c_04620060224es00010019.pdf

VII. El AdA debe incorporar comprensivamente todos los aspectos relacionados con la promoción del respeto y protección de los derechos humanos y los principios democráticos. El Acuerdo no debe reducir los estándares de protección ya incluidos en el SPG Plus, sino por el contrario, reforzarlos, como mínimo incorporando de manera vinculante los 27 Convenios del artículo 9 del SGP Plus y el Convenio 169 de la OIT y contemplando los demás instrumentos actuales y futuros de protección de derechos humanos y de promoción del desarrollo sostenible. Asimismo el AdA debe establecer mecanismos de monitoreo e implementación positiva del respeto a estos principios.

VIII. Es necesario abogar porque la posible firma de un AdA entre CA y la UE, no implique un cambio al eje central de la relación histórica entre las dos regiones enmarcada en el diálogo político y la cooperación al desarrollo. En este sentido, el AdA debe ser coherente con el objetivo primordial de promover el desarrollo humano sostenible de los pueblos centroamericanos, reflejándose en un equilibrio de los tres componentes de AdA en el marco de la

“

coherencia de políticas a favor del desarrollo

”

y los principios, valores

y objetivos consagrados en el Consenso Europeo sobre Desarrollo6_. IX. Antes y durante el proceso de negociación, es necesario determinar cuáles son los potenciales impactos que tendría el AdA en CA. Se debe contar con Estudios de Impacto y Sostenibilidad lo más pronto posible, que identifiquen y analicen las oportunidades y amenazas del Acuerdo para ambas regiones y que sean insumos para las negociaciones.

D

7 _{Entendida como: “acceso justo,}

equitativo y permanente a los beneficios y recursos económicos, productivos, culturales y ambien-tales generado por la actividad social y económica de la sociedad en su conjunto, por parte de todos los actores sociales sin distingo de raza, condición socioeconómica, género, edad o condiciones físicas”

Willing (Reinhard), La cohesión social en el modelo de economía social de mercado en Alemania, Seminario: “Avances en el Objetivo

de la Cohesión Social en Centroamérica”. Mencionado en

“La Cohesión Social en

Centroamérica” por ICAES y CCT.

8 _{La UE plantea en la Estrategia}

Regional 2007-2013 para América Central, poner atención a la falta de cohesión social, originada por “los altos niveles de pobreza y de extrema pobreza, a la distribución desigual de la riqueza y los ingresos y la limitada oferta de los servicios sociales básicos y del acceso a éstos, como salud y educación”.

4. D

IÁLOGO

P

OLÍTICO

esde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, el acuerdo sobre Diálogo Político debe ser el punto de referencia de los demás componentes, es decir fungir como el componente de equilibrio entre el acuerdo comercial y el de cooperación, como muestra de voluntad para un verdadero impulso a los procesos de desarrollo y de apertura a la participación de la sociedad civil.

El diálogo político debe verse como un instrumento sustantivo que sirva para promover, proteger y respetar los derechos humanos integralmente considerados, los valores democráticos y los principios del Estado de Derecho.

Un factor trascendental al inicio de las negociaciones debe ser la evidente voluntad política por parte de las autoridades de ambos bloques para que movimientos y organizaciones sociales participemos activamente en estos procesos de diálogo y negociación. Para ello hacemos algunas consideraciones que creemos necesario deben quedar explícitamente expresadas en el AdA y promovidas durante su implementación:

4.1 El fomento de la Cohesión Social7 _{desde una perspectiva de ciudadanía}

y derechos, es decir, involucrar en la discusión los grandes desafíos existentes de Centroamérica, como la consolidación y extensión de la democracia, la reelaboración del tejido social profundamente vulnerado por los conflictos armados y la permanente inestabilidad social, el débil crecimiento económico y las prevalecientes condiciones de pobreza extrema y de exclusión de la mayoría de población8_.

4.2 El componente de Diálogo Político del AdA debe traer consigo un serio planteamiento de la participación real de diferentes sectores de la sociedad y no solo un diálogo entre Estados. Por lo tanto, los mecanismos definidos para la implementación del Diálogo Político deben incluir de un manera institucionalizada la participación de la sociedad civil en todas las formas que este adopte (reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno, de Ministros, de Altos Funcionarios, etc.).

9 _{El trabajo decente resumido como}

las aspiraciones de las personas en su vida laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de género.

10 _{Globalización justa, entendido}

como la creación de oportunidades para todas y todos.

4.3 El Diálogo Político debe incluir en su agenda la vulnerabilidad ambiental determinada por el uso irracional de los recursos naturales y la débil gestión del medioambiente que son además, condiciones que deben prevalecer a la hora de hablar de cohesión social. Existe una estrecha relación entre grupos poblacionales en condiciones de pobreza o pobreza extrema y la vulnerabilidad ambiental, sobretodo porque dichos colectivos son los más afectados y expuestos ante desastres naturales.

4.4 El Diálogo Político debe fomentar la integración regional de los pueblos por medio de la promoción, el desarrollo y el respeto a los valores democráticos de cada sociedad y de la región en su conjunto. Es decir, respetando las autonomías de las Partes, promover la integración de los pueblos centroamericanos en todos los ámbitos de interés común, especialmente en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

4.5 El Diálogo Político debe abogar por la ratificación e implementación, por parte de los Estados parte del AdA, de todos los convenios e instrumentos actuales y futuros de protección de los derechos humanos y de promoción del desarrollo sostenible.

4.6 El componente de Dialogo Político del AdA debe comprender todos los aspectos relacionados con los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente9_{, creación de}

empleo, globalización justa10_{, derechos en el trabajo, diálogo social,}

protección social y la erradicación de la pobreza. Guardando especial interés en el Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas. Debe promoverse un compromiso serio por trabajar por la abolición de toda forma de racismo y discriminación.

4.7 El Diálogo Político debe abordar también los aspectos relacionados con el medio ambiente y la buena gobernanza, empezando por la ratificación e implementación efectiva, por todos los estados parte del AdA, de los convenios, protocolos y demás instrumentos internacionales existentes y futuros sobre estos temas.

4.8 El Diálogo Político debe establecer mecanismos jurídicos vinculantes que permitan operativizar la cláusula democrática en el futuro AdA, que incluyan la sumisión de informes sobre derechos humanos entre ambas partes, con participación de movimientos sociales, sindicatos y ONG. Hacemos referencia a la necesidad de aplicación de políticas “positivas” de condicionalidad y el establecimiento de mecanismos que permitan exigir el cumplimento de la cláusula democrática por parte del sector privado de ambas regiones (empresas e inversionistas, nacionales y extranjeros).

4.9 El Dialogo Político debe incorporar el tema Migratorio. Deben asegurarse los derechos y el respeto a la movilidad laboral de los actuales y futuros migrantes en cualquiera de los países o regiones suscriptores del AdA. Además, se debe incorporar programas acerca de la Protección e información contra la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes.

4.10 El Dialogo Político en materia de política exterior y de seguridad debe establecerse en el marco de la Naciones Unidas y fundarse en el respecto a los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho.

4.11 El dialogo político debe constituirse en el mecanismo por excelencia que permita a los gobiernos centroamericanos superar las divergencias entre los países -provocadas principalmente por diferendos limítrofes y migratorios-, armonizando las diferentes visiones y niveles de interés sobre el proceso de integración regional para avanzar en la superación de los desiguales niveles de desarrollo intrarregional que derive en una mayor apropiación social de la integración.

4.12 Finalmente, el Dialogo Político entre la UE y CA debe privilegiar objetivos e indicadores concretos sobre desarrollo humano sostenible, tales como -pero no limitándose a- los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, transparencia y buena gobernanza.

a cooperación ha sido un pilar fundamental en las relaciones entre la UE y los países centroamericanos, privilegiando un papel democratizador y de impulso al desarrollo. Por consiguiente debe constituir uno de los principales instrumentos para que el futuro Acuerdo de Asociación contribuya al desarrollo equitativo en la región y a la búsqueda del equilibrio en unas relaciones birregionales de por sí asimétricas.

La región requiere mantener un enfoque humano de la cooperación pues todavía son débiles los hilos de enlace entre las acciones que se han elaborado para responder a los desafíos que plantea el desarrollo en una región tan desigual. Las sociedades de la región necesitan que la ayuda establecida por la cooperación se descentralice y sea dirigida a los sectores que más lo necesitan, tradicionalmente afectados por las históricas condiciones estructurales de pobreza y ante los riesgos que pueden representar para ellos la apertura comercial indiscriminada, deben ser los destinatarios principales de la cooperación. Es indispensable para ello que la cooperación no termine favoreciendo a sectores dominantes y pudientes de las economías de estos países.

La UE afirma que el componente de cooperación que se está negociando en el marco del AdA no está vinculado con la cooperación (o ayuda) al desarrollo otorgada por la UE a CA. El componente de cooperación del AdA se refiere a una cooperación política y no comprende una asignación o negociación de recursos de cooperación. Por su parte, las estrategias y recursos de cooperación al desarrollo de la UE para CA ya se han definido para el periodo 2007-2013. Hay aquí una falta de coherencia ya que un AdA entre CA y la UE, en tanto marco comprensivo y rector de las relaciones entre las dos regiones, debe integrar todos los elementos relativos a cada dimensión de las relaciones y componente del AdA. Por lo tanto, en las negociaciones del AdA se debe discutir la cooperación (ayuda) al desarrollo pasada, actual y futura que otorga la UE a CA, como parte fundamental del componente de cooperación.

Por tal razón, los gobiernos centroamericanos deben enfatizar la negociación del componente de cooperación en los siguientes aspectos:

L

5.1 Es necesario al momento de la negociación del componente de Cooperación una adecuación de los contenidos y de los fondos de la cooperación regional de la UE para el desarrollo de la región. Sin embargo, no será posible lograrlo si éstos no van acompañados de una revisión y evaluación de la Estrategia Regional 2007-2013 así como de las Estrategia País 2007-2013, de su ejecución anual y velar por que exista concordancia entre ellas. Las organizaciones de la sociedad civil deben participar activa y calificadamente en la elaboración, definición, implementación y monitoreo de las estrategias de cooperación de la UE con los países y la región CA. El futuro AdA debe incluir de manera expresa un compromiso de consulta a organizaciones de la sociedad civil en el proceso de evaluación y definición de las estrategias de cooperación regional y con cada uno de los países de CA.

5.2 El componente de Cooperación debe tener como objetivos primordiales el respeto y promoción de los derechos humanos integralmente considerados y el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, la cohesión social y la integración regional.

5.3 Establecer un fondo económico común centroamericano para impulsar el proceso de la integración económica y social, así como fortalecer la relación comercial entre CA y la UE. Dicho fondo debe tener un mecanismo financiero para compensar las asimetrías, facilitar el comercio de la región, establecer partidas destinadas a la cohesión social y el desarrollo humano y procedimientos que garanticen una armoniosa y transparente administración de los recursos. Los mecanismos de conformación, implementación y seguimiento de este fondo se establecerán durante el proceso negociador.

5.4 La cooperación debe incluir programas que garanticen mecanismos para el desarrollo de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que les convierta en actores pro-activos en la construcción del desarrollo de la región y para que participen activa y calificadamente en el dialogo político y la definición de los contenidos de los programas de cooperación de la UE, así como en su monitoreo, evaluación y seguimiento.

5.5 La cooperación en materia laboral debe contribuir a11_:

Que la política económica incorpore el enfoque de género para asegurar la inserción laboral de mujeres y hombres en condiciones de igualdad.

Fortalecer la aplicabilidad de los derechos de los trabajadores ya establecidos en los códigos de trabajo; así como también, contribuir a la efectividad y garantía de los tribunales de lo laboral. Una mayor exigibilidad de los derechos laborales que otorgan estabilidad laboral a los trabajadores.

11 _{Estas recomendaciones han sido}

tomadas de: Análisis y Propuestas ante el Acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre la Unión Europea y Centroamérica. Iniciativa CID, noviembre 2006.

Fortalecer la organización sindical y el rol del Estado en la pro-moción y garantía de la misma.

Promover la creación de una instancia regional de consulta sindical. Homologar la legislación laboral centroamericana hacia estándares más altos en aquellos derechos que generan mayor competencia en términos de costos laborales para los inversionistas.

5.6La cooperación debe encaminarse a apoyar la armonización de las legislaciones laborales nacionales de CA. De manera que CA se comprometa a que los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la región no serán disminuidos sino aumentados, mejorándolos de forma gradual y efectiva. Los derechos actuales deben ser el piso de negociación y no el techo.

5.7La cooperación en materia ambiental debe contribuir a12_:

Generar oportunidades de apoyo financiero, técnico y científico para el desarrollo sostenible de la región.

Mejorar el desempeño ambiental de los sectores productivos vinculados a la exportación (agricultura, pesca).

Fortalecer la capacidad regulatoria e institucional de los países centroamericanos relacionada con la promoción de la producción y comercio de bienes y servicios ambientales.

Desarrollar fuentes de energía renovables (para reducir la depen-dencia de los países de la región de las fuentes de energía fósiles). Generar condiciones y recursos que contribuyan a que la región logre un mayor aprovechamiento del mercado de Certificados de Derecho de Emisión.

Potenciar los procesos (a veces muy lentos) de implementación de los acuerdos ambientales internacionales (AMUMAS) que han sido ratificados por Centroamérica.

E

6

. COMERCIO

l Acuerdo Comercial debe tener por objetivo fundamental el desarrollo humano sostenible de la región centroamericana. Por ello ante la negociación comercial con la UE, los gobiernos de Centroamérica deben tomar en consideración los siguientes criterios:

I. El proceso de negociación debe partir del reconocimiento de la fragilidad socioeconómica de la región centroamericana, caracterizada por sus estructuras socioeconómicas distorsionadas y desiguales, con gran concentración de los ingresos y la riqueza, con marcadas disparidades económicas, políticas y territoriales, con fuertes desequilibrios en las capacidades de negociación y altas demandas sociales.

II. Centroamérica antes de culminar una negociación con la UE, debe identificar los sectores vulnerables que pueden verse amenazados con un acuerdo de libre comercio. Para ello es necesario la realización de Estudios de Impacto y de Sustentabilidad del Acuerdo que identifiquen y analicen las oportunidades y amenazas del Acuerdo para ambas regiones. Estos Estudios de Impacto y Sostenibilidad deben ser realizados tanto por la UE como por los países centroamericanos y deberían haber estado finalizados antes del inicio de las negociaciones para que sus eventuales resultados pudieran ser contemplados en el propio AdA. Dado que esto ya no es posible, será importante que se prevea en el texto de los Estudios a realizar durante las negociaciones mecanismos de seguimiento y evaluación de los impactos y se contemplen mecanismos adecuados de compensación ante eventuales perjuicios y distorsiones. Asimismo, el proceso de elaboración de estos Estudios deberá ser participativo, los borradores ampliamente difundidos y abiertos a consulta, debate y propuestas, no sólo a nivel de los gobiernos, sino de organizaciones sociales, civiles y la academia. Debe ser obligatoria la presentación y difusión pública por parte de los gobiernos de los Estudios de Impacto y Sostenibilidad antes de la firma del AdA.

III. Centroamérica debe garantizar en el Acuerdo que se reconozca claramente un acceso progresivo a los mercados europeos, en

condiciones preferenciales y superiores a lo establecido en el actual régimen SPG Plus, evitando que se profundicen en las enormes asimetrías existentes entre las partes. Para ello es necesario que se establezca un Trato Especial y Diferenciado.

Los gobiernos centroamericanos deben enfatizar la negociación del componente Comercial en los siguientes aspectos:

6.1Se debe garantizar a Centroamérica recibir un Trato Especial y Diferenciado que predomine en el capítulo de accesos a mercados pero sea comprensivo en todos los sectores del Acuerdo comercial, no sólo otorgando plazos más largos en el cumplimiento de las obligaciones, sino creando oportunidades para mejorar la capacidad competitiva de la región. Los Tratamientos Especiales y Diferenciados son parte integrante de los Acuerdos de la OMC.

6.2Centro América y la UE deben acoplar las negociaciones agrícolas al cumplimiento de los compromisos asumidos por la UE en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. Estos compromisos deben cumplirse en los tres pilares de dicho acuerdo: compe-tencia en exportación, ayudas domésticas y acceso a mercados. Contrario a la situación de la agricultura centroamericana, Europa cuenta con un sector agrícola moderno, altamente subsidiado y competitivo que ocupa una posición dominante en los mercados agroalimentarios mundiales. En la negociación del AdA se deberá asegurar la eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación y de todas las medidas relativas a la exportación que tengan efecto equivalente. Abrir el sector agropecuario centroamericano a la competencia a los mercados agroalimen-tarios europeos, que funcionan profundamente distorsionados, podría provocar daños a algunas cadenas productivas agrícolas y de paso profundizar los desequilibrios sociales en la región.

6.3Los países centroamericanos deben garantizar la inclusión en el AdA de una salvaguardia especial basada en activaciones por la cantidad y el precio de las importaciones. Los productos especiales y el mecanismo de salvaguardia especial serán parte integrante de las modalidades y del resultado de las negociaciones dentro del Acuerdo. Además se deberá asegurar que esta salvaguardia se ajuste a las circunstancias y necesidades particulares de los países de Centroamérica.

6.4Centroamérica debe negociar sin exclusión de ningún tipo la eliminación de toda barrera no arancelaria al comercio, incluyendo regulaciones que tengan que ver con requisitos sanitarios y fitosanitarios más allá de lo expresado por la OMC. Asimismo el AdA debe garantizar a los países centroamericanos de parte de la UE el apoyo técnico necesario para los que los productos de la región cumplan con los estándares establecidos para el acceso al mercado europeo.

6.5Centro América deberá determinar de cara a la negociación los bienes agropecuarios sensibles y especiales para dejarlos al margen Acuerdo. Esta posición es de conformidad con la propuesta de acceso a mercados de la OMC, consistente en reducción de aranceles, con excepciones para productos sensibles y una categoría de productos especiales para los países en desarrollo basados en seguridad alimentaria, desarrollo rural y necesidades de subsistencia.13

6.6Los Temas Singapur (inversiones, competencia, transparencia en la contratación pública, y facilitación del comercio) al no haber consenso en las negociaciones de la OMC, no deberían ser temas que se discutan en una negociación bilateral. Tal como lo expresa la OMC en la Reunión Ministerial de Hong Kong, en donde los países miembros reconocen la situación económica particular de los Países Menos Adelantados (PMA), incluidas las dificultades con que se enfrentan, y se admite que no se espera de ellos que contraigan nuevos compromisos.14

6.7Si bien es cierto que en los últimos años los servicios han sufrido grandes transformaciones jugando una creciente importancia en las economías centroamericanas, ello en modo alguno ha significado que hayan perdido sus características básicas para que en el Acuerdo comercial con la UE se les negocie igual que a otros productos. Es ampliamente conocido que las multinacionales de servicios públicos, muchas de ellas europeas, aprovecharon los procesos de apertura y privatización en Centroamérica para hacerse de importantes empresas públicas colocando en la lógica del mercado el suministro de servicios fundamentales. Los servicios son importantes no sólo como insumos para la producción de bienes o de otros servicios, sino también por que satisfacen necesidades de la población, algunas de ellas fundamentales para sus vidas.

6.8Las negociaciones sobre servicios deben realizarse considerando criterios incluso fuera del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, definiendo modalidades de negociación con un enfoque de peticiones y ofertas sobre listas positivas y adquisición de compromisos específicos.

6.9La OMC, ha identificado listas de servicios susceptibles de comercializarse en los mercados internacionales, entre los cuales ha incorporado los servicios públicos (educación, salud y sanidad) y los denominados servicios de utilidad pública, tales como electricidad, telecomunicaciones, agua y gas. Desde nuestra perspectiva en el marco de la negociación con la UE dichos servicios deberían quedar fuera de la negociación. Los gobiernos centroamericanos deben asumir la responsabilidad de garantizar a toda la población el suministro de los servicios básicos y de utilidad pública, de tal manera que en función de favorecer el bien común deben conservar la posibilidad de mantener empresas públicas proveedoras de servicios vitales para la población.

13 _{Primer Avance - Análisis y}

Propuestas ante el Acuerdo de Asociación y Libre comercio entre la Unión Europea y Centroamérica, Iniciativa CID, noviembre de 2006.

14 _{Declaración Ministerial Hong}

Kong, Programa de Trabajo de Doha, adoptada el 18 de diciembre de 2005.

6.10 Los negociadores de ambas partes deben tener en cuenta las enormes diferencias en tamaño y nivel de desarrollo de los servicios existentes entre ambas regiones, de tal manera que un Trato Especial y Diferenciado es absolutamente necesario y éste no se puede limitar a mayores plazos de implementación de los acuerdos. Es por estas y otras múltiples razones que ALOP y la Iniciativa CID consideran que en el acuerdo comercial con la UE sería inapropiado la suscripción de reglas obligatorias e irreversibles que impidan la regulación de los servicios. En consecuencia, las normas que deben regular el comercio de servicios, no pueden ser las mismas que se aplican a los bienes agrícolas o industriales.

6.11Aún cuando consideramos que los temas Singapur no deben incluirse en el proceso de negociación AdA UE-CA, llamamos la atención respecto a dos disciplinas altamente controvertidas que están en la agenda de negociación: inversiones y compras de gobierno, sobre las cuales la UE mantiene enorme interés. En materia de regulación de inversiones extranjeras, el AdA debe tener en cuenta las asimetrías de poder y los distintos niveles de desarrollo existentes entre ambas regiones. Los Acuerdos deben incluir concesiones no recíprocas por parte de la UE y el reconocimiento de asimetrías y diferencias que requieren de un Trato Especial y Diferenciado. La regulación de la inversión no debería tender a la protección de industrias ineficaces, más bien deberá orientarse a que sirva a las metas del desarrollo nacional al tiempo que genera retribuciones razonables. Si finalmente el AdA se suscribiera, los gobiernos centroamericanos deberían reservarse el derecho de implementar políticas de desarrollo que estimulen la inversión productiva, incrementando los encadenamientos entre la economía local nacional y regional lo cual pasa por el establecimiento de requisitos de desempeño. En otras palabras, se debe procurar que las posibles inversiones europeas jueguen un papel activo en la creación de condiciones macroeconómica para el desarrollo.

6.12En lo que respecta a las compras gubernamentales y contratos de obras públicas, es reconocida su importancia e incidencia en sectores específicos de la planta productiva nacional. De cara al proceso de negociación del AdA nuestro planteamiento es que dado que se realizan con recursos nacionales deben seguir siendo instrumentos de la política económica para el desarrollo nacional. Ahora bien, para que sean correctamente asignados deben someterse a concursos transparentes y a criterios económicos y sociales tales como disponer de contenido nacional que esté integrado a las cadenas productivas nacionales, tipo de tecnología y su impacto en el medio ambiente; número y calidad de los empleos generados y garantías de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre otros. Las compras gubernamentales deben ser un instrumento utilizado para favorecer a grupos

marginados o en condición de pobreza. Negar esta oportunidad en un acuerdo comercial con la UE constituiría una limitante para la formulación de la política pública y el progreso.

6.13El Acuerdo Comercial deberá incluir cláusulas en que ambas partes se comprometan a que en sus intercambios comerciales prevalezcan los aspectos sociales y ambientales del comercio y del desarrollo sostenible.

6.14Las partes no dejarán de aplicar efectivamente la legislación ambiental ni flexibilizarla como medio para obtener ventajas comerciales desleales. Esta obligación deberá ser exigible a través de un procedimiento de Solución de Controversias creado por el mismo Acuerdo, el cual estipule sanciones económicas y comerciales a la parte infractora del Acuerdo15_.

6.15Los países centroamericanos deben comprometerse a estimular altos niveles de protección ambiental y mejorar su normativa ambiental; esta obligación debe ser acompañada de mecanismos concretos para su cumplimiento. Además, las Partes deberán comprometerse a realizar periódicamente evaluaciones de impacto ambiental del tratado Comercial, dado que sus efectos económicos pueden generar una serie de impactos (positivos o negativos) en el medio ambiente.

6.16Al acuerdo comercial deberá referirse de manera concreta a los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AMUMAS) ratificados por las partes. Además, se debe establecer la preeminencia de los acuerdos ambientales internacionales que contienen medidas comerciales sobre el tratado de comercio en caso de incompatibilidad entre ambas normativas.

6.17El Acuerdo Comercial debe incorporar el compromiso de los gobiernos por asegurar el respeto integral de los derechos laborales, quedando expresamente vinculados al AdA y no a la discrecionalidad de los gobiernos en su aplicación. La legislación laboral existente debe reforzarse y nunca flexibilizarse en la negociación del AdA16_.

6.18Establecimiento de un marco institucional que permita darle seguimiento a los compromisos en materia laboral asumidos por las partes, el cual en cada uno de los países o región esté integrado por representantes del gobierno, empresa privada y repre-sentantes del sector laboral. Establecer mecanismos jurídicos claros de remisión de quejas o denuncias a los cuales los y las trabajadoras puedan tener acceso.

6.19Finalmente, queremos enfatizar sobre la importancia de los temas de Propiedad Intelectual en esta negociación. En particular, las implicaciones e impactos que pueda generar el AdA en Centroamérica sobre la biodiversidad, bienes comunes y todo el debate sobre las patentes, marcas, denominaciones geográficas

15 _{Ídem 7} 16 _{Ídem 7}

y de origen entre otros, y sobre las cuales la UE mantiene gran interés promoviendo compromisos que van mas allá de lo acordado en el marco del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

L

7. M

ECANISMO

DE

PARTICIPACIÓN

DE

LA

SOCIEDAD

CIVIL

EN

LAS

NEGOCIACIONES

DEL

ADA

os gobiernos de Centroamérica deben concebir el término participación como los diferentes espacios institucionales en donde las organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, redes de sociedad civil e individuos, pueden consultar, discutir y hacer propuestas a los organismos oficiales de toma de decisión. Hablamos de una participación con carácter vinculante.

La participación de la sociedad civil debe estar garantizada tanto durante el proceso de negociación como en la propia implementación del futuro AdA. El mecanismo de participación propuesto para la etapa de la negociación del AdA debe cumplir los siguientes objetivos:

Ser un espacio de información y formación hacia los sectores de la sociedad civil.

Ser un espacio de consulta, análisis, y debate en donde las propuestas generadas por las organizaciones de sociedad civil tengan mecanismos de verificación de si son tomadas en cuenta al momento de la negociación.

El AdA debe garantizar el compromiso de los Gobiernos centroamericanos de fortalecer una participación ciudadana efectiva de sectores productivos y sociales de la región. El proceso negociador no debe encerrarse en las exclusivas esferas gubernamentales. Tampoco pueden ser los grandes sectores económicos quienes sean los únicos en plantear sus intereses. De ahí la necesidad de establecer mecanismos y procedimientos que aseguren la participación de: D Sectores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Centroamérica. D Sectores productivos con carácter y propuestas regionales.

D El sector académico, entre ellos Universidades y Centros de Investigación. D Organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y sindicatos. D Parlamentos centroamericanos, dependencias de los gobiernos más allá de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, y todos los sectores pertinentes de la Sociedad Civil nacional y regional.

El Mecanismo de Participación durante la negociación del Ada debe comprender 2 etapas: (I) Antes y Después de cada Ronda y (II) Durante la Ronda de Negociación.

I. Antes y Después de Cada Ronda de Negociación

Este mecanismo se contempla a dos bandas: Espacios Nacionales y Espacio Regional.

A. Los Espacios Nacionales

a. Los gobiernos centroamericanos deberán convocar a reuniones-talleres nacionales de análisis y debate sobre los temas a negociar en el AdA, para los tres componentes y para cada mesa de negociación. Estos espacios tendrán como objetivos, por un lado, conocer las propuestas de los gobiernos de cada país y por otro lado, discutir las propuestas nacionales. Estas reuniones deben ser facilitadas antes de cada reunión de coordinación centroamericanana (Ronda Regional).

b. Foro Nacional de Resultados de cada Ronda, el cual tendrá como objetivo informar a la sociedad de cada país acerca de los resultados obtenidos luego de cada ronda de negociación en torno a los tres componentes del Acuerdo.

c. Adicionalmente cada país deberá hacer de conocimiento público los resultados de cada ronda por medio de conferencias y comunicados de prensa.

d. El Espacio Nacional debe funcionar de forma estructurada, planificada y ordenada, de manera que se garantice una amplia participación y convocatoria de los sectores pertinentes de la sociedad civil.

B. Espacio Regional

a. El Espacio Regional son las reuniones de coordinación centroamericanas en donde las propuestas país se consensuan en propuesta y posición regional de CA.

b. Los gobiernos centroamericanos deben garantizar un espacio institucional en el cual antes y después de las reuniones de coordinación existan reuniones de consulta y análisis con la sociedad civil. Este espacio institucional podría denominarse Comité de Seguimiento (CS) y en él se encontrarían gobiernos negociadores y la sociedad civil. El CS tendrá como función determinar aquellos aspectos de la negociación que sea necesario consultarlos antes de sentar posición centroamericana ante la UE. El CS dará seguimiento al proceso de negociación y garantizará el cumplimiento de los acuerdos tomados con los gobiernos en las reuniones de coordinación centroamericanas. La composición y funcionamiento del CS serán definidos de manera democrática en una asamblea amplia y representativa de la sociedad civil.

c. Este espacio servirá también para el monitoreo de las propuestas nacionales que presenten las organizaciones de sociedad civil a nivel nacional.

d. Los gobiernos centroamericanos al finalizar cada una de las reuniones de coordinación deberán hacer de conocimiento público los temas prioritarios para Centroamérica y las propuestas que plantearán como región a la UE.

e. El CS deberá participar y ser consultado en la elaboración de los Estudios de Impacto y Sostenibilidad que realicen las partes negociadoras.

II. Durante las Rondas de Negociación Birregional

a. En cada Ronda de Negociación del AdA habrá representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, garantizados institucionalmente por los gobiernos negociadores, los cuales tendrán un estatus de observadores y deberán tener reuniones periódicas con los gobiernos centroamericanos para informarse y ser consultados sobre los acontecimientos en las negociaciones. El propósito de esto es asegurar que lo acordado antes de la ronda sea lo que los gobiernos cumplan al momento de negociar.

b. El espacio institucional para ello deberá ser el mismo CS ya mencionado en el punto anterior al referido Espacio Regional de concertación.

c. Los Estados centroamericanos deberán aportar los recursos necesarios para garantizar la plena participación en las reuniones de consulta para cada ronda negociadora del AdA.

d. Es imperativa la necesidad de transparencia por parte de las autoridades centroamericanas durante el proceso de negociación dando a conocer amplia y oportunamente los textos, las listas y ofertas que se estén negociando. Esto es un requisito indispensable para que las organizaciones de la sociedad civil puedan incidir en el proceso de negociación, ya que no se puede participar en consulta alguna si se desconocen los contenidos de la negociación.

Finalmente, consideramos que este Mecanismo de Participación de la sociedad civil no se debe limitar únicamente al proceso de negociación del AdA, si no debería institucionalizarse a fin de contribuir en las fases posteriores de aplicación e implementación de dicho Acuerdo.

Iniciativa CID. Las organizaciones que integran la Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo Sostenible (Iniciativa CID), han venido trabajando para incidir en políticas públicas relacionadas con el comercio y la integración, así como en la elaboración de propuestas que conlleven al desarrollo de nuestros pueblos, todo ello, en función del cumplimiento pleno de los derechos humanos, el estado de derecho y el desarrollo sustentable.

La Iniciativa está integrada por federaciones, cooperativas, foros, ONGs y movimiento sociales, caracterizados por su compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos y la construcción de ciudadanías plenas, así como por su vocación de servicio hacía los grupos vulnerables y su voluntad de autonomía con relación a las instancias que definen y aplican las actuales políticas públicas.

La Iniciativa CID, procura que las Organizaciones Sociales y Civiles (OSC) en su conjunto se apropien de su rol de protagonistas en la construcción del desarrollo regional y un nuevo orden internacional, actuando e influyendo y participando activamente en diversas instancias para la toma de decisiones sobre Políticas Públicas referidas al Comercio, la Integración y el Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos años, su agenda estará dirigida a dar respuesta ciudadana a dos procesos de gran envergadura y enorme trascendencia sociopolítica y económica para la región, como son:

la participación en los procesos de negociación comercial, cooperación y diálogo político respecto al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica (CA); y la participación y seguimiento en el proceso de integración centroamericana

La Asociación Latinoamericana de Organizacio-nes de Promoción al Desarrollo, A.C. - (ALOP), es una entidad internacional privada no lucrativa, integrada por Organizaciones No Gubernamentales de Promoción (ONGD), que desarrollan sus actividades en cualquier país de América Latina y el Caribe (ALC) y luchan contra la pobreza y la exclusión en la construcción de un desarrollo humano integral y sustentable.

Creada en 1979, constituye uno de los esfuerzos más duraderos de integración entre ONGD de la región contando actualmente con unas cincuenta asociadas presentes en 18 países de ALC. Entre sus finalidades, figuran:

• Apoyar políticas y procesos democráticos de desarrollo sustentable, que aseguren una mayor equidad en la distribución de los recursos y potencien la participación de los movimientos sociales en la gestión del desarrollo;

• Constituir una instancia de interlocución entre las organizaciones privadas que en ALC apoyan a los sectores excluidos y las agencias regionales o extra-regionales que apoyan dichos esfuerzos; • Apoyar los procesos de integración regional, constituyéndose en instancia de interlocución de la Sociedad Civil de nuestros países con los organismos regionales e internacionales; • Promover la articulación de las ONGD de la

región y fortalecer a los grupos y organiza-ciones que trabajan en la promoción de los sectores populares excluidos;

• Promover relaciones equitativas de género en el accionar de las asociadas y el suyo propio, etc. El seguimiento e incidencia política en el desarrollo de las relaciones entre ALC y la Unión Europea (UE) constituye una parte sustantiva del trabajo que ALOP realiza en procura de un orden internacional más justo y solidario. Para ello cuenta desde hace una década de una oficina (“Antena”) permanente en Bruselas; ha desarrollado varios proyectos sobre promoción de la participación de la sociedad civil en las relaciones ALC-UE; organizado Foros euro-latinoamericanos-caribeños de sociedad civil en relación con el proceso de Cumbres ALC-UE, etc. Actualmente la Asociación ejecuta el Proyecto Observatorio Social de las Relaciones UE-AL (POS) en el marco del cual se da seguimiento a las negociaciones de Acuerdos de Asociación entre Centro América, la Comunidad Andina y el MERCOSUR con la UE. El POS cuenta con un sitio Web en el que se reúne información diversa y actualizada sobre las relaciones ALC-UE: http:// www.observatorioueal-alop.eu/wcm/