Roj: STS 3947/ ECLI:ES:TS:2019:3947

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Roj: STS 3947/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3947

Id Cendoj:28079130042019100361

Órgano:Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede:Madrid

Sección:4

Fecha:16/12/2019

Nº de Recurso:347/2018

Nº de Resolución:1767/2019

Procedimiento:Recurso ordinario

Ponente:SEGUNDO MENENDEZ PEREZ

Tipo de Resolución:Sentencia

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta

Sentencia núm. 1.767/2019 Fecha de sentencia: 16/12/2019

Tipo de procedimiento: REC.ORDINARIO(c/a) Número del procedimiento: 347/2018 Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 15/10/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez Procedencia: CONSEJO MINISTROS

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez Transcrito por:

Nota:

REC.ORDINARIO(c/a) núm.: 347/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta

Sentencia núm. 1767/2019 Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez

D. Segundo Menendez Perez D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva Dª. Maria del Pilar Teso Gamella

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En Madrid, a 16 de diciembre de 2019.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Carlos Ramón , representado por la procuradora de los tribunales doña Mercedes Caro Bonilla, bajo la dirección letrada de don Francisco Javier Fernández Tarrío, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2018 por el que se inadmite la solicitud de revisión de oficio de la Orden del Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte de 9 de febrero de 2016, por la que se acordó denegar la homologación de los estudios que realizó conforme al sistema educativo de Panamá, al título de Bachiller del sistema educativo español.

Se ha personado en este recurso como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La representación procesal de don Carlos Ramón ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2018 por el que se inadmite la revisión de oficio de un anterior acuerdo denegatorio de homologación de título, formalizando demanda en la que termina suplicando a la Sala que "...se dicte en su día Sentencia por la que, estimando el presente recurso, se DECLARE NULA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y EN SU LUGAR DE DECLARE LAADMISIÓN DE LA REVISIÓN DE OFICIO SOLICITADA, y se ordene a la Administración seguir dicha Revisión por su procedimiento reglado y previsto, para en su día se proceda a DECLARA NULA DE PLENO DERECHO la Resolución cuya Revisión se solicita, y se ordene por la administración la retroacción de las actuaciones al proceso administrativo inicial de solicitud de homologación de los estudios panameños cursados por el recurrente por los correspondientes españoles al amparo del artículo 6 del RD 104/1988 de 29 de enero, en idénticas circunstancias que las estimadas por resolución de 6 de octubre de 2017 para el resto de alumnos de los colegios Dharma, con todos los pronunciamientos favorables a mi representado y todo ello por ser de justicia que se pide en Madrid a 4 de diciembre de 2018".

SEGUNDO.-. La representación procesal de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO formuló contestación a la demanda interpuesta y suplica en su escrito a la Sala que "...dicte sentencia desestimando este recurso con los demás pronunciamientos legales".

TERCERO. Mediante providencia de fecha 25 de septiembre de 2019 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 15 de octubre del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales. CUARTO. No se ha observado el plazo que la Ley de la Jurisdicción fija para dictar sentencia, debido a la carga de trabajo que pesa sobe el Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La resolución administrativa impugnada

El recurso contencioso-administrativo que enjuiciamos impugna el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su reunión de fecha 25 de mayo de 2018, en el que " inadmite la solicitud de revisión de oficio de acto nulo de pleno derecho presentada respecto de la Orden del Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte de 9 de febrero de 2016, por la que se acordó denegar la homologación de los estudios que realizó (el solicitante) conforme al sistema educativo de Panamá, al título de Bachiller (Ley Orgánica 2/2006) del sistema educativo español". Refiriéndose al supuesto para el que se dicta dicho acuerdo, se lee en él que, " en el escrito de revisión de oficio presentado no se razona, ni nada se dice, respecto a en cual o en cuales de esos casos (los que prevé el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) incurriría la Orden que se pretende revisar, lo que por sí solo, es ya suficiente para inadmitir la solicitud que nos ocupa, como se infiere de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2010 ".

No obstante, añade luego que, " además, existe una falta manifiesta de fundamento en la solicitud de revisión de oficio planteada". Ello, dado que el art. 6 del Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, ya se tuvo en consideración en la Orden cuya declaración de nulidad de pleno derecho se solicita, pues lo hizo al manifestar que, " igualmente, resulta materialmente imposible la realización de los estudios que se certifican en el tiempo indicado". Lo cual se recoge, también, en la sentencia firme de la Audiencia Nacional de fecha 27 de febrero de 2017, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra dicha Orden.

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Sus argumentos, en aquello que pueda ser de interés para el objeto de este recurso, y ordenados en el modo que nos parece lógico, son, en suma, los siguientes:

-Esta parte ha tenido conocimiento que, en fecha 6 de octubre de 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acordó, sobre la solicitud de homologación de títulos de cientos de alumnos del Centro Dharma College de Madrid, en situación idéntica al recurrente, aplicarles para la tramitación de las homologaciones solicitadas el art. 6 del RD 104/1988, y retrotraer a tal efecto las actuaciones al momento inicial de la solicitud de homologación en vía administrativa.

La comparación entre la resolución que denegó al recurrente la homologación, y esa de 6 de octubre de 2017, evidencia la vulneración del principio de seguridad jurídica, la arbitrariedad en la actuación de la Administración, la quiebra del principio de igualdad ante la Ley y la falta de tutela judicial efectiva e indefensión producida al recurrente.

En esa línea, alega que la resolución que denegó su homologación se adoptó por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia [47.1 b) de la Ley 39/2015], puesto que la no aplicación del art. 5 del RD 104/1988 supondría la aplicación del art. 6 del mismo cuerpo normativo y la resolución definitiva sobre la homologación solicitada correspondería adoptarla a la Subdirección General y no al órgano que dictó la denegación de la homologación. En este sentido, añade que la propia resolución del Consejo de Ministros entra a valorar el fondo de la solicitud, eso sí, sin darle el trámite previsto legalmente.

-En la solicitud de revisión invocó expresamente las causas de nulidad del art. 47.1 de la Ley 39/2015. -En ella también se invoca expresamente el error en la aplicación de los Tratados internacionales suscritos entre el Reino de España y la República de Panamá relativos a la homologación de títulos entre ambos países, Convenios incorporados al ordenamiento jurídico español por vía del art. 96 de la Constitución, y cuya vulneración alegada supone una infracción del principio de tutela judicial efectiva y del derecho a la Educación del solicitante, derechos ambos susceptibles de amparo constitucional.

-Además, se infiere razonablemente la vulneración del principio de seguridad jurídica, y la vulneración del principio de igualdad de los arts. 9 y 14 de la Constitución, éste último también susceptible de amparo constitucional.

-En conclusión, en primer lugar, la inadmisión de plano de la solicitud de revisión de oficio, produce una quiebra de los principios constitucionales, lesionando, en concreto, el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la ley (art. 14); privando del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24; cercenando el derecho a la Educación del solicitante ( art. 27); y la seguridad jurídica del art. 9; así como de los Tratados Internacionales en la materia de los que España es parte, constituyendo, por tanto, una de las causas de nulidad de pleno derecho que recoge el art. 47.1 a) de la Ley 39/2015 [o el art. 62.1 a) de la derogada Ley 30/92]: " Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional."

-El hecho de que la propuesta de resolución se dictase por órgano incompetente (Subdirección General de Recursos y Relaciones con los Tribunales), constituye otro de los motivos de nulidad de pleno derecho que recoge el art. 47.1 b) de la Ley 39/2017 [antiguo art. 62.1 b) de la derogada Ley 30/92]: " los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio."

TERCERO. El escrito de contestación a la demanda Puede resumirse en los siguientes términos:

Después de referirse al carácter restrictivo de la revisión de oficio y a la firmeza de la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de febrero de 2017, dictada en el recurso 150/2016, aborda la inexistencia de nulidad de pleno derecho, alegando:

-Si bien el demandante no indica en cuál de los supuestos del art. 47.1 fundamenta su pretensión, manifiesta que se le denegó la homologación que había solicitado basándose en una aplicación incompleta de la normativa existente en España, pues sólo se tuvo en cuenta lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 104/1998 y ha tenido conocimiento de que mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2017 de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por delegación del Ministro, se ordenó en los expedientes de homologación de los alumnos del Dharma College-Madrid, de Pozuelo de Alarcón, la retroacción de las actuaciones al momento de su inicio para que se tramitaran los mismos teniendo en cuenta lo establecido en el art. 6 del precitado Real Decreto, por tanto dada la similitud de su situación con la de los alumnos del citado colegio de Pozuelo debe efectuarse la revisión de oficio que solicita.

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-Existe una falta manifiesta de fundamento en la solicitud de revisión de oficio planteada. En efecto, el art. 6 del Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria que pretende que se le aplique al retrotraer las actuaciones a su inicio, ya se tuvo en consideración en la Orden cuya declaración de nulidad de pleno derecho se solicita.

El referido artículo viene a disponer que, a falta de las normas o criterios mencionados en el art. 5 (Convenios internacionales y tablas de equivalencias) las resoluciones sobre homologación o convalidación se adoptaran teniendo en cuenta, entre otros, el principio de duración y contenido de los estudios extranjeros y la orden que nos ocupa lo tuvo en consideración al manifestar que " Igualmente, resulta materialmente imposible la realización de los estudios que se certifican en el tiempo indicado".

-Por ello, ha de concluirse la inconsistencia y falta de fundamento de la solicitud de revisión de oficio planteada que fue correctamente inadmitida de conformidad con lo establecido en el punto 3 del art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

CUARTO. El tenor de los artículos 5 , 6 y 9 del Real Decreto 104/1988, de 29 de enero Dicen así:

"Artículo 5

Uno. En la resolución de los expedientes de homologación o convalidación se estará a lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte y a las tablas de equivalencias de títulos y planes de estudios aprobadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Dos. Para la elaboración de las tablas de equivalencias a que se refiere el apartado anterior, se atenderá no sólo a la estructura de los sistemas educativos respectivos y a la comparación de sus contenidos, sino también al tratamiento de que son objeto los títulos y estudios españoles en los países correspondientes.

Artículo 6

A falta de las normas o criterios mencionados en el artículo anterior, las resoluciones sobre homologación o convalidación se adoptarán teniendo en cuenta los siguientes principios:

a) El contenido y duración de los estudios extranjeros de que se trate. b) Los precedentes administrativos aplicables al caso.

c) La situación de reciprocidad manifestada en el trato otorgado a los títulos y estudios españoles en el país en el que se obtuvieron los títulos o diplomas o se realizaron los estudios cuya homologación o convalidación se solicita.

Artículo 9.

Uno. Formulada la solicitud y aportada, en debida forma, la documentación reglamentaria, se procederá a la propuesta de resolución del expediente.

Dos. Cuando la resolución deba adoptarse de acuerdo con el contenido de las tablas de equivalencia a que se refiere el artículo 5.º de este Real Decreto, la propuesta corresponderá a las Direcciones Provinciales, Servicios de la Alta Inspección de Educación -a los que remitirán el expediente las Oficinas de Educación y Ciencia- o Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones.

Tres. En los demás supuestos, la propuesta de resolución corresponde a la Subdirección General a que se refiere el apartado anterior".

QUINTO. Resolución de 9 de febrero de 2016, denegatoria de la homologación

La misma, después de mencionar la documentación incorporada al expediente (certificación expedida por el IIP Dharma Collega La Marina, de Alicante, y la del Instituto Internacional del Pacífico, ambas de similar contenido en cuanto a los estudios cursados, a lo que se añade otra certificación de Graduado en Educación Secundaria, expedida por el Director General del citado Instituto), incorpora dos párrafos en los que, valorándola, ofrece las razones de aquella decisión denegatoria, a saber:

"[...] igualmente, resulta materialmente imposible la realización de los estudios que se certifican en el tiempo indicado".

"[...] Toda vez que no se acredita residencia en Panamá en el período académico objeto del procedimiento, se ha de considerar el informe sobre esta cuestión emitido, el día 16 de junio de 2015, por la Abogacía del Estado de la Subdirección General de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que concluye que la Orden de 20 de junio de 2001 debe interpretarse en el sentido de que

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la tabla de equivalencias parte del presupuesto de que los estudios del país de origen se cursen efectivamente en el mismo y del presupuesto de la movilidad de los estudiantes"

SEXTO. La sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de febrero de 2017, dictada por su Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, en el recurso núm. 150/2016

Conoció de la impugnación que el hoy recurrente dedujo contra esa resolución de 9 de febrero de 2016, dictada por el Director del Área de Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en Andalucía, actuando por delegación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, que denegó, como hemos visto, la solicitud de homologación de los estudios realizados por el actor en el sistema educativo de Panamá al título español de Bachiller.

De ella, es oportuno transcribir los razonamientos jurídicos que siguen:

"[...] El demandante justifica, en síntesis, su pretensión de homologación en la necesaria aplicación del Convenio bilateral entre España y Panamá de 2 de mayo de 1979, de Cooperación Cultural, y su añadido por Canje de Notas de noviembre de 2001 por el que, con la incorporación del apartado bis al artículo 17, se establece la mutua y automática homologación y reconocimiento de los certificados y títulos académicos expedidos de conformidad con la legislación del país emisor. Según dicho precepto, "Las partes contratantes acuerdan el mutuo reconocimiento de conformidad con su propia legislación, de los certificados de estudios y títulos oficiales que acrediten la finalización de la enseñanza secundaria o media, obtenidos por nacionales de cualquiera de los dos países.

El reconocimiento producirá los efectos académicos y profesionales que cada parte contratante confiera a sus propios títulos oficiales."

Se remite a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, e invoca lo establecido en el artículo 1.5 del Código Civil en relación a la eficacia de los tratados internacionales y su incorporación al derecho interno, así como el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, por el que se regula el régimen de los centros docentes extranjeros en España, del que cita su Disposición Adicional Primera, punto cuarto, según el cual "los acuerdos que se suscriban en estas materias deberán plantearse en términos de reciprocidad que permitan soluciones similares en centros del sistema educativo español situados en España o en el extranjero", argumentando literalmente que "parece obvio que, si en España se pueden cursar estudios para adultos de manera presencial, o incluso virtual, y que la certificación de dichos estudios por España, vía convenio Bilateral, sería homologada y reconocida automáticamente por Panamá en función del Convenio entre países de 1979, modificado en 2001, también deben serlo los certificados o estudios presenciales y no presenciales obtenidos y sancionados por la República de Panamá. Máxime, insistimos, si dichos estudios están realizados y examinados de manera presencial en un centro extranjero panameño autorizado expresamente por la Administración española. En este sentido se pronuncia el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España a solicitud de la Comunidad de Madrid del informe preceptivo para la autorización de un colegio de la Fundación Dharma en Madrid (finalmente autorizado), en el que da su visto bueno a dicho colegio basándose, precisamente, en el citado Convenio Bilateral entre ambas naciones".

Rechaza que la homologación se condicione a cuestiones distintas de las fijadas en la normativa invocada, y recuerda que la posibilidad de reducir a un tiempo inferior a dos cursos académicos la superación del Bachillerato español ha sido reconocida por el Tribunal Supremo (sentencia de 20 de diciembre de 2007), quien considera también que dicha posibilidad está prevista en el sistema educativo español si bien en supuestos tasados y excepcionales.

Destaca que existen precedentes de reconocimiento de los mismos estudios controvertidos, y así por la Consejería de Educación del País Vasco e incluso por el mismo Ministerio de Educación lo que constituiría, a su juicio, un supuesto de acto propio de la Administración.

Además, entiende que el Convenio Internacional "Andrés Bello" ha sido interpretado erróneamente tanto por la Administración educativa como por el Abogado del Estado pues su aplicación conduce, a su juicio, al necesario reconocimiento de la homologación, remitiéndose en este punto a su artículo 4 y a la Orden de 20 de marzo de 2011, por la que se regula el régimen de equivalencias de estudios básicos y medios cursados en los países signatarios del Convenio "Andrés Bello", de tal manera que la interpretación asumida por la Administración vulnera el principio de reciprocidad que rige esta materia.

Frente a tales argumentos, el Abogado del Estado, sin cuestionar la vigencia del Convenio bilateral de Cooperación Cultural de 1979, invoca la necesaria aplicación del Convenio internacional "Andrés Bello", suscrito por diversos Estados en 1995 y del que son firmantes España y Panamá, en cuanto acuerdo posterior y complementario del citado, cuyo artículo 4 dispone que "Los Estados miembros reconocerán los estudios

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primarios o de enseñanza general básica y de educación media o secundaria, mediante tablas de equivalencia que permitan la continuidad de los mismos o la obtención de los certificados correspondientes a cursos, niveles, modalidades o grados aprobados en cualquiera de aquéllos".

Las indicadas tablas de equivalencia se incluyen en la Orden de 20 de marzo de 2001, por la que se regula el régimen de equivalencias de los estudios básicos y medios cursados en los países signatarios del Convenio "Andrés Bello" con los correspondientes españoles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

De una interpretación de dicha norma conforme con las exigencias del artículo 3.1 del Código Civil deduce el Abogado del Estado que la homologación de titulaciones exige la movilidad de los estudiantes de los países firmantes del Convenio.

Y, por otra parte, rechaza la pretendida eficacia del precedente administrativo que se invoca de contrario que no existiría, afirma, en el caso de resoluciones dictadas por Administraciones autonómicas, remitiéndose a la facultad que asiste a la Administración para apartarse del criterio seguido en actuaciones anteriores siempre que se acompañe una motivación suficiente a la nueva decisión en la que se justifique las razones del cambio de criterio.

[...] De entre los hechos relacionados al comienzo resulta de especial importancia para enjuiciar la pretensión de homologación destacar que el solicitante es un nacional español, residente en España y carente de cualquier vinculación -nada se acredita al respecto, en realidad, ni siquiera se alega-, con Panamá.

[...]

Teniendo en cuenta los hechos antes descritos y los principios a los que obedece el mutuo reconocimiento de titulaciones, la pretensión del demandante revela un claro fraude de ley que incide en la prohibición del artículo 6.4 del Código Civil.

Baste para llegar a esta conclusión indicar que el preámbulo del Convenio de Cooperación Cultural de 1979 declara que "Los Gobiernos de España y de la República de Panamá, conscientes de los vínculos históricos y culturales que unen a sus pueblos, entre los que se destaca el inapreciable tesoro de una lengua común; y convencidos de la conveniencia de utilizar todas las medidas posibles para el mejor conocimiento mutuo y el más estrecho contacto cultural entre ambos pueblos, han resuelto concluir el presente convenio de cooperación cultural...".

Y el del Convenio "Andrés Bello", que se pronuncia en estos términos: "Conscientes de que la Educación, la Cultura, la Ciencia y la Tecnología son instrumentos esenciales para el desarrollo integral de los países, que conllevan a un mejor nivel y calidad de vida a sus pueblos. Convencidos de que ese desarrollo debe impulsarse en el marco de una búsqueda común de la Paz, la Libertad, la Justicia y Solidaridad entre los pueblos. Animadas por el deseo de fortalecer y promover las relaciones de los países a través de acciones que comporten una verdadera integración de sus esfuerzos y capacidades; y, movidas por la certeza de que dicha integración puede fortalecerse con la adhesión de los Estados que así lo deseen, particularmente en el campo educativo, científico, tecnológico y cultural ... acuerdan: ...".

Ahora bien, es evidente que, aunque la petición de homologación pudiera tener una cobertura formal en la aplicación de estos Convenios incorporados al Derecho interno por la vía del artículo 1.5 del Código Civil, la finalidad perseguida por el solicitante nada tiene que ver con aquella "... integración educativa, científica, tecnológica y cultural de los Estados Miembros" que predican y a cuya efectividad sirven.

Por el contrario, la valoración por esta Sala, en el ejercicio de las facultades que le son propias, de los hechos que antes destacábamos -condición de nacional y residencia en España del solicitante, inexistencia de cualquier vínculo con Panamá, modo en que se difundió entre los soldados del Patronato de Ronda la posibilidad de obtener por esta vía el título de bachillerato, ...- permite concluir que la finalidad perseguida por el interesado era la de obtener el título de Bachillerato pero eludiendo las exigencias impuestas por el sistema educativo español.

Incide de manera relevante en esta conclusión, junto con los hechos referidos, el que la duración de los estudios en el IPP Dharma College La Marina fuese notablemente inferior a la exigida en el sistema educativo español. En efecto, el Sr. Carlos Ramón cursó los estudios de ESO y bachillerato en España, no superando 5 asignaturas de bachillerato (folio 62 expediente). Son precisamente estas asignaturas las que supera en el centro Dharma, tras haber fracasado de forma reiterada en el sistema educativo español.

El bachillerato español consta de dos cursos académicos y el recurrente se matriculó en el mismo desde 2001 hasta 2008 sin poder culminarlo pues finalmente suspendió 5 asignaturas. Sin embargo, en el centro Dharma

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las aprueba sin problema de tipo alguno y con altas calificaciones en los cursos 2014 y 2015 (ver folio 12 de expediente administrativo: obtiene 6 notas de 4 puntos cuando el máximo es 5).

A esto ha de sumarse que la homologación del Centro se produjo en noviembre de 2014, es decir, se inician los estudios en un Centro que aún no estaba homologado.

La convicción de que se actuó en fraudeley al amparo de una norma de cobertura para obtener un resultado no querido por el ordenamiento jurídico, como es la obtención de un título académico eludiendo los niveles de exigencia debidos, impide reconocer la homologación solicitada y obliga, por tanto, a desestimar el recurso. [...] Frente a la anterior conclusión, deben ceder las pretendidas infracciones que se relacionan en la demanda, y que carecen de toda virtualidad para justificar la homologación.

Así, se dice vulnerado el Real Decreto 806/1993, de creación de centros docentes extranjeros en España, que establece los criterios para la obtención y fiscalización de la autorización para la creación de centros docentes extranjeros, cuando es lo cierto que no se discute la legalidad de la autorización del Centro IPP La Marina College, sino los efectos que han de reconocerse al título expedido a favor del recurrente.

Por otra parte, y como hemos visto, ni el Convenio bilateral entre España y Panamá, de 2 de mayo de 1979, de Cooperación Cultural, y su añadido por Canje de Notas de noviembre de 2001, ni el Convenio "Andrés Bello", conducen a la interpretación pretendida por el actor. Antes al contrario, constituyen la base, como se ha razonado, de la existencia del fraude de ley.

Otro tanto sucede con la invocación de la Orden 30/1996 y de la Orden de 20 de marzo de 2001, sobre equivalencias y homologaciones, cuya aplicación no subsana ni convalida la apreciación de aquel fraude. La supuesta infracción de preceptos constitucionales -se citan los artículos 24 y 9 de la Constitución- sin un anclaje suficiente y concreto en la actuación administrativa cuestionada, o la del Real Decreto 104/1988 de 29, de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, no tienen sustento alguno pues se reconducen a la invocación del principio de reciprocidad y mutuo reconocimiento de titulaciones que es, en este caso, una cuestión no discutida.

Del mismo modo, la cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2007, antes mencionada al referirnos a la duración del Bachillerato español, aborda un supuesto en el que la titulación invocada se obtuvo en el país de origen (en aquel caso, Méjico), a diferencia de lo sucedido aquí.

Por último, tampoco es posible apreciar la existencia de un trato discriminatorio contrario al principio de igualdad que el recurrente denuncia por haberse producido ya decisiones administrativas favorables a la homologación del mismo título invocado por el recurrente.

Respecto de la homologación admitida por la Consejería de Educación del País Vasco, es claro que no puede tener el efecto vinculante pretendido al tratarse de Administraciones distintas, que actúan en el ejercicio de sus respectivas competencias.

En cualquier caso, no puede desconocerse que es jurisprudencia reiterada, cuya cita resulta ociosa por conocida, que la igualdad solo opera dentro de la legalidad, de tal suerte que el precedente ilegal no tendría carácter vinculante sin perjuicio de la carga adicional de motivación que su abandono ha de conllevar para la Administración.

[...]"

SÉPTIMO. Decisión del recurso

Debe ser desestimatoria. Por las siguientes razones:

A) Sobre el pronunciamiento de inadmisión que adopta el acuerdo impugnado.

La parte recurrente liga a ese pronunciamiento de inadmisión la lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que menciona en su escrito de demanda. Sin embargo, siendo así que una decisión como esa es legalmente posible, permitiéndola el art. 106.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando dispone que, " El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales", lo que la parte debió razonar es, o bien la falta o insuficiencia de la motivación, o bien la no concurrencia de ninguno de los presupuestos en que tal decisión es legalmente posible.

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Sin embargo, las alegaciones del escrito de demanda no ofrecen razonamientos de los que se derive que el acuerdo impugnado carece de motivación, ni tampoco unos, claros, precisos, de los que se siga que no concurría ninguno de esos presupuestos.

Así, el acuerdo está motivado, bastando su mera lectura para poder afirmar que es así. Y lo está de modo suficiente:

De un lado, porque es cierto que la solicitud de revisión se refería sólo al art. 47.1 de la citada ley, sin identificar, con la exigible claridad, en qué causas de nulidad de pleno derecho, de las que prevé el precepto, se basaba. Con ello, dejaba al órgano competente una labor, la de extraer del texto de la solicitud esa causa o causas, dificultada por el hecho de que la misma no combatía, o, desde luego, no con una mínima claridad, la razón jurídica en que se sustentó la denegación de la homologación, luego confirmada en aquella sentencia de la Audiencia Nacional. Razón que consistía, en suma, en haber acudido, fraudulentamente según ésta, al amparo de unos Convenios cuya finalidad no era la de cobijar un caso como el del recurrente, nacional español, residente en España y carente de cualquier vinculación con Panamá.

Y, de otro, porque es cierto también que el acuerdo impugnado no dejó de añadir las razones por las que la solicitud incurría, a su juicio, en una falta manifiesta de fundamento, que tampoco desvirtúa el escrito de demanda, por olvidar aquella razón referida a la imposibilidad material de realizar los estudios que se certificaban en el tiempo indicado, y, otra vez, por olvidar la razón en que se sustentó aquella denegación. B) Sobre la inexistencia de causas de nulidad de pleno derecho.

Podemos llegar a deducir que las alegadas son tres de las que prevé aquel art. 47.1 de la Ley 39/2015: actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional [letra a) de ese núm. 1]; actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio [letra b)]; y actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido [letra e), inciso primero]. Todas ellas ligadas entre sí y conectadas, en suma y realmente, con la circunstancia de que una posterior resolución administrativa -la de fecha 6 de octubre de 2017- acordara sobre solicitudes de homologación que se dicen idénticas, aplicar el art. 6 del RD 104/1988, retrotrayendo las actuaciones al momento inicial de la solicitud.

Tales causas no son de apreciar.

Ante todo, porque el propio escrito de demanda afirma que el trámite o procedimiento abierto con esa resolución, " a día de hoy, sigue sin resolverse administrativamente"; de suerte que desconocemos si la resolución final apreciará o no un supuesto de fraude de ley en el caso de que las solicitudes a que afecta sean idénticas a la del recurrente, según se alega, sin acreditarlo.

También, e incluso si no apreciara tal fraude, o interpretara de otro modo la finalidad de aquellos Tratados, porque el cambio de criterio, razonado y no arbitrario, no infringe en sí mismo o por sí solo ninguno de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que la parte invoca. Constituiría, sólo y sin más, el producto de una evolución interpretativa, sujeta en último término, si llegara el caso, al control jurisdiccional de su razonabilidad, no arbitrariedad, y acierto.

Y, por fin, porque en el caso de autos no se trataba de un supuesto en que faltaran las normas o criterios mencionados en el artículo anterior, como dice el art. 6 del RD 104/1988, sino de uno en que esas normas y criterios sí existían -hasta el punto de que en unas y otros, y en el art. 5 de ese RD, no en el art. 6, buscó amparo el recurso contencioso-administrativo desestimado por la sentencia de la Audiencia Nacional- y fueron objeto de interpretación para ser aplicados a aquel caso. De ahí que no quepa afirmar lo que pretende el recurrente, esto es, que fuera " manifiesta" la incompetencia por razón de la materia del órgano que resolvió su solicitud de homologación, de un lado, o que fuera " total y absoluta" la inobservancia del procedimiento legalmente establecido, de otro.

OCTAVO. Pronunciamiento sobre costas

De conformidad con lo que dispone el art. 139.1 de la LJCA, procede imponer las costas de este recurso a la parte recurrente, si bien, en uso de la facultad que nos atribuye el núm. 4 del mismo precepto, las mismas no podrán superar la cifra máxima, por todos los conceptos, de 4.000 euros.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido : 1º. Desestimamos el recurso contencioso-administrativo que la representación procesal de D. Carlos Ramón interpone contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su reunión de fecha 25 de mayo de 2018.

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2º. Imponemos a la parte recurrente las costas causadas, en los términos y con la cuantía máxima expresados en el último fundamento de derecho de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, todo lo cual yo la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

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