E
l Centro de Estudios y Gestión de Derechos para la Justicia Espacial-JESPA- es una organización no gubernamental cuyo objetivo es generar procesos de conocimiento, intervención y gestión de derechos frente a conflictos humanos, sociales y ambientales que se generen en contextos espaciales o territoriales, reconociendo a las comunidades y los espacios de vida como actores receptores de las políticas de desarrollo espacial.
Consideramos que el espacio es transversal a cualquier forma de relación humana; así pues, los individuos se relacionan en contextos humanos y sociales, e indudablemente necesitan de un espacio geográfico para proyectar sus relaciones. Dichas relaciones implican también una forma de intervención y transformación del espacio, lo que determina que no sólo la relación recíproca entre tales individuos deba mediarse o regularse por un marco normativo o jurídico, sino que también las relaciones que el individuo entabla con su entorno y bajo un contexto espacial o territorial, deba ser regulada bajo un programa normativo; en consecuencia, JESPA propone potenciar las relación individuo-espacio, fomentando escenarios de dialogo en los cuales la capacidad creativa de los sujetos se direcciona a la materialización efectiva de los elementos que constituyen la vida digna.
Colombia es un Estado Social de Derecho, con un marco constitucional garantista y promotor de los derechos humanos. Es además un
estado que define la dignidad como
un principio
fundante del
Estado Social, que debe ser materializado a través de las políticas públicas del estado. Para JESPA es fundamental que la dignidad se entienda materializada en contextos espaciales, entendiendo que la realización de los derechos, cualquiera que estos sean, asume una importancia definitiva cuando se analizan y se proyectan en términos del espacio que se afecta y las relaciones humanas que surgen de éste. No en vano consideramos entonces que la justicia debe ser también espacial, porque las formas correctas o justas de relación con el espacio determinan la efectiva realización de derechos humanos. La justicia espacial es ante todo la justicia entendida en términos holísticos o generales, es la justicia que involucra también elementos de justicia social y justicia ambiental.
JESPA desarrolla su objeto social en el Departamento de Caldas, Colombia, un territorio que tiene importantes retos y desafíos en lo que respecta a la materialización efectiva de los derechos humanos de la población, y el desarrollo sostenible de la región. Caldas es un Departamento ubicado entre el valle de la cuenca del rio Magdalena, la cordillera Central y el valle de la cuenca del río Cauca,
Territorios en los que se han asentado comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas, las cuales han constituido lo que entendemos como el mundo rural, siendo la cuna del desarrollo económico del país al ser una economía emblemáticamente agrícola; no en vano
Caldas fue conocida como la provincia campesina del país, un
territorio fértil y con abundantes fuentes hídricas, con escarpadas laderas y territorios abundantes de recursos, donde las comunidades rurales por siglos han mantenido formas sociales respetuosos del ambiente y en armonía con la tierra. Esto ha significado para dichas comunidades múltiples retos al momento de defender su territorio frente a elementos exógenos que pretenden intervenirlo, tornándose en una pugna que logra escalar altos niveles de violencia, fenómeno de vulneración que en general sufren todos los pobladores del mundo rural. Para JESPA son de especialísimo interés estas formas
como la sociedad civil se organiza entorno a su espacio, como respuesta a los retos que implican la tendencia mundial que aceleradamente dirige la vida a formas irresponsable, destructivas e insostenibles, hacia futuro sin espacios aptos para que prospere la vida en condiciones de dignidad.
Caldas ha sido un territorio rico en recursos naturales, su variabilidad climática y ecosistémica dada por la presencia de valles fértiles, inmensos ríos, y la cordillera Central, que hace parte del gran sistema de montañas andinas, la han convertido en el blanco de proyectos de desarrollo económico, que vinculan su riqueza natural a la posibilidad extractiva o de explotación del territorio. Así pues, es posible identificar procesos de gran impacto territorial, como proyectos de gran minería y proyectos hidroeléctricos, que plantean indudables riegos para las comunidades y el medio ambiente. En muchas ocasiones estos proyectos generan desplazamiento de la población que recibe la influencia del proyecto, el daño del medio ambiente local, la contaminación de las aguas, el desplazamiento y la extinción progresiva de la fauna que habita la zona intervenida. Caldas también es un territorio sensible a las consecuencias del cambio climático y el
deterioro del medio ambiente. En la actualidad nos encontramos ante el fenómeno del
niño, quizás el más fuerte en la historia del país de acuerdo a estimaciones realizadas
por las autoridades ambientales del país1. Esta situación ha generado que ante todo las
comunidades rurales del departamento se vean amenazadas ante las fuertes sequías y las impredecibles condiciones climáticas que se presentan en la actualidad.
Para JESPA los conflictos que presenta el territorio deben de ser superados con el acompañamiento continuo a las comunidades; la asesoría legal, la representación administrativa, judicial, y la gestión de derechos humanos, sociales, colectivos y ambientales. Pero además es importante para nosotros adelantar proyectos investigativos que tengan como propósito identificar las problemáticas territoriales, y plantear respuestas que a mediano
y largo plazo representen soluciones pertinentes a
las necesidades y
problemas que presentan las comunidades y el medio ambiente que éstas cohabitan.
Nuestro grupo está
conformado por un equipo jurídico constituido por abogados con amplios
conocimientos en temas de medio ambiente, derechos humanos, derecho indígena y derecho urbanístico, pero además tenemos la colaboración permanente de profesionales de múltiples disciplinas como ingenieros Civiles, trabajadores sociales y antropólogos. Esta conformación interdisciplinar se debe a nuestro interés en adelantar procesos de intervención en los que se identifiquen con exactitud los problemas que tienen las comunidades, o que percibe el medio ambiente como afectación a su equilibrio ecológico, para posteriormente generar un diagnóstico y una posible alternativa o superación al problema, en la que normalmente hacemos uso del asesoramiento legal, la representación jurídica, administrativa, la gestión de derechos (litigio de derechos) ante los organismos judiciales del país y la gerencia de proyectos de intervención social.
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