BRASIL
Según los datos del censo del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística de 2010, en Brasil existen 305 pueblos indígenas, con 274 idiomas diferentes de los cuales el 37,4% de los mayores de 5 años habla una lengua indígena. El número total de indígenas suma 896.917 personas. 324.834 viven en cen-tros urbanos y 572.083 en áreas rurales, lo que corresponde a un 0,47% de la población total del país. La mayor parte de esta población se distribuye en las 698 “tierras indígenas” (106,7 millones de ha), donde reside el 57,7% de los indígenas. 83 de estas tierras indígenas están habitados por un número menor a las 100 personas. 28 etnias se encuentran en situación de aisla-miento voluntario.1 La tierra indígena con mayor población indígena es la
yanomami, en Amazonas y Roraima, con 25.700 indígenas.
Brasil ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
E
n 2014 fue reelecta la presidenta Dima Rousseff ,y su nuevo mandato parece seguir la misma política irrespetuosa hacia los pueblos indígenas. “El primer mandato de la presidenta fue el período en que se limitó la menor superficie indígena desde la redemocratización del país, reflejo de la falta de prioridad a la FUNAI-Fun-dación Nacional del Indio, que hace 20 meses está bajo el mando interino del procu-rador da justicia Flavio de Azevedo,2 y con una creciente reducción del presupuesto.3 El gobierno de Dilma Rousseff se caracteriza por ser claramente desarrollista, sin respetar la Constitución brasileira y los acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario.Enmienda constitucional puede poner en peligro la demarcación de
las tierras indígenas
Varias medidas están siendo instrumentadas para que sean claramente violados los pocos derechos indígenas que son respetados. Entre ellos, la Propuesta de Enmien-da de la Constitución (PEC-215), que transfiere del Poder Ejecutivo al Congreso Na-cional el poder de homologar las tierras indígenas.
Con la elección de la nueva ministra de agricultura, Kátia Abreu, alineada a la bancada ruralista del Congreso Nacional, la PEC 215 tiene buenas posibilidades de ser aprobada. Si eso ocurre, será más difícil que las tierras destinadas al usufructo de la población indígena pasen efectivamente a sus destinatarios. Según el liderazgo indígena: “Hay un proceso evidente en Brasil de ataque a los derechos indígenas. Aparte de esto, habría una serie de exenciones de posesión de usufructos de las tierras ya demarcadas, aparte de abrir la posibilidad de rever los procedimientos de demarcación ya analizados”.4 La bancada ruralista es una de las más activas en el
Congreso. En la Cámara Federal, de los 191 diputados que forman el Frente Parla-mentario de Agropecuaria, 126 fueron reelectos en 2014.
Kátia Abreu afirma que el “latifundio no existe más en Brasil” y agrega que “el Brasil entero era de ellos (de los pueblos indígenas), pero de ahí a asegurarles cier-tas áreas hay mucha distancia., porque los indios saldrían del bosque y bajarían a las áreas de producción”.5 Según el indígena Wagner del pueblo krahơkanela; “la
eco-nomía que la ministra quiere generar para nuestro país es destruyendo el medio ambiente”.6 “Si ella fuera aprobada, se exterminarán las poblaciones indígenas y
quilombos” agrega Dinama Tuxá del pueblo tuxá.7
Frente a la propuesta, la FUNAI perdería una de las únicas atribuciones que le resta, o sea, la prerrogativa de pedir al Ejecutivo la demarcación de las tierras indíge-nas, que pasará a ser decidida por el Congreso Nacional, aparte de ser el único ór-gano que tiene responsabilidad directa de promover los derechos de los pueblos in-dígenas. Pero la institución está siendo desactivada en forma paulatina, con el recor-te de presupuesto, que siendo de 174 millones en 2013, pasó a 154 millones en 2014. Como se mencionó anteriormente, hace 20 meses que la FUNAI está bajo un mandato interino lo que demuestra una clara falta de interés con las cuestiones indí-genas. También redujo su cuadro de funcionarios, especialmente los que trabajan en las demarcaciones de los territorios indígenas. Según la FUNAI, el equipo de funcio-narios dedicado a la delimitación y demarcación de tierras pasó de 21 a 16
funciona-rios fijos, y el número de antropólogos del equipo con base en Brasilia bajó de seis a dos.8
En los últimos 20 años, el gobierno de Dilma Rousseff fue el que menos homolo-gó tierras indígenas. Solo 11, en un período de cuatro años, por una superficie de 2 millones de hectáreas.9
En mayo de 2014, en el Foro Permanente de las Naciones Unidas, Brasil fue nuevamente denunciado por violaciones a los derechos indígenas por el indígena Lindomar Tenera, de Mato Grosso do Sul y representante de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Denunció a la bancada ruralista del Congreso nacional
1. Proyecto Hidroeléctrico Belo Monte
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por la aprobación de cambios en los derechos constitucionales indígenas. Afirmó que “En Brasil está en curso una serie de articulaciones e iniciativas que buscan reducir, suprimir los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Fede-ral Brasilera y reafirmados por tratados internacionales (…) El modelo desarrollista brasilero dispone los territorios indígenas y de otros segmentos de comunidades tra-dicionales para la explotación descontrolada de los recursos naturales, la expansión del agronegocio y la implementación de grandes proyectos (…) Por ello, el gobierno brasilero paralizó el proceso constitucional de demarcación de nuestros territorios, aumentando gravemente los conflictos territoriales en varias regiones de Brasil”.10
No hay consultas sobre represas hidroeléctricas en la Amazonía
En marzo de 2014, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil denunciaron al gobierno brasilero en la 25ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-nes Unidas por violacioNacio-nes de los derechos indígenas en el proceso de construcción de grandes hidroeléctricas en la Amazonía. Las denuncias fueron presentadas por el coordinador de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Alexandre Sampaio. De acuerdo con el coordinador de APIB, la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta y del consentimiento, libre, previo e informado sobre los emprendimientos y medidas administrativas que afecten sus territorios, previstos por el Convenio 169 de la OIT y no aplicados por Brasil, han creado un peligroso precedente de ilegalidades en lo tocante a la observancia de tratados internaciona-les, y está poniendo en riesgo la sobrevivencia de los pueblos indígenas. “La alianza de intereses económicos y políticos profundiza una crisis sin precedentes en la apli-cación de la legislación que protege nuestros derechos. Es inadmisible que el gobier-no viole derechos indígenas garantizados por la Constitución brasilera como por convenios internacionales” afirmó Guajajara. Tanto en la hidroeléctrica de Belo Monte (estado de Pará) como en las grandes represas de la cuenta del Tapajós, el gobierno no ha realizado el proceso de consulta para obtener un consentimiento previo, libre e informado.
Los ingenios de Teles Pires y São Manoel ya recibieron, incluso, las licencias ambientales correspondientes. Esta situación viene provocando crecientes conflictos con comunidades locales, como con los pueblos indígenas munduruku, kayabi y apiaka, que han protestado contra la violación de sus derechos.11 El complejo
hi-droeléctrico de Belo Monte, en construcción desde 2011 en el corazón de la Amazo-nía brasileña, es probablemente el caso más notorio de una mega represa marcada
por la flagrante falta de respeto a la legislación nacional y los acuerdos internaciona-les sobre los derechos humanos y de protección ambiental. Así, Belo Monte ya fue objeto de 20 procesos de acción civil pública, bajo Ministerio Público Federal desde 2001.
Una de las acciones claves trata sobre la aprobación, por el Congreso Nacional, del decreto legislativo 788/2005autorizando la construcción de Belo Monte en ausen-cia de un proceso de consulta previa junto a los pueblos indígenas afectados, confor-me al artículo 231 de la Constitución Federal y el Convenio 169 de la OIT. El Ministe-rio Público Federal impulsó una acción en 2006, requiriendo la suspensión del Decre-to 788/05 y el cumplimienDecre-to del mandaDecre-to constitucional sobre la realización de las consultas previas con los pueblos indígenas xingú, cuyos territorios y vidas están amenazados por la construcción de Belo Monte.
Finalmente, el 13 de agosto de 2012, el Tribunal Federal Regional juzgó el méri-to del caso, suspendiendo el Decreméri-to 788/05 y la construcción de Belo Monte. Luego de pocos días, el entonces presidente del Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, a pedido de la Abogacía General de la Unión (AGU), suspendió unilateralmen-te la decisión judicial, sin oír al Minisunilateralmen-terio Público Federal, líderes indígenas y otros representantes de la sociedad civil, ignorando argumentos de mérito del caso y pos-tergando el juicio final.
En el caso de Belo Monte, la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (creada en 2004) actúa hoy como si fuera un servicio de seguridad privada para el Consorcio Constructor Belo Monte y la empresa Norte Energía SA (detentora de la concesión gubernamental para construir la represa), mientras los líderes del Movimiento Xingú Vivo son criminalizados. Desde 2013 hasta la actualidad, la administración de Dilma Roussef lanzó una operación militar conocida como “Operación Tapajós”, enviando a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y la Policía Federal para escoltar a los equipos que realizan estudios técnicos en el territorio del pueblo munduruku, así co-mo los preparativos para la construcción de las mega represas sobre las cuales nun-ca fueron consultados. Al mismo tiempo, el gobierno federal ha cuestionado en diver-sas oportunidades la legitimidad de los líderes munduruku involucrados en el movi-miento de resistencia de las represas de Tapajós”.12
Los pueblos indígenas se enfrentan a una creciente violencia
El resultado de estas medidas están retratadas en el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas. En julio de 2014, el Consejo Indigenista Misionero, CIMI,
pre-sentó un informe titulado “Violencia contra los pueblos indígenas de Brasil”.13 En lo
que se refiere a la cuestión de “Violencia contra el patrimonio”, muestra un crecimien-to de un 26% de las violaciones sobre tierras indígenas. En el caso de “Violencia por omisión del poder público”, los índices son alarmantes, con un incremento del 72% y el aumento de “Violencia contra la persona” el incremento fue del 237%, consideran-do amenazas de muerte, homicidios, tentativas de asesinato, lesiones corporales y violencia sexual. El informe indica que el conflicto por la tierra puede continuar, dado que buena parte de las tierras indígenas permanecen sin reglamentación.
Frente a los hechos aquí mencionados podemos afirmar que el gobierno nacional no tiene ningún interés en el respeto de los derechos indígenas y mucho menos de los acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario. Es por ello importante alertar sobre el carácter altamente desarrollista de este gobierno y del peligro que esto presenta para los pueblos indígenas.
Notas y referencias
1 http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-po-blacao-indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia
2 Flavio de Azevedo é procurador vinculado a Advocacia Geral da União-AGU. 3 Estadão 15 de febrero de 2015.
4 http://agenciabrasil.ebec.com.br 5 OESP, Espaço Aberto, p.A2. 6 Idem. 7 http//brasil.elpais.com 8 Estadão 15 de febrero de 2015. 9 http://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/demarcacoes-nos-ultimos-governos 10 http://www.brasildefato.com.br/node/28582 11 http://pib.socioambiental.org/pt/noticias?id=137198 12 http://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/brasil-pt-mar-co-2014_final-1.pdf 13 http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/14581-cimi-lanca-relatorio-com-dados-de-violencia-contra-os-povos-indigenas-em-2013
María de Lourdes Beldi de Alcántara es antropóloga, trabaja como profesora con-vidada en antropología médica de la Facultad de Medicina de Sao Paulo. Es coordi-nadora del Grupo de Apoyo de Jovenes Guaraní de Mato Grosso do Sul, GAPK/AJI.
