LA ADMINISTRACIÓN QUE VIENE:
EL INFORME DE LA COMISIÓN PARA
LA REFORMA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
David Delgado Ramos
Abogado
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La Fundación Ciudadanía y Valores como institución independiente, formada por profesionales de diversas áreas y variados planteamientos ideológicos, pretende a través de su actividad crear un ámbito de investigación y diálogo que contribuya a afrontar los problemas de la sociedad desde un marco de cooperación y concordia que ayude positivamente a la mejora de las personas, la convivencia y el progreso social
Las opiniones expresadas en las publicaciones pertenecen a sus autores, no representan el pensamiento corporativo de la Fundación
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Sobre el autor
David Delgado Ramos es abogado, doctorando en Derecho Constitucional. Licenciado en Derecho (E-1) por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid – ICADE y en Ciencias Políticas y de la Administración por esa misma Universidad.
Ha publicado numerosos artículos: “La publicación de los bienes de los parlamentarios: ¿Una apuesta por la gobernanza?”, Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Parlamentos, nº 9; “La legitimación del Presidente del Gobierno en la interposición del recurso de inconstitucionalidad”, Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 24; “La doctrina del Tribunal Supremo sobre el nombramiento de directores generales no funcionarios”, Revista de Administración Pública, nº 185.
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LA ADMINISTRACIÓN QUE VIENE:
EL INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
David Delgado
1.- INTRODUCCIÓN
El pasado viernes 21 de junio, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el Gobierno presentó el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la CORA, quien desde su constitución el 26 de octubre de 2012 tenía como objetivo analizar el conjunto de las Administraciones Públicas para diseñar una administración más eficiente a partir de la racionalización y modernización de estructuras, procedimientos y recursos. Todo ello, desde el respeto al marco competencial y a la autonomía que nuestra Constitución consagra para las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
El informe, en el que la participación ciudadana se plasmó en más de 2.000 sugerencias, de forma abierta a la sociedad y a los ciudadanos, dio como resultado la mayor y más completa auditoría de nuestras Administraciones Públicas.
Una auditoría que partía de una premisa clara y bien fundamentada, pero socialmente no explicada: España tiene una de las mejores administraciones existentes pero que, como toda estructura con historia y complejidad organizativa, presenta ciertas ineficiencias que deben resolverse para que el sistema no se colapse.
Una afirmación que se explica en base a dos datos expuestos en el informe: en el nivel de gasto no financiero sobre el PIB, España se ha mantenido muy por debajo de la media de la Unión Europea (43,4% frente al 49,9% de media en la eurozona), pese a lo cual el aumento del gasto público ha sido intenso en los últimos años: pasó a representar el 38,4% del PIB en 2005 a suponer el 45,2% en 2011.
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Por último, en lo referente al empleo público, punta de lanza de cualquier crítica que se lanza contra el supuesto desmedido tamaño de las Administraciones Públicas, el informe también desmonta muchas de las aceradas invectivas y mitos, explicando que, pese a que en los últimos diez años el número de empleados públicos ha crecido de forma muy notable, con datos de la EPA, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013, el empleo público se ha reducido en 374.800 trabajadores, prácticamente el mismo incremento que se había producido en una década.
Además, y en lo referido a su ocupación, los datos del informe desmontan el manido mantra del sobredimensionamiento del empleo público en la estructura burocrática al recordar que en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, sólo el 25% de los empleados públicos se encuentran en las estructuras puramente administrativas, estando el resto dedicados a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia.
Planteamiento que es reforzado con un dato aún más revelador: en el mismo periodo analizado, el empleo público ha caído un 11,6% frente al 7,7% en que ha disminuido la ocupación en el sector privado.
2.- UN INFORME PROPOSITIVO
El informe plantea 218 propuestas, de las que 140 afectan a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas y 78, sólo a la Administración General del Estado.
De ellas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración pública, mientras que 118 tienden a eliminar duplicidades con las Comunidades Autónomas, 43 eliminan trabas y simplifican procedimientos, 38 mejoran la gestión de los servicios y 8 racionalizan la Administración institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.
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Dado su carácter y su fundamentación, el informe tiene una clara inspiración en sus resultados en una serie de principios:
La disciplina presupuestaria y transparencia pública, cuyos marcos de
referencia son, en primer lugar, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, en segundo lugar, el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Ambos proyectos han supuesto un cambio en la forma y fondo de nuestras Administraciones Públicas. La de Estabilidad Presupuestaria, porque ha impuesto u nuevo marco normativo para que ninguna Administración, más allá de los ciclos económicos, gaste más de lo que ingrese, y la Ley de Transparencia, porque nos incardina en los nuevos modelos de gobernanza europea y acerca la gestión pública a los ciudadanos.
Consecuencia ambos textos, se están haciendo esfuerzos importantes para incrementar la transparencia en las cuentas públicas, en particular, mediante la mejora de la calidad estadística de las cifras presupuestarias, algo a lo que sin duda contribuirá la futura Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la creación, planteada por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, de una Central de Información para terminar con la dispersión existente en fuentes de información económica, y que estaría alojada en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Racionalización del Sector Público, eliminando las duplicidades,
solapamientos e ineficiencias interadministrativas, fundamentalmente con las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, ajustando la Administración institucional y el sector público empresarial y fundacional del Estado, para lo que la Comisión de Reforma de
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las Administraciones Públicas cree necesaria la aprobación de una nueva Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas que sustituya a la vigente Ley 30/92.
Con carácter complementario, y para un mejor control y sistematización, los datos contenidos en el Inventario de Entes Dependientes de las Comunidades Autónomas deberán integrarse en el Inventario de Entes del Sector Público Estatal, de forma que, antes de que cualquier administración pública cree una nueva entidad, deberá comprobarse la ausencia de duplicidades con otras.
Por último, y aunque no se encontraba entre los cometidos de la Comisión, puesto que se había presentado con anterioridad, el informe hace una referencia a la reforma de la Administración local, señalando que la puesta en marcha del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supondrá un ahorro de al menos 7.129 millones de euros en el periodo 2013-2015.
Mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas, cuyas medidas de
carácter estructural fueron ya puestas en marcha fundamentalmente en los Reales Decretos-ley 3/2012 y 20/2012, que supusieron una mejora de la eficacia junto con un importante ahorro de costes.
El informe incide de forma especial en la gestión conjunta de servicios comunes con el fin de ahorrar costes, como en medios informáticos, inmuebles, tesorería, el establecimiento de una dirección centralizada en la contratación para reducir el número de órganos de contratación, notificaciones, parques móviles, imprentas y medios aéreos y marítimos.
Otro punto relevante, las subvenciones, son objeto de estudio también, proponiendo la reforma de la Ley de subvenciones, reforzando la transparencia en la concesión, estableciendo límites a la financiación pública de ciertas
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modalidades de gasto privado, eliminando duplicidades, clarificando el papel de las entidades colaboradoras, y flexibilizando trámites administrativos.
Además, particularmente en lo referente al empleo público, se está ultimando el diseño de las actuaciones que harán posible desarrollar estrategias de innovación y eficiencia en la configuración y gestión del empleo público, como la determinación del régimen jurídico de personal, la elaboración de catálogos de cuerpos de personal, la reconsideración del personal eventual, el diseño de herramientas de medición de cargas de trabajo y de la evaluación del desempeño o la articulación de mecanismos de movilidad interna e interadministrativa.
Por otro lado, la generalización de sistemas de medición de la eficiencia, con el fin de corregir demoras en la tramitación y el establecimiento de un nuevo procedimiento de elaboración de los capítulos 2 y 6 de los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de una mejor asignación de los recursos para gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales contribuirá a sistematizar la gestión del gasto.
Por último, con la Ley de Impulso de la Factura Electrónica, aplicable a todas las Administraciones Públicas, se agilizarán los pagos a proveedores, mientras que la creación del Registro Contable permitirá un riguroso control de las deudas, evitando así las llamadas “facturas en los cajones”.
Facilitar las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas, con medidas como el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad
de Mercado, que persigue la simplificación de las trabas administrativas para el acceso y ejercicio de las actividades económicas en las diferentes Comunidades Autónomas y la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional.
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También, el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y la futura Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, unido a la codificación del Derecho, permitirán una simplificación normativa que, sin merma de la seguridad jurídica, facilitará la actividad emprendedora y la inversión.
Una medida estelar, reclamación de empresarios y proveedores con las Administraciones Públicas es la morosidad, para lo que el Gobierno puso en marcha una nueva regulación para integrar el control de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera e introducir el concepto de periodo medio de pago a proveedores, con el fin de controlar la deuda comercial, estableciéndose un sistema automático y progresivo de control ante el incumplimiento.
Por último, la Administración Electrónica, la Administración del futuro, requiere, para su sostenibilidad, que se potenciada. Por ello, se propone la potenciación de la Plataforma de Intermediación de Datos y, en lo referente a la atención al ciudadano, el establecimiento de un punto de acceso general para las Administraciones Públicas, extendiendo el servicio 060 a todas las administraciones, desarrollando la oficina electrónica de información a los ciudadanos y de gestión de prestaciones de la Seguridad Social, y visibilizando la oferta de trabajo, informatizando la Oficina electrónica de información y asistencia a víctimas del terrorismo y estableciendo el BOE a la carta.
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3.- CONCLUSIONES
El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ha supuesto el más profundo análisis hecho nunca sobre la estructura de nuestras Administraciones Públicas, instrumento indispensable para el planteamiento de cualquier reforma.
Un informe completo en su contenido, riguroso tanto en la metodología utilizada como en los datos recogidos y diáfano en sistematización, que sorprende en muchos aspectos, pero que, sobre todo, sirve para clarificar claroscuros y mitos extendidos, al objeto de presentar el Sector Público tal y como es, y proceder a su reforma.
Las propuestas de reforma, tanto las carácter transversal, -para todas las Administraciones Públicas-, como las de carácter específico, para cada Administración, desde el absoluto respeto al marco competencial vigente, permiten aportar una respuesta a la racionalización desde una perspectiva más profunda que la de el ahorro y la austeridad, siendo propuestas de modernización, reestructuración y reforma, con una incidencia particular para los ciudadanos y empresas.
El informe, en ese sentido, se hace eco de la inmensa mayoría de las propuestas del informe sobre las “Propuestas para la Reforma de la Administración General del
Estado”, que FUNCIVA presentó en abril, como las relativas al impulso de la
administración electrónica, la simplificación administrativa o la racionalización del sector público empresarial y fundacional.
El informe, en conclusión, presenta a la Administración que es, pero también a la que viene. Una Administración marcada por la eficiencia, la eficacia, la racionalidad y la modernidad, es decir, una Administración a la vanguardia de la sociedad.
