El pueblo y el rey
La revolución comunera en
Colombia, 1781
El pueblo y el rey
La revolución comunera en
Colombia, 1781
COLECCIÓN MEMORIA VIVA DEL BICENTENARIO 2009 Editorial Universidad del Rosario
2009 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
Escuela de Ciencias Humanas
2009 John Leddy Phelan
The University of Wisconsin Press. Madison, Wis., USA
1980 Traducción: Hernando Valencia Goelkel
ISBN: 978-958-738-011-8
Primera edición: The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia, 1781 The University of Wisconsin Press. Madison, Wis., USA, 1978
Primera edición en español: Carlos Valencia Editores, Bogotá, diciembre de 1980 Segunda edición en español: Bogotá, D.C., junio de 2009
Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario Diagramación: Margoth C. de Olivos
Imagen de cubierta:
José Antonio Galán (Colección de miniaturas, Biblioteca Luis Ángel Arango) en Boletín Cultural y Bibliográfico Banco de la República. Santafé de Bogotá, Colombia.
Volumen XXXIII - Número 41, 1996. Montaje de cubierta: David Reyes
Impresión:
Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 Nº 13-41 Ofc. 501 Tel.: 2970200 Ext. 7724 [email protected]
Todos los derechos reservados.
Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de la Editorial Universidad del Rosario.
Phelan, John Leddy
El pueblo y el rey: la revolución comunera en Colombia, 1781 / John Leddy Phelan; traducción de Hernando Valencia Goelkel.—Escuela de Ciencias Humanas—.
2ª. ed. en español, Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009. 378 p.—(Colección Memoria viva del Bicentenario).
ISBN: 978-958-738-011-8
Colombia – Historia – Siglo XVIII / Insurrección de los comuneros – 1781 / Colombia – Historia – Guerra de independencia – 1810-1819 / I. Título.
986.103 SCDD 20
Impreso y hecho en Colombia
Prefacio ... 10
Introducción ... 13
Primera parte Carlos III 1. De los Reinos al Imperio: innovaciones políticas de Carlos III .... 18
2. De Reino a Colonia: el programa económico y fiscal de Carlos III ... 36
Segunda parte Juan Francisco Berbeo 3. Los motines populares ... 61
4. Patricios y plebeyos en el Socorro ... 76
5. Una utopía para el pueblo ... 100
6. Una utopía para los nobles ... 116
7. Una utopía para los indios: los resguardos ... 130
8. Una utopía para los indios: revueltas indígenas ... 139
9. Encuentro en puente real de Vélez ... 163
10. La batalla que no se libró en Bogotá y la invasión de Girón ... 176
11. “Guerrea, guerra a Santa Fe” ... 186
12. Cita en Zipaquirá... 200
13. Las capitulaciones de Zipaquirá: aspectos fiscales ... 219
14. Primera Constitución escrita de la Nueva Granada ... 241
Tercera parte Antonio Caballero y Góngora 15. José Antonio Galán: mito y realidad ... 261
19. Caballero y Góngora y la Independencia de Colombia ... 332 Nota sobre las fuentes ... 342 Índice analítico ... 344
Abreviaturas utilizadas
AGI/ASF Sección de la Audiencia de Santa Fe en el Archivo General de Indias (AGI), Sevilla.
CA Pablo E. Cárdenas Acosta, El movimiento comunal de 1781 en el
Nuevo Reino de Granada, 2 vols. Bogotá: Editorial Kelly, 1960.
CR Colección privada de José Manuel Restrepo, Bogotá
AHN Archivo Histórico Nacional, Bogotá.
ANS Archivo de la Notaría, Socorro.
todo historiador del movimiento de los comuneros
El generoso apoyo de varias fundaciones, a las que estoy profundamente agradecido, facilitaron en gran manera la investigación y redacción del presente libro. Aportes de la Midgard Foundation y de la Social Science Research Foun-dation me permitieron permanecer durante un año en España y Colombia, y una contribución de la American Phylosophical Society hizo posible que volviera a Bogotá. Buena parte de la redacción se efectuó durante una licencia remunerada de un año, con fondos suministrados por el American Council of Learned Societies y del Institute for Research in the Humanities de la Universidad de Wisconsin-Madison. El comité de investigación de la escuela de postgrado y el comité de estudios iberoamericanos, ambos de la Universidad de Wisconsin, me proporcionaron generosamente fondos para viajar.
En todos los archivos y bibliotecas donde trabajé no sólo recibí ayuda sino que también fui tratado con indeclinable cortesía. Quisiera expresar mi reconocimiento a los directores y al personal de las siguientes instituciones: Memorial Library de la Universidad de Wisconsin, Archivo Histórico Nacional (Bogotá), colección privada de José Manuel Restrepo (Bogotá), archivo de la Notaría en la Casa de la Cultura del Socorro, Archivo Parroquial del Socorro, archivo Histórico del departamento de Antioquia, Archivo Nacional de Historia (Quito), Lilly Library de la Universidad de Indiana y Archivo General de Indias (Sevilla). Entre los directores y funcionarios de estas instituciones quisiera poner de presente mi especial gratitud a Louis Kaplan, Joseph Tryz, Susanne Hodgman, Carlos Restrepo Canal, Alberto Lee López, O.F.M., Alberto Miramón, Eduardo Santa, doña Pilar Moreno de Ángel, doña Adela Cajiao B., monseñor José Restrepo Posada (fallecido), doña Carmen Camacho de Villarreal, Jorge Garcés (fallecido), Elfrieda Lang y doña Rosario Parra Cala.
Mucho les debe este libro a mis amigos colombianos. Aprecio profunda-mente el honor que me confirió la Academia Colombiana de Historia en 1972, cuando me eligió miembro correspondiente. Guardo en gran estima la amistad de su ilustre presidente, doctor Abel Cruz Santos. A Horario Rodríguez Plata, antiguo presidente de la Academia e hijo ilustre del Socorro, le adeudo profunda
gratitud por la liberalidad y el compañerismo con que compartió conmigo sus dilatados y profundos conocimientos de la historia de su patria. Entre los otros académicos a quienes quisiera expresarles mi reconocimiento están los siguientes: el fallecido Roberto Liévano, Guillermo Hernández de Alba, padre Rafael Gómez Hoyos, decano de la Academia, Luis Martínez Delgado, Manuel Lucena Salmoral, Juan Manuel Pacheco, S.J., Luis Duque Gómez, padre Mario Germán Romero, general Julio Londoño, Rafael Bernal Medina, coronel Camilo Riaño, José de Mier y Armando Gómez Latorre.
He pasado muchas horas amables en el hogar de doña Kathleen Romoli de Avery, cuya visión de Colombia es más aguda que la de cualquier otro extranjero que yo conozca. Aprendí también mucho en incontables charlas en la hospitalaria casa de Jorge Cárdenas García y de su vivaz esposa, doña María Elena. Don Jorge es descendiente directo, por la rama femenina, de Juan Francisco Berbeo, el comandante de los comuneros, e hijo del fallecido Pablo Cárdenas Acosta. Jaime Jaramillo Uribe, cuya erudición le ha granjeado reputación internacional, demostró ser amigo sabio y valioso consejero. Ramiro Gómez Rodríguez fue infinitamente generoso al transmitirme su conocimiento íntimo de los archivos en su Socorro natal. Durante los varios años que trabajé en los archivos de Bogotá, disfruté el privilegio de varias conversaciones largas y estimulantes con Indalecio Liévano Aguirre, actual ministro de relaciones exteriores de Colombia y antiguo presidente encargado de la República. Mi discrepancia con algunas de sus opiniones en nada disminuye el respeto que me inspira como historiador y como hombre de Estado.
Entre otros colombianos cuya amistad quisiera agradecer se hallan Germán Colmenares, Hermes Tovar Pinzón, Margarita González, Inés y Enrique Uribe White, Juan Friede, José Vicente Mogollón Vélez y doña Beatriz Vila de Gómez Valderrama.
Entre mis colegas estadounidenses que trabajan en historia de Colombia recibí ayuda y estímulo valioso de José León Helguera, Jane Loy, Gary Graff, Allan Kuethe, Leon G. Campbell, Mark A. Burkholder y D.S. Chandlet. Frank Saffor realizó una crítica meticulosa y constructiva del manuscrito.
En lo que respecta a mis colegas de Madison estoy especialmente reconocido con Peter H. Smith, Thomas E. Skidmore, William Courtenay,
Morton Rothstein, Charles F. Edson, Maris Vinovskis y Robert Halstead, por haber compartido conmigo su saber. Una expresión de gratitud muy especial y muy personal hago llegar a mis tres ayudantes en la investigación, quienes me ayudaron de infinitas maneras. Son ellos Peter de Shazo, Isabel Pepe Hurd y David Lyles. Guardo así mismo un recuerdo afectuoso del seminario de postgrado que dirigió en 1972 sobre el tema de los comuneros. Mary de Shazo tradujo competentemente cuatro artículos sobre el tema, aparecidos en el Boletín de
Historia y Antigüedades. Mrs. Ruth Koontz mecanografió con paciencia y con eficacia el abultado manuscrito.
Por último, quisiera agradecerles a todos los colombianos incontables y anónimos, de toda clase y condición, que contribuyeron a que mis muchas visitas a su país resultaran para mí tanto placenteras como estimulantes.
John Leddy Phelan Madison, Wisconsin, noviembre de 1975
Nota de los editores estadounidenses
Cuando John Leddy Phelan se hallaba próximo a finalizar la preparación de este libro para su publicación, ocurrió su repentina muerte. Los editores agradecen a Peter H. Smith, amigo y colega del autor, por haber asumido la responsabilidad de concluir esta tarea, agradecimiento que hacen extensivo, por su colaboración como asistentes, a Cathy Duke y Susan Fredston.
Este estudio se desprende de mi libro anterior. En The Kingdom of Quito in
the Seventeenth Century trataba de explorar los mecanismos internos de la burocracia colonial y de examinar las condiciones que le permitían a la administración conciliar las tensiones y los conflictos. Este libro mira a la otra cara de la moneda. ¿En qué circunstancias se desplomó el sistema burocrático de conciliación hasta el punto de que diversos grupos consideraran necesario recurrir a las armas para lograr sus objetivos políticos?
Una de estas ocasiones se presentó en Colombia, llamada entonces Nuevo Reino de Granada, en 1781. Unos veinte mil hombres y mujeres de esa tierra pobre pero orgullosa, mal armados pero enardecidos, marcharon a la población de Zipaquirá situada a un día de camino de Bogotá, para exigir que los ministros del rey Carlos III de España repudiaran toda una serie de medidas fiscales y administrativas, introducidas brutalmente. La capital se hallaba virtualmente indefensa. El rollizo y astuto arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora, en nombre de las autoridades firmó las capitulaciones de Zipaquirá en las que se derogaba el programa de Carlos III.
El acontecimiento, que pasó a la historia como Revolución de los Comuneros, ha sido interpretado por algunos historiadores modernos como antecedente de la independencia política; por otros, como una revolución social frustrada para los de abajo, a quienes traicionaron los de arriba. No fue ninguna de las dos cosas, como trata de demostrar este libro, al ceñirse principalmente a la forma como los hombres y mujeres de 1781 percibían la modalidad de su protesta. En lugar de interpretar el movimiento de los comuneros en términos de sucesos posteriores, me he concentrado en el significado interno de dos expresiones claves: la palabra comunero, con la que se identificaban los inconformes, y el lema que proclamaban las muchedumbres en todas las plazas de ese reino montañoso: “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”.
La ideología política tácita de este movimiento no puede hallarse en las doctrinas de los filósofos franceses e ingleses, que tanto contribuyeron a inspirar
la revolución norteamericana en esos mismos años. Sus ideas eran desconocidas en la Nueva Granada de 1781. El alimento intelectual de la generación de 1781 venía de las doctrinas de los teólogos clásicos españoles de los siglos XVI y XVII, el más notable de los cuales era el jesuita Francisco Suárez. Para los ciudadanos de la Nueva Granada, el reino en que vivían constituía un corpus mysticum
politicum, con sus tradiciones y procedimientos propios encaminados a obtener el bien común de la comunidad toda. Para los hombres de 1781 ese bien común estaban demoliéndolo escandalosamente con las innovaciones fiscales introducidas por los burócratas de Carlos III. El pueblo de la Nueva Granada rara vez invocaba nociones como “nación” o “patria”, pero permanentemente repetía las antiguas expresiones castellanas de “el común” y “la comunidad” –el bien común de todos los grupos dentro de la comunidad.
La crisis de 1781 fue de naturaleza esencialmente política y constitu-cional. Es verdad que la desencadenaron los nuevos impuestos, o el aumento de los antiguos. Pero el problema central era el de quién tenía autoridad para imponer nuevas exacciones fiscales. Animado por el propósito de crear una monarquía unitaria, altamente centralizada, a fin de asumir los crecientes gastos de la defensa del imperio, el gobierno de Carlos III predicaba un evangelio nuevo, inspirado en el absolutismo francés de Luis XIV y Luis XV: el de que los súbditos le debían obediencia ciega a la autoridad constituida. Pero en los documentos de la revolución comunera se halla profundamente arraigada la creencia en que las leyes injustas son inválidas, y en el que el
corpus mysticum politicum tenía el derecho intrínseco a alguna especie de aprobación popular a impuestos nuevos. Los ciudadanos de la Nueva Granada eran herederos de una tradición de descentralización burocrática, la cual se había ido configurando lenta pero firmemente en la Nueva Granada durante los reinados de los Habsburgos y de los primeros Borbones. La “constitución no escrita” establecía que las decisiones básicas se adoptaban mediante consultas informales entre la burocracia real y los súbditos coloniales del rey. Por lo general se llegaba a un compromiso operante entre lo que deseaban idealmente las autoridades centrales y lo que, con realismo, podía esperarse de las condiciones y las presiones locales. La crisis de 1781 fue, en suma, una colisión constitucional entre la centralización imperial y la descentralización colonial.
Como sucede a menudo en situaciones revolucionarias, las demandas crecieron a medida que con el tiempo se iba extendiendo el movimiento. La protesta comenzó como una exigencia de volver a la “constitución no escrita”. Sin embargo, en Zipaquirá emergió un objetivo revolucionario dentro de un mar-co tradicionalista. Los hombres de 1781 reivindicaron un autogobierno criollo bajo la égida de la corona. Tanto Carlos III como sus súbditos neogranadinos se vieron forzados a abandonar sus revoluciones respectivas. El compromiso definitivo fue una versión modificada de la “constitución no escrita”, inclinada hacia una mayor centralización del poder real.
Al organizar la marcha sobre la capital, los dirigentes comuneros y sus seguidores se embarcaron en una campaña masiva de desobediencia civil, a fin de persuadir al rey de que repudiara las políticas de sus ministros. En 1781 era inconcebible el mundo sin una monarquía. De ahí que las multitudes exclamaran furiosamente “Viva el rey”. Pero también podía pensarse en que políticas fiscales nuevas requerían alguna forma de consulta con el pueblo sobre el que iba a recaer la carga. De ahí que también gritaran “Abajo el mal gobierno”.
En 1781 sólo había un principio de legitimidad política, y este recibía el apoyo entusiasta de todos los grupos de la sociedad. La corona pedía y recibía obediencia por parte de sus súbditos, ya que el rey, ungido del Señor, era la fuente de la justicia. Nunca habría de fomentar una injusticia si se le mantuviera completamente informado de todas las situaciones. Los ciudadanos de la Nueva Granada en 1781 alegaban que el rey había sido engañado por ministros rapaces y tiránicos; sus siempre leales súbditos le estaban llamando la atención, en forma un tanto enfática, acerca de ese hecho.
Confinada dentro de los límites de una forma de legitimidad política tradicionalista y providencialista, la generación de 1781 no podía echar por la borda la soberanía de la corona, ni propugnar por un orden básicamente nuevo de la sociedad. Tan sólo podía pedir la corrección de agravios específicos –en este caso, la supresión del nuevo programa fiscal.
Quienes interpretan la Revolución de los Comuneros como el primer capítulo de la emancipación política o como una revolución social frustrada llegan a la conclusión de que el movimiento fue un fracaso desolador. Dentro del contexto de 1781, tal como lo he definido, los comuneros obtuvieron un
éxito considerable. Aunque las autoridades habrían de repudiar muy pronto las capitulaciones de Zipaquirá, el arzobispo virrey Caballero y Góngora, tras esta-blecer de nuevo el principio de la autoridad real, se dedicó a hacer concesiones significativas dirigidas a las fuentes mismas de descontento que precipitaron la protesta. Volvió al espíritu de la “constitución no escrita” al arbitrar hábilmente un compromiso entre la insatisfacción del Nuevo Reino y las exigencias fiscales de la autoridad central en Madrid.
Quizás la falla principal dentro de la cuantiosa historiografía sobre el tema consiste en que la mayoría de los historiadores interrumpen su análisis con el repudio a las capitulaciones y omiten el examen detenido de la administración de Caballero y Góngora.
La lección que a Carlos III y sus ministros le dieron los comuneros fue la de que no podían violar con impunidad las tradiciones políticas, profundamente arraigadas, de la Nueva Granada. Paradójicamente, aunque sin advertirlo, el apoyo que le dio Caballero y Góngora al pensamiento científico de la Ilustración, y su creencia en el Estado como renovador de la economía, echó el puente que conecta a la Colonia con la Independencia.
La Independencia habría de llegar una generación después, pero el mundo occidental había cambiado hondamente entre 1781 y el derrocamiento de los Borbones en 1808. La introducción a la Nueva Granada del pensamiento científico y político de la Ilustración europea, el impacto de las revoluciones en América del Norte y en Francia proveyeron a los intelectuales criollos de la generación de 1810 con los instrumentos necesarios para desafiar la noción tradicionalista y providencialista de legitimidad, con la que comulgaban en cambio los hombres de 1781.
de Carlos III
El pequeño grupo de tecnócratas incipientes congregados en torno a Carlos III (1759-88) postulaba un estado unitario donde todos los recursos de los distintos y remotos dominios españoles pudieran movilizarse en defensa de la monarquía. Rompieron con la antigua noción –de los Habsburgos– de que los establecimientos de ultramar eran reinos, subordinados a la corona de Castilla y León e inseparables de ésta, y en el siglo XVIII comenzaron a aglutinar los dominios de España en las Indias como provincias de una monarquía teóricamente centralizada. La nomenclatura tradicional de los Habsburgos –“el rey de las Españas y de las Indias”– fue dando paso a la de “el rey de España y emperador de las Indias” o de “América”. En el reino de Carlos III los funcionarios españoles emplearon por vez primera el término “colonias”, tomado en préstamo a sus enemigos ingleses y a sus aliados franceses, para describir las posesiones de la corona en ultramar. Este cambio de nomenclatura implica un desplazamiento significativo de la intención.1
El arquitecto inicial del programa de Carlos III fue José del Campillo y Cosío, cuyo Nuevo sistema de gobierno económico para la América, redactado ya en 1743, establecía el plan básico para los cambios; el tratado circuló en manuscrito entre burócratas de alto rango hasta 1762, cuando, con modifica-ciones sin importancia, fue publicado en el Proyecto económico de Bernardo Ward. Para Campillo y Cosío “gobierno económico” era la aplicación al Nuevo Mundo de los principios del mercantilismo de Colbert. Propugnaba la abolición de monopolios ineficaces, como el monopolio comercial de que disfrutaban los comerciantes de Cádiz para la carga trasatlántica, y la creación de monopolios lucrativos fiscalmente; por ejemplo, el del tabaco. Veía a América como un mercado sin explotar para las manufacturas españolas. A fin de aumentar el consumo de ese mercado proponía que se abolieran las restricciones al comercio
1 Ver mi Kingdom of Quito in the Seventeenth Century: Bureaucratic Politics in the Spanish
y que los indios se incorporaran más completamente a la sociedad colonial, mediante la distribución de tierras entre ellos. Se debería aumentar la producción de plata, y podría crearse un sistema más eficiente de recolección de impuestos con la introducción al Nuevo Mundo del sistema francés de los intendentes.
Las humillantes derrotas que Inglaterra le propinó a España en la Guerra de los Siete Años impulsaron a la monarquía a poner en práctica el ambicioso proyecto de Campillo y Cosío. La debilidad de España frente a Inglaterra era análoga a la de la Austria de María Teresa frente a Prusia: moderniza o sucumbe. Pero el ritmo de la reforma fue deliberadamente cauto, lento incluso, dentro del contexto de la aguda rivalidad entre España y la Gran Bretaña. De ahí que las innovaciones tecnocráticas y fiscales de Carlos III fueran, nada más y nada menos, que un intento cauteloso dentro de lo que recientemente se ha llamado modernización defensiva. El aspecto verdaderamente revolucionario del programa de Carlos III no residía en su aspecto económico –el que apenas era un neomercantilismo colbertiano modificado– sino en los medios políticos y constitucionales adoptados para implantar esos modestos cambios económicos y fiscales.2
Carlos III tenía una ventaja sobre sus predecesores en el trono. Había evolucionado y había llegado a la madurez en un lapso de veinticuatro años pasados fuera de la península ibérica, aislado de los intereses establecidos y de los procedimientos burocráticos tradicionales de la corte española. Como monarca de las Dos Sicilias (1753-59) adquirió buen caudal de experiencias acerca de cómo modernizar cautelosamente una monarquía anticuada.
Los motines que estallaron en varias ciudades de España en marzo y abril de 1766 y que obligaron transitoriamente a Carlos III a huir de la capital fueron una advertencia para que el rey procediera con prudencia en la introducción
2 Para sugestivas interpretaciones recientes, ver David A. Brading, Miners and Merchants in
Bourbon México, 1763-1810 (Cambridge, 1971) y Stankey y Barbara Stein, The Colonial Heritage
of Latin America: Essays on Economic Dependence (Oxford, 1970), págs. 86-119. A Brading puede reprochársele por no distinguir claramente entre los aspectos político y económico-fiscal del programa de Carlos III. Habla de la totalidad de los cambios de Carlos III como de una “revolución en el gobierno”, cuando, de hecho, el monarca sólo utilizó medios algo revolucionarios para implantar cambios fiscales modestos. Muy correctamente, los Steins recalcan la moderación del programa fiscal, pero la brevedad de su estudio reduce al mínimo el aspecto político.
de cambios. Precipitados a primera vista por las nuevas regulaciones que prescribían el corte de las capas y prohibían los sombreros de ala ancha, los tumultos fueron simultáneamente expresiones del descontento popular con los consejeros italianos del rey, un clásico motín del pueblo hambreado y una abrupta reacción de los intereses tradicionales contra el cambio.3 La lección que Carlos III extrajo de los motines de 1766 fue la de que tenía que convencer, que halagar inclusive, a los intereses establecidos para que se aceptaran sus innovaciones. Quince años después Antonio Caballero y Góngora, virrey de Carlos III en la Nueva Granada, extrajo la misma lección de la Revolución de los Comuneros.
Aunque varios de estos cambios se introdujeron primero de manera experimental en Cuba, después de 1763, el primer intento de modernización defensiva en gran escala se efectuó en el virreinato de México, durante la “visita general” de José de Gálvez (1765-71). Gálvez regresó a España, triunfante tras su experiencia mexicana, donde sirvió como ministro de Indias de Carlos III desde 1776 hasta su muerte en 1787. A fines del decenio de 1770 y a comienzos del de 1780 Gálvez trató de aplicar el modelo de su experiencia mexicana a los virreinatos de Nueva Granada y Perú. Si José del Campillo y Cosío fue el principal diseñador del programa de modernización defensiva de Carlos III, Gálvez constituyó su principal ejecutor. El regente visitador general Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres y el visitador general Juan Antonio Areche se desempeñaron como ayudantes de campo de Gálvez en la Nueva Granada y el Perú, respectivamente.
Por lo tanto, un conocimiento de la visita general de Gálvez a México es preludio necesario para entender claramente lo que después habría de acontecer en la Nueva Granada. Los objetivos y las tácticas empleados por Gálvez en México fueron imitados, con pequeñas variaciones, por el funcionario que nombró un decenio después para la Nueva Granada. Creación de un monopolio de tabaco rentable, administración directa por la monarquía del sistema fiscal, expulsión de los criollos en cargos públicos y restricciones al poder del virrey:
3 Para una interpretación económica de los motines de 1766 ver Pierre Vilar, “El motín de Esquilache y la crisis del antiguo régimen”, Revista de Occidente 36 (1972): 199-274.
todo esto se había ensayado ya en México. También se presentó en México una resistencia popular militante contra esos cambios, pero la reacción en México no tuvo la intensidad de la de Nueva Granada y Perú.4
Los ministros de Carlos III no se proponían abolir las instituciones tradicionales de los Habsburgos sino tan sólo transformarlas para que sirvieran a otras finalidades. Sobra decir que quienes ocupaban los viejos cargos se resistían, a veces con éxito, y desvirtuaban así el alcance de los cambios propuestos. En ninguna parte se aprecia mejor esto que en el caso de la institución virreinal.
El propósito fundamental era restringir la autoridad del virrey a cues-tiones puramente políticas y militares, y despojarlo de toda autoridad sobre la maquinaria fiscal. La real hacienda habría de convertirse en un departamento completamente autónomo, dirigido por un “superintendente delegado”. El super-intendente vigilaría a un funcionario provincial de nueva data, el “gobernador intendente”. Como este habría de ejecutar las funciones políticas, judiciales y militares de los antiguos corregidores, y tendría también jurisdicción financiera sobre la hacienda, era menester el reclutamiento y al formación de personas mejor calificadas para el cargo. Su responsabilidad principal era promover el desarrollo económico y darle mayor eficiencia a la administración fiscal.5
No sólo se restringía la responsabilidad de la audiencia en la esfera fiscal, sino que también el virrey dejaba de ser presidente de ésta. En 1776 se creó el cargo de regente de la audiencia. Le seguía en rango inmediatamente al de virrey, y le competía aliviar a este de la administración rutinaria de la audiencia.6 El nuevo sistema gubernamental parecía una versión de la troica en el siglo XVIII, con la autoridad suprema dividida entre el virrey para asuntos
4 Herbert I. Priestley, José de Gálvez, Visitador General of New Spain, 1765-71 (Berkeley, 1916); Brading, Miners and Merchants, págs. 26-81; María del Carmen Velásquez, El estado de
guerra en Nueva España, 1760-1800 (México, 1958), págs. 80-85.
5 Brading, Miners and Merchants, págs. 33, 45-47, 63-69, 87-92, 241-246; John Lynch,
Spanish Colonial Administration, 1782-1810: The Intendant System in the Viceroyalty of Río de la Plata (Londres, 1958); Luis Navarro García, Intendencias de Sevilla (Sevilla, 1959).
6 Clarence H. Haring. The Spanish Empire in America (Oxford University Press 1974), págs. 132-133. Consulta, 10 de agosto de 1779 y despacho de Gutiérrez de Piñeres a Gálvez, 28 de febrero de 1779, ambos en AGI/ASF 912; Gálvez a la audiencia, 15 de mayo de 1777, AHN, Historia Civil, 4:345.
políticos y militares, el superintendente para la hacienda real, y el regente para la administración de justicia.7
El choque entre los burócratas de Carlos III y los virreyes se debía en parte a una antigua hostilidad –el inevitable conflicto entre la autoridad “ordinaria” de los virreyes y las audiencias y la jurisdicción “extraordinaria” del visitador general. Aunque el virrey estaba bajo la jurisdicción de una visita general tan sólo en su capacidad de presidente de la real audiencia, las tensiones y los conflictos caracterizaban las relaciones entre el visitador y el virrey en tiempo de los Habsburgos.8 Durante el reinado de Carlos III el antiguo sistema de visita general de los Habsburgos se transformó profundamente y se le asignó un papel más dinámico. En lugar de ser tan sólo un instrumento para descubrir y castigar el mal comportamiento de los funcionarios en ultramar, la visita general era utilizada por la corona como instrumento para imponer políticas nuevas. Gálvez en México, Gutiérrez de Piñeres en Nueva Granada y Areche en el Perú tuvieron encontrones con los virreyes titulares. En los tres casos el visitador general triunfó temporalmente, pero la institución del virreinato no quedó lesionada de manera permanente. La troica no era práctica desde el punto de vista administrativo. Se necesitaba un funcionario cuyo cargo participara en algo del prestigio real, a fin de coordinar y supervisar las distintas jerarquías administrativas. El vigor, el éxito y la capacidad de virreyes como Bucareli y Revillagigedo el Joven en México y Caballero y Góngora en la Nueva Granada, cuyo ejercicio del cargo fue precedido siempre por visitas generales tormentosas, hicieron que los virreyes recuperaran su papel tradicional de supervisores titulares de la hacienda. Por otra parte, los regentes de la audiencia se mantuvieron hasta que concluyó el régimen español. Desempeñaban una tarea útil y necesaria en la supervisión de la audiencia.
Aunque la hostilidad de Gálvez y de sus principales colaboradores frente a la institución virreinal puede explicarse parcialmente en virtud de tensiones previas, intervenían también otros factores.9 Gutiérrez de Piñeres, quien sin duda compartía esa hostilidad, señalaba una de las principales fuentes de
7 Brading, Miners and Merchants, pág. 45. 8 Ver mi Kingdom of Quito, págs. 243 ss. 9 Brading, Miners and Merchants, págs. 44, 45.
insatisfacción entre los burócratas de la monarquía cuando le escribía a José de Gálvez: Esta manera de actuar es común a los virreyes: piensan poder hacer en su virreinato lo que haría el rey de estar presente. No faltan aduladores que aprueban esta máxima, capaz de producir consecuencias fatales”.10
Los administradores de Carlos III eran tecnócratas en embrión: los virreyes eran políticos que seguían tradicionalmente la norma de que las aspiraciones de las élites criollas locales debían tenerse en cuenta y hasta cierto punto conciliarse con un programa de protección paternalista a los desposeídos. Era esta tradición, emanada de los Habsburgos, la que Gálvez quería eliminar. Los virreyes no deberían actuar más como intermediarios entre las autoridades centrales en España y las élites y las otras clases de la región. Los criollos, argüía Gálvez, tienen demasiado poder. Censuraba su peso en las audiencias y en la hacienda, porque “estaban demasiado ligados por vínculos de familia y de facción en el Nuevo Mundo como para poder gobernar de manera desinteresada e imparcial”.11
Aunque la abrumadora mayoría de los virreyes en el siglo XVIII había nacido en España, el 90 por ciento de los nombrados entre 1746 y 1813 eran militares de carrera, casi la mitad de los cuales tenía experiencias militares previas en el Nuevo Mundo.12 De ahí que muchos virreyes tendieran a escuchar con simpatía el punto de vista de los criollos. La carrera de Manuel Antonio Flórez (1723-99), quien fue virrey tanto de la Nueva Granada como de México, dista de ser atípica. Nacido en Sevilla, Flórez entró a la marina en 1736. Pasó unos diez años en el Perú, en la exploración de las fronteras en litigio con el imperio portugués. También fue destinado a La Habana y a Buenos Aires antes de ser nombrado virrey de la Nueva Granada en 1776. Era su esposa una criolla de Buenos Aires, y varios de sus hijos nacieron en América.13 Queda así claro
10 Gutiérrez de Piñeres a Gálvez, 15 de mayo de 1778, AGI/ASF 659.
11 Citado por Brading, Miners and Merchants, pág. 35. Tanto George Ade como Mark Burkholder han emprendido estudios sobre la trayectoria de Gálvez en el ministerio de Indias.
12 Michael Flamingo, “Viceregal Recruitment Patterns in the Spanish-American Colonies”, trabajo de seminario para el profesor Peter H. Smith, otoño de 1971, universidad de Wisconsin-Madison.
13 Biografía de Manuel Antonio Flórez por María Luis Rodríguez Baena, en José Antonio Cal-derón Quijano, Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos IV, 2 vols. (Sevilla, 1972),
por qué los virreyes con experiencias previas en América eran mal vistos en el círculo de José de Gálvez, tan lleno de prejuicios contra los criollos.
En el siglo XVII un número relativamente pequeño de criollos había sido nombrado para la judicatura. Pero los magistrados europeos que habían ejercido largo tiempo en América simpatizaban visiblemente con el punto de vista de las élites criollas. Durante el reinado de los dos primeros Borbones, Felipe V y Fernando VI, se produjo un cambio decisivo. Cuando José de Gálvez comenzó su célebre visita general a México, los criollos habían tenido durante mucho tiempo una cómoda mayoría tanto en la audiencia como en el servicio fiscal.14 Después de 1730 las mayorías criollas fueron frecuentes en las audiencias de Lima y de Santiago de Chile.15 Es menos conocido el hecho de que los criollos fueron enormemente influyentes en la audiencia de Bogotá durante varios decenios antes del comienzo de la visita general de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres de 1778.16
Para las razones de este cambio debemos volver a la política de nom-bramientos de los Borbones. La venta de cargos judiciales había comenzado efectivamente a fines del siglo XVII, bajo los Habsburgos, pero los primeros Borbones la intensificaron. Entre 1701 y 1750, Felipe V y Fernando VI nombra-ron a 108 criollos para cubrir 136 cargos en las audiencias. Aproximadamente las dos terceras partes de los nombrados tuvieron que comprar los cargos a
1:3-5. El sucesor de Flórez, Pimienta, estaba casado con una cartagenera; ver Pablo E. Cárdenas Acosta El movimiento comunal de 1781 en el Nuevo Reino de Granada, 2 vols. (Bogotá, 1960), 2:196-97. Esta obra, que se citará con frecuencia a lo largo del texto, en adelante se abreviará como CA.
14 Brading, Miners and Merchants, pág. 35.
15 Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipación chilena (2ª. ed., Santiago de Chile, 1969), págs. 54-57. Respecto al importante papel desempeñado por los criollos en la burocracia brasileña ver Stewart B. Schwartz, “Magistracy and Society in Colonial Brazil”, Hispanic American
Historical Review 50 (1950): 715-30. En 1777 en Lima siete de los ocho oidores y tres de los cuatro jueces en la sala de crimen eran criollos, pertenecientes a las principales familias de Lima, y en muchos casos ricos. Acerca de la participación de los criollos en diversas audiencias, ver Leon G. Campbell “A Colonial Establishment: Creole Domination of the Audiencia de Lima during the Late Eighteenth Century”, ibíd. 52 (1972): 1-25; Mark Burkholder “From Creole to Peninsular: The Transformation of the Audiencia of Lima”, y Jacques A. Barbier, “Elite and Cadres in Bourbon Chile”, ibíd. 52 (1972): 395-415, 416-35.
16 Ver mi “El auge y la caída de los criollos en la Audiencia de Nueva Granada”, BHA 59 (1972): 597-618.
precios que oscilaban entre 4.000 y 20.000 pesos, mientras que sólo el 19 por ciento de los españoles designados hicieron otro tanto –lo que insinúa que ya desde los primeros Borbones los criollos padecían cierta discriminación. La compra del cargo incluía a menudo, pero no siempre, el privilegio de contraer matrimonio con una residente en el reino, y el de tener propiedades en él. Había dos categorías de compra: 1) “de número”, un cargo regular para suplir una vacante, y 2) “supernumerario”, en la que el nuevo magistrado no iniciaba sus funciones hasta que se produjera una vacante entre los cargos regulares.
El consejo de Indias protestaba vehementemente contra la venta de cargos judiciales, ya que a lo largo de su historia había defendido, con consi-derable consistencia, el principio de una magistratura profesional. De hecho, hubo sólo dos periodos durante los cuales la corona vendió estos cargos en escala masiva: de 1706 a 1711, durante la Guerra de Sucesión, y de 1740 a 1750, durante la llamada Guerra de la oreja de Jenkins. La causa evidente era las dificultades fiscales producidas por la guerra.
No sólo había estrecha relación entre los periodos de guerra y la venta de cargos en las audiencias, sino que también la distribución geográfica de las ventas se hacía en función de las tensiones internacionales. El poderío marítimo inglés representaba la principal amenaza para los dominios españoles. De ahí que el mayor porcentaje de cargos vendidos fuera en el interior, menos expuesto, o en las audiencias de Lima, Quito, Chile, Charcas y Guadalajara, en la costa del Pacífico; el porcentaje más bajo era en las audiencias de Santo Domingo, Bogotá, México y Manila, expuestas todas a la agresión naval inglesa. En estas áreas el porcentaje de criollos nombrados variaba entre el 11 y el 35 por ciento, con un promedio del 18 por ciento. El porcentaje de Bogotá era de 17. En las audiencias menos vulnerables a los ataques ingleses el porcentaje de criollos nombrados variaba del 68 por ciento en Charcas al 56 por ciento en Chile y el 55 por ciento en Lima.
Los gobiernos de Felipe V y Fernando VI vendían cargas en las audien-cias con sumo desgano. Después de 1750 no quedó cargo alguno susceptible de venta y, de hecho, a partir de esa época el gobierno siguió una política discriminatoria contra los nombramientos de criollos, a fin de modificar el balance a favor de los españoles europeos. Pero los criollos nombrados antes
de 1750 eran tan numerosos, y tantos de ellos habían comprado los cargos en su juventud, que todavía había mayorías criollas en las audiencias de México, Lima y Santiago en el año 1770.17
Crítico en voz alta de la influencia criolla en las audiencias, José de Gálvez merece ciertamente su reputación de antiamericano. Pero no fue el inventor de la política que excluía a los criollos de los altos cargos en las Indias, si bien aplicó con vigor la política anticriolla que heredó. Durante su permanencia en el ministerio de Indias (1776-87) sólo 25 americanos identificados, entre un total de 126 magistrados, recibieron nombramientos para las audiencias.18 El convincente análisis estadístico de M. A. Burkholder y D.S. Chandler enseña que los ministros de Carlos III heredaron del reinado anterior el programa de recuperar a América de manos criollas mediante la cancelación del predominio criollo en las audiencias de Indias. El objetivo de Carlos III no difería mucho del de Carlos V y Felipe II, quienes se propusieron rescatar al Nuevo Mundo de manos de los conquistadores mediante la creación de la burocracia de las audiencias. Halló su más clara expresión en las recomendaciones formuladas en una reunión extraordinaria de los más fieles consejeros de Carlos III, convocada precipita-damente por el descontento de los criollos en México a raíz de la expulsión de los jesuitas en 1962 y de las nuevas políticas introducidas por el visitador general José de Gálvez. El conde de Aranda presidió la sesión, y los fiscales Campomanes y Moñino (más tarde conde de Floridablanca) presentaron recomendaciones. España y América, alegaban en sus ponencias los fiscales, deberían formar un estado unitario. A fin de consolidar la lealtad de los criollos frente a la patria imperial, debería llevarse a la península un número considerable de éstos y asignárseles altos cargos militares, burocráticos y eclesiásticos:
17 La anterior información procede de estudios en seminario de M.A. Burkholder y D.S. Chan-dler, comunicados en parte en “Creole Appointments and the Sale of the Audiencia Positions in the Spanish Empire under the Early Bourbons, 1701-50”, Journal of Latin American Studies 4 (1972): 187-206. Sus hallazgos sobre la participación criolla en las audiencias están resumidos en From Impotence to Authority: The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808 (Columbia, Mo., 1977).
18 “Anti-Americanism and the Audiencias: The Years of José de Gálvez, 1776-1787”, trabajo inédito de M.A. Burkholder. Los profesores Burkholder y Chandler generosamente me han comu-nicado sus datos sobre la audiencia en Bogotá, por lo cual les estoy profundamente agradecido.
Guardar la política de enviar siempre españoles a Indias con los principales cargos, obispados y prebendas, y colocar en los equivalentes puestos de España a los criollos; y esto es lo que estrecharía la amistad y la unión, y formaría un solo cuerpo de nación, siendo los criollos que aquí hubiese, otro tanto número de rehenes para retener aquellos países bajo el suave dominio de S.M.19
Las recomendaciones del 4 de marzo de 1768 se convirtieron en política gubernamental con la publicación de la cédula del 21 de febrero de 1776, poco después de que Gálvez tomara posesión de su cargo. El rey le ordenaba al consejo de Castilla que nombrara americanos “para beneficios eclesiásticos y cargos judiciales en iglesias y tribunales de España”. La cédula instruía al consejo de Indias para nombrar españoles europeos en puestos equivalentes en América. “Con expresa declaración de que siempre se reserve la tercera parte de canonicatos y prebendas de aquellas catedrales a los españoles indianos”.20
La determinación de Gálvez de reducir, si no de eliminar, la participación de los criollos en la burocracia de ultramar no tuvo inicialmente acogida en el consejo de Indias. Irónicamente, el consejo ni siquiera incluyó a Gutiérrez de Piñeres entre los candidatos para el nuevo cargo de regente de la audiencia de Nueva Granada. El organismo, con su mentalidad conservadora, propuso a tres miembros de la “vieja guardia”, todos con demostradas tendencias procriollas. De hecho, dos de ellos eran criollos: Pedro Fagle, “alcalde de crimen” en Lima, y el bogotano Nicolás Vélez de Guevara, quien servía entonces en la audiencia de Quito. Encabezaba la lista el anciano Benito Casal y Montenegro, oidor en Bogotá y casado con una de las hijas del fiscal Manuel Bernardo Álvarez.21 Gálvez desechó la recomendación del consejo y nombró a Gutiérrez de Piñeres,
19 Eyzaguirre, Emancipación chilena, pág. 53.
20 E y zaguirre, Emancipación chilena, pág. 53. La carrera de Joaquín de Mosquera y Figueroa (1748-1830), nacido en Popayán y tío del célebre presidente de la república, se desarrolló conforme a la nueva política de Carlos III de otorgarles cargos en España a criollos calificados. Después de ser oidor en Bogotá (1787-95), ocupó altos cargos en Ciudad de México y en Caracas antes de ser promovido en 1810 al Consejo de Indias. Fue brevemente regente de España en 1812, José María Restrepo Sáenz, Biografías de los mandatarios y ministros de la real audiencia, 1671-1819 (Bogotá, 1952), págs. 388-393.
quien no tenía experiencia en América pero que se había abierto paso en las administraciones fiscal y judicial de Sevilla.22
Nunca se alcanzó la meta de un estado unitario, expresada en la cédula del 21 de febrero de 1776. La arraigada y creciente vinculación de los criollos a su tierra natal –a la patria de los reinos, audiencias donde habían nacido y vivido– y su conciencia, cada vez más coherente, de ser distintos de los españoles de Europa hizo que los criollos no respondieran al ideal de un patriotismo imperial.23 Dos de los muchos ejemplos de incipiente nacionalismo criollo se pueden hallar en México y en la Nueva Granada. El 22 de mayo de 1771 el cabildo de al ciudad de México se quejaba a Carlos III de la exclusión de los criollos de los altos cargos civiles, burocráticos y militares. El cabildo procedió luego a formular una petición audaz: todos los cargos públicos, no sólo algunos de ellos.24 Una reivindicación no menos osada del poder criollo era la cláusula veintidós de las capitulaciones de Zipaquirá, que exigía un virtual monopolio de los cargos para los nacidos en América.25 No es mera coincidencia el que ambas expresiones del sentimiento criollo se hubieran producido poco después de que el visitador general Gálvez en México y el visitador general Gutiérrez de Piñeres en la Nueva Granada se hubieran empeñado en disminuir drásticamente el número de criollos en cargos de alto rango.
Un análisis cuantitativo de la representación y la influencia criollas en la audiencia antes de la llegada del visitador general en 1778 deja muy en claro la situación.26 El cuadro 1.1 muestra el lugar de nacimiento de los funcionarios de la audiencia en el periodo 1645-1819. Si aceptamos la posibilidad, mencionada anteriormente, de que los burócratas peninsulares con largos años de servicio eran absorbidos parciamente por los intereses criollos locales, las cifras se vuelven
22 Para una biografía breve ver Restrepo Sáenz, Biografías, págs. 509-514. Para su carrera antes de llegar a la Nueva Granada ver su “Relación de méritos” publicada en José Manuel Pérez Ayala, Antonio Caballero y Góngora (Bogotá 1851), págs. 394-398.
23 R.A. Humphreys y John Lynch, The Origins of the Latin American Revolutions, pág. 258.
24 Juan Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de
in-dependencia de México de 1808 a 1821, 6 vols. (México, 1877): 1-428. 25 CA, 2:26.
26 La información en los cuadros 1.1 y 1.2 está extraída de las biografías incluidas en Restrepo Sáenz, Biografías, págs. 1-18, 295-451, 462-521.
más reveladoras todavía.27 Excluyendo a aquellos cuyo lugar de nacimiento se desconoce, y combinando las cifras de los criollos con las de los magistrados españoles que hubieran servido más de diez años, se llega a las cifras del cuadro 1.2. Debe recordarse, además, que el número de cargos vendidos a los criollos de Bogotá era relativamente bajo, debido a la vulnerabilidad de la Nueva Granada frente al poderío naval inglés. Está claro que entre 1700 y 1759 la voz de los criollos era ciertamente poderosa. Claro también que esto constituye un cambio básico respecto al reinado de Carlos II. La aseveración se basa en el hecho de que tan sólo uno de cuatro presidentes de la audiencia durante el reino de Carlos II fue criollo, y se trataba tan sólo de un presidente ad ínterim.
Cuadro 1.1
Número de dignatarios criollos y españoles (1654-1819)
Criollos Españoles Lugar nativodesconocido 1654-99 Oidores Fiscales 24 14 4 2 -6 18 2 1700-58 Oidores Fiscales 54 13 4 4 -9 17 4 1759-88 Oidores Fiscales 11 9 3 - -2 12 -1789-1819 Oidores Fiscales 54 6 3 41 9 9 5
Fuente: José M. Restrepo Sáenz, Biografías de los mandatarios y ministros de la
real audiencia, 1671-1819 (Bogotá, 1952).
27 Esta hipótesis procede de mi estudio sobre la burocracia de Quito, y se trata de una opinión compartida por Olivares y por los burócratas reformistas de Carlos III.
Cuadro 1.2
Número de dignatarios criollos y españoles procriollos (1654-1819) Criollos y españoles procriollos Españoles 1654-99 Oidores Fiscales 5 6 11 2 11 13 1700-58 Oidores Fiscales 12 6 6 2 18 8 1759-88 Oidores Fiscales 3 1 6 4 4 10 1789-1819 Oidores Fiscales 6 4 5 3 10 8
Fuente: José M. Restrepo Sáenz, Biografías de los mandatarios y ministros
de la real audiencia, 1671-1819 (Bogotá, 1952).
Pero si los reinados de Felipe V y Fernando VI fueron una edad de oro para los magistrados criollos, el reinado de Carlos III fue una época ciertamente sombría. El único nombramiento de un criollo para el cargo de oidor se produjo muy avanzado el reinado: en 1787.
De los nueve españoles, sólo dos sirvieron durante más de diez años. Sin embargo, la tendencia se invirtió en los siguientes reinados; en todo el imperio mejoró en general modestamente la posición de los criollos, como lo indican los cuadros.
El 6 de enero de 1778, cuando llegó a Bogotá don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, la influencia criolla en la audiencia seguía siendo sustancial, pese al hecho de que sólo un criollo hubiera sido nombrado entre 1752 y 1775. En 1778 había dos criollos y cuatro europeos en el tribunal. Dos de los jueces europeos habían estado en el cargo durante treinta y cuatro y veintiocho años, respectivamente. Un oidor nacido en Quito había servido durante veintiséis
años. La larga duración de estos magistrados indica que de hecho la influencia criolla era mucho mayor de lo que indican las cifras, y no resulta exagerado decir que la influencia criolla existía en proporción cercana a dos por uno.
La dimensión plena de la influencia criolla en la audiencia de Santa Fe de Bogotá no se refleja adecuadamente en el análisis cuantitativo, por impre-sionantes que sean las estadísticas. Una compleja red matrimonial vinculaba a la burocracia fiscal y a la audiencia con las principales familias criollas de Bogotá. Se necesitaba permiso del rey para los matrimonios entre funcionarios españoles y criollas, pero era otorgado por lo general, especialmente en el siglo XVIII, más tolerante.28
Para dar un ejemplo notable, don Manuel Bernardo Álvarez, fiscal español de la audiencia (1736-56), y quien vivió en Bogotá hasta su muerte, fue el fundador de una verdadera dinastía burocrática. El 11 de abril de 1738 Fernando VI le otorgó permiso para casarse con una criolla, la distinguida doña María Josefa del Casal. De los diez hijos que llegaron a la edad adulta, siete contrajeron matrimonio dentro de familias criollas acaudaladas y dentro de la burocracia fiscal de Bogotá.29
El clan Álvarez constituía potencialmente, si no de hecho, una rosca, que podía ejercer, y ejercía a veces, una influencia en los asuntos públicos que no guardaba relación con la cifra de sus miembros, aunque ésta no fuera insignificante. El visitador general, naturalmente, no utilizó jamás la palabra rosca, pero como tal los consideraba. Al recalcar posibles conflictos de interés, Gutiérrez de Piñeres le escribía a Gálvez: “He asistido a reuniones en donde votaron tres cuñados, uno oidor, el otro contador mayor y el otro oficial mayor”. Decía que esta situación era una “monstruosidad”.30 El hecho de que estos
28 Phelan, “El auge y la caída”.
29 Restrepo Sáenz, Biografías, págs. 460-461. Para el permiso real a los hijos del fiscal Álvarez para contraer matrimonio con criollas ver la consulta, 4 de marzo de 1775, AGI/ASF 547. Para su retiro ver la consulta de 19 de agosto de 1775, ibíd. Se examinó su biografía en una conferencia dictada en el Museo Arqueológico Nacional del Banco Popular por José de Muir el 8 de mayo de 1974 (inédita). Su retrato está en el Museo Nacional. Su casa señorial fue restaurada con buen gusto por el Banco Popular para albergar el Museo Arqueológico.
30 Gutiérrez de Piñeres a Gálvez, 30 de marzo de 1778, AGI/ASF 547. Pese a las censuras de Gutiérrez de Piñeres contra la rosca de los Álvarez, él no estaba exento de nepotismo. Nombró como administrador del monopolio de aguardiente en Mompós a su sobrino, quien se
con-funcionarios del tesoro apelaran a veces, aunque no siempre, a un magistrado que no fuera su pariente carnal o político en poco atenuaba los temores y las sospechas del visitador general.
Después de un examen cuidadoso, el visitador general le confesó a José de Gálvez que no había podido hallar un solo caso de fraude o de franca colusión atribuible directamente al clan Álvarez. Sin embargo, alegaba que a la influencia de esta rosca se debía el nombramiento del yerno de Álvarez, Manuel García Olano, a quien Gutiérrez de Piñeres destituyó por incompetente, como director del monopolio del tabaco en el Socorro.31
Una real cédula del 20 de enero de 1775, donde se ordenaba que parientes en tercer grado de consanguinidad o en segundo de afinidad no podían trabajar en la misma oficina fiscal le suministró un arma valiosa al visitador general, y produjo también un choque con el virrey Flórez, que merece que se le dedique cierta atención. El virrey argüía que la cédula, aunque en teoría razonable, habría de provocar injusticias, y que debía revisarse drásticamente o interpretarse con flexibilidad. El hecho era que los candidatos más apropiados para los cargos provenían de cinco familias, relacionadas todas por consangui-nidad o por matrimonio: los Prietos, los Ricaurtes, los Caicedos, los Oriundos y los Álvarez. Alegaba el virrey: “Me parece muy duro que personas que no tienen ni bienes para su subsistencia ni carreras para sus hijos distintas de los pocos empleos que el país ofrece se vean privadas de esos cargos y suplantadas por gentes de menor talento que, por esta razón, no podrán cumplir satisfactoriamente con sus deberes”. El virrey añadía a José de Gálvez que quienes llegaban a la península sin un nombramiento real “suelen ser basura por su nacimiento, por su crianza y por su conducta”.32
Gálvez, quien le daba entonces toda su confianza a Gutiérrez de Piñeres, le mandó al visitador general copia de la carta del virrey para que opinara sobre ella. Gutiérrez de Piñeres censura la defensa que de la nobleza criolla hace Flórez: “No puede negarse que la nobleza merece consideración, pero sería un insulto
virtió en fundador de una distinguida familia colombiana. Ibíd., 30 de diciembre de 1778. Por su parte, Gálvez practicaba el nepotismo en gran escala. Brading, Miners and Merchants, pág. 37.
31 Gutiérrez de Piñeres a Gálvez, 28 de febrero, 15 de mayo de 1978. AGI/ASF 659. 32 Flórez a Gálvez, 15 de noviembre de 1777, AGI/ASF 659.
para la nobleza de Bogotá… si se tratara de limitarla tan sólo a los Prietos, Ricaurtes, Caicedos, Oriundos y Álvarez, como parece hacerlo el virrey”.33 El visitador general sostenía que había candidatos apropiados distintos de los que procedían de las cinco familias y, al citar el caso de García Olano, argüía que no todos los candidatos a altos cargos estaban calificados para las funciones a que el virrey los había designado.
El choque entre el virrey Flórez y el regente visitador general es una muestra gráfica de cómo los ministros de Carlos III se proponían transformar la burocracia. El virrey, con decenios de experiencia previa en América y con una esposa criolla, era partidario de la política tradicional de los Habsburgos y de los primeros Borbones de atraerse a las élites criollas. Gutiérrez de Piñeres, por su parte, aplicaba agresivamente la nueva política de reconquistar de los criollos la burocracia colonial en beneficio exclusivo de los españoles europeos.
Siguiendo el ejemplo de Gálvez en México, Gutiérrez de Piñeres procedió cautelosamente a desmontar la rosca de los Álvarez.34 La discreción resultaba deseable, si no necesaria, ya que estas familias criollas tenían influencia, y el regente no tenía pruebas sólidas de peculado.
Al cabo de dos años, sin embargo, pudo informar triunfalmente que la influencia de la familia Álvarez había sido reducida drásticamente. Sólo tres miembros del clan conservaban cargos fiscales en Bogotá. Otros cuatro habían dejado de ser funcionarios en la capital. Uno había muerto, otro se había retirado, otro había sido trasladado y otro destituido.
En 1778 el regente visitador se consagró a europeizar el más alto tribunal del Nuevo Reino. En dos años completó la tarea. Cuando estalló la Revolución de los Comuneros ocupaba la audiencia una sólida falange de europeos. Tan sólo un magistrado español, como se vio luego, disfrutaba de la confianza de los criollos –el oidor decano, Juan Francisco Pey y Ruiz, casado dentro de una prominente familia criolla. El creciente distanciamiento entre españoles americanos y europeos influyó profundamente en el carácter de la Revolución.
33 Gutiérrez de Piñeres a Gálvez, 31 de julio de 1778, ibíd. 34 Brading, Miners and Merchants, págs. 40-42.
El artículo veintidós de las capitulaciones de Zipaquirá adquiere así una significación adicional. Los criollos exigían la restauración de privilegios a los que estaban acostumbrados tiempo atrás. No formaban una clase excluida sistemáticamente de la función pública sino una élite burocrática que había sido desposeída hacía poco. Los ministros de Carlos III estaban tratando de crear una burocracia que respondiera exclusivamente a las órdenes provenientes de Madrid.
Las principales familias de Bogotá, hechas a disponer de los altos cargos y acostumbradas a una influencia informal en los consejos de gobierno, se veían como las víctimas de una conmoción política. Su descontento fue causa principal para la aparición de la resistencia armada en 1781. No es ningún accidente el que Manuel García Olano, quien tenía nexos matrimoniales no sólo con el clan Álvarez sino también con la familia del marqués de San Jorge, fuera uno de los correos principales para la información entre ciertos elementos de la élite criolla en Bogotá y los dirigentes del Socorro. La alianza entre Bogotá y el Socorro fue el núcleo más sólido del movimiento revolucionario.
Aunque el regente visitador hizo mucho por restringir el poder de los criollos, en menos de tres años no podía eliminar completamente su influencia. Después de que Gutiérrez de Piñeres cayó del poder el 13 de mayo de 1781, el gobierno de Bogotá optó por una política de reconciliación y concesión. El asediado pero todavía influyente establecimiento burocrático que había gober-nado informalmente a la Nueva Granada durante la mayor parte del siglo XVIII desempeñó un papel decisivo en la aplicación de la política de reconciliación. Algunos de los principales protagonistas en las febriles negociaciones que culminaron con las capitulaciones de Zipaquirá fueron el oidor decano Pey y Ruiz, el regente del tribunal de cuentas, Francisco de Vergara, y el marqués de San Jorge. El arzobispo virrey Caballero y Góngora, inspirador y aglutinador de la política, se dio cuenta también de la necesidad de atraerse a la élite burocrática criolla.
Así, la esencia de la revolución política de Carlos III consistía en abolir la “constitución no escrita” cuyos fundamentos eran la participación criolla en la burocracia y el gobierno por medio del compromiso y la negociación. Los cambios económicos y fiscales auspiciados por el regente visitador general
exacerbaron tanto para los patricios criollos descontentos como para los mestizos plebeyos la naturaleza de la revolución política que, con exceso de celo, el ministro del rey estaba tratando de imponerles. Ahora vamos a ocuparnos en esas innovaciones fiscales y económicas.
fiscal de Carlos III
Bernardo Ward, en su Proyecto económico, expresaba sucintamente las metas fiscales de los ministros de Carlos III: “Para darse cuenta del atraso de los dominios, basta con saber que Francia extrae de sus colonias unos cuarenta millones de pesos al año, es decir, cuatro veces más de lo que España extrae de todo el Nuevo Mundo”.1 Lo que mortificaba a Ward era el hecho de que el grueso de los ingresos franceses provenía de la pequeña pero muy lucrativa colonia azucarera de Saint-Domingue, mientras que las posesiones de la corona española se dilataban desde California hasta el estrecho de Magallanes. José del Campillo y Cosío, el principal ideólogo de la transformación del imperio, había exhortado a sus compañeros de gobierno a estudiar y a copiar el ejemplo de los aliados y los adversarios de España, franceses e ingleses. El objetivo central del programa de modernización defensiva de Carlos III era convertir los reinos de ultramar en verdaderas colonias que produjeran el máximo de ingresos para la metrópolis.2
Las armas principales eran la tecnológica y la neomercantil. Aunque ambas compartían el mismo objetivo de aumentar la productividad económica y por consiguiente los ingresos reales, los beneficios derivados de cambios tecnológicos tardarían más en dar fruto que las innovaciones neomercantilistas. Entre los rasgos principales del programa tecnológico figuraba la inclusión de la ciencia nueva en los estudios universitarios, las expediciones mineras a México, Nueva Granada y Perú, la expedición botánica a Nueva Granada en 1780, la creación de ramas de la Sociedad Económica de Amigos del País en diversas capitales de las Indias, y la rápida introducción de la nueva vacuna contra la viruela.
Pero la necesidad acuciante en los años 1770 y 1780 era el aumento inmediato y espectacular de los ingresos reales para financiar los crecientes
1 Bernardo Ward, Proyecto económico (Madrid, 1779), pág. XIV.
2 Ibíd., págs. 225-319. Miguel Artolo, “Campillo y las reformas de Carlos III”, Revista de Indias 12 (1952): 685-714.
costos de la defensa del imperio. En potencia, las fuentes más llamativas eran los monopolios reales, fundamentalmente mercantilistas en su origen y su carácter, y que incluían la pólvora, los naipes, las minas de sal, el papel sellado, la acuñación de moneda, y el mercurio. En la Nueva Granada los que tenían mayor potencial de ingresos eran el tabaco y los licores.
La reorganización por José de Gálvez de los monopolios reales en México resultó en un asombroso éxito fiscal. El ingreso neto de la corona subió a catorce millones de pesos al año. Seis millones eran utilidades de los monopolios. Las utilidades netas por el solo tabaco subieron de 417.723 pesos en 1767 a 4’539.789 pesos en 1798. La legislación real contemplaba que todas las utili-dades de los monopolios se convirtieran en oro y plata y fueran embarcadas directamente a España.3
Si bien la economía y la población de la Nueva Granada eran muy inferiores a las de México, la reorganización de los monopolios reales pronto arrojó un aumento significativo en los ingresos. En 1800 el tesoro derivaba una utilidad neta de 373.966 pesos por el monopolio del tabaco, y de 359.423 por el de licores. Los monopolios de la Nueva Granada daban utilidades por 733.389 pesos al año, en contraste con los 6 millones de México.4 Los diezmos de la sede arzobispal de Bogotá, por otra parte, eran de 222.983 pesos. Aunque la economía del reino pueda haberse beneficiado, a la economía de la Nueva Granada se la sometió a graves estrecheces, ya que el país se perjudicaba con el continuo retiro hacia España de una parte importante de sus riquezas en metales: el oro.
Esto no era nada nuevo dentro del contexto hispánico de los monopolios reales. El monopolio del tabaco se había establecido en España desde 1630, y se le daba en arriendo a individuos por periodos determinados hasta 1740, cuando la administración real directa reemplazó el sistema de contratos. Ya desde 1642 el enérgico virrey de México, obispo Juan de Palafox y Mendoza,
3 Brading, Miners and Merchants, págs. 29-30, 53; Priestley, pág. 154; Gutiérrez de Piñeres a Gálvez, 31 de diciembre de 1779, AGI/ASF 660.
4 Biblioteca Nacional, Bogotá, Libros Raros y Curiosos, ms. 185. Las cifras de Restrepo para 1808 son un poco más altas: José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de Colombia, 2 vols. (Medellín, 1969), 129.
le encarecía a su sucesor que estableciera allí el monopolio. La corona hizo esfuerzos sin convicción para extender el monopolio a América antes de 1764, pero esos intentos quedaron en nada.5
Los mercantilistas del siglo XVII y los neomercantilistas de la época de Carlos III justificaban su programa con argumentos tanto prácticos como humanitarios. Ward adhería a la clásica máxima mercantilista de que los impuestos deben ser bajos para artículos de primera necesidad, moderados para artículos útiles y muy altos para los de lujo.6 El tabaco y los licores no eran necesarios para la vida, sino lujos cuyo abuso podía convertir en vicio su consumo. Por consiguiente, el control real no era indebidamente severo con los pobres. Argumentos así, repetidos a menudo por Gutiérrez de Piñeres, causaban poca impresión en los pequeños campesinos que tenían en el tabaco una cosecha comerciable lucrativa, o en los consumidores que habían llegado a considerar tanto el tabaco como el aguardiente artículos no de lujo sino de primera necesidad. Pero la combinación de argumentos morales y comerciales hacía de los dos productos presas atractivas para los burócratas cuya preocu-pación era llenar los cofres de la hacienda real.
El tabaco es rey
El reinado del tabaco empezó despaciosamente en la Nueva Granada, donde no se introdujo su cultivo intensivo hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la producción aumentó espectacularmente.7
En el momento en que Gálvez establecía un eficiente monopolio real del tabaco en México, Carlos III le ordenaba al virrey Pedro Mesía de la Cerca (1761-72) establecer en la Nueva Granada un monopolio real copiado del de España. Como tantas veces pasaba con los virreyes, Mesía de la Cerda interpretó el mandato real de manera flexible. Le consagró mucha atención a los perjuicios
5 Priestley, Gálvez, págs. 131 ss.
6 Flórez al cabildo del Socorro, 20 de junio de 1781, AGI/ASF 577-B; Gutiérrez de Piñeres al cabildo de Tunja, 29 de mayo de 1780 AGI/ASF 660; Andrés V. Castillo, Spanish Mercantilism:
Geronimo de Uztariz (Nueva York, 1930), pág. 172.
7 Basilio Vicente de Oviedo, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada (Bogotá, 1930), págs. 174-182. Oviedo, cura de San Gil en los años 1750, dice que el tabaco no se cultivaba en el Socorro sino sólo en San Gil, Barichara y Zapatoca.
que su implantación pudiera causarle a los intereses locales. Mayoristas y detallistas independientes quedarían por fuera del negocio. Al recalcar los gastos en que incurría el gobierno con un sistema de administración directa, el virrey señalaba que no era fácil hallar administradores competentes, eficaces y honrados, y recurrió al método tradicional de arrendamiento de rentas. El virreinato se dividía en distritos, y el privilegio de administrar el monopolio real se arrendaba por periodos de tres a cinco años al mejor postor.8
Las rentas arrendadas tenían muchos inconvenientes desde el punto de vista de la corona. Era poco el control que podía ejercerse sobre la producción, y periódicamente se presentaban excesos de producción. Resultaba virtualmente imposible calcular el verdadero valor de la producción de tabaco en cada distrito, porque los concesionarios ocultaban su verdadero precio. Los precios variaban de región a región. Al pagar precios bajos a los productores, los concesionarios tendían a cargarles a los consumidores el precio más alto del comercio.
En 1774, bajo la administración del virrey Manuel Guirior (1772-76), se efectuó una segunda reorganización del monopolio del tabaco. En respuesta a una real cédula del 23 de marzo de 1774, el virrey comenzó, en forma selectiva, a abolir las rentas arrendadas a medida que expiraban los contratos. En algunos distritos introdujo cautelosamente la administración directa. Con el nuevo sistema los empleados del monopolio empezaron a obtener algún control sobre el comercio mayorista. Se hicieron intentos por fomentar la calidad de la producción, pero estos cambios se implantaban con cuentagotas. El arrendamiento continuó en muchos sectores; otros distritos carecían de toda forma efectiva de control gubernamental. Florecía el contrabando, y continuaba el exceso de producción.9
El potencial fiscal de un sistema de tributación directa se apreciaba con lo sucedido en el distrito de Honda, una de las regiones más fértiles del Nuevo Reino para el cultivo del tabaco. En el primer año de administración directa el distrito duplicó sus utilidades netas para el tesoro, de 6.000 a 12.000 pesos.10
8 José María Ots Capdequí, Instituciones (Barcelona, 1959), pág. 485; Gutiérrez de Piñeres a Gálvez, 31 de agosto de 1778, AGI/ASF 659; Mesía de la Cerda a Guirior en Relaciones de mando
de los virreyes de la Nueva Granada, ed. Gabriel Giraldo Jaramillo (Bogotá, 1954), pág. 53. 9 Guirior a Flórez, en Relaciones de mando, págs. 91-92; AHN, Tabacos, 12:495-512. 10 Guirior a Flórez en Relaciones de mando, pag. 53.