TEMAS SELECTOS DE DERECHO CORPORATIVO

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TEMAS SELECTOS DE

DERECHO CORPORATIVO

 

Tema No.7

Sesión 6: Licitaciones y obras públicas

 

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Objetivo de la Sesión:

El alumno describirá el marco jurídico de las contrataciones gubernamentales, los requisitos para acceder a ellas, así como los medios de defensa en caso de inconformidades. Además, reconocerá el potencial económico de la empresa como proveedora de las entidades gubernamentales.

Contextualización

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Introducción al tema

Los procedimientos a seguir para celebrar los contratos administrativos, comparten esa naturaleza, deben cumplir con el principio de legalidad, al igual que las normas que los regulan, por tanto, éstas tienen como finalidad única el logro del interés público; se considerarán las normas que persiguen un beneficio y que son de interés general, pues es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la encargada de regular y establecer cada uno de los lineamientos de planeación, programación, presupuestario y contratación para que los particulares puedan ser parte de los temas y partidas exclusivas del gobierno en cada uno de los niveles.

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Explicación

7. Licitaciones y Obras Públicas

El término “contratación gubernamental” se define de forma general como: …aquél que tiene por objeto la planeación, programación, presupuestario, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza, la obra pública y servicios relacionados con la misma, que contraten los órganos de gobierno mexicanos, particularmente los de la administración pública federal centralizada y paraestatal.

Asimismo, en la Ley de Obra Pública, se incluyen en su definición los trabajos de exploración, localización y perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros que se encuentran en el subsuelo sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados, y que las licitaciones podrán ser nacionales e internacionales.

En resumen, el Estado Mexicano a través de su gobierno dividido en órdenes de gobierno y poderes, para su funcionamiento, requiere de un cúmulo de servicios y bienes que en la mayoría de los casos sólo los particulares le pueden brindar. En este tenor, nuestro sistema se sujeta a lo señalado expresamente en la constitución, de tal modo que la competencia de la autoridad puede ser explícita, implícita o concurrente, no atendiendo a la jerarquía, sino al origen de la facultad.

7.1 El gobierno como cliente de la empresa

Antecedentes

Como sabes, México es una república representativa y democrática, conformada por estados libres y unidos por un pacto federal.

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Distrito Federal.

El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; pero la soberanía de la nación mexicana reside en el pueblo.

El contenido de las constituciones locales, establecido en la Carta Magna, señala que los estados se gobiernan bajo un modelo republicano; son libres y soberanos, poseen una constitución y un congreso propios.

El Distrito Federal es la Ciudad de México, capital del país. Esta entidad se encuentra bajo un régimen de gobierno compartido entre los poderes federales y los órganos locales. Los municipios son la base de la organización territorial de los estados.

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de bienes y servicios de la sociedad entera, y, así, la competencia de proporcionar esos bienes y servicios se da entre particulares, empresas y el propio gobierno, pero, sin duda, el mayor es el Estado.

Lo que requiera cualquier individuo lo solicita igualmente el gobierno y es así que para el productor, el gobierno resulta un excelente cliente. Sin embargo, los recursos con que cuenta el gobierno pertenecen al pueblo. De ahí lo cuidadosa que debe ser la autoridad en el uso y aplicación de los recursos para satisfacer sus necesidades. En este sentido, la

máxima, o uno de los principios fundamentales de la Administración Pública es: asignar recursos públicos limitados a necesidades sociales ilimitadas.

Otro principio básico de la Administración Pública es el de reserva de ley,

bajo el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual estén debidamente facultadas por aquélla. Por ello, ante la existencia de diversos órdenes jurídicos y de gobierno, es imprescindible atender a las facultades establecidas en leyes. Éstas serán las facultades expresas o explícitas.

Los orígenes de las referidas facultades provienen directo de la constitución en primera instancia y, posteriormente, del cúmulo de legislación secundaria. Los artículos constitucionales que las respaldan son el 73 y 124. Ahí se establecen las reglas generales, mientras que cada uno de los órdenes que integran el Estado tiene un apartado específico en la Carta Magna, que viene a ser un catálogo normativo de disposiciones. Este catálogo no debe entenderse limitativo, sino enunciativo.

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explícitas se requiere de otra como medio para ejercer aquéllas; en estos casos, estamos ante una facultad implícita.

Las facultades implícitas sólo pueden justificarse, de acuerdo con lo anterior, en la existencia de una explícita que, por sí sola, no podría ejercerse; en la relación de medio a fin, así como en el reconocimiento legal que le dé el Congreso.

El último requisito mencionado en el párrafo anterior está establecido en la fracción XXX del artículo 73 constitucional. Cabe mencionar que, en nuestro derecho, su utilidad máxima se haya en justificar la creación o expedición de algún cuerpo normativo o acto para el cuál no se tenga la facultad expresa.

La soberanía popular ha dispuesto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 4 de enero de 2000; la primera enfocada a bienes muebles que requiere el gobierno y la segunda, referida a bienes inmuebles que precisa la autoridad para cumplir debidamente con su mandato. De esta forma, se da cumplimiento al principio de reserva de ley en donde la autoridad sólo está facultada para aquello que expresamente le señala la norma, puesto que los poderes son los representantes de la soberanía popular. Así, la primera de las leyes mencionadas, en su artículo primero, señala:

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Por su parte, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, en términos semejantes a esto, en su artículo 1º se refiere a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas que realicen las entidades del gobierno federal. Recuerda que existen otros poderes como el Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos y gobiernos locales y municipales, que, como el gobierno federal, no son autosuficientes y también requieren de múltiples proveedores de bienes y servicios.

Habiendo señalado lo anterior, podemos decir que, previo cumplimiento del mandato legal, el gobierno en todos sus órdenes (federal, estatal, municipal) y poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) debe satisfacer sus requerimientos para cumplir sus fines (satisfacción de necesidades colectivas). Por ello debe complementarse del mercado y buscar en éste a los proveedores de los insumos, servicios y obras. Esto hace que la inversión gubernamental sea básica y fundamental para un gran número de empresas que logran su sostenimiento o desarrollo teniendo precisamente al gobierno como su cliente.

7.2 Requisitos para participar (en las licitaciones de adquisición de bienes y construcción de obras)

Generalidades y base en la Constitución

El régimen de las contracciones gubernamentales y manejo de los recursos públicos, lo encontramos en el artículo 134 de la Constitución, que señala:

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técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

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políticos (…)

De la lectura del precepto constitucional citado, se advierten dos circunstancias, sobre nuestro tema:

La licitación pública mediante convocatoria abierta como regla general de contratación.

La posibilidad de exceptuar la licitación cuando no sean idóneas las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias, de acuerdo a lo establecido en las leyes.

Ahora bien, las leyes a las que se refiere el texto son las ya mencionadas anteriormente: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Expresamente el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y su correlativo, el artículo 27 de la Ley de Obras, indican los procedimientos de contratación que pueden emplearse; éstos son:

Asimismo, señala que deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, con el fin de evitar favorecer a algún participante.

Licitación Pública Invitación a caudno 

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Secretaría de Economía.

Secretaría de la Función Pública

En resumen, el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones y el 28 de la de Obras, son congruentes con el texto de la Constitución al señalar como requisito que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas, se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, con el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establecen las mencionadas leyes. Asimismo, proceden a establecer los mecanismos de contratación por excepción que se habrá

La Secretaría de Economía, tomando en cuenta la opinión  de la Secretaría de la Función Pública, determinará, de  acuerdo con lo establecido por la ley en comento  (artículos 28 y 30, respectivamente), el carácter nacional  o internacional de los procedimientos de contratación y  los criterios para determinar el contenido nacional de los  bienes y trabajos a ofertar y contratar, en razón de las  reservas, medidas de transacción u otros supuestos  establecidos en los tratados

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7.3 Características de los procedimientos de licitaciones y obras públicas

Recuerda que tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se encuentran íntimamente vinculadas y siguen un tronco común. Es por esto que en materia de requisitos para participar en las convocatorias realizadas por la autoridad a través de licitaciones, encontramos exigencias comunes. Tanto el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones como el 28 de la de Obras, coincidentemente señalan que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establecen estos ordenamientos jurídicos.

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Por su parte, el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, prescribe que:

Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional (…)

II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.

Publicación de convocatorias

Plazo para presentación y apertura

El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales está establecido en el artículo 33 de la Ley de Obras:

(…) no podrá ser inferior a veinte días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

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De acuerdo con el artículo 32 de la Ley de adquisiciones, cuando no puedan observarse los plazos antes indicados, porque existan razones justificadas del área solicitante de los bienes o servicios o trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la contratación, podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria (véanse artículos 32 y 34, respectivamente, de las leyes referidas).

Fallo y adjudicación del contrato

El artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones establece diferentes maneras de determinar un ganador.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso:

I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio;

II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y

III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente.

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condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, lo cual es un ejemplo de estímulo a dicho sector.

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos de [la normatividad].

Debemos señalar que es responsabilidad de la dependencia o entidad convocante el método de valoración que se utilice. En otras palabras, la oferta más baja no necesariamente es la ganadora, creencia errónea generalizada, sino que la diversidad y complejidad de servicios a contratar influye en la adquisición de una obra, lo cual ha llevado a la necesidad de ampliar la gama de opciones para determinar a un ganador, como se observa en el artículo citado.

Y el artículo 37 de la misma ley continúa:

La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla;

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;

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IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y

VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

Respecto a estos puntos, en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones se establece que el contrato es el instrumento jurídico en el cual se van a plasmar los derechos y obligaciones de las partes. Su firma es sólo la formalización, puesto que las condiciones fueron dadas a conocer a los licitantes desde el procedimiento de publicación de la convocatoria y en las bases.

De ahí que son mínimas las condiciones que se puedan modificar y la manifestación de la voluntad se entiende en el haber aceptado participar en el proceso desde un inicio. Por ello, puede incluso llegar a sancionarse a un licitante que no suscriba el contrato:

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación (…)

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hagan que ésta no sea la forma idónea de contratar. En todo caso será esencial el acreditar las circunstancias que lleven a uno de los procedimientos de excepción y será responsabilidad de la contratante:

En los supuestos legales, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

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7.4 Inconformidades ante la entidad convocante y ante la Secretaría de la Función Pública

La información sobre esta lección se encuentra en el Título Séptimo De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación, artículos 65 al 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en lo señalado en el Título Octavo De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación, artículos 83 al 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, respectivamente. Por razones didácticas, se expondrá a continuación el procedimiento para el primero de los supuestos, en el entendido que en materia de obra se sigue esencialmente el mismo proceso, por lo que se remite a la lectura der la ley de la materia a efecto de verificar las variaciones. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o

invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:

I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

II. La invitación a cuando menos tres personas.

Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes;

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.

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IV. La cancelación de la licitación.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y

V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Trámite de la inconformidad

En el artículo 71 de la misma Ley se establece:

Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente.

Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la inconformidad, así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la fracción IV del artículo 66 de la ley.

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públicos por dicha dilación.

Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su interés convenga (…)

El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo aparezcan elementos que no conocía.

La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.

El artículo 72 de la misma ley señala que:

Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en un término de quince días hábiles.

Contenido de la Resolución

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En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, con multa. Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad.

La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.

En el artículo 59 se establece que:

Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán

sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco

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veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Con la lectura de estos preceptos, puedes observar que, atendiendo al principio de seguridad jurídica, no son

definitivas las resoluciones o determinaciones de las dependencias o entidades que llevan a cabo un procedimiento de contratación; justo buscando la legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades, es que la legislación contempla la posibilidad de que sean revisados los actos

dentro de un proceso. Sin embargo, cabe aclarar que las determinaciones sólo pueden versar en cuanto a si se siguió o no el procedimiento y los requisitos de ley. No así el acuerdo de voluntades entre las partes o la decisión de contratar o no. En otras palabras, sólo se puede verificar y en su caso reponer u ordenar que se apeguen al marco legal, pero no así que contraten a determinada persona, como puede ser el inconforme. Asimismo, y dada la naturaleza de los recursos y el fin de derecho público, además de las autoridades, los mismos licitantes y proveedores son sujetos a las sanciones que establece la Ley, con multa o inhabilitación para participar en futuros procesos. De ahí la importancia y necesidad de que conozcas el marco jurídico y el alcance de las obligaciones que se contraen en estos casos.

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Conclusión

El comienzo de una licitación tiene lugar con la convocatoria general y, después a su término, tenemos un sujeto jurídico con capacidad para celebrar actos de tal calidad y que es contratado por la administración pública. La licitación no es un contrato ni un acto, pero sí un conjunto de actos, por lo que podemos concluir que se trata de un procedimiento relativo a la celebración del contrato con un doble objeto: elegir un contratante y establecer un contrato. La formación de la voluntad pre-contractual que encierra esta institución la distingue del acuerdo de voluntades que la precede.

Los aspectos más importantes de la licitación pública los resumimos a continuación:

Dentro de sus principales ventajas encontramos que la administración pública obtiene mejores condiciones en la contratación del sujeto de acuerdo a como lo establecen los artículos 134 constitucional y 30 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, respectivamente; se protege de las colusiones entre contratantes y funcionarios administrativos, saneando y evitando la corrupción en la Administración Pública y sus funcionarios; permite un sistema de mayor control, pues la licitación se debe hacer conforme a lo establecido por la legislación correspondiente y por último, fomenta la competencia, pues estimula el que las empresas e industriales mejoren sus condiciones de contratar con Administración Pública.

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Concluyendo, la licitación pública es

un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración condiciones más ventajosas; consiste en una invitación a los interesados para que sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones), formulen propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la más ventajosa (adjudicación), con lo que el contrato queda perfeccionado y todo el procedimiento se inspira para alcanzar la finalidad buscada en estos dos principios: igualdad de todos los licitantes ante la Administración Pública y cumplimiento estricto de las cláusulas despliego de condiciones.

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Actividad de Aprendizaje

Instrucciones: Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta sesión, se solicita realices la siguiente actividad en la cual responderás a las siguientes interrogantes con tus propias palabras.

Preguntas:

1.- Define licitación pública.

2.- Enumera los principios de la licitación pública. 3.- Señala las etapas de la licitación pública.

4.- Indica los elementos esenciales de la licitación pública. 5.- ¿Cuáles son las características de la licitación pública?

6.- ¿A qué se refiere el principio de libre concurrencia y competencia?

Estas preguntas las responderás en un foro, en el cual podrás observar las respuestas de tus compañeros y podrá haber retroalimentación entre ustedes como estudiantes, así como del tutor.

Esta actividad representa el 5% de tu calificación y se tomará en cuenta lo siguiente:

Datos generales Título

Respuestas a las preguntas y participación en foro

Organización de la información Veracidad de los datos

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Bibliografía

 

Baqué, H. (1954) Del proceso de la licitación pública. Revista de Derecho Público y Privado, Montevideo.

Bianchi, A. (1990), El crédito legal previo como requisito presupuesto de una licitación. El Derecho, Buenos Aires.

Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Licitacom. http://www.licitacom.com/proceso.html

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