evidentes violaciones constitucionales, sino, por el contrario, se expresan fundamentadas en la interpretación propia que se hace de las

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VOTO RAZONADO DISIDENTE DEL MAGISTRADO ROBERTO MOLINA BARRETO, DEL AUTO DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN LOS EXPEDIENTES ACUMULADOS 426, 430, 436 y 455, todos de 2021, formados por amparos en única instancia promovidas por i) Alfonso Carrillo Marroquín -quien instó ante este Tribunal dos acciones de amparo-; ii) Manfredo Roberto Marroquín y Edie Josué Cux García; y, iii) María Eugenia Mijangos Martínez, contra el Congreso de la República de Guatemala.

Conforme al artículo 178 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad deberán contar con la opinión favorable de la mayoría absoluta de los magistrados que la integran. Es obligación de los Magistrados firmar las resoluciones que el Tribunal adopte.

En cumplimiento del mandato antes señalado, en mi calidad de Magistrado Titular de este Tribunal, conocí en sesión plenaria del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, los expedientes acumulados arriba identificados, cuyo auto fue aprobado por la mayoría en el sentido de otorgar el amparo provisional solicitado, y dejar “...sin efecto ni valor legal, tanto el Acuerdo 6-2021 del Congreso de la República de Guatemala, como la juramentación del abogado Mynor Mauricio Moto Morataya como Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad, por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para completar el periodo dos mil dieciséis-dos mil veintiuno (2016-2021), así también todas las actuaciones o disposiciones que se hayan asumido para concretar la citada juramentación, y los actos posteriores que derivaron de esta última…”

DISIENTO de la decisión asumida, por los siguientes motivos:

1.- De la procedencia de la suspensión de la toma de posesión previo al agotamiento de los recursos administrativos, y conservación del acto de juramentación por ser facultad constitucional del Congreso de la República.

En principio estimo importante referir que, conforme al artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que regula “La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley, pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”. La eventual toma de posesión que correspondería al abogado electo, por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, no resultaría viable, en tanto haya impugnaciones internas pendientes, pues, el precepto referido alude a que la conformación de la Corte de Constitucionalidad permanezca incólume, sin que se admita que a su integración se agregue una designación reprochada por vía de las impugnaciones a las que alude el citado artículo.

Por este motivo, sostuve que el acto de juramentación, por respeto a las facultades del Congreso de la República, debía conservarse, sin perjuicio de que la concreción de la siguiente fase depende del agotamiento del proceso de impugnaciones, las cuales, para que cumplan con el debido proceso sin restar eficacia al acto de elección, debían resolverse en términos expeditos. De esa cuenta, en el seno del Pleno, propuse que como efecto del amparo provisional, se

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ordenara a las autoridades encargadas de conocerlas y resolverlas, lo hicieran con la diligencia y prontitud que las circunstancias imponen, ello porque la importancia de la integración correcta de la Corte de Constitucionalidad y el resguardo de la conservación de la completitud de su integración, son principios básicos que tienen suma relevancia para el propio tribunal.

De esa cuenta, en este caso lo procedente era que el amparo provisional tuviera el único efecto de ordenar a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales que, en un término que no excediera de quince días hábiles, a partir de recibida la notificación del auto, resolviera, en definitiva, los medios de impugnación contra el acto de elección tantas veces aludido.

2.- Del respeto a las facultades del Congreso de la República y de los excesos de la Corte de Constitucionalidad:

DISIENTO del efecto de suspender el acto de juramentación.

La autoridad denunciada invoca que, según su interpretación, el artículo 156 de la ley constitucional citada, no resulta aplicable en este caso, pues no hay Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad que pueda continuar en el cargo. Esto pone de manifiesto, que tal norma estuvo presente en términos de la gestación del acto reclamado, y muestran en el Congreso una intención manifiesta de sustentar su proceder a la Constitución y a la Ley.

La protección interina, al otorgar, como efecto, invalidar la toma de juramento del abogado designado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala como magistrado titular de esta Corte, constituye un exceso en el ejercicio de las facultades de los magistrados que lo decidieron. Por mi parte, DISIENTO del efecto aludido, porque estimo que la Corte de Constitucionalidad, en todos los casos que involucren competencias de los Órganos del Estado, debe velar porque la forma de resolver el conflicto no conlleve inobservancia de aquellas competencias constitucionales que la Ley Fundamental ha dado a los poderes del Estado. En toda decisión, la Corte de Constitucionalidad debe plantearse, como deber, respetar las competencias intrínsecas de los otros poderes públicos, máxime cuando estos aleguen motivación específica para la decisión que se les cuestiona en la vía constitucional.

Si bien, en su labor, esta Corte debe hacer análisis interpretativo de las normas involucradas en el conflicto que se le plantea, esta tarea la debe realizar, siempre, con objetividad, tomando en cuenta el contexto tanto de la situación que impera como del cuerpo normativo aplicable, para que su actuación no se convierta, a la vez que intenta reconducir actos, en vulneradora de otros derechos y competencias en juego. La Corte debe evitar el activismo judicial que termine desbordando sus competencias. Este Tribunal, integrado por magistrados de experiencia en el quehacer jurídico, debe tener siempre presente que sus resoluciones han de propiciar seguridad jurídica, por lo que, en casos como el presente –y otros de alto contenido político–, debe tener en cuenta los efectos de sus decisiones sobre la división de poderes, y propender al buen funcionamiento del Estado.

En este orden de ideas, es deber de la Corte de Constitucionalidad no intervenir en los actos del poder legislativo que, como en este caso, no muestran

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evidentes violaciones constitucionales, sino, por el contrario, se expresan fundamentadas en la interpretación propia que se hace de las disposiciones aplicables, que merecen incluso la reflexión del tribunal en un fallo de fondo, pero que también le deben dar presunción de debido ajuste a la Constitución, para respetar la permanencia de su acto. Cobra mayor relevancia lo anterior, en casos como el presente, en el que, a la actuación del Congreso le suceden, a su vez, actos de otras autoridades, para que finalmente materialice sus efectos.

Si bien esta Corte es un órgano de control, tiene el deber de aceptar las funciones de los Poderes, aspecto que la actual magistratura, en más de una ocasión, ha soslayado, provocando una intromisión en las políticas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo que, lejos de contribuir al sistema de equilibrio entre los organismos del Estado, lo ha mermado.

Respecto de estas reflexiones, traigo a cuenta lo manifestado por el profesor Jorge Carpizo quien refiere en una de sus obras que "Más allá de los límites que el tribunal tiene como cualquier órgano de poder, ‘resulta muy importante que sepa autolimitarse,’ es decir, el self-restraint; ‘que el activismo judicial no sea desbordado, que aplique con prudencia las técnicas de la interpretación constitucional, ‘que jamás pretenda usurpar funciones que la Constitución atribuye a otros órganos,' que siempre tenga presente que está interpretando la Constitución, no creando una filosofía o moral constitucionales". (El Tribunal Constitucional y el Control de la Reforma Constitucional, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, volumen 42, número 125, año 2009, página 758).

También traigo a cuenta las palabras del connotado profesor alemán Otto Bachof que refiere, aludiendo al Tribunal Constitucional Federal alemán, que esta "...ha necesitado conquistar su actual posición, con mucho trabajo y contra muchas resistencias. Que lo haya logrado radica, y no es la menor de las razones, en que con sabia autolimitación haya entendido correctamente cómo trazar las fronteras entre derecho y política". (Nuevas Reflexiones sobre la Jurisdicción Constitucional entre Derecho y Política. Página. 844 de la Revista Jurídica de la UNAM).

Por último, en cuanto a este punto, cito al profesor chileno José Ignacio Martínez Estay, quien refiere que el desafío del control judicial es cómo hacer para que éste no sirva para la intromisión de los jueces en materias que no son de su competencia. Afirma que, “es en este marco en donde juega un rol importante <el concepto de deferencia o de auto-restricción, que ‘encierra dos sentidos complementarios.> Por una parte, <implica que los poderes públicos se deben una actitud remanente y recíproca de respeto y cortesía’> y, por otra, <supone ‘de cada órgano del Estado, el reconocimiento y respeto de las esferas competenciales en que las autoridades tienen el derecho a tomar decisiones con relativa autonomía’>”. (Autorestricción, Deferencia y Margen de Apreciación. Breve Análisis de sus Orígenes y de su Desarrollo. Revista Estudios Constitucionales, volumen 12, número 1, 2014, página 365-396).

En el presente caso, la decisión de dejar sin efecto el acto de juramentación que el Congreso hizo en uso de sus legítimas competencias, constituye otro pronunciamiento, de la mayoría de magistrados de la actual magistratura que, sin fundamento ni razón, se interpone en las competencias del

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Congreso de la República que, fuera de la magistratura provocaron mis más duras críticas y, ahora, dentro de la judicatura, motivan también mi DISIDENCIA.

3) De los otros puntos de los que disiento:

a) La resolución refiere que los amparos promovidos contra la amenaza de que el Congreso de la República juramente al abogado electo por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, conservan materia. Para llegar a esa conclusión, en la resolución se afirma que la esencia del agravio aducido aún persiste y que el hecho de haberse concretado el acto de juramentación, tiene el efecto de tener por inminente y cierto el actuar reprochado.

Disiento de esta conclusión, porque, en primer término, va contra la propia jurisprudencia de la Corte, la que ha reiterado que el actuar de los órganos del Estado, en ejercicio de sus funciones, no puede constituir amenaza susceptible de amparo. La misma Corte ha dicho que, cuando los actos futuros, que se denuncian como amenazantes, están previstos en la ley como de posible realización, ello los hace salir de la categoría de actos ilegales, ilegítimos o amenazantes, porque el ejercicio de las facultades que las leyes otorgan a los órganos jurisdiccionales o de la administración pública no pueden considerarse amenaza por el simple hecho de su probable ejecución. En este tipo de actos, es decir, los reglados, no serán ilegales o ilegítimos hasta en tanto, habiéndose emitido, se aprecia, de modo concreto, un uso excesivo de la facultad dada por la ley. (sentencias de seis de noviembre de dos mil catorce y dieciocho de junio de dos mil quince, dictadas en los expedientes 4280-2013 y 5731-2014, respectivamente).

La Constitución regula, como parte de la estructura del sistema Republicano, las funciones que corresponden a cada uno de los tres organismos del Estado y, por ende, cada uno de tales órganos interpreta, en principio, el contenido y alcances de las atribuciones que les corresponden. La función de esta Corte, en casos como este, se circunscribe al establecimiento de lesión a los preceptos constitucionales y legales cuando las atribuciones exceden el marco de lo previsto en el cuerpo normativo supremo. En ese sentido, siendo que, en este caso, el Congreso de la República recibió, como se determina de los antecedentes de las acciones acumuladas, certificación acerca de la elección y designación realizada por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, procedió, de conformidad con el artículo 157 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a ejercer la función que le corresponde, juramentando al designado.

No puede estimarse, entonces, como una amenaza, por parte del Congreso de la República, el ejercicio de su facultad de tomar juramento a magistrados de las altas Cortes y Tribunales, de manera que su realización futura inminente no constituye ni constituía inminencia de agravio, pues son facultades legales dadas al órgano que ostenta la representatividad del Pueblo.

Por otro lado, precisamente, como se denota de las acciones acumuladas, el acto agraviante -amenazas de la juramentación del abogado designado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala-, no solo se novó por vía de la realización de la mencionada atribución, sino además está en

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conocimiento de esta Corte en los amparos que señalan como acto reclamado tal acción, por lo que resulta paradójico que se afirme que la amenaza conserva materia y al mismo tiempo analizar la consumación del acto, cuando lo correcto, tanto desde la perspectiva procesal como de la certeza y el apego a la Constitución que deben ofrecer los fallos del Tribunal Constitucional, ameritan únicamente el conocimiento del acto de la juramentación.

b) En el auto también se afirma que no consta que la resolución que dictó la Sala jurisdiccional en aquel otro proceso de amparo haya contenido la orden de que el Congreso de la República efectuara el acto de juramentación que se cuestiona por esta vía. Esta última circunstancia torna en autónomo el actuar del Congreso de la República, extremo que habilita la posibilidad de refutarlo por vía de los amparos que ahora se estudian.

Al respecto, estimo que la juramentación llevada a cabo por parte del Organismo Legislativo, se sustenta, no sólo en sus facultades, sino que en la certificación remitida producto de la protección interina otorgada por la Sala. De esa cuenta, tal actuar no puede, como lo califica la decisión de la que disiento, ser un acto sin respaldo, dado que, precisamente, sin la remisión de la citada certificación, el acto de juramentación no hubiera podido efectuarse, aunado al hecho de que, los poderes del Estado interpretan en principio sus atribuciones y en todo caso, la intelección que de esas facultades realice el Tribunal Constitucional, se debe hacer preferentemente en una sentencia a efecto de no invadir a priori y sin contar con todos los elementos de juicio, las atribuciones que corresponden a la triada tradicional de poderes.

c) En la resolución se expresa que se deja en suspenso el acto de juramentación cuestionado, así como todas las actuaciones o disposiciones que se hayan asumido para concretar la citada juramentación y los actos posteriores que derivaron de esta última.

Esta consideración, además de resultar contraria a la Constitución, vulnera la voluntad del órgano elector, dado que el alcance que pretende darse será el de invalidar todo lo actuado previamente a la juramentación, actos dentro de los cuales se cuentan la propia elección, aun y cuando tal alcance es impropio en términos de lo que fue reclamado ante el tribunal constitucional, lo que, a su vez, atenta contra la seguridad y certeza que debe ofrecer las decisiones que dentro de sus competencias corresponden a este Tribunal.

A manera de conclusión, recalco:

1.- Si bien no corresponde dar posesión del cargo hasta que se resolvieran las impugnaciones, la Corte debió proveer soluciones para procurar que se decidieran en un tiempo prudencial.

2.- Por respeto a las competencias de los poderes del Estado, no devenía procedente suspender el acto de juramentación, pues ello es competencia del Congreso de la República, cuyo actuar no se aprecia notoriamente inconstitucional ni que exceda sus competencias. Al suspenderlo, la mayoría de los magistrados sí invaden aquella competencia.

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3.- Se pretende dejar sin efecto todo acto previo a la juramentación, lo que va en detrimento del propio gremio de abogados de Guatemala como órgano elector. 4.- La Corte entra a conocer actos de amenaza que en su propia jurisprudencia ha sostenido que no pueden ser abordados como tales.

5.- Concede al amparo provisional efectos definitivos, lo que no es propio de una resolución interlocutoria. Otorgar amparos provisionales con esa connotación ha sido práctica –indebida- de la actual magistratura, la cual reprocho y, ahora, en mi calidad de magistrado, disiento.

6.- En suma, aprecio que, paradójicamente, el Tribunal llamado a respetar la Constitución, ha emitido esta decisión contrario a sus postulados y principios.

Las razones anteriores sustentan mi voto DISIDENTE, el cual, solicito, sea notificado junto con la resolución respectiva.

Guatemala, cuatro de febrero de dos mil veintiuno.

ROBERTO MOLINA BARRETO MAGISTRADO VOCAL I

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Firmado digitalmente por ROBERTO MOLINA BARRETO Fecha: 04/02/2021 2:46:54 p. m. Razón: Aprobado Ubicación: CORTE DE CONSTITUCIONALIDA D

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