Honorables miembros de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República

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Honorables miembros de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República

Presente.-Agradezco la oportunidad de participar en el proceso de selección de candidato para integrarse al consejo de la judicatura federal y presento a ustedes este ensayo que contiene algunas reflexiones en temas relativos a la competencia del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura que de acuerdo a nuestra Constitución es un órgano del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica de gestión y para emitir sus propias resoluciones. Tiene como tareas fundamentales la administración, vigilancia y disciplina, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, así como determinar la designación, adscripción y ratificación de jueces y magistrados dentro de Poder Judicial de la Federación.

Es indudable que la creación del Consejo de la Judicatura Federal con las reformas de 1994, ha sido un acierto para fortalecer la impartición y la administración de la justicia. La razón de que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación traspasaran las funciones de administración, vigilancia y disciplina, con excepción de la propia Corte, a un órgano distinto que gozara de independencia técnica de gestión para emitir sus propias resoluciones, sin lugar a dudas representó una mejora substancial hacia su principal tarea que es la de garante de la supremacía de las leyes y desde luego esta distribución de competencias , ha redundado en garantizar la independencia de Jueces de

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Distrito y Magistrados de Circuito, así como del personal adscrito a los órganos jurisdiccionales y la carrera judicial.

El desempeño de los órganos jurisdiccionales se ha fortalecido en beneficio de los justiciables, buscando hacer más accesible la impartición de la justicia a los ciudadanos, puesto que a dieciocho años de su creación, a diferencia de aquellos años donde se contaban con 305 órganos jurisdiccionales, hoy en ,se cuenta con 717 entre tribunales Colegiados, tribunales Unitarios y juzgados de Distrito, lo que representa un crecimiento exponencial que tiene el Poder Judicial de la Federación, generando con esto nuevos retos para mantener la eficacia en sus tareas.

Constitucionalmente la integración del Consejo, busca que la composición de este cuerpo colegiado tenga enfoques tanto de la carrera judicial como de otros ámbitos del derecho como el académico, el legislativo o de abogados postulantes por mencionar algunos ejemplos, lo cual coadyuva a fortalecer diferentes visiones sobre políticas públicas que se deben implementar desde el espacio del poder judicial en beneficio de una sociedad que exige excelencia en el servicio de la administración de la justicia.

En mi experiencia profesional he tenido oportunidad de desempeñarme como Presidente Municipal de la ciudad de Torreón, Coahuila, Diputado Federal en dos ocasiones, la primera de ellas en la LV Legislatura y la segunda de ellas en la LX Legislatura donde tuve el honor de fungir como Presidente de la Cámara de Diputados en el primer año de esa legislatura, así como participar en las Comisiones de Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.

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También fui integrante del Senado de la República en la LVIII y LIX Legislatura donde fui presidente de la Comisión de Justicia, lo cual me permitió trabajar en múltiples iniciativas importantes como en las siguientes: proyecto de nueva Ley de Amparo, reforma al sistema de Justicia Penal para implementar los juicios orales, un nuevo sistema de Justicia Penal para adolescentes entre otras, de igual manera , durante mi gestión se estrecharon vínculos con el Poder Judicial de la Federación al realizar dos foros regionales en Mérida, Yuc. y Torreón, Coah. con Jueces , Magistrados, Ministros , Legisladores y Académicos que permitieran acercar la labor jurisdiccional a la comunidad.

Una de las tareas que desempeñé como legislador, fue ser representante en dos ocasiones del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral y durante casi cinco años tuve el honor de representar a nuestro país, como Embajador de México ante el Reino de España, habiendo logrado que la relación entre ambos países pase por su mejor momento.

El desempeño en distintas esferas de la vida pública de nuestro país, me ha permitido tener una visión más amplia y completa del servicio público, de la complejidad de nuestra burocracia, de la necesidad de transparentar todo lo que debe ser público, de trabajar para facilitarle al ciudadano la información necesaria, de manera sencilla con menos trabas administrativas y de muchas cosas que estoy seguro pueden hacerse mejor si hay voluntad, experiencia y sensibilidad.

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En todos los ordenes de la vida pública pero especialmente en el caso de la justicia federal la sociedad exige que su labor sea de excelencia profesional y con mejores estándares de calidad.

En este trabajo, me permito reflexionar sobre algunos de los retos que tiene el consejo de la Judicatura Federal y que deben enfrentarse en los próximos años. Uno de ellos consiste en implementar las reformas legales que se requieren en materia de Derechos Humanos, Ley de Amparo y Sistema de Justicia Penal aprobadas por el Poder Legislativo; desarrollar e impulsar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las reformas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial o también denominado Proceso Penal Acusatorio y Oral.

Ciertamente sabemos que se han dado pasos importantes en lo relativo a la capacitación de juzgadores y personal que deberá intervenir en las distintas instancias que prevé el proceso, Jueces de instrucción, Jueces de ejecución y Jueces de sentencia, salas orales y creación de normas que tutelen y garanticen los derechos humanos de conformidad con el artículo primero de nuestra Constitución.

Siendo esta una reforma de gran calado, dicha capacitación debe ser continua, permanente y sobre todo que atienda las particularidades de las adscripciones y constantes movimientos del personal de carrera judicial para que sea eficaz.

Otro aspecto relevante, son los recursos económicos que hacen falta para acondicionar adecuadamente nuevas salas de audiencia, salas para emitir

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sentencias y por supuesto nuevos espacios físicos acondicionados con la seguridad y avances tecnológicos que permitan un desarrollo eficaz, digno y seguro para todos los actores que intervengan en los juicios orales.

Esto nos lleva a plantear otro tema relacionado con lo anterior, hace falta la aprobación de reformas legislativas que hagan posible la eficaz implementación, del Código Federal de Procedimientos Penales, asunto que corresponde al Poder Legislativo y que sabemos que está en las comisiones dictaminadoras en espera de su análisis, discusión y aprobación en su caso.

Otro asunto relevante que se ha planteado en múltiples ocasiones tiene que ver con el Presupuesto de Egresos, que recibe el Poder Judicial de la Federación y que es aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Mucho se ha discutido sobre la separación e independencia de los Poderes que, siendo real, encuentra en este tema, hacia el Poder Judicial, un pendiente que no se ha logrado resolver adecuadamente.

Como sabemos, el Poder Ejecutivo elabora el proyecto de Presupuesto anual abarcando todas las áreas de su administración y desde luego integrando al mismo las propuestas del Poder Legislativo y Judicial.

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Al presentarlo para su discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, ésta decide en última instancia en el ejercicio de su facultad exclusiva, su aprobación aumentando o disminuyendo partidas conforme a su criterio.

El papel que juega el Poder Judicial de la Federación consiste en elaborar su propio anteproyecto de egresos enviándolo al ejecutivo y posteriormente negociar, en el buen sentido, con la Cámara de Diputados para que se respete en sus términos.

Existe en otros países la costumbre de asignar una parte porcentual del presupuesto de egresos al Poder Judicial lo que propicia una mayor certidumbre en la planeación multianual de las necesidades que tiene su propio gasto y contribuye a fortalecer su autonomía evitando las negociaciones de cada año con los otros poderes.

Sé que no es un asunto sencillo ni un tema menor, pero se pudiera avanzar de manera gradual sentando las bases para que en un futuro con estudios serios y con la experiencia que existe, poder encontrar parámetros que fijen porcentajes para que esto pudiera plasmarse con mayor certidumbre en un futuro próximo.

Un tema al cual me quiero referir y que, desde mi punto de vista tiene un alto impacto en la sociedad, es lo relativo a los defensores públicos.

El Consejo de la Judicatura tiene de entre sus órganos auxiliares a la Defensoría Pública, que sí bien se rige por la Ley Federal de Defensoría Pública,

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administrativamente depende del Consejo, y este órgano tiene la noble y difícil tarea de proporcionar asesoría y una defensa legal al ciudadano más desprotegido cuando ésta la requiera.

Si bien la defensa y orientación se prestan en el marco de los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, las exigencias en cuanto una representación adecuada es cada vez más apremiante y es en este rubro donde el Consejo de la Judicatura debe apoyar al Instituto de Defensoría Pública, para garantizarle el derecho constitucional, a todo aquel ciudadano que requiera una defensa, pueda encontrar en los defensores, abogados suficientes, que permitan hacerle frente a la amplia necesidad de contar con una adecuada asesoría legal, específicamente a la gran cantidad de personas que no tienen recursos económicos para contratar abogados que atiendan con eficacia, honestidad y diligencia en sus casos.

Desterrar esa percepción de que la justicia es accesible sólo para aquel que cuenta con recursos suficientes, es un imperativo que obliga al Estado para que se fortalezca la confianza ciudadana en sus órganos de justicia. De ahí que se tendrá que valorar el posible crecimiento del Instituto de Defensoría Pública, a la par de los órganos jurisdiccionales, es decir, que se pueda contar con un número mayor de defensores y asesores que atiendan las demandas de la sociedad.

En este sentido cobra relevancia el hecho de revisar el esquema de elección de defensores de oficio, así como de juzgadores federales. Lo anterior, debido a que el Consejo tiene como una de sus tareas fundamentales nombrar a Jueces y Magistrados, a través de concursos que se desarrollan con participación del Instituto de la Judicatura Federal.

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Sin embargo, en recientes fechas ante la demanda creciente de juzgadores federales, dos concursos se tuvieron que cancelar debido a que presentaron inconsistencias en la selección de candidatos que sin ahondar en cuanto a las causas que se tuvieron para determinar la cancelación de los mismos. Esta experiencia debe servir como oportunidad para que el Consejo revise los mecanismos de selección y participación tanto interno como externo de personal calificado para poder desempeñar la función de Juez o Magistrado, así como también revisar la integración de los jurados y los filtros que se deben de implementar en la etapa preparatoria y el desarrollo de los exámenes, para que los aspirantes que lleguen a la etapa final puedan ser los mejores y que tengan la capacidad suficiente para afrontar los retos que exige la impartición de justicia.

Tal vez en este tema, valga la pena explorar la posibilidad de contar con la participación de universidades de prestigio que puedan contribuir en la elaboración y calificación de exámenes.

Otro aspecto que se debe analizar es el relativo a la materia de transparencia y rendición de cuentas que el Consejo debe abordar. Actualmente las sesiones del Pleno de este órgano colegiado de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación son de carácter privado, seguramente habrá temas que deben mantener esta reserva, pero muchos otros no. La tendencia en la vida de las instituciones de gobierno, es que la actividad que se desarrolla debe ser pública y transparente y en este sentido se deberá de analizar la pertinencia de transparentar la actividad del Consejo cuando los asuntos que se discutan sean de trascendencia e interés general.

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Señoras y Señores Legisladores, toda institución creada por hombres está sujeta a perfeccionarse y para ello se debe poner todo el talento y esfuerzo para que el servicio que brinde el Consejo de la Judicatura Federal se encuentre apegado a los principios de excelencia y profesionalismo con que se rige la actividad jurisdiccional.

Estoy convencido que existen áreas de oportunidad para mejorar el desempeño del Consejo, he mencionado brevemente algunos temas , sin embargo existen otros retos en materia de vigilancia, fortalecimiento de la Contraloría, la materia disciplinaria , la vinculación con la sociedad, la federalización de la justicia, la seguridad de los jueces y otros que requieren de una reflexión más amplia.

Gracias.

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