Tema05

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(Tema actualizado a febrero de 2011)

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA: ESTRUCTURA Y DISPOSICIONES GENERALES.

Los antecedentes históricos del Estatuto de Autonomía se remontan a la proclamación en Antequera en 1.873 de la Constitución Federalista de Andalucía, proyecto republicano y federal en la línea de otros proyectos autonomistas.

Pero sería Blas Infante el principal protagonista en todo el movimiento autonómico andaluz, que culminó en 1.918 con el Congreso Andaluz de Ronda, en donde se recogieron, de una parte, la formulación y aspiraciones autonomistas del Congreso de Antequera; y de otra, se adoptaron los símbolos de Andalucía.

La Asamblea Regional andaluza reunida en Córdoba en 1.933 aprobó un Anteproyecto de Bases para el Estatuto de Autonomía, acogiéndose a la Constitución republicana de 1.931 y con el apoyo de las Diputaciones y municipios andaluces. Pero la Guerra Civil truncaría el movimiento autonomista y el 11 de agosto de 1.936 fue fusilado Blas Infante.

El denominado Pacto de Antequera de 4 de diciembre de 1978 vino a cumplir el primer requerimiento mediante un compromiso suscrito por todo el espectro de partidos políticos consistente en lograr la mayor autonomía posible en el más breve plazo de tiempo; el segundo se hacía efectivo a través del Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril (BOE de 28 de abril, desarrollado por el Real Decreto-Ley 832/1978, de 27 de abril), por el que se instituía la Junta de Andalucía como ente preautonómico y para cuya Presidencia fue elegido Plácido Fernández Viagas.

Tras las elecciones generales y locales de 1979, la nueva Junta1 presidida por Rafael

Escuredo acuerda en Granada el 21 de junio seguir la vía del artículo 151 como medio de asegurar la consecución de una autonomía comprensiva del mayor contenido competencial. A esta decisión se suman inmediatamente las Diputaciones provinciales y más del 90% de los municipios andaluces, cumpliendo con creces el primer requisito constitucional. Casi al mismo tiempo se procede por parte de los representantes de los partidos políticos con

1 Esta Junta Preautonómica trataba de satisfacer con carácter transitorio la necesidad de un órgano representativo de las fuerzas políticas así como de las administraciones locales existentes en el ámbito de su territorio mediante la presencia en ella de diputados y senadores andaluces y representantes de las Diputaciones provinciales.

Por lo que a las competencias se refiere correspondía a la Junta Preautonómica la elaboración de sus normas de régimen interior, coordinar las actuaciones y funciones de las ocho Diputaciones provinciales en los asuntos de interés general para Andalucía y gestionar y administrar las competencias que pudieran trasferirle el Estado y las propias Diputaciones a través de sendas Comisiones Mixtas de composición paritaria.

Dado el elevado número de componentes se instituirán dos órgano, el Pleno y el Consejo Permanente, correspondiendo al primero elegir, de entre sus miembros, al Presidente, y decidir sobre las propuestas que le presentara el Consejo.

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presencia parlamentaria a la redacción en la ciudad de Carmona de un primer borrador, que, tras algunas modificaciones en la misma ciudad sevillana en 1981, se aprobará en Córdoba el 28 de febrero de ese mismo año, como se verá después.

Entre los diversos requisitos exigidos por este precepto constitucional, uno de ellos es que la iniciativa se ratifique mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos establecidos en la LO 2/1.980 de 18 de enero reguladora de las diversas modalidades de referéndum. Dicha ley establecía que si la mayoría absoluta, exigida en el referéndum de iniciativa, no se alcanzaba en una de las provincias interesadas, dicha iniciativa no prosperaría y además no se podría volver a reiterar hasta transcurridos 5 años.

Superados todos los trámites pertinentes y celebrado el referéndum en Andalucía el 28 de febrero de 1.980, sólo fue una provincia -Almería- la que no alcanzó la mayoría absoluta de los votos exigidos, pero la envergadura del problema, con las circunstancias políticas contextuales, fue tan grande que motivó la reforma de la citada Ley Orgánica de 1.980 (por LO 12/1.980 de 16 de diciembre); reforma que, entre otras cosas, establecía que la iniciativa autonómica prevista en el art. 151 se entenderá ratificada en las provincias en las que se hubiese obtenido la mayoría de los votos afirmativos, siempre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del censo de electores en el conjunto del ámbito territorial que pretende acceder al autogobierno. Asimismo se estableció, a efectos de reintegrar la provincia de Almería en el proceso autonómico, que previa solicitud de la mayoría de los Diputados y Senadores de la provincia donde no se hubiera obtenido la ratificación de la iniciativa, las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica podrán sustituir la iniciativa autonómica prevista en el art. 151 siempre que la mayoría absoluta se haya alcanzado en el conjunto del territorio que aspira a la autonomía (así se hizo para Almería por LO 13/1.980 de 16 de diciembre).

Desbloqueada de esta forma la situación, la Comisión redactora del Anteproyecto estatutario concluyó sus trabajos en febrero de 1.981 y la Asamblea de Parlamentarios andaluces aprobó el 1 de marzo en Córdoba en texto estatutario. Tras el correspondiente acuerdo en la Comisión Mixta, fue ratificado en referéndum el 20 de octubre de 1.981. Una vez ratificado, fue elevado a las Cortes Generales para su ratificación, siendo sancionado y promulgado como Ley Orgánica 6/1.981 de 30 de diciembre. Fue publicada en el BOE el 11 de enero de 1.982 y en el BOJA el 1 de febrero de 1.982, entrando en vigor el día de su publicación en el BOE, 11 de enero de 1.982, según establecía la Disposición Final del Estatuto. Este primer Estatuto de Autonomía para Andalucía constaba de 75 artículos, distribuidos en un Título Preliminar, y seis Títulos más, 3 Disposiciones Adicionales, 6 Transitorias y 1 Final.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía se modificó en una ocasión, al aprobarse la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se ampliaba considerablemente la cesión del rendimiento de tributos.

Precisamente siguiendo lo dispuesto en su Título VI fue articulado el procedimiento para la reforma del Estatuto. En el último debate de la VI Legislatura sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en 2003, el Presidente de la Junta de Andalucía anunció la presentación de un documento con propuestas para la reforma del Estatuto de Autonomía,

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hecho público en diciembre de ese mismo año2.

La competencia relativa al estudio y propuestas de posibles reformas del Estatuto recayó en la Comisión de Desarrollo Estatutario, en el seno de la cual, por acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía, se creó la Ponencia para su reforma. Tomando como base el contenido de las comparecencias de los agentes sociales y las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, la Ponencia elevó a la Comisión de Desarrollo Estatutario su informe definitivo, que fue aprobado en la sesión celebrada el 2 de febrero de 2006, convirtiéndose así en Dictamen, en cumplimiento del encargo recibido por el Pleno de la Cámara.

La Proposición de reforma del Estatuto de Autonomía, cuyo texto coincidía con el texto articulado del Dictamen aprobado por la Comisión, fue presentada el 3 de febrero de 2006 por los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Su tramitación se prolongó hasta el 2 de mayo de 2006, fecha en la que el Pleno de la Asamblea de Andalucía la aprobó para, seguidamente, enviarla al Congreso de los Diputados para su tramitación en las Cortes Generales.

Entre el 5 de mayo, fecha en la que la Sra. Presidenta del Parlamento de Andalucía presentó en el Registro del Congreso de los Diputados la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y el 20 de diciembre de 2006, fecha en la que el Pleno del Senado aprobó el texto de la propuesta, se lleva a cabo su tramitación en ambas Cámaras.

El Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por las Cortes Generales fue sometido a referéndum, dentro del ámbito de Andalucía, el 18 de febrero de 2007, según disponía el Decreto del Presidente 2/2007, de 16 de enero. La Junta Electoral Central, por resolución de 8 de marzo de 2007, declaró oficiales los resultados del referéndum.

El texto del Estatuto aprobado fue publicado como Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El nuevo Estatuto es considerablemente más extenso que el anterior. Su estructura es la siguiente:

• PRÉAMBULO

• TÍTULO PRELIMINAR (Artículos 1 a 11)

• TÍTULO I. DERECHOS SOCIALES, DEBERES Y POLÍTICAS PÚBLICAS (Artículos 12 a 41)

• TÍTULO II. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (Artículos 42 a 88)

• TÍTULO III. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (Artículos 89 a 98)

Desde el comienzo de la VII Legislatura, en marzo de 2004, se impulsa definitivamente su proceso de reforma. En el portal del Parlamento de Andalucía (www.parlamentodeandalucia.es), en la sección denominada "La reforma paso a paso", se encuentra toda la información relacionada con dicho proceso.

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• TÍTULO IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (Artículos 99 a 139)

• TÍTULO V. EL PODER JUDICIAL EN ANDALUCÍA (Artículos 140 a 155)

• TÍTULO VI. ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA (Artículos 156 a 194)

• TÍTULO VII. MEDIO AMBIENTE (Artículos 195 a 206)

• TÍTULO VIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (Artículos 207 a 217)

• TÍTULO IX. RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (Artículos 218 a 247)

• TÍTULO X. REFORMA DEL ESTATUTO (Artículos 248 a 250)

• 5 DISPOSICIONES ADICIONALES

• 2 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

• 1 DISPOSICIÓN DEROGATORIA

• 3 DISPOSICIONES FINALES

Del texto del nuevo Estatuto de Andalucía resaltar el contenido que prosigue:

El artículo 1 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución. El artículo 46 del Estatuto establece que la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, así como las normas y procedimientos electorales para su constitución, en el marco del régimen electoral general. El Título IV, denominado Organización institucional de la Comunidad Autónoma, define la Junta de Andalucía como la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de Andalucía y está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.

Forman parte también de la organización de la Junta de Andalucía las instituciones y órganos regulados en el Capítulo VI. Se trata de el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y el Consejo Económico y Social (arts. 128-132, respectivamente).

El Parlamento.

Al igual que el Estado y el resto de las Comunidades Autónomas, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece un régimen parlamentario de gobierno: elección del Presidente de la Junta de Andalucía por el Parlamento, a través del procedimiento de investidura, exigencia de responsabilidad política mediante la moción de censura o cuestión de confianza y facultad del Presidente de disolución del Parlamento, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, mediante decreto, en el que se fijará la fecha de las elecciones (art. 127.1 EAA). La disolución anticipada no podrá tener lugar cuando esté en trámite una moción de censura y no procederá nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior (art. 127.2 y 3 EAA), salvo la

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particularidad siguiente: La designación automática como Presidente del candidato del partido que haya obtenido mayor número de escaños cuando, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple (art. 118).

El Parlamento es, por tanto, el órgano representativo del pueblo andaluz y le corresponde la potestad legislativa en los términos establecidos en la Constitución y el Estatuto, así como la elección del Presidente de la Junta y el control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad (art. 106 EAA).

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto (art. 101.1 EAA) y ninguna provincia tendrá más del doble de diputados que otra (art. 104.1 EAA).

La conversión de votos en escaños se realiza por el sistema D'Hont con la barrera del 3 por 100 de forma que no participan en el reparto las candidaturas que no alcancen ese porcentaje de votos en la circunscripción.

El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó, en sesión celebrada los días 21 y 22 de noviembre de 2007, su Reglamento. Este texto (el quinto con que el que se ha dotado el Parlamento andaluz desde su entrada en funcionamiento tras los aprobados en 1982, 1991, 1995 y 2005, sin incluir las reformas parciales) incide directamente en los valores y principios que informan el régimen parlamentario de la Comunidad Autónoma.

La Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.

Además del Parlamento, la Junta de Andalucía cuenta, según lo establecido en el artículo 99 de su Estatuto, con una Presidencia y un Consejo de Gobierno.

El Presidente o la Presidenta de la Junta dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la Administración de la Comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía (art. 117.1).

El Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros (art. 119.1), en los que recae el ejercicio de la potestad reglamentaria. Los aspectos políticos y administrativos que confluyen en estos órganos superiores del ejecutivo fueron desarrollados mediante la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Consejo de Gobierno, cuyos miembros son nombrados y separados libremente por el Presidente, es el órgano superior colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma, dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas, bajo la dirección y coordinación del Presidente, siendo responsable solidariamente ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.

El Consejo de Gobierno está integrado, como ya se ha mencionado más arriba, por el propio Presidente y los Consejeros, admitiéndose la posibilidad de que exista uno o varios Vicepresidentes, así como Consejeros sin cartera. También es posible la constitución de Comisiones Delegadas para coordinar la elaboración de directrices y disposiciones, programar la política sectorial y examinar asuntos de interés común a varias consejerías.

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El número y denominación de las Consejerías se fijan por ley, si bien por decreto del Presidente se puede modificar el número, la denominación y sus competencias dentro de las disponibilidades del presupuesto vigente.

La Administración de la Comunidad Autónoma se regula de acuerdo con los principios que recoge la Constitución Española, teniendo la legislación estatal carácter básico.

Los principios de actuación y gestión de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía se establecen en el artículo 133 del Estatuto, en donde se hace, además, mención al desarrollo de la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y periféricos, dando al conjunto su carácter unitario.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Título V del nuevo Estatuto, titulado El Poder Judicial en Andalucía (arts. 140-155), contiene las bases para avanzar en una mejor prestación del Servicio Público Administración de Justicia, según se expresa en el Plan Andaluz de Justicia 2007-2010.

El actual Título V está formado, a su vez, por tres Capítulos, en los que se regulan ampliamente las competencias de los órganos jurisdiccionales en Andalucía y del Tribunal Superior de Justicia.

Se crea el Consejo de Justicia de Andalucía, como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, se extienden las competencias de los órganos jurisdiccionales y las de la Junta de Andalucía en materia de Administración de Justicia.

Se mencionan expresamente sus medios personales y materiales, la Oficina judicial e instituciones y servicios de apoyo, la capacidad del Gobierno de la Junta de Andalucía para proponer al Gobierno del Estado, previo informe del Consejo de Justicia, la determinación y la revisión de la demarcación y la planta judicial en Andalucía.

Se declara competente a la Junta de Andalucía sobre la justicia de paz en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se incluye una cláusula subrogatoria, en la que se contempla que la Junta de Andalucía ejercerá las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del Estado con relación a la Administración de Justicia en Andalucía (art. 153).

Y por último, se menciona, en los artículos 154 y 155, la participación de los andaluces en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado y las relaciones de la Administración de Justicia con la ciudadanía.

La Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no es una institución autonómica sino, como señala el artículo 140 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el órgano jurisdiccional que, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en territorio andaluz, y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales.

En el artículo 4 del Estatuto se designa a la ciudad de Granada como sede del Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras

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ciudades andaluzas. No obstante, atendiendo a la tradicional organización de la justicia en Andalucía así como a la importancia adquirida por la ciudad de Málaga, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía adquiere una configuración descentralizada compuesta por siete Salas distribuidas de la siguiente forma:

Granada:

•••• Sala de lo Civil y Penal con jurisdicción en todo el territorio andaluz.

•••• Sala de lo Contencioso-Administrativo con jurisdicción en las provincias de Almería, Granada y Jaén.

•••• Sala de lo Social con jurisdicción en las provincias de Almería, Granada y Jaén.

Sevilla:

• Sala de lo Contencioso-Administrativo con jurisdicción en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

• Sala de lo Social con jurisdicción las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Málaga:

• Sala de lo Contencioso-Administrativo con jurisdicción en la provincia de Málaga.

• Sala de lo Social con jurisdicción en la provincia de Málaga.

LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Al acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, Andalucía podía alcanzar inicialmente todas las competencias que el artículo 149.1 de aquélla no reserva al Estado. Y, en efecto, el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuyó a la Comunidad Autónoma un elevado ámbito competencial, análogo al de las demás Comunidades Autónomas del citado artículo 151. Ello determinó que no se planteara hasta 2003, una reforma estatutaria para incrementar tal nivel competencial, ni que se hiciera uso de los mecanismos al efecto previstos en el artículo 150 de la Constitución.

Es de destacar que los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, que anteriormente venían enumerados en el artículo 12.3 del Estatuto de 1981 (sumaban, en total, once), se amplían a veinticuatro en el artículo 10 del nuevo Estatuto, cuya consecución ha de orientarse al ejercicio de las competencias autonómicas, y que reflejan la honda preocupación política y social existente al respecto en el momento de la aprobación de ambos Estatutos.

Del Título Preliminar (arts. 1-11), en su conjunto, se desprenden una serie de principios en los que se fundamenta el ulterior desarrollo competencial, como la delimitación de su territorio, sus símbolos, la capitalidad y sedes, el afianzamiento de la condición de andaluz o andaluza, tanto en el interior del territorio autonómico como en el exterior, la superación de las condiciones que determinan la emigración de los andaluces, asistiendo a los emigrados para mantener su vinculación con Andalucía y haciendo posible su retorno, el establecimiento de los derechos que gozan todas las personas en Andalucía,

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el respeto a las minorías que residan en su territorio, la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como la igualdad del hombre y de la mujer andaluces.

Entre los veinticuatro puntos antes mencionados, también se incluyen los siguientes temas: el empleo, la educación, los recursos naturales, la calidad de vida, la cohesión territorial, la solidaridad y la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía y con el resto del Estado y de la Unión Europea, las comunicaciones, el desarrollo industrial, la reforma agraria, la cohesión social, la especial atención a las personas en situación de dependencia, la participación ciudadana, el diálogo y la concertación social, la plena integración de las minorías, el fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos, la cooperación internacional y la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades.

Por lo demás, el Estatuto de Autonomía para Andalucía mantiene un esquema análogo a otros Estatutos en el modo de determinación de las competencias autonómicas. El Título II, denominado Competencias de la Comunidad Autónoma (arts. 42-88), clasifica las mismas en exclusivas, compartidas, ejecutivas y las relacionadas con la aplicación de derecho comunitario.

A tal efecto, el Título II (arts. 42 a 87) del nuevo EAA regula las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma andaluza, sin olvidar aquellas otras competencias de matiz indeterminado en el texto estatutario como podrían ser las relativas a la política ciudadana.

Así, el art. 42 EAA, sobre clasificación de las competencias, establece que

1. Corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas sobre las materias incluidas en el presente Título, que ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume mediante el presente Estatuto: 1.º Competencias exclusivas, que comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución. En el ámbito de sus competencias exclusivas, el derecho andaluz es de aplicación preferente en su territorio sobre cualquier otro, teniendo en estos casos el derecho estatal carácter supletorio.

2.º Competencias compartidas, que comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución. En el ejercicio de estas competencias, la Comunidad Autónoma puede establecer políticas propias. 3.º Competencias ejecutivas, que comprenden la función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia administración y, en general, aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública y, cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para la ejecución de la normativa del Estado.

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4.º Competencias en relación con la aplicación del derecho comunitario, que comprenden el desarrollo y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma. 3. La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá las competencias no

contempladas expresamente en este Estatuto que le sean transferidas o delegadas por el Estado.

4. La Comunidad Autónoma, cuando así se acuerde con el Estado, podrá ejercer actividades de inspección y sanción respecto a materias de competencia estatal, en los términos que se establezcan mediante convenio o acuerdo. En cuanto al alcance territorial y efectos de las competencias, el art. 43 del EAA, dipone que:

1. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de Andalucía, excepto los supuestos a que hacen referencia expresamente el presente Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que establecen la eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de la Junta de Andalucía.

2. La Comunidad Autónoma, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un alcance territorial superior al del territorio de Andalucía, ejerce sus competencias sobre la parte de este objeto situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración que se establezcan con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la coordinación por el Estado de las Comunidades Autónomas afectadas.

Por lo demás, en el EAA se recogen las normas específicas a aplicar en este campo, estableciendo que “las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno e Andalucía tendrán eficacia en su territorio. Podrán tener eficacia extraterritorial cuando así se deduzca de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional” (art. 7) y que “el derecho propio de Andalucía está constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias” (art. 8).

Las competencias se estructuran a lo largo de los artículos 46 a 88, en función de su temática, haciendo mención en cada caso de su carácter exclusivo, compartido y/o ejecutivo. La denominación de los sucesivos artículos es la siguiente:

Instituciones de gobierno

Administraciones Públicas andaluzas

Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales, desarrollo rural y denominaciones de calidad

Energía y minas, Agua

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir Educación

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Universidades

Investigación, desarrollo e innovación tecnológica Salud, sanidad y farmacia

Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y obras públicas Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad

Actividad económica Organización territorial Régimen local

Servicios sociales, voluntariado, menores y familias Inmigración

Empleo, relaciones laborales y seguridad social Transportes y comunicaciones

Política autonómica

Protección civil y emergencias

Seguridad y competencias en materia penitenciaria Cultura y patrimonio

Medios de comunicación social, servicios de contenido audiovisual Publicidad

Turismo

Deportes, espectáculos y actividades recreativas Políticas de género

Políticas de juventud

Cajas de ahorro, entidades de crédito, bancos, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de Seguridad Social

Función Pública y Estadística Notariado y registros públicos Consultas populares

Asociaciones, fundaciones y corporaciones de derecho público Administración de Justicia

Juego

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Denominaciones de origen y otras menciones de calidad Organización de servicios básicos

Ejercicio de las funciones y servicios inherentes a las competencias de la Comunidad Autónoma

Participación en la ordenación general de la actividad económica

Procesos de designación de los miembros de los organismos económicos y sociales

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