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ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

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i

ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN

EL BARRIO EL CISNE, CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”

(2)

ii INDICE

ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESUDUALES EN EL BARRIO

EL CISNE, CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

1. INTRODUCCIÓN ...1

2. FICHA TÉCNICA ...2

3. OBJETIVOS Y ALCANCE ...3

3.1 Objetivo General ... 3

3.2 Objetivos Específicos ... 3

3.3 Alcance ... 4

4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ...4

4.1 Marco Jurídico ... 4

4.1.1 La Constitución de la República del Ecuador ...4

4.1.2 Ley de Gestión Ambiental. ...10

4.1.3 Ley Orgánica de Salud. ...14

4.1.4 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. ...18

4.1.5 Ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. ...18

4.1.6 Ley de aguas ...18

4.1.7 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Ley No. 74. RO/ 64 de 24 de Agosto de 1981. ...20

4.1.8 Ley Reformatoria al Código Penal, Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000 ...23

4.1.9 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS)...23

4.1.10 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. ...30

4.1.11 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo ...30

4.1.12 Decreto Ejecutivo 1040. Registro Oficial 332 (Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental) ...33

4.1.13 Acuerdo Ministerial 161 ...35

4.1.14 Acuerdo Ministerial 026 ...42

4.1.15 Acuerdo Ministerial 142 del Ministerio del Ambiente ...42

4.1.16 Acuerdo Ministerial 066 del Ministerio del Ambiente ...43

4.1.17 Norma INEN 2266: Transporte, manejo y almacenamiento de productos químicos peligrosos. ...43

4.1.18 Norma NTE INEN 439: COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD. ...50

4.1.19 Norma NTE INEN 2288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado De Precaución. Requisitos. ...52

4.1.20 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004 para Señalización vial. ...53

4.1.21 Ley de Defensa Contra Incendios ...55

4.1.22 Ordenanza Provincial 01-GPP-2012 ...55

4.2 Marco Institucional de Referencia ... 55

4.2.1 Ministerio del Ambiente...55

4.2.2 El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental ...56

4.2.3 Los Organismos Seccionales ...57

4.2.4 Resolución Ministerial No. 1557 del 15 de noviembre de 2011...58

(3)

iii

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ...60

5.1 Ubicación ... 60

5.2 Cobertura del Servicio ... 61

5.3 Características de Diseño del Proyecto ... 61

5.3.1 Alcantarillado Sanitario ...61

5.3.1.1 Aguas Servidas Domiciliarias...62

5.3.1.2 Coeficiente de Aportación. ...62

5.3.1.3 Área de Infiltración. ...62

5.3.1.4 Aguas Lluvias e Ilícitas. ...62

5.3.1.5 Coeficiente de Simultaneidad M. ...63

5.3.1.6 Velocidades Permisibles. ...63

5.3.1.7 Pendiente y Profundidad de los Colectores...63

5.3.1.8 Pérdidas de Carga en los Pozos de Revisión. ...63

5.3.1.9 Hidráulica de los Conductos Dimensionados. ...63

5.3.1.10 Accesorios de la Red. ...64

5.3.2 Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas ...64

5.3.2.1 Cámaras Sépticas - Filtro Anaerobio Ascendente...64

5.3.2.2 Bases del Diseño...65

5.3.2.3 Diseño de la Red ...66

5.4. Especificaciones de la Construcción del Proyecto ... 67

5.4.1 Replanteo y Nivelación ...67

5.4.2 Rasanteo de Zanjas ...67

5.4.3 Excavación de Zanjas ...68

5.4.4 Suministro e Instalación de Tubería Plástica ...69

6.4.5 Construcción de Pozos de Revisión H.S. y Sumideros ...72

6.4.6 Relleno y Compactación de Zanjas ...75

6.4.7 Pruebas de Funcionamiento del Sistema ...76

5.4.8 Construcción de Conexiones Domiciliarias ...76

5.5 Operación del Proyecto ... 77

5.5.1 Mantenimiento...77

5.5.2 Medidas Correctivas ...78

5.5.3 Tratamiento de las Aguas Servidas...79

5.5.3.1 Tanque Séptico. ...79

5.5.3.2 Filtro Anaerobio Ascendente. ...80

5.6 Estado Actual de la Construcción del Proyecto ... 82

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL- LINEA BASE ...84

6.1 Criterios Metodológicos ... 84

6.1.1 Fase de Campo...84

6.2 Objetivos ... 85

6.3 Localización del Área de Proyecto ... 85

6.4 Componente Físico ... 87

6.4.1 Clima ...87

6.4.1.1 Información disponible ...88

6.4.1.2 Precipitación ...90

6.4.1.3 Temperatura ...90

6.4.1.4 Heliofanía...91

6.4.1.5 Humedad Relativa ...91

6.4.1.6 Viento ...91

6.4.1.7 Nubosidad...91

6.4.1.8 Evaporación ...92

(4)

iv

6.4.2 Calidad del Aire ...92

6.4.3 Geología. ...92

6.4.3.1 Geomorfología ...92

6.4.4 Caracterización Hidrológica ...93

6.4.4.1 Metodología ...94

6.4.4.2 Características del Estero ...95

6.4.5 Suelo ...97

6.4.5.1 Uso actual y Potencial del suelo ...98

6.5 Medio Biótico ... 100

6.5.1 Flora ... 100

6.5.1.1 Metodología Específica para flora ... 100

6.5.1.2 Análisis Regional de la flora ... 101

6.5.1.3 Vegetación del Área de Influencia del Proyecto ... 101

6.5.2 Fauna ... 104

6.5.2.1 Metodología Específica para Fauna ... 104

6.5.2.2 Análisis regional de la Fauna ... 106

6.5.2.3 Fauna Local ... 108

6.5.3 Hidrobiología ... 112

6.5.3.1 Metodología Específica ... 112

6.5.3.2 Caracterización Regional ... 114

6.5.3.3 Caracterización Local ... 114

6.6 Componente Socioeconómico y Cultural ... 115

6.6.1 Historia de San Miguel de los Bancos ... 115

6.6.2 Población... 116

6.6.3 Aspectos Económicos... 117

6.6.4 Salud ... 119

6.6.4.1 Facilidades de salud en el Cantón ... 119

6.6.5 Situación habitacional y Servicios Básicos ... 120

6.6.6 Educación... 121

6.6.7 Análisis de las Encuestas aplicadas a los residentes del Área de Influencia Directa del Proyecto ... 121

7. RIESGOS ... 122

8. ÁREA DE INFLUENCIA ... 122

8.1 Área de Influencia Directa (AID) ... 123

8.2 Área de Influencia Indirecta (AII) ... 125

8.3 Áreas Ambientales Sensibles ... 125

9. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ... 126

9.1 Objetivo ... 126

9.2 Lista de Componentes Ambientales... 126

9.2.1 Componente Físico ... 126

9.2.1.1 Suelo ... 126

9.2.1.2 Agua ... 127

9.2.1.3 Aire... 127

9.2.2 Componente Biótico ... 128

9.2.2.1 Flora ... 128

9.2.2.2 Fauna ... 128

9.2.3 Componente Socio Económico ... 129

9.2.3.1 Estatus y Bienestar Social ... 129

9.2.3.2 Estatus y Bienestar Ocupacional ... 130

(5)

v

9.3 Lista de Actividades del Proyecto ... 130

9.3.1 Etapa de Construcción... 130

9.3.1.1 Replanteo y Nivelación... 130

9.3.1.2 Rotura de Calzadas y Veredas, Excavación de Zanjas y Movimiento de Tierras ... 130

9.3.1.3 Construcción de Pozos de Revisión ... 131

9.3.1.4 Colocación de Tuberías y Relleno de Zanjas ... 131

9.3.1.5 Reparación de Veredas y Calzadas ... 132

9.3.1.6 Construcción de la Estructura de Tratamiento y Descarga ... 132

9.3.1.7 Transporte de Materiales, Equipos y Maquinaria ... 132

9.3.1.8 Mantenimiento de Equipo y Maquinaria ... 132

9.3.2 Etapa de Operación y Mantenimiento ... 133

9.3.2.1 Funcionamiento del Sistema ... 133

9.3.2.2 Mantenimiento del Sistema ... 133

9.4 Identificación de Impactos ... 133

9.5 Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales ... 134

9.5.1 Magnitud (Ma) ... 135

9.5.2 Importancia (Im) ... 136

9.6 Análisis de Resultados ... 138

10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ... 143

10.1 Objetivos ... 143

10.1.1 Objetivo General ... 143

10.1.2 Objetivos Específicos... 143

10.2 Alcance ... 143

10.3 Contenido del Plan ... 144

10.4 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos Negativos ... 144

10.4.1 Objetivo, alcance, responsables ... 144

10.4.2 Disposición de Materiales Sobrantes ... 145

10.4.3 Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria ... 145

10.4.4 Apertura de Zanja ... 146

10.4.5 Movimiento de Tierras ... 146

10.4.6 Intervención de Drenajes ... 146

10.4.7 Criterios Ambientales para Contratistas ... 146

10.4.8 Organización para la Gestión y Control Ambiental ... 147

10.4.9 Señalización Ambiental ... 147

10.5 Programa de Manejo de Desechos ... 148

10.5.1 Objetivos, alcance y Responsables ... 148

10.5.2 Disposiciones Generales ... 149

10.5.3 Manejo de Desechos Sólidos ... 150

10.5.3.1 Desechos No Peligrosos ... 151

10.5.3.2 Desechos Peligrosos... 152

10.5.4 Manejo de Descargas Líquidas de la Construcción ... 152

10.5.5 Descargas Domésticas ... 153

10.5.6 Manejo de Emisiones... 154

10.5.6.1 Emisiones de fuentes fijas ... 155

10.5.6.2 Emisiones de polvo ... 155

10.6 Programa de Capacitación Ambiental ... 155

10.6.1 Objetivo, alcance, responsable ... 155

10.6.2 Inducción ... 156

10.6.3 Capacitación ... 156

10.6.3.1 Etapa de construcción ... 157

(6)

vi

10.6.3.2 Etapa de operación ... 157

10.7 Programa de Monitoreo y Seguimiento ... 157

10.7.1 Objetivo, alcance, responsables ... 157

10.7.2 Alcance... 158

10.7.3 Responsable del Monitoreo interno o auto monitoreo ... 158

10.7.4 Control Ambiental ... 158

10.7.5 Auditoría ambiental ... 159

10.7.6 Monitoreo durante la Etapa de Construcción ... 159

10.7.7 Monitoreo de Ruido Ambiental ... 159

10.8 Programa de Participación Ciudadana ... 160

10.8.1 Objetivo, Alcance, Responsables ... 160

10.8.2 Mecanismos de Participación Social ... 161

10.8.3 Generación de Empleo ... 161

10.8.4 Compromisos ... 161

10.8.5 Acciones prohibidas ... 162

10.8.6 Expropiaciones... 162

10.8.7 Creación de cruces ... 163

10.8.8 Mitigación de la limitación de accesos y /o cortes de servicios. ... 163

10.9 Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ... 163

10.9.1 Objetivo, Alcance, Responsables ... 163

10.9.2 Condiciones de Seguridad en las excavaciones de zanja ... 164

10.9.3 Prevención y Control de Riesgos en Vehículos Livianos, Vehículos de Transporte de Carga y Maquinaria Pesada ... 164

10.9.3.1 Disposiciones Generales ... 164

10.9.3.2 Excavadoras ... 166

10.9.3.3 Volquetas ... 166

10.9.4 Prevención y Control de Riesgos en Sitios de Trabajo... 167

10.9.5 Andamios y Escaleras ... 167

10.9.6 Prevención y Control de Incendios ... 168

10.9.6.1 Sustancias Extintoras ... 168

10.9.6.2 Extintores portátiles para la protección contra incendios ... 168

10.9.7 Equipos de Protección Personal ... 169

10.9.8 Equipos de Protección Colectiva ... 170

10.9.9 De los Exámenes Médicos Preventivos ... 170

10.9.10 Señalización ... 171

10.9.10.1 Disposiciones Generales ... 171

10.9.10.2 Señalización de Seguridad ... 171

10.9.10.3 Señalización de Productos Químicos Peligrosos ... 172

10.9.10.4 Señalización Vial ... 173

10.10 Plan de Contingencias ... 176

10.10.1 Objetivos, Alcance, Responsables ... 176

10.10.2 Brigadas de Emergencias... 176

10.10.2.1 Brigada de Primeros Auxilios ... 177

10.10.2.2 Brigada Operativa Externa ... 177

10.10.2.3 Brigada de contra incendios... 178

10.10.2.4 Brigada de Alerta y evacuación ... 178

10.10.3 Emergencias ... 178

10.11 Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas ... 179

10.11.1 Objetivo, Alcance, Responsable ... 179

10.11.2 Manejo de Pequeños Derrames y Limpieza de Sitios ... 179

10.11.3 Reforestación / Revegetación ... 180

10.11.4 Preparación del sitio a plantar ... 180

10.12 Fase de Operación del Proyecto ... 181

(7)

vii

10.12.1 Responsabilidad y Verificación de la Ejecución del PMA ... 181

10.12.2 Especificaciones para el control del funcionamiento del sistema ... 181

10.12.3 Especificaciones para la descarga de las aguas tratadas ... 181

10.12.4 Implementación del programa de contingencias en la fase de operación y funcionamiento ... 182

10.13 Plan de Abandono ... 183

10.13.1 Objetivos, Alcance, Responsables ... 183

10.13.2 Medidas Ambientales para el cierre de la construcción... 183

10.13.3 Medidas Ambientales para el cierre de la vida útil del proyecto ... 184

11. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ... 185

12. CRONOGRAMA VALORADO ... 203

13. BIBLIOGRAFÍA ... 219 ANEXOS

Anexo 1. Certificado de no Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado

Anexo 2. Oficio de Aprobación de los Términos de Referencia Anexo 3. Certificado de Consultor Ambiental

Anexo 4. Plan General de Ubicación del sistema de alcantarillado y de las plantas de tratamiento.

Anexo 5. Cadenas de custodia de las muestras de agua.

Anexo 6. Resultados de los análisis de laboratorio de la muestra tomada en el Estero Anexo 7.

a) Resultados de las encuestas a los pobladores del AID b) Encuestas aplicadas a la población del AID

Anexo 8:

a) Identificación y Valoración de la Magnitud de Impactos Ambientales b) Identificación y Valoración de la importancia de los impactos Ambientales c) Valoración General de los Impactos Ambientales

d) Matriz de Agregación de Impactos.

Anexo 9:

Guía para la Operación y Mantenimiento de Tanques Sépticos

MAPAS

(8)

1

ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESUDUALES EN EL BARRIO EL CISNE, CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y a fin de mejorar las condiciones de vida de la población, dotándole de los servicios básicos de infraestructura sanitaria que permitan alcanzar mejores niveles de vida para quienes habitan en la zona, en función del recurso humano que hace uso de ellas y así brindar un mejoramiento integral en lo que se refiere a los beneficios que la construcción de dichas obras implican, para la salud e higiene del barrio y de sus habitantes, lo cual contribuirá a elevar las condiciones de vida de la población, como arterias de desarrollo.

Con estos antecedentes, el Gobierno Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos, en los planes de trabajo que lleva adelante, contrató los estudios y Diseños Definitivos del proyecto Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Barrio El Cisne, de tal forma que permita solucionar en forma técnica, económica y ambiental, la problemática de saneamiento básico del barrio; el cual, actualmente presenta una inadecuada eliminación de aguas negras y grises directamente a la quebrada, lo cual ha dado lugar a la contaminación ambiental en el sitio y aguas abajo.

Los diversos componentes del proyecto generan impactos positivos y negativos en el ambiente del área de influencia del mismo, que requieren ser analizados y cuantificados, de manera tal, que sean adecuadamente mitigados, motivo por el cual la variable ambiental en la protección del ambiente, ha sido considerada con una de las más altas prioridades; durante las fases de construcción (culminación de la construcción), operación, mantenimiento y cierre, del sistema de alcantarillado diseñado, para reducir los impactos en el ambiente.

En este sentido, el Gobierno Municipal manteniendo su responsabilidad de desarrollar el proyecto apegado a la normativa y legislación ambiental vigente considera necesaria la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, para contrastar los impactos de las actividades constructivas y de funcionamiento del sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento, con los criterios de protección ambiental y como la herramienta de análisis ambiental detallado que se requiere para obtener la Licencia Ambiental en el Gobierno Provincial de Pichincha, en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, con el fin de ejecutar las obras implementando planes y programas que permitan la mitigación de los posibles impactos ambientales que el proyecto generará y garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Previa la preparación del Estudio de Impacto Ambiental, se realizaron los trámites previos, de esta forma que se obtuvo en la Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, mediante oficio MAE-DPP-2011-1126, del 31 de agosto de 2011, el Certificado de no intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y el Patrimonio Forestal del Estado (Anexo 1).

El Gobierno Provincial de Pichincha, mediante oficio OFI-087-SGDGA-13 del 12 de febrero de 2013, determina que el proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento y Aguas Residuales en el barrio El Cisne de la Ciudad de San Miguel de los Bancos corresponde a la Categoría B; es decir, deberá someterse al

(9)

2

proceso de Licenciamiento Ambiental a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (Anexo 2)

Mediante oficio OFI-663-SADGA-13 del 27 de agosto de 2013, la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Pichincha, aprueba los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Barrio El Cisne, Cantón San Miguel de los Bancos y solicita se incorporen al EIA, las observaciones que constan en el mencionado oficio (Anexo 3).

2. FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL 1. Nombre del proyecto:

Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Barrio El Cisne, Cantón San Miguel de los Bancos

2. Localización del proyecto

Provincia Cantón Parroquia Barrio /

Comunidad Coordenadas (WGS84, Zona 17)

Pichincha San Miguel de Los Bancos

San Miguel de Los Bancos

El Cisne

X Y

734654 10002650 734781 10002661 734947 10002691 735014 10002558 734802 10002539 3. Tipo de Proyecto Categoría Ambiental

Servicios de Saneamiento Ambiental B 4. Datos del Promotor Auspiciante

Nombre o razón social: Dirección: Teléfono / fax: Correo electrónico:

Gobierno Municipal del cantón San Miguel de los Bancos

Calle Marco Jaramillo s/n

(02)2770703 /

729 laspinaguillermo@gmail.com 5 Representante legal: Dr. Marco Calle Ávila, Alcalde del Cantón San Miguel de los Bancos

6. Objetivo General

Evaluar el cumplimiento de la

normativa ambiental vigente y obtener la Licencia Ambiental como

documento habilitante para la

ejecución de sus actividades desde el punto de vista ambiental

7. Objetivos Específicos

a) Realizar la descripción del proyecto en sus diferentes fases, componentes y procesos unitarios.

b) Identificar la normativa ambiental aplicable y que será utilizada en el EIA

c) Describir la metodología y el alcance de la descripción de los medios físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto.

d) Proponer los procesos metodológicos para la Identificación, Calificación y Evaluación de Impactos Ambientales.

e) Determinar los planes, programas y actividades que serán desarrolladas en el Plan de Manejo Ambiental, así como sus objetivos, alcance, responsables y las medidas a ser implementadas.

(10)

3

f) Proponer la elaboración de una matriz de seguimiento y evaluación en función de las actividades propuestas en el PMA

g) Estructurar un cronograma valorado de implementación de los planes, programas y actividades propuestas en el PMA

h) Contar con herramientas para la socialización de las actividades del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental en cumplimiento de la normativa aplicable.

Consultor ambiental y Equipo de Apoyo

Consultor Dr. Milton Freire Taboada. M. Sc.

Título Dr. En Biología, Maestría en Energía y Medio Ambiente. Diplomado en Gestión Ambiental

Calificación en el

MAE MAE-634-CI (Anexo 3).

Dirección Calle Fulgencio Araujo N26-266 y Av- Albornoz, telf.: 3201836

E-mail mbfreire@yahoo.com

Equipo Consultor

Dr. Milton Freire, Consultor principal: Línea Base, Calificación y evaluación de Impactos

Ambientales y Plan de Manejo Ambiental

Lcda. Bélgica Padilla: Componente social, Plan de Manejo Ambiental

Ing Ambiental Verónica Calvachi.

Ingeniera Ambiental. Componente físico, cartografía y PMA

3. OBJETIVOS Y ALCANCE 3.1 Objetivo General

Evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y obtener la Licencia Ambiental como documento habilitante para la ejecución de sus actividades desde el punto de vista ambiental.

3.2 Objetivos Específicos

a) Realizar la descripción del proyecto en sus diferentes fases, componentes y procesos unitarios.

b) Identificar la normativa ambiental aplicable y que será utilizada en el EIA

c) Describir la metodología y el alcance de la descripción de los medios físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto.

d) Proponer los procesos metodológicos para la Identificación, Calificación y Evaluación de Impactos Ambientales.

(11)

4

e) Determinar los planes, programas y actividades que serán desarrolladas en el Plan de Manejo Ambiental, así como sus objetivos, alcance, responsables y las medidas a ser implementadas.

f) Proponer la elaboración de una matriz de seguimiento y evaluación en función de las actividades propuestas en el PMA

g) Estructurar un cronograma valorado de implementación de los planes, programas y actividades propuestas en el PMA

h) Contar con herramientas para la socialización de las actividades del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental en cumplimiento de la normativa aplicable.

3.3 Alcance

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental establece la posibilidad de realizar la construcción, operación y cierre del proyecto de alcantarillado con la mínima afectación a los diferentes componentes: abióticos, bióticos y antrópicos. Se realizará la descripción ambiental del área de influencia de tal forma que permita conocer el estado actual de conservación o alteración, lo cual definirá la sensibilidad de estas áreas; esto, junto con la descripción de las actividades del proyecto será la base para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que a su vez serán la base para plantear un Plan de Manejo con medidas ambientales de fácil implementación y que posibiliten el cumplimiento de la normativa ambiental, cumplir con los límites de descarga y emisiones al ambiente.

4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

4.1 Marco Jurídico

Las bases legales para la realización de la presente EIA ex-post se encuentran definidas en el siguiente orden:

4.1.1 La Constitución de la República del Ecuador

La Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 28 de septiembre del año 2008, establece regulaciones y obligaciones sobre el medio ambiente, que tienen aplicación al proyecto:

La Carta Magna establece en el Titulo II, Capitulo segundo (Derechos del buen vivir), sección segunda (Ambiente Sano) lo siguiente:

Título II: DERECHOS

Capítulo II. Derechos del buen vivir

Art. 12, Sección primera “Agua y alimentación”, indica que son deberes primordiales del Estado “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsway.

(12)

5

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

La nueva Constitución presenta un paso importante para la legislación ambiental del país porque profundiza el alcance del derecho de la naturaleza.

Se establece además la acción de amparo, que aplicado al tema ambiental, se refiere al derecho que tiene toda persona para acudir ante los órganos de la Función Judicial y hacer cesar, evitar o remediar las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de cualquier autoridad pública que viole o pueda violar los derechos constitucionales ambientales o aquellos consagrados en un tratado o convenio internacional vigente y que de modo inminente amenace con causar un daño grave al ambiente. El recurso de amparo también puede ser presentado en contra de los particulares “cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso” (Artículo 95 de la Constitución Política).

Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.

La soberanía enérgica no se alcanzara en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua.

La Constitución además en la Sección Sexta del Capítulo 2 extiende el ámbito del actual Art. 30 “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”; y en el Art.

31 “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”.

Capítulo VII. Derechos de la naturaleza

En el Capítulo séptimo (Derechos de la Naturaleza) La Constitución hace otros importantes avances en materia de derecho ambiental constitucional al establecer:

Art. 71.- “La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”.

Art. 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependen de los ecosistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptaran las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”.

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Art. 73.- El estado aplicara medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

En el Título III de las Garantías Constitucionales, Capítulo Primero, Art. 85 numeral 1 se dispone “las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”.

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al ambiente deberá contar previamente con los criterios de la comunidad para lo cual ésta será debidamente informada y garantizará su aplicación.

En el Título III de las Garantías Constitucionales, Capítulo Primero, Art. 85 numeral 1 se dispone “las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”.

En el Título V de la Organización Territorial del Estado, Capítulo cuarto, Régimen de Competencias, señala las obligaciones en el Art. 264 numeral 4 “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”.

Título VI: DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo I. Inclusión y equidad

Capitulo primero Sección Cuarta, Art. 375, “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: numeral 6 Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos”;

El Art. 376 también señala que “las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley...”

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley.

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7 Tendrá como funciones principales, entre otras:

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano.

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico.

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.

Capítulo VII. Biodiversidad y Recursos Naturales

Sección Primera: Naturaleza y Medio Ambiente

En el Título VII, Capítulo Segundo (Biodiversidad y Recursos Naturales), Sección Primera (Naturaleza y Ambiente).

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

Art. 396.- “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.

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Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.

Como puede observarse, la Nueva Constitución Política vigente, establece la obligación del Estado de cumplir y de hacer cumplir la normativa existente para la preservación de los recursos naturales.

Sección Segunda Biodiversidad

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

Sección Tercera: Patrimonio Cultural y Ecosistemas

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.

En la Sección Quinta sobre la protección del “Suelo” el Art. 409 señala “… En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona…”;

Sección Sexta: Agua

Art. 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”.

Art. 412.- “La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que

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tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico”.

En la Sección Séptima “Biósfera, Ecología Urbana y Energías Alternativas”, una parte del Art. 415 señala que “...Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos…”.

4.1.2 Ley de Gestión Ambiental.

La Ley de Gestión Ambiental es la norma marco, respecto a la política ambiental del Estado ecuatoriano y todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general. Esta ley fue publicada en el Registro Oficial No. 245 de fecha 10 de Julio de 1999 y establece lo siguiente: “La presente ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”.

Esta Ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, límites permisibles, controles y sanciones en la gestión ambiental en el país, la misma que se orienta en los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como, en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural.

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento o. 418 del 10 de septiembre de 2004, previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O.

No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental del Estado, y da una nueva estructuración institucional; además, se establecen los principios y directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Respecto a la normatividad emitida por instituciones del sector público y del régimen seccional en los ámbitos de su competencia, éstas deben contemplar obligatoriamente las etapas de desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.

Respecto a los Instrumentos de la Gestión Ambiental, la Ley señala como tales a la Planificación, los Sistemas de Cuentas Patrimoniales Ambientales, el Ordenamiento Territorial, el Plan Ambiental Ecuatoriano, la Evaluación de Impacto Ambiental y el Control Ambiental, la Participación Social, la Capacitación y Difusión Ambiental e Instrumentos de Aplicación de las Normas Ambientales.

Respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios Ambientales, la Ley determina que toda obra pública, privada o mixta y los proyectos de inversión públicos o privados, que puedan causar impactos ambientales, deben ser calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control, de conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el de precautelar, así como deben contar con una Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente.

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La Ley establece la estructura básica y contenidos mínimos que deben tener los referidos estudios, teniendo el Estado la potestad de evaluar los mismos en cualquier momento. Con relación a la evaluación del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental aprobados, éstos se realizan a través de la ejecución de auditorías ambientales.

Respecto a los mecanismos de participación social, el gobierno nacional a través de un Decreto Ejecutivo N° 1040 establece las nuevas modalidades de participación ciudadana, como las consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado, concediéndose acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, constituyendo el incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los proyectos propuestos.

La Ley analizada establece como instrumentos de aplicación de las normas ambientales a: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.

Posteriormente la Ley determina normas para el financiamiento de las actividades previstas en la misma, así como de la información y vigilancia ambiental; en estas últimas disposiciones se incluye una que tiene relevancia para la Constructora, pues establece que si en algún momento, ellos presumen que una de sus actividades puede eventualmente generar o está generando daños a un ecosistema, deben inmediatamente notificarlo a la Autoridad Ambiental a la que le corresponda, so pena de ser sancionados con una multa severa.

Para proteger los derechos ambientales sean individuales o colectivos, la Ley concede acción pública para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional.

La Ley establece también que cualquier acción u omisión dañosa, que genera impactos negativos ambientales, es susceptible de demandas por daños y perjuicios, así como por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente.

La Ley analizada concluye su texto con disposiciones relativas a acciones administrativas a seguir, reformas a varios cuerpos legales conexos y un glosario de términos legales.

Título I: Ámbito y principios de la Gestión Ambiental

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental;

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de residuos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

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Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental

Capítulo I. Del desarrollo sustentable

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental nacional el Ministerio de Medio Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta institución reguladora debe, entre otras cosas, determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran estudios de impacto ambiental aprobados.

Capítulo IV. De la participación de las instituciones del estado

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera activa en la descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales. Actualmente son los Municipios los que están actuando en este ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales. Con esta medida el Estado espera ampliar su ámbito de acción y mejorar su efectividad.

Título III: Instrumentos de gestión ambiental

Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental

La Ley de Gestión Ambiental establece entre sus Artículos 19 al 24, la ejecución de Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para proyectos que causaren impactos ambientales.

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución, y,

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.

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Capítulo III. De los mecanismos de Participación Social

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.

En el Acuerdo Ministerial 112 se expide el Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.

Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de licenciamiento ambiental.

Art. 2.- El Ministerio del Ambiente se encargará de la organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir autoridades ambientales de aplicación responsable debidamente acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el presente instructivo.

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes.

Como complemento, respecto a los mecanismos de participación social, el gobierno nacional a través de un Decreto Ejecutivo N° 1040 establece las nuevas modalidades de participación ciudadana, como las consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado, concediéndose acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, constituyendo el incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los proyectos propuestos.

Título VI: De la protección de los derechos ambientales

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano a denunciar la violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en La Constitución Política de la República.

Capítulo I. De las acciones civiles

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos.

Capítulo II. De las acciones administrativas y contencioso administrativas

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas en esta Ley, y las siguientes medidas administrativas:

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Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días.

4.1.3 Ley Orgánica de Salud.

La Ley de Gestión Ambiental es la norma marco, respecto a la política ambiental del Estado ecuatoriano y todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general. Esta ley fue publicada en el Registro Oficial No. 245 de fecha 10 de Julio de 1999 y establece lo siguiente: “La presente ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”.

Esta Ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, límites permisibles, controles y sanciones en la gestión ambiental en el país, la misma que se orienta en los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como, en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural.

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento o. 418 del 10 de septiembre de 2004, previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O.

No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental del Estado, y da una nueva estructuración institucional; además, se establecen los principios y directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Respecto a la normatividad emitida por instituciones del sector público y del régimen seccional en los ámbitos de su competencia, éstas deben contemplar obligatoriamente las etapas de desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.

Respecto a los Instrumentos de la Gestión Ambiental, la Ley señala como tales a la Planificación, los Sistemas de Cuentas Patrimoniales Ambientales, el Ordenamiento Territorial, el Plan Ambiental Ecuatoriano, la Evaluación de Impacto Ambiental y el Control Ambiental, la Participación Social, la Capacitación y Difusión Ambiental e Instrumentos de Aplicación de las Normas Ambientales.

Respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios Ambientales, la Ley determina que toda obra pública, privada o mixta y los proyectos de inversión públicos o privados, que puedan causar impactos ambientales, deben ser calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control, de conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el de precautelar, así como deben contar con una Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente.

La Ley establece la estructura básica y contenidos mínimos que deben tener los referidos estudios, teniendo el Estado la potestad de evaluar los mismos en cualquier momento. Con relación a la evaluación del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental aprobados, éstos se realizan a través de la ejecución de auditorías ambientales.

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Respecto a los mecanismos de participación social, el gobierno nacional a través de un Decreto Ejecutivo N° 1040 establece las nuevas modalidades de participación ciudadana, como las consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado, concediéndose acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, constituyendo el incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los proyectos propuestos.

La Ley analizada establece como instrumentos de aplicación de las normas ambientales a: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.

Posteriormente la Ley determina normas para el financiamiento de las actividades previstas en la misma, así como de la información y vigilancia ambiental; en estas últimas disposiciones se incluye una que tiene relevancia para la Constructora, pues establece que si en algún momento, ellos presumen que una de sus actividades puede eventualmente generar o está generando daños a un ecosistema, deben inmediatamente notificarlo a la Autoridad Ambiental a la que le corresponda, so pena de ser sancionados con una multa severa.

Para proteger los derechos ambientales sean individuales o colectivos, la Ley concede acción pública para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional.

La Ley establece también que cualquier acción u omisión dañosa, que genera impactos negativos ambientales, es susceptible de demandas por daños y perjuicios, así como por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente.

La Ley analizada concluye su texto con disposiciones relativas a acciones administrativas a seguir, reformas a varios cuerpos legales conexos y un glosario de términos legales.

Título I: Ámbito y principios de la Gestión Ambiental

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental;

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de residuos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental

Capítulo I. Del desarrollo sustentable

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental nacional el Ministerio de Medio Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta institución reguladora debe, entre otras cosas, determinar las

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obras, proyectos e inversiones que requieran estudios de impacto ambiental aprobados.

Capítulo IV. De la participación de las instituciones del estado

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera activa en la descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales. Actualmente son los Municipios los que están actuando en este ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales. Con esta medida el Estado espera ampliar su ámbito de acción y mejorar su efectividad.

Título III: Instrumentos de gestión ambiental

Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental

La Ley de Gestión Ambiental establece entre sus Artículos 19 al 24, la ejecución de Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para proyectos que causaren impactos ambientales.

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución, y,

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.

Capítulo III. De los mecanismos de Participación Social

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la

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responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.

En el Acuerdo Ministerial 112 se expide el Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.

Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de licenciamiento ambiental.

Art. 2.- El Ministerio del Ambiente se encargará de la organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir autoridades ambientales de aplicación responsable debidamente acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el presente instructivo.

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes.

Como complemento, respecto a los mecanismos de participación social, el gobierno nacional a través de un Decreto Ejecutivo N° 1040 establece las nuevas modalidades de participación ciudadana, como las consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado, concediéndose acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, constituyendo el incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los proyectos propuestos.

Título VI: De la protección de los derechos ambientales

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano a denunciar la violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en La Constitución Política de la República.

Capítulo I. De las acciones civiles

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos.

Capítulo II. De las acciones administrativas y contencioso administrativas

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas en esta Ley, y las siguientes medidas administrativas:

Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días.

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