NO A LA REFORMA PREVISIONAL
La reforma previsional que mandó el Ejecutivo al Congreso y ya obtuvo media sanción en el Senado, consiste de tres capítulos tan sencillos como contundentes en sus efectos destructivos de los principios de solidaridad, inclusión y progresividad del sistema previsional público de reparto. Los gerentes que hoy gobiernan el país son prácticos a la hora de eliminar derechos y saquear al Pueblo. Por eso las trabajadoras, trabajadores y jubilados ya dijimos el pasado 29 de noviembre que esto no es una reforma sino un brutal ajuste.
Destruyen la movilidad, entendida como relación entre la evolución de los salarios y de la recaudación con las jubilaciones establecida por la Ley 26.417 y ampliada a las asignaciones familiares por la Ley 27.160. Cae el índice que comenzó a aplicarse en 2009 y permitió aumentos por el 950%, mientras que la inflación en el mismo período fue del 690%.
Quieren que los haberes se ajusten por una fórmula que combina en un 70/30 el Índice General de Precios al Consumidor Nacional y el RIPTE cada tres meses. El aumento de marzo que debe dar por encima del 14,5 % con la movilidad vigente, bajaría a 5,7%. Una quita calculada en $ 11 mil pesos al año en promedio por jubilación y $ 1.500 al año en promedio para la AUH y demás asignaciones.
Si los diputados aprueban este capítulo, estarían condenando a los jubilados, pensionados, niños, niñas y adolescentes a una retracción del poder adquisitivo de sus haberes y asignaciones.
Sancionarían por ley una quita mayor al recorte del 13% del Decreto 926 del 2001. Es oportuno recordar que aquella medida arbitraria afectaba a las jubilaciones por encima de $ 500 que en aquel entonces eran unas 533 mil.
El ajuste que hoy se pretende aprobar afecta a 17 millones de
prestaciones previsionales y asignaciones familiares y supone unos $ 115 mil millones de recorte presupuestario, es decir un 10% del presupuesto de la ANSES, que ya se verá seriamente afectado por los brutales recortes
de contribuciones patronales, impuesto a las ganancias y a los bienes personales. No es casual que la previsional sea prioritaria dentro del “paquete de reformas”.
La “crisis de sustentabilidad” de la que el gobierno habla comenzó cuando la Ley 27.260 de 2016 ordenó la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para afrontar el pago de los haberes reajustados. A esto se sumó el llamado sinceramiento fiscal millonario de quienes se llevaron el dinero al exterior –y que a pesar de “blanquearlo” nunca lo repatriaron- y la disminución sustancial del impuesto a los bienes personales. Para profundizar el des financiamiento de la ANSES ahora prevén reducir las contribuciones patronales vía reforma tributaria (un pérdida que iría entre los $ 40.000 millones el año próximo hasta llegar al equivalente a $
200.000 millones en 2022) y sacar el impuesto a las ganancias de las arcas de la ANSES vía pacto fiscal con las provincias (otros $ 160.000 millones no compensados por el impuesto al cheque).
Aquella ley se sancionó bajo la declaración de “emergencia en litigiosidad previsional”. Este ajuste de las jubilaciones que daña severamente la movilidad y la relación con los salarios en actividad, dará lugar a una inevitable nueva ola de juicios.
El objetivo de máxima del gobierno, siguiendo a pie juntillas las
condiciones que le exige el FMI, es destruir el sistema de reparto asistido recuperado por la Ley 26.425, financiado solidariamente por aportes y contribuciones e impuestos generales y específicos. De ahí que el Presidente Macri sostenga que “la ANSES no da para más” y la Vice Michetti lo justifique porque este sector “se queda con los montos más grandes de todos”. Quieren realizar una redistribución regresiva del ingreso, al mayor nivel que podría pensarse.
El capítulo II del proyecto del Ejecutivo habla de “haber mínimo garantizado” en 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil para quienes reúnan 30 años de aportes. El gobierno quiere “premiar el esfuerzo contributivo”, a instancias de lo que sus asesores llaman demanda de diferenciación social. Pero esto no es premiar sino castigar, condenando a
una gran masa de trabajadoras y trabajadores a perder el derecho a una jubilación digna.
Tergiversan el sentido del histórico reclamo de 82% móvil del salario en actividad, ya que su alcance es muy limitado. Excluyen a 3,6 millones de jubilaciones y pensiones que han sido obtenidas mediante las leyes de inclusión previsional -25.994 y 26.970-, suspendidas en su aplicación por la misma Ley 27.260 mal llamada de “reparación histórica”. Con ella,
quedaron fuera del derecho a una jubilación quienes no alcanzan los 30 años de registro de aportes (7 de cada 10 personas en edad de jubilarse que hoy llegan a la ANSES), debiendo resignarse a obtener una “pensión universal” de $ 5.796.- a los 65 años, que no deriva derecho a pensión y es incompatible con otra prestación. Este status jurídicamente inferior de la PUAM es un punto central a considerar ya que hay más de 1,2 millones de personas mayores perceptoras de ambas prestaciones (jubilación y
pensión por viudez) y otros cientos de miles de hogares cuyo ingreso se compone de dos haberes, seriamente perjudicados. Cuando decimos esto queremos remarcar que perforarán la línea de pobreza para caer en la indigencia a causa de esta injusta medida.
Nada dicen de las pensiones no contributivas, 70 mil de las cuales han sido dadas de baja arbitrariamente. Hablan de titulares de la “Prestación Básica Universal” dando a entender que tampoco tienen en cuenta a las
pensiones por viudez.
Su alcance se limitaría entonces a un sector de las jubilaciones que según la lógica de este gobierno son “puras”, es decir, obtenidas luego de al menos treinta años de aportes registrados en tiempo y forma. Lo que hay que remarcar es que ese porcentaje de sustitución de la jubilación mínima respecto al SMVM para quienes trabajaron en relación de dependencia treinta años ya está garantizado hoy en día. La jubilación mínima está en $ 7.246.- y el salario mínimo en $ 8.860.- (81,7%).
Habría que agregar que un trabajador o trabajadora con treinta años de aportes registrados en relación de dependencia percibiendo el SMVM, que se va a jubilar hoy lo hace con un haber inicial del 83,8% del mismo.
En todo caso, el impacto de la medida no sería otro que un escaso
adelanto de hasta el 7,5% de aumento a un pequeño sector de jubilados que hoy perciben el haber mínimo (luego de haber excluido a todas las categorías antes mencionadas) para llevarlos a la suma de $ 7.790.- (82% del SMVM de enero fijado en $ 9500.-).
Increíblemente, coexistirían dos haberes mínimos por debajo del nuevo “haber mínimo”: la PUAM, las jubilaciones por moratoria y el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para quienes reúnen treinta años. También excluye a las pensiones por viudez y a las pensiones no contributivas. Inventaron una nueva forma de “desigualar para abajo”.
Por último, decir que el cambio en la “facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse” recién a los setenta (70) años podría calificarse como una provocación de parte del gobierno a la clase trabajadora. Según el texto actual del artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador no puede dar de baja al trabajador o trabajadora por jubilación hasta tanto este/a no alcance los requisitos de edad y servicios que
establece la ley.
Este cambio solamente obedece a instalar el aumento de la edad
jubilatoria como un requisito que comenzaría a operar “de hecho” ante la imposibilidad de acreditar el requisito de aportes para acceder a esa Prestación Básica Universal (PBU). Deben conformarse con la referida PUAM a los 65 años (hay que remarcar que este aumento de edad ya impacta negativamente sobre un universo de 675.000 mujeres de entre 60 y 64 años que hoy son titulares de derecho del sistema previsional).
No se trata de una cuestión “voluntaria” sino de una obligación, una verdadera exigencia que pretenden imponerle al trabajador o trabajadora de extender su vida laboral hasta completar los requisitos para acceder a una jubilación que no le implique caer en la pobreza.
Como si fuera poco, eximen a los empleadores de pagar contribuciones patronales con destino al SIPA cuando el trabajador o la trabajadora reúnan los requisitos para acceder a la PBU, desfinanciando aún más al
sistema y desincentivando la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo.
En tres capítulos, en diez artículos, el gobierno de Macri ejecuta a paso firme el saqueo del sistema previsional, le mete la mano en el bolsillo a 7,2 millones de jubilados y pensionados -y a casi 8 millones de titulares de derecho de asignaciones familiares a través de este cambio en la movilidad-.
El cambio es estructural en todos los parámetros de acceso al derecho previsional. Persigue el interés macro económico de ajustar el déficit fiscal ajustando el bolsillo de los jubilados para pagar cada vez más la deuda externa que siguen contrayendo cada vez más. Se funda en una convicción ideológica de clase disfrazada de “premiar el mérito”, igualando para abajo, excluyendo del derecho y recreando un sistema en el que se
distingan jubilados de primera y jubilados de segunda. Quieren justificarlo por el acuerdo que obtuvieron de 23 gobernadores que reclaman más fondos para sus arcas provinciales, sin importar que los jubilados y
pensionados del SIPA viven a lo largo y ancho de todo el país y que se les impone un recorte a las cajas provinciales que padecerán empleados públicos y docentes.
Si este proyecto se convierte en ley, el gobierno irá por más pretendiendo la incorporación del “pilar de ahorro individual”, ante la presión del capital financiero a volver de lleno a hacer un negocio sin riesgo y con ganancias extraordinarias a costa de la seguridad social argentina.
Los diputados de la oposición que voten este saqueo, como lo hicieron aprobando la Ley 27.260, perderán definitivamente su legitimidad. Mucho más aquellas y aquellos que recién han asumido y debuten violando la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de Niño y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores.
Traicionarán el legado del General Perón, quien hace 74 asumía el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión para transformar
garantizando los derechos sociales y su ejercicio efectivo, como los derechos del trabajador y de la ancianidad consagrados
constitucionalmente en 1949 y el acceso a la jubilación digna para todos.
Por nuestra parte, desde la Asociación Trabajadores del Estado, desde la Central de Trabajadores de la Argentina junto con la Corriente Federal y los demás sectores de la CGT y las organizaciones de jubiladas y jubilados demostraremos que la previsión social es un derecho que el Pueblo
Argentino no está dispuesto a entregar sino a defender en la calle y con la movilización al Congreso Nacional, ya lo hemos hecho durante quince años para pelear contra la estafa de las AFJP y lo volveremos a hacer para evitar que los legisladores nuevamente voten condenando a nuestros mayores.
