Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas con veintinueve minutos del día quince de febrero

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267-2010

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas con veintinueve minutos del día quince de febrero de dos mil doce.

El presente proceso ha sido promovido por el abogado Manuel Antonio Rosales Chávez, en su carácter de apoderado general judicial de la sociedad Almacenes Simán, Sociedad Anónima de Capital Variable —que puede abreviarse Almacenes Simán, S.A. de C.V.—, contra actuaciones de la Asamblea Legislativa que considera lesivas a sus derechos a la "tributación en forma equitativa", seguridad jurídica y propiedad.

Han intervenido en el proceso la parte actora, la autoridad demandada y el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia —en adelante, "el Fiscal de la Corte"—.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. La sociedad peticionaria manifestó que dirige su reclamo en contra de la Asamblea Legislativa por haber emitido el art. 12 de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador —en adelante, “LIAEMM”— mediante Decreto Legislativo núm. 211, de fecha 3-XII-2009, publicado en el Diario Oficial núm. 241, tomo 385, de fecha 23-XII-2009, en el que se establece un impuesto a cargo de las empresas comerciales y de servicios para el cual se toma como base el activo imponible que estas poseen.

En ese sentido, consideró que la mencionada disposición vulnera los derechos a la tributación en forma equitativa, seguridad jurídica y propiedad, ya que, para la aplicación del referido tributo, el legislador seleccionó como “hecho imponible” el activo de una empresa, el cual no refleja capacidad contributiva, pues no revela la riqueza a gravarse, sino que únicamente refleja la potencialidad de la capacidad productiva; y que, en virtud del mismo, se pretende despojarla de sumas de dinero como pago por el tributo municipal en cuestión.

Por todo ello, solicitó que se admitiera su demanda, se suspendieran los efectos de la normativa impugnada y, consecuentemente, se pronunciara sentencia estimatoria a su favor.

2. A. Mediante el auto pronunciado el 2-II-2011 se admitió la demanda incoada, circunscribiéndose al control de constitucionalidad del art. 12 de la LIAEMM.

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suspensión de los efectos del acto reclamado, se ordenó comunicarle al Municipio de Mejicanos la existencia de este proceso para posibilitar su intervención en el presente amparo como tercero beneficiado con la normativa impugnada.

C. Finalmente, mediante dicha resolución se pidió informe a la Asamblea Legislativa, según lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Procedimientos Constitucionales —en adelante, "L.Pr.Cn "—, la cual se limitó a manifestar que no eran ciertos los hechos que se le atribuían en la demanda.

3. Posteriormente, se concedió audiencia al Fiscal de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la L.Pr.Cn., quien no hizo uso de ella.

4. A. Por medio del auto del 25-II-2011 se confirmó la suspensión provisional de los efectos de la normativa impugnada y, además, se pidió a la autoridad demandada que rindiera el informe justificativo que regula el art. 26 de la L.Pr.Cn.

B. Al rendir su informe, la Asamblea Legislativa se limitó hacer consideraciones generales sobre los arts. 131 ord. 6° y 204 ords. 1° y 6° de la Cn., así como referencias doctrinarias a la autonomía municipal, con base en los cuales concluyó que no existe la vulneración de derechos que le atribuye la sociedad demandante.

5. A. Mediante el auto del I-IV-2011 se confirieron los traslados que ordena el art. 27 de la L.Pr.Cn. al Fiscal de la Corte, a la parte actora y al tercero beneficiado. El primero de los intervinientes opinó que la disposición legal impugnada podría ocasionar una grave afectación al patrimonio de la sociedad peticionaria. Por su parte, el Municipio de Mejicanos no planteó ningún argumento y, finalmente, la sociedad peticionaria no hizo uso de esta oportunidad procesal.

6. A. De conformidad con lo dispuesto en el art. 29 de la L.Pr.Cn., se habilitó la fase probatoria de este proceso por un plazo de ocho días; plazo durante el cual la parte actora y el tercero beneficiado ofrecieron prueba documental.

B. El Municipio de Mejicanos sostuvo que el "activo imponible" sí evidencia la capacidad económica real de los sujetos pasivos del tributo en cuestión, ya que de aquel se deducen: i) los activos gravados en otros municipios; ii) la depreciación del activo; iii) la reserva laboral, cierre y cuando esté reflejada en el activo; iv) títulos valores garantizados por el Estado; y v) el déficit o perdida de operaciones acumuladas cuando estén reflejados en el activo; por lo que, en su opinión, no existen las vulneraciones alegadas por la parte

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actora.

7. Posteriormente, se otorgaron los traslados que ordena el art. 30 de la L.Pr.Cn., respectivamente, al Fiscal de la Corte, a la parte actora y a la autoridad demandada, quienes se limitaron a ratificar los argumentos expresados en sus intervenciones anteriores.

8. Concluido el trámite establecido en la L.Pr.Cn. para este tipo de procesos, en virtud del auto de fecha 15-XI-2011, el presente amparo quedó en estado de pronunciarse sentencia.

II. Establecido lo anterior, se expone el orden lógico en el que se estructurará la presente resolución: en primer lugar, se determinará el objeto de la presente controversia (III); en segundo lugar, se expondrán ciertas consideraciones acerca del contenido de los derechos fundamentales en los que se sustenta el reclamo de la parte demandante, para luego establecer cuáles serán sometidos a control constitucional (/V); en tercer lugar, se enjuiciará el objeto sometido a conocimiento de este Tribunal (V); y, finalmente, se desarrollará lo referente al efecto restitutorio de la decisión (VI).

III. 1. Este proceso constitucional reviste la modalidad de un amparo contra ley autoaplicativa, que es el instrumento procesal por medio del cual se atacan aquellas disposiciones que contradicen preceptos constitucionales y que, por lo tanto, vulneran derechos fundamentales, produciendo efectos jurídicos desde el momento mismo de su promulgación.

Si se opta por la vía del amparo para cuestionar constitucionalmente una actuación legal, dicho proceso no sólo deberá cumplir con los requisitos de procedencia de los procesos de inconstitucionalidad, sino que, además, el sujeto activo deberá atribuirse la existencia de un agravio personal, directo y de trascendencia constitucional, es decir, la afectación a alguno de sus derechos fundamentales por encontrarse en el ámbito de aplicación de la disposición considerada inconstitucional.

2. En el caso que nos ocupa, el objeto de la estriba en determinar si la Asamblea Legislativa conculcó los derechos a la "tributación en forma equitativa", seguridad jurídica y propiedad de la sociedad Almacenes Simán, S.A. de C.V. al emitir el art. 12 de la LIAEMM, en la medida en que el mismo contempla un "hecho imponible" que no refleja capacidad económica, como es el activo imponible.

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vulnerados con el acto reclamado.

1. A. Con relación al "derecho" a la tributación en forma equitativa, en las sentencias de amparo 464-2010 y 466-2010, ambas de fecha 23-XI-2011, se expuso que la equidad tributaria no es un derecho fundamental, sino que un concepto jurídico indeterminado que abarca globalmente los principios formales y materiales que la concretan, por lo que aquella por sí misma, no es idónea para enjuiciar constitucionalmente un acto de autoridad en un proceso de amparo.

B. Según el principio de capacidad económica —uno de los principios en los que se concreta la equidad tributaria—, las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en proporción a la aptitud económico-social que tengan para ello, limitando, de esa manera, a los poderes públicos en el ejercicio de su actividad financiera. Además, dicho principio condiciona y modula el deber de contribuir de las personas, constituyéndose como un auténtico presupuesto y límite de la tributación. En todo caso, la capacidad económica es una exigencia del ordenamiento tributario globalmente considerado y de cada tributo.

2. En cuanto al derecho a la seguridad jurídica, en las sentencias de amparo 253-2009 y 548-253-2009, ambas de fecha 26-VIII-2011, se expresó que la certeza del Derecho, a la cual la jurisprudencia constitucional ha hecho alusión para determinar el contenido del citado derecho fundamental, deriva, principalmente, de que los órganos estatales y entes públicos realicen sus atribuciones con plena observancia de los principios constitucionales -como son, a titulo ilustrativo, el de legalidad, de cosa juzgada, de irretroactividad de las leyes y de supremacía constitucional, regulados en los artículos 15, 17, 21 y 246 de la Cn.-.

Por ello, cuando se requiera la tutela del derecho a la seguridad jurídica por la vía del proceso de amparo, no es pertinente hacer alusión al contenido que aquella tiene como valor o principio, sino que deberá alegarse una vulneración relacionada con una actuación de una autoridad, emitida con la inobservancia de un principio constitucional y que resulte determinante para establecer la existencia de un agravio jurídico a un individuo. Ello siempre que, además, dicha transgresión no tenga asidero en la afectación del contenido de un derecho fundamental más específico.

3. Por su parte, el derecho a la propiedad, según las sentencias de amparo 513-2005 y 254-2008, de fechas 15-X-2010 y 22-I-2010, respectivamente, faculta a toda

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persona a disponer libremente de sus bienes, en cuanto a su uso, goce y disfrute, sin otras limitaciones más que aquellas establecidas en la Constitución o la ley.

Así, tal derecho implica que un sujeto determinado tiene el poder jurídico de disposición de sus bienes y puede hacerlo respetar coactivamente frente a los demás sujetos del ordenamiento. Por tanto, la propiedad se concibe como un derecho real y absoluto, en cuanto a su oponibilidad frente a terceros, limitado por el objeto natural al cual se debe: la función social.

4. En el presente caso, a pesar de que se ha alegado la vulneración a los derechos "a la tributación en forma equitativa" y a la seguridad jurídica, la sociedad demandante ha esgrimido suficientes argumentos para entender que el derecho que la emisión de la disposición impugnada pudo haber vulnerado es el de propiedad, toda vez que el establecimiento del impuesto cuestionado, cuyo "hecho imponible" simplemente no refleja capacidad económica, la convirtió en la destinataria de una obligación tributaria que la conminó a pagar ciertas cantidades de dinero, circunstancia que, en suma, pudo haber afectado de forma considerable su patrimonio.

En ese sentido, el derecho de propiedad responde de una forma más concreta a la afectación: constitucional argüida, por lo que el agravio a la sociedad demandante no se entenderá directamente vinculado con un supuesto "derecho a la tributación en forma equitativa" ni con el derecho a la seguridad jurídica; por consiguiente, corresponde sobreseer estos extremos de la pretensión incoada.

V. Corresponde ahora examinar si el art. 12 de la LIAEMM riñe con el principio de capacidad económica, conculcando el derecho de propiedad de la sociedad demandante.

Para ello, deberán aclararse algunos aspectos relativos a la definición jurídico-contable y a las clases de "activo" de empresa, así como las implicaciones de su empleo como elemento de cuantificación de los tributos, retomando lo que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado al respecto (1); luego, se valorará la prueba incorporada a este proceso con el objeto de determinar si existen las transgresiones constitucionales alegadas (2).

I. A. De acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal —v.gr. las sentencias pronunciadas en los procesos de amparo 1086-2008 y 455-2007, de fechas 9-IV-2010 y 22-IX-2010, respectivamente—, entre los principios que rigen la actividad legislativa en

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materia de tributos se encuentra el de capacidad económica, en virtud del cual se exige la elección como hechos que generen la obligación de tributar aquellos que, directa o indirectamente, reflejen cierta capacidad económica. Por consiguiente, a la hora de repartir la carga tributaria, no pueden elegirse como hechos generadores de los tributos situaciones que no tengan tal significado.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, el activo de una empresa, como base imponible de un impuesto, no sólo debe ser analizado desde una perspectiva jurídica, sino también económica y contable. Ello debido a que es en este último ámbito donde dicho concepto adquiere una definición más amplia que comprende, por un lado, el total de los valores efectivos que un comerciante tiene a su favor, reducibles a dinero y de los cuales tiene la facultad de disponer libremente —v. gr. los bienes inmuebles, el dinero efectivo, los valores negociables y las mercaderías—; y, por otro lado, las cosas que se tienen en propiedad o en posesión, tales como las compradas a plazos con garantía prendaría o hipotecaria o los derechos sujetos a condición pactada. De igual forma, pueden incluirse los bienes sobre los cuales no se tiene título alguno, como es el caso de las mercaderías en tránsito.

Así, de la definición antes anotada sobre el activo de empresa, se infiere que este puede ser empleado como un supuesto indicativo de capacidad económica, en la medida en que refleja —en abstracto— valores cuantificables a nivel pecuniario. No obstante, dicho concepto no sólo incluye los bienes y valores que se encuentran libres de carga, sino también aquellos que se ven afectados por alguna obligación a cargo del comerciante o de los cuales no se tiene título alguno. De ahí que estas dos últimas categorías no representan una verdadera riqueza a favor del sujeto y, por lo tanto, no deben ser objeto de gravamen.

Por ello, el activo del comerciante sin deducción del pasivo no puede tomarse como único parámetro para la imposición del tributo, puesto que el empleo de tal categoría por parte del Legislador riñe con el principio de capacidad económica en materia de impuestos, conculcando el derecho de propiedad de los obligados a contribuir con el referido tributo.

B. a. En el presente caso, la sociedad peticionaria cuestiona la constitucionalidad del art. 12 de la LIAEMM, el cual regula un impuesto municipal a cargo de las empresas que realizan actividades económicas en el Municipio de Mejicanos, cuyo pago mensual debe

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efectuarse con base en el monto del "activo imponible" de la siguiente manera: "a) [...] hasta quinientos dólares ($500.00) pagarán cuota fija de $1.71. b) [...] desde quinientos punto cero uno dólares ($500.01) hasta tres mil dólares ($3,000.00) pagarán una cuota fija de $1.71 más 1 por cada, millar. c) [...] desde tres mil punto cero uno ($3,000.01) hasta treinta mil dólares ($30,000.00) pagarán una cuota fija de $3 43 más 1 por cada millar. d) [...] desde treinta mil punto cero uno dólares ($30,000.01) hasta cien mil dólares ($100,000.00) pagarán una cuota fija de $6.86 más 1 por cada millar [...]".

Entonces, la base empleada para cuantificar el gravamen en cuestión es el “activo imponible” de la empresa, el cual, de acuerdo con el art. 10 de la LIAEMM, se refiere a los valores en activos que posee el sujeto pasivo para el desarrollo de su actividad económica y se determina "... deduciendo del activo total: aquellos activos gravados en otros municipios; las títulos valores garantizados por el Estado; la depreciación del activo fijo; la reserva laboral, cierre y cuando esté reflejada en el activo; el déficit o pérdidas de operaciones acumulada, cuando esté reflejado en el activo. Las empresas financieras tendrán además, derecho a deducir las cantidades contabilizadas para la formación de reservas para saneamiento de préstamos [...], el encaje legal correspondiente y el monto de los bienes que administren en calidad de fideicomisos".

En ese sentido, el “activo imponible”, en este contexto, se refiere al resultado obtenido de restar al activo total de la empresa las deducciones establecidas en la LIAEMM, conforme a los datos reflejados en los balances generales que están obligadas a presentar los contribuyentes a la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en el art. 19 de ese cuerpo normativo.

b. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de “activo imponible” establecido en el art. 12 de la LIAEMM no coincide con el que se formuló en las sentencias de amparo 1086-2008 y 455-2007 arriba citadas, sino que simplemente es el resultado de aplicar al activo las deducciones mencionadas en dicha ley, por lo que, en todo caso, se trata de una categoría más específica. Por ello, el "activo imponible" al que se refiere la disposición impugnada no refleja el capital o patrimonio con el que cuenta en realidad la empresa en determinado período fiscal.

c. En ese sentido, el supuesto “activo imponible” como base para la cuantificación del gravamen regulado en el art. 12 de la LIAEMM, no atiende al principio de capacidad

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económica, ya que si bien para su determinación se han efectuado algunas deducciones, continúan formando parte de la referida categoría los bienes que se ven afectados por alguna obligación con la que debe cumplir el comerciante, así como otros respecto de los cuales no se tiene título alguno; por lo que dicho activo no es indicativo de la riqueza efectiva del sujeto pasivo del tributo en cuestión y, en ese sentido, no puede ser objeto de gravamen.

2. Corresponde ahora analizar si la actuación de la autoridad demanda se sujetó a la normativa constitucional.

A. a. Almacenes Simán, S.A. de C.V. arguyó que el art. 12 de la LIAEMM contempla un impuesto municipal a cargo de las empresas que realizan actividades comerciales y de servicios en el Municipio de Mejicanos, cuya base es el “activo imponible”, el cual no revela la capacidad económica real de los contribuyentes, conculcando su derecho de propiedad.

b. La autoridad demandada arguyó que no existen las vulneraciones constitucionales alegadas en este amparo.

B. a. Las partes procesales han aportado los siguientes documentos: i) certificación notarial del mandamiento de pago de fecha 6-I-2010, extendido por el Departamento de Cuentas Corrientes de la Alcaldía Municipal de Mejicanos, en el que figura como contribuyente tributario Almacenes Simán, División Prisma Moda, y, además, se refleja el monto al que asciende el impuesto municipal que debe cancelar como titular del almacén ubicado en el centro comercial Metrópolis, en el cual se realizan actividades comerciales; ii) certificación de la nota de fecha 18-II-2010, extendida por el Secretario del Concejo Municipal de Mejicanos con fecha 19-VII-2011, por medio de la cual el Jefe del Distrito Metrópolis de la referida municipalidad informa a Almacenes Simán, S.A. de C.V. que deberá presentar los balances generales y el estado de resultados de la empresa, correspondientes a cada ejercicio fiscal en los plazos señalados en el referido cuerpo normativo; y iii) certificación notarial de algunos pasajes del Diario Oficial que contiene la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Mejicanos.

b. Los documentos relacionados son documentos públicos —certificados por notario— y, en la medida en que no han sido controvertidos u objetados ni se ha cuestionado su autenticidad, esta Sala los valorará como prueba (art. 416 inc. 2° Código

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Procesal Civil y Mercantil).

c. Expuesto lo anterior, se aclara que, en un amparo contra ley autoaplicativa, no existe la carga procesal de comprobar la existencia de la disposición impugnada, ya que los jueces conocen el Derecho vigente.

Por otra parte, atendiendo a la naturaleza autoaplicativa del objeto de control en el presente amparo, si bien la sociedad actora aportó al expediente copia del mandamiento de pago en el que se cuantificó el adeudo que esta tenía hasta ese momento, las actuaciones de aplicación derivadas de la disposición impugnada, es decir, los actos concretos de cobro efectuados a la aludida sociedad, no forman parte del tema central a dilucidarse en el presente proceso.

En ese sentido, se entiende que la relacionada documentación ha sido aportada con el propósito de demostrar que la sociedad demandante es, en efecto, sujeto obligado por la disposición enjuiciada, pero no para analizar los actos materiales de cobro derivados de ella.

d. Teniendo en cuenta lo anterior, del mandamiento de pago arriba relacionado se infiere que el supuesto establecido en la disposición legal impugnada incluye a Almacenes Simán, S.A. de C. V., ya que, de acuerdo a dicho documento, la referida sociedad es titular de una empresa que realiza actividades comerciales en el ámbito territorial del Municipio de Mejicanos, razón por la cual se le informa que debe efectuar el pago de cierta cantidad de dinero, en concepto de impuestos, correspondiente al período comprendido entre enero de 2009 y enero de 2010. En ese sentido, la base de imposición empleada no atiende a la capacidad económica del sujeto pasivo de dicho tributo, en este caso, Almacenes Simán, S.A. de C.V., por lo que es posible que dicha determinación supere de manera manifiesta sus recursos actuales con cargo a los cuales puede efectivamente contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Por consiguiente, del análisis de los argumentos expuestos y de las pruebas aportadas por las partes, se concluye que existe vulneración al derecho fundamental de propiedad de la sociedad actora, como consecuencia de la inobservancia del principio de capacidad económica en materia tributaria; debiendo, consecuentemente, amparársele en su pretensión.

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efecto restitutorio de la presente sentencia.

1. De acuerdo con el art. 35 la L.Pr.Cn., cuando se ha reconocido la existencia de un agravio a la parte actora en un proceso de amparo, la consecuencia natural y lógica de la sentencia es la de reparar el daño causado, ordenando que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la ejecución del acto declarado inconstitucional

2. A. En el presente caso, al admitirse la demanda de amparo se ordenó la suspensión de los efectos del acto reclamado con relación a Almacenes Simán, S.A. de C.V. Ahora, habiéndose establecido la vulneración constitucional alegada, el efecto restitutorio de esta sentencia consistirá, en principio, en que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del acto lesivo de derechos fundamentales.

B. Así, en virtud de que el acto lesivo consistió en la emisión de una ley autoaplicativa inconstitucional, el efecto restitutorio se traducirá en dejar sin efecto la aplicación del art. 12 de la LIAEMM, con relación a Almacenes Simán, S.A. de C.V., por lo que el Municipio de Mejicanos deberá abstenerse de realizar los cobros y de ejercer acciones administrativas o judiciales tendentes a exigir el pago de la cantidad de dinero en concepto del impuesto municipal declarado inconstitucional en este proceso, así como de los intereses o multas generadas por su falta de pago.

C. Finalmente, se aclara que, no obstante que el objeto de control del presente amparo contra ley autoaplicativa recayó en la disposición recién citada y no en los actos aplicativos derivados de esta, la presente decisión no implicará la obligación de devolver cantidad de dinero alguna que haya sido cancelada en concepto de pago por el tributo ahora declarado inconstitucional.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y los arts. 2 y 131 ord. 6° de la Constitución y 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala FALLA : (a) sobreséese el reclamo incoado en lo relativo a la supuesta vulneración de los derechos "a la equidad tributaria" y seguridad jurídica de la parte actora; (b) declárase que ha lugar al amparo solicitado por la sociedad Almacenes Simán, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actuaciones de la Asamblea Legislativa, por la vulneración a su derecho de propiedad; (c) déjase sin efecto la aplicación del art. 12 de la Ley de Impuestos Municipales de Mejicanos, en relación con la sociedad demandante; y (d) notifíquese.---J. B. JAIME.---F.

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MELENDEZ.---R. E. GONZALEZ.---E. S. BLANCO R.---J. N. CASTANEDA S.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.---E. SOCORRO C.---RUBRICADAS.

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