Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia) LAS SALINAS NACIONALES

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LAS SALINAS NACIONALES

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Salinas continúa estrechamente vinculado a la gestión de la Car-tera de Hacienda, no solamente por el aspecto fiscal, sino también desde el punto de vista administrativo, por razón de los contratos de explotación celebrados entre el Gobierno y el Banco de la Re-pública.

Esta circunstancia justifica las informaciones y comentarios que sobre materia tan importante me permito consignar en seguida. Por medio del contrato de fecha 16 de abril del año en curso, celebrado en desarrollo de las autorizaciones del artículo 9<> de la Ley 264 de 1938 y del artículo 19 del Decreto extraordinario 1377 de 1940, el Gobierno concedió al Banco de la República la explo-tación de las salinas marítimas nacionales y de las terrestres que no quedaron incluídas en el contrato administrativo de concesión aprobado por el Decreto-ley 2214 de 1931.

La aludida negociación fue precedida de un estudio cuidadoso y tuvo como finalidad primordial coordinar las distintas

explota-ciones y armonizar los precios de venta mediante la implantación

de un adecuado sistema de distribución de las varias calidades de sal que produce el Estado.

El citado contrato de 16 de abril fue sometido por el Gobierno a la revisión del Consejo de Estado, entidad que lo declaró ajustado a las autorizaciones legales pertinentes. La entrega de las salinas al Banco se llevó a cabo el 1 <> de julio, una vez que fueron elabo-rados los inventarios de rigor y se llenaron las demás formalidades del caso.

El producto líquido de la explotación de las salinas materia de la nueva concesión se distribuirá en la proporción de 98% para el Gobierno Nacional y 2% para el Banco.

El Ejecutivo tiene la convicción de que el contrato a que vengo refiriéndome constituye la iniciación de una política económica llamada a modificar fundamentalmente los sistemas que han re-gido hasta hoy en el país en lo relativo a la producción y venta de sal para los consumos humano y animal.

La tesis que al respecto preconiza el Ministerio de Hacienda es muy clara en su enunciación y su significado: el país debe aspirar a rebajar apreciablemente los precios de la sal y a hacer de este producto de la naturaleza, menos que un recurso fiscal, un

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-112-mento de dilatado radio de consumo para la alimentación humana y para el desarrollo de las industrias, entre estas últimas la gana. dera en primer término.

La realización de esta política demanda forzosamente algún tiempo, pues por una parte, los rendimientos de las salinas están pignorados para atender al servicio de obligaciones cuantiosas y, de otro lado, el mecanismo de la producción se halla influenciado por la presencia de intermediarios, respecto de los cuales la acción del Estado es limitada e ineficaz en la práctica, como lo explicaré

más adelante.

La transformación radical que se viene operando en la orga -nización tributaria del país, permitirá resolver, llegado el caso, de manera satisfactoria, el problema relativo a la sustitución de las garantías que hoy respaldan ante el Banco de la República la lla-mada cuenta de Avances sobre la concesión de salinas, que se inició

en los términos de las estipulaciones del contrato aprobado por el Decreto-ley 2214 de 1931.

El sistema de la llamada "libre elaboración," que se implantó en las salinas terrestres después de la expedición de la Ley 44 de 1910, debe ser materia de un análisis cuidadoso, para decidir si conviene mantenerlo o si es el caso de que el Estado asuma direc -tamente los trabajos de elaboración.

A esta última solución se inclinan expertos en cuestiones rela -cionadas con la explotación de las salinas oficiales, quienes la reco -miendan ante el hecho evidente e indiscutible de que las rebajas

decretadas en el precio de la materia prima no alcanzan a llegar a los consumidores o benefician a éstos en una insignificante pro -porción.

Con las disposiciones de la Ley 44 de 1910 pudieron obtenerse en aquella época espléndidos resultados: se simplificó notablemente la administración, disminuyeron los gastos, y consiguientemente, el rendimiento líquido de las salinas fue mayor.

El éxito de la iniciativa oficial en referencia se explica prin ci-palmente por la defectuosa administración de todas las rentas pú -blicas en el periodo anterior al año de 1910, por los métodos primi -tivos de que disponía entonces el Gobierno para llevar a cabo direc -tamente la elaboración de sal y por las dificultades que presen -taba el transporte y distribución del producto en el interior

del país.

La situación actual es fundamentalmente diferente, de suerte que hoy podría el Estado montar una gran central para la elabo -ración de sal terrestre y encargarse de llevar el producto a los mercados del interior, donde tiene demanda en escala apreciable.

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La distribución posterior debería dejarse, en todo caso, a la inici a-tiva particular.

Para realizar este proyecto del monopolio oficial de la elabora -ción de sal, sería necesario indemnizar a los industriales de Zipa -quirá, N emocón, Sesquilé y Tausa y de las demás minas pequeñas que se explotan en la actualidad. La situación de los intermedia -rios, distintos de los elaboradores, que derivan hoy su subsistencia

del negocio de la sal, no se modificaría en forma alguna con el establecimiento de dicho monopolio.

Con el nuevo sistema, la utilidad que hoy hacen los elabora -dores particulares pasaría al Estado, que quedaría así en capacidad de amortizar en un plazo razonable el valor de las correspondientes expropiaciones. Conviene tener presente que al centralizar la pro -ducción los gastos disminuirían, y que la suma que se pagara por

concepto de indemnizaciones a los industriales interesados

repre-sentaría siempre en parte un valor para el Gobierno, que podría

aprovechar algunas instalaciones o vender o utilizar los terrenos

en que están construídos los hornos.

Cuando se fundó la Sociedad Cooperativa de Elaboradores de

Sal, en desarrollo de los mandatos de la Ley 264 de 1938, el

Go-bierno tuvo fundadas esperanzas de que la industria privada de

la elaboración se organizara sobre bases sólidas y con un amplio

criterio de servir los intereses generales. Desafortunadamente

dicha entidad ha encontrado en funcionamiento dificultades casi

insalvables, entre las cuales debo mencionar la que plantearon

ini-cialmente los industriales que se negaron a formar parte de ella. Se atribuía la ruina de la industria privada de la elaboración

de sal en años anteriores, al fenómeno de la superproducción. Los

industriales afiliados a la Cooperativa convinieron a fines de 1939

en reducir su capacidad de trabajo, para corregir el desequilibrio

existente entre la producción y el consumo.

Comoquiera que los elaboradores que no ingresaron a la nueva

sociedad, pretendieron entonces ensanchar sus instalaciones, el

Gobierno se vio en la necesidad imperiosa de intervenir y al efecto

acordó con el Banco de la República señalar cupos de elaboración

a cada industrial, tomando para ello el promedio de la !nateria

prima que individualmente consumieron en los meses de enero a

junio de 1939, es decir, en el período inmediatamente anterior a la organización de la Cooperativa.

Este sistema de cupos se viene aplicando a todos los industriales.

estén o nó afiliados a la citada Cooperativa, pero encuentra gran

-des resistencias entre las personas que en épocas pasadas se

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-114-caron al negocio de la sal y entre quienes aspiran a vincularse ahora a dicha actividad comercial.

Ante esta situación, el Gobierno se propone hacer un estudio más detenido del proyecto que dejo anunciado, sobre eliminación del sistema de la libre elaboración.

Esta idea tiene la ventaja indiscutible de que coloca al Estado en condiciones de hacer efectiva para el consumidor la rebaja de precios de la sal, que, llegado el caso, se decrete, sin que surja el problema de los actuales intermediarios, que no podrán jamás explicar satisfactoriamente ante el país el extraño fenómeno que se ha venido presentando de que la sal elaborada con materia prima más barata siga conservando los niveles de los antiguos precios.

Deseo hacer mención en este capítulo de una iniciativa del Go-bierno, de grandes proyecciones para el desarrollo industrial del país. Me refiero al establecimiento, en el Municipio de Zipaquirá, de la planta de productos químicos derivados del cloruro de sodio. El Gobierno, en ejercicio de las autorizaciones que le confirió el artículo 15 de la Ley 264 de 1938, obtuvo del Banco de la República, en los términos del contrato de 16 de abril del año en curso, un préstamo por $ 400.000.00 con destino al expresado objeto, al inte-rés de 4% anual y con un plazo de 30 años.

En la misma fecha, el Gobierno Nacional, el Banco de la Repú-blica y el Instituto de Fomento Industrial, llegaron a un acuerdo, en virtud del cual esta última entidad ha asumido el encargo de montar la planta de productos químicos, previos los estudios téc-nicos del caso, que se hallan, puede decirse, terminados. El Insti-tuto en caso necesario hará préstamos al Gobierno hasta por otros

$ 400.000.00, a fin de dejar la planta en condiciones de ser explo-table comercialmente en un plazo razonable. Estos préstamos se amortizarán en primer término con las utilidades de la nueva empresa.

Al sobcitar el Gobierno la colaboración del Instituto de Fomento Industrial para la realización de tan importante proyecto, tuvo en cuenta no solamente que dicha entidad fue organizada con el fin de desarrollar en grande escala industrias de especial interés na-cional, sino también que era indispensable su concurso para orien-tar la producción de la soda, el cloro y sus derivados, de acuerdo con las verdaderas necesidades del país. Y es indudable que para apreciar el conjunto de fadores que al respecto deben tomarse en consideración, el Instituto se encuentra colocado en una situación excepcional. por razón de las mismas funciones que le están enco-m-endadas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)

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