Abuso Sexual y Malos Tratos Contra Niños

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Abuso sexual

y malos tratos

contra niños, niñas

y adolescentes

Perspectiva psicológica y social

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NOVEDADES

Las técnicas de actuación profesional del Trabajo Social Graciela Tonon (compiladora)

Gerencia social.

Un análisis crítico desde el Trabajo Social Freddy Esquivel Corella

La Sociedad de Beneficencia. Lo oculto en la bondad de una época Alejandra Facciuto

Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I)

Estela Grassi

Política y cultura en la sociedad neoliberal. La otra década infame (II)

Estela Grassi

La cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social en el contexto de las nuevas relaciones de poder y la diversidad latinoamericana

XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social El Trabajo Social y la Cuestión Social.

Crisis, movimientos sociales y ciudadanía Silvia Fernández Soto (coordinadora)

Búsquedas del Trabajo Social latinoamericano. Urgencias, propuestas y posibilidades

Ana Ruiz (coordinadora) Trabajo Social latinoamericano. A 40 años de la Reconceptualización Norberto Alayón (organizador)

La profesión de Trabajo Social. ¿Cosa de mujeres? Estudio sobre el campo profesional desde la perspectiva de los trabajadores sociales

Alicia Genolet (directora)

Trabajadores sociales en la historia. Una perspectiva transformadora Carina Berta Moljo

Abuso sexual y malos tratos contra niños, niñas y adolescentes. Perspectiva psicológica y social

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Abuso sexual

y malos tratos

contra niños, niñas

y adolescentes

Perspectiva psicológica y social

Eva Giberti

(Compiladora)

Prof. María Elena Naddeo; Dra. Daniela Arias; Dra. Virginia Berlinerblau; Lic. Cora Bertini; Dra. María Inés Bringiotti; Dra. Angeles Burundarena; Lic. Sandra De Luca; Lic. Cristina Erbaro y equipo; Lic. Nicolás Fariña;

Lic. Carmen Frías; Lic. Alicia H. Ganduglia; Lic. Jorge Garaventa Lic. M. Federica Otero; Dra. Liliana Peluso; Dr. Carlos Rozanski;

Lic. Nélida Sisini; Dra. Cecilia Sosa; Dr. Fernando Valsechi; Dra. Gabriela Vázquez.

CURSO DESTINADO

A DOCENTES Y PROFESIONALES

Organizado por el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. 2003-2004

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

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La reproducción total o parcial de este libro, en cualquier forma que sea,

idéntica o modificada, escrita a máquina, por el sistema “multigraph”, mimeógrafo, impreso por fotocopia, fotoduplicación, etc., no autorizada por los editores, viola derechos reservados. Cualquier utilización debe ser previamente solicitada.

1aedición, 2005.

Impreso en la Argentina - Printed in Argentina. Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 © 2005 Espacio Editorial ISBN: 950-802-211-6

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SPACI

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EDITORIAL editora - distribuidora importadora - exportadora Simón Bolívar 547, 3º p. Of. 1

(C 1066 AAK)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (011) 4331-1945 E-mail: espacioedit@ciudad.com.ar

www.espacioeditorial.com.ar

Corrección: Diseño de Tapa: Composición y armado tipográfico: Coordinación y Producción Editorial:

Ernesto Gutiérrez DONAGH| MATULICH DONAGH| MATULICH Osvaldo Dubini LA FOTOCOPIA MATA AL LIBRO Y ES UN DELITO

perspectiva psicológica y social / compilado por Eva Giberti - 1a ed. - Buenos Aires : Espacio Editorial, 2005.

288 p. ; 23x16 cm. (Ciencias Sociales) ISBN 950-802-211-6

1. Abuso Sexual-Niños, Niñas y Adolescentes. 2. Maltrato Infantil y Juvenil I. I. Giberti, Eva, comp.

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Prólogo

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la sanción de su Constitu-ción en 1996 y la puesta en vigencia de su nueva legislaConstitu-ción, en particu-lar de la Ley Nº 114 y otras normas de igual trascendencia, ha construido un circuito de protección integral basado en los principios más importantes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño: la inclusión de los niños en las políticas universales de educación, de salud; el apoyo integral a sus familias evitando expresamente la intervención judicial en las proble-máticas sociales, y el ejercicio del patrocinio de los chicos ante la Justicia cuando son víctimas de delito.

Las nuevas realidades sociales, las consecuencias devastadoras de la crisis estructural de nuestro país, agudizada en los últimos años, y los vie-jos patrones culturales que todavía perviven, tienen a los niños, niñas y adolescentes como principales víctimas, siendo imprescindible reflexionar y revisar las prácticas habituales en la búsqueda de nuevas y más eficaces respuestas para su protección integral.

Aunque desde la aprobación de la Convención Internacional de los De-rechos del Niño en 1989 muchas son las transformaciones legislativas e institucionales que se han llevado a la práctica, como las señaladas para la Ciudad de Buenos Aires y otras reformas similares en las provincias de La Pampa, Chubut y Neuquén, en el ámbito nacional sigue pendiente la apro-bación de la ley de protección integral de la infancia destinada a derogar de una vez por todas el viejo sistema tutelar del patronato.

Las intervenciones destinadas a la protección integral de los derechos de la infancia, en el marco del paradigma de los tratados internacionales de derechos humanos, requieren, además, de un nuevo abordaje

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interdis-ciplinario, de políticas públicas sostenidas por un Estado que intervenga ac-tivamente en la economía, promoviendo una más justa distribución del in-greso, la solidaridad y el acceso de los chicos y sus familias al ejercicio de sus derechos. También requiere un cambio cultural profundo para recono-cer a los chicos como sujetos plenos de derecho y por lo tanto escucharlos y asegurar su acceso a las políticas públicas.

Las distintas formas de violencia que sufren los chicos son motivo de particular preocupación para el Gobierno de la Ciudad. El maltrato en el ámbito familiar a los niños y niñas, fenómeno multicausal que obedece a esterotipos culturales autoritarios, a diversas situaciones sociales y familia-res, y que con diferentes características atraviesa todos los sectores socia-les, requiere ser visibilizado y atendido. A esto se suman otras formas de violencia y explotación, prácticas todas que dejan en los niños huellas psí-quicas y físicas profundas, y que llegan a provocar la muerte.

Desde los diversos ámbitos de gobierno se generan iniciativas para capacitar a los profesionales y equipos técnicos involucrados en la aten-ción de la infancia para la detecaten-ción y asistencia de los chicos víctimas de maltrato; asimismo, buscamos erradicar y/o sancionar cualquier si-tuación de violencia institucional que pueda generarse desde los propios ámbitos gubernamentales.

El rol del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la realización de cursos y jornadas de capacitación con destacados especialis-tas en la temática, su continuidad y sistematización a través de esta publi-cación, constituye un aporte fundamental en la formación y actualización de quienes tienen a su cargo la educación y la atención de la infancia.

Dr. Aníbal Ibarra Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As.

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Resumen histórico

Este volumen incluye las conferencias que forman parte del ciclo “Los cursos del Consejo”, organizados por el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes desde el año 2001, algunos de ellos con el auspicio de la Escuela de Capacitación de la Secretaria de Educación. La finalidad de los mismos, en cumplimiento de lo previsto por la Ley 114 de la Constitución de la Ciudad de Bs. As., reside en ofrecer capa-citación gratuita a docentes y profesionales. Razón por la cual se han elegido temas vinculados con la situación actual de la niñez y la adoles-cencia en nuestro país, específicamente en la Ciudad Autónoma de Bs. As. Si bien debemos reconocer que entre el público contamos con asis-tentes provenientes de provincias.

Cuando se realizaron los cursos referidos a Niñez y los que se ocuparon de Adolescencia, los asistentes solicitaron, como uno de los temas para te-ner en cuenta, el maltrato y el abuso sexual. Con ese motivo el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes abrió un espacio destinado a la actualización del tema.

El curso que dio origen a la actual publicación, que edita las conferen-cias llevadas a cabo durante septiembre, octubre y noviembre de 2003, fue el segundo que referido a abuso sexual y maltrato organizó el CDNNyA. La solicitud de reiteración de estos temas se convirtió en una constante que condujo a la decisión de continuar manteniendo este aporte que advierte la gravedad del problema.

Los conferencistas invitados llegaron a sus encuentros con nosotros aportando el máximo de sus competencias y de su dedicación al tema. Ca-da uno expuso sobre el tema previsto, respondió preguntas del público y

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además puso a disposición de quien lo solicitara su dirección de correo electrónico para responder a quien lo precisara. O sea, además de la gene-rosidad de sus aportes presenciales —ad honorem— mantuvieron relación con las personas interesadas y también leyeron y corrigieron las desgraba-ciones de sus textos. En algunos de éstos se mantuvo el estilo coloquial propio de la desgrabación.

El CDNNyA agradece la permanente y desinteresada colaboración de quienes dictaron las conferencias, produjeron los textos y mantienen su generosa colaboración con este Consejo.

Quiero agradecer la generosa y eficaz colaboración de la Lic. Federica Otero quien revisó cuidadosamente el texto final y encaminó la edición del mismo.

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Los cursos del Consejo

Los Cursos del Consejo se han convertido en una tradición de cumpli-miento y realización esperada y avalada por la ciudadanía porteña.

Han sido dedicados a docentes y profesionales y cuentan con un público que oscila entre los doscientos cincuenta y los seiscientos asistentes —cuan-do la capacidad de la sala del Centro Cultural San Martín lo permite—.

Como se desprende de la lectura de sus programas, los conferencistas convocados, que aportan generosamente su tiempo, constituyen una garan-tía de rigor en cuanto a contenidos, y en lo que respecta a la calidad expo-sitiva de sus palabras, y se permite un diálogo fluido con los participantes a posteriori de sus intervenciones.

Se iniciaron durante el año 2001 con un primer enfoque: La niñez y la adolescencia ya no son las mismas; sus integrantes fueron Silvia Bleichman, psicoanalista, cuyo tema fue: ¿Qué se conserva hoy de la In-fancia que conocimos? Continuó con la intervención de Ricardo Cicer-chia, doctor en Historia, quien habló acerca de Pequeños Ciudadanos. Historias de chicos, chicas y ciudades. Por su parte, Nora Elichiri, doc-tora en Psicopedagogía, abordó el tema: Aprendizaje de niños y niñas hoy: acerca de las potencialidades y necesidades del sujeto educativo. El escritor Nicolás Casullo continuó, refiriéndose a Juventud: mito esté-tico moderno y paisaje cultural.

María Elena Naddeo, presidenta del Consejo, presentó el curso y ex-puso la historia del organismo que dirige, su relación con la Ley 114 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y las responsabiliadaes e intervenciones de dicho organismo en la defensa de los derechos de ni-ñas, niños y adolescentes de la Ciudad.

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En el año 2002 se repitió el mismo curso y se incorporaron conferen-cistas. La doctora en Filosofía y Pedagogía María Teresa Sirvent, propu-so un tema que en ese momento formaba parte de la compleja actuali-dad sociopolítica y económica del país: La sal no sala y el azúcar no en-dulza: educación, pobreza y participación social en el neoconservadu-rismo. La doctora Gladis Kochen, a partir de su experiencia desde un programa que se ocupaba de alumnos en zonas carecientes, desarrolló el tema Educación y pobreza: algunas cuestiones para pensar. La licen-ciada Eva Giberti disertó acerca de Las éticas en educación: aplicación en niveles escolares.

Durante el segundo cuatrimestre se llevó a cabo el primer curso desti-nado a Abuso Sexual, la demanda por parte de quienes no habían logrado inscribirse en este curso fue tan intensa que fue necesario repetirlo en no-viembre y diciembre.

En el año 2003 se abrió un espacio dedicado exclusivamente a la adoles-cencia y se contó con la colaboración del doctor Rubén Effron, psicoanalista: Los adolescentes y la responsabilidad. Los jóvenes infractores de la Ley y otros. La doctora Eugenia Trumper, médica ginecóloga, centró su exposición en los Derechos reproductivos. Dificultades y realidades en la adolescencia.

Desde la experiencia y práctica proveniente de la Secretaría de Salud, en el área especializada en la prevención de VIH, participó el sociólogo Agustín Ro-jo: El sentido común como obstáculo para la prevención del SIDA.

Por su parte, el sociólogo doctor Alberto Calabrese incluyó su prácti-ca docente y su producción intelectual referente al tema refiriéndose a Lo que no se dijo en adicción. Rebeldía o adaptación. Y la licenciada Giselle Tenembaum, psicóloga, responsable por el primer programa que se ocupó de la escolaridad de las madres adolescentes en la Secretaría de Educación, expuso acerca de Maternidad adolescente en la escuela. Entre la transgresión y las posibilidades de inclusión. El Dr. Gustavo Gallo, abogado y asesor del CDNNyA, quien cuenta con una sólida ex-periencia en la defensa de niños y niñas en situación de conflicto con la ley, expuso acerca de Los adolescentes en el fuero civil y penal. El ám-bito federal cuando se trata de drogas.

Por su parte Norberto Ianni, psicólogo, y Miguel González, profesor de Historia, rector de la EMEM N° 5, D.E. 15, se refirieron a La convi-vencia en la escuela; los adolescentes y el ejercicio cotidiano de los derechos humanos: reflexiones sobre las prácticas.

La presidenta del Consejo tuvo a su cargo una conferencia en la cual planteó la gravedad de la explotación sexual infanto-juvenil asociada con las intervenciones de ese organismo.

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Durante el segundo cuatrimestre de ese mismo año se llevó a cabo el curso cuyos contenidos se publican en este volumen.

En el año 2004, durante el primer cuatrimestre el curso de deno-minó La adolescencia, ¿cómo vivir con ella? Se inició con una confe-rencia: Derecho al salud de los adolescentes: entre la autonomía y la patria potestad, que desarrolló la Dra. Diana Mafia, doctora en Filoso-fía y en Ética, y continuó con la exposición del profesor Tavarone, do-cente cuya experiencia constituyó una importante novedad, quien se preguntó: El sujeto adolescente sustituyó al alumno del secundario: la escuela media ¿qué le ofrece?

Las profesoras Haydée Baghino y la Lic. Alicia Pelliza abrieron un espa-cio para describir sus prácticas y sus conceptualizaespa-ciones mediante su tex-to: Una escuela posible: una convivencia que se construye.

La doctora Silvia Duschatzky introdujo el tema La experiencia juvenil en la velocidad y el Lic. Agustín Rojo en su conferencia aportó un interrogante espe-cífico: ¿Qué destinatario construyen los mensajes de prevención del VIH?

La Dra. Nora Elichiry, cuya calidad como investigadora le permitió intro-ducir nuevas problemáticas, se ocupó de Las relaciones familia-escuela en los aprendizajes cotidianos, y la profesora María Elena Naddeo se refirió a las intervenciones del Consejo en conflictos con la famila, fugas del hogar y victimización sexual de la adolescencia.

El Dr. Alberto Calabrese volvió a centrar su exposición en el consumo de sustancias, si bien aportando una nueva perspectiva: Drogas: miradas ha-cia la adultez y papel de la adolescenha-cia; y el Dr. Gustavo Gallo reiteró los conceptos que había avanzado en el curso anterior, en esta oportunidad ejemplificando con nuevas experiencias.

El año 2004 cerró con un nuevo curso referido a abuso sexual y mal-trato contra niños y niñas, en el cual intervinieron algunos conferencistas que ya habían participado en reuniones anteriores: Virginia Berlinerblau, Angeles Burundarena, y se incorporaron el Lic. Jorge Garaventa, psicólo-go, cuya conferencia se incluye en este volumen; el doctor Norberto Ga-rrote, médico psiquiatra, quien abordó un tema escasamente analizado en los estudios dedicados al tema: Maltrato, abuso y discapacidad; tam-bién los profesionales miembros de la Defensoría de Flores, Dra. Gabrie-la Foncuberta, Lic. Marisa VilGabrie-laruel y Dr. Martiniano Terragni, quienes ex-pusieron el tema: La defensa de los derechos del niño víctima en la se-de penal, incorporando una nueva variable en la temática que nos ocu-pa. Los profesores Lic. Perla Selmanovich, psicóloga, y Carlos Prado ex-pusieron sus pensamientos y experiencias acerca de los medios de comu-nicación y las escuelas ante el cuidado de la infancia, recurriendo

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bién ellos al aporte de una nueva perspectiva para el análisis del abuso sexual y maltrato contra niños y niñas.

El material que se obtuvo de la desgrabación de las conferencias se mantiene en espera, para diseñar nuevos volúmenes que permitan ofre-cer a la comunidad los contenidos de la experiencia, y el rigor y la origi-nalidad de sus autores.

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Una pregunta engañosa

acerca del maltrato

y del abuso sexual

contra niños y niñas

Lic. Eva Giberti

Coordinadora del Curso. Lic. en Psicología (UBA). Asistente Social (UBA). Docente en la Especialización en Violencia Familiar (UBA) y en la Especialización en Derecho de Familia (UBA). Idem Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento (UCES). Co-dirigió la Maestría en Ciencias de la Familia (Univ. Nac. Gral. San Martín). Asesora del Area Adopción del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entre sus libros están: Politicas y Niñez (en colaboración), Incesto paterno filial (Con S. Lamberti et alter), La Mujer

y la violencia invisible (con Ana Fernández), Hijos del rock, y La familia, a pesar de todo.

La decisión que se tomó en el Consejo de los Derechos, cuando se eli-gió desarrollar este tema, es el producto no sólo del conocimiento del cual la institución dispone debido a la experiencia de las profesionales que la in-tegran, sino también de los datos que el Equipo de Investigación aporta al sistematizar la información que proviene de las Defensorías Zonales y de la atención telefónica de la Línea 102.

Por otra parte, las permanentes denuncias que el periodismo pone en evidencia, así como la tarea interinstitucional que se realiza con los hos-pitales de la Ciudad a los cuales concurren las víctimas, incorporan da-tos que corroboran la persistencia de esda-tos delida-tos y agravios contra ni-ños y contra niñas.

La pregunta habitual: “¿Ahora se producen más abusos, o lo que suce-de es que los medios suce-de comunicación los difunsuce-den cada vez que ocurren?”,

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que podría admitirse como curiosidad preocupada por parte de los adultos, también puede interpretarse como intento no consciente de derivar la aten-ción ciudadana hacia una evaluaaten-ción de índole histórica.

La pregunta interroga dirigiendo (y esperando) la respuesta hacia una contestación convivencial: “En realidad estas cosas siempre ocurrieron. Ahora se habla más, la gente se atreve a denunciar, los chicos en gene-ral están advertidos…”; respuesta que tiende a tranquilizar a quien pre-gunta. “Si siempre ocurrió, entonces no es tan grave; si no fuera por los medios de comunicación no se sabría…” O sea, estamos frente a la ten-dencia que conduce a encubrir la gravedad de lo que sucede, neutrali-zándolo mediante la generalización “siempre ocurrió”. Se recurre a la frase consagrada por el imaginario social que omite la responsabilidad social aquí y ahora.

Conviene discernir entre maltrato, por una parte, y por otra abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. El maltrato constituye una dimensión abarcativa que incluye los abusos sexuales y los incestos como forma espe-cífica de maltrato explicitado mediante prácticas sexuales impuestas por los adultos, en detrimento de los derechos de niños y niñas. Dichas prácticas están reguladas por el abuso de poder. Otras formas de maltrato consisten en amenazas, castigos fisicos, negligencias, etc., y se instituyen también como abuso de poder sin que el niño o la niña sean demandados como acompañantes sexuales.

Si revisamos la historia de la niñez y la historia de las civilizaciones encontraremos, detallada, la enunciación de las ferocidades cometidas contra niños y contra niñas. Lo cual no autoriza a aliviarse ni a desen-tenderse de los padecimientos actuales de nuestras niñas y niños. No hay razón alguna para tranquilizarse, por el contrario, es preciso regis-trar que determinados adultos pueden ser —y eligen ser—peligrosos pa-ra cualquiepa-ra de ellos.

La parentalidad no garantiza trato considerado hacia los/as más pe-queños/as: las familias son capaces de instituirse como núcleos de vio-lencia contra ellos/as. Las instituciones escolares pueden incorporar ma-los tratos físicos y psicológicos, y la experiencia pone de manifiesto, que el abuso sexual contra niños y contra niñas encontró en el ámbito esco-lar un territorio que excepcional y coyunturalmente permitió disponer de criaturas según las preferencias del abusador.

Frente a esta sistematización de delitos y agravios, los datos históricos nos interesan debido a la investigación y análisis de las situaciones en épo-cas diversas, según las geografías y las característiépo-cas de las organizacio-nes sociales de las distintas comunidades. Pero actualmente nos atañe el

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análisis, el estudio, las reflexiones y el entrenamiento para proceder según las demandas en nuestro pais.

Estos motivos: 1) disponer de datos rigurosamente formalizados, 2) así como de las experiencias múltiples que el Consejo asume (prevención, do-cencia, divulgación, actualización, capacitación e intercambios instituciona-les), contribuyeron en la compaginación de un Curso cuyos contenidos, ini-cialmente editados en un CD en el cual se reprodujeron los textos de las conferencias, adviene ahora al ámbito de la palabra escrita.

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Palabras inaugurales

Prof. María Elena Naddeo

Profesora de Historia (UBA). Actual Presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del GCABA. Fue Legisladora de la CABA (2000-1997). Concejala de la CABA (1997-1993). Delegada gremial docente en la CTERA (1992-1983). Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior. Coautora e impulsora de importantes iniciativas legislativas en materia de derechos de la infancia y género (Ley 114: Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescen-tes; Ley 269: Creación del Registro de deudores alimentarios; Ley 474: Creación del Plan de igualdad de posibilidades y de trato entre varones y mujeres; Ley 418: Salud sexual y reproductiva, entre otras).

Este Curso está destinado a desarrollar planes y encuentros de actua-lización y capacitación del más alto nivel para los y las profesionales, operadores, docentes y todos los que de alguna manera estamos involu-crados con la infancia y la adolescencia en esta ciudad y en este país.

Se inscribe dentro de los objetivos que la Ley 114 —que es la Ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires—, la cual plantea diversas responsabili-dades para quienes somos autoridad de aplicación, es decir, para el Con-sejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Ley 114 aplica la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; es una ley que se vo-tó en la primera Legislatura porteña en diciembre de 1998. Esta ley reglamenta el funcionamiento del Consejo, organismo que estaba pre-visto ya en la Constitución de la Ciudad. Uds. conocerán que en 1996 se sanciona en la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires la Constitución de la Ciudad Autónoma; una Constitución que es modelo en América Latina respecto del intento de un Estado moderno

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por incorporar y hacer cumplir los Tratados Internacionales de Dere-chos Humanos.

En el capítulo de Niñez, la Constitución de la Ciudad propone varios temas muy importantes relacionados con la ideología de los derechos humanos de los niños, y crea por ley un organismo especializado en in-fancia, que es este Consejo. Esos conceptos que están en la Convención Internacional, que se encuentran en la Constitución de la Ciudad de Bue-nos Aires y que desarrolla la Ley 114, tienen que ver con el paradigma de la protección integral.

El paradigma de la protección integral nos plantea sostener una nue-va concepción de la infancia; pensar a los chicos, a las chicas, a los ado-lescentes, como sujetos plenos de derechos, y definir que la responsabi-lidad de los adultos todos, del Estado, de las familias, de las institucio-nes tanto estatales como de la sociedad civil, es asegurar y garantizar el cumplimiento de esos derechos.

Esta concepción modifica profundamente el viejo paradigma, que plan-teaba que los adultos y el Estado debíamos tutelar a los niños, a personas, que por su condición de “menores de edad” eran incapaces de tener su pro-pia opinión, de manejarse por sí mismos.

Esta vieja concepción tutelar, también conocida como doctrina de la situación irregular o patronato, es profundamente asimétrica y autorita-ria. Se relaciona con la visión de identificar la minoría de edad con la in-capacidad, asociada también con lo inferior y lo distinto, de manera es-tigmatizante, ajena a la normalidad planteada por la ideología dominan-te. La doctrina de la “minoridad” es una ideología profundamente discri-minatoria que rigió las políticas institucionales de infancia durante todo el siglo XX, hasta la sanción de la Convención Internacional de los Dere-chos del Niño.

Esa visión tutelar de la infancia todavía anida en determinadas culturas, en determinados patrones ideológicos, por eso aplicar los derechos de los chicos sigue siendo un espacio de debate, de confrontación, y todavía pe-sa en la legislación nacional, en la legislación del Patronato, la ley nacional 10.903 que es la vieja Ley Agote de principios del siglo XX y de la cual to-dos reclamamos su derogación.

Para la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la Ley 114, la antigua ley de 1903 no es aplicable, no se considera legislación vigente en el ámbi-to de la Ciudad porque justamente contamos con la Convención Internacional y la nueva legislación propia de la Constitución porteña. Sin embargo, esto continúa siendo un tema de discusión, de diferencias y de desacuerdos en al-gunos ámbitos judiciales y en alal-gunos ámbitos administrativos.

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El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se propone velar por el cumplimiento de los derechos de los chicos. Es un organismo que cuenta con un Plenario muy importante que articula las políticas de in-fancia en la Ciudad de Buenos Aires con Salud, Educación, Desarrollo So-cial, Cultura, el Ministerio Público de la Ciudad, representantes votados por la Legislatura, uno de los cuales es Eva Giberti, que integra el Plenario del Consejo a propuesta de la Legislatura, junto con otros y otras Vocales, re-presentantes de la sociedad civil, de Organizaciones No Gubernamentales que han elegido representantes para el Plenario del Consejo y representan-tes de las Defensorías Zonales.

Las Defensorías de Niños que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dependen del Consejo, son equipos interdisciplinarios que están en los distintos barrios de la ciudad. Equipos mixtos formados por aboga-dos, psicólogos, asistentes sociales, que trabajan en las distintas temáticas que tienen que ver con reparar cualquier situación de vulneración de dere-chos que viva un niño y su familia.

Además disponemos de una serie de circuitos para la atención de situa-ciones de emergencia; en la página web del Consejo de los Derechos, que es www.infanciayderechos.gov.ar, se encuentra el desarrollo de los progra-mas y de los circuitos específicos de protección especial.

El tema que se aborda hoy es uno de los más graves, es uno de los que merecen y reclaman nuestra mayor atención. El Consejo de la Ciudad de Buenos Aires aborda la temática de la asistencia a víctimas de las distintas formas de violencia que se ejercen contra los chicos. Estamos trabajando cada vez más articuladamente con los equipos de la Secretaría de Educa-ción en todos los niveles educativos, con los servicios de salud, que en dis-tintos hospitales públicos tienen excelentes equipos de asistencia a víctimas de maltrato y abuso, y también actuamos conectados con los equipos de la Dirección de la Mujer, de la Secretaría de Desarrollo Social.

Necesitamos repensar, sistematizar, volver a formular nuevas estrategias en el tema de las intervenciones, del abordaje de nuestros equipos profesiona-les. Hay todavía distintas maneras de interpretar y de evaluar la temática, la intervención jurídica, la intervención profesional en el tema asistencial y en el seguimiento de las víctimas. Respecto de esto, me parece que hoy tenemos una conciencia más desarrollada en la valoración del papel fundamental de la denuncia, de la importancia de escuchar la voz de los chicos, y en la valora-ción del acompañamiento y la formavalora-ción de los equipos profesionales en esa tarea; sin embargo, todavía hay sectores que resisten reconocer el problema y aceptar esta práctica, y muchas veces es costoso, en los estrados judiciales, querellar y lograr la condena de los abusadores, explotadores y maltratadores.

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En este sentido, este Curso que hoy se inicia, con la coordinación de Eva Giberti y la presencia de los panelistas invitados que con desinterés y ge-nerosidad aportan su impresionante trayectoria y compromiso en esta te-mática, seguramente será un nuevo momento en el que podamos revisar y encontrar nuevas estrategias en temas que los chicos de la Ciudad de Bue-nos Aires y de todo nuestro país están demandando, y que es ni más ni me-nos que hacer justicia y reparar tanto daño y tanto sufrimiento.

Este es uno de los mandatos y una de las obligaciones que tenemos por la Constitución de la Ciudad y por la Ley 114. Vuelvo a darles la bienveni-da y a decirles que estamos a disposición de ustedes con relación a estos y otros temas que en el futuro podamos seguir abordando.

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Abuso sexual y malos tratos:

respuestas institucionales

en el marco de un circuito

de protección integral de derechos.

Lic. Cristina Erbaro y equipo

Cristina Erbaro: Licenciada en Sociología; Carrera de Especialización en “Problemáticas sociales

infanto-juveniles”; Docente e Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Coordinadora de la Unidad Técnica de Políticas, Investigación y Capacitación del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Equipo de Trabajo: Patricia Aschieri, Mariana García, Natalia Llorca, Karina Mouzo, Beatriz Rego,

Mercedes Romera, Delia Surra, Carla Villalta, Carmela Vives.

Introducción

En primer lugar quiero agradecer, en nombre de todas mis compañeras, este espacio de participación. En segundo lugar quiero remarcar que esta presentación es producto de la elaboración colectiva de dos equipos inte-grados por profesionales de distintas disciplinas, como antropología, socio-logía y ciencias de la educación.

Por último me interesa decirles que esta presentación está confor-mada por una primera parte conceptual que enmarca al resto del tra-bajo y que incluye algunas reflexiones sobre las respuestas institucio-nales a la problemática de abuso sexual y malos tratos en la Ciudad de

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Buenos Aires. Una segunda parte contiene una breve descripción de los servicios y programas de las distintas áreas de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de la pro-blemática que nos ocupa, y finalmente incluimos datos estadísticos de los servicios del Consejo.

Los derechos de los niños

y las políticas públicas

Es conocido por todos que no podemos hablar de la efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. El Es-tado argentino ha tomado posición de forma tal que la Convención In-ternacional Sobre los Derechos del Niño tiene desde el año 1994 ran-go constitucional. En este sentido, es importante señalar que cuando nos referimos a los derechos de los niños estamos hablando de la Constitución Nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires podemos decir que la situación es prácticamente la misma.

En el año 1998 la Legislatura porteña sanciona la Ley 114 cuyo objeto, según el Art. 1, es la protección integral de los derechos de ni-ñas, niños y adolescentes, y cuya autoridad de aplicación es el Conse-jo de los Derechos de la Ciudad, creado por la misma ley en el Capí-tulo 1°, Art. 45.

Contamos entonces con un organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben en materia de promoción y pro-tección integral de derechos.

Pero la Ciudad logra avanzar aún más en relación a la Nación, ya que en su Segunda Cláusula Transitoria la Ley 114 determina que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la Ley 10.903 no es aplica-ble, en todo cuanto se opone a la CIDN. Además en su Art. 8 estable-ce la garantía de prioridad para niñas, niños y adolesestable-centes, incluso en la asignación de recursos públicos.

Basándonos en lo que Emilio García Méndez denomina “paradigma de la ambigüedad”, para aludir a la convivencia de nuevos discursos y viejas prácticas, esta breve introducción nos ha permitido mostrar que, a la fecha, uno de los obstáculos no es la falta de normativa, sino que se lo ubica en el terreno de las prácticas.

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En relación con este tema, aún hoy, casi 6 años después de su san-ción, la Ley 114 sigue siendo para muchos, y también para algunos or-ganismos del Estado, “la ley del Consejo”; esto coloca al “organismo es-pecializado” en el lugar del único responsable de su cumplimiento y vi-gencia. Este es el segundo año que lo venimos planteando, ya que nos parece otro de los obstáculos a vencer.

Entonces, una primera pregunta es hasta qué punto las prácticas insti-tucionales y sociales se han adecuado a la normativa. Partimos de la idea de que todavía falta un largo trecho por andar.

Por lo tanto, una de las tareas más importantes, todavía pendientes, consiste en instalar un debate crítico constructivo, tendiente a incorporar en las prácticas cotidianas el paradigma de la protección integral.

La normativa vigente modifica la relación Estado-sociedad-familia que planteaba el modelo de la situación irregular o patronato del Estado. Po-dríamos decir que es el Estado el último en intervenir directamente sobre niñas, niños y adolescentes, pero es el primer obligado en garantizar polí-ticas públicas que posibiliten a las familias cumplir con su rol en la crian-za de sus hijos como sujetos de derechos.

Esto se desprende de la lectura de la Ley 114. En su Art. 6, al referir-se a la efectivización de derechos, dice que “la familia, la sociedad y el Go-bierno de la Ciudad tienen el deber de asegurar la efectivización de sus de-rechos y procurar su desarrollo integral”.

El Art. 18, al referirse al derecho a la dignidad, reitera el mismo or-den: “es deber de la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad pro-teger la dignidad de niños, niñas y adolescentes impidiendo que sean sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimi-datorio, a prostitución, explotación sexual o a cualquier otra condición inhumana o degradante”, fortaleciendo las relaciones familiares como ámbito privilegiado para el niño.

El Art. 25 establece que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser criados por sus padres y a permanecer en su grupo familiar de origen, en una convivencia sustentada en vínculos y relaciones afectivas y comunitarias”. En este marco, podemos preguntarnos: ¿qué situaciones deben presen-tarse para que los padres o uno de ellos vean restringida o suprimida su patria potestad respecto del hijo? ¿Qué habilita al Estado a intervenir en la vida familiar? ¿De qué manera?

Nos interesa enfatizar en la última pregunta, porque en su respuesta se definen cuestiones esenciales para la vida de un sujeto.

El tema que nos convoca es una de las cuestiones en las que el Estado debe intervenir. Para quien fue abusado, maltratado, víctima de incesto

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terno-filial, las respuestas deben provenir desde el ámbito de las políticas públicas de infancia y adolescencia.

Justicia para las niñas, los niños y los adolescentes agredidos quiere de-cir acceso a políticas adecuadas.

Es el agresor quien merece la sanción por ser el responsable de los he-chos cometidos y el destinatario de la acción penal o civil. El acceso a la justicia para el agredido consiste en garantizarle sus derechos, implemen-tando, en caso de ser necesario, medidas de protección especial de dere-chos, establecidas en el Capítulo 2° de la Ley 114.

Esto quiere decir que “judicializar” debe traducirse en solicitar una guarda, en impedir el contacto con el agresor/a, solicitar el ingreso a un hogar donde se preserve la vida en familia, entre otras cosas. También, en la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes puedan iniciar acciones en defensa de sus propios intereses en los ámbitos judiciales correspondientes. El año pasado, en este mismo ámbito dijimos que és-ta era una de las cuestiones no logradas todavía. Sin embargo, como ustedes ya saben a partir de la exposición de los profesionales de la De-fensoría de Flores, estamos hoy en condiciones de señalar que este ca-so constituye un importantísimo punto de partida para avanzar en el te-rreno de las prácticas institucionales.

Es válido mencionar, en este contexto, el trabajo desarrollado por el equipo de investigación en relación con la existencia, todavía, de la fi-gura de Protección de Persona (los resultados de la misma saldrán pró-ximamente en una publicación), el cual devela que se siguen “gestionan-do” estrategias de intervención que implican, para los chicos, situacio-nes que nada tienen que ver con la vida familiar, ni con la restitución de derechos vulnerados. Así se los dispone, se realiza su seguimiento o se define su salida del grupo familiar y el ingreso a institutos. Estas inter-venciones derivan en acciones que no hacen otra cosa que “castigar” a quien ha sido abusado o maltratado.

Cabe aquí otra pregunta. ¿Por qué en presencia de dispositivos nuevos, pensados a partir de toda la legislación disponible en esta ciudad, se con-tinúa con viejas prácticas y, debemos reconocerlo, no sólo desde el Poder Judicial sino también desde otros ámbitos del Estado?

Estamos de nuevo de cara a la necesidad de alterar, transformar, con-mover prácticas culturales, fuertemente arraigadas.

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¿Qué prácticas nuevas

posibilita la legislación vigente?

De acuerdo a la misma, el Estado local debe definir procedimientos y circuitos administrativos que garanticen derechos, para hacer efectivos los reconocidos por las normas jurídicas.

El Consejo, en cumplimiento de sus funciones de promoción y protec-ción, es el organismo competente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tomar intervención en situaciones de “maltrato en todas sus formas”. La Ley 114 en su Art. 39 establece: “Toda persona que tomare conoci-miento de la existencia de abuso físico, psíquico, sexual, trato negligente, malos tratos o explotación de niños, niñas y adolescentes debe comunicar-los inmediatamente a comunicar-los organismos competentes y a las Defensorías Zo-nales creadas por la presente ley. Si fuere funcionario su incumplimiento lo hará pasible de sanción”.

Aquí la legislación brinda una herramienta que permite que la denuncia no sea realizada directamente ante la Justicia, sino en el Consejo de los De-rechos, que a través de sus servicios centralizados y descentralizados, y en forma articulada con otras áreas de gobierno, implementará la estrategia adecuada para cada caso particular, teniendo en cuenta el interés superior del niño, principio que permite dirimir posibles antagonismos y que guía las intervenciones que se pueden pensar y realizar sobre la vida del niño. En los casos en los que sea necesaria la intervención de la Justicia, la misma deberá siempre ser acompañada por las propuestas formuladas por los equipos técnicos del Consejo.

En este sentido, se continúa avanzando en la tarea comenzada el año pasado, en forma conjunta con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, con el objetivo de establecer el marco legal operativo de aplica-ción de la Ley Nacional 24.417 (Protecaplica-ción contra la violencia familiar) pa-ra regular las acciones de todos los empleados y funcionarios públicos de las distintas áreas y organismos del GCBA.

De esta manera, las acciones legales que correspondan serán iniciadas por el Defensor de Guardia o la Defensoría Zonal, ante la autoridad compe-tente. Las Defensorías Zonales acompañarán las acciones legales con todos los antecedentes, el diagnóstico presuntivo, las propuestas de tratamiento previstas y la solicitud de las medidas jurisdiccionales pertinentes para el resguardo de los derechos consagrados en la Ley 114.

Con la Secretaría de Educación se continúa trabajando en el Regla-mento Escolar.

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Aquí cabe hacerse otra pregunta: ¿qué podemos hacer en el tema que nos convoca desde la promoción de derechos?

Si bien en los últimos años la problemática de los malos tratos ha al-canzado mayor visibilidad, es necesario trabajar aún más en la perspectiva de la incorporación del paradigma de la protección integral en todos los ám-bitos por los que el niño atraviesa.

La Ley 114 “obliga” a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Obliga, entre otras cosas, a establecer formas diferentes de vin-culación con las niñas, los niños y los adolescentes. Los derechos de los chicos deben tener su correlato en las obligaciones de las instituciones públicas o privadas por las cuales transitan durante su crecimiento. De-bemos entonces preguntarnos por el lugar que se le asigna a la palabra del niño en cada una de ellas.

Un niño que realiza el aprendizaje cotidiano de ser escuchado y que se desarrolla en el marco de relaciones democráticas dentro de las instituciones, tiene mayores posibilidades de contrastar su realidad familiar y no instaurarla como el único modelo de relación que existe y al que debe someterse.

En este mismo sentido, los profesionales que trabajan en instituciones que garantizan espacios de escucha, tienen mayores posibilidades de “dar-se cuenta” para “ver” que algo está pasando.

Un Estado que toma posición es un Estado que se obliga. Se obliga a que su posición no se vea reducida a una mera declaración de principios, sino a contar con las políticas públicas adecuadas y necesarias, a darles prioridad en la asignación de los recursos.

Se obliga también a no desarrollar propuestas, acciones que vulneren derechos o puedan llegar a violarlos; léase seguimientos, disposiciones, pericias, declaraciones, interrupciones en los vínculos significativos de su vida cotidiana, con familiares y amigos, para las víctimas de malos tratos o abuso sexual.

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Relevamiento de programas, servicios

y organizaciones de la sociedad civil

A partir del relevamiento llevado a cabo el año pasado por el Equipo de Formulación y Evaluación de Políticas Públicas se confeccionó una Guía de programas, servicios y organizaciones de la sociedad civil que abordan la problemática del maltrato y el abuso infantil. De este releva-miento surge que existe una oferta diversificada de servicios en relación con la dependencia y jurisdicción, el tipo de servicio, el tipo de aborda-je y la especificidad de la prestación.

Sin embargo, un análisis pormenorizado, realizado desde la protección integral de esta oferta diversificada de servicios y programas, plantea algu-nas cuestiones sustantivas.

Si partimos de considerar a los chicos como sujetos de derecho, esta-mos obligados a revisar la caracterización diagnóstica de esta población desde una perspectiva de protección de derechos.

Esto supone identificar los obstáculos existentes en la ciudad para la efectivización de los mismos y las medidas que el gobierno local adopta pa-ra removerlos. Requiere poner el acento no sólo en la oferta de políticas so-ciales y servicios, sino también en las condiciones y posibilidades que és-tos ofrecen para garantizar un acceso seguro y universal, y en los mecanis-mos que los mismecanis-mos ponen en marcha para asegurar la no discriminación, la participación, la provisión efectiva de los recursos y la adecuación de la normativa a lo establecido por la Ley 114.

Más allá de los distintos enfoques disciplinarios (médico, psicológico, social, jurídico) de los servicios relevados, se observa cierta intencionalidad explícita de asumir la complejidad de la problemática del maltrato y el abu-so. Esta intencionalidad se traduce en la conformación de equipos multi-disciplinarios, integrados por profesionales formados en pediatría, psiquia-tría, psicología, trabajo social, abogacía, educación, psicopedagogía y pro-moción de derechos, con el fin de lograr abordajes interdisciplinarios.

Por otra parte, algunas experiencias de trabajo en red (por ej.: RIAVI, Red de Violencia de los Servicios de Salud) han permitido avanzar en el estableci-miento de algunos acuerdos interinstitucionales de trabajo articulado para la instalación de un circuito de abordaje integral de esta problemática.

Sin dudas, estos avances representan logros importantes en la posi-bilidad de intervención y reparación de daños frente a situaciones de maltrato y abuso infantil.

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Sin embargo, resulta fundamental consolidar un sistema de protección específico para niños y adolescentes que sufren esta problemática, estable-ciendo una coordinación entre los distintos sectores que despliegan accio-nes en la ciudad, y articulando estrategias para evitar la superposición de servicios y de esfuerzos.

La detección activa debe constituir el primer paso de cualquier progra-ma de intervención. La forprogra-mación y capacitación de agentes de detección (educadores, trabajadores sociales, operadores comunitarios y adultos en general, que interactúan con niños), el conocimiento y la familiarización de éstos con la normativa vigente, así como el conocimiento del conjunto de servicios y recursos que la Ciudad ofrece para el abordaje de esta proble-mática, pueden contribuir a la detección del maltrato y abuso y a fomentar una rápida intervención.

Asimismo, toda política de prevención requiere la implementación de acciones de sensibilización dirigidas a toda la comunidad.

Descripción de los servicios del CDNNyA

e información estadística

En el ámbito del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes funcionan cuatro servicios: la Red de Defensorías, la Línea 102, la Guardia Permanente de Abogados y el Centro de Atención Transitoria, además del programa de Fortalecimiento de los circuitos de protección de derechos contra toda forma de explotación visible o no, remunerada o no, de niños y niñas, y dentro del mismo, el de explotación sexual comercial.

Servicios del CDNNyA Descripción Tipo de acceso

Defensorías Zonales Asesoramiento, seguimiento Servicio de acceso voluntario y patrocinio jurídico.

Línea 102 Atención telefónica las 24 hs. Recepción Servicio de acceso voluntario de denuncias de la población en general,

asesoramiento y derivación.

Guardia Permanente Atención las 24 hs. Recepción de Servicio de acceso institucional de Abogados denuncias institucionales, asesoramiento

y derivación.

Centro de Atención Centro de alojamiento para niños de 6 a Servicio de acceso por derivación Transitoria 21 años en situaciones de emergencia.

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Seguramente la mayoría de ustedes conocen las Defensorías Zonales (Servicios Descentralizados de Protección y Promoción de Derechos); en la actualidad funcionan 14 servicios descentralizados del Gobierno de la Ciu-dad de Buenos Aires y 1 ONG. A cargo de las mismas están equipos de profesionales integrados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados.

Entre sus objetivos se encuentra la promoción y protección de dere-chos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias pa-ra la instalación de una Política de Protección Integpa-ral, descentpa-ralizada, intersectorial y participativa.

Sus destinatarios son niños/as y adolescentes, y sus familias.

Sus tareas, entre otras, son: brindar orientación, asesoramiento y patro-cinio jurídico gratuito, realizar el seguimiento de casos y su eventual deri-vación a partir del trabajo en red con instituciones de áreas gubernamen-tales y con organizaciones no gubernamengubernamen-tales.

La Línea 102 es un servicio de atención telefónica que funciona las 24 hs del día durante todo el año. Recibe consultas de la población en general con relación a cualquier situación que involucre a niños/as y ado-lescentes. Su tarea principal consiste en el asesoramiento y derivación de la demanda telefónica a los diferentes servicios del Consejo o a las áreas de gobierno que correspondan. Cabe destacar que es un servicio de fácil acceso; se puede llamar desde cualquier teléfono y siempre hay una es-cucha que orienta y asesora.

La Guardia Permanente de Abogados está integrada por abogados que atienden las 24 horas, durante todo el año. Tiene a su cargo la recepción de consultas y denuncias institucionales vinculadas con situaciones de amenaza o de violación de derechos, así como la atención de niñas, niños y adolescentes involucrados en situaciones contravencionales.

Interviene realizando asesoramiento, patrocinio y derivación. Es impor-tante señalar que el acceso a este servicio se realiza a través de las insti-tuciones, no es un servicio abierto al público en general.

El Centro de Atención Transitoria (CAT) es un centro para el alojamien-to de chicos que, por distintas razones, se encuentran alejados de sus fa-milias y/o en conflicto con ellas. La derivación a este centro es realizada por la Guardia Permanente de Abogados ante situaciones de emergencia.

El CAT es de régimen abierto para chicos de 6 a 21 años de edad. El equipo de profesionales está formado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y operadores sociales.

Todos estos servicios proponen intervenciones en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). El abordaje,

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de carácter interdisciplinario, articula acciones descentralizadas que tienen como meta intervenciones mínimas, garantistas y desjudicializadoras de si-tuaciones sociales.

A continuación presentamos los datos estadísticos del año 2003, elabo-rados para cada uno de los servicios del Consejo.

Antes de dar cuenta de los datos estadísticos, creemos interesante des-cribir el proceso de construcción de las categorías que utilizamos para sis-tematizar y analizar la demanda.

En el año 1996, dentro del programa de Asistencia Jurídica dependien-te de la Secretaría de Promoción Social, hoy Desarrollo Social, se crea el área de investigación de la Red de Defensorías de la Ciudad de Buenos Ai-res. Una de sus primeras tareas fue la de conocer la población usuaria de la Red y la demanda que llegaba a este servicio.

En la medida en que la tarea estaba enmarcada dentro del paradigma de la protección integral, y dado que las categorías existentes, hasta ese momento, reflejaban una visión de la infancia y la adolescencia entendida como objeto de protección y control, que sólo permitía abordar la realidad de los chicos desde una perspectiva adultocéntrica, entendimos que nues-tro primer desafío era construir categorías que dieran cuenta de la deman-da de los niños y adolescentes como sujetos de derechos.

Así nuestro enfoque ha consistido, y consiste aún, en analizar los mo-tivos de consulta recibidos por los distintos servicios, desde la perspec-tiva de los derechos incluidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Los datos no son neutros; y toda construcción impli-ca una toma de posición.

Creemos que un abordaje que considera a los chicos como sujetos, po-sibilita caracterizarlos como ciudadanos capaces de cuestionar, reflexionar y ser partícipes en las decisiones sobre su vida. Asimismo, constituye un valioso insumo que contribuye al diseño y redireccionamiento de políticas dirigidas a este sector de la población.

Si bien la demanda recibida por los servicios dependientes del Consejo es analizada en el marco de la protección integral de derechos, hemos con-siderado necesario construir categorías diferenciadas en función de las par-ticularidades de cada uno de ellos.

En este sentido, los hemos agrupado en servicios de acceso voluntario (Defensorías Zonales, Línea 102) y servicios de acceso por derivación (Centro de Atención Transitoria y Guardia Permanente de Abogados).

Dicha distinción se basa en la posición que ocupan los sujetos en el momento de realizar la consulta. Así, en el caso de los servicios cu-ya demanda tiene origen en una derivación, el motivo de la consulta

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ha sido tamizado previamente por la intervención de una institución; es por ello que las categorías son descriptivas. En el caso de los ser-vicios de acceso voluntario, las categorías de análisis han sido cons-truidas como derechos.

Para todos los servicios se han elaborado instrumentos específicos de recolección de información.

Es válido aclarar que un motivo de consulta puede estar relaciona-do con varios derechos a la vez; en estos casos el criterio seguirelaciona-do para la conversión del motivo al derecho, es pensar en términos de dere-chos y ubicar la problemática en el más específico. Como hemos di-cho, esta reducción permite visualizar los derechos reclamados por los niños y adolescentes usuarios del servicio y analizar sus problemáti-cas desde esta perspectiva.

Los derechos utilizados para agrupar la demanda de los servicios de ac-ceso voluntario son:

• Derecho a la convivencia familiar • Derecho a la familia/cuota alimentaria • Derecho al desarrollo humano/autonomía • Derecho a un nivel de vida adecuado • Derecho a la identidad

• Derecho a no ser discriminado • Derecho a la defensa

• Derecho a medidas de protección especial de derechos • Derecho a ser informado

• Derecho a medidas de protección contra situaciones de violencia Las categorías de los servicios de acceso por derivación son: • Detención policial arbitraria

• Nivel de vida adecuado • Niños extraviados • Fugas

• Problemas de convivencia • Autorizaciones y pedidos • Asesoramiento

• Medidas para la definición de la situación familiar • Defensa

• Medidas de protección contra situaciones de violencia

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Seguidamente desarrollaremos el derecho y la categoría “Medidas de protección contra situaciones de violencia”.

Cabe señalar que tanto en los servicios de “acceso voluntario” como en los de “acceso por derivación” aparece como derecho y como categoría “Medidas de protección contra situaciones de violencia”.

Esta equivalencia se debe a la especificidad de este tipo de situacio-nes, en las cuales los niños son víctimas de delitos. En este sentido no se advierten diferencias entre las consultas realizadas por particulares o por una institución.

Esta dimensión de análisis se basa en la obligación que tiene el Estado de proporcionar a los niños la protección y el cuidado necesario para su bie-nestar y de implementar las medidas adecuadas teniendo en cuenta los de-rechos y las obligaciones de sus padres u otros responsables.

Los artículos de la CIDN que hacen referencia a esta categoría son: 3.2, 19.1, 20, 32, 34, 35, 36 y 39.

Dada la cantidad y diversidad de la demanda, hemos considerado ne-cesario distinguir, al interior de “Medidas de protección contra situaciones de violencia”, grupos que permitan describir más específicamente los dife-rentes tipos de motivos que la integran.

Estos grupos son:

• Protección de derechos de víctimas de delitos c/ la integridad se-xual: Incluye los siguientes motivos: “violación”; “abuso sexual” (por parte de padre, pareja de la madre, conocido, etc.); “presunción de abuso deshonesto”; “se presume que son manoseados y son testigos de relaciones sexuales”.

• Protección c/ la explotación sexual y comercial: se incluye “ejer-cicio de la prostitución”; “utilización de chicos en pornografía in-fantil por Internet”.

• Protección de derechos de víctimas de negligencia y maltrato: los motivos que se consignan son: “maltrato”; “abandono”; “niño/a víc-tima de amenazas”; “la chica es amenazada por el novio”; “protec-ción por abandono”; “maltrato de un vecino hacia el chico”; “hijo abandonado por la mamá”.

• Protección de derechos de víctimas de violencia familiar: hace ferencia a todo tipo de violencia (física y psíquica) dentro de las re-laciones familiares. Motivos: “violencia familiar”; “violencia por

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par-te de uno de los padres”; “marido ebrio las golpea”; “la mamá con-sume drogas y dice que se va a suicidar y matar a la hija”.

• Protección de derechos de víctimas de delito c/ la propiedad, c/ las personas y c/ la libertad: “víctima de robo”; “lesiones”; “lo amenazaron de muerte”; “niño robado en la calle”; “un hom-bre se llevó al hijo a Paraguay sin su consentimiento”; “priva-ción ilegítima de la libertad”.

• Protección de derechos c/ las peores formas de explotación: los sub-grupos que se han construido son:

- Reducción a la servidumbre - Tráfico de estupefacientes - Otras

• Otros.

Cabe destacar que la distinción entre Protección de derechos de víc-timas de negligencia y maltrato y Protección de derechos de vícvíc-timas de violencia familiar es de índole metodológica, ya que nos permite vi-sualizar en forma diferenciada la diversidad de situaciones por las cua-les se consulta.

De este modo, en la primera categoría (víctimas de negligencia y maltrato) se incluyen las consultas en las que se explicita claramente que los malos tratos tienen por objeto al niño/a o adolescente; es decir, se trata de acciones —ya sea de maltrato, descuido o negligencia— ejer-cidas sobre los niños.

En la otra categoría (víctimas de violencia familiar) se incluyen aquellos motivos en donde las situaciones de violencia involucran a todo el grupo fa-miliar, con lo cual la violencia es ejercida ya sea sobre los niños, o sobre los adultos integrantes de esa familia.

De esta manera se distingue entre la situación de maltrato ejercida ex profeso sobre el niño y la situación de maltrato en la que el niño es víctima de una situación de violencia que se vive en el hogar.

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Red de Defensorías Zonales

de Niñas, Niños y Adolescentes

Durante el año 2003, en las Defensorías Zonales se registraron un total de 9.896 motivos de consulta que involucraron a 8.150 niños, niñas y ado-lescentes. Cabe aclarar que el total de consultas no es el mismo que el to-tal de niños usuarios del servicio, ya que un niño y/o adolescente en una misma entrevista puede realizar más de una consulta.1

Los tres derechos más solicitados fueron:

• Derecho a la convivencia familiar, con el 29,61% (2.930 motivos). • Derecho a un nivel de vida adecuado con el 21,20% (2.098 motivos). • Derecho a medidas de protección c/ situaciones de violencia, con el

17,05% (con 1.687 consultas). DERECHOS Consultas % A NO SER DISCRIMINADO 41 0,41 A SER INFORMADO 132 1,33 DEFENSA 95 0,96 DESARROLLO HUMANO/AUTONOMIA 380 3,84 CONVIVENCIA FAMILIAR 2.930 29,61 FAMILIA/CUOTA ALIMENTARIA 917 9,27 IDENTIDAD 862 8,71

MEDIDAS DE PROTECCION C/ SITUACIONES DE VIOLENCIA 1687 17,05 MEDIDAS DE PROTECCION ESPECIAL DE DERECHOS 208 2,10

NIVEL DE VIDA ADECUADO 2.098 21,20

OTROS 234 2,36

S/I 312 3,15

TOTALES 9.896 100

1 Por ejemplo, en las Defensorías una mujer puede consultar por una situación de

vio-lencia familiar y requerir también la tramitación de la documentación de los hijos. En este caso, se considera que los motivos de consulta son dos, uno referido a alimen-tos y otro a documentación. Esalimen-tos dos motivos son luego convertidos en derechos, es decir, agrupados en categorías.

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Del total de consultas, el 54% fueron realizadas por mujeres y el 45% por varones.

Hasta los 12 años se concentra el 74% del total de consultas, dismi-nuyendo la cantidad a medida que aumenta la edad.

La distribución al interior de este derecho, es la siguiente:

GRUPOS DEL DERECHO: MEDIDAS DE PROTECCION TOTAL %

CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA

VICTIMAS DEXPLOTACION COMERCIAL SEXUAL 10 0,5

VICTIMAS DE LAS PEORES FORMAS DE EXPLOTACION 4 0,2

VICTIMAS DE DELITO C/ PROPIEDAD, LIBERTAD Y PERSONAS 51 3

VICTIMAS DE DELITO C/ LA INTEGRIDAD SEXUAL 218 13

VICTIMAS DE NEGLIGENCIA Y MALTRATO 546 32,3

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 858 50,85

TOTAL 1.687 100

Al interior del grupo víctimas de negligencia y maltrato se observa que 399 consultas se relacionan a maltrato y 147 a negligencia. Con relación a la variable sexo, han consultado por igual varones y mujeres.

1 . Cristina Erbaro y equipo

17 % 83 % Otros derechos Derecho a medidas de protección contra situaciones de violencia

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En relación con el grupo de víctimas de delitos contra la integridad se-xual se observa que el 85% corresponde a abuso, con 185 consultas, y el 15% a violación, con 33 consultas. Con relación a la variable sexo, el 75,21% de las consultas las efectuaron mujeres.

27 % 73 % Negligencia Maltrato 15 % 85 % Violación Abuso

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Línea 102

Durante el año 2003, en la Línea 102 se registraron un total de 9.567 consultas. Los derechos más solicitados fueron:

• Derecho a un nivel de vida adecuado, con el 38,72% (3.705 consultas). • Derecho a medidas de protección contra situaciones de violencia, con

el 30,58% (2.926 consultas).

• Derecho a la convivencia familiar, con el 14,46% (1.384 consultas).

En lo que respecta al derecho a medidas de protección contra situacio-nes de violencia, el 47% de las consultas las realizan mujeres y el 51% va-rones. Podemos decir que la mayor cantidad de consultas se concentran hasta los 12 años (76,5%).

La distribución al interior de este derecho, es la siguiente:

GRUPOS DEL DERECHO: MEDIDAS DE PROTECCION Niñas/os %

CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA y adolescentes

VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL 38 1,3

VICTIMAS DE DELITOS C/ LA INTEGRIDAD SEXUAL 241 8,2 VICTIMAS DE DELITOS C/ PROPIEDAD, LIBERTAD Y PERSONAS 13 0,4

VICTIMAS DE NEGLIGENCIA Y MALTRATO 1.647 56,1

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 987 34

TOTAL 2.926 100

1 . Cristina Erbaro y equipo

31 % 69 % Cantidad de motivos de consulta. Medidas de protección contra situaciones de violencia.

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Para visualizar en forma más desagregada los motivos que se incluyen en estas categorías presentamos el siguiente gráfico. En él se observa que el 27% de las consultas se relacionan con situaciones de negligencia y el 73% con maltrato; consultaron más varones (54,5%) que mujeres.

En relación con el grupo de víctimas de delitos contra la integridad se-xual, se observa que la mayoría de las consultas están relacionadas con situaciones de abuso y sólo el 6% de violación. El 63,3% de las consultas fueron realizadas por mujeres.

27 % 73 % Negligencia Maltrato 6 % 94 % Violación Abuso

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Servicios de acceso por derivación

Guardia Permanente de Abogados

Durante el año 2003, en la Guardia Permanente de Abogados se reci-bieron 2.526 consultas.

Las categorías que reúnen más consultas han sido:

• Autorizaciones y pedidos, con el 24,9% (628 consultas). • Nivel de vida adecuado, con el 14,3% (361 consultas). • Detención policial arbitraria, con el 13,61% (344 consultas).

Podemos decir que la categoría Medidas de protección contra situacio-nes de violencia ocupa el 6° lugar, con el 10,5% del total.

En relación con la distribución por sexo en esta categoría, se obser-va que el 49% corresponde a consultas que involucran a mujeres, y el 44,5% a varones.

A diferencia de los otros servicios, la franja etaria que concentra la ma-yor frecuencia es la de 16 a 18 años, que representa el 23,4%, y le sigue en importancia la de 10 a 12 años, con el 16,6%.

Esto se puede relacionar con la mayor cantidad de consultas rela-tivas a víctimas de explotación sexual comercial que son realizadas por la Policía y/o la Justicia Contravencional de la Ciudad, en base al artículo 71 del Código de Convivencia Urbana (oferta y demanda de sexo en la vía pública).

1 . Cristina Erbaro y equipo

10 % 90 % Medidas de protección con situaciones de violencia Otros motivos de consulta

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La distribución al interior de esta categoría, es la siguiente:

GRUPOS DE LA CATEGORIA MEDIDAS DE PROTECCION Niñas/os y %

CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA adolescentes

VICTIMAS DE DELITOS C/ LA INTEGRIDAD SEXUAL 43 16,3

VICTIMAS DE NEGLIGENCIA Y MALTRATO 81 30,5

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 86 32,4

VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL 48 18,2

VICTIMAS DE DELITO C/ PROPIEDAD, LIBERTAD Y PERSONAS 7 2,2

TOTALES 265 100

El grupo Protección de derechos de víctimas de negligencia y maltra-to, suma un total de 81 consultas, que se subdivide en 17 de Negligen-cia y 64 de Maltrato.

Cabe destacar que para Negligencia, las consultas realizadas por mu-jeres son 10 y las realizadas por varones 7. Con relación a la variable edad, la mayor frecuencia se concentra en la franja etaria de 0 a 3, con el 47% de las consultas.

Para Maltrato, podemos decir que de las 64 consultas, el 51,7% están relacionadas a varones y el 48,3% a mujeres. Con relación a la variable edad, hasta los 15 años se concentra el 87,5% de las consultas.

El grupo Protección de derechos de víctimas de delitos contra la integri-dad sexual, suma un total de 43 consultas, que se sudidive en 35 de abu-so sexual y 8 de violación. Cabe destacar que para Abuabu-so, el mayor porcen-taje de las consultas están relacionadas con mujeres. Con respecto a la edad, se observa que en la franja etaria de 10 a 12 años se concentra la mayor frecuencia, con 9 consultas.

Cabe destacar que a diferencia de los otros tipos de consulta que ge-neralmente son resueltos directamente por la Guardia Permanente, la mayor parte de las relativas a violencia familiar, víctimas de negligencia y maltrato y víctimas de delitos c/ la integridad sexual, han sido deriva-das por la Guardia Permanente de Abogados, ya sea a Defensorías zo-nales, Defensorías Públicas de Menores, Poder Judicial, o al Centro de Atención Transitoria.

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Centro de Atención Transitoria

Durante el año 2003, en el Centro de Atención Transitoria hubo 673 de niños/as y adolescentes ingresados.

Las categorías de motivos de ingreso que reúnen mayor cantidad de fre-cuencias son:

• Nivel de vida adecuado, con el 25% (167 ingresos). • Detención policial arbitraria, con el 23,2% (156 ingresos). • Niños extraviados, con el 16,2% (109 ingresos).

• Medidas de protección contra situaciones de violencia, con el 14,3% (96 ingresos).

En la categoría Medidas de protección contra situaciones de violencia, encontramos un 27% de mujeres y un 73% de varones.

La franja etaria que concentra la mayor frecuencia es la de 13 a 15 años, que representa el 26%, y le sigue en importancia la de 16 a 18 años, con el 18,7%.

La distribución al interior de esta categoría, es la siguiente:

GRUPOS: PROTECCION CONTRA Niñas/os y adolescentes %

SITUACIONES DE VIOLENCIA

VICTIMAS DE DELITOS C/ INTEGRIDAD SEXUAL 6 6,25

VICTIMAS DE NEGLIGENCIA Y MALTRATO 55 57,3

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 24 25

VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL 11 11,4

TOTALES 96 100

1 . Cristina Erbaro y equipo

14 % 86 % Medidas de protección contra situaciones de violencia Otros motivos de ingreso

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El grupo Protección de derechos de víctimas de negligencia y maltrato re-presenta el 57,29% del total de la categoría. Para este grupo, podemos decir que el 29% de los ingresos están relacionados con Negligencia y el 71% con Maltrato. Cabe destacar que en ambas problemáticas se constata una mayor cantidad de ingresos de varones (76,4%) que de mujeres (23,6%).

El grupo Protección de derechos de víctimas de delitos c/ la integridad se-xual representa el 6,25%. Es importante señalar que todos los ingresos rela-cionados con este grupo corresponden a mujeres. Se registró un solo caso de violación, mientras que el resto fue de abuso. La franja etaria donde se con-centra la mayor cantidad de ingresos por este tema es la de 13 a 15 años.

Consideraciones finales

Todos, cada uno en el lugar y desde el objetivo que su práctica tiene, estamos obligados a superar el paradigma de la ambigüedad, porque la po-sibilidad de ir generando nuevas prácticas es un proceso social que debe ser construido en forma colectiva, interpelando conceptos, intervenciones, asumiendo la responsabilidad de que con nuestras modalidades de relación y las actuaciones que llevemos a cabo con niñas, niños y adolescentes, ellos escriben una parte de su historia.

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2

Un espacio de escucha

y visibilización de situaciones

de vulneración de derechos

de chicos y chicas: la Línea 102

Lic. María Federica Otero

Licenciada en Psicología. Master en Psicología Clínica (UNB, Brasil). Integrante del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (GCBA). Docente 1ª regular, Carrera Psicología, e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora del libro Infancia, Vulneración de Derechos e Intervenciones en la Urgencia. Editorial Espacio, 2004.

“Somos los niños y niñas cuyas voces no se oyen:

es hora de que nos tomen en cuenta.”1

Las voces de todos los niños deben ser escuchadas y tomadas en cuen-tas, y particularmente aquellas que denuncian desgarradoras situaciones de vulneración y/o violación de derechos.

Con el objeto de escuchar esas voces, tomarlas en cuenta e interve-nir con y junto a ellas es que se crea dentro del ámbito del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una línea telefónica gra-tuita para todos los chicos, chicas y adultos de la Ciudad de Buenos

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