24 de febrero del 2017 DCA-0426

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División de Contratación Administrativa Al contestar refiérase al oficio No.

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24 de febrero del 2017 DCA-0426 Señores

Carlos Alvarado Quesada

Ministro de Trabajo y Seguridad Social Hernán Solano Venegas

Director Ejecutivo

Consejo de Salud Ocupacional Estimado señor:

Asunto: Se deniega solicitud de autorización para realizar contratación directa para el desarrollo del “Proyecto de Automatización de la Gestión de Salud Ocupacional”, por un monto de ¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones).

Nos referimos a su oficio No. DMT-1265-2016 del 20 de diciembre del 2016, recibido en esta Contraloría General el 22 de ese mismo mes y año, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.

Mediante oficios Nos. 00406 (DCA-0058) del 17 de enero del 2017 y 01351 (DCA-0238) del 2 de febrero del 2017, esta División solicitó información adicional necesaria para atender el trámite planteado, requerimientos que fueron atendidos por esa Administración según los términos de los oficios MTSS-DMT-59-OF-2017 del 19 de enero y DE-040-2017 del 10 de febrero, ambos del presente año.

I. Antecedentes y justificaciones.

Esa Administración justificó la solicitud de autorización de conformidad con los siguientes aspectos:

1. Que la conformación de las Comisiones de Salud Ocupacional en todos los centros de trabajo, es una obligación legal y política determinante para que se operacionalice la prevención del riesgo laboral, la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo.

2. Que la Salud Ocupacional es declarada de interés público cuya finalidad es promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general, así como prevenir todo daño causado a la salud de este por las condiciones de trabajo.

3. Que el diagnóstico de la realidad del país en materia de salud ocupacional y la política nacional de salud ocupacional, establecen prioridades de intervención que buscan la

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disminución de la accidentabilidad laboral del país dirigida a grupos ocupacionales específicos y actividades empresariales más riesgosas. Así las cosas, existe una problemática claramente definida en materia de salud ocupacional, para lo cual una de las formas de atenderla es a través del fortalecimiento y vigilancia de las diferentes estructuras de prevención de las empresas e instituciones del país, razón por la cual surge la necesidad de disminuir los tiempos para la contratación del “Portal de Centros de Trabajo” y agilizar la implementación del sistema automatizado de trámites e información, en el menor tiempo posible por considerarse de interés público.

4. Que aunado a lo anterior, hay que considerar la alta accidentabilidad laboral que en el 2015 estableció que 8.9 personas de cada 100 trabajadores, sufrió un accidente laboral, en este sentido la meta es reducir ese porcentaje a 7.5 personas accidentadas. También en este mismo año 80 personas trabajadoras perdieron la vida consecuencia del trabajo, es decir un 4.5% con respecto a cada 100.000 personas ocupadas, cuya meta es bajar ese porcentaje a un 2%. Agrega que tales circunstancias implican costos altos para las empresas, el trabajador y el sistema de seguridad social, pues en ese mismo año se presentaron 115.817 denuncias por accidentes laborales, 2.089.221 días de incapacidad -18 días de incapacidad por persona asegurada-, con los consecuentes efectos a nivel personal y familiar.

5. Que las principales causas de accidentes laborales, se refieren a aspectos de organización en el trabajo, lo cual se relaciona con la seguridad en el trabajo, ausencia de programas de orden, limpieza, falta o debilidad de protocolos de actuación, falta de información e identificación del riesgo laboral, razón por la cual es necesario ampliar el número de comisiones y oficinas de salud en el país, pues la cobertura es limitada, por lo que a existir un proceso de automatización tanto para la promoción como la fiscalización de estas instancias, permitiría coadyuvar el déficit de estas estructuras.

6. Relacionado con lo anterior destaca que debería existir 2.445 oficinas de salud ocupacional, de las cuales hay 1.330 para el año 2015, es decir hay un déficit de 1.115, tanto a nivel privado como público. Que deberían existir 40.000 comisiones de salud ocupacional, de las cuales 7.479 al 2015 se encuentran registradas, lo anterior implica un déficit de 32.000 comisiones. Que el recurso humano del CSO es limitado, razón por la cual solo se puede destacar una persona para la atención de procesos de registro e información de las comisiones y oficinas de salud ocupacional. Que además es una prioridad del Plan Nacional de Salud Ocupacional 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, pues se estableció una meta específica sobre la promoción y el funcionamiento de las comisiones de salud ocupacional, la cual a setiembre del año 2016, se encuentra en riesgo de incumplimiento, pues se reporta un 68.6% de cumplimiento.

7. Que en las últimas décadas la inscripción de oficinas y comisiones de salud ocupacional se ha realizado en forma física y presencial, obligando al usuario a trasladarse a las oficinas centrales para realizar los trámites. En relación con lo anterior y para mejorar la situación como solución parcial se habilitó el trámite por medios electrónicos, y la demanda del servicio es muy creciente, por lo que se requiere de un sistema automatizado que agilice

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estos trámites y la información que el usuario requiere, es busca de mejorar, simplificar y disminuir costos y tiempo de respuesta en los diversos trámites (registro de oficinas y comisiones, acreditación, autorizaciones, informes de accidentes mortales, incidentes para cada uno de los centros de trabajo, generación de estadísticas por actividad, territorio, sexo, en tiempo real y oportuno).

8. Que la iniciativa se suma a los objetivos del Gobierno que buscan generar procedimientos electrónicos que agilicen, faciliten y hagan más eficiente los trámites que realizan los ciudadanos, razón por la cual se ha planteado el presente proyecto, que implica la creación de una plataforma electrónica para racionalizar y automatizar los trámites y procesos del CSO y así mejorar la relación con el usuario, tener un Registro Nacional en Salud Ocupacional (RNSO) que contenga toda la información de las empresas y organizaciones, sujetas a los lineamientos del Código de Trabajo, además se constituirá un Almacén de Datos que permitirá a futuro el análisis de indicadores, emisión de políticas y acciones específicas en esta materia.

9. Que se torna imperioso contar con este sistema para lanzar una campaña de cumplimiento sobre la conformación de las oficinas y comisiones, de lo contrario debilitarían las estructuras de prevención como brazos operativos de la salud ocupacional, habrían menos estructuras preventivas en las empresas, limitación para disminuir la accidentabilidad laboral y muertes en los trabajos, descontento de los usuarios sobre el servicio de registro e información, entre otros.

10. Que esa Administración realizó un estudio de mercado, para estimar los costos relativos a la implementación del sistema, cada una de sus etapas y sus requerimientos técnicos, razón por la cual y partiendo de lo expuesto solicita al órgano contralor autorización para apartarse del proceso ordinario de licitación pública y de esta manera acortar los plazos mediante un procedimiento de excepción para desarrollar el proyecto “Automatización de la gestión de salud ocupacional” por un monto de ¢300.000.000,00, no obstante que cuenta con el contenido presupuestario de ¢235.760.886,00 suficiente para cubrir el desembolso del año 2017. Adjuntó certificación de contenido presupuestario.

11. Que para cumplir con los tiempos establecidos y alcanzar la debida satisfacción del interés general, es necesario recurrir a un procedimiento sustituto que facilite y agilice los tiempos de adjudicación y solventar la necesidad urgente del CSO, para ello adjunta el cronograma comparativo entre ambos procedimientos, en el cual se refleja que la contratación directa implicaría un ahorro de 10 meses, tiempo valioso y estratégico para la puesta en marcha del proyecto.

II. Criterio de la División.

La Ley de Contratación Administrativa, contempla como excepciones a los procedimientos ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis inciso c), de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su

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Reglamento, habilitando la aplicación de la excepción cuando existan razones suficientes para considerar que el procedimiento de contratación directa es la mejor forma alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.

De manera que, para aplicar un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes que lleven al convencimiento de que la contratación directa es la vía que mejor satisface el interés público, tal y como lo señala el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al establecer: “La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o

de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.”(lo destacado no es del original), así, se procede

analizar la solicitud planteada por la Administración a la luz de lo preceptuado en la normativa citada, para determinar si en el caso se configuran los presupuestos y autorizar lo solicitado.

Concretamente el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) hace ver a esta Contraloría General, la imperante necesidad que tiende de disponer de una plataforma electrónica para racionalizar y automatizar los diversos trámites relacionados con la inscripción de oficinas y comisiones de salud ocupacional a nivel nacional, tanto para empresas privadas como en el sector público, para difundir información, lineamientos en la materia, otorgar acreditaciones y autorizaciones a estas estructuras organizaciones, así como fomentar un Registro Nacional en Salud Ocupacional (RNSO) y una Base de Datos, que permitan generar estadísticas, informes y acciones concretas en la toma de decisiones, relacionadas con el bienestar físico, mental, social del trabajador, pero sobre todo en tratar de reducir los altos niveles de accidentabilidad y mortalidad laboral, todo ello derivado de la meta planteada en el Plan Nacional de Salud Ocupacional 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.

De esta manera este órgano contralor tiene por acreditado que la Administración ha identificado una necesidad tendiente a satisfacer los fines encomendamos por mandato legal y el interés público que reviste el tema de la salud ocupacional, contando para ello con un estudio de mercado que determina la estimación del costo del “Proyecto de Automatización de la Gestión de Salud Ocupacional” en ¢235.760.886,00, disponiendo del contenido presupuestario suficiente para la erogación, en el presente año 2017.

No obstante lo anterior, dentro de las justificaciones brindadas por esa Administración para apartarse de la realización del procedimiento ordinario que por el monto corresponde, -aspectos que a efectos de otorgar la autorización solicitada se tornan de extremada relevancia-, ha expuesto esa Consejo enfáticamenterelevancia-, que tiene que ver con los tiempos en que se desarrolla un proceso ordinario, pues según explica es urgente la necesidad de implementar el Sistema Automatizado de la Gestión de Salud Ocupacional, con el cual se reduciría el margen de accidentabilidad y mortalidad laboral.

En relación con lo anterior, observa este órgano contralor que la motivación brindada por esa Administración para excepcionarse del proceso ordinario, corresponde exclusivamente al factor el tiempo como principal elemento que la Administración ha encontrado suficiente para

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no realizar el procedimiento ordinario. Ahora bien, se ha expuesto que se torna relevante para el cometido institucional, contar con el sistema de automatización de procesos y trámites, en la búsqueda de agilizar todos los trámites con las diferentes oficinas y comisiones de salud ocupacional, lo cual sería un gran paso hacia las políticas estatales en la digitalización y automatización de trámites en pro de los usuarios; lo cual no desconoce este órgano contralor en el caso en cuanto lo necesaria que pueda resultar esa atención. No obstante, en el caso no se ha demostrado en el trámite que la necesidad únicamente se pueda atender por medio de una contratación directa, ni que exista una afectación al interés público si se opta por un procedimiento ordinario.

Al respecto, debe señalarse que de la lectura de la información que se remtitió; se desprende que el tiempo que conlleva realizar la licitación pública, sería el único inconveniente que esa Administración encuentra como motivación primordial para no realizar la respectiva licitación. Sobre este ragumento, no puede compartir este órgano contralor que la regla constitucional resulte en sí misma una razón para autorizar una excepción.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este órgano contralor deniega la solicitud planteada por el Consejo de Salud Ocupacional tendiente a realizar una contratación directa para el desarrollo del “Proyecto de Automatización de la Gestión de Salud Ocupacional”, por un monto de ¢300.000.000,00, en la medida en que no se han acreditado razones suficientes para no realizar el procedimiento ordinario correspondiente y así atender el interés público perseguido.

Atentamente,

Elard Gonzalo Ortega Pérez Gerente Asociado

Rebeca Bejarano Ramírez Fiscalizadora

RBR/chc

NI: 35615,1333, 3368, 3503 Ci Archivo Central

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