La responsabilidad de proteger a la luz del Derecho Internacional Público: la legitimación del uso de la fuerza en las Relaciones Internacionales.

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LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO: LA LEGITIMACIÓN DEL USO DE LA FUERZA EN

LAS RELACIONES INTERNACIONALES.

Lic. Katia Montes de Oca Milán

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En nuestros días, caracterizados por la ocurrencia de conflictos armados tanto al interior de los países como en el ámbito internacional, presupone un reto para la Organización de las Naciones Unidas y para el Derecho Internacional Público conciliar los principios como la soberanía nacional y la prohibición del uso de la fuerza con la emergente doctrina de la responsabilidad de proteger y los intereses imperialistas de las potencias en el marco de una crisis estructural del sistema capitalista.

La Responsabilidad de Proteger. Algunas consideraciones.

La responsabilidad de proteger quedó formalmente aprobada en el Documento Final de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas de 2005 como un compromiso en virtud del cual la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la depuración étnica bajo el criterio de que la soberanía de un Estado conlleva responsabilidades e incumbe al propio Estado la responsabilidad principal de proteger a su población cuando esté sufriendo graves daños, pero si ese Estado no quiere o no puede evitar dichos sufrimientos esa responsabilidad debe ser asumida por la comunidad de Estados. La aprobación de la Asamblea General se consiguió a pesar de la inicial oposición de Rusia y un grupo de Estados como Cuba, Venezuela, Pakistán y Zimbabue. En este sentido, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe planteó:

El concepto que deberíamos crear para el futuro de las Naciones Unidas no debería estar repleto de nociones ambiguas que presentan una oportunidad para los Estados que buscan interferir en los asuntos internos de otros Estados. Conceptos como la intervención humanitaria o la responsabilidad de proteger deben ser analizados con minuciosidad para poner a prueba los motivos de sus defensores”1.

El compromiso alcanzado por los Estados sobre la responsabilidad de proteger y plasmado en el Documento Final de la Cumbre de 2005 es de carácter político y, como toda resolución proveniente de la Asamblea General, no tiene carácter obligatorio para los Estados. No obstante, en el mundo actual, en el que estamos asistiendo a un indiscutible retroceso en la justicia internacional y en la transparencia de la actuación de la Organización de Naciones Unidas, donde Estados Unidos intenta legitimar sus acciones cambiando los postulados del Derecho Internacional Público, es necesario cuestionarse el discurso político que rodea a la responsabilidad de proteger a la luz del Derecho Internacional Público.

Es indiscutible que el aspecto más controvertido de la responsabilidad de proteger es la intervención militar que conlleva la llamada respuesta oportuna y decisiva, teniendo en cuenta el desafío que representa para la soberanía de los Estados y

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la oportunidad en que se erige para las políticas de intervención y control por parte de las potencias occidentales sobre el resto del mundo, teniendo en cuenta que esta doctrina legaliza el uso de la fuerza en el Derecho Internacional Público. No obstante, es necesario dejar sentadas algunas cuestiones. En primer lugar cabe preguntarse cómo ha de ser entendida la responsabilidad, si en sentido jurídico cuya inobservancia es generadora de consecuencias jurídicas o como deber moral con matices políticos. En este punto debemos tener en cuenta que los Estados han aceptado dos tipos diferentes de responsabilidad: una primaria individual de cada Estado y otra subsidiaria colectiva que recae en la comunidad internacional. La responsabilidad primaria del Estado se desenvuelve en el ámbito de la responsabilidad de prevenir y se refiere principalmente a la realización de acciones positivas y de medidas de prevención y en su caso, de protección de la población civil frente a situaciones de carácter excepcional, la cual parece más ser un deber moral con cierta fuerza política que una responsabilidad en sentido jurídico, máxime teniendo en cuenta que en el Documento Final no hay una clara referencia a una obligación. Entonces, la responsabilidad de proteger impone un deber moral cuyo incumplimiento genera una consecuencia, que puede traducirse en intervención militar, que no es estrictamente jurídica sino de carácter político en tanto no está sujeta a criterios jurídicos propios del régimen de responsabilidad internacional. Consecuentemente estaríamos hablando de que los Estados han adoptado un concepto que no encuentra un fundamento en las normas de responsabilidad internacional de los Estados y, por tanto, su incumplimiento no se relaciona directamente con el régimen de responsabilidad internacional, sino con la intervención militar, o sea, es un concepto moral que cobra vida fuera de este régimen y ajeno al Derecho Internacional Público. En cuanto a la responsabilidad de la comunidad internacional, parece quedar claro que tampoco constituye una obligación jurídica en sentido estricto sino un deber moral cuyo incumplimiento generaría consecuencias políticas. Esta responsabilidad se desenvuelve no sólo en el área preventiva sino que alcanza las responsabilidades de reaccionar y de reconstruir en caso de incumplimiento del Estado con su responsabilidad de proteger.

En sede de los beneficiarios consideramos que el reiterado término población se refiere a la población civil entendida como el conjunto de personas que se hallan dentro de un territorio estatal que no toman parte directa en un conflicto armado y pueden ser víctimas de las partes combatientes pero, siguiendo el análisis realizado en las líneas precedentes, no podemos afirmar que les corresponde un derecho subjetivo de protección que pueda reclamarse ya que el Estado y la comunidad internacional sólo poseen un deber moral de protección en materia de responsabilidad de proteger, sin desconocer las obligaciones emanadas de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que tienen los Estados cuya violación daría lugar a la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal individual.

Son destinatarios de la responsabilidad de proteger los Estados en primera instancia y subsidiariamente la comunidad internacional. En cuanto al Estado, a este corresponde garantizar la seguridad de su población como expresión también

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de su soberanía pero a la hora de analizar la responsabilidad subsidiaria que corresponde a la comunidad internacional el debate se complejiza. El primer problema que se nos presenta lo constituye la imprecisión del término comunidad internacional a pesar de uso reiterado en el ámbito de las Naciones Unidas. En este sentido, y a diferencia del Estado, la comunidad internacional no es un ente político definido que pueda expresar de manera inequívoca su voluntad y en consecuencia, esta expresión generalizada no se reconoce como un sujeto de derecho en el marco del Derecho Internacional Público y, no obstante, se le asigna una responsabilidad, aunque no sea entendida esta como obligación jurídica, como si fuese un sujeto de derecho internacional a un ente que no puede manifestar su voluntad porque no consta de atributos concretos. Una vez que hemos visto a la comunidad internacional en si misma considerada cabría preguntarse entonces quienes la conforman y quienes entonces deben actuar en su nombre. Es interesante hacer notar que en esta doctrina de la responsabilidad de proteger se le ha asignado al Consejo de Seguridad jugar el papel de representante de la comunidad internacional. No obstante, atendiendo a las características de este órgano de carácter político y de poder, la responsabilidad de proteger al final sólo se aplicaría a países subdesarrollados o países en los cuales las potencias occidentales tengan manifiestos intereses y sería imposible su aplicación a las potencias que tienen derecho de veto o sus principales aliados.

La responsabilidad de proteger no encuentra sustento legal en las normas de Derecho Internacional Público sino que las contradice en sus principios y postulados, a la vez que defiende una nueva concepción de soberanía como deber y a la vez como derecho condicional dependiente del respeto de los derechos humanos. No obstante, la soberanía sigue constituyendo un principio fundamental del derecho internacional garantizado en la Carta de la ONU en la forma de igualdad soberana de los Estados del cual emanan otros principios y normas como el principio de no intervención, la prohibición del uso de la fuerza, y el derecho de autodeterminación de los pueblos. No podemos olvidar entonces que corresponde al Estado garantizar a su población condiciones de igualdad para el goce de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales para lo cual cuenta con un conjunto de normas jurídicas que le permite ejercer esas facultades de protección. Desde esta perspectiva, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial en el marco del Derecho Internacional Público son principios garantes y requisitos previos para que el Estado pueda cumplir con la responsabilidad que le corresponde de proteger a su población ya que cumplen la importante función de garantizar la libertad e independencia de todos los Estados en sus relaciones, y de resguardarlos de injerencias extranjeras, lo que a su vez repercute en beneficio de sus poblaciones, contribuyendo así al mantenimiento del orden internacional.

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La legitimación del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

El hombre, desde su surgimiento, ha recurrido al uso de la fuerza en el desarrollo de sus relaciones con sus semejantes. De esta forma, la conformación de una sociedad internacional integrada por Estados soberanos conllevaba la afirmación de una potestad discrecional para hacer la guerra como corolario de la independencia e igualdad inherentes a la condición soberana de sus Estados miembros. Así, el recurso a la guerra se entendía en función del derecho de los Estados a velar por el respeto de sus derechos subjetivos y la satisfacción de sus intereses sobre la base de sus propios medios, siendo la guerra una última instancia que podían utilizar para solucionar sus controversias o para alcanzar otros fines en apoyo de sus intereses nacionales.

Es por estas razones que, desde los tiempos más remotos, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales va a ser objeto de las reflexiones de filósofos y cientistas políticos y se alzaron voces que intentaban limitar su uso. En este sentido surgieron las concepciones que intentaron desarrollar límites materiales al empleo de la fuerza en torno a los conceptos del ius ad bellum o derecho a la guerra y el ius in bello como conjunto de normas que regían las hostilidades. El Derecho Internacional Público de la época, previa asunción del carácter natural de la potestad de guerra, se limitaba a disciplinar jurídicamente sus efectos imponiendo ciertos límites en el desarrollo de las acciones armadas a través de las normas del Derecho de la Guerra. No obstante, esto no impidió que a lo largo de los siglos XV al XIX la guerra fuera considerada un derecho soberano de los Estados que empleaban la fuerza como un instrumento de política internacional que obedecía exclusivamente a intereses estatales sin que se respetara límite alguno. La Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, por ejemplo, estuvo basada en la plena admisión del ius ad bellum de los Estados soberanos.

Es a principios del siglo XX que comienzan a darse los primeros pasos encaminados a limitar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El primer hito significativo fue la Segunda Convención adoptada por la Conferencia de la Paz celebrada en La Haya el 18 de octubre de 1907, también conocida con el nombre de Convención Drago-Porter, relativa a la prohibición del uso de la fuerza para el cobro de deudas contractuales en el cual se establece el compromiso de no recurrir a la fuerza contra un país deudor, salvo que éste no acepte la solución del conflicto mediante el arbitraje. El estallido de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que trajo consigo determinaron que se dieran pasos más firmes en aras de limitar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En este sentido, en el Pacto de la Sociedad de Naciones podemos encontrar los primeros indicios de un moderado intento de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales teniendo en cuenta que los artículos 12 y 15 establecían los procedimientos a seguir antes de proceder a la declaración de guerra, entre los que se contemplaban vías de solución pacífica de las controversias. No obstante, quedaban fuera de esta regulación los casos en que el Derecho Internacional considerase el conflicto dentro de la competencia exclusiva del Estado. Por otra parte, el artículo 16 establecía que si un miembro de la Sociedad recurriese a la guerra a pesar de los compromisos contraídos, como el

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arbitraje y el arreglo judicial, se le considerará ipso facto como si hubiese cometido un acto de guerra contra todos los demás miembros de la Sociedad, lo cuales se comprometían a romper inmediatamente toda relación comercial o financiera con él, a prohibir toda relación de sus respectivos nacionales con los del Estado que haya quebrantado el Pacto y a hacer que cesaran todas las comunicaciones financieras, comerciales o personales entre los nacionales de dicho Estado y los de cualquier otro Estado sea o no miembro de la Sociedad. El Pacto constituyó un hito en tanto consideraba la guerra como el último instrumento de solución de los conflictos entre los países pero tuvo como principal limitante el hecho de que continuaba aceptando el uso de la fuerza como un medio para que los Estados defendieran sus intereses.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 revitalizó la idea de la prohibición de las guerras en las relaciones internacionales, quedando consagrada como uno de los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1948 y que en su artículo 2 apartado 4 establece "Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas."

De esta forma, la Carta de las Naciones Unidas establece la obligación de todo Estado de abstenerse de recurrir a la fuerza en el desarrollo de las relaciones internacionales sin distinguir en que se trate de una guerra formalmente declarada o de cualquier otra medida coactiva que implique el uso de la fuerza o la amenaza de recurrir a ella e impone la correlativa obligación de resolver las controversias por medios pacíficos en el apartado 3 del propio artículo. Vale destacar que al utilizarse el término uso de la fuerza como objeto de la proscripción se amplía su alcance ya que este incluye no sólo la guerra sino todo género de acciones coactivas que van desde las armadas hasta las de tipo económico.

Con la firma de la Carta de las Naciones Unidas se puso fin a la licitud de la agresión siendo en nuestros días la prohibición del uso de la fuerza un principio de Derecho Internacional Público considerado como una norma de Derecho Internacional ius cogens cuyo carácter imperativo impone a todos los Estados el deber de abstenerse a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y cuya vulneración configura una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para el mantenimiento de la paz. En ese sentido se pronunció la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de 27 de junio de 1986, en el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, y tras verificar el reconocimiento por las partes de que los principios relativos al empleo de la fuerza que figuran en la Carta de las Naciones Unidas se identifican con los reconocidos por el Derecho Internacional consuetudinario, la Corte vio en la Resolución 2625 (XXV), adoptada mediante consenso, una manifestación relativa al valor obligatorio del deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y en tal sentido consideró que la aceptación de los principios enunciados en dicha Resolución no puede ser interpretada, "como un simple recordatorio o una simple especificación del compromiso convencional adquirido en la Carta de las Naciones Unidas; puede, al contrario, interpretarse como una adhesión al valor de

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la regla o de la serie de reglas declaradas por la Resolución y tomadas en sí mismas". El principio de prohibición del recurso a la fuerza recogido en el artículo 2 párrafo 4 de la Carta, en opinión de la Corte, debe ser considerado como un principio de Derecho Internacional consuetudinario, lo cual se refuerza para las partes teniendo en cuenta que los representantes de los Estados "lo mencionan a menudo no sólo como un principio de Derecho internacional consuetudinario, sino incluso como un principio fundamental o esencial de ese Derecho" (CIJ, 27 de junio de 1986).

No obstante, la prohibición del recurso a la fuerza no entraña que toda acción de fuerza constituya un hecho internacionalmente ilícito, pues la propia Carta prevé excepciones en relación con la prohibición y establece medidas de acción colectiva para restablecer la paz allí donde se haya alterado. Así, el principio de la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza tiene como únicas excepciones los dos supuestos autorizados por la Carta de las Naciones Unidas. En primer lugar, el Consejo de Seguridad, de acuerdo con los artículos 24 y 252 y el Capítulo

VII de la Carta, puede autorizar acciones colectivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional y en segundo lugar el artículo 51 reconoce el derecho de legítima defensa al afirmar que ninguna disposición de la Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado. En el primer caso se entiende que el uso de la fuerza por parte de un Estado en contra de las previsiones establecidas por el Derecho Internacional constituye un acto de agresión3 frente al cual la ONU puede adoptar

medidas. A ese fin, se atribuye al Consejo de Seguridad la potestad de investigar si una controversia puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y de determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión así como para recomendar o decidir las medidas que resulten necesarias para hacerle frente, y que podrán ser desde medidas que no impliquen el uso de la fuerza como la interrupción de relaciones económicas, comunicaciones o ruptura de relaciones diplomáticas hasta las medidas que impliquen una acción realizada por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres contra el Estado responsable, según se establece en los artículos 41 y 42 de la Carta, siendo las acciones armadas emprendidas por la ONU un uso de la fuerza legítimo como expresión de su potestad de sancionar esos actos, aunque lo cierto es que, con independencia de las operaciones de mantenimiento de la paz encargadas a los cascos azules en un grupo de países, se ha limitado a autorizar el uso de la fuerza a los países o coaliciones de países contra otros Estados

2El artículo 24 de la Carta de Naciones Unidas establece que los Estados miembros confieren al

Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y el artículo 25 recoge que los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad.

3 Según la Resolución 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974 adoptada por la Asamblea General la agresión se define como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

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seguidas según intereses nacionales que evidencian claramente el desencuentro entre las previsiones de la Carta y la realidad internacional determinada por la confluencia de fuerzas políticas y económicas.

En el segundo caso se trata de aquellas acciones armadas que constituyan ejercicio del derecho de todo Estado a la legítima defensa individual o colectiva a tenor del artículo 51 y sólo procede su ejercicio en caso de ataque armado4 contra

la integridad territorial o la independencia política del Estado o de acciones armadas dirigidas contra sus tropas, buques o aeronaves en espacios no sometidos a su jurisdicción como alta mar o a sus tropas en territorio extranjero. En cualquier caso, la acción armada debe de ser puesta en conocimiento del Consejo de Seguridad por parte del Estado atacado y cesará una vez que este órgano adopte las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en razón del carácter subsidiario y provisional que se atribuye a la acción defensiva del Estado. Por otra parte, las acciones de fuerza eventualmente adoptadas deben de atenerse a los criterios de necesidad y proporcionalidad teniendo en cuenta que las acciones en legítima defensa deben de orientarse exclusivamente a rechazar el ataque armado y resultan ilícitas aquellas acciones que excedan de esta finalidad. De igual forma se exige la inmediatez en la acción defensiva entendida como la proximidad temporal entre el ataque armado y la adopción de las medidas defensivas. En cuanto a la legítima defensa colectiva, esta se entiende como la respuesta colectiva ante un ataque armado de un Estado dirigido contra varios Estados o bien como la defensa por uno o más Estados de otro Estado víctima de un ataque armado basada en el interés general del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En este sentido, la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo las actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua, consideró que en la legítima defensa colectiva debían darse como condiciones que el Estado en cuyo beneficio va a ejercerse el derecho de legítima defensa declare que ha sido víctima de un ataque armado y solicite la ayuda de los demás.

Tomando como base estas excepciones a la prohibición general del recurso a la fuerza ha intentado abrirse paso a lo largo del tiempo el criterio de legitimidad de las intervenciones con fines humanitarios al sostener que cualquier Estado estaría facultado para adoptar medidas de fuerza sobre otro Estado orientadas a proteger a su población frente a violaciones graves y masivas de los derechos humanos, desconociendo que este tipo de medidas han sido expresamente proscritas en los desarrollos normativos de la Carta como lo es la Resolución 2625 (XXV) que prohíbe las represalias armadas. En este sentido, la excepción prevista en el artículo 42 de la Carta ha sido utilizada en el intento de legitimar la utilización del

4 La sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las actividades militares y

paramilitares en y en contra de Nicaragua señala que por ataque armado hay que entender no sólo la acción de fuerzas armadas regulares de una parte a otra de una frontera internacional, sino también el envío de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios.

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uso de la fuerza al amparo de la responsabilidad de proteger ya que establece que las medidas que impliquen o no el uso de la fuerza armada han de ser autorizadas por el Consejo de Seguridad de acuerdo con las facultades que le confiere el Capítulo VII relativas a restablecer la paz y la seguridad internacionales. Esto trae como consecuencia que ante la determinación de que una situación humanitaria constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales se podrán adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento, incluidas las de tipo militar que impliquen el recurso de la fuerza.

De esta forma se han admitido manifestaciones de la intervención humanitaria, previa autorización del Consejo de Seguridad, como las que tuvieron lugar en Somalia en 1992 y en Ruanda en 1994 y otras que se llevaron a cabo sin esta autorización como lo fue la intervención multinacional en el Kurdistán iraquí en 1991 y en Kosovo en 1999.

En igual sentido, el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 en lo relativo a la responsabilidad de proteger prevé el uso de la fuerza dentro de las prescripciones existentes en la Carta, lo cual a todas luces pretende legitimar el recurso de la fuerza para proteger a las poblaciones de las violaciones de los derechos humanos al amparo de la excepción del artículo 42 por lo que para ello se requerirá de una resolución del Consejo de Seguridad en la que se autorice una intervención militar previa calificación de la situación como una amenaza a la paz y la seguridad internacional. En nuestro criterio lo cierto es que, se haya contado o no con autorización, todas constituyen manifestaciones ilegítimas del uso de la fuerza en el marco de las relaciones internacionales y contravienen la legalidad internacional vigente.

Por otra parte, algunos autores consideran que se está produciendo una evolución en el Derecho Internacional que va a dar al traste con el surgimiento de una nueva excepción al principio de la prohibición del uso de la fuerza considerándose válida la adopción de contramedidas que implicaran el uso de la fuerza en caso de encontrarse en presencia de una situación de violación muy grave, masiva y reiterada de los derechos humanos fundamentales. No obstante, deben darse como condiciones previas el hecho de que el Consejo de Seguridad haya conminado repetidamente al fin de dicha situación sin resultados, demostrándose inútiles todos los intentos de solución diplomática del conflicto. En cualquier caso el empleo de la fuerza ha de realizarlo un conjunto de Estados, no sólo uno y la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas no se ha de oponer al uso de la fuerza para poner fin a la situación.

Más discutido es, en cambio, el criterio relativo a la conformidad con el Derecho Internacional de acciones de fuerza o de amenaza de fuerza dirigidas a proteger los derechos humanos mediante una interpretación extensiva y flexible de la prohibición general recogida en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta. En este sentido, los defensores de las intervenciones humanitarias y la responsabilidad de proteger, en aras de hallar un sustento que legitime el uso de la fuerza con fines humanitarios, han sometido a interpretación las palabras finales del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta, en tanto refiere que se abstendrán de recurrir a la fuerza en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, y en consecuencia sostienen que la Carta no prohíbe el uso de la fuerza como tal, sino

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el empleo de la fuerza en una forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas por lo que cuando es un recurso para la protección de los derechos humanos, propósitos de las Naciones Unidas expresamente reconocidos en la Carta, no constituiría una violación de la prohibición general del recurso a la fuerza.

Nuestro criterio difiere radicalmente de los expuestos teniendo en consideración que uno de los avances más relevantes en el marco del Derecho Internacional es la obligación de los Estados de solucionar por medios pacíficos las controversias internacionales y las situaciones que puedan poner en peligro el mantenimiento de la paz así como la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza de fuerza en el marco de la relaciones internaciones,por lo que aceptar la legitimidad del recurso a la fuerza armada es inadmisible ya que supondría un retroceso respecto a la norma de Derecho Internacional que con carácter imperativo lo prohíbe. En este sentido, resulta a todas luces más viable que los Estados puedan adoptar en estos casos medidas de carácter diplomático, político o económico para con aquellos que infrinjan la obligación internacional erga omnes de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, lo cual no vulneraría las normas de Derecho Internacional Público al infringir el principio de prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, como está enunciado en la Carta de las Naciones Unidas, con el desarrollo de acciones que no impliquen un ataque armado. Sin lugar a dudas, frente a los intentos tendentes a legitimar el uso de la fuerza armada por los Estados, siguen siendo válidas las palabras de la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de 9 de abril de 1949 en el caso relativo al Estrecho de Corfúcuando sostuvo que el pretendido derecho de intervención, por la naturaleza de las cosas reservado a los Estados más poderosos, no puede ser considerado por la Corte más que como ¨manifestación de una política de fuerza, que en el pasado ha dado lugar a los más graves abusos y que, cualesquiera que sean las deficiencias del sistema actual de Organización Internacional, no encuentra lugar alguno en el Derecho internacional" (CIJ, 1949).

Como hemos podido apreciar, a la hora de analizar la doctrina de la responsabilidad de proteger, es necesario dejar sentado un criterio que de manera muy acertada fue manifestado por el Embajador Jorge Valero Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU en el Debate General sobre el informe del Secretario General: Hacer efectiva la responsabilidad de proteger. En este sentido plantea que, si discutiéramos en abstracto, y todos los actores involucrados en la dinámica de las relaciones internacionales actuaran inspirados –de verdad- por una visión holística, este tema no debería generar ningún desencuentro. Sin embargo, a la luz de la experiencia histórica contemporánea es un tema profundamente controversial. En primer lugar por el predomino que tienen en el mundo de hoy las potencias imperiales dominantes cuyos intereses determinan generalmente el rumbo de la dinámica de las relaciones internacionales. Hay, además, una circunstancia coyuntural relevante: la inexistencia de normativas vinculantes ya que los párrafos 138 y 139 del

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Documento Final de la Cumbre del 2005 son los únicos elementos disponibles para su consideración en el marco de la Asamblea General.5

5Valero, Jorge. Intervención en el Debate General sobre el informe del Secretario General: Hacer efectiva la responsabilidad de proteger. Nueva York. 24 de julio de 2009.

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BIBLIOGRAFÍA

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