1 Mesa 20: Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Seguridad Hídrica: diálogos en torno a estudios de caso
Título: REPLANTEANDO LA GIRH DESDE DOS ESCENARIOS DE CONFLICTOS
Autor y ponente: Carmen Maganda, INECOL
Colaboradores: Jose Luis Alvarez, Ricardo Contreras y Sonia Morán
Resumen:
Este trabajo analizará dos casos donde proyectos de represas hidroeléctricas fueron suspendidos por movimientos de resistencias/defensas del territorio en Guerrero y
Veracruz. La complejidad y conflictividad de estos casos nos ofrecerán elementos críticos para analizar el enfoque de la GIRH ante dos propuestas de proyectos hidroeléctricos poco consensados e incluso enmarcados por escenarios de corrupción.
Abstract:
This paper will analyze two cases where hydroelectric dam projects were suspended by resistance movements in Guerrero and Veracruz. The complexity and conflict of these cases will offer us critical elements to analyze the approach of the GIRH facing two proposals for hydroelectric projects that were not very consensual and even framed by corruption scenarios.
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Introducción:
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), es un concepto antiguo y
ampliamente desarrollado que ha inspirado reformas del sector hídrico en muchos países; pero al mismo tiempo ha sido criticado por no considerar el contexto local, las realidades cotidianas o los problemas de legitimidad durante la implementación de tales reformas del sector hídrico. Al-Saidi (2017) hacer referencia a las experiencias mundiales donde
programas con enfoque GIRH han conducido a resistencias, conflictos y finalmente a fallas en las intervenciones; pero el mismo autor también identifica la potencialidad de los instrumentos de GIRH para abordar los conflictos si incorporaran los pilares de "paz y seguridad" en su enfoque.
Este tema cobra relevancia especialmente en una era globalizada donde algunas comunidades rurales o pequeñas ciudades que participan en proyectos de gestión del agua pueden ser objeto/sujeto de algunos programas/intervenciones de actores
2 desconfían -no sin antecedentes- de cualquier tipo de intervención en los territorios
locales, lo que dificulta no solo el alcance de una gestión integrada del agua sino llevar a cabo proyectos de investigación en esas áreas.
Este documento aborda las experiencias de investigación en dos comunidades mexicanas caracterizadas por la resistencia local a los proyectos de presas vinculadas a intentos gubernamentales y público-privados de GIRH. Nuestro supuesto es que la GIRH en México no tiene un potencial real de implementación local mientras siga existiendo resistencia y/o desconfianza local a los proyectos hidráulicos como las presas hidroeléctricas (gubernamentales o privadas).
Al respecto, queremos también señalar los desafíos metodológicos relacionados con la investigación científica sobre la gobernanza del agua y las relaciones de poder en estos casos mexicanos en los que los proyectos de represas han creado resistencia en las comunidades locales: La Parota (en el estado de Guerrero) y Los Pescados (en el estado de Veracruz).
Después de esta introducción, el documento presentará un breve marco conceptual seguido de una explicación metodológica sintetizada. Posteriormente presentaremos las principales características de nuestros casos de estudio y concluiremos con algunas reflexiones a manera de conclusiones.
Marco conceptual:
Históricamente, los problemas de gestión del agua han develado desigualdades
socioterritoriales por lo que muchos analistas han hecho llamados a un mejor acceso a los recursos hídricos en todo el mundo. Particular atención ha ocupado América Latina donde los recursos hídricos están generalmente relacionados con proyectos tecnocráticos y falta de consenso/participación social en los procesos de toma de decisiones, planeación y proyectos sobre el agua, lo que ocasiona eventuales conflictos derivando muchas veces en una resistencia organizada para la defensa de los recursos hídricos y del territorio (Isch, et. al., 2012). Muchos proyectos de presas hidroeléctricas se han construido sin consenso social, y otras tantas se planean construir, lo que a su vez genera protestas y resistencia social que afecta sobre todo a la cohesión de las comunidades locales. De este contexto surgen algunos ejes teóricos relacionados con el ‘despojo hídrico/injusticia hídrica’ generados por proyectos de represas de imposición ‘vertical’ y su consecuente resistencia social en las comunidades rurales de América Latina y particularmente en México. A continuación un breve recuento de esta historia.
Los grandes proyectos de presas y la creación de embalses han sido generalmente controvertidos y con frecuencia involucran una compleja variedad de actores que juegan un papel importante en la conservación, construcción y función ambiental de estos proyectos (Égré y Senécal, 2003; Scudder, 2012). En el caso de América Latina, Brasil tiene la mayor producción de energía hidroeléctrica de la región amazónica. Es
aproximadamente el 70% de la electricidad total producida en el país (Petrere et al., 2002; Pringle et al., 2000). Argentina tiene aproximadamente cinco grandes proyectos de
represas seguidos por Venezuela con cuatro y Colombia con tres (Corporación
3 Centroamérica está un poco detrás de esta tendencia desarrollada de las grandes
represas; sin embargo, la presa Francisco Morazán ubicada en Honduras es una de las más grandes del mundo (Flores et al., 1996). Centroamérica ha desarrollado más el modelo de pequeñas centrales hidroeléctricas privadas, como es el caso de Costa Rica (Anderson et al., 2006). México tiene veinte plantas hidroeléctricas y, según declaraciones oficiales, se considera un país prometedor en la producción de electricidad a través de la energía limpia. El objetivo en 2012 era producir el 34% de la electricidad consumida en el país a través de sistemas con menores emisiones contaminantes (Ramos-Gutiérrez y Montenegro Fragoso, 2012). Sin embargo, este objetivo no se ha alcanzado y fue
pospuesto recientemente en 2026 (Comisión Federal de Electricidad, 2015; Secretario de Energía de la conferencia de prensa Pedro Joaquín Coldell. La Jornada, 2016; Secretaría de Energía, 2012).
En la mayoría de los casos, los grandes proyectos de represas están asociados a consecuencias sociales y físicas negativas tales como impactos en las características culturales y socioeconómicas, modificaciones del paisaje, mayor grado de exposición física a terremotos y deslizamientos de tierra, modificación de ciclos biogeoquímicos, pérdida de biodiversidad, rechazo y vulnerabilidad social de grupos étnicos cercanos a los proyectos, hasta desplazamientos forzados de población (Isch, et. al., 2012; Pringle et al., 2000). Aunque, otro tipo de literatura señala los beneficios asociados con grandes
proyectos de represas y embalses, por ejemplo, el tipo de electricidad obtenida a través de sistemas menos contaminantes, la construcción de infraestructura en comunidades cercanas a los proyectos, el suministro de fuentes confiables de agua potable y el riego, actividades recreativas e ingresos económicos (Brown et al., 2009; World Commission on Dams, 2000). Sin embargo, hay muchos casos latinoamericanos en los que los proyectos de represas son rechazados por las comunidades locales con desafortunadas
consecuencias. Para mencionar algunos, el proyecto Chixoy en Guatemala (1975), fue construido en el área donde el grupo indígena Maya Achi ha vivido durante cientos de años. Este caso es conocido debido a la masacre de 1982 donde alrededor de 440 aldeanos resistentes (incluyendo mujeres y niños) fueron asesinados (Colajacomo y Chen, 1999). Yacyretá en Argentina y Paraguay (1973) se caracteriza por el movimiento de resistencia de aproximadamente 80,000 personas (Brites, 2016, 2015). Belo Monte en la cuenca del río Xingu del Amazonas ha sido conocido por su resistencia social al
proyecto argumentando serios daños ecológicos (Diamond & Poirier, 2010; Fearnside, 2006). Solo para mencionar algunos entre muchos casos controvertidos.
En respuesta, los movimientos sociales contra las grandes represas también han constituido grandes organizaciones basadas en la comunidad internacional como el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en Brasil. La Federación de Afectados por Yacyretá de Itapúa y Misiones (FEDAYIM) en Argentina y Paraguay, la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y el Movimiento Mesoamericano contra las Represas y Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), para mencionar a la mayoría de los representantes con el apoyo de organizaciones internacionales como International Rivers.
México también tiene su propia historia de conflictos sociales relacionados con el riego y las represas hidroeléctricas. La construcción de represas en el río Papaloapan ha
4 de 25,000 personas mazatecas fueron desplazadas (Robinson, 2000). La misma situación ocurrió en la presa de Cerro de Oro donde se trasladaron más de 25,000 personas
chinantecas tradicionales (Barabas y Bartolomé, 1992; Velasco Toro, 1991), entre otros ejemplos. Pero nuestra atención se dirige a los casos particulares de proyectos
hidroeléctricos que fueron cancelados por movilizaciones sociales: Itzantun (1983), en Chiapas; El Zapotillo (2004), en Jalisco; San Juan Tetelcingo (1992), La Parota (2006) en Guerrero; y Los Pescados (2015) en Veracruz.
Recapitulando, podemos identificar los siguientes enfoques conceptuales en este tipo de casos:
a) Existe un cuerpo de literatura sobre procesos unilaterales de toma de decisiones y la falta de consenso social. Este enfoque se ve reforzado por la presunta presión de los bancos internacionales, empresas paraestatales y los gobiernos detrás de los proyectos de represas, que buscan oportunidades ‘exitosas’ para inversiones en materia de
desarrollo en marcos de estabilidad.
b) Otro grupo de literatura aborda las percepciones de la comunidad basadas en la justicia procesal ambiental como un determinante importante para la aceptación de nuevos proyectos.
c) Otros autores dirigen sus reflexiones al empoderamiento social más allá del objetivo original de su resistencia a las luchas sociopolíticas radicales. Existe un vínculo ideológico de estos movimientos sociales contra el llamado "modelo económico neoliberal" en el que México está inmerso. Esta reacción se expresa en contra de los acuerdos internacionales que involucran algún tipo de infraestructura hidroeléctrica como el Tratado Libre de América del Norte (TLCAN), el Área Libre de Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla Panamá (ahora Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamericano) y acuerdos de libre comercio con la Unión Europea.
Metodos:
Este trabajo se basa en las experiencias de investigación de un equipo académico del INECOL asociado al proyecto GIRH-SH en dos comunidades mexicanas caracterizadas por resistencia local a proyectos de presas vinculadas a intentos gubernamentales y público-privados de gestión hídrica: La Parota (en el estado de Guerrero) y Los Pescados (en el estado de Veracruz). El objetivo inicial del proyecto era, una vez obtenida la
reivindicación de la defensa (el paro del proyecto), analizar el potencial interés de participación social de las dos comunidades en la GIRH a múltiples niveles y múltiples actores en sus Estados. Sin embargo, al realizar las primeras visitas piloto/introductorias, encontramos desconfianza en nuestra agenda y objetivos de investigación, especialmente expresada por algunos miembros de la organización PUCARL (Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres) en Jalcomulco, vinculada a la resistencia de la represa Los Pescados. Decidimos entonces desistir en la solicitud de entrevistas in situ,
5 ¿Qué potencial real de implementación local tiene el precepto de la GIRH en México (y cualquier programa o proyecto derivado) frente a escenarios de resistencia y/o
desconfianza local a los proyectos hidráulicos como las presas hidroeléctricas?
Para poder responder a esta pregunta, consideramos que los proyectos de presas hidroeléctricas que se describirán a continuación, fueron propuestos en el marco de una política de gestión integrada del agua (GIRH), aunque con perfiles diferentes: uno de corte gubernamental y otro privado-público.
Casos de estudio:
Este trabajo presentará un análisis de la implementación de la GIRH en dos casos donde proyectos de represas hidroeléctricas fueron suspendidos o desplazados por resistencias locales: 1) Un análisis a 14 años de distancia de la resistencia social al proyecto
hidroeléctrico La Parota, Guerrero (2002-2017), y 2) el proyecto de usos múltiples en el río Los Pescados, Veracruz (2013-2017).
Mapa 1. Los dos casos de investigación con proyectos de presas impugnadas
Fuente: diseñado por Luis Alvarez, INECOL, 2017.
6 El proyecto hidroeléctrico La Parota nos representa un caso de estudio con escenario de resistencia pero también con una aparente reivindicación a la impugnación del proyecto. La Parota estaba ubicada sobre la cuenca baja del río Papagayo en el estado de
Guerrero, cerca de la ciudad de Acapulco que es internacionalmente conocido como un complejo turístico muy desarrollado desde la década de 1950 (ver Mapa 2). De hecho, el proyecto surge en aparente respuesta a las demandas de energía eléctrica del creciente puerto de Acapulco, por lo que estuvo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se proyectaba su puesta en marcha para el 2006, en el estado de Guerrero.
La superficie afectada sería de 14,300 hectáreas directamente y 17,000 directa e indirectamente, sobre 21 territorios de los cuales 17 de ellos eran ejidos, 3 bienes
comunales y uno de propiedad privada. Representantes de estas comunidades reportaron que no hubo presentación del proyecto, ni diálogos locales, ni solicitud de consentimiento antes de que en el 2003 la CFE intentara ingresar maquinaria pesada en sus territorios, siendo éste el origen de una resistencia popular (con diferentes frentes opositores) y escalada (apoyo de ONGs nacionales e internacionales).
Mapa 2. Proyecto de la represa La Parota en Guerrero
Fuente: diseñado por Luis Alvarez, INECOL, 2017.
7 Mesoamericano), firmado en 2001 por el ex presidente mexicano Vicente Fox. Este
proyecto incluyó nueve países de América Central (Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y siete estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El proyecto representó una inversión multimillonaria por parte de gobiernos nacionales y organizaciones multilaterales en proyectos de infraestructura a gran escala en la región (Call, 2002). El plan incluía inversiones significativas en los sectores de transporte,
telecomunicaciones y energía. Parte del plan en México incluyó la construcción propuesta de la represa hidroeléctrica Parota. Si se hubiese construído, el proyecto de presa
propuesto se hubiese convertido en una de las presas más grandes de México e
inundaría 14.300 hectáreas (con impacto indirecto en 17.000 hectáreas), con una represa de 162 metros de alto para generar 349 Gw / h (CFE, 2004).
Sondeos de los medios de comunicación señalaban que la mayoría de los habitantes urbanos del puerto de Acapulco estaban a favor de la Parota. Por el contrario, las poblaciones rurales se verían afectadas negativamente por este proyecto. Según
entrevistas a grupos de oposición, esto afectaría a 24 comunidades y 25 mil agricultores en 5 distritos del estado de Guerrero: Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero,
Tecoanapa y Chilpancingo (Maganda, 2010). Específicamente, varias comunidades en el área de impacto inmediato del proyecto serían desplazadas. Aquí la resistencia social tomó diferentes frentes, de un lado los llamados 'resistentes originales' que sostienen la bandera de ser los primeros que detuvieron las máquinas exploradoras para abrir el acceso a los constructores de represas, y de otro el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores más amplio a la Presa La Parota (Consejo de Cooperativas y Comunidades Opositoras de la Represa Parota - CECOP). Esta segunda organización se identifica como el primer impulsor en la creación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Fuerzas Armadas y Defensa de los Ríos (MAPDER).
El conflicto en torno al proyecto La Parota comenzó en 2003 cuando la CFE comenzó la construcción (apertura de caminos, introducción de máquinas pesadas, perforaciones, deforestación y construcción de campos de trabajadores de la construcción) en la tierra comunal de Cacahuatepec, supuestamente sin comunicaciones previas a la comunidad sobre este procedimiento y sin la autorización oficial de SEMARNAT para realizar
cambios en el uso de la tierra. Aquí es donde los "resistentes originales" se opusieron a la introducción de la CFE en sus tierras rusticamente armadas (entrevista a dos de los oponentes originales, mayo de 2017). Según los informes, hubo daños a la tierra comunal y violaciones de los derechos humanos.
La CFE intentó por varios frentes comprar terrenos para la construcción del proyecto de presa argumentando la necesidad de garantizar los recursos de energía y agua a
Acapulco. Si bien, uno de los directores del organismo operador local de agua (CAPAMA), afirma que La Parota nunca ha sido un proyecto orientado a llevar agua a la ciudad
(entrevista a funcionario de CAPAMA en mayo de 2017). CFE también contrató a un equipo de académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) para realizar investigaciones socio-económicas locales en las comunidades para identificar las
8 corrupción entre los funcionarios públicos, particularmente de la Procuraduría Agraria, con el fin de comprar tierras por debajo del valor de mercado o tomarlas directamente. Hay una larga historia de acusaciones de reuniones ilegales (asambleas) supuestamente aprobadas por el Fiscal General Agrario pero luego canceladas cuando los oponentes de la represa podían demostrar pruebas de actividades ilegales basadas en la corrupción (es decir, compra de votos, oferta de alimentos, presencia militar inapropiada).
El CECOP, más que los "oponentes originales", ha respondido a la presión política de la CFE y del gobierno estatal con protestas y movilizaciones. Estos actores de la oposición insistieron en numerosas acciones que promovían la ilegalidad, un clima de acoso y violencia entre la población que se oponía al proyecto. La escalada del conflicto político derivó en ataques físicos (y presuntamente cuatro muertes) en la zona, así como a períodos de encarcelamiento de los principales líderes. El gobierno estatal reprimió las protestas políticas a través de acciones policiales duras. Pero la sociedad de Acapulco expresó mayormente su rechazo social a las reacciones provocadoras de CECOP quienes desarrollaron numerosas movilizaciones sociales en las principales calles
turísticas e incluso llegaron a tomar los contenedores de agua que alimentan a Acapulco por la fuerza. En 2006, con la asistencia de Tlachinollan (ONG de derechos humanos en Guerrero), el CECOP presentó un caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua acusando al Gobierno del Estado de Guerrero, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Agraria. Estas autoridades fueron elegidas porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevaba a cabo el proyecto con el apoyo de las agencias mencionadas. Hasta la fecha, podemos recapitular que el proyecto La Parota ha sido detenido simbólica y oficialmente en diferentes ocasiones y escenarios. Uno en 2003 cuando los oponentes originales lucharon contra las máquinas exploradoras CFE; otro en 2006 cuando un tribunal mexicano declaró que algunas de las reuniones de consulta celebradas por la Comisión Federal de Electricidad no eran válidas. Otro mandato temporal en 2007 fue ordenado por un juez federal mexicano en respuesta a una acusación al gobierno y a la CFE de otorgar ilegalmente autorización ambiental y una concesión de agua para la represa, junto con graves violaciones de derechos humanos, falta de seguimiento ambiental mexicano e internacional ley, y una negativa a llevar a cabo un proceso de aprobación abierto y transparente (International Rivers, 2012). El 13 de septiembre de 2009, La Parota fue pospuesta hasta 2018 por el gobierno mexicano, aparentemente debido a la recesión económica. Finalmente, el 16 de agosto de 2012, el ahora
exgobernador estatal Angel Aguirre y miembros de CECOP firmaron los "Acuerdos de Cacahuatepec", dando un final simbólico definitivo de la represa La Parota, en la que el gobernador se comprometió a buscar audiencia con el entonces presidente mexicano Felipe Calderón para explicar su rechazo oficial a la presa.
Los Pescados: o en otras palabras, el Proyecto Odebrech de usos múltiples de Xalapa (2013-2017). Igual que en el caso anterior, se estima que el proyecto de la hidroeléctrica en el río Los Pescados estaba inscrito en el contexto del Proyecto de Integración y
Desarrollo Mesoamérica (PIDM), antes Plan Puebla Panamá (PPP) en el cual se propuso la construcción de 27 represas en México, y 116 en Guatemala (Ruiz E.Z., 2013). Marco base del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa (PMX), de perfil público privado
9 aprobado en el Congreso de Veracruz en marzo de 2013, a través del esquema de
proyecto para la prestación de servicios.
Historiadores contemporáneos apuntan que el proyecto de la presa del río Los Pescados fue originalmente concebido por el gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera, en 2010. En ese momento, Herrera visitó Sao Paulo para conversar con Marcelo Odebrecht (Olmos & Lizárraga). Los intereses de Odebrecht en Veracruz incluyeron un paquete completo de inversiones en gestión del agua en la ciudad de Veracruz, generación de energía en Xalapa y procesos químicos relacionados con la producción de petróleo en Coatzacoalcos. En 2013, Marcelo Odebrecht visitó México, el gerente general de la constructora brasileña visitó al presidente mexicano Peña Nieto y junto con el presidente de PEMEX, Emilio Loyoza, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, Marcelo
Odebrecht visitó las instalaciones de Etileno XXI en Veracruz para celebrar las inversiones de la empresa brasileña en México. Todas estas actividades estaban
preparando un escenario favorable para que la empresa brasileña propusiera una alianza con el Gobierno de Veracruz llamada Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, creada en abril de 2013. Con este contrato, Odebrech fue señalado a cargo de la construcción de la presa Los Pescados y dos empresas más para producir y comercializar energía: Texolo Energía Renovable y Energético La Antigua (Proceso 2017; Olmos & Lizárraga).
La proyección de una presa hidroeléctrica sobre el río Los Pescados (parte de la cuenca hidrológica de La Antigua que abarca parte de los estados de Puebla y Veracruz, siendo en este último donde ubica su descarga hacia el Golfo de México), incluía una cortina de 100 metros de altura y 700 metros de longitud, almacenando 135 millones de m. cúbicos de agua, con un embalse de 440 kilómetros cuadrados (Gaceta Parlamentaria, 2014). El proyecto también incluyó un acueducto de aproximadamente 42 kilómetros para mover el agua. La altitud considerada inicial fue de aproximadamente 500 metros, que se terminará en la ciudad de Xalapa con una altitud de 1400 metros (Gaceta Parlamentaria, Número 3976-VI, 2014 Gobierno del Estado de Veracruz, 2013).
El argumento central presentado para la aprobación del proyecto fue el déficit cercano a los 500 litros por segundo para abastecer a la creciente población de la ciudad de Xalapa, pero además incluía una considerable producción de energía eléctrica e incremento en los sistemas de riego.
Los municipios afectados serían Coatepec, Tlaltetela, Teocelo y Jalcomulco (ver mapa 3), este último es atravesado por el rio los Pescados donde coexisten diversas empresas de turismo de aventura quienes desde el 2011 obtuvieron información indirecta del proyecto y desde entonces, apoyados por otras organizaciones sociales y ambientalistas, iniciaron su oposición al proyecto de represa. En junio de 2011, marcharon junto con simpatizantes de la ciudad de Xalapa, donde los líderes sostuvieron una entrevista con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el gobierno local, para expresar su desacuerdo sobre la construcción del proyecto de la represa (Noe Zavaleta, 2014). En 2012, la resistencia social organizó un foro en Jalcomulco con la participación de
10 Mapa 3. Proyecto de presa Los Pescados en Veracruz
Fuente: diseñado por Luis Alvarez, INECOL, 2017.
A principios de 2013, el gobierno de Veracruz autorizó legalmente el inicio de la construcción de la represa y la empresa Odebrecht envió máquinas de exploración y trabajadores al área de Jalcomulco. Algunos líderes del movimiento de resistencia mencionan la existencia de ‘empresarios cooptados’ que estaban a favor del proyecto e intentaron convencer a otras personas locales, pero también hacen referencia a la
desconfianza de la mayoría de la población que sentía que sus opiniones eran ignoradas. Un grupo organizado salió al campo a enfrentar la maquinaria pesada y detener las exploraciones en la tierra comunitaria llamada "El Tamarindo". El 13 de octubre de 2013, la resistencia social exigió un trabajo de limpieza de ríos, se invitaron instituciones
11 resistencia social se consolidó en un colectivo llamado PUCARL (Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres).
La falta de licitación pública, transparencia en el manejo de recursos y la presencia de los trabajadores de Odebrecht al área donde el proyecto sería construido sin el
consentimiento previo de las comunidades a ser afectadas, han sido las causas centrales de la inconformidad local. La resistencia social y política a diferentes niveles, logró que el proyecto fuera finalmente suspendido en octubre del 2013 con subsecuentes demandas que incluyeron la detención del exgobernador del Estado por aparente corrupción de dicho proyecto de usos múltiples.
Desde marzo de 2016, Marcelo Odebrecht enfrenta una sentencia de 19 años de prisión por crímenes de corrupción en Brasil, crímenes que se convirtieron en una práctica constante en los países sudamericanos donde la compañía estaba presente (Graham-Harrison, 2017). Sin embargo, el escándalo de corrupción en Veracruz no solo estuvo relacionado con las empresas de Odebrecht, sino también con los sobornos ofrecidos al gobierno de Duarte, incluida una red de corrupción más amplia que involucró al actual senador, diputados y empleados gubernamentales de la empresa brasileña que gestiona 13 empresas en Veracruz (Roldán, 2017).
Finalmente, en octubre de 2016, Duarte renunció a la gubernatura del estado y escapó dejando a Veracruz en la bancarrota (Agren, 2017). Duarte fue atrapado en Guatemala en abril de 2017 (La Jornada, 2017). La presa Los Pescados nunca se construyó, sin
embargo, la concesión de energía parece ser válida y ninguna comunicación pública del actual gobernador de Veracruz, Yunes, ha declarado cerrado el proyecto de la presa.
Análisis/conclusión:
Ambos estudios de caso nos permiten contextualizar algunos obstáculos para la implementación de la GIRH al analizar dos diferentes escenarios locales (uno
contemporáneo, uno revisitado) de resistencia local ante dos propuestas de proyectos hidroeléctricos poco consensado e incluso enmarcados por escenarios de corrupción.
Aunque los casos son diferentes en concepto, apoyo financiero y antecedentes
institucionales, hemos encontrado algunas similitudes que caracterizan la oposición a los proyectos de represas
a) En los dos casos, encontramos decisiones unilaterales, y eventualmente verticales, vinculadas a la falta de consenso social. Las agencias nacionales e internacionales y los gobiernos detrás de los dos proyectos de represas, todavía tienen una lección principal que aprender: el desarrollo intrarregional (y las oportunidades comerciales en su caso), que parecen estar buscando, debería ser incompatible con el acoso, la violencia y las represalias, y más relacionado con los derechos humanos, la libertad y la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con este tipo de proyectos.
b) Las partes opositoras y de base comunitaria en los dos casos, han expresado
12 sugiere que esta percepción, teóricamente relacionada con la justicia procedural, parece ser un determinante importante de la reacción de las personas ante los nuevos proyectos.
c) También en ambos estudios de caso, el empoderamiento social de las resistencias locales va más allá del rechazo de proyectos de represas hacia resistencias políticas estructurales. Los principales líderes de CECOP y PUCARL expresan por distintos medios su posición contra el llamado "modelo económico neoliberal" en el que México está inmerso. Esta reacción se expresa en contra de los acuerdos internacionales que involucran algún tipo de infraestructura hidroeléctrica como el Tratado Libre de América del Norte (TLCAN), el Área Libre de Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla Panamá (ahora Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamericano) y acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Pero también expresan estar en contra de cualquier tipo de intervención gubernamental / institución / programa / representante / trabajador
/proyecto que tenga tintes oficiales/gubernamentales.
El enfoque y los principios de la GIRH son un desafío atemporal para los tomadores de decisiones, los interesados locales e incluso para los académicos en el campo. Los hallazgos de esta investigación demuestran que el conflicto que rodea a los dos grandes proyectos de represas, La Parota y Los Pescados, tiene su origen en arreglos
evidentemente impositivos y sin consenso social. En consecuencia, los miembros de las comunidades en cuestión han percibido la injusticia y la exclusión -bien argumentadas- del proceso de toma de decisiones para imponer estas presas. En respuesta a la falta de transparencia, pluralidad y eventual acoso violento, las resistencias organizadas no solo han mostrado una fuerte oposición a los proyectos de represas, sino que han
generado/desarrollado una comprensible desconfianza a las instituciones relacionadas con el gobierno (incluyendo proyectos de investigación académica). En nuestra opinión, todo este proceso afecta directamente cualquier intento de aplicar una GIRH a través de este tipo de proyectos y la cohesión social en las comunidades relacionadas.
Los resultados muestran que este desafío para la GIRH tiene dos raíces principales; desde el lado institucional / gubernamental existen barreras bien identificadas y persistentes tales como límites sociales y culturales en la toma de decisiones, el socavamiento político de oportunidades colaborativas e incluyentes, el dominio de un poderoso interés económico (como la supuesta corrupción relacionada con el proyecto de la represa Odebrech), y el bajo interés y la capacidad de desarrollar redes de
colaboración en contextos sociales sensibles.
Agregamos nuestro voto al concepto holístico propuesto por Al-Saidi (2017) para incorporar principios estructurales de "paz y seguridad" entre los pilares del precepto GIRH basado en una amplia comprensión de los objetivos sociales que deben estar integrados en una gobernanza del agua y desarrollo sostenible. Pero la paz y la seguridad en los proyectos relacionados con la GIRH no se pueden alcanzar sin buscar la
interconectividad con los aspectos sociopolíticos y culturales locales. De lo contrario, si se continúa promoviendo el mismo modelo de proyectos verticales-impositivos-no
13 Bibliografía:
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