La prueba de oficio: discrecionalidad e imparcialidad del juez

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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER EN DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL.

TEMA: LA PRUEBA DE OFICIO: DISCRECIONALIDAD E IMPARCIALIDAD DEL JUEZ

AUTORA: AB. MARÍA JOSÉ LOOR MORALES

TUTORES: DR. MARCELO ROBAYO CAMPAÑA DRA. OLY ALVAREZ GAVILANES MG.

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CERTIFICACIÓN

DR. MARCELO ROBAYO CAMPAÑA Y DRA. OLY ALVAREZ GAVILANES,

tienen a bien certificar que, laAB. MARÍA JOSÉ LOOR MORALES ha realizado el

trabajo de investigación con el tema: LA PRUEBA DE OFICIO:

DISCRECIONALIDAD E IMPARCIALIDAD DEL JUEZel mismo que, ha sido desarrollado de acuerdo con los requisitos académicos y reglamentarios de la institución

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DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Declaro que: soy la autora del presente trabajo investigativo y que, es producto de una iniciativa autónoma que no se compadecen con ideas de propiedad de un tercero es

decir, en el mismo no existe plagio declaro además que; las ideas, conceptos y demás

pormenores que, no correspondan al suscrito y que se ha apoyado el trabajo, como

fuente para realizar la investigación, tienen el correspondiente pie de inserto en el que se

indica a que autor pertenecen. Por este hecho doy la potestad a la Universidad

Autónoma de los Andes para que, emplee este trabajo de culminación de estudio, como

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DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación se lo dedico a Dios, que es quien me provee de

todo, a mis padres, hermanas, a mi hijo, y a todos los que siempre me apoyan, y se

enorgullecen con mis logros.

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AGRADECIMIENTO

Agradezco como es normal a Dios por las bendiciones que derrama sobre mí, a la

Universidad Autónoma de los Andes, a la Universidad San Gregorio de Portoviejo que

en gran parte ha hecho posible que la suscrita curse esta Maestría, a los doctores

Marcelo Robayo Campaña y Oly Álvarez Gavilanes, por la paciencia y tolerancia que

han tenido en la dirección técnica y científica del presente trabajo de investigación.

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ÍNDICE GENERAL

Certificación

Declaración de Autoría

Dedicatoria

Agradecimiento

PÁG.

Introducción---1

Antecedentes de la investigación---1

Planteamiento del problema---1

Formulación del problema---5

Delimitación espacial---5

Delimitación temporal---5

Objeto de la investigación---5

Campo de acción---5

Identificación y línea de investigación---5

Objetivo general---5

(7)

Idea a defender---6

Variable independiente---6

Variable dependiente---6

Metodología---8

Estructura de la tesis---9

Aporte teórico---9

Significación práctica---10

Novedad científica---10

CAPITULO I 1 EL JUICIO---11

1.1Definición---11

1.2Intervinientes---12

1.3Finalidad---14

1.4Clases---14

II EL PROCEDIMIENTO---19

2.1Definición---19

2.2Clasificación---20

2.3La justicia---23

2.4Principios---26

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3.1Definición---40

3.2Clases---43

3.3Los medios probatorios en nuestra legislación---44

3.4El principio propositivo en la prueba---48

3.5La prueba de oficio---48

IV LA DISCRECIONALIDAD---52

4.1Definición---52

4.2Naturaleza Jurídica---52

4.3La discrecionalidad del juzgador---53

4.4La discrecionalidad del juzgador en la prueba de oficio---55

4.5 Anomia sobre parámetros de aplicación---59

V.- LA SEGURIDAD JURÍDICA---61

5.1 Definición---61

5.2 La seguridad jurídica, como obligación del Estado---61

5.3 La seguridad jurídica como derecho primordial de las personas---63

5.4 La seguridad jurídica en la prueba de oficio---65

5.5 Necesidad de la reforma---66

VI. DERECHO COMPARADO---67

6.1 La prueba de oficio en Colombia---67

6.2 La prueba de oficio en España---70

(9)

6.4 La prueba de oficio en México---71

6.5 Conclusiones parciales del capítulo---73

CAPITULO II 2. MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 2.1 Caracterización del sector de la investigación---75

2.2 Descripción del Procedimiento Metodológico---75

2.3 Modelo de anteproyecto de ley reformatoria---77

2.4 Conclusiones parciales del capítulo---79

CAPITULO III 3. VALIDACIÓN Y/ O EVALUACIÓN DE RESULTADOS 3.1 Resultados de la evaluación---80

3.2 Propuesta---91

3.3 Conclusiones parciales del capítulo---93

CONCLUSIONES GENERALES---95

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RESUMEN EJECUTIVO

La tutela efectiva es uno de los derechos de la persona humana, y entre sus fines está la

promoción y difusión de la administración de justicia, contar con los medios

impugnatorios para que los decretos, autos y sentencias del órgano de justicia pierdan la

eficacia con que nacieron y el encontrar en el proceso los mecanismos adecuados para

que se reconozca el derecho reclamado. En esta línea el juez juega un papel

preponderante puesto que, deberá pronunciarse en respuesta de la demanda de las

personas, he aquí entonces lo importante de determinar si vale la pena dejar en manos

del juzgador, el que dirima un conflicto con una prueba oficiosa o, si es preciso el que

se delimite este poder oficioso que puede terminar en un acto imparcializado con el que,

deliberadamente se intenta beneficiar a una de las partes.

Como en adelante se verá, la investigación es de modalidad cuali-cuantitativa con

predominio cualitativo; descriptiva, por cuanto analiza el fenómeno jurídico, sus

manifestaciones y componentes. La metodología Investigativa integra métodos, técnicas

e instrumentos para aplicarlos en el proceso de investigación y lograr los objetivos

propuestos que, en el caso será una propuesta que nace de los resultados que se

obtuvieron una vez practicada la evaluación de los mismos. Evaluación de la que, se

conoció que la mayoría de los abogados y jueces encuestados y entrevistados

(11)

SUMMARY EXECUTIVE

Effective protection is one of the rights of the human person, and its aims include the

promotion and dissemination of the administration of Justice, having the media

impugnatorios so decrees, cars, and the organ of Justice rulings lose the effectiveness

with which were born and find the process appropriate mechanisms so that the claimed

right is recognized. In this line the judge plays an important role since it shall be dealt

with in response to the demand of the people, so here the important to determine if it is

worth leaving in the hands of the judge, that shall settled a dispute with an informal test,

or if necessary which anchor is this to non-paper that you can finish in an act

imparcializado which deliberately trying to benefit parties.

As we will see in later, research is qualitative-quantitative mode with qualitative

predominance; descriptive, inasmuch as it analyzes the legal phenomenon, its

manifestations, and components. Investigativa methodology integrates methods,

techniques and instruments to apply them in the research process and achieve the

objectives which, in the case will be a proposal that comes from the results obtained

practiced once the evaluation of the. Evaluation, it became known that most lawyers and

judges surveyed and interviewed consider that a reform that limits the informal test, is

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1 INTRODUCCION

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Respecto de la prueba oficiosa se han hecho valiosos aportes en investigaciones que,

han realizado estudiosos del derecho, mismas que, han marcado un hito en el campo del

derecho procesal, y entre estos investigadores tenemos a los siguientes autores cuyos

temas se consignan:

Roberto Lara Chagoyán, de la Universidad de Guanajuato, en el año 2011, aborda el

tema diligencias para mejor proveer y manifiesta que éstas representan la oportunidad

institucional para que los jueces maximicen su convicción a la hora de resolver

problemas relacionados con la prueba o, la calificación normativa de los hechos. A decir

de este, su carácter inquisitivo desde el punto de vista procesal nada tiene que ver, con

el desequilibrio o la ruptura de principios ordenadores del proceso, y; concluye que,

bien utilizadas estas medidas, están dispuestas al servicio de la verdad como mejor

garantía de acercarse a la idea de resolver conflictos conforme a la justicia más que

conforme a Derecho.

Por otra parte Iván Hunter Ampuero, de la Universidad Austral de Chile, en el año 2007

en su investigación referida a los Poderes del Juez Civil concluye que,la doctrina

procesal ha terciado sobre la problemática de atribuir poderes al juez civil estructurando

dos grandes tesis: la primera, que vincula la potestad probatoria material a la pérdida de

imparcialidad del juzgador; y la otra que, la visualiza como una mera cuestión técnica

necesaria para la resolución legitimada del conflicto.

Estas investigaciones que se han mencionado sirven de antecedente para el presente

estudio que, se espera sirvan o contribuyan al desarrollo de las ciencias jurídicas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esencialmente de las diligencias para mejor proveer se dice lo siguiente: a) se enmarcan

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2

de buscar la verdad; c) es necesaria la existencia de facultades para ejercerlas; y, d)

buscan, concretamente, evitar la precipitación en el dictado de la sentencia.1

Las diligencias oficiosas del juez, entendiéndose a estas diligencias como el instrumento

procesal mediante el cual se permite al juzgador civil una cierta iniciativa probatoria

dentro del proceso, actividad que se ha cuestionado por procesalistas con cierta

tendencia cuestionadora del activismo de los jueces, ha ido ganando ciertos espacios en

el ámbito de lo procesal de cara a hacer del proceso un medio para la realización de la

justicia como se lo concibe en nuestra Constitución de la República. Nadie discute que,

fue el principio individualista difundido por la revolución francesa lo que, inspiró los

primero códigos procesales en los que, se reconoció a las partes como titulares de la litis

y el dominio del proceso, consagrando al juez como invitado de piedra dentro de la

órbita del proceso.

Con las nuevas orientaciones jurídicas se consideró prevalente el interés de la

comunidad, en la justa composición de la Litis es decir, en una justa realización de

justicia y de esa orientación es que, ha evolucionado el actuar del juez a medida que

salió del derecho privado al derecho público; dejó de ser un mero espectador para

convertirse en director mismo del proceso como aquel, a quien le corresponde en primer

término la apreciación de las condiciones en la que, se constituye la relación procesal

(capacidad, competencia, demanda, contestación) porque de ella depende la validez de

la sentencia pudiendo declarar de oficio su inexistencia.

Precisamente esta contraposición de facultades es lo que, define el carácter del proceso

ya que, si se amplía una se hace a expensa de la otra entonces, entre más se amplié las

facultades del juez o si se las restringe, más se aproxima al proceso al derecho público o

privado. Nuestro sistema procesal ha adoptado como principio regulador del proceso, al

principio dispositivo mismo que, entrega a las partes la iniciativa y el desarrollo del

proceso, colocando al juez en situación de expectativa mientras no deba resolver alguna

diferencia entre ellas.

De ahí se dice que, los jueces no pueden proceder de oficio es por esto que, en primer

lugar el juez no puede actuar sin demanda de parte, porque ella es la que pone en

movimiento la acción; en segundo lugar, importa que el juez no puede hacer mérito de

1

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3

hechos que las partes no han invocado, aun cuando ellos resulten de autos y respecto de

ellos se circunscriban los hechos constitutivos como los impeditivos y extintivos

además que, el juez está obligado por el reconocimiento o la renuncia de la acción con

que las partes ponen fin al litigio lo que en esencia, también es parte del principio

dispositivo.

La aplicación estricta de la regla que establece que, los jueces no pueden proceder de

oficio, reduciría su misión a confrontar los elementos de juicio aportado por las partes,

en consecuencia su convicción estaría formada exclusivamente sobre la base del

material que hayan podido o, hayan querido aportar las partes o, lo que es peor, se vería

obligado a pronunciarse sin haber llegado a la convicción lo que, desnaturalizaría el

álgido principio que se encuentra consignado en el artículo 169 de la Constitución de la

República del Ecuador y que menciona El proceso es un medio para la realización de la justicia, desnaturalizándose también la función judicial que busca como fin último la justicia, siendo que lo único que interesa a la sociedad es que su sentencia sea en lo

posible la expresión de la verdad.

Desde este contexto, debe entonces tener el juez facultades para investigar no de una

manera inquisitoria si no en la medida necesaria para completar su información o

aclarar alguna situación dudosa que le permita imbuirse en ese proceso de construcción

de la verdad, de aquí que en nuestro país. La excepción a la regla anterior que coloca al

juez en un plano pasivo dentro del proceso, es el postulado que nos entrega el Art. 130

numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, mismo que autoriza al juez sea

de primer o segundo nivel ordenar de oficio algunas diligencias para mejor proveer,

solo para el efecto que su sentencia sea la expresión de su convicción personal.

Es importante indicar que estas diligencias corresponden exclusivamente al criterio del

juez, por ello las partes no pueden hacer indicaciones, debe ser por ello el resultado de

un acto espontaneo del juez, quien debe hasta ignorar a quien puede favorecer la misma,

en este sentido el juez debe proceder con mucha cautela, porque es indudable que una

diligencia practicada en esas condiciones, desde la perspectiva del interés privado,

perjudica el interés de uno de los litigantes, empero desde la perspectiva del interés

público mantendrá vigente el principio al que está orientado el proceso que no es otro

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4

Dentro del presupuesto de actuar con cautela hay que considerar que esta también se

relaciona con el hecho de que la diligencia se practique atendiendo a las formas que las

reglas del derecho prevén, porque del resultado de una diligencia defectuosa también

habría beneficiados y perjudicados, entonces se atribuirían al juez conductas impropias

y sancionadas por la ley, tal es el caso de atribuir al juez actuación imparcializada y en

la línea de las actuaciones del juez, su imparcialidad no se puede comprometer. Este

tipo de situaciones pueden presentarse debido a que en el derecho codificado, no se

establece una línea de discrecionalidad para que el juez disponga de actuaciones con

ocasión de proveer de mejor manera.

En principio se entiende que el juez no puede suplir las negligencia de los litigantes en

la producción de la prueba y que así no puede ordenarse una diligencia que ha sido

ofrecida pero que se ha declarado perdido el derecho a producirla, por su parte estas

diligencia para mejor proveer solo pueden referirse a hechos alegados en juicios porque

en esta materia rige aparentemente una limitación impuesta por el artículo 108 del

C.P.C. lo cual restaría importancia al hecho de que el proceso es un medio para la

realización de la justicia, ya que el hecho de que el juez resuelva solo atendiendo los

presupuestos de hecho que las partes han aportado en ejercicio de sus prerrogativas

puede significar en determinados casos un gasto innecesario de la administración de

justicia. Es por ello que los defensores de la prueba oficiosa basan la defensa de sus

tesis en el hecho de que el proceso está orientado a componer un conflicto, sin

miramiento de ningún tipo, porque lo importante es solucionarlo con una decisión

pasada en autoridad de cosa juzgada.

Pero en el evento de que respetando las nuevas corrientes del derecho contemporáneo

siga ganando fuerza la tesis de que los jueces pueden disponer de prueba de oficio, aun

cuando se refiera a hechos no aportados por las partes, seria de importancia relevante

que no se ponga límites a esa discrecionalidad de la que en mi opinión gozan los jueces

para actuarla. Es común que en la praxis se acuse a los jueces de imparciales y hasta se

le inicien sumarios cuando estos han dispuesto de diligencias para mejor proveer, lo que

les ha infundido un temor reverencial que les ata o les inhibe de actuar de modo oficioso

en búsqueda de la justicia como instrumento de la paz y la convivencia civilizada entre

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5

Cuando lo que debe procurar el legislador es establecer en la prueba de oficio

parámetros para que la discrecionalidad de Juez resulte imparcial, sin que sus

conclusiones puedan ser confundidas con el absurdo llamado error inexcusable.

FORMULACION DEL PROBLEMA

El Código de Procedimiento Civil al normar las pruebas de oficio no establece

parámetros de imparcialidad en la aplicación de la discrecionalidad del juez, lo que

atenta contra la seguridad jurídica.

DELIMITACION

DELIMITACION ESPACIAL

El presente trabajo de desarrollará en los juzgados de la Corte Provincial de Justicia de

Manabí.

DELIMITACION TEMPORAL

El presente trabajo de investigación se desarrollara en el año 2015.

OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Derecho Procesal Civil

CAMPO DE ACCIÓN

Prueba de oficio

IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Administración de Justicia

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un anteproyecto de Ley reformatoria al Código de Procedimiento Civil que

establezca parámetros de imparcialidad en la aplicación de la discrecionalidad del Juez

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6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1- Fundamentar teóricamente el juicio, el procedimiento, las pruebas,

discrecionalidad y la seguridad jurídica.

2- Determinar la necesidad de establecer parámetros de imparcialidad para la aplicación de la discrecionalidad en las pruebas de oficio.

3- Elaborar los elementos de la propuesta.

IDEA A DEFENDER

Mediante un anteproyecto de ley reformatoria al Código de Procedimiento Civil que

establezca parámetros de imparcialidad en la aplicación de la discrecionalidad del juez

en las pruebas de oficio se garantizará la seguridad jurídica.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Anteproyecto de ley reformatorio al Código de Procedimiento Civil que establezca

parámetros de imparcialidad en la aplicación de la discrecionalidad del juez en las

pruebas de oficio.

VARIABLE DEPENDIENTE

Garantizar la seguridad jurídica.

JUSTIFICACION

Las diligencias oficiosas del juez frente al principio de dispositivo, entendiéndose a

estas diligencias como el instrumento procesal mediante el cual se permite al juzgador

civil una cierta iniciativa probatoria dentro del proceso. El principio individualista

difundido por la revolución francesa inspiro los primero códigos procesales en la cual se

reconoció a las partes como titulares de la litis y el dominio del proceso. Con las nuevas

orientaciones jurídicas se consideró prevalente el interés de la comunidad en la justa

composición de la litis es decir en una justa realización de justicia y de esa orientación

es que ha evolucionado el actuar del juez a medida que salió del derecho privado al

derecho público, por ello el juez dejo de ser un mero espectador a convertirse en

director del proceso, es aquel a quien le corresponde en primer término la apreciación

de las condiciones en la que se constituye la relación procesal (capacidad, competencia,

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7

declarar de oficio su inexistencia. Precisamente esta contraposición de facultades es lo

que define el carácter del proceso ya que si se amplía una se hace a expensa de la otra,

entonces entre más se amplié las facultades del juez o si se las restringe más se

aproxima al proceso al derecho público o privado. Nuestro sistema procesal ha adoptado

el principio dispositivo que entrega a las partes la iniciativa y el desarrollo del proceso

colocando al juez en situación de expectativa mientras no deba resolver alguna

diferencia entre ellas, de ahí se dice que los jueces no pueden proceder de oficio, es por

esto que en primer lugar el juez no puede actuar sin demanda de parte, porque ella es la

que pone en movimiento la acción, en segundo lugar importa que el juez no puede hacer

mérito de hechos que las partes no han invocado aun cuando de ellos resulten de autos y

ellos comprenden los hechos constitutivos como los impeditivos y extintivos, además

que el juez está obligado por el reconocimiento o la renuncia de la acción con que las

partes ponen fin al litigio. La aplicación estricta de la regla que los jueces no pueden

proceder de oficio reduciría su misión a confrontar los elementos de juicio aportado por

las partes en consecuencia su convicción estaría formada exclusivamente sobre la base

del material que hayan podido o hayan querido aportar las partes o lo que es peor se

vería obligado a pronunciarse sin haber llegado a la convicción.

Con ello quedaría desnaturalizada la función judicial que busca como fin último la

justicia siendo lo único que interesa a la sociedad es que su sentencia sea en lo posible

la expresión de la verdad. Debe tener entonces facultades para investigar no de una

manera inquisitoria si no en la medida necesaria para completar su información o

aclarar alguna situación dudosa de aquí que la excepción a la regla anterior es que el

Art. 130 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial autoriza al juez sea de

primer o segundo nivel para ordenar de oficio algunas diligencias para mejor proveer,

solo para el efecto que su sentencia sea la expresión de su convicción personal. Por lo

común en materia procesal se le relaciona con la prueba dentro de cuya teoría general se

le ubica por ello la jurisprudencia no ha tenido el desarrollo que le corresponde y que

los jueces no hayan encontrado en este instrumento procesal todas las posibilidades que

les hubiera podido permitir nuestro procedimiento.

Sería suficiente indicar que sus reglas son aplicables a todas clases de juicios

contenciosos o voluntarios o en cualquier supuesto que se requiera un pronunciamiento

del judicial, es importante indicar que estas diligencias corresponden exclusivamente a

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acto espontaneo y debe hasta ignorar a quien puede favorecer, en este sentido el juez

debe proceder con mucha cautela porque es indudable que una diligencia practicada en

esas condiciones perjudica siempre un derecho que de otra manera se habría beneficiado

con la instrucción defectuosa y es necesario entonces que su imparcialidad no se

comprometa, cuidando que en ningún momento se le pueda atribuir la intención de

suplir la negligencia de las partes. Solamente la discreción y un atento estudio de las

actuaciones pueden servir de norma en esta materia. Debe tenerse en cuenta que el juez

no puede suplir las negligencia de los litigantes en la producción de la prueba y que así

no puede ordenarse una diligencia que ha sido ofrecida pero que se ha declarado

perdido el derecho a producirla, por su parte estas diligencia para mejor proveer solo

pueden referirse a hechos alegados en juicios porque en esta materia rige la limitación

impuesta por el artículo 108 del C.P.C.

La oportunidad según la jurisprudencia para ordenar una diligencia para mejor proveer

es después del llamamiento de los autos, porque recién entonces el juez estudia la

prueba y puede apreciar la conveniencia de la diligencia; pero es indudable que si se

trata de un incidente o de resolver cualquier situación en el curso del juicio, puede el

juez decretarla en cualquier momento. Entonces sabemos que son las partes las que

impulsan un proceso con el interés de obtener un resultado a su favor.

Es por ello necesario que las partes realicen ciertos actos como son la demanda,

contestación, oposición, excepciones aportaciones de pruebas etc., para que el juez

pueda ordenar alguna diligencia para mejor proveer ya que ellas deben ejecutarse como

único modo de obtener una sentencia con plena convicción, por cuanto el juez no tiene

un interés dependiente del proceso fuera del interés de la realización de justicia.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de modalidad cuali-cuantitativa con predominio

cualitativo, el tipo de investigación es descriptiva por cuanto analizó el fenómeno

jurídico, sus manifestaciones y componentes.

La metodología Investigativa integró métodos, técnicas e instrumentos para aplicarlos

en el proceso de investigación y lograr los objetivos propuestos.

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9

Histórico Lógico, para describir la evolución histórica del problema de investigación.

Además se aplicó los métodos Analítico, Sintético, Inductivo, Deductivo y de

Modelación.

La selección de los métodos y técnicas permitió la aplicación de los instrumentos, la

interpretación de resultados y la viabilidad del camino hacia la propuesta de la

investigación.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

El presente trabajo de investigación está estructurado por tres capítulos que se

componen de un marco teórico que aborda en su parte conceptual el desarrollo de los

temas relacionados con el problema, entre estos, el juicio, el procedimiento, la prueba,

la discrecionalidad, la seguridad jurídica y la anomia que motiva el estudio y que

justifica la afectación del principio de imparcialidad propiciado por esa facultad

discrecional atribuida al juzgador para disponer prueba oficiosa, sumado a la carencia

de parámetros de imparcialidad que limiten éste poder potestativo, hecho éste que

genera situaciones de orden jurídico no previstas en la ley, asimismo integrado por el

análisis del derecho comparado con el que se demuestra el tratamiento que sobre el

tema existe en legislaciones vecinas; un capitulo II, en el que se describe un marco

metodológico del que aparecen los métodos y técnicas utilizadas para el desarrollo del

trabajo investigativo, así es este orden se menciona la caracterización del sector de la

investigación, el proceso de recopilación de datos y se describe el método; y, un

capitulo III, en el que se realiza la evaluación de los resultados, una propuesta de orden

jurídico, y por ultimo conclusiones y recomendaciones .

APORTE TEÓRICO

Nuestro tema relacionado con la prueba de oficio constituye un aporte teórico para los

legisladores y el foro nacional en general, pues, analiza a profundidad las instituciones

de la discrecionalidad y de la imparcialidad de los jueces como aspectos

complementarios que tienen que aplicarse en la búsqueda de la verdad dentro de los

procesos, situación que en la actualidad no se produce, pues, los juzgadores aplican la

(21)

10

que con nuestro análisis teórico lo dejamos totalmente desnudado y en condición de que

sea eliminado mediante la reforma que proponemos.

SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA

La práctica procesal actual respecto a la prueba de oficio, tal como dejamos indicado,

está sujeto a la discrecionalidad del Juez, lo cual desnaturaliza el procedimiento como

medio de realización de la justicia, puesto que la discrecionalidad del Juez para

aplicarla, muchas veces se convierte tan solo en un capricho orientado para cambiar

determinadas situaciones del proceso en desmedro de la justicia y de los derechos de

una de las partes; pero una vez que a la discrecionalidad del Juez le sumamos las

restricciones o condiciones para su aplicación habremos transformado a la prueba de

oficio en una práctica procesal, transparente y eficaz.

NOVEDAD CIENTÍFICA.

Si bien la prueba de oficio es una vieja institución procesal, nuestra idea de

transformación mediante la reforma al artículo 118 del Código de Procedimiento Civil

que proponemos, constituye una novedad científica, pues estaría transformando el

procedimiento en verdadero medio de acceder a la justicia, cuando los jueces apliquen

la prueba de oficio, ceñidos a las circunstancias o condiciones, según nuestra propuesta

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11 CAPITULO I

MARCO TEORICO 1.- EL JUICIO 1.1.- Definición

La expresión Juicio, debe ser atendida desde una acepción de orden general y desde

una acepción restringida o específica, así tenemos que desde una perspectiva general el

término juicio, que proviene del latín iudicium, tiene diversos usos. Se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal o entre lo

verdadero y lo falso. El juicio es, por otra parte, una opinión, un dictamen o un parecer. Desde la perspectiva especifica tal y como asoma de la norma de procedimiento, el

Juicio es la contienda judicial, sometida a la resolución de los jueces.2

El juicio es la resultante del derecho valido de acción en nombre del cual se promueve

una demanda respectiva, misma que promueve la actividad de la jurisdicción, es el

resultante del poder jurídico que tiene todo individuo, para que una vez que acude ante

los jueces se le ampare en su protección.3

La esencia del Derecho Procesal Romano, está contenido en la idea de Actio. Actio

puede ser entendido como "Acción", y tiene en Roma el mismo significado que tiene en

nuestro derecho actual. Pero en la antigua Roma es más fuerte. La existencia de una

Actio determina la existencia de un derecho que puede ser reivindicado a través de la

misma. De hecho, en el Derecho Romano, todo acto jurídico valido que de acuerdo al

Ius Quirintium, cree, modifique o extinga, derechos u obligaciones, debe

corresponderse con una determinada Actio, es decir con la posibilidad de defender y

reclamar tal situación jurídica en juicio. Esta es una relación de doble vía. Es decir, que

así como todo negocio jurídico valido se corresponde con una Actio del derecho

procesal, toda Actio o acción que se intente en juicio debe ser para defender un negocio

o hecho amparado por el iusQuirintium, de lo contrario, no es procedente. De este

modo, por ejemplo, el derecho de Propiedad (Dominium), se corresponde con la

ReiVindicatio, por el cual se persigue que la titularidad sobre un bien sea declarada y

afirmada ante todos (erga omnes).

2

Artículo 57 CPC

3

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12

En el Derecho Procesal Romano, será la tarea del Pretor, magistrado encargado de

administrar justicia, el conocer el Derecho y decidir si determinada acción judicial que

se intenta por un ciudadano, es procedente en virtud de ser perseguido un derecho del

Ius Quirintium. De todos modos, el Pretor no se limitará a decir (Iuris dictio) el derecho

estricto, sino que aportará su propia inteligencia para resolver situaciones de inequidad,

y defender situaciones que considera necesarias, tanto utilizando su imperium para

decretar Interdictos, como aceptando Excepciones (exceptios) y otras medidas. Éste es

un concepto un tanto tradicionalista que nació en el derecho Romano, y que no

distinguía entre el concepto propiamente dicho de juicio, y lo que es la

acción.4Actualmente se entiende como juicio al controvertido consecuente de la lesión

de un derecho transformado en acción. 5

Etimología y definición de Juicio.

El término juicio, que proviene del latín iudicium, tiene diversos usos. Se trata, por

ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal o entre lo

verdadero y lo falso. El juicio es, por otra parte, una opinión, un dictamen o un parecer.

El juicio también está vinculado a la justicia ya que es una controversia jurídica entre

partes que se someten a un tribunal. El juicio supone que hay una sustentación de

derechos o intereses que se contraponen a lo defendido por la parte contraria.

Juicio es una contienda o controversia entre las partes sometida a conocimiento de un

juzgado o tribunal; mientras que los actos judiciales no contenciosos o de jurisdicción

voluntaria son aquellos que según la ley requieren de la intervención del juez o notario

público, y en los que no se promueve contienda alguna entre las partes.

El Art. 57 del Código de Procedimiento Civil dice “Juicio es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces”.

1.2.- Intervinientes

Conviene distinguir que los sujetos de la relación jurídica sustancial son los titulares

activos o pasivos que intervienen en una contienda, que se ventila en el proceso, como

4 Cabrera Acosta, Benigno. Teoría General del Proceso y de la Prueba, quinta edición, ediciones jurídicas Ibáñez, Bogotá,

1994, pág. 126.

5

(24)

13

el acreedor o su deudor, el propietario o el tercer poseedor del bien reivindicado, a e ésta

particular distinción hay que agregar que dentro de una contienda las partes del proceso

siempre será el demandante y el demandado, ello desde una perspectiva de orden

particular; más desde una perspectiva de orden público tratándose de procesos civiles,

las partes de una contienda serán el Juez, el actor, el demandado y los terceros

intervinientes principales y secundarios6.

Principales.-

Juez.- Es la autoridad legalmente constituida que va resolver la contienda judicial

sometida a su conocimiento en base a las leyes vigentes y las pruebas aportadas en el

proceso.

Actor o Demandante.- La persona que cree que su derecho ha sido afectado acude al

órgano competente de acuerdo a la cuantía.

Demandado.- Es el que supuestamente ha vulnerado los derechos del demandante. Es

contra quien se plantea la demanda.

Abogado.- Patrocinador o causídico. Son los profesionales facultados para patrocinar

las causas.

Fiscales.- Son los representantes del ministerio público. En materia civil son aisladas su

participación.

Personal subalterno.- Es de suma importancia en el proceso. Son los diligencieros,

secretarios y auxiliares. El secretario pasa memoriales y pasa el cargo a todos los

expedientes, autentifica o da fe de la actuación del juez. Los auxiliares se encargan de la

presentación de los expedientes, en su control, registran las resoluciones que dicta el

juez, autos interlocutorios y autos de vista. Los oficiales de diligencia citan y notifican

a las partes, informando al juez de su actuación. Entregan cédula cuando no logran

notificar.

Peritos.- Son los especialistas o conocedores de alguna ciencia. Ej.: arquitectos,

contadores. Los peritos aportan con su ciencia o sus conocimientos y pueden ser

propuestos por las partes, no habiendo acuerdo entre éstas se nombra un perito

dirimidor.

Testigos.- El testigo colabora de acuerdo con lo que percibió a través de sus sentidos

(vió, escuchó, etc.). y que da a conocer.

6

(25)

14 1.3 Finalidad

El objeto del juicio no está definido como tal en el marco del derecho procesal, así

como tampoco en la doctrina, de manera que vamos a subsumir el fin y la finalidad del

juicio, reconocido como está en su acepción, como la actuación del derecho objetivo en

el caso concreto7.

Según Strictu sensu, “Restablecer la paz social a través de la solución del conflicto, la

restauración del orden vulnerado y la búsqueda de una convivencia feliz.

La finalidad del proceso es: en lo civil restituir el orden o un derecho o satisfacer una

pretensión; en lo penal descubrir la verdad de la existencia de un delito, un delincuente

y relacionar el delito al delincuente; en lo político y social combatir la delincuencia y educar jurídicamente al pueblo.”8

Lo que aporta este doctrinario en la finalidad del proceso es la de “dar solución a un conflicto”, dentro de la finalidad lo que en más importancia resalta es la prueba donde el

juez valorara todas estas presentadas en el juicio la cual dará un veredicto final

motivando en derecho

1.4Clases

El Código de Procedimiento Civil ha contemplado tres clases principales de proceso de

conocimiento. Por la vía del Juicio Ordinario se tramitarán todas aquellas controversias

que según la ley no tienen asignado un procedimiento especial, y así lo establece el

artículo 59 de la ley antes mencionada, de otro lado, por ésta misma vía se sustanciarán

acciones dinerarias, cuya cuantía no supere los $ 5.000,00 dólares de los Estados

Unidos de Norteamérica.

Las razones para determinar una u otra vía, no están procesadas de manera uniforme en

el Código de Procedimiento Civil, aunque vale decir que el factor cuantía se toma en

7 Cabrera Acosta Benigno. Teoría general del Proceso y Derecho Probatorio. Bogotá. Quinta edición, ediciones jurídicas

Gustavo Ibáñez. Página 120. Año 1994.

8

(26)

15

cuenta para establecer la procedencia del Juicio Ordinario de ínfima cuantía9. Sin

embargo de ello es preciso referirnos a éste como se lo hace en líneas posteriores,

1.4.1 El Juicio Ordinario

Por la vía del Juicio Ordinario se sustanciaran todas las controversias no mercantiles

que carecen de una puntual especificación procedimental en la ley. Aunque no se señala

en el Código de Procedimiento Civil, criterios objetivos que ayuden a determinar su

procedencia, a diferencia de lo que sucede en otras legislaciones, el hecho de que la vía

Ordinaria sea la elegida, si la ley no indica otra, constituye su enorme importancia,

siendo que su carácter es residualista, el Juicio Ordinario es aquel que permite mayores

oportunidades para discutir la controversia o el objeto del juicio, y para el ejercicio del

derecho a la defensa, con lo cual las pretensiones que revisten mayor complejidad

deberían sustanciarse por ésta vía.

El Juicio ordinario se halla reglamentado en el Código de Procedimiento Civil, desde el

Art. 395 al 412, también en otras normas de éste Código Procesal se trata sobre el juicio

ordinario.

Características

El Juicio Ordinario se caracteriza por lo siguiente:

1.- Es un juicio declarativo o sea destinado a obtener el reconocimiento de un derecho;

2.- Es un juicio extraordinario o especial desde el punto de vista de su estructura, pues

difiere de los otros juicios.

3.- Es un juicio concentrado, porque tanto las excepciones dilatorias como las

perentorias deben oponerse conjuntamente y se fallan en sentencia.

Tramitación

La contempla el Código de Procedimiento Civil; a breves rasgos se presenta la

demanda, se la califica, se dispone su citación y en ella se dispone que el demandado le

conteste en 15 días.

9

(27)

16

Al tiempo de contestar la demanda se puede reconvenir, se concede 15 días para que se

conteste la reconvención, se convoca a una junta de conciliación, luego a petición de

parte se abre la causa a prueba por el término de 10 días y luego se pronuncia sentencia,

antes de ella se puede presentar alegatos.

Así el juicio Ordinario o Declarativo es el más amplio, pues contiene períodos

procesales claramente definidos; con términos suficientemente largos que permite el

ejercicio de los derechos sustantivos en la forma más eficaz, completa y posible.

1.4.2 El Juicio Ejecutivo

Nuestro Código de Procedimiento Civil, desde el Art. 413 al 500.

Definición

El Juicio Ejecutivo es un procedimiento contencioso, de aplicación general o especial

según el caso y de tramitación extraordinaria, por cuyo medio se persigue el

cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título fehaciente e indubitado.

Característica

1. Es un procedimiento de aplicación general o especial según el caso;

2. Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de vista estructural;

3. Es un procedimiento compulsivo o de apremio en razón de que se inicia porque el deudor no cumple con su obligación;

4. Es un procedimiento que tiene como fundamento una obligación, cuya existencia se halla establecida en los Arts. 423 y 425 del Código de

Procedimiento Civil;

5. Es un procedimiento inspirado en sentimientos de protección de los intereses del acreedor; y, de presunción en contra del deudor.

Fundamento del Juicio Ejecutivo

El fundamento principal, es obtener por el acreedor el cumplimiento forzado de una

obligación, que totalmente o parcialmente ha sido incumplida por el deudor.

(28)

17

Para iniciar un Juicio Ejecutivo se precisa la existencia previa de un Título, al cual la

Ley le atribuye el mérito de Ejecutivo.

Así, toda obligación cuyo cumplimiento se pretende obtener por medio de un juicio

ejecutivo, requiere la existencia de un Título, en el cual conste de manera fehaciente e

indubitada una obligación.

Definición del Título Ejecutivo

Es la declaración solemne, a la cual la ley le obliga la fuerza indispensable para ser el

antecedente inmediato de una ejecución.

Por lo tanto, quien crea los Títulos Ejecutivos es la ley y esto es obvio porque está de

por medio el interés público.

Así es el documento del cual resulta certificada o legalmente cierta la tutela que el

derecho concede a determinado interés.

Carnelutti decía al respecto del Título legal "es una combinación de hecho jurídico y

prueba: una prueba que vale como un hecho y un hecho que consiste en una prueba" y

se añade que el título ejecutivo debe reconocérsele una eficacia material y ultra

probatoria.

Demanda Ejecutiva

El Juicio Ejecutivo empieza con la demanda interpuesta por el acreedor en contra del

deudor, basado en un Título Ejecutivo. Así, la Acción Ejecutiva no tiende a la mera

declaración de certeza del derecho, sino únicamente a la prestación de la actividad

jurisdiccional encaminada a la realización coactiva del derecho legalmente cierto. La

verdad es que la Acción ejecutiva tiene como propósito puramente formal una situación

de hecho (certeza judicial o presuntiva del derecho) resultante de un documento y

consagrada en él, sin que tenga importancia alguna la efectiva persistencia del derecho

(29)

18 1.4.3 El Juicio Verbal Sumario

El juicio Verbal Sumario se halla reglamentado en el Código de Procedimiento Civil,

desde el Art. 843 al 862, además de otras normas de este Código Procesal. Conforme

los dispone el artículo 82810, están sujetas a la vía verbal sumaria, las controversias que

deban seguirla pro disposición de la ley o por convenio de las partes; las liquidaciones

de interés, frutos daños y perjuicios ordenado en sentencia ejecutoriada, las

controversias relativas a predios urbanos entre arrendador y arrendatario, y los asuntos

comerciales no sujetos a procedimiento especial. Estos son los criterios fijados por el

Código de Procedimiento Civil para la procedencia del Juicio Verbal Sumario; en lo

principal, su apreciación como vía rápida, establece que sean esencialmente los asuntos

de ordene mercantil los que se tramiten por éste procedimiento, sin contar con la

posibilidad de que en casi cualquier variedad de negocio jurídico, las partes pueden

pactarla a menos de que la ley prevenga lo contrario.

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, esa calificación de Verbal Sumaria le atribuye

una particularidad única, siendo que nació con propósito de componer los conflictos de

manera eficaz, de modo sumarísimo y verbal

Requisitos para que se tramite un juicio en la vía Verbal Sumaria

1.- Que la acción por su propia naturaleza, requiera de una tramitación rápida para que sea eficaz y que el legislador no haya previsto un procedimiento especial para esa

acción; y,

2.- Se exige que la ley fije tal trámite en forma expresa. Características del Juicio Verbal Sumario.

1.- Es un juicio declarativo o sea destinado a obtener el reconocimiento de un derecho;

2.- Es un juicio especial, porque sólo se lo aplica cuando así lo expresa la Ley en forma

expresa;

3.- Es un juicio extraordinario o sui-generis desde el punto de vista de su estructura;

4.- Es un juicio en teoría por lo menos breve, por ser verbal y sumario, ya que se reduce

10

(30)

19

a demanda, citación, audiencia de conciliación y contestación a la demanda, término de

prueba de seis (6) días y sentencia;

5.- Las Cortes Superiores que conocen en segunda instancia de esta clase de procesos,

deben fallar según lo actuado;

6.- Es un juicio concentrado, esto es tanto la cuestión principal como la accesoria deben

resolver en sentencia.

En resumen, en teoría por lo menos, se hace de un juicio que hace más oportuna,

expedita y económica la acción de la justicia, permitiendo obtener la declaración de un

derecho sin tener que someterse a los formalismos y lentitud del juicio ordinario.

II EL PROCEDIMIENTO 2.1 Definición

Origen

Procedimiento es una variante de proceso, que deriva del latín “processus“, en el sentido de “avance”, “marcha”, “desarrollo” o “la acción de pasar adelante. En el caso de procedimiento el sufijo “miento” le confiere la característica de “acción” y/o “resultado”.

Definición

Para que el Juez pueda decidir sobre el objeto materia del controvertido o en sentido

general para que pueda ser eficaz la ley en un caso completo, es necesario que las partes

y el propio Juez realicen un conjunto de actos que van a culminar con la decisión del

Juez, a éste conjunto de actos tal y como lo define Jaime Guasp se le conoce con el nombre de proceso: “Es una sucesión de actos que tienden a la actuación de una

pretensión fundad mediante la intervención de órganos del estado instituidos especialmente para ello”11

y la forma o manera como han de realizarse tales actos, el

modo como han de desarrollarse, recibe el nombre de procedimiento12. Asimismo

podemos decir que el modo como es regulado cada acto del proceso, se constituye en el

procedimiento, de lo dicho hemos de entender que el procedimiento es lo especifico y el

11Guasp, Jaime., & Alonso, P.A. Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, año 1968, pág. 396 12

(31)

20

proceso lo General13. Podemos decir también que el Procedimiento es la sucesión de

actos jurídicos que se traducen en etapas dentro el proceso.

El procedimiento significa solo la composición externa, formal, del desarrollo del

proceso o de una etapa de este hasta el cumplimiento de su fin, pero no comprende las

relaciones jurídicas que se establecen entre los sujetos procesales, ni la finalidad

compositiva de este. Clariá Olmedo, afirma, "cuando se habla de procedimiento, cabe

entender que nos estamos refiriendo al rito del proceso.". Alcalá Zamora dice, "el

procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias sustanciadas o

tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y

relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo". Ejemplo “La escalera es el proceso, los peldaños son los procedimientos”.

“Los peldaños se ven, es lo externo; el proceso, la esencia no se ve, es lo interno, es la sustancia”.

Procedimiento jurídico

Procedimiento judicial. Conjunto de actos jurídicos hechos por los sujetos procesales

ante tribunales del Poder Judicial dentro un proceso, en los que, la decisión final de juez

o tribunal siempre adquiere el carácter de cosa juzgada.

El procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias sustanciadas o

tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y

relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de

un proceso o el de una fase.

2.2 Clasificación

Una primera clasificación del procedimiento podría hacerse de acuerdo con las distintas

ramas del derecho existente encada país, así se habla entre nosotros del procedimiento

civil, penal, militar, aduanero y canónico.

2.2.1 Atendiendo a la naturaleza del conflicto: a) penales;

13

(32)

21

b) civiles;

c) administrativos;

2.2.2 Atendiendo a la acción o prestación debida:

a) Declarativos: Son los que pretenden la verificación de una situación

preexistente, y terminan con una sentencia declarativa; por ejemplo, el

procedimiento para exigir el cumplimiento de un contrato válido.

b) Constitutivos: Aquel que a través de la sentencia modifica, crea, o extingue un

estado jurídico. Por ejemplo, el divorcio, la división de bienes. El proceso

constituye un estado jurídico nuevo.

c) De condena: Son los que pretenden que a través de una sentencia condenatoria

se imponga al demandado el cumplimiento de una prestación que puede ser de

dar, hacer o no hacer.

d) Ejecutivos: Son los que pretenden el cumplimiento forzado de una obligación,

para que se apremie al deudor con el cumplimiento de dicha obligación.

Requiere para iniciarse de un título ejecutivo, que es el instrumento establecido

por la ley en que consta fehacientemente una obligación de carácter indubitable,

como por ejemplo un pagaré.

e) Cautelares: Son los que tienen por objeto el resultado de la pretensión del

demandante.

2.2.3 Atendiendo a la cuantía

a) De mayor cuantía: Se aplican a los juicios en que el valor de lo disputado es

superior.

b) De menor cuantía: Se aplican a los juicios en que el valor de lo disputado es

igual o menor.

c) De mínima cuantía: Se aplican a los juicios en que el valor de lo disputado es

igual o menor.

Estos Procedimientos se diferencian además por la cantidad de trámites que tienen, así

los procedimientos de mayor cuantía tienen mayor cantidad de trámites que los de

menor cuantía.

Si lo disputado no es susceptible de apreciación pecuniaria, el procedimiento se reputa

de mayor cuantía, como por ejemplo en el caso de los juicios de reconocimiento de

(33)

22

2.2.4 Atendiendo a la naturaleza del asunto promovido.

a) Singulares: Son generalmente aquellos que versan sobre un asunto determinado

que se promueve entre un demandante y un demandado.

b) Universales: Son los que se refieren a la integridad de un patrimonio. Por

ejemplo el juicio de quiebra y el de partición de bienes.

2.2.5 Atendiendo a la forma de desarrollarse

a) Orales

b) Escritos

Procesos Especiales: Aquellos procesos que tienen reglas propias, Son: el Proceso

Concursal y Quiebra, de Interdictos, de Desalojo, de Arbitraje y Conciliación, de

Responsabilidad de Jueces, Proceso Contencioso de Contratos del Poder Ejecutivo y el

Proceso Contencioso Administrativo.

2.2.6 Atendiendo por el pronunciamiento

a) De Conocimiento

b) Procesos De Ejecución

c) Procesos Precautorios.

2.2.7 Atendiendo por el modo de ejecución

a) Procesos contenciosos,

b) Proceso de arbitraje

c) Proceso de conciliación.

2.2.8 Atendiendo por la forma

a) Procesos Ordinarios

b) Proceso Sumario

c) Proceso Sumarísimo

d) Procesos Especiales

2.2.9 Atendiendo por la solemnidad

a) Procesos Ordinarios

(34)

23 2.3 La justicia

La tercera de las virtudes activas es la justicia, que radica en la voluntad como en su

propio sujeto y que tiene por objeto todo lo que es debido a otros, a las demás personas

con las que estamos en relación.

La palabra latina justicia viene de iustus, y ésta, a su vez, de ius, que significa lo justo,

lo debido y, por consiguiente, el derecho. Los autores no están de acuerdo sobre la etimología de ius. Según unos deriva de la raíz sánscrita yu, que significa “obligación”, o “vínculo obligatorio”, y según otros deriva de la raíz también sánscrita yoh, que significa “algo sagrado o procedente de la divinidad”. Esta segunda raíz también se

relaciona con términos de claro significado religioso, como Iovis o Iupiter, y iurare o

iuramentum. Por ello para los antiguos y sobre todo para los romanos el derecho fue

entendido como un regalo de la divinidad.

Como la palabra castellana “derecho”, que traduce la latina ius, deriva sin embargo de

directum, dirigido en derechura o rectamente, también el derecho y la justicia tienen que ver con la rectitud moral en general. Así, pues, en la palabra “justicia” se puede

descubrir un sentido amplio, que es el de rectitud o bondad moral sin más aditamentos,

y otro restringido, que es el de cumplimiento de lo debido, de lo ajustado, de lo que uno

está obligado a dar a otro.

Santo Tomás define a la justicia en sentido estricto por referencia a su objeto, que es lo

justo, lo debido, lo que pertenece a cada cual (lo suyo, lo de cada uno). Así la famosa definición de la justicia que dice así: “Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”

La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una

sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces

que al ser violadas el Estado imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción que

genero la afectación del bien común.

Atendiendo, pues, a lo que hay en la justicia de genérico que es también su aspecto

subjetivo la justicia es una virtud, un hábito del bien obrar, es decir, una disposición

estable, permanente, que hace bueno al que la posee y torna buenas las obras del mismo.

(35)

24

virtudes activas o morales. Empieza, sin embargo, a distinguirse de las otras en cuanto

que radica en la voluntad, en cuanto es un hábito bueno de la voluntad; no del

entendimiento (como la sindéresis y la prudencia), ni de los apetitos sensitivos (como la

fortaleza y la temperancia). Por ello debe consistir en una cierta inclinación o tendencia

adquirida, pero estable y permanente, de la misma voluntad. Lo que se recibe o adquiere

tiene que estar acomodado o ser congruente con la naturaleza del sujeto que lo recibe o

adquiere. Pero aquí el sujeto es la voluntad. Luego el hábito de la justicia, recibido en la

voluntad o adquirido por ella, tiene que estar acomodado a la naturaleza de la voluntad.

No puede consistir por tanto en una posibilidad próxima y una habilidad inmediata de

conocer, o de juzgar, o de razonar, ni tampoco de realizar otras operaciones externas,

como andar o hablar o construir un artefacto cualquiera. Se tratara, por el contrario, de

una posibilidad próxima y de una habilidad inmediata de querer, de realizar

determinados actos de la voluntad, especialmente actos de intención, de elección y de

uso activo. Por ello el mencionado hábito debe configurarse como una inclinación,

como una tendencia sobreañadida, que encarrile por determinados derroteros la energía

innata de la voluntad; y esa inclinación no debe ser pasajera, sino “constante y perpetua”.

La justicia, subjetivamente considerada, es una inclinación permanente de la voluntad

por la que ésta realiza, con prontitud y facilidad ciertos actos de intención, de elección y

de uso activo. Pero objetivamente entendida, la justicia es una inclinación especificada

por lo justo o por el derecho de los demás; es la constante y perpetua voluntad de dar a

cada uno su derecho. Esto hace que la justicia sea una virtud adquirida, un hábito

sobreañadido a las inclinaciones naturales de la voluntad; porque la voluntad humana

tiende naturalmente al bien, pero no tiende naturalmente a ese bien que constituye el

derecho de los demás.

Clases de justicia

a) Justicia legal o general,

b) Justicia distributiva

c) Justicia conmutativa.

Veamos ahora el fundamento de esta división y cada uno de sus miembros. La justicia

comporta siempre una relación entre personas distintas, pero esta relación puede

(36)

25

comunidad de todas ellas, el todo social. Supuesta, pues, esta doble perspectiva, caben

aquí tres relaciones distintas: la de las partes (personas individuales) al todo (sociedad

civil); la del todo a las partes, y la de unas partes con otras. La relación de las partes al

todo, es decir, de los individuos a la comunidad en cuanto tal, es la que tiene en cuenta

la justicia legal o general. La relación del todo a las partes, o sea, de la comunidad, o

mejor, de la autoridad que la representa, a los individuos, es la que tiene en cuenta la

justicia distributiva. Por último, la relación de unas partes a otras, a saber, de unos

individuos a otros, es la que tiene en cuenta la justicia conmutativa

Subclasificacion

La justicia social

La justicia social es la distribución equilibrada de los bienes dentro de una sociedad.

Este término surgió en el siglo XIX con el aparecimiento del capitalismo, el cual se

incrementó el descontento de las clases sociales más desfavorables, es por ello, que el

término justicia social, tiene dos corrientes, para los socialistas el Estado debe

garantizar el desarrollo de la clase social más desfavorecida y el respeto por los

derechos humanos y el liberalismo sostiene el desarrollo de oportunidades y protección

a la empresa privada.

Actualmente, se vincula justicia social con el término de justicia distributiva de

Aristóteles, es dar cada uno lo que le corresponde según su contribución a la sociedad.

En contraposición a la justicia distributiva existe la justicia retributiva es el castigo o

pena que se le aplica a una persona en proporción a la falta cometida por la misma.

La justicia como valor

La justicia como valor es el principio moral de cada persona que decide vivir dando a

cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia como valor busca el bien

propio y de la sociedad.

La justicia divina

La justicia divina es la justicia llevada a cabo por Dios. Para los cristianos es Dios

quien tiene el poder de ejercer la justicia divina ya que él puede castigar o premiar al

(37)

26

La justicia en filosofía

La justicia en filosofía es una definición que varía según el pensamiento de cada

filósofo. Platón decía que el individuo debía salir de la oscuridad, de la caverna del

desconocimiento, es decir, la persona se hace justa en la misma medida en que tiene

conocimiento, por lo tanto, quien tiene más conocimiento puede ser más justo, lo que

traduce una idea de que los gobernantes deben tener amplios conocimientos para saber

gobernar y para realmente hacer justicia.

El filósofo Aristóteles definía justicia dar a cada ciudadano lo que le corresponde según

sus necesidades y aporte en la sociedad. Mientras que Kant decía que la justicia de un

Estado debe velar por tres principios fundamentales; la libertad de los individuos, la

igualdad entre ellos y la independencia de cada miembro de una comunidad. En cuanto

que Kelsen indicaba un derecho natural que prevalecía sobre el derecho positivo ya que

si éste va en contra de los derechos fundamentales del ser humano no se puede hablar de

justicia.

La justicia es ciega

Es una expresión originada por la representación de justicia es una mujer que lleva los

ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados

destacan que la justicia no mira a las personas, sino la justicia es igual para todos. La

balanza figura el juicio que determinará poniendo a cada lado de la balanza los

argumentos y pruebas presentados. La espada expresa que la justicia castigará con mano

dura a los culpables.

2.4.- Principios

Principio de Supremacía Constitucional

Este principio aparece definido en el artículo 424 de la Constitución de la República del

Ecuador y que nace a partir del modelo inspirador de Hans Kelssen, por el principio por

el cual las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de

(38)

27

encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se

podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. 14

En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene

duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a

los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más

favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa

y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no

mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma.

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el proceso seguirá

sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tendrá

efecto retroactivo, pero quedará a salvo la acción extraordinaria de protección por parte

de quien hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la

resolución de la Corte Constitucional.

No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada por la jueza

o juez es resuelta en sentencia.

El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la prescripción de

la acción o del proceso.

Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma Constitucional.-

Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la

Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en

los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando éstas últimas sean más

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen

expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de

derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse

falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta

en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos.

14

(39)

28 Interpretación Integral de la Norma Constitucional.-

Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más

favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con

los principios generales de la interpretación constitucional.

Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia.-

La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer

la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus

preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de

sus funciones.

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las

funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley.

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y

contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley.

Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución y

la ley.

No ejercerán la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de excepción ni las

comisiones especiales creadas para el efecto.

Principio de Independencia.-

Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a

la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al

ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial.

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los

deberes y atribuciones de la Función Judicial.

Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o

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