DICTAMEN Nº 157 / 2010

14  Download (0)

Full text

(1)

DICTAMEN Nº 157 / 2010

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (HUMS).

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 21 de diciembre de 2009 tuvo entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón, escrito fechado el 21.09.10, suscrito por la Procuradora de los tribunales Sra. …, en nombre y representación de “Z”, formulando reclamación por daños derivados de la calificada como incorrecta asistencia sanitaria recibida por su madre “X” en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (HUMS), en solicitud de una indemnización de 120.000,00 €.

Según este escrito, la asistencia sanitaria que recibió “X” en el HUMS, fue del todo punto incorrecta, puesto que durante el primer ingreso de la paciente en 2008 se le realizó una ecografía el día 6 de marzo en la que se comprobó la existencia de un tumor (Hemangioma), a pesar de lo cual no fue adecuadamente tratada en razón de este diagnóstico, ni siquiera en la intervención quirúrgica de un tumor de intestino practicada el 5 de mayo de 2008, de forma que, cuando en diciembre de 2008 ingresó nuevamente en el hospital fue diagnosticada de un intratable carcinoma de peritoneo, del que falleció el día 21 de diciembre de 2008. Si el tumor inicialmente diagnosticado hubiera sido extirpado, según la reclamación, el pronóstico de la paciente hubiera sido mejor.

Acompañaba a su solicitud copia de la escritura pública de poder otorgada por la reclamante a favor de la citada Procuradora, informe médico del Servicio de Digestivo (ecografía abdominal) de 6 de marzo de 2008, informe de alta quirúrgica del Servicio de Cirugía (suboclusión por enteritis radica) de 11.04.08, informe de alta del Servicio de Cirugía de fecha 20.05.08, Informe del Servicio de Anatomía Patológica de 06.05.08, informe de resonancia magnética de 05.07.08, informe del Servicio de Oncología de fecha 01.10.08, informe de alta del Servicio de

(2)

Oncología del 08.10.08, solicitudes de la historia clínica, contestación a las mismas e informe de exitus.

Segundo.- Por resolución de la Secretaria General Técnica del Departamento de Salud y Consumo, de fecha 18.01.10, se acordó la incoación del oportuno procedimiento administrativo, notificándose a la Procuradora de la interesada y al Médico Inspector designado como Instructor. También se dio traslado de la reclamación a la Compañía de Seguros “ZURICH ESPAÑA, S.A.” que es la que cubre estos riesgos al Gobierno de Aragón.

Tercero.- Constan incorporados al expediente, además de los documentos antes mencionados aportados por el Letrado de la reclamante, el parte de reclamación del seguro de responsabilidad sanitaria, la historia clínica de la paciente confeccionada por el HUMS, informe del Inspector Médico Actuante … de fecha 1 de marzo de 2010 y el informe médico emitido por la Dra. … para DICTAMED I & I, S.L., en fecha 23 de abril de 2010, a instancias de la compañía aseguradora.

Cuarto.- Del conjunto de la documentación aportada, resultan acreditados los siguientes hechos:

1-. “X”, de 73 años de edad en la fecha de los hechos, presentaba los siguientes antecedentes médicos personales: alergia a penicilina, sulfamidas, níquel, caínas y yodo; episodios de urticaria crónica idiopática en tratamiento con antihistamínicos y corticoides, con empeoramiento, desde 2007 (con afectación del tronco); apendicitis aguda intervenida; carcinoma de cervix uterino por el que recibió radioterapia postoperatoria en 1.977; hidronefrosis bilateral severa consecutiva a fibrosis de origen actínico (post radiación) que fue tratada con nefrostomía.

2-. En la semana del 18 de febrero de 2008 la señora “X” inició cuadro gripal que empeoró el 23 de febrero de 2008, presentando vómitos y dolor abdominal, siendo por ello asistida en atención primaria el 27de febrero 2008 y derivada al Servicio de Urgencias del HUMS, donde se diagnosticó cuadro de suboclusión intestinal de probable origen rádico (postradiación), siendo ingresada para observación.

3 -. El 29 de febrero 2008 pasó a planta del Servicio de Digestivo, iniciando tratamiento conservador ante la ausencia de oclusión completa. Dada la persistencia del cuadro suboclusivo a

(3)

pesar del tratamiento, se efectuó ecografía abdominal, TAC y estudio del tránsito intestinal y se tramitó intercolaboración con cirugía para la valoración de posible indicación quirúrgica.

La ecografía abdominal mostró hemangioma hepático (tumor benigno en hígado de origen vascular). El tránsito intestinal indicó dilatación del delgado, con relleno tardío compatible con suboblusión. Tras esta prueba se agravó el estado general, perdiendo 8 kilogramos durante el mes siguiente, precisando por ello alimentación parenteral y siendo trasladada al Servicio de Cirugía el 24 de marzo de 2008 para seguir tratamiento, presentando el 9 de abril de 2008 un cuadro de lumbociatalgia.

El 11 de abril de 200,8 encontrándose la señora “X” afebril y asintomática, con tolerancia a la ingesta oral, manteniendo deposiciones, fue dada de alta por el Servicio de Cirugía del Hospital, con el diagnóstico de suboclusión secundaria a enteritis rádica, cuadro urticarial y lumbociatalgia.

4.- Tras el alta la paciente no mejoró el dolor lumbar ni la urticaria, acudiendo a consultas de Traumatología que solicitó ganmagrafía y estudio radiológico de columna lumbosacra, prescribiendo faja lumbar.

Fue revisada en Consulta de Cirugía el 28 de abril de 2008 sin presentar criterios de ingreso aunque manteniendo molestias intestinales, por lo que se le indicó acudir a urgencias en caso de empeoramiento.

5.- El 4 de mayo de 2008 presentó cuadro oclusivo intestinal, por lo que fue ingresada de nuevo en el Servicio de Cirugía del HUMS, para efectuar laparotomía exploradora bajo anestesia general, hallando distensión del delgado hasta la zona obstruida, donde se objetivó tumoración dependiente de yeyuno (intestino delgado) que infiltraba serosa, por lo que se efectuó resección de 20 centímetros de yeyuno y 3 centímetros del grueso con anastomosis yeyunal laterolateral.

El postoperatorio discurrió sin complicaciones, siendo dada de alta el 20 de mayo de 2008, con diagnóstico de oclusión intestinal por tumor intestinal cuyo examen histológico demostró que se trataba de un hemangiosarcoma intestinal.

6.- La paciente fue examinada por el Servicio de Oncología para estudio de extensión, que incluyó ganmagrafia y resonancia magnética lumbosacra, objetivándose lesiones vertebrales en

(4)

L4-L5 sin poderse descartar su origen metastático, motivo por el que el oncólogo recomendó valoración de la patología vertebral, solicitando citación para unidad de cirugía de columna.

7.- La señora “X”, el 25 de septiembre de 2008, volvió a ingresar en el servicio de Oncología del HUMS para revisión, efectuándose ganmagrafía ósea que únicamente halló focos de hipercaptación en las vértebras lumbares. Finalmente, la resonancia vertebral efectuada el 1 de octubre de 2008 indicó lesiones compatibles con degeneración lumbar benigna, siendo dada de alta por este Servicio el 8 de octubre de 2008 con los diagnósticos de Lumbalgia por discartrosis L3-L4 y L4-L5 y hemangiosarcoma intestinal sin observarse signos de recidiva tumoral.

8.- En la revisión en consulta de Oncología el 2 de diciembre de 2008 no se objetivaban signos de recidiva tumoral.

9.- El 9 de diciembre de 2008 se produjo nuevo ingreso por nueva suboclusión, colocándose vía central para alimentación. Se solicitaron estudios de imagen que indicaron estenosis intestinal de origen rádico.

Ante la falta de mejoría de la paciente con las medidas de soporte parenterales, se efectuó TAC que mostró carcinomatosis peritoneal diseminada, siendo trasladada a planta del Servicio de Oncología, falleciendo “X” por fracaso orgánico consecutivo a síndrome tumoral el 21 de diciembre de 2008.

Quinto.- Por resolución de 24 de junio de 2010 de la Secretaria General Técnica del Departamento de Salud y Consumo se concedió a la interesada el oportuno periodo de audiencia, en el que formuló escrito de alegaciones el 20.07.10 insistiendo en su reclamación.

Sexto.- En fecha 05.10.10, la Secretaria General Técnica del Departamento de Salud y Consumo ha formulado Proyecto de Orden Resolutoria de la reclamación, en sentido desestimatorio, por entender que conviene destacar la confusión de la reclamante entre hemangioma hepático y el hemangiosarcoma de intestino delgado. El primero es una tumoración benigna, descubierta en la ecografía practicada a la paciente en el mes de marzo de 2008. El segundo es maligno, descubierto con ocasión de la intervención de mayo de aquel año, por lo que no se justifican los estudios que la reclamante dice deberían de haberse realizado con ocasión del hallazgo de la primera de clase de tumor citado. Por todo ello, se entiende que no existe responsabilidad patrimonial al no haberse vulnerado la lex artis ad hoc.

(5)

Séptimo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, la Consejera de Salud y Consumo remitió al Consejo Consultivo el expediente y la citada propuesta de resolución, mediante escrito de 14.10.10, que tuvo su entrada en el Consejo el día 15.10.10, solicitando la emisión del oportuno dictamen.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

-I-

El dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que legalmente tiene atribuido el Consejo Consultivo de Aragón. Según el artículo 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, el Consejo Consultivo será consultado preceptivamente en las reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de cuantía superior a 6.000,00 €, como es la que aquí nos ocupa en la que se reclama un importe de 120.000,00 €.

Y dado su objeto, la emisión del dictamen corresponde a la Comisión de este Órgano Consultivo (artículo 20.1 en relación con el artículo 19 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo).

-II-

El Consejo Consultivo, a la vista del expediente tramitado, ha de pronunciarse acerca de si procede o no estimar la reclamación de indemnización económica, por importe cifrado en 120.000,00 €, como consecuencia del daño moral causado a la hija de la fallecida quien entiende que, al no ser tratada adecuadamente del tumor que le había sido inicuamente diagnosticado, perdió la oportunidad de un pronóstico mejor al que desgraciadamente presentó. Por mandato del artículo 12.2 del Reglamento aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, se ha de concretar específicamente la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, con valoración, en su caso, del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios legales de aplicación.

En el Derecho español vigente y en relación con la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración, el artículo 106.2 de la Constitución atribuye a los particulares el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o

(6)

anormal de los servicios públicos y se cumplan los demás requisitos dispuestos en el Ordenamiento Jurídico, constituido a éstos efectos por los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes y desarrolladoras de los mismos.

Los requisitos para una declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, según reiterada formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen establecido por el Derecho positivo sobre la materia, pueden articularse resumidamente en la forma siguiente: 1º) efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo legal se halla fijado en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo).

Además, de acuerdo con la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, en el caso de responsabilidad patrimonial por funcionamiento de los servicios públicos sanitarios y sus agentes, debe recordarse que la prestación sanitaria es una prestación de medios y no de resultados, que el paciente tiene derecho a que se le dispense una atención adecuada según la “Lex artis ad hoc” y no a obtener un resultado curativo determinado toda vez que la medicina no es una ciencia exacta y que los servicios públicos de salud están obligados a poner a disposición de usuario los medios disponibles que hagan posible la protección de la salud, lo que no supone la existencia de un diagnóstico cierto y rápido, una curación sin secuelas o una atención sanitaria en un determinado tiempo y sin esperas.

También el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 9 de noviembre de 2004 (f.d. tercero), 27 de junio de 2006 (f.d. cuarto) y 26 de octubre de 2006 (f. d. tercero), ha señalado que “a los fines del artículo 106. 2 de la Constitución, la jurisprudencia ha homologado como servicio público toda actuación, gestión o actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo”, cuando la Administración tiene el concreto deber de obrar o comportarse de un modo determinado.

(7)

-III-

Antes de entrar a considerar las cuestiones directamente relacionadas con la reclamación efectuada, se estima conveniente aportar a este Dictamen, en relación con los requisitos señalados, que el Tribunal Supremo mantiene una consolidada doctrina, según la cual (Vid. Sentencias de 24 de enero, ya citada, y 14 de febrero de 2006, 6 de febrero de 2007 y 29 de abril de 2008 –también citada, recurso de casación 4791/2006-) “la jurisprudencia viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor (SS. 3-10-2000, 9-11-2004, 9-5-2005)”.

Por lo que se refiere a las características del daño, las citadas Sentencias de 24 de enero y 14 de febrero de 2006, así como la de 6 de febrero de 2007, también señalan que “la Ley 30/92 establece que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado, concretando (art. 141.1) que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”, y respecto a la aludida antijuridicidad del daño desde una concepción objetiva, cabe hacer referencia a la doctrina general que se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2008 (recurso de casación 4791/2006 -f.d. tercero-), que venía siendo mantenida con anterioridad, al señalar que “la antijuridicidad del daño viene exigiéndose por la jurisprudencia, baste al efecto la referencia a la Sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 de enero y 7 de junio de 1988, 29 de mayo de 1989, 8 de febrero de 1991 y 2 de noviembre de 1993, según la cual: “esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar. (En el mismo sentido las sentencias de 30-10-2000 y 30-2003”). [Vid. asimismo dos Sentencias del T.S. de 14 de marzo de 2007].

(8)

-IV-

Al no cuestionase la legitimación de la hija de la fallecida, “Z” para ejercer el derecho a reclamar, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la versión dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (LPAC), la primera cuestión que ha de examinarse al analizar la documentación remitida es si el escrito de reclamación ha sido presentado en plazo.

En este punto, el artículo 142.5 de la LPAC dispone: “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En el caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación de las secuelas”.

Habiéndose presentado el escrito de reclamación el día 21 de diciembre de 2009 y al estar los daños alegados especialmente referidos a los causados a la paciente que se pusieron de manifiesto con su fallecimiento el día 21 de diciembre de 2008, es claro que cuando la reclamación fue presentada no había transcurrido el plazo legal para el ejercicio del derecho a reclamar ante la Administración sanitaria, al haber sido formulada el último día de dicho plazo, contado de fecha a fecha.

-V-

Entrando en el fondo, debemos determinar si se produjo una lesión como consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios sanitarios, que la reclamante no tenga el deber jurídico de soportar, así como la existencia del necesario nexo de causalidad entre la asistencia sanitaria dispensada y el daño alegado.

Como tantas veces indicó la Comisión Jurídica del Gobierno de Aragón, la responsabilidad patrimonial de la Administración es de carácter objetivo por así haberlo determinado el legislador, lo que equivale a decir que no está vinculada al dolo o culpa de los titulares o gestores de la actividad administrativa, sino al funcionamiento del servicio público, normal o anormal, si bien, cuando se trata de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, no procederá admitirla sin más, por el mero hecho de que se haya producido un resultado lesivo, sino por los medios utilizados y la adecuada praxis en la atención dispensada, ya que la actividad médica y la

(9)

obligación del profesional es de medios y no de resultados, de prestación de la debida asistencia medica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, y sólo la adopción de los medios al alcance del servicio, en cuanto supone la acomodación de la prestación sanitaria al estado del saber en cada momento y su aplicación al caso concreto atendiendo a las circunstancias del mismo, trasladan el deber de soportar el riesgo al afectado y determina que el resultado dañoso que pueda producirse no sea antijurídico, o lo que es lo mismo, el daño resultará antijurídico, al no existir un deber de soportarlo por parte del paciente, cuando la actuación médica no se haya ajustado a las condiciones y empleo de medios de los que podía disponerse y que las circunstancias del caso requerían, en cuyo caso ha de concluirse que concurren los requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria y el derecho a la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios (Vid. SS. T.S. de 24 de enero y 14 de febrero de 2006).

La jurisprudencia ha precisado que lo relevante en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas no es el proceder antijurídico de la Administración, dado que tanto responde en supuestos de funcionamiento normal como anormal, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, y la antijuridicidad de la lesión no concurre cuando el daño se hubiese podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de la producción de aquél, incluyendo así nuestro ordenamiento jurídico como causa de justificación los denominados riesgos, que la doctrina científica ha diferenciado entre los “típicos” –aquellos cuya producción puede esperarse por el estado de la ciencia y de la técnica en el momento de la prestación sanitaria-, los “personalizados” –los debidos a patología peculiar del paciente o a circunstancias personales- y los excepcionales, imprevisibles o improbables, diferenciación acogida por la jurisprudencia. (Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1998, Sala de los Civil –f.d. quinto). Sobre estos criterios habrá que volver al enjuiciar el contenido de la reclamación que se considera.

Las particularidades que presenta la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por el carácter de sus prestaciones, justifica la conveniencia de efectuar otras citas de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo relacionadas con esta materia. Así en la Sentencia de este Tribunal de 17 de mayo de 2004 indicó (f.d. quinto):

(10)

Nos parece necesario recordar también –conectando con lo que más arriba hemos dicho sobre los riesgos de una exacerbación de esa naturaleza objetiva de la responsabilidad que nos ocupa– que el hecho de que en el ordenamiento jurídico español la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas esté configurada como objetiva apunta al dato de que no es necesario la concurrencia de dolo o culpa en el agente, y no permite extraer la consecuencia de que deba declararse su existencia, sin más, por el mero hecho de que el resultado lesivo se haya producido con ocasión de la actuación de un centro sanitario público. No sería razonable –antes al contrario: sería manifiestamente absurdo– entender que esa objetivación determina que, por ejemplo, la Administración deba responder siempre que en una clínica gestionada por ella y de ella dependiente fallece un enfermo.

El mismo Tribunal en el fundamento de derecho segundo de su Sentencia de 6 de febrero de 2007 que, además de reiterar lo ya recogido en las Sentencias de 14 de febrero y 21 de noviembre de 2006, ha señalado:

Cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de 2001, señala que «en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado

(11)

por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto». (Vid también la STS de 14 de marzo de 2007 –f.d. cuarto-).

En suma, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan sólo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho apercibir una indemnización.

Como precisó el Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de mayo de 2004 (recurso de casación 8382/1999), aunque el error médico y el correcto empleo de las técnicas de diagnóstico, valoración y tratamiento se circunscriben a la actuación del servicio sanitario y, por consiguiente, resultarían, en principio, irrelevantes para declarar la responsabilidad objetiva, mientras que han de ser inexcusablemente valoradas para derivar una responsabilidad culposa, sin embargo, también pueden tener trascendencia, en orden a una conclusión sobre el nexo de causalidad, que algunos consideran requisito clave de la responsabilidad objetiva o por el resultado. Esta apreciación de si hubo un uso correcto de la técnica, con vistas a tener o no por establecido la existencia del nexo causal, sin entrar en si tal uso fue o no negligente, es muy delicada, pues la medicina no suele presentar un único método, por más que la protocolización de los actos médicos invita a ajustarse a unas pautas seriadas de diagnóstico y tratamiento terapéutico, lo que no excluye que puedan existir –y así ocurre frecuentemente– otros métodos que, pese a no ser de uso generalizado, pueden ser igualmente utilizados, si en el caso concreto se considera que pueden ser más eficaces.

Y cuando se habla de praxis, buena o mala, se está hablando de una actuación en la que se han aportado los medios humanos y materiales disponibles y, además, se ha observado la lex artis por parte de los primeros, sólo así podrá calificarse la praxis correspondiente a la atención sanitaria de que se trate, pues la responsabilidad de la Administración sanitaria, y este es un criterio jurisprudencial que no deriva sin más de la producción del daño, ya que los servicios médicos están solamente obligados a la aportación de los medios sanitarios en la lucha contra la enfermedad, más no a conseguir en todos los supuestos un fin reparador, que no resulta en ningún caso exigible, pues como ha significado la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2006 (f.d. tercero), en relación con la prestación sanitaria, ha de tenerse en cuenta igualmente la

(12)

constante jurisprudencia (Ss. 3-10-2000, 21-12-2001, 10-5-2005 y 16-5- 2005, entre otras muchas) en el sentido de que la actividad médica y la obligación profesional es de los medios y no de resultados, de prestación de la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se asume de obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma más ilimitada posible, o lo que es lo mismo, en la mayor medida posible, puesto que los medios no son ilimitados.

Por tanto, cuando se actúa ante un proceso patológico que por sí mismo supone un encadenamiento de causas y efectos que hay que abordar para restablecer la salud o conseguir la mejoría del enfermo, la interferencia de aquél en la salud convierte en necesaria la asistencia y eleva a razón primera de la misma los medios que se emplean para conseguir el mejor resultado posible, medios que como ha tenido ocasión de significar la jurisprudencia no pueden ser ilimitados. El criterio normativo aplicable se centra entonces en la diligencia y adecuación en la instrumentación de aquellos, teniendo en consideración las circunstancias. Los conocimientos científicos, técnicos o experimentales ni en medicina ni, probablemente, en ningún sector de la actividad humana, pueden garantizar al ciento por ciento un resultado determinado. La certeza absoluta debe tenerse por excluida de antemano (Vid. Sentencias del T.S. de 3 de octubre y 27 de noviembre de 2000 en las que ha dado acogida a estos criterios).

-VI-

Tras lo expuesto, se considera que puede ya plantearse si la asistencia sanitaria prestada a la madre de la reclamante fue la adecuada, es decir, si tal asistencia fue realizada de acuerdo con el estado del saber en la actualidad, de modo que pueda considerarse que se está ante unos hechos que no constituyen un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste recogida en el artículo 141.1 de la LPAC, y si fueron suficientes los medios con los que aquella asistencia fue dispensada, dentro de los disponibles.

Para llegar a una conclusión sobre este extremo se considera necesario analizar y valorar los hechos acreditados en el expediente y, de forma especial, los informes emitidos dado el carácter

(13)

técnico que los mismos tienen, que este Consejo Consultivo, por su carácter, no puede confrontar con criterios propios de esta naturaleza.

Pues bien, frente a la tesis de la reclamante que entiende que no se actuó conforme a la Lex Artis por entender que ya desde el primer ingreso hospitalario, en febrero de 2008, se diagnosticó a la paciente un hemangioma hepático que, si hubiera sido adecuadamente tratado desde ese momento, le hubiera reportado mayores expectativas de vida, esto Consejo considera más fundado el análisis efectuado por el Inspector Médico actuante, con arreglo al cual, ese inicial tumor benigno de hígado nada tuvo que ver con la patología que finalmente provocó el fallecimiento de la madre de la reclamante. La paciente presentaba un cuadro suboclusivo consecuencia de la radiación que años antes se le había efectuado. Posteriormente, con ocasión de una oclusión intestinal que exigió su intervención quirúrgica, apareció un sarcoma de intestino, adecuadamente tratado y en el que la supervivencia descrita no supera el 50% de los casos. Desgraciadamente, siete meses después de esta intervención, que nada tuvo que ver con el inicial diagnóstico del tumor benigno de hígado, y sin que en los sistemáticos controles a los que fue sometida se evidenciara esta evolución, el tumor extirpado produjo metástasis peritoneo diseminada, de imposible tratamiento, de la que la paciente falleció.

En consecuencia, la paciente fue correctamente diagnosticada de su patología y adecuadamente tratada de la misma, aunque, desgraciadamente, ello no pudo evitar la recidiva de la que se derivó su patología final. Por tanto, una valoración conjunta de las pruebas que obran en el expediente, reseñadas en los antecedentes y a las que se ha hecho referencia en esta Consideración Jurídica, que se acaban de reproducir parcialmente o de citar, lleva a este Consejo a estimar que no se ha acreditado la existencia de una mala o inadecuada praxis que permita concluir que no fue observada la lex artis ad hoc, ni que los medios utilizados y los tratamientos dispensados a la madre de la reclamante fueran inadecuados o insuficientes, por lo que falta el nexo de causalidad necesario para que la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria formulada por la reclamante pueda prosperar.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón, formula el siguiente DICTAMEN:

(14)

Que, de acuerdo con la propuesta de resolución, procede desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, derivada de daños y perjuicios por deficiente asistencia sanitaria en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza a “X”, formulada por su hija “Z”.

Figure

Updating...

References

Related subjects :