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ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO–LATINOAMERICANA
RESOLUCIÓN:
El impacto de la COVID-19 en las mujeres
Coponentes: Julia Perié (Parlasur, Argentina)
Samira Rafaela (Parlamento Europeo, Países Bajos)
Jueves, 14 de abril de 2022 – Buenos Aires, Argentina
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EUROLAT – Resolución de 14 de abril de 2022 – Buenos Aires, Argentina
El impacto de la COVID-19 en las mujeres
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,
– Vistos el artículo 8, apartados 3 y 4, el artículo 16, apartados 3 y 4, y el artículo 17, apartado 1, del Reglamento,
– Visto el documento de trabajo presentado por los componentes latinoamericanos y europeos del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer sobre el impacto de la COVID-19 en las mujeres, que ofrece reflexiones y cifras sobre cómo esta pandemia ha puesto aún más de manifiesto y exacerbado las desigualdades estructurales de género existentes en América Latina y Europa, en particular en lo que respecta a la violencia, el trabajo, la salud y el liderazgo,
– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2022, sobre el Plan de Acción en materia de Género de la UE III (2021/2003(INI)),aprobado el 10 de marzo de 20221,
A. Considerando que la COVID-19 provocó un aumento de la violencia contra las mujeres, en particular de la violencia doméstica, de las agresiones sexuales, de la ciberviolencia y de los feminicidios; que el confinamiento de las niñas dificultó aún más su permanencia en la educación y aumentó la violencia de género contra las mujeres menores de edad, incluidos todos los tipos de violencia antes mencionados; que, durante la pandemia de COVID-19, los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia y sus familias se han enfrentado a limitaciones en materia de capacidad, salud y presupuesto; que, de conformidad con el Derecho internacional, los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a una vida sin violencia para las mujeres y las niñas;
B. Considerando que la pandemia expuso las desigualdades socioeconómicas estructurales preexistentes en materia de género, provocó un aumento de la tasa de desempleo entre las mujeres y exacerbó la feminización de la pobreza; que, según el Banco Mundial, al inicio de la crisis, las mujeres trabajadoras en América Latina tenían un 44 % más de probabilidades que los trabajadores masculinos de perder su puesto de trabajo; que en la Unión Europea el 40 % del total de los puestos de trabajo perdidos por las mujeres durante la crisis pertenecían a profesiones predominantemente femeninas; que la carga de las responsabilidades asistenciales, asumidas mayoritariamente por las mujeres debido a los roles de género, ha aumentado durante la pandemia y ha afectado negativamente a la participación de las mujeres en el mercado laboral; que un mayor retroceso en la participación laboral de las mujeres sería perjudicial tanto para las mujeres como para el conjunto de la sociedad;
C. Considerando que las mujeres se encontraban en la primera línea de la lucha contra la pandemia, que engloba a la mayoría de los trabajadores sanitarios, que no están bien representadas en los puestos de toma de decisiones sanitarias y que no están
remuneradas en igualdad de condiciones; que, en América Latina, la mitad del personal
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médico y más del 80 % del personal de enfermería son mujeres, el porcentaje más alto del mundo, aunque son una minoría en los cargos de decisión y se enfrentan a una brecha salarial del 28 %; que la brecha salarial entre hombres y mujeres en la UE se sitúa en el 14,1 %, y junto con el incremento de la brecha de género en las pensiones, las mujeres de la Unión mayores de 65 años reciben una pensión que es, de media, un 29 % inferior a la de los hombres;
D. Considerando que la COVID-19 ha aumentado drásticamente la mortalidad entre las mujeres embarazadas y de edad avanzada y limitado el acceso a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva; que las mujeres embarazadas tuvieron un acceso
limitado a los servicios sanitarios, lo que provocó un elevado aumento de la mortalidad materna en América Latina, especialmente durante la primera ola de COVID-19; que América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos de adolescentes en el mundo, con cerca del 18 % de los nacimientos de madres adolescentes menores de 20 años; que el acceso universal al nivel más elevado posible a los servicios sanitarios y los relacionados con la salud sexual y reproductiva son derechos fundamentales de las mujeres que los gobiernos deben garantizar en todo momento de conformidad con el Derecho internacional;
E. Considerando que es indispensable la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones para ofrecer respuestas a la crisis efectivas y apropiadas; que las
decisiones que no incluyen a las mujeres son parciales, menos efectivas e incluso pueden ser dañinas; que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de poder en América Latina y en la Unión Europea;
1. Insta a los Gobiernos de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea - América Latina y Caribe (UE-ALC) a que declaren esenciales todos los instrumentos para hacer frente a la violencia de género, garantizando el acceso de las víctimas a refugios, líneas de ayuda y servicios sanitarios;
2. Insta a los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea, América Latina y del Caribe a que aumenten la inversión en servicios públicos para detectar y prevenir señales tempranas de violencia de género, como la manera más eficaz de evitar los costes personales, emocionales y físicos que soportan las mujeres y las niñas cuyos derechos humanos fundamentales son violados, así como de evitar mayores costes en el sistema sanitario;
3. Pide a los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea, América Latina y del Caribe que examinen la dimensión de género en el trabajo y que promuevan el equilibrio de género en todos los sectores económicos y profesionales; solicita a los Gobiernos que garanticen que las mujeres y las niñas tengan el mismo acceso a las herramientas digitales y al desarrollo de capacidades que los hombres; pide a todos los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea, América Latina y el Caribe que adopten medidas y políticas públicas para redistribuir la carga asistencial y mejorar el acceso de las familias a los permisos familiares y a las fórmulas de trabajo flexible;
4. Insta a los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea, América Latina y del Caribe a que garanticen sin demora un acceso asequible y de calidad a todos los servicios sanitarios esenciales; pide a los Gobiernos que garanticen el acceso universal de todas las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad, incluido el acceso
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universal al aborto seguro y legal, así como a atención médica durante el embarazo;
pide un plan de acción específico para las madres jóvenes que garantice su regreso, permanencia y aprendizaje en la escuela;
5. Insta a los Estados de la Unión Europea, América Latina y del Caribe a que inviertan en tecnologías digitales como medio para aumentar el acceso de las mujeres a los servicios sanitarios y sociales, especialmente las que viven en zonas rurales;
6. Pide a los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea, América Latina y del Caribe que incluyan a las mujeres en todas las fases de diseño, adopción y aplicación de los planes de recuperación relacionados con la COVID-19; solicita un enfoque sensible a las cuestiones de género con medidas eficaces y específicas para garantizar que el paquete de apoyo responda a los retos específicos y las desigualdades estructurales a los que se enfrentan las mujeres;
7. Insta a los Gobiernos de la Unión Europea, América Latina y el Caribe a trabajar en políticas públicas para mitigar los impactos de la pandemia en el aprendizaje y otros resultados de la educación, que han demostrado ser tremendamente desiguales en parte debido a la brecha digital. El embarazo precoz, el matrimonio precoz y la violencia de género son factores que están contribuyendo a un mayor impacto en las niñas y dichos factores deben reflejarse en las medidas públicas;
8. Insta a la Unión Europea, América Latina y el Caribe a que apliquen la integración de la perspectiva de género en todas las políticas; subraya la importancia de promover la cooperación entre estas dos regiones para compartir las mejores prácticas y
metodologías;
9. Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente Resolución a la Presidencia francesa del Consejo, al alto representante de la Unión, al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Andino y al Parlamento del Mercosur.
