MECANISMOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA 1
Antes de entrar a detallar lo concerniente a la acción de tutela como mecanismo de protección ciudadana, es conveniente hacer un breve recuento de los que son los derechos fundamentales, en orden a establecer los fundamentos teóricos previos para el cabal entendimiento del tema.
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Los derechos fundamentales son derechos humanos1 positivizados en un ordenamiento jurídico concreto2. Es decir, son los derechos humanos concretados espacial y temporalmente en un Estado concreto.
Son derechos ligados a la dignidad de la persona humana dentro del Estado y de la sociedad. Cabe destacar que a los derechos fundamentales no los crea el poder político, ni la Constitución, los derechos fundamentales se imponen al Estado. La Constitución se limita a reconocer los derechos fundamentales, pero no los crea.
El derecho fundamental jurídicamente tiene la estructura normativa basada en la capacidad que le permite a la persona efectuar determinados actos, es decir, que los derechos fundamentales son instituciones jurídicas que tienen la forma del derecho subjetivo. Y la estructura del derecho subjetivo tiene tres elementos: titular del derecho subjetivo, el contenido del derecho subjetivo en el que vamos a distinguir las facultades, por otra parte el objeto
1 Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Consultado el 04 de febrero de 2014 en:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
2 Los derechos humanos se refieren normalmente a la Declaración Universal de Derechos Humanos realizada en la ONU en 1948. Los derechos fundamentales normalmente se refieren a los reconocidos por la norma fundamental de cada Estado. Consultado el 04 de febrero de 2014 en:
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091019080955AAFcdnQ
del derecho, y un tercer elemento es el destinatario o sujeto pasivo, aquel 2
que está obligado a hacer o no hacer.3
El concepto de derecho fundamental, es uno de los más importantes en las Constituciones contemporáneas. Colombia acogió esta figura en la Constitución de 1991. Una definición sintética de estos derechos es la siguiente: son los derechos inherentes a la persona humana. Usualmente se les ha identificado con los derechos individuales, sin embargo en Colombia han sido reconocidos por la Corte Constitucional algunos derechos pertenecientes a la llamada segunda generación, es decir, ha reconocido como derechos fundamentales ciertos derechos sociales que son necesarios para que la persona humana cuente con una vida digna.
El título II capítulo I de nuestra Carta Política se ocupa según se indica de forma expresa de los "derechos fundamentales", sin embargo la Corte Constitucional ha sostenido que el Constituyente no determinó en forma taxativa cuáles eran los derechos constitucionales fundamentales, sino que fue su voluntad conferir simplemente un efecto indicativo a la ubicación y titulación de las normas constitucionales.
Por consiguiente, hay que concluir que en nuestro país los derechos fundamentales no sólo son los que aparecen en el título y capítulos referidos, en vista de ello la Corte Constitucional utiliza para reconocer los derechos fundamentales otros criterios. Para la Corte hay criterios principales y subsidiarios de interpretación. Acoge como principales: el que se trate de un derecho esencial de la persona y el reconocimiento expreso de la Constituyente (un caso ejemplificativo es el artículo 44 que se refiere a los derechos de los niños como derechos fundamentales); acoge como criterios auxiliares, los cuáles no bastan por sí solos: la inclusión del derecho en tratados internacionales, que se trate de un derecho de aplicación inmediata; que posea un "plus" para su
3 Consultado el 04 de febrero de 2014 en: http://www.derecho.com/c/Derechos+fundamentales
modificación (se refiere a los que requieren de referendo para ser reformados) y 3 por último la ubicación y denominación.
Así mismo, para que un determinado derecho sea tenido como fundamental, la Corte Constitucional Colombiana considera que debe reunir tres requisitos:
conexión directa con los principios constitucionales, eficacia directa y contenido esencial” (núcleo básico del derecho).
DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES
El hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos que se encuentran en la Constitución Política bajo el título de los derechos fundamentales y excluir cualquier otro que ocupe un lugar distinto, no debe ser considerado como criterio determinante sino auxiliar, pues él desvirtúa el sentido garantizador que a los mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el constituyente de 1991. El juez de tutela debe acudir a la interpretación sistemática, finalística o axiológica para desentrañar, del caso particular, si se trata o no de un derecho fundamental, lo que podría denominarse una "especial labor de búsqueda" científica y razonada por parte del juez.
Es necesario definir el alcance del Artículo 86 de la Constitución, que dice:
"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".
Con el fin entonces de establecer los derechos tutelables de que trata el artículo 86 de la Constitución, la Corte Constitucional utiliza dos tipos de criterios que no son concurrentes: los criterios principales y los subsidiarios.
1 Criterios principales
Los criterios principales para determinar los derechos constitucionales fundamentales son dos: la persona humana y el reconocimiento
expreso. El primero contiene una base material y el segundo una base 4
formal.
1.1 Los derechos esenciales de la persona
El primer y más importante criterio para determinar los derechos constitucionales fundamentales por parte del Juez de Tutela consiste en establecer si se trata, o no, de un derecho esencial de la persona humana.
El sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política.
Los derechos constitucionales fundamentales no deben ser analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de derechos que tiene como sujeto a la persona.
Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (artículos 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos.
Los valores y principios materiales de la persona, reconocidos por la Constitución, están inspirados en el primer inciso del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre4, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que dice: "Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
4 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 artículos los Derechos Humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 1945. La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos. Consultado el 04 de febrero de 2014 en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humano s
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 5
humana;".
Y en otro considerando afirma que: "Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,”
Los valores y principios materiales de la dignidad, la personalidad jurídica y su libre desarrollo, así como los criterios de la esencialidad, la inherencia y la inalienabilidad, son atributos propios de la persona, reconocidos en la Constitución, así:
El Preámbulo de la Carta contiene los valores de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz; y en el cuerpo de la Constitución figuran además la moral social, la riqueza natural y el pluralismo expresado en la diversidad política, étnica y cultural.
En los artículos 1o. y 2o. de la Constitución se establece así mismo que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana; y dentro de sus fines esenciales está el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
En este sentido, con el fin de verificar si un derecho constitucional fundamental se deriva del concepto de derecho esencial de la persona humana, el Juez de Tutela debe investigar racionalmente a partir de los artículos 5o. y 94 de la Constitución, como se procede a continuación.
El artículo 5o. de la Carta establece: "El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad".
El artículo 94 de la Constitución5 determina que: "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos".
5 El artículo 94 de la Constitución Política de 1991, es conocido como la cláusula de los Derechos innominados.
Esta disposición tiene como antecedente la enmienda novena de la 6
Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791.
Ambos artículos se interpretan a la luz de la Convención Americana de los Derechos del Hombre (norma interpretativa constitucional según el artículo 93 de la Carta). En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", fue aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, ratificado el 31 de julio de 1973 y entró en vigencia el 18 de julio de 1975. Ella es por tanto una norma jurídica vinculante en el derecho interno. Allí se encuentra la idea de que son los atributos de la persona humana lo determinante para establecer la esencialidad de un derecho, cuando en el Preámbulo se dice:
"Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos".
En el mismo sentido descrito en párrafos anteriores, la Corte Constitucional, en Sentencia T-760 de 2008, se ha pronunciado frente a la fundamentalidad de los derechos de la siguiente manera:
Como lo ha señalado la propia Corte Constitucional, su postura respecto a qué es un derecho fundamental “(…) ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de aplicación inmediata y la esencialidad e inalienabilidad del derecho para la persona.” Aunque la Corte ha coincidido en señalar que el carácter fundamental de un derecho no se debe a que el texto constitucional lo diga expresamente, o a que ubique el artículo correspondiente dentro de un determinado capítulo,no existe en su jurisprudencia un consenso respecto a qué se ha de entender por derecho fundamental. Esta diversidad de posturas, sin embargo, sí sirvió para evitar una lectura textualista y restrictiva de la carta de derechos, contraria a la concepción generosa y expansiva que la propia Constitución Política demanda en su artículo 94, al establecer que no todos los derechos están consagrados expresamente en el texto, pues no pueden negarse como derechos aquellos que ‘siendo inherentes a la persona humana’, no estén enunciados en la Carta.
Entonces, se pregunta, ¿Qué es inalienable, inherente y esencial?
Podría responderse que inalienable es: "que no se puede enajenar, ceder ni transferir"; inherente: "que constituye un modo de ser intrínseco a este sujeto"; y esencial: "aquello por lo que un ser es lo que es, lo permanente e invariable de un ser".
Estos términos "inalienables" e "inherentes" deben ser entendidos así: algo 7
es inalienable por ser inherente y algo es inherente por ser esencial.
Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tiene deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.
Concluyendo, se advierte que, como definía Emmanuel Kant, en su libro Fundamento de la Metafísica de las Costumbres, ser persona es ser fin de sí mismo.
1.2 El reconocimiento expreso del Constituyente
La Constitución en un único caso, concretamente en el artículo 44, determinó en forma expresa unos derechos fundamentales, al referirse a los niños, así: "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social...".
En ningún otro artículo se encuentra tal referencia tan precisa y por lo mismo no ofrece dificultad en su interpretación, como se observará más adelante en el acápite denominado "los derechos fundamentales por su ubicación y denominación.
Este derecho ha sido desarrollado por distintos Pactos Internacionales entre los cuales se destacan: la Declaración de los Niños de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1959, la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991; y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de Derechos Civiles y Políticos; los Convenios de la O.I.T; los Convenios de Ginebra números 1 y 2; y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
Inicialmente, bajo este criterio meramente formal, se fundamentó la tesis restrictiva frente a la fundamentalidad de los derechos; y es que este método lógico-sistemático, nos conduce a la casi obvia conclusión de que los derechos fundamentales son solo aquellos que el constituyente expresamente arropó bajo esa calificación en la sistemática constitucional:
los derechos incluidos en el Capítulo 1 del Título II de la Carta, ya que dicha
sección fue explícitamente bautizada como “De los derechos 8
fundamentales”.
Otra postura restrictiva y aún más limitativa fue aquella según la cual los derechos fundamentales tutelables son únicamente aquellos a los que la Carta adjudica el carácter de derechos de aplicación directa, es decir, los derechos enumerados en la lista taxativa del artículo 85, todos ellos derechos individuales de primera generación.6
2 Criterios auxiliares
Si bien los criterios principales son suficientes y vinculantes para efectos de definir los derechos constitucionales fundamentales, se reseñan a continuación algunos criterios auxiliares cuyo fin primordial es servir de apoyo a la labor de interpretación del Juez de Tutela, pero que por sí solos no bastan. Son ellos: a) Los tratados internacionales sobre derechos humanos; b) Los derechos de aplicación inmediata; c) Derechos que poseen un plus para su modificación, y d) Los derechos fundamentales por su ubicación y denominación
a) Los Tratados internacionales sobre derechos humanos
El artículo 93 de la Carta es el único criterio interpretativo con rango constitucional expreso. Dicho artículo dice: "Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia". Así se reitera en el artículo 4o. del Decreto 2591 de 1991.
En este sentido, considera Norberto Bobbio que "el fundamento de los derechos humanos, a pesar de la crisis de los fundamentos, está, en cierto modo resuelto, con la proclamación de común acuerdo de una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Se trata de un fundamento histórico y, como tal, no absoluto: pero el histórico del consenso es el único fundamento que puede ser probado factualmente".
b) Los derechos de aplicación inmediata
Nos ocupan ahora el estudio de los derechos establecidos en el artículo 85 de la Constitución.
6 CHINCHILLA HERRERA, Tulio Elí, ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?, Editorial Temis, 2ª edición, Bogotá, 2009, págs. 144-145.
Este artículo enumera los derechos que no requieren de previo desarrollo 9
legislativo o de algún tipo de reglamentación legal o administrativa para su eficacia directa y que no contemplan condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que son exigibles en forma directa e inmediata. En realidad la especificidad de estos derechos es un fenómeno de tiempo: el hombre llega a ellos de manera directa, sin necesidad de la mediación de un desarrollo legislativo. Es pues, un criterio residual para los efectos que nos ocupan.
Para que el artículo 85 de la Constitución no sea inocuo debe leerse como una norma que no condiciona a la mediatización de una ley, la aplicación de los derechos allí enumerados.
c) Derechos que poseen un plus para su modificación
El artículo 377 de la Constitución es una guía para el Juez de Tutela;
en él se establece que unos derechos poseen más fuerza que otros, otorgándoles un plus, cuando dice:
"Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran éstas a los derechos reconocidos en el Capítulo 1, Título II y sus garantías, si así lo solicitan dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo un cinco por ciento de los ciudadanos que integran el censo electoral".
Este capítulo de derechos tiene una "súper-garantía" que le permite condicionar eventualmente su reforma, lo que hace pensar en la naturaleza especial de tales derechos, siguiendo en esto la orientación de la Constitución Española de 1978 en su artículo 168 (a su vez inspirado en el artículo 79-3 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949).
d) Los derechos fundamentales por su ubicación y denominación Otro criterio auxiliar de interpretación es la ubicación y denominación del texto para determinar su significado. Es lo que se denomina por la doctrina, para efectos de la interpretación sistemática, los argumentos "sede materiae" y "a rúbrica".
El significado de la norma se puede determinar por su ubicación (sede materiae) y/o por su título (a rúbrica).
La Constitución está organizada en títulos y capítulos que agrupan temas 10
afines y permiten su estudio.
Ahora bien, ¿qué efectos jurídicos tienen los títulos y capítulos en que se divide y denomina la Constitución Política de Colombia?
Ante esta pregunta hay dos posibles respuestas. Primera, la que considera que se trata de un criterio principal para la determinación de los derechos constitucionales fundamentales; y la segunda, que acoge los criterios de ubicación y denominación pero sólo les otorga un valor indicativo para el intérprete.
Del análisis de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, publicadas en la Gaceta Constitucional, se concluye, en relación con el artículo 39 del Reglamento, que la Comisión Codificadora entregó los textos por asuntos y materias - títulos y capítulos-, pero que tal tarea no fue aprobada en conjunto, en los términos consagrados en el artículo 44, cuando dice: "Aprobado el texto final de las reformas y su codificación, la Presidencia citará a una sesión especial en la cual dicho texto se proclamará.".
Es decir la propia Constituyente tenía claro que una cosa era hacer normas (con fuerza vinculante) y otra la organización y titulación de dichas normas (fuerza indicativa).
Fue pues voluntad del Constituyente de 1991 conferir un efecto indicativo a la ubicación y titulación de las normas constitucionales y en consecuencia, ello es una información subsidiaria dirigida al intérprete.
Como se podrá observar, el Constituyente no determinó en forma taxativa cuáles eran los derechos constitucionales fundamentales, a diferencia de algunos textos constitucionales de otros países, como es el caso de la Constitución española de 1978 -artículos 14 a 29 y 30.2- y de la Constitución alemana -artículos 2o. al 17 de conformidad con el apartado 3 del artículo 1º.
Fuerza concluir que el hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos que se encuentran en la Constitución Política bajo el título "de los derechos fundamentales" y excluir cualquier otro que ocupe un lugar distinto, no debe ser considerado como criterio determinante sino auxiliar, pues él desvirtúa el sentido garantizador que a los mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el Constituyente de 1991.
Ahora bien, al no existir una definición constitucional clara en materia de 11
derechos fundamentales, el Legislador en el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991 dispuso:
"La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión de esta decisión".
El Legislador, en relación con el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, se fundamentó en lo establecido por el artículo 241 numeral 9o. de la Constitución, que obliga, como una de las funciones de la Corte Constitucional, revisar en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, sin definir los derechos objeto de la Acción de Tutela.
¿Es inocua o gratuita esta omisión del Constituyente?
Se responde, siguiendo a Bobbio, que "el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos fundamentales no es el de su justificación sino el de su protección" "No se trata de saber cuántos y cuáles son estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o históricos absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados".
Labor del Juez de Tutela en la búsqueda de los derechos constitucionales fundamentales.
El Juez de Tutela debe acudir a la interpretación sistemática, finalista o axiológica para desentrañar, del caso particular, si se trata o no de un derecho fundamental, lo que podría denominarse una "especial labor de búsqueda", científica y razonada por parte del Juez.
El Juez está frente a lo que la doctrina denomina un "concepto jurídico indeterminado": los derechos constitucionales fundamentales, que pueden ser o no ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera o de otra, pero siempre su sentido se define bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Para el profesor García de Enterría, introductor de la noción "concepto 12
jurídico indeterminado", la "valorización política de la realidad podrá acaso ser objeto de una facultad discrecional, pero la realidad como tal, si se ha producido el hecho o no se ha producido y cómo se ha producido, esto ya no puede ser objeto de una realidad discrecional, porque no puede quedar al arbitrio de la Administración discernir si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido o determinar que algo ha ocurrido si realmente no ha sido así".
Esta indeterminación sin embargo, no le permite al juez actuar total y absolutamente libre. La interpretación del caso particular se mueve dentro de parámetros establecidos por la propia Constitución.
El Juez debe buscar, como lo dice el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, la naturaleza del derecho fundamental que permita su tutela. Es entonces en la naturaleza, en el estudio de su esencia, en donde el Juez descubre si está frente a un derecho fundamental.
La labor que realiza el Juez de Tutela es de verificación; él no crea el derecho fundamental, lo desentraña y verifica. Esta "teoría de la verificación" también es desarrollada por Dworkin sobre la figura del Juez modelo, capaz de encontrar racionalmente la solución justa. "El Juez no tiene una función creadora, sino garantizadora de los derechos".
De conformidad con los criterios expuestos se concluye que cobra gran importancia la labor de interpretación del Juez, al asumir un serio compromiso impuesto por la filosofía que orienta la nueva Constitución, pues solamente mediante el análisis crítico y razonable se pueden encontrar los parámetros justos en la comparación entre los hechos expuestos y la norma constitucional.
Ahora bien, la Jurisdicción de Tutela en Colombia comprende a todos los jueces, pues a diferencia de ordenamientos de otros países en donde sólo la Corte o el Tribunal Constitucional se pronuncian sobre el Derecho de Amparo, institución que guarda semejanzas pero también diferencias con la tutela. En nuestro sistema todos los jueces sin distinción de jerarquía tienen competencia en materia de tutela. Esta Jurisdicción es llamada por el constitucionalismo contemporáneo la "Jurisdicción de la libertad".
Derechos fundamentales por conexidad
Al respecto se refiere Tulio Elí Chinchilla “Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el
texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en 13
virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueren protegidos los primeros en forma inmediata se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos”
23/02/2010 13
ENUNCIACIÓN ABIERTA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES ENUNCIACIÓN ABIERTA DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES
1. Protección constitucional de los derechos a la salud y a la vida.
2. El derecho de los niños al cuidado y al amor.
Prohibición de torturas y tratos crueles
3. Derecho de igualdad ante la ley y de oportunidades 4. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 5. Derecho a la intimidad personal y familiar
6. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 7. Prohibición de la esclavitud
8. Derecho a la libertad de conciencia 9. Derecho a la libertad de cultos
23/02/2010 14
ENUNCIACIÓN ABIERTA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES ENUNCIACIÓN ABIERTA DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES
10. Derecho a la libertad de expresión 11. Derecho a la honra y al buen nombre 12. Derecho de petición
13. Derecho a la libertad de circulación 14. Derecho al trabajo
15. Libertad de escoger profesión u oficio 16. Derecho a la libertad de enseñanza 17. Derecho a la libertad de asociación 18. Derecho a la libertad de reunión
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23/02/2010 15
ENUNCIACIÓN ABIERTA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES ENUNCIACIÓN ABIERTA DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES
19. Derecho al debido proceso
a) Derecho a la jurisdicción b) Derecho al juez natural c) Derecho a la defensa judicial d) Derecho a un proceso público e) Derecho a la independencia del juez
f) Derecho a la “No reformatio in pejus”
20. Derecho de asociación sindical 21. Derecho a la participación política
-Derecho al ejercicio de cargos y funciones públicas
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ENUNCIACIÓN ABIERTA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES ENUNCIACIÓN ABIERTA DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES
22. Derecho a la educación
23. Derecho de acceso efectivo a la administración de justicia
24. Derecho a la integridad y primacía de la Constitución 25. Derecho a la protección inmediata de los derechos
fundamentales
26. Derecho al medio ambiente 27...
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MECANISMOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA LA ACCIÓN DE TUTELA Y SU OBJETO
Marco constitucional y legal de la acción de tutela
El marco constitucional está dado por el artículo 86 de la Carta Política de 1991.
El marco legal está constituido por el Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política; el Decreto 306 de 1992 a través del cual se reglamenta el Decreto 2591, y; el Decreto 1382 de 2000 en cuanto al reparto de las tutelas.
Noción conceptual de la acción de tutela
La acción de tutela es el derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo y rápido.
La acción de tutela es un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal y en la certeza de que obtendrán oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Objeto de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991, el objeto de la acción de tutela se sintetiza en la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; el texto de la norma es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 1º -Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 16 los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares (en los casos que señala este decreto)*. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.
La acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. (Cuando la medida excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por los menos para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria de los estados de excepción.)*
Naturaleza de la acción de tutela
La tutela tiene como dos de sus caracteres distintivos esenciales los de la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable; el segundo, puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad, concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza.
Características de la acción de tutela
Al analizar la naturaleza de la acción de tutela, se pueden destacar algunas características relevantes de la misma:
Subsidiaria o residual: Porque solo procede cuando no se dispone
de otro medio de defensa judicial.
Inmediata: Porque su propósito es otorgar rápidamente y sin
dilaciones (demora) la protección solicitada.
Sencilla o informal: Porque no ofrece dificultades para su presentación y servicio.
Específica: Porque se contrae a la protección exclusiva de los
derechos fundamentales.
Eficaz: Porque es un mecanismo utilizado esencial y únicamente 17
para la protección de los derechos fundamentales vulnerados o con peligro de serlo, y porque en todo caso exige del juez un pronunciamiento de fondo para conceder o negar el amparo del derecho.
Preferente: Porque el juez la tramitará con prelación a otros asuntos, salvo la acción de habeas corpus. Los plazos son perentorios e improrrogables.
Sumaria: Porque es breve en sus formas y procedimientos.
Rosas Cruz Adriana (primera Ed.) (1996) La acción de tutela en la jurisprudencia de la corte.
Bogotá. Editorial. Laurent Céspedes R. (Pág. 20-21)
http://html.rincondelvago.com/accion-de-tutela.html
Presentación y procedimiento para entablar una acción de tutela
Personalmente, o por intermedio de abogado, o a nombre de la persona perjudicada. No es necesario decir cuáles derechos de la Constitución se violan, pero es indispensable dar la información más completa posible de los hechos, para que así el juez tenga todos los elementos de juicio para adoptar una decisión.
Procedimiento:
1. No requiere de abogado.
2. El derecho debe haberse violado o desconocido, o debe encontrarse amenazado.
3. No debe existir ningún otro medio para proteger el derecho, a 18
menos que sea necesario actuar rápidamente para que no se cause un perjuicio irremediable.
4. No pueden interponerse dos acciones de tutela por los mismos hechos y derechos.
5. Dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo, puede ser impugnado por el demandante o el demandado.
6. Si los demandados incumplen la decisión del juez o no la ejecutan en el tiempo indicado, usted puede acudir ante el mismo juez de primera instancia, para presentar el incidente de desacato.
7. En caso de que no se tenga conocimiento claro del trámite de la Acción de Tutela, la persona puede acudir a la Personería o Defensoría del Pueblo del lugar de su domicilio.
8. No se debe olvidar que, la Corte Constitucional no es instancia y su función está circunscrita a su eventual revisión, en los términos del artículo 33 del decreto 2591 de 1991.
Casos en los que procede la acción de tutela:
1. Cuando se amenace o vulnere uno de los derechos fundamentales constitucionales.
2. Cuando no se disponga de otro medio para reparar o evitar el daño.
3. Cuando a pesar de que exista un medio de protección, se pretenda por medio de la acción de tutela evitar un perjuicio irremediable.
Términos de la acción de tutela:
Son 3 días para que el demandante corrija la solicitud (Art 17),de igual manera son tres días para que la autoridad rinda informe (Art 19), de
igual forma es la misma cantidad de tiempo para la rendición de informe 19 adicional (Art 21) y como máximo son 10 días para concluir la acción (Art 29.)
Son como máximo 48 horas para que se haga efectivo el fallo (Art 23,) de igual forma con la misma cantidad de horas para q el superior haga cumplir el fallo si el inferior no lo ha hecho (Art 27,) también es la cantidad máxima para abrir la investigación contra el superior renuente, de igual manera este es el mismo tiempo que se destina para que el derecho sea libremente ejercido.
Es un término de 3 días para que se pueda impugnar el fallo (Art 31)
Son 2 días para que sea enviada al superior (Art 32)
Es un término de 20 días para que falle la segunda instancia (Art 32)
Y por último son 10 días para que sea enviado a revisión de la corte constitucional (Art 32)
Competencia para la acción de tutela:
Primera instancia: Son competentes para conocer de la acción de tutela los jueces o tribunales con jurisdicción del lugar donde se vulnera el derecho protegido.
Actuación temeraria: Cuando sin motivo justificado la misma acción de tutela sea interpuesta por la misma persona o su apoderado, ante varios jueces o tribunales, esta se rechazara o se decidirá sobre ella desfavorablemente.
Recusación: En ningún caso será procedente la recusación, el juez además debe declarase impedido cuando concurra con las causales de impedimento que declara el código de procedimiento penal en su capítulo VII, articulo 56.
Falta de desarrollo legal: No se podrá alegar la falta de desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para impedir su tutela.
Contenido de la solicitud de tutela:
La acción de tutela generalmente se presenta por escrito, pero en caso de que la persona que vaya a pedir el amparo de la acción de tutela sea analfabeta o menor de edad o cuando exista una urgencia, la acción de tutela puede ser invocada de manera verbal: la acción de tutela contendrá:
1. El nombre y el lugar de residencia del solicitante.
2. Nombre de la autoridad o particular que genera la vulneración del derecho.
3. La acción u omisión que la motiva. 20
4. Las medidas provisionales que se deban adoptar para la protección del derecho.
5. Demás circunstancias para decidir la solicitud.
6. La afirmación bajo gravedad de juramento, que no se ha presentado otra acción respecto o frente a los mismos hechos y derechos.
FORMATO ACCIÓN DE TUTELA
Honorable
JUEZ ________ (reparto) de E. S. D.
Referencia: Acción de Tutela
Accionante:__(Quien(es) son los afectados)
Accionado: __(Quien infringe o es responsable por la violación)
________________, mayor de edad e identificado como aparece al pie de mi firma, haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 86 de la Carta Política, de la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted con el fin de manifestarle que por medio del presente escrito INSTAURO ACCIÓN DE TUTELA contra el ____________ (institución), señor ___________ , con el fin de que se me proteja y tutele mi derecho constitucional fundamental de petición Derecho fundamental a tutelar
Artículo, consagrado en nuestra Constitución Política.
Es menester recalcar que este derecho constitucional fundamental se encuentra vulnerado por parte de ____________ , en cabeza del señor ___________ En razón de ello solicito a este Honorable despacho se sirva tutelar la protección a mi derecho fundamental violado, de acuerdo con lo que a continuación refiero:
Hechos
Primero: 21
Derechos violados
Es menester recalcar que este derecho constitucional fundamental se encuentra vulnerado por parte de ____________ , en cabeza del señor ___________ En razón de ello solicito a este Honorable despacho se sirva tutelar la protección a mi derecho fundamental violado, de acuerdo con lo que a continuación refiero:
Procedencia de la acción
La presente acción es procedente porque a la fecha la ___________ autoridad ___________ en cabeza de _________________no ha absuelto la solicitud que respetuosamente interpuse ante su despacho seis (6) meses y veinte (20) días atrás, además de no existir otro mecanismo de protección a mi Derecho Fundamental violado.
Petición
Se me garantice mi derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.
Declaración
Con el fin de tutelar y proteger mi inherente derecho constitucional fundamental vulnerado, el honorable despacho hace las siguientes declaraciones:
Tutelar el Derecho Fundamental _________ vulnerado a ___________
accionante ___________ por parte de ____________ y en consecuencia, ordenar a dicho funcionario que resuelva la Petición formulada el ___________
dando respuesta concreta a todas y cada una de las preguntas formuladas en dicho escrito.
Fundamento de la acción
Fundamento la presente acción en el artículo 86 de la constitución Política, 22 decreto 2591 de 1991, decreto 1382 de 2000.
Juramento
Bajo la gravedad de juramento, aseguro que no he interpuesto otra Acción de Tutela por los mismos hechos y pretensiones.
Pruebas
Solicito se tengan en cuenta los siguientes medios probatorios:
Pruebas documentales Anexos
Con el propósito de sustentar esta acción, me permito anexar los documentos anunciados en el acápite correspondiente a los medios probatorios documentales.
Notificaciones
Cualquier notificación me puede ser enviada a la __________ Teléfonos ____________, en la ciudad de _________________
Atentamente,
___________________
C.C. No.