RENOVAR EL COMPROMISO CON EL MERCADO INTERIOR
EUROPEO
1. Hacia un marco reglamentario eficiente y flexible
Este año 2012 marca el XX Aniversario del mercado interior europeo, que durante estos últimos años ha experimentado un crecimiento muy significativo, reflejo de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea. Ha pasado de contar con 345 millones de consumidores en 1992 a cerca de 500 millones en 2012.
Del mismo modo, el intercambio comercial de mercancías ha experimentado un notable incremento, pasando de 800.000 millones de euros en 1992 a 2,8 billones en 2011. En ese mismo periodo, el mercado interior europeo contribuyó a crear 2.770.000 nuevos empleos, lo que se tradujo en un incremento del 1,3% del empleo total en la Unión Europea.
Para las empresas españolas, el mercado interior europeo es, junto a la moneda única, la piedra angular del proceso de construcción europea y uno de sus logros más tangibles. El mercado interior europeo representa una oportunidad única de proyección internacional, de adaptación a un mundo en constante evolución, de competir en mejores condiciones y, en definitiva, de crear nuevas perspectivas de futuro.
Es muy importante tener en cuenta que el mercado interior europeo está en permanente estado de renovación y apertura, y que las garantías de éxito pasan por contar con un acervo jurídico coherente, eficiente y flexible, que asegure plenamente la operatividad del mercado favoreciendo al mismo tiempo su integración, lo que asimismo implica tomar debidamente en consideración las especificidades de las regiones ultraperiféricas. Todo ello en un contexto de libre competencia.
La efectividad del entorno reglamentario del mercado interior europeo en términos de beneficios reales y potenciales del mismo depende, en gran medida, de la existencia de un marco institucional fuerte, capaz de asegurar el rigor en la transposición, el cumplimiento y aplicación de la normativa, incluido el respeto y garantía de los derechos adquiridos. Todo ello con el objetivo de evitar la fragmentación y la inseguridad jurídica, lo que requiere un esfuerzo permanente por todas las Administraciones Públicas a todos los niveles.
CEOE apuesta por una renovación del compromiso a favor de un mercado interior europeo cohesionado y eficiente, que permita pasar del enfoque excesivamente legislativo, adoptado hasta ahora, a otro basado en el refuerzo de los mecanismos de supervisión y cumplimiento del marco reglamentario vigente en todos los Estados miembros, legislando sólo donde realmente sea necesario, siempre con arreglo a unas evaluaciones de impacto previas y con el objetivo de, en la medida de lo posible, rebajar la carga administrativa asociada a la normativa europea.
Las empresas españolas han mostrado y continúan mostrando un compromiso fuerte
e inequívoco con la profundización del mercado interior europeo, a partir de un enfoque
global que permita fortalecer las bases de la recuperación económica.
Las empresas están realizando un esfuerzo enorme que ha de verse respaldado por una
actuación decidida y firme por parte de los gobiernos, a todos los niveles, en un serio
ejercicio de responsabilidad a favor de una mayor integración de la Unión Europea y de la zona euro que se materialice en la necesaria estabilización financiera a corto y medio plazo.
2. Acta del Mercado Único II: una estrategia centrada en la integración del
mercado interior europeo
En general, CEOE considera que el desarrollo de la política europea de mercado interior ha de basarse en promulgar menos legislación y más simple, tanto a nivel europeo como nacional y autonómico; realizar evaluaciones de impacto de las propuestas legislativas a escala europea y nacional; y asegurar una interpretación homogénea de la normativa, así como una transposición, una implementación y un cumplimiento correctos de la misma en los Estados miembros, a través de la puesta en marcha de los correspondientes instrumentos de supervisión.
En particular, CEOE estima que es preciso centrar la acción en áreas estratégicas con
mayor potencial de crecimiento y creación de empleo, a partir de una perspectiva
integrada y equilibrada a favor de la competitividad empresarial. 2.1. Unión bancaria y unión fiscal
Es fundamental contar con una unión bancaria que permita la fusión e integración del mercado financiero europeo, incluido el tramo minorista, y que implique mejoras de la supervisión del sistema, además de contribuir a la estabilización de la situación financiera de las entidades.
Para ello sería conveniente que la puesta en marcha del mecanismo único de supervisión fuera efectiva a finales de 2012, para, a continuación, establecer un fondo de resolución de crisis y de garantía de depósitos de ámbito europeo. La estabilización de los mercados financieros ha de ser concebida como un factor de crecimiento y, por tanto, ser prioritaria. Esto quiere decir que, junto a la unión bancaria, se ha de trabajar hacia una mayor convergencia fiscal, sin que ello implique un aumento de la carga impositiva para empresas y familias.
2.2. Acceso de las PYME a la financiación
El establecimiento de una sólida unión bancaria igualmente habría de permitir la dinamización del mercado interbancario, lo que supondría una apertura de los canales de financiación para las empresas.
Urge favorecer el acceso al crédito y, en particular, al capital circulante para lo cual es importante contar con un marco regulatorio estable y una normativa de solvencia adecuada. Además, cabe recordar que el avance en I+D+I depende, en gran medida, del acceso a la financiación, especialmente para las PYME.
2.3. Servicios
La implementación plena de la Directiva sobre servicios en el mercado interior en todos los Estados miembros supondría una ganancia adicional del 1,8% del PIB de la Unión Europea, esto es, alrededor de 330.000 millones de euros. Es urgente suprimir las importantes barreras que continúan dificultando, e incluso impidiendo, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios como consecuencia de una deficiente interpretación y transposición de la Directiva.
En concreto, la Comisión Europea ha de realizar un esfuerzo adicional para suprimir las restricciones a la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios que resultan discriminatorias, injustificadas y desproporcionadas. Unas restricciones, cuya consecuencia es, en muchas ocasiones, la limitación de la competencia. Asimismo, ha de impulsar las medidas anunciadas a nivel sectorial, entre ellas la creación del grupo de expertos sobre Planificación Urbana y Comercial.
Por lo que respecta a los Estados miembros, han de modernizar y simplificar los procedimientos administrativos con vistas a lograr un mejor funcionamiento de las ventanillas únicas, lo que facilitará la actividad empresarial y alentará la creación de nuevas empresas.
2.4. Movilidad geográfica y cohesión social
Entre otras cuestiones, la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento no serán una realidad mientras no se aumente la movilidad laboral.
Es preciso eliminar los obstáculos que todavía persisten en este sentido y que están relacionados, entre otras cuestiones, con el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la rigidez de los mercados de trabajo y una adecuación deficiente entre los sistemas de educación y formación y las necesidades del mundo empresarial.
Desde una perspectiva global, la política europea de mercado interior ha de apoyar las reformas estructurales en los Estados miembros, de manera que los mercados de trabajo, bienes, servicios y capitales sean más flexibles e incentiven la movilidad geográfica de empresas y trabajadores. Las reformas estructurales son un aspecto clave para flexibilizar el mercado, con vistas a aumentar su capacidad de ajuste y, por tanto, de absorción de los shocks
asimétricos, lo que, a su vez, contribuirá a reducir los desequilibrios competitivos en la Unión Europea.
2.5. Contratación pública
El principal objetivo de las normas de contratación pública ha de ser aumentar la eficiencia del gasto público y asegurar el máximo rendimiento. Los esfuerzos han de ir dirigidos hacia una mejor aplicación de la normativa a nivel nacional, así como una mayor asistencia técnica a las autoridades del sector público encargadas de cumplir y hacer cumplir dicha normativa.
El objetivo global de la propuesta de Directiva sobre adjudicación de contratos de concesión, consistente en crear un marco jurídico común, es en principio positivo. No obstante, la propuesta de la Comisión Europea no responde al enfoque "light approach" que en su momento se había anunciado y es necesario clarificar y matizar cuestiones básicas como la definición de concesión, su modificación y rescisión, pues en los términos planteados pueden convertirse en importantes obstáculos para la financiación de este tipo de contratos y, en consecuencia, para la viabilidad de las concesiones.
2.6. Economía digital
El objetivo estratégico ha de ser crear un entorno digital adecuado que facilite y estimule la actividad empresarial, mejorando al mismo tiempo la accesibilidad ampliando la cobertura de banda ancha de gran velocidad. Se ha de fortalecer la confianza de empresas y consumidores en el comercio electrónico unificando la fragmentación del marco legislativo aplicable, en relación con los medios de pago, los sistemas de identificación y firma electrónicos, la protección de datos, la protección del consumidor o la información sobre los productos, mediante una política legislativa por parte de la Comisión Europea que haga un uso estratégico de los Reglamentos para alcanzar mayores niveles de competitividad en el menor plazo posible.
2.7. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y propiedad intelectual
Crear un entorno propicio a la I+D+i es fundamental no solo para abrir y consolidar nuevas áreas de negocio, sino para fortalecer los denominados sectores tradicionales, como el turismo o la industria agroalimentaria.
Se requiere un marco reglamentario europeo que realmente se traduzca en una protección efectiva de los resultados de la I+D+I y, en este sentido, la futura patente unitaria debe ser equilibrada y no discriminatoria, así como garantizar un marco legal igualitario para todas las empresas.
2.8. Transporte y energía
En materia de transporte, se ha de lograr un compromiso político de alto nivel que incluya una financiación suficiente para el desarrollo de infraestructuras de la red transeuropea, así como garantizar el acceso a todas las formas de transportes a partir de soluciones de mercado y eliminar las trabas derivadas de las divergencias entre marcos normativos nacionales.
En el ámbito de la energía, el objetivo último ha de ser desarrollar una política energética integrada, predecible y asequible que promueva el comercio transfronterizo y la inversión, lo cual implica un desarrollo coherente de las infraestructuras energéticas, incluidas las interconexiones. Del mismo modo, es fundamental que haya una coordinación reforzada entre las políticas de energía y de clima a nivel europeo.
2.9. Política comercial
La política comercial de la Unión Europea con terceros países tiene una importancia capital, en especial en una coyuntura de debilidad económica interna. Además, habida cuenta del estancamiento de la actual ronda negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es necesario que la UE lidere la transformación del sistema vigente de negociaciones comerciales.
El principal objetivo ha de ser potenciar las relaciones con los socios comerciales estratégicos de la UE, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de unas mismas normas de competencia a los operadores del mercado de la UE mediante la realización de todos los controles necesarios a tal efecto.
Además, ante un escenario de escasez de recursos naturales propios, la Unión Europea ha de garantizar el abastecimiento de materias primas en condiciones competitivas, para fortalecer las cadenas de valor de la industria tomando en consideración las especificidades de cada sector.
En este contexto, y como valoración preliminar, cabe destacar los siguientes aspectos
positivos del Acta del Mercado Único II, publicada por la Comisión Europea el pasado
3 de octubre:
Tiene el valor de mantener la integración del mercado interior europeo como una de las principales prioridades de las instituciones de la Unión Europea. Entre las 12 medidas claves planteadas se incluyen propuestas para desarrollar las redes de transporte, integrar el mercado de la energía, favorecer el acceso a la financiación de las PYME y avanzar en el establecimiento del mercado único digital.Sin embargo, se echa en falta que el Acta del Mercado Único II:
Incluyera un capítulo, inicialmente previsto, sobre la mejora del gobierno y gestión del mercado interior europeo para una mejor transposición y cumplimiento de la legislación relativa al mismo. Hiciera una referencia explícita a los principios de “legislar mejor”, establecidos por la Comisión Europea en su Comunicación “Normativa inteligente”, de octubre de 2010: simplificación legislativa, reducción de cargas administrativas y evaluación de impacto. Tuviera en consideración la vinculación de la política de mercado interior europeo con otras políticas europeas clave, como la industrial, configurando un conjunto integrado y coherente de acciones a desarrollar. Identificara un conjunto más coherente de acciones, que evitara cualquier solapamiento con las medidas seleccionadas en el Acta del Mercado Único I.Bruselas, 4 de octubre de 2012
