EL JUICIO MONITORIO EN EL DERECHO PROCESAL LABORAL CHILENO

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El Juicio Monitorio

En El DErEcHo ProcESAl lABorAl cHilEno DoGMÁticA Y PrAXiS

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© RENÉ DAVID NAVARRO ALBIÑA © EDICIONES JURÍDICAS DE SANTIAGO

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Inscripción Nº, año 2011 Santiago de Chile

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EDicionES JurÍDicAS DE SAntiAGo

rEnÉ DAViD nAVArro AlBiÑA

El Juicio

Monitorio

En El DErEcHo ProcESAl

lABorAl cHilEno

DoGMÁticA Y PrAXiS

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introDucciÓn

Hace aproximadamente un siglo y medio el gran jurista rudolf Von ihering afirmaba lo siguiente:

“El derecho existe para realizarse. la realización es el ele-mento que otorga vida y verdad al derecho, es el derecho en sí mismo. El derecho que no se traduce en realidad, que únicamente se encuentra sobre el papel, en las leyes, no es sino un pseudoderecho, vana palabrería. Por el contrario lo que se plasma en derecho es derecho, aunque no aparezca en ninguna ley y el pueblo y la comunidad científica aún no se hayan percatado de ello.

no es, por tanto, el contenido abstracto de las leyes, ni la justicia y moralidad teóricas lo que determina el valor del derecho, sino su objetivación en la vida, la decisión con que realiza e impone todo aquello que considera y proclama ne-cesario.

Sin embargo, no sólo se trata de realizar el derecho. tam-bién cuenta la manera en que ello se lleva a cabo. ¿De qué sirve realizar el derecho de forma eficaz e inapelable, si la lentitud y aparatosidad impiden que el que apela al derecho sólo llega a encontrarlo cuando esté en la tumba?

¿Es posible determinar la manera en que debe realizarse el derecho? creo que si. la realización del derecho es más una cuestión formal que material. Por muy diverso que sea el contenido material de los distintos derechos, la realización de éstos puede y debe ser siempre la misma. Existe en esta relación un ideal, al que debe tratar de aproximarse cada de-recho, y que definiría mediante dos requisitos: por una parte,

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la realización debe ser ineluctable, por ende regular y eficaz. Por otra parte debe ser sencilla y rápida”.

Hace mucho menos tiempo que ese, el Estado de chile (hace poco más de una década) comenzó un progresivo ajuste de su derecho interno, particularmente de sus sistemas de enjuiciamien-to, a los estándares del Derecho internacional de los Derechos Humanos. como todo el mundo sabe, esos ajustes dicen relación con diversos aspectos de los procedimientos que estaban vigentes en chile antes de las sucesivas reformas a nuestro sistema jurídico, la mayor parte de los cuales se referían a garantías básicas del proceso. Pero esos cambios no estaban inspirados, ni se referían

únicamente, a la necesidad de respetar los Derechos Humanos, sino que guardaban relación con una evidente crisis de legitimidad del sistema legal en su conjunto, que se hacía particularmente visible en el sistema judicial, y una creciente falta de capacidad del sistema para resolver la cantidad y tipo de demandas de la ciuda-danía en los más diversos ámbitos del quehacer nacional. Dicho en otros términos, no sólo se trataba de realizar ajustes normativos con miras a la satisfacción de los estándares del debido proceso (algo de por si altamente valioso y difícil de concretar), sino también y conjuntamente con aquéllo, de redefinir y reorganizar la función judicial en términos más compatibles con su sentido institucional en un estado democrático de derecho. la estrategia básica de estos cambios ha sido el reemplazo de procedimientos escritos por procedimientos orales, públicos y adversariales y la sustitución de sistemas de prueba tasada por otros basados en la apreciación crítica racional de la misma.

 Rudolf Von IheRIng, Teorie der juristuchen Technik, en Geist des rómischen

rechts auf den varschiedenen stufen seiner Enntwincklung, tomo .[858], Scientia Verlag, Aalen, 968 pp. 3 (trad. de Sergio Sanjosé).

 Desde luego el más vistoso de estos “ajustes” fue el reemplazo del sistema

inquisitivo por uno de corte acusatorio en el ámbito del proceso penal que supuso la superación de la aberrante situación del juez que investigaba, acusaba y que luego era llamado a resolver jurídicamente el mérito de su propia acusación. Pero ese no fue el único y ni el más importante de los cambios: En general nuestro sistema padecía (y en algunos campos todavía padece) serios problemas vincula-dos a la idea misma de un estado de derecho, desde que los asuntos que nuestro sistema judicial era llamado conocer y resolver lo eran por personas distintas al juez competente para hacerlo (funcionarios asistentes) y la función judicial se impartía bajo modalidades procedimentales que literalmente “daban la espalda” a los ciudadanos justiciables.

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INTRODUCCIÓN

Debe ser esclarecido que los cambios a los que se ha hecho referencia están aún en curso. Si se los considera desde el punto de vista estrictamente normativo, las leyes de procedi-miento, ahora procesales, no han acabado de ser reemplaza-das, quedando pendiente, entre otras, la importante reforma al proceso civil. Pero incluso si dichas leyes ya hubiesen sido hechas, no puede afirmarse que su sola promulgación realiza los cambios que propugnan, puesto que como dice ihering la letra del derecho no lo realiza. En efecto, no puede ser pasado por alto que el mero cambio normativo no realiza por si solo los cambios que consigna y, aunque pudiera parecer obvio, los cambios de la cultura jurídica se pueden considerar realizados cuando forman parte del conjunto de “usos significativos” de los agentes públicos encargados de dichos cambios y de la ciu-dadanía que es destinataria de esos cambios en la forma de un haz de derechos y garantía efectiva de los mismos3. En otras

palabras, un verdadero cambio de nuestra cultura jurídica pue-de consipue-derase exitoso si la lógica pue-de los cambios normativos, si sus principios, integran las razones de los actos formulados por los agentes públicos y la ciudadanía en general, i.e., si el sentido general de esas normas, sus razones subyacentes, son usados como razones que justifican los actos de los órganos públicos y, en particular, si son usadas para justificar decisiones jurisdiccionales. Desde este punto de vista, el tránsito de los sistemas de enjuiciamiento hacia modalidades más compatibles con un estado democrático de derecho es un proceso que aún está lejos de considerase concluido.

3 un ejemplo ilustrativo es lo que ha ocurrido con la “reforma procesal

penal”: En general tanto los jueces como los demás “intervinientes” de los jui-cios penales están persuadidos del sentido garantista de los cambios lo que se traduce en cambios conductuales concretos: estándares de culpabilidad estrictos, inviolabilidad de la defensa, etc. i.e., las normas del código procesal penal han sido, de hecho, usadas de la forma buscada por el legislador al realizar el cambio normativo. El ejemplo funciona en sentido inverso para explicar la “opinión pública” ante el fenómeno. En efecto, la ciudadanía en general no parece estar persuadida del valor constitucional de exigir que la privación de libertad sea consecuencia de un juicio público en el que se acredita, más allá de toda razo-nable, la culpabilidad del imputado. El éxito relativo del “populismo punitivo” expresado en la demanda para poner fin a la “puerta giratoria”, es una muestra patente de que el cambio cultural perseguido no ha alcanzado a convertirse en consciencia social acerca de la importancia moral y jurídica de un estado limitado por el derecho en su potestad punitiva.

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En parte, las claves para lograr las transformaciones de que se viene hablando, esto es, para avanzar hacia un sistema judicial respetuoso de los derechos humanos y con niveles crecientes de legitimidad social y capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas propias de una sociedad democrática, se encuentran en nuestra capacidad de reflexionar pública y ade-cuadamente acerca de las razones profundas de estos cambios normativos, de forma tal de encontrarnos persuadidos de sus méritos sociales, morales y jurídicos y una vez que eso ocurre actuar en consecuencia, i.e., con pleno respeto de lo querido por el legislador.

En este sentido, la aparición en nuestro subsistema procesal laboral, del juicio monitorio constituye una oportunidad única de adelantar mucho en la línea de los cambios que venimos men-cionando. En efecto, el juicio monitorio laboral viene a recoger un instituto procesal de uso muy extendido en otros sistemas y que, para el caso nuestro, constituye una novedad tan grande que su introducción podría ser representativa de un genuino cambio de paradigma en materia de la tramitación de juicios ci-viles (no penales). Desde luego, y como explica bien el libro que introduzco, el juicio monitorio implica la posibilidad de resolver un asunto sin audiencia, con el sólo mérito de los antecedentes acompañados al juez que, en todo caso, habilita la posibilidad de una audiencia tanto si el demandado reclama controvirtiendo el mérito de la resolución que se pronuncia favorablemente cuanto si el propio juez lo estima necesario a los efectos de acreditar el contenido de la pretensión del demandado.

ciertamente la aparición de una institución como ésta, despier-ta, y seguirá despertando, una gran cantidad de interrogantes que trascienden lo estrictamente dogmático procesal, pero conviene detenerse en la situación real de esta discusión y en los méritos de este instituto para que este debate se dé en términos de su plausibilidad jurídica y no en términos sesgados e irracionales desprovistos de densidad teórica.

Desde luego, es una circunstancia alentadora, que el juicio monitorio laboral haya sido un acicate para la discusión acerca de la idea de debido proceso en chile. Esta idea, la de debido proceso, es probablemente una de las más socorridas, y menos estudiadas por la literatura jurídica chilena. Prescindiendo de su uso retórico (emotivo) incluso su tratamiento en obras de

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pre-INTRODUCCIÓN

tendido valor dogmático o teórico y por nuestra jurisprudencia es extremadamente pobre, una pobreza que puede observarse incluso en las actas de comisión de Estudios de la nueva cons-titución (cEnc) cuando se aborda este tema. Es un mérito de la

reformas procesales de la última década haber hecho emerger la necesidad de contar con una idea más certera y teóricamente densa acerca de lo que es el debido proceso y cuáles son las con-secuencias de adoptar una determinada concepción del mismo.

Aunque el debate se haya presentado, hasta ahora, en términos algo simplistas, el juicio monitorio laboral ha sido la causa de una reaparición del tema a nivel jurisprudencial, y en menor medida teórico, que se ha dado a propósito de la eventualidad del debate previo a la decisión en los casos en que se acoge con el mérito de los antecedentes y en lo concerniente a la fundamentación de la sentencia que, para el caso del juicio monitorio, no exige explicitar el análisis de la prueba.

El sólo hecho de que la discusión tenga lugar debe apuntársele como un mérito al proceso de instalación. Sin perjuicio de ello, la discusión teórica no ha hecho más que empezar y quedan aún pendientes una gran cantidad de cuestiones que nuestra dog-mática procesal deberá ir abordando con una seriedad y rapidez que sea, esperamos, superior al deseo de sustituir la legislación. Por cierto, entre los temas que este debate debiera incluir, está la constatación de que una reforma procesal se produce en un contexto histórico en el que los valores constitucionales deben ser correctamente sopesados, de forma que expresen, para usar la expresión de ronald Dworkin, la integridad política y legal del Estado de chile. lo anterior implica que el diseño de un sistema procesal no puede emprenderse teniendo en vista la satisfacción de un solo conjunto de principios procesales, los que ciertamente no pueden ser desatendidos, sino como mirando a la satisfacción de niveles razonables del complejo de valores y principios

cons- En nuestro medio ha habido cierto debate en torno a la idea de debido

proceso a partir de la reforma al proceso penal: véase e.g. el trabajo de JulIán lópez Masle Debido proceso en Chile: Hacia un Principio Generador de Reglas, En Justicia constitucional y Derechos Fundamentales, Andrés Bordalí salamanca, cord. Ed. lexisnexis, 007, 7 pp. un debate algo más controversial se ha dado en el contexto del foro para la reforma del proceso civil, sin que esta noción haya adquirido todavía la importancia bibliográfica que puede encontrase en el derecho comparado.

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titucionales en juego. Para ponerlo en términos más concretos, no puede evaluarse la virtud constitucional del juicio monitorio sólo por la medida en que satisface el principio de bilateralidad de la audiencia5. Aunque este principio deba considerarse de

una alta importancia constitucional debe ser puesto dentro del juego de los demás valores de trascendencia constitucional apli-cables al caso, y respecto de cuyo peso específico podemos tener “desacuerdos razonables”6.

no deja de ser paradojal que la forma y los énfasis de los debates parezcan asumir que nuestra constitución no dice nada acerca del tiempo que puede tomar el Estado para resolver un caso jurisdiccional. Del mismo modo, es jurídica y políticamente controversial que la autonomía dogmática del derecho procesal implique prescindir de las características del derecho de fondo que las decisiones judiciales adjudican al momento de diseñar un procedimiento. Después de todo, la posición ideológica que inspira nuestro diseño institucional importa asumir que el derecho (subjetivo) que la decisión contiene o establece no nace en (o con) el acto de la decisión, sino que preexiste en el repertorio de razones que llamamos el Derecho chileno. En otros términos, la coherencia institucional de las decisiones judiciales se juzga por su capacidad de aplicar el sentido de las reglas deliberadas demo-cráticamente a casos a los que racionalmente son aplicables7. Es

5 Soy consciente de que, hasta donde se sabe, éste es un falso debate

por-que el principio de la bilateralidad no se ve afectado por la regulación por-que del juicio monitorio hace el código del trabajo y no parece haber grandes cues-tionamientos respecto de su constitucionalidad en este caso. Sin perjuicio de ello uso este ejemplo para mostrar hasta que punto estamos acostumbrados a realizar juicios dogmáticos como “subsumiendo” las reglas, casos o fenómenos jurídicos bajo el haz normativo de un sólo principio sin ponderar o “balan-cear” el conjunto de valores y principios aplicables o pertinentes para evaluar la constitucionalidad de ese fenómeno. Para una opinión autorizada sobre la constitucionalidad del monitorio en relación con la bilateralidad de la au-diencia véase el trabajo de álVaRo péRez Ragone, “En torno al Procedimiento Monitorio Desde el Derecho Procesal comparado Europeo: caracterización, Elementos Esenciales y Accidentales”. En Revista de Derecho, vol. XiX nº  julio 006, Valdivia, 30 pp.

6 Véase Joseph Raz, La ética en el ámbito público, Gedisa, 00, Barcelona,

passim.

7 Desde luego esta “versión” del sentido institucional de la judicatura está

basada en una determinada concepción ideológica y se remite teóricamente a autores como Habermas. En nuestro medio esto ha sido explicado formidable-mente por Fernando Atria.

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INTRODUCCIÓN

un hecho históricamente establecido que entre las motivaciones de la reforma procesal laboral estaba la falta de efectividad del derecho laboral de fondo, de manera que los derechos laborales eran exigibles en sede judicial luego de años de tramitación de suerte que terminaba siendo una falsa promesa. Sostener que nuestra constitución es ciega ante un fenómeno como ese es sencillamente inaceptable.

todo lo que se viene afirmando proyecta un desafío específico sobre la dogmática jurídica que supone que ésta debe aislar cada una de las consecuencias controversiales de la aplicación de las nuevas normas usando criterios interpretativos teóricamente acep-tables entre los que se encuentran su coherencia con principios constitucionales y reconducirlas a criterios racionales y certeros que faciliten su uso. Es indudable que el presente libro consti-tuye un paso en esa dirección. Aunque el tratamiento del tema no pueda calificarse de exhaustivo, está también lejos de ser un mero comentario de las normas en cuestión e intenta una lectura de la regulación del juicio monitorio laboral en coherencia con los principios que inspiran su creación y con consideración a las cuestiones prudenciales que favorecen el logro de los objetivos propuestos para la instauración del mecanismo procesal al que llamamos juicio monitorio.

Por otra parte, y en un rasgo poco usual en los textos dogmá-ticos de este tipo, el libro muestra una consideración especial por el auditorio al que se dirige: Acompaña la descripción dog-mática con propuestas y ejemplos reales, no como un regreso al uso de las pre-modernas “prácticas forenses” sino como un referencia que permite el contraste entre las normas y los usos para apreciar la forma en que los mismos son representativos del principio y norma que aplican, precisamente, desde su con-sistencia dogmática i.e., como una forma de favorecer una de las funciones elementales de la dogmática: su sentido práctico como proveedor de razones para los usos forenses y la justifica-ción racional de decisiones.

no es baladí que libro haya sido escrito por alguien que forma parte de los equipos de trabajo que han sido protagonistas de esta reforma. con respeto al lugar eminente que le corresponde a los académicos profesionales especialistas en estas áreas, no debe olvidarse el deber moral y jurídico que nos asiste a los operado-res jurídicos en la promoción y establecimiento de una cultura

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jurídica respetuosa de los derechos de las personas vulnerables de la sociedad que ayude a asentar las bases de legitimidad y virtud moral del sistema legal del que formamos parte8.

copiapó, agosto de 00.

RIcaRdo a. gaRRIdo álVaRez Profesor de teoría y Filosofía del Derecho Jefe de Estudio oficinas de Defensa laboral

región de Atacama cAJVAl

8 Al respecto las 00 reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas

en condición de Vulnerabiliad, establecen los siguiente: Sección Cultura Jurídica:

(26) Se promoverán acciones destinadas a promocionar información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos parar garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. (27) Se incentivará la participación de fun-cionarios y operadores del sistema en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes ciudades.

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El presente trabajo, pretende combinar la teoría, normativa y práctica del procedimiento monitorio laboral. Está dirigido a cualquier público interesado, obviamente los lectores naturales serán abogados, jueces y estudiantes de Derecho. Sin embargo, se ha tratado de emplear un lenguaje lo más llano posible.

“la teoría sin la práctica es vacía y la práctica sin la teoría es ciega”

¿Quién sabe más: el experto o el especialista?, desde la anti-güedad se ha distinguido dos tipos de vida humana –el homo faber y el homo sapiens– orientados, el primero de ellos hacia la creación

práctica de la técnica productiva, y el segundo hacia la reflexión

contemplativa y la ciencia pura; en otras palabras, ligados el uno al uso de la mano, y el otro al de la inteligencia. Sin embargo, desde los tiempos de los siete sabios de Atenas9, parece que esta distinción se

concibe no sólo como distinción o diferenciación, sino que también

como lazo recíproco y como asociación indisoluble de ambas actividades.

Platón recuerda, que dichos siete sabios, lo eran precisamente en su actividad práctica, añadiendo después Aristóteles que el hombre

nació para dos cosas: para comprender y para obrar. Giordanno Bruno

(58-600), agrega: “la providencia determinó que el hombre se halle

ocupado en la acción por las manos, y en la contemplación por el intelecto, de modo tal que no contemple sin acción, ni actúe sin contemplación”0.

rDnA

9 cleóbulo, Solón, Quilón, Bías, tales, Pitarco y Periandro.

0 Mondolfo, Rodolfo, Verum factum, Editorial Siglo XXi, Buenos Aires,

97.

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“No preguntéis por el significado, preguntad por el uso (…)

la significación de una palabra es su uso en el lenguaje”.

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El nuevo sistema procesal laboral chileno, recoge la vasta expe-riencia del Derecho comparado, en donde (utilizando

simplifi-cadas fórmulas) se acorta el camino a la sentencia definitiva, sólo generándose juicio contradictorio, en la medida que surja oposición (reclamo) del afectado. Este nuevo instituto, es teleológicamente tributario del principio de celeridad procesal, para que (en breve tiempo) con una mínima intervención del órgano jurisdictor, y que como ya se expresó, sólo admite fase litigiosa en la medida que exista reclamación (arts. 96 y ss. código del trabajo). Su consagración legislativa, no estuvo exenta de dificultades y dis-cusión, su primer diseño (ley nº 0.087) fue sustituido por la ley nº 0.60.

En términos generales3, el procedimiento monitorio puede

definirse como un juicio especial, que se abre con una orden o mandato de pago que expide el órgano jurisdiccional, a solicitud

fundada del actor y sin audiencia del demandado, emplazando a

este último para que, dentro de un plazo fatal, haga pago de lo reclamado, o se oponga. la no oposición, transforma el mandato

ju- Haciendo breve referencia de la legislación comparada, conviene tener

presente en este sentido los siguientes ordenamientos jurídicos: el austro-germá-nico, el italiano, el suizo, el español, y el uruguayo. crf. RodRíguez, fausto E., “El procedimiento monitorio”, Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo Viii, nº 30, unAM, abril-junio, ciudad de México, 958, pp. 97 y ss. también aplicable en Brasil, Japón, y otros países de la u.E. Vide: coRRea delcaso, J. P., El Proceso

Monitorio de la Nueva Ley, Editorial Bosch, Barcelona, 000.

 acadeMIa JudIcIalde chIle, “Manual de Juicio del trabajo, redactado por

el profesor Francisco tapia Guerrero, los magistrados Marcia undurraga Jensen, Álvaro Flores Monardes, y los académicos María Eugenia Montt retamales y rodolfo caballero Muñoz”, instituto de Estudios Judiciales, Santiago, 008, pp.  y ss.

3 RodRíguez, fausto E., ob. cit., p. 99.

§ . BrEVE rESEÑA introDuctoriA

Al ProcEDiMiEnto Monitorio

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risdiccional en sentencia firme, la oposición abre un breve litigio. la voz monitorio, procede del latín monitorius, y el Diccionario de la lengua de la real Academia Española, define la palabra mo-nitorio como aquello que sirve para avisar o amonestar. En términos jurídicos, monitorio deriva de la noción del mandato de monición

con el que se inicia el proceso5. Para Fausto rodríguez (salvo

una referencia histórica que atribuye a James Goldschmidt, y que hace ubicar este procedimiento en papiros de la Grecia clásica) su origen aceptado en términos unánimes por los ius procesalistas6,

viene constituido por algunas prácticas procedimentales medie-vales tardías (s. XiV-XVi) del período franco-germánico y en el proceso ítalo-canónico contemporáneo al anterior7.

El procedimiento monitorio en la experiencia comparada, ha facilitado con celeridad el resguardo efectivo de derechos y simultáneamente brinda una alternativa válida para la justicia mediante un tratamiento especial de la rebeldía que ocasiona elevados costos en tiempo, esfuerzo y recursos económicos8.

 ibíd.

5 calaMandReI, pIeRo, El procedimiento monitorio, traducción de Santiago Sentís

Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 953, p. 9.

6 gIuseppe chIoVenda (87-937), y también goldschMIdt (87-90). 7 RodRíguez, fausto E., ob. cit., p. 0.

8 peRez R., álVaRo, “En torno al procedimiento monitorio desde el Derecho

Procesal comparado europeo: caracterización elementos esenciales y accidentales”,

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§ . iMPortAnciA DEl ProcEDiMiEnto

Monitorio PArA lAS oFicinAS

DE DEFEnSA lABorAl (oDl’S

9

)

uno de los principales criterios de focalización de las oDl se basa en que la cuantía o monto a demandar sea igual o menor a $ .69.800, sin contar los aumentos y recargos legales. Esta base, que refiere a un factor de atención de estas oficinas de abogados

especializados en defensa laboral, por regla general, coincide con

los montos exigidos por la ley para ventilar el pleito a través de un juicio monitorio. En efecto, el artículo 96 del código del trabajo (ct), señala que se aplica el procedimiento monitorio, respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar producto de las indemnizaciones por años de servicios conforme los incisos quinto y séptimo del artículo 6 del mismo cuerpo legal. Súmese a lo anterior, el otro criterio de focalización que han estandarizado las llamadas oDl: sólo se atienden trabajadores cuya última remuneración líquida sea igual o inferior a $ 388.800. De esta suerte, un número 9 oDl. las oficinas de Defensa laboral, dependen de la Subsecretaría

de Justicia, a través de las corporaciones de Asistencia Judicial existentes en el país, y que son las corporaciones de las regiones de tarapacá y Antofagasta (que cubre las regiones XV, i, y ii: www.cajta.cl); región de Valparaíso (que cubre las regiones iii, iV y V: www.cajval.cl); Metropilitana (que cubre las regiones Xiii, Vi, Vi y Xii: www.cajmetro.cl) y de la región del Bío Bío (que cubre las regiones Viii, iX, XiV, X, y Xi: www.cajbiobio.cl). las oficinas de Defensa laboral, tienen por misión otorgar a todos los trabajadores que no tengan recursos económicos y que focalicen de acuerdo a los criterios de selección, defensa jurídica profe-sional y especializada, velando por la igualdad ante la ley, el debido proceso y el equilibrio necesario que debe existir ante la sede judicial que corresponda. cuenta para ello con equipos altamente capacitados, quienes han sido prepa-rados para defender a los trabajadores en los diferentes procedimientos que contempla el nuevo sistema procesal laboral. (cfr. cajval.cl).

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importante de las causas patrocinadas por las oDl’s del país, son juicios monitorios0.

0 El 59,3% de las causas atendidas por las oficinas de Defensa laboral de

la región de Atacama, son juicios monitorios, cifra medida entre abril de 008 a la misma fecha de 00; el , corresponde a juicios de aplicación general, el 9, a juicios ejecutivos, y sólo el 0,% a procedimientos de tutela laboral. cfr. cuenta Pública a propósito del º Aniversario de la reforma Procesal laboral, en abril 00 oDl Atacama. En la implementación de la reforma Procesal laboral, fue experiencia piloto a nivel nacional su inicio en la región de Atacama el 3 de marzo de 008, junto a la región de Magallanes en la misma fecha. El proceso de instalación e implementación, culminó el 3 de agosto de 009, con la entrada en vigencia de este sistema en la región Metropolitana, última región del país en adoptarlo. Este dato es relevante, toda vez que la primigenia (aunque leve) experiencia de Atacama y Magallanes, son insustituibles a la hora de los balances y análisis, los cuales no pueden ser sólo elaborados en base a la mera tecnocracia exenta de praxis.

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§ 3. iMPortAnciA DE loS JuicioS

MonitorioS PArA lAS EMPrESAS

Y ESPEciAlMEntE PArA lAS PYMES

obviamente, las grandes empresas cuentan con poderosos stafs o burós de abogados que atienden sus asuntos y juicios, incluidos los laborales. Generalmente, desde la capital nacional, estos stafs, monitorean (a través de abogados de las distintas comunas) sus juicios laborales. los costos de traslado del(los) abogado(s) de la capital, a las distintas localidades y comunas donde se ventilen estos procedimientos, son a veces, más onerosos, que lo demandado en juicios monitorios. De esta suerte, en algunos casos, es (tal vez) mucho más pragmático y utilitario para la empresa, dar instruc-ciones de pago a través de sus agentes locales, en vez de –como señalamos– gastar además recursos en traslado del profesional que se desplace desde la capital nacional a las diversas comunas del país, máxime en juicios en donde hay poco que discutir, vgr. demanda de despido carente de causa legal, sabiendo la empresa que no se remitió carta de despido, y cuya circunstancia figura en el acta frente a la inspección del trabajo.

Por otro lado, a las PYME locales (siguiendo el mismo

ar-gumento anterior) en un análisis costo-beneficio, es mucho más atractivo desde el punto de vista económico, pagar la suma de-mandada en juicio monitorio, que además incrementar los costos de abogado litigante.

 Pequeñas y medianas empresas. incluimos aquí (para efectos del presente

trabajo), todas aquellas empresas y personas naturales que (por regla general) no cuentan con un abogado en forma permanente. Según clasificaciones del Ministerio de Economía, una empresa pequeña es la que al año vende productos o servicios por valores entre .00 y 5 mil uF, y una empresa mediana vende entre 5 mil uF y 00 mil uF. cfr. www.economia.cl. Véanse también las siguientes normas (ley nº 9.857, ley nº9.79, Decreto ley nº .97, leyes nos 0.79, 0.6, Decreto

ley nº 3.7, ley nº 8.989, en su título ii (art. 7 al 6), y la ley nº 0.70.), y el enlace: http://sdi.bcn.cl/boletin/pags/conozca?id_boletin=3#305

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lo anterior, hace razonar en el sentido que las empresas (cualquiera sean estas) debieran mantener permanentemente un asesor abogado, especialista o experto en temas laborales, y no

sólo en temas laborales de fondo o sustanciales, sino que sobre todo hoy (más que ayer) abogados asesores en derecho procesal

laboral (además de la no menos importante asesoría en derecho administrativo o fiscalizador del trabajo y todo el amplio abanico

jurídico que involucra a la Dirección del trabajo).

la dinámica impuesta por el nuevo sistema de juicios laborales

orales, hace que, en algunas ocasiones, el criterio costo v/s beneficio,

se analice no sólo desde la óptica del derecho sustantivo o de fondo, sino que también, desde el punto de vista procesal y sus consecuencias.

todo lo dicho precedentemente –como tendremos ocasión de analizar más adelante– no vulnera ni altera de forma alguna, el principio de bilateralidad de la audiencia, ni el de igualdad de

armas, ni mucho menos el principio constitucional del due process of law.

 Experto, es aquel que tiene trayectoria práctica en alguna actividad científica

o técnica. Especialistas, son aquellos que pueden acreditar, a través de estudios de pre y postgrado (postítulos, magísters, doctorados, post-doctorados) o docencia, conocimientos determinados o capacidad investigativa en alguna ciencia o arte.

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no sólo el juicio monitorio, sino que los procesos orales en ge-neral, privilegian el resurgimiento, o mejor dicho, el nacimiento de una verdadera cultura jurídica del abogado litigante. Desde el punto de vista eminentemente utilitario, el juicio monitorio trae aparejada una resolución rápida y eficaz al conflicto laboral, lo que permite serias y reales ventajas al abogado en cuanto al co-bro de sus honorarios. Siguiendo este razonamiento, los pactos de cuota litis, tanto en su versión positiva, esto es, porcentaje a

resultas, cuanto en su versión negativa, vale decir, porcentaje del menor valor condenado, son mucho más efectivos y empíricamente

contrastables y medibles. los clientes (o patrocinados), no sólo leen lo que produce su abogado, sino que –además– ven y oyen (perciben in situ) a su abogado desenvolviéndose en la audiencia oral. Permite también, la fracción del servicio profesional, valga decir, el cobro sólo por audiencia (particularmente útil para los

burós que contratan abogados locales), el cobro por reclamación,

etc. la práctica hará, que estas variantes sean mucho más pro-vechosas para todos los operadores jurídicos: jueces, abogados, clientes, empresas, trabajadores, etc.

En general con los procesos orales, renuevan su utilidad la retórica y la lógica, entre otras ciencias y disciplinas auxiliares de la práctica forense. la retórica, no tomada aquí en su acepción peyorativa predominante en nuestro tiempo3, esto es, como un

ardid o un mero recurso estilístico y hasta pedante, sino que, la 3 Sabemos que Sócrates lucho contra los llamados sofistas, padres de la

re-tórica clásica (Gorgias y cía.). De allí, viene su desprestigio, el que (creemos) es infundado. El mismo Sócrates, no hubiera podido ser conocido por nosotros, sino gracias a la brillante retórica que Platón plasmó en sus diálogos, particularmente en la apología de su maestro.

§ . iMPortAnciA DE loS JuicioS

MonitorioS PArA loS ABoGADoS

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retórica entendida como disciplina científica. las ars o techne de la litigación, no son más que combinaciones de lógica, retórica, y lingüística, las cuales –por cierto– debieran ser cultivadas por los abogados del foro, e incluidas seria, científica y profesional-mente en los programas de pre y post grado de las escuelas de Derecho del país.

Siguiendo en este punto a Serrano, las primeras investigaciones sobre el lenguaje (y el Derecho, no cabe duda, es un lenguaje), las llevaron a cabo los retóricos5. la palabra, era un arma destinada

a influir delante de un tribunal, una asamblea, etc. un arma decisiva

para obtener la victoria en las luchas donde el discurso era decisivo. Gorgias (c. 85 a.c.) señala: quien posee la palabra, posee la espada. la misión del retórico, era forjar maestros en el arte de persuadir. Dicho de otra manera, la retórica es la técnica (arte) que conse-guía hacer el discurso consciente de sí mismo y hacía de la persuasión un fin a alcanzar por medio de una estrategia específica6.

Desde el punto de vista normativo (nomos), el artículo 30 del código del trabajo, inaugura (en términos explícitos) el

princi-pio de buena fe procesal a nivel legal. Señala tal norma que los actos

procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la

colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias. El juez

po-drá rechazar de plano aquellas actuaciones que considere dilatorias. Se entenderá por actuaciones dilatorias todas aquellas que con

el sólo objeto de demorar la prosecución del juicio sean intentadas por

 la retórica como disciplina susceptible de ser enseñada como un arte, se

desarrolla en Grecia a partir de las exigencias dialógicas reclamadas por la ins-tauración del sistema democrático. Vide: coVaRRubIas c., Andrés, “Introducción

a la retórica clásica. Una teoría de la argumentación práctica”, Ediciones universidad

católica de chile, Santiago, 003. El profesor covarrubias en el prólogo de su texto expresa: “puesto que en los últimos años ha surgido un creciente interés por los

es-tudios sobre la persuasión, no solamente en filosofía y lingüística sino que también en otras disciplinas como el derecho-aspecto (…) de principal importancia en Chile con motivo de la (…) modificación del procedimiento penal, que sustituye el sistema escrito por el oral– he estimado oportuno ofrecer este libro (…)”.

5 seRRano, sebastIán, La lingüística. Su historia y su desarrollo, Editorial

Mon-tesinos, Barcelona, 999, pp. 6 y ss.

6 Señala Serrano, que la técnica fundamentada sobre el conocimiento de las

causas que generan los efectos de la persuasión, concede un poder indudable a quien la posea: el poder de disponer de las palabras sin necesidad de las cosas, y de disponer de las personas, al disponer de las palabras … qué rigurosa actualidad tienen estas consideraciones: quien dispone hoy de los medios de comunicación, en definitiva dispone de las personas. seRRano ibídem.

(25)

EL JUICIO MONITORIO

alguna de las partes. De la resolución que declare como tal alguna

actuación, la parte afectada podrá reponer para que sea resuelta en la misma audiencia.

Ahora bien, desde el punto de vista práctico, en los juicios orales (y el monitorio es una subtipología de aquéllos), es más difícil dar pie a leguleyadas, y ganancias fáciles7: la dinámica y rapidez de la

litigación las mitigan, vgr. ¿podemos preparar a un testigo falso?, en vivo y en directo es mucho más difícil mentir, y en los juicios orales se nota, los jueces lo notan, nuestros nuevos jueces lo saben ¿podemos elucubrar traslados de más de 30 páginas sentados en nuestro escritorio? no, por regla general, los traslados se evacúan en el acto, algunos recursos siguen la misma suerte.

Quizá, la visión pesimista del ejercicio de la profesión, de Jere-mías Bentham (78-83) se morigere en chile, en este novel siglo veintiuno, con los procedimientos de que ya disponemos (penal, familia, laboral, y civil pronto a ver la luz). Según el maestro inglés, la jerga jurídica tenía como objetivo generalmente defender los intereses siniestros de los juristas cuyo lenguaje y ritos esotéricos constituían una red para atrapar a los comunes mortales (…) en materia de legislación (decía) “las opiniones de los hombres de leyes

tienen una propensión peculiar a teñirse de falsedad por obra del interés siniestro”. Y así, mientras el interés de los ciudadanos conviene una

justicia rápida, al interés siniestro (sinister interests) del abogado le conviene una administración de justicia lenta; si al interés del ciudadano le convienen unas leyes claras y breves, al hombre de leyes le interesan prolijas y oscuras8.

Podemos decirle hoy a don Jeremías, que los juicios laborales (y en particular los monitorios), y la legislación que los soporta y sustenta, tanto en la nomos como en la praxis, son rápidos y efectivos. los jueces especializados en materia laboral, proveen las demandas monitorias, de un día para otro, las demandas se pueden remitir por correo electrónico, las resoluciones se pueden notificar por correo electrónico, los exhortos se tramitan electrónicamente, el público en general (y el público jurídico), puede consultar todas 7 Para el Diccionario de la lengua de la real Academia Española (hoy: www.

rae.es), leguleyo, es la persona que aplica el Derecho sin rigor, desenfadadamente, que hace gestiones ilícitas en los juzgados.

8 zapateRo, VIRgIlIo, El arte ilustrado de legislar, en “nomografía o El arte

de redactar leyes” de Jeremy Bentham, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios

(26)

las causas y resoluciones a través de la web del poder judicial (www. poderjudicial.cl) y, en el caso de llegar a audiencia de juicio, ésta

deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación

(art. 500 ct)9. En el evento de llegar a una sentencia, ésta se

dicta al momento de finalizar la audiencia.

9 no con afán de exagerar, señalemos que en la etapa pre-reforma procesal

laboral oral del 008, podía extenderse un juicio por más de dos y hasta tres años; aunque la nomos hubiere dicho otra cosa. Agreguemos a ello, que las causas eran asistidas –a favor de un importantísimo número de trabajadores– por los postulantes en práctica (egresados de las carreras de derecho del país) de las corporaciones de Asistencia Judicial, no por letrados titulados.

(27)

Se ha señalado (infundadamente, creo) que la reforma laboral

privilegia en exceso a los trabajadores, que se rompe en algunos casos la

bilateralidad de la audiencia a su favor, que los demandados (em-pleadores) no tienen suficiente tiempo para defenderse, et cetaræ res. todas esas afirmaciones, no cumplen ningún soporte ni empírico, ni técnico, ni dogmático30. Señalar como fundamento, que más del

90% de los juicios son ganados por los trabajadores, no es analizar la cifra en profundidad. la pregunta y el foco de atención, no sólo debe ponerse en el resultado, sino que también en las causas (orí-genes), vale decir ¿por qué más del 90% de los juicios son ganados por los trabajadores? Fuera de contexto, sin duda la cifra alarma, sin embargo, tal cifra es menester situarla en el procedimiento laboral en su conjunto, y no sólo en el resultado. tampoco corresponde acusar a nuestros jueces de parcialidad (falta de imparcialidad): ¿qué puede hacer un juez frente a un despido sin carta de aviso, y sin pago de las cotizaciones previsionales?, ¿qué debe hacer el juez si el requerido (debidamente emplazado) no concurrió frente a la instancia administrativa, y luego este mismo, no concurrió a la au-diencia única de conciliación contestación y prueba, debidamente emplazado, o bien, no reclamó de la sentencia que acogió las pre-tensiones en un juicio monitorio?¿se puede acusar a ese juez o jueza de falta de impracialidad al –en los casos recién propuestos– acoger esas demandas y condenar a esos empleadores?

Agreguemos en este punto (cuestión que precisaremos más adelante), que no es técnicamente correcto hablar de reforma 30 Vide a modo meramente ejemplar, la editorial del diario El Mercurio de

Santiago, de fecha 03 de agosto de 009, disponible en la web (www.elmercurio. com), y que se incluye en los anexos del presente trabajo.

§ 5. iMPortAnciA DEl ProcEDiMiEnto

Monitorio PArA loS trABAJADorES

(28)

laboral. A partir de 008, y de 009 en todo el país, corresponde

hablar y referirnos a la reforma procesal en materia laboral. la le-gislación laboral de fondo (de inspiración y matriz primordial-mente ius neoliberal), no ha cambiado mayorprimordial-mente. Estamos en presencia de una reforma adjetiva (no menos trascendente), pero meramente procesal. El derecho de fondo (las obligaciones, de-rechos y deberes recíprocos entre empleadores y trabajadores) es el mismo. no hay grandes modificaciones como para hablar correctamente de una reforma con el calificativo de laboral. El cambio de paradigma (a la more de Kuhn)3 se produce en el

sistema legal vinculado al procedimiento laboral. Al momento de entrar en vigencia el nuevo modelo3, sin duda se produce un

quiebre ostensible con el anterior, desde cualquier punto de vista, como podría ser el criterio cronológico, el criterio técnico (espe-cialización), el criterio de certeza vinculado a la inmediación, etc. El refrán popular (no alcanza para brocardo o aforismo jurídico)

“la justicia tarda, pero llega”, no es aplicable a materias en donde

se reclaman prestaciones de naturaleza alimenticia, como son las remuneraciones de los trabajadores. la justicia que tarda, no es justicia, es una justicia que no resuelve el conflicto de sujetos de carne y hueso.

respecto a la bilateralidad de la audiencia, del due process of law (ya dijimos) y los diversos términos de emplazamiento legal, nos referiremos más adelante. Sin embargo, resulta relevante hacer hincapié, en relación a ciertos plazos que son muy cortos y que la legislación pre-reforma procesal laboral, ya tenía. Me refiero al plazo de caducidad de las acciones derivadas del despido, que es de 60 días hábiles, y el de prescripción de las prestaciones laborales, que es de sólo seis meses. Parafraseando a las autoridades del ejecutivo de la época, al momento de entrada en vigencia del nuevo modelo

procesal laboral: “los empleadores que respetan la ley, no tienen

nada que temer, la ley laboral es la misma, sólo modificamos la

forma de reclamar en juicio”. Piénsese sólo en las posibilidades de

acceso a la cultura, y por consiguiente, el acceso al conocimiento

efectivo de la ley, realizando un versus entre empresas y trabajadores.

obviamente hay de todo en la viña del señor: empleadores que son 3 Kuhn, thoMas, “la estructura de las revoluciones científicas”, Fondo de

cultura Económica, Santiago, 000.

3 Que obviamente sólo causó impacto mediático cuando comenzó a regir en

(29)

EL JUICIO MONITORIO

celosos y escrupulosos vigilantes de la ley, y aquellos que la violan permanente y flagrantemente33. Valga el siguiente ejemplo que

no es de ciencia ficción: “¿jefe, cuándo van a pagar mi finiquito en

la carta esa que me mandaron a la casa hace como un mes?, –mañana llega la respuesta del encargado de Santiago, ven la próxima semana;

(próxima semana): jefe ¿supo algo de Santiago? –estamos en eso, no

te preocupís, tú sabes que los papeleos demoran; (dos meses después): oiga, voy a tener que ir a la Inspección para arreglar el problema! –anda no más (le responde una secretaria), porque tus papeles ya los tiene el abogado de la empresa en Santiago… –¿y cuándo cree ud. Rosita que me van a pagar? … el final de la historia el lector lo puede intuir. Se

insiste, en que la mayoría de los empleadores cumple la ley, y por

esa razón no son demandados, sólo son demandados aquellos que

la vulneran, y por ello, aumentan las cifras de juicios ganados a favor de los trabajadores.

33 Diario Atacama (filial regional de El Mercurio), 9 de enero de 00: ““A la

deriva, sin poder alimentarse en más de una semana; durmiendo a la intemperie y sumado a los malos tratos por parte de su empleador”. Ese es el relato crudo de 3 temporeros

que en condición de ilegalidad llegaron a copiapó por una mejor calidad de vida. con estas palabras los inmigrantes aseveran el mal paso que se han llevado por la capital regional de Atacama. la semana pasada, en conjunto con la Dirección del trabajo, personal de extranjería de la PDi concurrió a las cercanías del fundo […] de copiapó, en donde no constataron ningún hecho irregular. Pasaron los días y las declaraciones anónimas sumaban y seguían. Fue el martes 6 de enero cuando funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDi realizaba una búsqueda de personas con requerimiento de los tribunales de justicia cuando constataron la presencia de unos 50 extranjeros apostados en las afueras del fundo, al notar la presencia policial éstos se dieron a la fuga. lograron retener a 3 inmigrantes, a quienes se les solicitó su cédula de identidad y pasaporte, posterior a eso fueron citados al departamento de extranjería de la PDi para regularizar su situación y explicar el hecho. los 3 inmigrantes de nacionalidad peruana y boliviana relataron que fueron abandonados a su suerte por su empleador. Según el subcomisario, quien tomó declaración a los extranjeros ilegales, estos “habrían sido sacados en dos

buses en dirección a Caldera. El contratista los dejó prácticamente botados y asimismo no les pagó”. Elsa Machaca, temporera ilegal proveniente de Bolivia corrobora esta

aseveración. “Nos sacaron del campamento a las doce y media de la noche con el pretexto

de llevarnos a Tierra Amarilla diciéndonos que venía Investigaciones y por eso nos debían esconder. Pero no sabíamos que nos llevaban a Caldera, nos engañaron y nos dejaron botados ahí. Nosotros no tenemos dinero y hace una semana que no comemos”, declaró

la temporera. De los 3 extranjeros, solamente uno tenía visa de trabajo (…)

“Ellos en ningún caso están detenidos, sino que cometieron una infracción al reglamento de extranjería, por tanto cumplimos en tomar los antecedentes y enviarlos a la gobernación provincial y la intendencia que determinará el grado de sanciones que se deben aplicar”,

sentenció el subcomisario” (sic).

cfr. http://www.diarioatacama.cl/prontus_nots/site/artic/0009/

(30)

Es muy fácil, ser acusado del pecado capital del sesgo ideológico, no es nuestro afán revitalizar viejas rencillas occisas desde que el muro de Berlín cayó (o eso esperamos en el siglo de las tic’s). El procedimiento monitorio es, un procedimiento racional y justo para trabajadores y empleadores: tiempo es dinero. Mientras más rápido, más eficaz para todos los operadores, no sólo aquellos operadores del sistema jurídico, sino que también del sistema

macro y micro económico en su conjunto.

Sin entrar en polémicas ideológicas de veterana data, no es fácil soslayar (seriamente) el carácter alimentario de la prestación laboral. El fundamento de la existencia de un sistema legal, y por cierto procesal, de protección a las remuneraciones se basa principal-mente, en la naturaleza predominantemente alimentaria que ésta tiene. El legislador (de cualquier color político en naciones civilizadas) entiende que para el trabajador la remuneración constituye su medio de subsistencia, por lo que se hace necesario introducir normas (y por cierto efectivas garantías jurisdiccionales) que permitan que el trabajador perciba la contraprestación debi-da. Estas normas deben propender a que el dependiente obtenga garantías de pago íntegro y oportuno de la remuneración a que tiene derecho en virtud del contrato de trabajo, y en tanto contrato, no sólo obliga lo que en él se expresa, sino que por la costumbre o la ley, pertenecen a la naturaleza de la obligación, haciéndonos aquí eco, no de un principio post moderno y social de protección laboral, sino que nos referimos al decimonónico, –y de clara y absoluta matriz liberal revolucionario-francesa del año 789– principio de

ejecución de buena fe de los contratos (código civil de Andrés Bello,

855, artículo .56)3.

En el Manual de Juicio del trabajo, de que dispone la Academia Judicial de chile (de libre acceso en su web www.academiajudicial. cl), se expresa que previo a la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral: “existía la convicción, ampliamente compartida por

la comunidad ius laboralista, que el funcionamiento de los mecanismos jurisdiccionales no se ajustaba a los requerimientos de acceso a la justi-cia laboral, toda vez que el procedimiento en juicio del trabajo adolecía de una serie de inconvenientes que llevaban a largos procesos, sin que los trabajadores accedieran a una tutela efectiva de sus derechos (…) de

3 E incluso un principio más antiguo de la cultura jurídica occidental: pacta

(31)

EL JUICIO MONITORIO

nada hubiera servido la modificación del derecho sustantivo si, además, no se introducían profundas modificaciones en las normas del juicio del trabajo”35; se agrega en dicho texto, que luego de un amplio y

fructífero debate, en donde participaron académicos, magistrados, abogados litigantes privados, de servicios públicos, etc., se formó el Foro de la reforma Procesal laboral y Previsional (FrPlP), cuyas

propuestas constituyeron parte importante de los proyectos de ley respectivos y, por cierto, en las diversas etapas de su amplia y transversal discusión parlamentaria.

Sabemos que la norma general y abstracta, y los derechos subjetivos que sustente, son (o podrían ser) meras declaraciones programáticas o catálogo de buenas intenciones, si no van acompa-ñadas de efectivas vías jurisdiccionales, de materialización práctica de las mismas. como señala Antonio M. lorca36, el proceso como

sistema de garantías supone otorgar al ámbito heterocompositivo de

la función jurisdiccional una respuesta constitucional sustantiva, procesal y de ‘‘aquí y ahora’’, respecto de éste (y no otro) concreto momento, en contraposición con una proyección exclusivamente instrumental atemporal y acrítica del habitual y común procedi-mentalismo de las antiguas leyes de enjuiciamiento. la interpre-tación y aplicación de las normas procesales tiene trascendencia constitucional, por cuanto el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir la interpretación de aquella que sea más conforme con el principio pro actione y con la efectividad de las garantías que se integran en esa tutela, de suerte que si la interpretación de la forma procesal no se acomoda a la finalidad de garantía, hasta el punto que desaparezca la proporcionalidad entre lo que la forma demanda y el fin que pretende, olvidando su lógica y razonable concatenación sustantiva, es claro que el derecho fundamental a la

tutela efectiva resulta vulnerado.

la reforma procesal laboral, trata de poner al día las exigencias de materialización de una efectiva tutela jurisdiccional de prestaciones que (ya señalamos) tienen carácter alimentario, de sustento vital, máxime en el juicio monitorio, donde por ley, sólo se ventilan causas cuya cuantía no supere (a la fecha de hoy) $ .70.000, sin contar los aumentos y recargos legales.

35 acadeMIa JudIcIalde chIle, ob. cit., p. 9.

36 Boletín Mexicano de Derecho comparado, nueva serie, año XXXVi,

(32)

los trabajadores no especulan en sus demandas laborales. Entre perder tiempo en juicios y buscar trabajo, la gran mayoría elige la segunda opción, renunciando incluso a su legítimo interés: el cobro judicial de lo que es suyo. lo anterior, es bastante trascen-dente a la hora de explicar más adelante, el eficaz y poderoso mecanismo autocompositivo que promueve la reforma procesal laboral. la autocomposición, no se basa en la teoría “yo gano, tú

pierdes”37, más bien al contrario, se basa en las concesiones

recípro-cas. En las salidas alternativas a la sentencia laboral, ninguna de las

dos partes gana ni pierde, gana la sociedad: se evita un conflicto jurisdiccional.

Finalmente en este punto –y en muy próxima conexión con lo que acabamos de señalar– diremos que el jurista trasandino, carlos Santiago nino38, haciendo referencia a Hobbes, expresa

que es ineludible un contrato social al que los hombres deben suscribir para satisfacer su propio auto-interés. la vida en el estado de naturaleza es “cruel, brutal y corta”, pero los hombres no pueden salir de ella simplemente por acuerdos mutuos (mera autonomía de la voluntad), ya que ellos plantean problemas de acción colectiva –del tipo del que luego fuera llamado el “dilema de los prisioneros”–39,

ya que cada uno desconfía en que el otro saque ventaja de la violación

del acuerdo. De modo que los hombres deben primero acordar

establecer un poder (el del Estado) que luego los fuerce a cumplir

con los otros. En otros términos: “cumpla lo que usted mismo se obligó por su propia palabra, y cumpla también aquello que la Ley –que todos acordamos, incluido usted– ordena”.

37 neuMann, John y MoRgensteRn, osKaR, Theory of Games and Economic

Behavior, Princeton university Press, new Jersey, 9.

38 nIno, caRlos s., “Justicia”, en Revista de Filosofía del Derecho DOXA, nº ,

Alicante, 003. cfr., http://www.cervantesvirtual.com/portal/doxa

39 “La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y,

tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor”. Vide: hoesteR, noRbeRt Problemas de ética normativa, Editorial Alfa, Buenos Aires, 975 y patzIg, günteR, Ética sin metafísica, Editorial Alfa, Buenos Aires, 976, traducidos por el filósofo del derecho argentino eRnesto gaRzón Valdés (97), y citado por carlos Santiago nino (93-993), en Ética y derechos humanos, Editorial Astrea, Buenos Aires, 989, pp. 63 y ss.

(33)

Sólo siete artículos, dedica el código del trabajo al procedimiento monitorio. tales normas se encuentran en el § 7 del capítulo Se-gundo, del libro V del mismo, cuyo epígrafe es “De la jurisdicción

laboral”.

“§ 7º.  Del procedimiento monitorio

Art. 496. Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo 162; y de las contiendas a que se refiere el artículo 201 de este Código, se aplicará el procedimiento que a conti-nuación se señala.

Art. 497. Será necesario que previo al inicio de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que correspon-da, la que deberá fijar día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan, tales como contrato

§ 6. norMAS DEl ProcEDiMiEnto

o Juicio Monitorio contEniDAS

(34)

de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.

Art. 498. En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá término a dicha instancia, ar-chivándose los antecedentes.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3º del presente Título. Art. 499. Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que el reclamado no concurra al comparendo, el trabajador podrá interponer demanda ante el juez del trabajo competente, dentro del plazo establecido en los artículos 168 y 201 de este Código, según corresponda.

La demanda deberá interponerse por escrito y contener las menciones a que se refiere el artículo 446 de este Código.

Deberá acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los documentos presentados en éste. Esta exigencia no regirá en el caso de la acción emanada del artículo 201.

Art. 500. En caso que el juez estime fundadas las pretensiones del demandante, las acogerá inmediatamente; en caso contrario las rechazará de plano. Para pronunciarse, deberá considerar, entre otros antecedentes, la complejidad del asunto que se somete a su decisión, la comparecencia de las partes en la etapa administrativa y la existencia de pagos efectuados por el demandado. En caso de no existir antecedentes suficientes para este pronunciamiento, el tribunal deberá citar a la audiencia establecida en el inciso quinto del presente artículo.

Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del plazo de diez días hábiles contado desde su notificación, sin que proceda en contra de ella ningún otro recurso.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales.

En todo caso, en la notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación extemporánea.

(35)

EL JUICIO MONITORIO

Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a las partes a una audiencia única de conciliación, contestación y prueba, la que de-berá celebrarse dentro de los quince días siguientes a su presentación.

Si el empleador reclama parcialmente de la resolución que acoge las pretensiones del trabajador, se aplicará lo establecido en el ar-tículo 462.

Art. 501. Las partes deberán asistir a la audiencia con todos sus me-dios de prueba y, en caso de comparecer a través de mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad de transigir.

La audiencia tendrá lugar con sólo la parte que asista.

El juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459.

Art. 502. Las resoluciones dictadas en el procedimiento monitorio serán susceptibles de ser impugnadas por medio de todos los recursos establecidos en este Código, con excepción del recurso de unificación de jurisprudencia contenido en los artículos 483 y siguientes”.

no obstante haber señalado recién, que el código sólo dedica siete artículos a este novel instituto procesal-laboral, no es menos cierto que los mismos, hacen referencia a otras partes del mismo cuerpo legal, vgr. al juicio de aplicación general, y también, por cierto, a ciertas normas contenidas en el código de Procedimiento civil. El artículo 3 (ct) dispone que en todo lo no regulado en dicho cuerpo legal o en leyes especiales, serán aplicables suple-toriamente las normas contenidas en los Libros I y II del Código de

Procedimiento Civil0, a menos que ellas sean contrarias a los

prin-cipios que informan este procedimiento. En tal caso, el tribunal dispondrá la forma en que se practicará la actuación respectiva. no obstante, respecto de los procedimientos especiales, se aplicarán supletoriamente, en primer lugar, las normas del procedimiento de aplicación general contenidas en su Párrafo 3º.

En forma directa entonces, son aplicables al juicio monitorio entonces, los §  y §  del capítulo ii del libro V, esto es, los

principios formativos del proceso laboral y las reglas comunes del mismo,

0 Disposiciones comunes a todo procedimiento (libro i) y Juicio ordinario

(36)

más, aquellas normas del procedimiento de aplicación general, que no fueren contradictorias con el juicio monitorio, i.e. interrogación de los testigos, reglas sobre la prueba en general, etc.

“§ 1º.  De los principios formativos del proceso

Art. 425. Los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y con-centrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad.

Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley.

Las actuaciones realizadas oralmente, por o ante el juez de la causa, serán registradas por cualquier medio apto para producir fe y que permita garantizar la fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Se considerarán válidos, para estos efectos, la grabación en medios de reproducción fonográfica, audiovisual o electrónica. La audiencia deberá ser registrada íntegramente, como asimismo todas las resoluciones, incluyendo la sentencia que dicte el juez fuera de ella. Art. 426. En las citaciones a las audiencias, se hará constar que se celebrarán con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación.

Las partes podrán concurrir a estas audiencias por intermedio de mandatario, el que se entenderá de pleno derecho facultado para tran-sigir, sin perjuicio de la asistencia de sus apoderados y abogados.

Iniciada la audiencia, ésta no podrá suspenderse. Excepcional-mente, y sólo en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, el juez podrá, mediante resolución fundada, suspender la audiencia. En el mismo acto deberá fijar nuevo día y hora para su realización.

El tribunal deberá habilitar horarios especiales en caso de que el desarrollo de la audiencia exceda al horario normal de su funciona-miento.

Art. 427. Las audiencias se desarrollarán en su totalidad ante el juez de la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio. El incumplimiento de este deber será sancionado con la nulidad insa-neable de las actuaciones y de la audiencia, la que deberá declarar el juez de oficio o a petición de parte.

(37)

EL JUICIO MONITORIO

Sin embargo, en los juzgados de letras que cuenten con un juez y un secretario, y sólo cuando la Corte de Apelaciones respectiva no ejerza la atribución que le confiere el artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, el juez, cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere, podrá autorizar al secretario abogado, para que, en calidad de suplente, asuma en todo el curso del juicio. En este caso, se entenderá para todos los efectos legales que el juez falta en su despacho, y sólo aquél podrá presidir la audiencia, dictar el fallo y llevar a cabo todas las actuaciones que correspondan, aplicándose a su respecto lo señalado en el inciso primero.

Art. 428. Los actos procesales serán públicos y deberán realizarse con la celeridad necesaria, procurando concentrar en un solo acto aquellas diligencias en que esto sea posible.

Art. 428 bis . Derogado.

Art. 429. El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, actuará de oficio. Decretará las pruebas que estime necesarias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará mediante resolución fundada aquellas que considere inconducentes. De esta reso-lución se podrá deducir recurso de reposición en la misma audiencia. Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso o su prolongación indebida y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento.

El tribunal corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación del juicio y adoptará las medidas que tiendan a evitar la nulidad del procedimiento. La nulidad procesal sólo podrá ser decretada si el vicio hubiese ocasionado perjuicio al litigante que la reclama y si no fuese susceptible de ser subsanado por otro medio. En el caso previsto en el artículo 427, el tribunal no podrá excusarse de decretar la nulidad.

No podrá solicitar la declaración de nulidad la parte que ha ori-ginado el vicio o concurrido a su materialización.

Art. 430. Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias.

El juez podrá rechazar de plano aquellas actuaciones que considere dilatorias.

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