CAPÍTULO 3. El conflicto armado colombiano y su expresión territorial: presencia de los actores

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El conflicto armado colombiano

y su expresión territorial:

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En desarrollo de la idea general del Seminario Internacional Dimensiones Territo-riales de la Guerra y la Paz en Colombia, nos propusimos hacer que convergieran aquí varias destrezas analíticas, comenzando por la geografía y todo su instrumen-tal analítico, en el análisis de un aspecto arduo en particular dada la naturaleza de la guerra que vive el país: la manera en que los actores armados están presentes en el territorio, sus pretensiones de controlarlo, los efectos que su presencia y los planes de expansión que elaboran, surten sobre los flujos de población y la confi-guración de las regiones. Con el grupo de ponencias que se presentaron y la discu-sión a que dieron lugar creemos haber conseguido en gran medida dicho objetivo

Ya en el libro pionero de junio de 1962, La Violencia en Colombia con el cual todos los investigadores colombianos sobre el tema hemos estado emulando, de modo consciente o inconsciente, la cuestión de la geografía de la violencia, su representación espacial con los instrumentos de la época fue un momento clave del análisis. Desde entonces, con alternativas varias, ya sea por parte de investiga-dores con conocimiento especializado, ya fuera por profanos en cartografía y geo-grafía, se puede hacer un seguimiento de los intentos de una representación espa-cial y, subsidiariamente, de un abordaje que procura discernir la estrategia que emplean las organizaciones que practican la violencia, su significado social, sus efectos.

Muy recientemente (1989) hizo carrera la formulación sentenciosa del co-lega Alejandro Reyes: "En Colombia los conflictos sociales por la tierra, han sido sustituidos por las luchas por el dominio territorial", una expresión que, además de indicar con certeza el momento en que se produce un cambio significativo en la situación colombiana, designó la necesidad de un viraje en el estilo de análisis que hasta entonces practicaban las ciencias sociales, lo ineludible de la representa-ción cartográfica y del conocimiento geográfico en adelante.

A los colegas franceses tal vez les haya sorprendido el auge que ha tenido en Colombia la noción de actores sociales y sus diversas significaciones; en particular la manera en que, con presteza y sentido de oportunidad, los jefes de los distintos grupos armados que practican la guerra irregular la han hecho suya, tomándola incluso como un elemento de su propia identidad. Se trata, por lo que se puede juzgar, más de un uso propagandístico del término que de una apropiación del concepto; no es un viraje en la teoría social propiamente dicha, un "reemplazar una sociología de la sociedad por una sociología de los sujetos", según el Uamado de Touraine.

Con todo, la expresión suena un tanto cruda todavía a muchos oídos pues parece que, a los «actores armados» y siguiendo la metáfora teatral, les atribuye un protagonismo que los realza, casi siempre en detrimento del "coro", de la apabullante mayoría de la población que no participa en la guerra, y que a simple vista se limita a padecer sus efectos. Por cierto que varios de los ponentes que aquí

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quienes promueven la guerra, y la desorganización, la desmovilización de quienes se limitan a padecerla.

En todo caso, y como tendencia, se ha superado ya la actitud que consistía en subvalorar el papel de los actores, considerándolos simple expresión pasiva de las estructuras, abstractas e impersonales.

Aun con las simplificaciones, que parecen inevitables, el auge actual indica una contratendencia que pone el acento en la pluralidad, aplazando una visión de conjunto con tal de percibir las interacciones, las interferencias que se presentan entre las distintas modalidades de la violencia colombiana.

Pienso que hoy, y a la luz de los hechos y evidencias acumulados, es posible ponerse de acuerdo en que la intensidad y la diversidad de las violencias, están creando una nueva concepción de territorio. Algunos teóricos de la estrategia mi-litar llegan a formular como principio, y de manera axiomática, la importancia del conocimiento geográfico: combatiente que no conozca bien el territorio en el que actúa está condenado a perderlo. La discusión clausewitziana y postclausewitiziana ha reformulado los términos de esa discusión, y subraya la primacía de la pobla-ción sobre el territorio en su importancia estratégica, pero sin que llegue a mini-mizar al segundo de los componentes. De hecho, como un rasgo sobresaliente de la situación colombiana nos encontramos con que en un momento dado los acto-res armados parecen guiarse por la máxima: "si no cuentas con el apoyo de la población, busca dominar el territorio, que lo otro vendrá por añadidura". Así es que el nuestro resulta ser un territorio fragmentado y la nuestra una sociedad dividida (la anterior es una paráfrasis consciente del provocador título del libro de Marco Palacios y Frank Safford: Colombia: fragmented land, divided society. Latinamerican Series. Oxford University Press, 2001).

A la vez se ha ganado conciencia acerca de las limitaciones de la representación cartográfica para dar cuenta de la dinámica de la guerra y de los flujos poblacionales. En la primera de las ponencias que se presentaron, la del geógrafo Olivier Pissoat, y sobre la base de ejemplos tomados de pubUcaciones colombianas, se señalaron las inevitables distorsiones que sufren los mapas por efecto de la agregación y el carácter instrumental y condicionado de cualquier representación cartográfica, por bien elaborada que esté. Al investigador le corresponde, entonces, refinar la interpretación, ponderar los datos y ofrecer al lector, al lector en general, especialista o profano, un contexto adecuado a cada mapa, además de un cuadro de convenciones en que se especifique la fuente de la información, etc. Por cierto, es una lástima que no hubiéramos podido incluir acá ese texto pues, por ser parte de su tesis doctoral, el autor tenía ya compromisos editoriales para publicarlo en versión íntegra1.

1 Aun cuando una versión preliminar de la ponencia fue publicada como artículo en la Revista Análisis Político 45, enero/abril de 2002.

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duce el tipo de guerra que tenemos, la mayoría de los expositores se refirió, como posibihdad (aun cuando no en todos los casos corroborándola), a la idea de la con-ferencia inaugural del profesor Pécaut, incluida en el capítulo 1 (capítulo introductorio de esta compilación) acerca de una reterritorialización mediante la resistencia civü a la guerra; de que en efecto, las poblaciones afectadas que se movUizan en contra de la guerra y por la defensa de su identidad regional, lo hacen redefiniendo fronteras a su favor; y que en los hechos más recientes y posteriores a la ruptura de las conversa-ciones con las Farc, y en la medida en que la guerra se agudiza, se echa de ver que las fronteras se hacen más fluidas; que el territorio no es el espacio físico, sino también un elemento de identidad; del producto de la interacción a largo plazo entre ese espacio y las pautas de su poblamiento, su aprovechamiento, la identidad que se ha construido; todo lo cual se tiende defender, aun en medio de la guerra, como lo indican varias movilizaciones recientes.

Para este capítulo, quiero destacar el ambiente de libre discusión en que se desarroUaron las presentaciones; pese a lo sensible de los temas y al grado de polari-zación que una guerra como la actual produce en la sociedad colombiana, se mantu-vo el ambiente de discusión, sin cortapisas y hubo la posibilidad de cuestionar toda clase de supuestos e incluso de escuchar la exposición de los supuestos y definicio-nes de la actual política gubernamental en materia de defensa y seguridad.

La que se puso en cuestión en cambio, y por lo visto lo estará cada vez más, es la idea de la excepcionalidad del caso colombiano, o en general la de que sea posible, hoy por hoy, entender la situación de un país, considerándolo en sí mis-mo, sin referencia al contexto internacional; notemos que en varias de las ponen-cias incluidas en este capítulo se ensaya la comparación con otros países, se em-plean analogías históricas, se emplea una comparación metódica con otros casos conocidos. Al mismo tiempo, y como una conclusión gruesa, constatamos las li-mitaciones del tipo de representación cartográfica que se ha empleado hasta ahora para ilustrar la distribución territorial de los hechos de violencia, la presencia en las regiones de los distintos actores, el efectismo a que da lugar la yuxtaposición de indicadores sin una ponderación adecuada.

Los trabajos que se incluyen en esta compilación, si bien no consiguen pre-sentar el cuadro completo, y respecto de la demanda de conocimiento sobre el pro-blema que nos ocupa pudieran resultar insuficientes, sí recogen las tendencias prin-cipales en la evolución de los dominios territoriales, así como en la forma en que ha evolucionado la manera de analizarlos y encontrarles una racionalidad. Considera-mos en efecto que son insuConsidera-mos indispensables hacia la necesaria recomposición de una futura representación cartográfica verídica, realista, que muestre la secuencia en las alternativas de la guerra y en el control territorial a que ésta dé lugar.

Es notorio que la mirada aquí fue interdisciplinaria por definición, y que con la participación de economistas, geógrafos, historiadores, sociólogos,

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él, comparándolo en lo posible con la situación de otros países, la diversidad re-gional, la expansión territorial de la guerra, sus efectos sociales más notables. Sin que el componente geográfico en el conjunto dejara de tener un peso específico mayor.

Fernando Cubides C.

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DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

C a m i l o E c h a n d í a C a s t i l l a '

INTRODUCCIÓN

La denominada "violencia estructural" ha explicado el conflicto armado esencial-mente por la existencia de "condiciones objetivas"1 en las zonas rurales y aparta-das, donde la insurgencia asume la causa del campesinado víctima de la violencia terrateniente o estatal. En esta perspectiva, la violencia ejercida sobre el campesino colonizador es un factor determinante en el acercamiento entre la población de estas zonas y la guerrilla en busca de protección y acciones "justicieras", en un contexto en el que el Estado suele estar ausente y por lo tanto no puede actuar como mediador, o en el que su única presencia es militar y represiva. Así mismo, en la medida en que la violencia acompaña los procesos regionales de configura-ción de las estructuras agrarias, los conflictos se asocian de manera global a la geografia de la violencia (Reyes, 1988).

Sin embargo, la geografía del conflicto en la actualidad desborda el alcance explicativo de esta visión, mostrando mayor complejidad. La insurgencia a partir de los años ochenta comienza a dar cumplimiento a sus principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos, desdoblar frentes para ampliar su presen-cia territorial y aumentar su influenpresen-cia a nivel local. Con la diversificación de su presencia territorial, la guerrilla logró en la década del ochenta expandirse hacia localidades cercanas a los centros administrativos y políticos del país, sin que ello implicara la pérdida de influencia en zonas de implantación histórica donde con-servan sus principales fuentes de financiamiento.

* Profesor Titular de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales.

1 Por "condiciones objetivas" se entienden las realidades políticas, sociales, y

econó-micas que generan un grave deterioro de las condiciones de existencia de no pocos sectores de la población. En un sentido amplio, la exclusión política, la pobreza y los profundos desequilibrios configuran las causas objetivas de la violencia, fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obstaculizado su desarrollo debido a las limi-taciones que provienen de las estructuras sociales mismas, producto de relaciones basadas en la desigualdad.

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En la década del noventa, el fortalecimiento de las Farc sigue su marcha en estrecha relación con el proceso de integración vertical de todo el negocio de la coca: siembra, producción de base, refinación y transformación del alcaloide. En otros países bajó la producción y también se aliviaron los problemas de narcotráfico en Perú y Bolivia, victorias que por otro lado generaron elevados costos para Co-lombia, en donde se magnificaron los elementos nocivos de una producción inte-grada de cocaína. De hecho, las Farc lograron tener acceso a mayores fuentes de recursos toda vez que el país comenzó a producir hoja de coca, lo que le dio a esta guerrilla la oportunidad de imponer tributos a productores y procesadores, mu-chas veces a cambio de protección.

El escalamiento del conflicto armado registrado a partir del inicio de los años noventa evidencia el poderío militar alcanzado por la guerriUa, basado en el hecho de haber encontrado fuentes de recursos económicos muy importantes que a su vez ha determinado su visión optimista en cuanto a la continuación de la guerra. Por lo tanto, la prolongación del conflicto colombiano tiene como funda-mento la autonomía adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financie-ro, haciendo que la búsqueda de un mayor apoyo social constituya una preocupa-ción secundaria2.

Pese a la marcada presencia guerrillera en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos y de importancia agropecuaria, en Colombia la economía de gue-rra ha dejado de depender exclusivamente del dominio territorial de estas zonas rurales por parte de los diferentes grupos armados. En efecto, los fondos también se obtienen de actividades como la extorsión y el secuestro, que no requieren de un elevado poderío militar para su ejecución. De hecho, estas prácticas se registran con bastante frecuencia en áreas urbanas, donde los grupos alzados en armas no tienen dominio territorial efectivo.

La guerrilla, que logró extender su presencia a zonas de gran significado en el desarrollo de la confrontación, hoy enfrenta la posibilidad de hacerse militar-mente vulnerable y por ello ha modificado su conducta en función de los cambios experimentados recientemente, los cuales le han permitido al Estado retomar la iniciativa estratégica en el conflicto armado, mediante una mayor movilidad y la ampliación de la capacidad operativa.

2 Paul Collier, en varios de sus trabajos, muestra que - c o m o sucede en Colombia- las

guerras internas se encuentran acompañadas de bonanzas en productos agrícolas, mineros o ilegales, que han dado la posibilidad a los grupos insurgentes de saquear los recursos necesarios para financiase, condición que determina la viabilidad de la guerra civil. Según este autor, las rebeliones dependen en forma crítica de la utiliza-ción de recursos para la persecuutiliza-ción de otros objetivos. Por lo tanto, los factores económicos -como la exportaciones de bienes primarios- son decisivos en la viabi-lidad de los conflictos internos.

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Con la evidencia geográfica presentada en este trabajo, se busca identificar los cambios en la conducta de los protagonistas del conflicto armado, que sugie-ren la existencia de planes cuidadosamente dirigidos hacia el control de zonas con elevado valor estratégico. De igual manera, se mostrará la alta concentración de masacres y asesinatos3 en estas zonas donde se presenta la persistencia de los ho-micidios.

T E N D E N C I A S RECIENTES EN LA EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO

La información estadística que se presenta en los primeros tres gráficos adjuntos, per-mite constatar el incremento en la intensidad del conflicto armado4 y pone al descubierto la mayor capacidad ofensiva con que cuentan, en particular las Farc, desde comienzos de los años noventa. El conflicto que registra una clara tenden-cia hatenden-cia la intensificación a partir de 1999, en los últimos tres años ha aumen-tado principalmente como consecuencia de los combates y operaciones milita-res emprendidos por la Fuerza Pública y no como consecuencia de las acciones por iniciativa de las guerrillas. En 2003 se registra una caída en el accionar de los grupos insurgentes y si bien es cierto que las Farc se han mantenido en niveles elevados, esto es más consecuencia de las acciones de sabotaje contra la infraes-tructura, que como resultado de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública. En el caso del Ein es notoria la reducción de sus acciones, aún en lo que se refiere a los sabotajes contra la infraestructura, mientras que la iniciativa de la Fuerza Pública en su contra es cada vez mayor. Así mismo, las autodefensas por su parte disminuyen sus acciones en 2003, como resultado de las negociaciones adelan-tadas con el gobierno, aunque no se produce el cese total de su actividad arma-da, ni de los asesinatos de civiles.

Si se analiza la serie de mapas del 1 al 6 que muestran la evolución de la geo-grafía de las acciones armadas más recurrentes en el nivel municipal, se descubre que más de la tercera parte de las acciones producidas entre 1998y2003se aglutinan en no más de cuarenta municipios (ante todo rurales). Así mismo, se pudo estable-cer que en este lapso, 35% de las acciones armadas más recurrentes en el conflicto

3 Se utiliza la expresión asesinatos para señalar que son homicidios que se sabe

fue-ron llevados a cabo por actores organizados de violencia.

4 La intensidad del conflicto armado se determina de acuerdo con el número de

contactos por iniciativa de la Fuerza Pública y de acciones por iniciativa de las gue-rrillas. Las acciones por iniciativa de las guerrillas se dividen en tres: i) las acciones orientadas contra la Fuerza Pública, es decir las emboscadas, los ataques a instalacio-nes militares, los hostigamientos y ataques a poblacioinstalacio-nes; ii) destrucción de infraes-tructura y iii) los actos con objetivos económicos, es decir las acciones de piratería terrestre y los asaltos a entidades públicas y privadas. Se excluyen las confrontacio-nes en^e guerrillas y autouciensas que se analizan mas aLieíanie.

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protagonizado por las Farc se concentró en algo más de cuarenta municipios. En el caso del Ein se registra una concentración aún mayor, ya que en tan sólo treinta municipios, se produce el 60% de sus acciones. En la medida en que la mayor intensidad de conflicto, como salta a la vista en los mapas 5 y 6, vuelve a expresarse mayoritariamente en las zonas donde se implantaron los primeros núcleos guerri-lleros, los escenarios más afectados son ante todo rurales y apartados de las activi-dades económicas más dinámicas, localizadas en las áreas planas integradas a los principales centros de desarrollo nacional. En efecto, 60% de los municipios afec-tados en el presente por la elevada intensidad del conflicto armado, pertenecen a la estructura rural atrasada y de colonización; 20% son del tipo campesinado medio; 10% se caracterizan por el predominio de la agricultura comercial y sólo el 10% pertenece a la estructura urbana.

A partir de la ofensiva del Ejército contra el Secretariado de las Fuerzas Ar-madas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el municipio de Uribe-Meta en

1990, la organización insurgente logró avanzar en el proceso de especialización de sus frentes y la creación de grupos de choque, como las columnas móviles (Salazar, 2000)5. En 1993 ya se vislumbraban los primeros ensayos en esta experiencia; el ataque a Dabeiba y el bloqueo en la región de Urabá donde participaron más de 500 guerrilleros del Bloque José María Córdoba. No obstante, sólo hasta 1996 se establece el punto de partida de una serie de éxitos militares que revelaban una mayor capacidad ofensiva.6 En efecto, las Farc entre 1996 y 1998 en las zonas del sur del país demostraron la existencia de un ejército, producto de una gran capaci-dad de financiamiento y control sobre la población. Este comportamiento tuvo como fin último sostener sus posiciones en las zonas de presencia histórica, a diferencia de lo que ocurre en el resto del territorio donde lo que se busca con la actividad armada es dispersar los esfuerzos del Estado, evitando que se presenten grandes y costosas ofensivas militares.

5 Estas estructuras responden no sólo a la estrategia del Estado de las Brigadas

Móvi-les, sino también al comienzo de la búsqueda del salto cualitativo en el desarrollo de la guerra.

6 La crisis que sufrieron las Fuerzas Militares se inició en 15 de abril de 1996 con el

ataque a Puerres ( Nariño) y continuó con la toma de la base militar las Delicias en el departamento de Putumayo, el 30 de agosto; el ataque el 7 de septiembre a la base militar de La Carpa en el departamento de Guaviare; y la acción la ofensiva contra la base militar de Patascoy en el departamento de Nariño, el 21 de diciembre. En 1998 los ataques se intensificaron a partir de marzo, cuando la Brigada Móvil No. 3 del Ejército fue atacada en el caño El Billar, en el departamento del Caquetá; el 3 de agosto, la guerrilla atacó las instalaciones de Policía en Miraflores, Guaviare y Uribe, Meta, así como la base militar de Pavarandó en Urabá; en noviembre, en momentos previos a la creación de la zona de distensión para adelantar las conversaciones de paz entre la administración Pastrana y las Farc, esta guerriUa tomó por asalto a Mitú, capital del departamento deVaupés, en el suroriente colombiano.

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Entre los cambios más significativos observados en la dinámica del conflicto, se destaca también la manifiesta prioridad que las Farc dieron entre 1 9 9 7 y 2 0 0 1 a los ataques a las poblaciones para destruir los puestos de Policía y debilitar la presen-cia estatal en los municipios donde buscaban ampliar su influenpresen-cia. Así mismo, a partir de mediados de 2002, las Farc buscaron afectar la gobernabilidad local con amenazas contra alcaldes y concejos municipales para obligarlos a renunciar.

Los cambios experimentados recientemente también se relacionan con el Ejército de Liberación Nacional, Ein. La acción de los grupos paramilitares y la mayor decisión del ejército a partir de 1996, lograron romper la retaguardia de este grupo, que pierde hegemonía en una franja del territorio que abarca desde el nordeste antioqueño hasta Norte de Santander. A esto se suma la pérdida de in-fluencia en Barrancabermeja, así como en Cúcuta y en Medellín (mientras que en Arauca las Farc avanzan sobre las posiciones tradicionales más preciadas del Ein). Se puede suponer que las Farc aspiran a absorber al Ein, proceso que se ha venido dando de varias formas: reforzando los frentes del Ein para evitar más derrotas militares (como se puede constatar en el sur de Bolívar); haciendo presencia en zonas de influencia tradicional del Ein (como se ha visto en Arauca) y defendiendo territorios de manera conjunta (como viene ocurriendo en Norte de Santander). El inicio de las negociaciones de paz entre la administración Pastrana y las Farc en julio de 1999 estuvo precedido por una gran ofensiva de este grupo insur-gente. El uso táctico que las Farc dieron a la Zona de Distensión (ZD) se descubre desde el momento previo al inicio de las negociaciones que se había acordado para julio de 1999. Las Farc desataron una ofensiva que se dirigió fundamentalmente a golpear los municipios cercanos al área desmilitarizada. La primera constatación que se produce al contrastar los datos de violencia de los municipios que confor-maron ZD durante el proceso de paz con los promedios anteriores e históricos, es la marcada reducción de las acciones de guerra, hostigamientos y combates. La Fuerza Pública en el periodo de vigencia de la ZD logró neutralizar los ataques de los alzados en armas hacia los municipios vecinos y producirle un alto número de bajas. El mayor control impidió que las Farc siguieran utilizando de manera táctica la ZD, bloqueando las posibilidades de ampliar su dominio territorial y en conse-cuencia el grupo armado perdió interés en la ZD. La ruptura del proceso de paz en febrero de 2002 dio paso a la segunda ofensiva más grande de la guerrilla, después de la que se registró entre enero y febrero de 1991.

La Fuerza Pública, como se advierte en el gráfico 2, a partir de 1999 comienza a retomar la iniciativa en la confrontación, y en 2002 ya es clara la superioridad militar, resultado del incremento en la movilidad y la capacidad de reacción aérea para contrarrestar los ataques de los alzados en armas.7 La desventaja aérea de las

7 A partir de noviembre de 1998, cuando el Ejército recuperó Mitú, se comienza a

registrar una serie de operaciones exitosas para la Fuerza Pública. A las acciones de julio de 1999 en Puerto Rico-Caquetá y Puerto Leras-Meta, se suma en agosto del

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Farc, representa un impedimento para pasar a otro estado de la guerra en el que esta guerrilla buscaría mediante la guerra de movimientos ampliar su dominio territorial efectivo sin poner en riesgo su influencia en las zonas de presencia históricas. Por lo tanto, mientras compensa su inferioridad militar, las Farc ha teni-do que dar marcha atrás en sus aspiraciones territoriales y limitar los propósitos de los escasos ataques contra el Ejército para evaluar su capacidad de reacción. Tal y como se observa en el gráfico 3, en 2003 se produce una caída en las acciones de la guerrilla, evidencia de las dificultades en el campo operacional.

Ante la manifiesta intención del gobierno Uribe de enfrentar el desafío de la guerrilla con un mayor esfuerzo militar, se ha visto cómo las estrategias y los movimientos tácticos de los alzados en armas se han modificado en función de los cambios en la dinámica de la confrontación. La mayor presión del Ejército sobre las estructuras armadas, ha hecho que éstas retomen los comportamientos propios de la guerra de guerrillas, que ante todo buscan evitar golpes contundentes me-diante el repliegue táctico hacia sus zonas de refugio y la realización de acciones a través de pequeños grupos de no más de 15 hombres.

Si bien la insurgencia ha dejando de lado el enfrentamiento directo con el Ejército para evitar su derrota, optando por golpear indirectamente a su adversario mediante el sabotaje a la infraestructura económica y la intensificación del terro-rismo en las ciudades, es necesario reconocer las limitaciones de esta nueva con-ducta. Es cierto que la guerrilla ha identificando el sabotaje como una de sus prin-cipales armas de combate -en cuanto a través de una guerra de desgaste puede impedir la recuperación de su adversario- pero al mismo tiempo sabe muy bien que la obtención de los recursos necesarios para lograr sus objetivos de largo plazo depende de que el impacto sobre la economía sea leve.

mismo año una operación aérea en Hato Corozal-Casanare que causó la baja de 45 combatientes de las Farc. Hacia finales del año 2000, en el municipio de Suratá-Santander la Fuerza Pública dio de baja a 72 miembros de las Farc y capturó a 136 más, con lo cual desarticuló una columna que había partido de la zona de distensión con el propósito de recuperar territorios bajo control de los paramilitares en el Mag-dalena Medio. Mas tarde el Ejército cercó la región del Sumapaz, corredor estratégico de las FARC entre Bogotá y la ZD; en la operación fueron dados de baja 16 guerrille-ros. En febrero de 2001, en desarrollo de la operación "Gato Negro" en el departa-mento de Vichada que produjo la captura del narcotraflcante Fernandiño, fueron dados de baja 19 integrantes de las Farc y 29 más fueron capturados. Posteriormente en mayo se adelantó la operación Tsumaní en Nariño, que produjo la baja de 12 guerrilleros de las FARC en el municipio de Barbacoas. Durante el mes de agosto las FF.AA. desplegaron la más grande ofensiva contra las Farc en el suroriente colombia-no, cuando la columna luán losé Rondón, integrada por un elevado número de guerrilleros que había partido de la ZD con el propósito de tomar por asalto Barrancominas-Guainía, fue interceptada en Guaviare logrando frustrar sus planes.

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De otro lado, la urbanización del conflicto en las condiciones actuales im-plica el riesgo de hacer militarmente vulnerable a la guerrilla, por cuanto deman-daría de su parte contar con los medios para controlar las grandes ciudades y enfrentar el escalamiento de la confrontación armada que pondría en peligro su influencia sobre las zonas rurales estratégicas construida a través del tiempo con grandes esfuerzos. Así mismo, debe resaltarse que la mayor decisión en la lucha contra la guerrilla ha dado mejor resultado en áreas cercanas a las ciudades, como en los casos de Medellín y Bogotá donde las estructuras armadas han sido fuerte-mente golpeadas en su presencia urbana y su retaguardia rural. Sin embargo, el objetivo de extender el conflicto armado a las ciudades no debe subestimarse, dado que en el futuro podría ser el medio utilizado por la guerrilla para adquirir una mayor capacidad de negociación y apalancar una demanda de mayor partici-pación en el poder.

D I N Á M I C A REGIONAL DEL CONFLICTO ARMADO

La distribución de las acciones armadas más recurrentes en el conflicto a nivel departamental entre 1998 y 2003 (gráfico 4), permite una primera aproximación a la concentración geográfica de estos hechos. Cerca del 70% de las acciones arma-das se aglutina en diez departamentos: Antioquia, Arauca Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima. Los depar-tamentos que experimentaron los incrementos más importantes en intensidad del conflicto armado entre 2002 y 2003 fueron Antioquia, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Huila, Qindio, Meta, Nariño, yTolima. En la serie de mapas adjunta, se identifican los municipios y regiones que entre 1998 y 2003 fueron los principales escenarios de las acciones armados de las guerrillas y los combates que parten de la iniciativa de la Fuerza Pública contra la insurgencia. En este intervalo, se destacan principalmente municipios del suroriente, suroccidente, centro, nororiente, la costa Caribe y noroccidente de país.

En el suroriente colombiano, la creación el 7 de noviembre de 1998 de la ZD se expresó posteriormente en una considerable reducción en la intensidad del conflicto en Caquetá y Meta , estimada en un 44% entre 1998 y 2000 con respecto al promedio de acciones registradas en los años anteriores. Los municipios donde se producen las reducciones más importantes en la intensidad del conflicto arma-do no sólo son los que corresponden a la ZD. La disminución en la intensidad del conflicto se expresa en la mayoría de los municipios de Caquetá y Meta. La tenden-cia descendente en la intensidad del conflicto se invierte a partir de 2001, como lo indica la evidencia que se presenta en los mapas adjuntos. En este año se comienza a intensificar la actividad armada de la guerrilla, así como los esfuerzos del Ejército para contenerla. La tendencia ascendente en la intensidad del conflicto se refuerza a raíz de la terminación de la ZD el 20 de febrero de 2002. A partir de esta fecha, las Farc desatan una gran ofensiva dirigida a afectar la infraestructura de las zonas donde tienen presencia.

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El panorama que se presenta durante 2002 y 2003 en el suroriente colom-biano es totalmente diferente: son muy pocos los municipios donde no se registra actividad armada. La gran mayoría está en el rango más alto de intensidad y se observa una elevada concentración de hechos en los municipios que hicieron par-te de la ZD así como en el área periférica. Con la disolución de la ZD, la conducta militar de las Farc ha experimenta cambios que deben analizarse en cada uno de los escenarios municipales. Se advierte cómo las estructuras armadas evaden el enfrentamiento con la Fuerza Pública y recurren a las acciones de sabotaje y terro-rismo, que a pesar de que tienden a disminuir en 2003, se siguen produciendo. El Ejército y la Policía -quienes han procurado retomar el control- enfrentan dificul-tades debido a que la guerrilla recurrió al minado de los accesos a las zonas de mayor valor estratégico donde se encuentra replegada para impedir ser alcanzada.

Por otra parte, en el suroccidente del país, la elevada intensidad del conflicto en Cauca se explica por razones estratégicas. Este departamento se ha configurado como un espacio esencial en los desplazamientos de la guerrilla por cuanto con-vergen ahí corredores entre la Amazonia y el océano Pacíñco, el Valle del Cauca y Ecuador, así como la diversidad de su geografía con valles interandinos y selvas, que se extienden desde la cordillera Central hasta el Pacífico; estas características han favorecido la presencia de grupos insurgentes y de organizaciones de autodefensa. Las principales zonas donde estos grupos al margen de la ley tienen presencia son: la bota caucana que comunica con el departamento del Caquetá y con el Putumayo; el macizo que comprende también algunos municipios de los departamentos de Tolima, Huila, Nariño, Putumayo y Caquetá; la Vía Panamerica-na que atraviesa el departamento desde Nariño hasta el Valle; la zoPanamerica-na noroccidental - río Naya, que a través del río San Juan y más arriba por el río Atrato, comunica con el municipio de Buenaventura (Valle) y el departamento del Chocó (Pacífico); la cordillera Oriental, en los municipios de El Tambo, Aregelia, Patía, Balboa y el piedemonte de la cordillera Central, especialmente los municipios de Mercaderes y Bolívar (zona de enclave cocalero), la zona del pacíñco, principal para el tráfico de armas y de drogas; así como Popayán y sus alrededores, eje administrativo del departamento. La estrategia adoptada por las Farc de erradicar a la Policía de las cabeceras municipales y de corregimientos es complementada en este departa-mento con el destierro de fiscales y jueces y la destrucción de las cárceles. Los ataques de la guerrilla desde 1998 se han dirigido principalmente contra Silvia, Timbio, Caldono, Caloto, Rosas, Piendamó y Páez; entre 2001 y 2 0 0 2 los ataques no cesaron y algunos tuvieron especial impacto: en Febrero de 2001 fue atacado El Tambo; en julio de 2001 en Bolívar, cerca de 500 integrantes de los frentes 60 y 13 de las Farc atacaron la estación de Policía; en septiembre del mismo año, en Ahnaguer se presentó una incursión por parte miembros de las Farc; en enero de 2002, guerrilleros de las Farc atacaron la estación de Policía de Puracé causando algunas bajas y daños materiales; en julio los ataques se dirigieron sobre Toribio yTotoró, poblaciones que han sido escenario de la resistencia civil a la presión armada de las

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Farc; hubo también ataques entre 2001 y 2002 en Corinto, Patía, Inzá y Puracé. Entre 2 0 0 0 y 2 0 0 3 1os ataques de la guerrilla superan ampliamente las acciones de la Fuerza Pública encaminadas a contenerla, con lo cual se puede afirmar que Cauca es un departamento donde las Farc mantienen una actitud claramente ofen-siva a diferencia de lo que se observa en otras regiones del país donde ha optado por el repliegue.

El escalamiento del conflicto armado en Nariño en lo fundamental se rela-ciona con la decisión de las Farc de extender su presencia hacia la Costa Pacífica, atacando a su paso las poblaciones para destruir los puestos de Policía. El incre-mento de la actividad de los grupos de autodefensa registrada a partir del año 2000, obedece al propósito de disputarle a la guerrilla el control sobre las princi-pales vías: la carretera al mar que une a Tumaco con la cabecera del municipio de Túquerres y con la capital del departamento y la carretera Panamericana, que co-munica a Ecuador con el resto del país. Así mismo, las autodefensas rivalizan con la guerrilla al desplegar su presencia sobre la zona productora de coca en el sur occidente del departamento, desde Tumaco hasta El Diviso en jurisdicción de Ricaurte y desde allí hasta Barbacoas para tener el control del Río Patía hacia el Pacífico pasando por los municipios de Roberto Payan y Francisco Pizarro. Hacia el noroccidente del departamento, la producción y procesamiento de coca han au-mentado al amparo de la presencia preponderante de las Farc en el Charco y Santa Bárbara. El número creciente de contactos armados registrados entre 2001 y 2 0 0 2 se expresa en la mayor iniciativa de la Fuerza Pública con el propósito de impedir el avance de las Farc sobre el territorio (con una presencia estatal debilitada por los constantes ataques a la Policía y las amenazas contra alcaldes). De otra parte las Farc a partir de 2001 han tenido que sostener enfrentamientos directos con los grupos de autodefensa.

En el Huila los ataques contra las poblaciones registrados entre 1997 y 2001 se realizaron a fin de presionar la salida de las instituciones que ejercen funciones de Estado en el nivel municipal. Ante la ruptura de las negociaciones de paz y el mejoramiento del desempeño de la Fuerza Pública, las Farc han seleccionado cui-dadosamente sus objetivos dejando de lado las acciones que pueden acarrearle elevados costos militares. Las acciones de las Farc, aún las circunstanciales, se ciñen a planes de expansión dispuestos a lograr el control de zonas que proporcionan ventajas militares o logísticas. Por esta razón, la insistencia del grupo guerrillero desde los primeros años de la década del noventa es hacer sentir su poder armado en Neiva, Algeciras, Gigante, Baraya, Tello, Guadalupe, Rivera, Garzón, Acevedo, Campoalegre y Suaza. Así mismo, se revela la importancia estratégica que para la subversión tienen Pitalito, Isnos, San Agustín, La Plata, municipios pertenecientes al Macizo Colombiano, zona que ha desempeñado un papel crucial en el conflicto. En Tolima, los contactos armados entre la Fuerza Pública y la guerrilla se producen principalmente en el norte, oriente y sur del departamento. En el primer

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-nario de la acción del Ejército contra los frentes Bolcheviques del Líbano del Ein, Tulio Varón de las Farc e integrantes del Erp. El mayor esfuerzo en combatir a las Farc se tradujo en numerosos combates librados con el frente 25, en los munici-pios de Prado, Dolores y Natagaima hacia la parte más oriental del departamento. Hacia el sur, los frentes 21 y Joselo Lozada fueron enfrentados por las FE.AA. prin-cipalmente en Chaparral, Rioblanco y Roncesvalles. A partir de 1998 el objetivo de golpear los municipios del sur y oriente del departamento se convirtió en una prioridad para los frentes de las Farc con presencia en estas zonas. En el sur, Dolo-res, Ataco, Rioblanco, y Natagaima fueron blanco de las acciones ofensivas. Hacia el oriente la estrategia se ha expresado en Cunday y Alpujarra. En el norte, a partir de 1999,Venadillo, Villahermosa y Anzoátegui fueron atacados. En 2003, el frente de combate más importante se localiza entre los municipios de Roncesvalles, Chaparral, Anaime, Rovira, Ortega, San Antonio y Anzoátegui, que tienen como eje el cañón de las Hermosas. Esta es una zona de influencia histórica de las Farc y es uno de los centros de comercio de látex de amapola más importantes del país y desde donde pueden fácilmente incursionar sobre Ibagué y Armenia, atacar la vía de La Línea y replegarse, o entrar hasta el norte del Valle. Sobre esta zona ha habido numerosos bombardeos aéreos, sobre todo del cañón, con apoyo de la Fuerza Aérea, ante la imposibilidad de que las fuerzas terrestres puedan penetrar una zona minada completamente y en la que se encuentran varios campamentos de los frentes 25 y del "Tulio Varón".

En Cundinamarca, la actividad guerrillera experimenta un brusco incre-mento a partir de 1991, luego de la realización de la ofensiva del Ejército sobre los campamentos del secretariado de las Farc en Uribe-Meta, que produjo el desplaza-miento de frentes del oriente del país hacia el departamento, rodeando a Bogotá. No obstante el evidente interés de las Farcpor extender su presencia hacia la capi-tal, debido a su elevada importancia estratégica en términos de comunicaciones, aprovisionamiento y concentración de riqueza, y adicionalmente por cuanto el escenario urbano permite a los actores del conflicto hacer demostraciones de fuer-za con un elevado efecto de perturbación, la ciudad aún no ha sido escenario de la confrontación armada entre la guerrilla y el Ejército regular. La carencia de capaci-dad de acción para adelantar la confrontación armada en el escenario urbano hoy es mayor si se tiene en cuenta que en 2003 la retaguardia de las Farc fue fuerte-mente golpeada por el Ejército en Cundinamarca, en desarrollo de la operación "Libertad". En efecto, los frentes 42, 22, 53, 54 y la columna Reinaldo Cuellar de las Farc, han dejado de operar en el departamento ante la ofensiva de la Fuerza Pública que, desde el mes de junio, libró un elevado número de combates que produjeron cuantiosas bajas y capturas e hicieron obligatorio el repliegue de las estructuras armadas que desde comienzos de los años noventa venían tendiendo un cerco sobre Bogotá.

En el nororiente del país se destaca la persistente intensidad del conflicto en los departamentos de Arauca y Norte de Santander. En Arauca, la incursión

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paramilitar a partir de mediados del 2001, el incremento en las acciones de las Farc, las disputas locales entre éstas y el Ein y el incremento de los sabotajes contra la infraestructura, explican el escalamiento del conflicto. A partir de 1998, las Farc superan las acciones del Ein, pero los sabotajes contra el oleoducto y la infraestruc-tura fueron ejecutados en un número mayor por el Ein. En 2001 se produjo la incursión paramilitar, desde Hato Corozal y Paz de Ariporo en Casanare, hacia Tame y otros municipios de Arauca, situación que se tradujo no solo en enfrentamientos con las Farc, sino también en un notable aumento en los homici-dios especialmente en Tame, Saravena, Fortul y más recientemente en Puerto Rondón.

En Norte de Santander, la participación del Ein en la realización de las hos-tilidades sobresale frente a la actuación de las Farc y el EPL. Las acciones más recu-rrentes son los sabotajes dirigidos principalmente por el Ein contra la infraestruc-tura de transporte de petróleo que atraviesa el departamento de sur a norte, trans-portando el crudo que se extrae en Caño Limón-Arauca yTibú-Norte de Santander hacia el puerto de embarque en Coveñas-Sucre. La acción del Ejército para conte-ner a la insurgencia se traduce en un creciente número de contactos armados que en 2001 llega a su nivel máximo. Una característica sobresaliente del conflicto armado durante estos años es la elevada frecuencia de los contactos armados pro-tagonizados por las guerrillas y los paramilitares. En medio del debilitamiento que ha venido experimentando el Ein, es evidente que las Farc apoya a esta guerrilla en la zona del Catatumbo, enfrentándose directamente con los grupos paramilitares para evitar que logren su propósito de aislar al Ein en esta zona de importancia estratégica para la subversión.

En la región del Caribe, los principales escenarios del conflicto correspon-den a la Sierra Nevada de Santa Marta y la zona de Montes de María. En el primero de estos escenarios, en respuesta a las acciones de las guerrillas se han desarrollado intensos operativos militares que tienen como objetivo neutralizar los propósitos de los grupos armados y en particular evitar que consoliden la Sierra como una retaguardia estratégica. Las guerrillas, no obstante, no han cedido y tienen la capa-cidad para reaccionar reuniendo hombres de los diferentes frentes, o lanzando ataques y ejecutando sabotajes en la vertiente contraria en la que están siendo atacados, con lo que logran dispersar los esfuerzos de la Fuerza Pública que no tiene los medios para desplegar operativos que cubran todos los flancos a la vez. A pesar de que la modalidad predominante de paramilitares y guerrillas consiste en eliminar y desaparecer civiles por medio de homicidios selectivos y masacres, a partir de 2001 se hace más frecuente la confrontación directa entre las dos estruc-turas al margen de la ley.

La región de Montes de María8 constituye una posición estratégica que con-tiene corredores naturales y adicionalmente sirve de refugio a las estructuras

ar-Dentro de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación del Orden Público (ZRC) ue jepticmure ue ¿.\J\J¿. por ei vjouierno ai amparo ue ia

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\-onmo-madas que operan en un amplio territorio de la Costa Caribe. A partir de 2000 los frecuentes enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y las estructuras de la guerrilla, el incremento de la acción contrainsurgente de las FF.AA. y la mayor insistencia de los alzados en armas en las acciones de destrucción de la infraestruc-tura eléctrica y de comunicaciones, son las características sobresalientes. El incre-mento en la actividad armada registrado a comienzos de 2002 respondió a la mayor iniciativa de la Fuerza Pública contra las guerrillas que operan en la región. Las acciones más contundentes de la guerrilla fueron cometidas por las Farc y solo marginalmente actuaron el Ein y el Erp. La mayor presión ejercida por las autorida-des contra las estructuras armadas al margen de la ley que operan en Montes de María ha hecho que la guerrilla, buscando evitar golpes contundentes, se replie-gue hacia las partes más agrestes de la Serranía de San Jacinto y se divida en grupos pequeños que ejecutan acciones rápidas y de tipo económico como retenes y se-cuestros (esto también revela las dificultades que se han comenzado a presentar en la consecución de las finanzas necesarias para garantizar su sostenimiento). La respuesta de los grupos armados a los mayores esfuerzos para reducirlos, también se expresa en el minado de los accesos a sus zonas de refugio y la realización de acciones terroristas y de sabotaje, estas últimas particularmente en El Carmen de Bolívar. Con este comportamiento la guerrilla busca que la Fuerza Pública dismi-nuya su acción contrainsurgente en áreas rurales vitales para su supervivencia y se concentre en los cascos urbanos.

Hacia el noroccidente, las regiones más afectadas por el conflicto son el Oriente antioqueño y el Atrato medio en Chocó. En el Oriente antioqueño la gue-rrilla ha recurrido insistentemente a los paros armados y bloqueos de la autopista Medellín-Bogotá. Luego de la ruptura de las negociaciones entre la administración Pastrana y las Farc, esta guerrilla destruyó tres puentes que mantuvieron suspendi-do el tráfico entre Medellín y Bogotá entre marzo y abril del 2002. Este fue el momento cúspide de uno de los propósitos más importantes de la guerrilla en territorio antioqueño: la toma de la vía, que desde 2000 fue escenario de decenas de asaltos, secuestros masivos y atentados. En el 2003 la operación "Marcial" le permitió al Ejército retomar la iniciativa en la lucha contra la guerriUa, lo cual se expresó en 141 combates librados contra los frentes 9 y 47 de las Farc y Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyabe del Ein. Estos grupos ante el aumento de la presión armada, las bajas, las capturas y las entregas voluntarias, han optado

ción Interior, que estuvo vigente hasta en 30 de abril de 2003, se declararon como tal 26 municipios ubicados en los departamentos de Bolívar y Sucre. Del primer departamento se tomaron: Arroyo Hondo, Calamar, Carmen de Bolívar, Córdoba, El Guamo, Mahates, María La Baja, San lacinto, San )uan Nepomuceno y Zambrano. Del segundo se tomaron; Buenavista, Colosó, Corozal, Chalán, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Benito Abad, San luán de Betulia, San Onofre, San Pedro, Sincé, Sincelejo yTolúViejo.

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por replegarse a las zonas boscosas y montañosas donde se ha impedido el ingreso de la Fuerza Pública mediante la siembra de minas antipersonal en los accesos.

En el último cuatrienio, las Farc atacaron el Atrato medio y el sur de Urabá, poniendo de presente que tiene entre sus planes recuperar el territorio perdido y esto hace prever la intensificación de la actividad de los grupos al margen de la ley sobre la población civil. El conflicto se manifiesta con especial intensidad en el Atrato medio, en los municipios de Bojayá y Quibdó. Las Farc fortalecieron sus dispositivos y ejecutaron ataques en Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bojayá en 2000, mientras que las autodefensas venían llevando a cabo bloqueos económicos y ata-ques contra la población civil. Paulatinamente la confrontación entre estas fuerzas contrarias fue cada vez más directa y repercutió en las condiciones de vida de la población civil. Los hechos ocurridos en abril de 2002 en los que 119 civiles murieron en medio del fuego cruzado entre las Farc y las autodefensas, así lo demuestran. Fallecieron mientras buscaban refugio en la iglesia Bellavista como consecuencia del impacto de un cilindro de gas utilizado como mortero por parte de la guerrilla. Después de producirse la acción, no menos de 3.000 habitantes huyeron aterrorizados; casi todos llegaron primero a Vigía del Fuerte, en la rivera opuesta del río Atrato. A Quibdó no sólo lo afectó el conflicto proveniente de Urabá. También experimentó los efectos de la grave situación registrada en el Alto Atrato, el Andágueda en Carmen de Atrato, Uoró y Bagado. La violencia en esta parte está caracterizada por una disputa entre guerrilleros de las Farc, el Ein, el Erg, de un lado, y de otro lado, grupos de autodefensa provenientes de Antioquia que tienen influencia en la zona desde principios de los noventa. Como resultado de esto se producen ataques de los grupos de autodefensa y las guerrillas contra la población civil; hostigamientos y ataques de las guerrillas contra la Policía; rete-nes, acciones de piratería terrestre y quema de vehículos en las carreteras, a lo cual el Estado ha respondido con intensos operativos militares que han causado bajas numerosas entre los insurgentes.

L Ó G I C A DE LA VIOLENCIA PRODUCIDA EN MEDIO DEL CONFLICTO

Pese a que el conflicto armado y, con mayor precisión, las acciones de las guerrillas y los paramilitares hacia la población, explique hoy la elevada intensidad del ho-micidio muchas regiones, la violencia en el país sigue siendo atribuida mayoritariamente a un fenómeno cultural generalizado, enraizado en las caracte-rísticas de la sociedad. Así mismo, la sabiduría convencional ha establecido una estrecha relación entre «condiciones objetivas» y violencia, concediéndole menor importancia a los actores armados que, para lograr sus objetivos, golpean a los civiles inermes.

El conflicto colombiano, al igual que otras guerras internas registradas en otros países, ha entrado en un proceso en el que las víctimas de la violencia se producen mayoritariamente entre las poblaciones y no entre los combatientes ar-mados (Kaldor, 2001). Vale ia pena contrastar esta característica de los conflictos

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internos recientes, con la visión clásica de distintos teóricos que destacan cómo los enfrentamientos entre contendientes armados ocupan un lugar central en la evo-lución de la guerra. La idea de confrontaciones supone interacciones entre belige-rantes y una repetición de los combates en el tiempo y el espacio que busca la reducción o parálisis de la voluntad de lucha del enemigo. Sin embargo, en los últimos cincuenta años las modalidades de la guerra se han extendido y las pobla-ciones, que son fuente de respaldo económico, político, moral y logístico, se han convertido al mismo tiempo en medios y objetivos de la confrontación armada. Tienen además un valor militar para los beligerantes que se esconden entre la gente que las conforman o las usan como escudo humano durante los combates y las enrolan para aumentar sus efectivos (Lair, 2003).

La evidencia estadística que se presenta aquí, permite reconocer los cam-bios en la evolución reciente del conflicto armado, poniendo de presente la exis-tencia de planes cuidadosamente dirigidos hacia el control de posiciones con ele-vado valor estratégico para los actores en competencia. De igual manera, se mues-tra la alta concenmues-tración de masacres y asesinatos selectivos en estas zonas, que a su vez experimentan un incremento en los homicidios indiscriminados. En efecto, es importante señalar a partir de lo observado en los mapas 7 y 8, existe en el país una elevada concentración de las muertes causadas por los protagonistas del conflicto armado en escenarios donde persisten los elevados índices de homicidio (mapas 9 y

10).

La tendencia creciente de la violencia, se explica en la medida en que los protagonistas del conflicto armado desencadenan una dinámica donde dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la población (gráficos 5 y 7). En los últimos años, se han presentado masacres que se explican en la lógica de la expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que divida al norte del centro del país, uniendo Urabá con el Catatumbo, con el objetivo de iniciar las incursiones y la penetración de las retaguardias de la guerrilla en el sur y oriente, así como las zonas de expansión en el norte del país. La reducción regis-trada a partir de 2001 en el número de víctimas de las masacres obedece al cum-plimiento de las metas perseguidas por sus autores y al proceso de negociación que hacia finales de 2002 se inicia con las Autodefensas Unidas de Colombia que las lleva a mostrar pasividad operacional.

En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla ha termi-nado imitando las prácticas de terror de los paramüitares y por esto recurre a la masacre y al asesinato de civiles. Como se observa en el gráficos 5 y 6, las guerrillas han incrementado los asesinatos de civiles siguiendo a los grupos paramilitares que son los principales responsables de las muertes. Aun cuando en la mayoría de los casos no se conoce el autor, la correspondencia entre la mayor intensidad con que se producen los asesinatos y los momentos en que los grupos paramilitares adquieren protagonismo evidencia la participación preponderante de este actor.

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De la misma forma como se ha modificado la dinámica del conflicto arma-do, el objetivo de la disputa entre sus protagonistas también ha cambiado pues la aspiración de lograr control territorial se ha pospuesto para dar paso a la búsqueda de control estratégico (Pécaut, 2002)9. En este último sentido, se descubre la ra-zón del enfrentamiento entre guerriUas y autodefensas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Chocó, Urabá, Oriente antioqueño, Magdalena Medio, Montes de María, Cauca, Valle y Nariño, donde los grupos en-frentados actúan con especial intensidad golpeando civiles inermes con el propó-sito de lograr el control sobre corredores y zonas de retaguardia, avanzada y ob-tención de recursos económicos10.

En las regiones que se destacan en el mapa 8, la insistencia en la masacre tiene el fin de impedir la consolidación de los avances del enemigo, golpeando sus redes de apoyo, redes de informantes, familiares y milicias. Las matanzas pueden ser indiscriminadas. El enfrentamiento entre organizaciones armadas ilegales y las acciones que éstas dirigen contra los civiles explican los elevados niveles de homi-cidios; no hay al menos otra razón de cambios tan bruscos en los homicidios en contextos en que la guerrilla y los paramilitares luchan por el predominio.

A lo anterior hay que agregar que ante la presión de los grupos armados las comunidades en los cascos urbanos, muchas veces ubicados en zonas estratégicas a lo largo de los ríos y carreteras, han preferido desplazarse al área selvática, o han quedado inmovilizadas en sus lugares de residencia. Muchas regiones son, cada vez más, objeto de bloqueos económicos en buena parte de su territorio, interrup-ciones en el suministro de provisiones y las comunidades se ven obligadas a des-plazarse o imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos. Un ejemplo concreto de esta situación lo proporciona el departamento del Chocó. En el momento actual la mayor parte de los pueblos y pequeños centros urbanos a lo largo de los ríos Atrato, Baudó y San Juan, cuentan con una elevada presencia paramilitar. A su vez los pueblos ubicados en sectores más altos, registran la pre-sencia mayoritaria de los grupos guerriUeros, en especial de las Farc. Ambas fuer-zas tienen puestos de control en los ríos y carreteras para vigilar el movimiento de personas y productos.

' En el primer caso el objetivo de uno u otro actor armado apunta a mantener, por la fuerza y / o con medios indirectos, un dominio sobre una zona sin que esto implique la formulación de normas reconocidas y, menos aún, la adhesión de sectores impor-tantes de la población. Mientras que buscando el segundo objetivo lo que cuenta no es prioritariamente la influencia que permite este control sobre la población, sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra.

'"Véase: Escobedo, Echandía y Salazar (2002), Colombia: conflicto armado, regio-nes, Derechos Humanos y DIH (1998-2002).

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C O N C L U S I Ó N

No hay duda de que la resolución de un gran número de problemas que aquejan a mucha regiones del país depende de manera decisiva de la superación del conflic-to armado. De tal suerte, el restablecimienconflic-to de la capacidad de preservación del orden público es elemento indispensable para asegurar el control eficaz sobre el territorio nacional. Sin embargo, cabe anotar que ante el optimismo manifiesto en el país en términos de lograr la derrota militar de la guerrilla, se corre el riesgo muy afto de subestimar hacia el futuro la capacidad de transformación e impacto del conflicto.

Como se presentó en este trabajo, las estrategias y los movimientos tácticos de las organizaciones guerrilleras se han modificado en función de los cambios experimentados recientemente en el conflicto, buscando adaptarse a las nuevas realidades militares. Por lo tanto, a pesar de que la ampliación de la capacidad operativa y de inteligencia del Estado ha mostrado resultados positivos en la lucha contra la guerriUa, esto difícilmente implicará que se consiga el sometimiento de los alzados en armas por la vía militar. Los resultados obtenidos en este campo deben interpretarse como una contribución a la creación de condiciones para ne-gociar la terminación de la guerra, por cuanto permiten que la solución política del conflicto se convierta en una opción.

La dinámica que ha adquirido la violencia en medio del conflicto, hace necesario que el Estado se concentre en la población civil, protegiéndola y rodeán-dola de las garantías que hagan valer plenamente sus derechos. En la medida en que la problemática del desplazamiento forzado ha asumido crecientes y comple-jas proporciones que requieren de una atención especial, es indispensable atender eficazmente a la población víctima del desplazamiento, mediante programas de titulación de tierras, establecimiento de zonas temporales para la atención de des-plazados, y el diseño y puesta en práctica de estrategias que garanticen el retorno seguro y voluntario. Así mismo, es de la mayor importancia impedir el bloqueo de las poblaciones y garantizar la libre circulación de alimentos y otros productos básicos en los zonas afectadas por las hostilidades.

B I B L I O G R A F Í A

Collier, Paul (2001), "Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones de política". Revista El Malpensante, No.30 Bogotá.

Echandía, Camilo (1999), El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia, Bogotá, Presidencia de la República, Obser-vatorio de Violencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá Escobedo, Echandía y Salazar (2002), Colombia, conflicto armado, regiones,

De-rechos Humanos y DIH (1998-2002), Vicepresidencia de la República de Colombia, Bogotá.

Kaldor, Mary (2001), Las nuevas guerras, violencia organizada en la era global, Barcelona, Tusquets Editores.

(23)

Lair, Eric (2003). "Reflexiones acerca del terror en los escenarios de la guerra interna", Revista de Estudios Sociales No. 15, de la facultad de ciencias sociales de la Universidad de los Andes. Bogotá.

Pécaut, Daniel (2002), "Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resisten-cia civil" Ponenresisten-cia presentada en el Seminario Internacional Dimensiones Territoria-les de la Guerra y \a Paz, Universidad Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET), 10 de septiembre, Bogotá.

Reyes, Alejandro (1988), "Conflictos agrarios y luchas armadas en la Colom-bia contemporánea", revista Análisis Político No.5 IEPRI. Universidad Nacional.

Salazar, Gustavo (2000), "Evolución militar de las Farc", revista del Instituto de Estudios por la Paz, la Democracia y la Convivencia en Colombia, "Depaz" No. 1, Bogotá.

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M a p a i

Intensidad del conflicto a r m a d o en 1998

Intensidad I I 1 - 5 Baja

I 6 - 2 0 Media | 21 -113 Alta Año 1998 total acciones 1390

Incluye - Ataque a instalaciones - Contactos armados - Emboscadas - Hostigamientos - Actos de terrorismo - Asalto a poblaciones

Fuente: Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la Re-pública, cartografía Dañe.

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Gráfico i

Combates de las FF. MM. y las acciones de la guerrilla

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Gráfico 2 Acciones a r m a d a s m á s recurrentes 1600 1400 , 2 IOOO Años • Combates FF.MM v Piratería terrestre • Asalto población S;l huí,lies Hostiga mi en lo Ataque instalación

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Gráfico 3

Acciones a r m a d a s de la guerrilla y combates de iniciativa de las FF.AA. (1998 - 2004)

| * r * l l | ': &r S M | ' * M M |:* S - 5 ) t |

2000 "ESES 2001 2002 2003 04 • Combates F E M M vs Guerrillas • Total Acciones Guerrilla

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Gráfico 4

Distribución departamental de la actividad a r m a d a de la guerrilla y combates de las FF:AA. (1998 - 2003)

Antioquia Arauca Meta Cundinam arca Cauca Norte de S a n t a n d e r Caquetá Tolima Nariño Cesar Huila Valle Pu tum ayo Bolívar Boyacá Casanare Magdalena Caldas Chocó Sucre Risaralda Guajira Guav tare Quindío Vichada Distrito Capital Vaupés Córdoba Guainía

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

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G r á f i c o 5 A s e s i n a t o s c o m e t i d o s p o r l a s o r g a n i z a c i o n e s a r m a d a s i l e g a l e s ( 1 9 9 0 - 2 0 0 2 ) 35O0 3000 2500 2000 1500 1000 5 0 0 o •+ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

• Organización no Identificada • Guerrillas Paramilitares

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

G r á f i c o 6 V í c t i m a s d e m a s a c r e s ( 1 9 9 3 - 2 0 0 3 ) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 - Desconocidos ELN -ERP ~ Autodefensas -EPL - Total Farc -ERG

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Mapa 2

Intensidad del conflicto a r m a d o en 1999

Intensidad 1 - 5 Baja 6 - 2 0 Media 21 - 75 Alta Año 1999 total acciones 1493 Variación 7.4

Fuente. Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la Re-pública, cartografía Dañe.

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G r á f i c o 7 C o m p a r a t i v o d e l a e v o l u c i ó n d e l o s h o m i c i d i o s y a s e s i n a t o s c o m e t i d o s p o r o r g a n i z a c i o n e s a r m a d a s ( 1 9 9 0 - 2 0 0 2 ) lOOO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 HB- Homicidios —•- Asesinatos

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M a p a s

Intensidad del conflicto a r m a d o en 2 0 0 0

Intensidad - 5 Baja - 20 Media 21 - 73 Alta Año 2000 total acciones 1877 Variación 25.7

Fuente: Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la Re-pública, cartografía Dañe.

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Mapa 4

Intensidad del conflicto a r m a d o en 2001

S 6-20 Media • 21 - 98 Alta Año 2001 total acciones 1834 Variación -2.3

Fuente: Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la Re-pública, cartografía Dañe.

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M a p a s

Intensidad del conflicto a r m a d o en 2002

1 - 5 Baja 6 - 2 0 Media 21 -113 Alta Año 2002 total acciones 2838 Variación 54.7

Fuente: Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la Re-pública, cartografía Dañe.

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Mapa 6

Intensidad del conflicto a r m a d o en 2 0 0 3

C U 1-5 | 6 - 2 0 Media H 21 - 77 Alta Año 2003 total acciones 2762 Variación -2.7

Fuente: Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la Re-pública, cartografía Dañe.

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Mapa 7

Municipios donde se cometieron asesinatos de civiles p o r grupos a r m a d o s ilegales (1998 - 2001)

Asesinatos selectivos

Víctimas

5 0 5 "

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

(35)

M a p a 8 M u n i c i p i o s d o n d e s e c o m e t i e r o n m a s a c r e s d e c i v i l e s p o r g r u p o s a r m a d o s i l e g a l e s ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 ) SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA MONTES DE MARÍA URABAY PARAMILLO ORIENTE ANTIOQUEÑO SERRANÍA DE PERIJÁ MAGDALENA MEDIO ARAUCA Y CASANARE 11 - 20 21 - 121

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Mapa 9

Tasas de homicidio 2002

Tasa Nacional de homicidios 2002 de 65.79 por cada 100.000 habitantes

I I Municipios por debajo de la Tasa Nacional C_3 Municipios que igualan o superan la Tasa Nacional ^ B Municipios que superan en más del doble la Tasa Nacional

Fuente: Policía Nacional, Procesado y georreferenciado por el observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, cartografía Dañe.

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Mapa 10

Tasas de homicidio 2 0 0 3

Tasa Nacional de homicidios 2003 de 51.62 por cada 100.000 habitantes

f 1 Municipios por debajo de la Tasa Nacional EE3 Municipios que igualan o superan la Tasa Nacional • • Municipios que superan en más del doble la Tasa Nacional

Fuente: Policía Nacional, Procesado y georreferenciado por el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, cartografía Dañe.

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UNA VISIÓN HISTÓRICA

T h o m a s F i s c h e r "

La cuestión de las relaciones entre la sociedad (o la nación) y el Estado, así como el tema de cómo se obtiene y se ejerce el poder, se vinculan al problema de la terri-torialidad. En derecho público el concepto de territorialidad encarna el principio según el cual una institución estatal ejerce el poder sobre los habitantes del país; es decir, que el poder del Estado se extiende a todo aquel que permanece en su terri-torio. Se acepta que el Estado tenga, hacia adentro, el monopolio del uso legítimo de la violencia física y que guarde, hacia afuera, la soberanía frente a otros poderes. En pocas palabras, es un principio "moderno", colectivo y anónimo que remplaza el antiguo principio de relaciones y dependencias personales. El Estado, "visible" a través de sus instituciones y de la actuación de sus funcionarios, defiende y marca un espacio de residencia.

La idea del Estado "moderno" y territorial no encaja con la realidad colom-biana ni en la mayoría de los otros casos de Latinoamérica y África. Por un lado, el servicio público que las instituciones de la República de Colombia prestan a su población es limitado, ya que, en la práctica, muchos políticos y funcionarios del Estado no actúan conforme a las normas. Éstas reconocen a la población dentro del espacio colombiano como individuos que gozan de libertad de conciencia, de religión, de opinión, de reunión, de elección del lugar de residencia y del derecho a la propiedad privada. A estas libertades se unen los derechos a la vida, a la igual-dad ante la ley y —por lo menos en algunos aspectos— a la seguriigual-dad social. Por otro lado, gran parte de la sociedad colombiana no confía en un Estado limitado en su función de Estado de derecho. Sin mayor confianza en las instituciones1, los

co-' Historiador, con doctorado en historia de América Latina. Especialista en proble-mas de desarrollo y conflictos colombianos. Actualmente, es profesor en la cátedra de Ciencias Internacionales (España, Portugal, Francia, Italia y América latina) en la Universidad de Earlangen-Nürnberg (Alemania).

1 Por curiosidad estudié los resultados de la encuesta iatinobarómetro sobre Colombia,

tomados del 18 de abril al 22 de mayo de 2002, y encontré los datos siguientes: la democracia tiene hoy día poco valor. De un 60% en 1996 ha caído el apoyo a un 39% en 2002 (entre estas dos fechas gobernó ei presidente Andrés Pastrana,

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1998-lombianos se niegan a menudo a respetar las reglas básicas y las normas estableci-das en las instituciones, recurriendo, entre otras mediestableci-das, a la violencia para de-fender sus intereses2. Si Ernest Renán, en su famoso discurso de 1882, definió la existencia de una nación como un plebiscito diario de la población3, en Colombia puede observarse una constante negación a reconocer las instituciones y la actua-ción de los funcionarios oficiales. Es decir, hacen falta un orden y unas reglas generales temidas y aprobadas por todos los que viven en el espacio que conforma el país de Colombia.

El dilema colombiano está en el siguiente hecho: por un lado, el sistema político y democrático no puede producir resultados satisfactorios sin la coopera-ción de la poblacoopera-ción y, por el otro, ésta última no siente ni sus derechos ni su voluntad suficientemente respetados por el Estado. ¿A qué se debe este dilema? Para tratar de responder esta pregunta, adoptaremos una perspectiva histórica in-corporando algunos resultados de las investigaciones recientes sobre el conflicto colombiano. Insistiendo en la vinculación entre sociedad (o nación) y Estado, se adopta una perspectiva "institucionalista" que incluye algunos elementos de los últimos estudios realizados por violentólogos colombianos: por una parte, ele-mentos de los "culturalistas" y de los teóricos de la "violencia instrumental" y la "violencia organizada"4 y, por otro lado, se insiste en la importancia de las

institu-2002.) En este país, con una tradición de elecciones de más de 150 años, tan sólo un 11 % de los ciudadanos se muestra satisfecho con el funcionamiento de la democra-cia en el país, mientras que un 57% de ellos tiene confianza en las fuerzas armadas. Portal www.latinobarometro.org, [19.8.2002].

2 Con todo ello, estoy de acuerdo con Eduardo Posada-Carbó en "que la cultura

colombiana no la ha definido, ni se define exlusivamente por la violencia". Eduardo Posada-Carbó. Reflexiones sobre la cultura política colombiana. Bogotá, 2001, p. 12. Véanse también pp. 12-16. Sin embargo, a mi modo de ver, la deficiencia del sistema polí-tico y de las instituciones estatales favorecen el uso de la violencia.

3 Ernest Renán. "Qu'est-ce qu'une nation?" En Bundeszentrale für politische Bildung

Bonn: Nation, Nationafismus, Nationale Identitát, 1998, p. 15.

4 El mayor logro de la investigación de los "culturalistas" y de los teóricos de la

"violencia instrumental" y la "violencia organizada" consiste en la prueba de que no hay causalidad inmediata entre pobreza y violencia. Ellos tildan las "causas objeti-vas" de mito. Los "culturalistas" hacen hincapié en la importancia del [un] entorno ya sea -tolerante o intolerante- donde cada ser humano nace. Insisten en que la violencia, bien sea afectiva, instrumental u organizada (medio para obtener el acce-so a recuracce-sos financieros, de controlar un terreno estratégico o de alcanzar ganancias políticas), es una expresión de la intolerancia en la convivencia de los ciudadanos. Véase María Victoria Llórente, Camilo Echandía, Rodolfo Escobedo y Mauricio Ru-bio, "Violencia homicida y estructuras criminales en Bogotá". Análisis político, No. 44, 2001, pp. 22-25. En cuanto a la crítica global a las suposiciones teóricas y los

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