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ASAMBLEA PARLAMENTARIA PARITARIA ACP-UE
Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales
6.7.2016
PROYECTO DE INFORME
sobre el impacto de los flujos financieros ilícitos en la financiación del desarrollo
Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales
Coponentes: Ousmane Kaba (Guinea)
Theodor Dumitru Stolojan (Parlamento Europeo)
PARTE B: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Introducción
Las cifras son estremecedoras: los países en desarrollo pierden aproximadamente 189 000 millones USD de ingresos fiscales anualmente —lo que representa más que la ayuda oficial al desarrollo mundial (131 000 millones USD en 2015)— y alrededor de 1 billón USD en flujos de capital ilícitos. La lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la planificación fiscal agresiva y la corrupción debe seguir encabezando la agenda internacional, puesto que suscita seria preocupación en vista de las bajas tasas de crecimiento económico en algunos países ACP, las elevadas tasas de pobreza y la creciente necesidad de recursos en el contexto de la reducción de la ayuda pública.
En consonancia con el informe del Grupo de Alto Nivel sobre Flujos Financieros Ilícitos de África presidido por Thabo Mbeki, el presente documento tiene por objeto evaluar la desastrosa repercusión de los flujos financieros ilícitos en el desarrollo económico y financiero de los países ACP. También pretende sugerir formas y medios para luchas contra esta lacra en todos los países, a escala regional e internacional.
Este debate es oportuno, puesto que las medidas para afrontar este problema ayudarán a lograr los objetivos económicos y sociales de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el período posterior a Cotonú.
Es importante convenir la definición del complejo fenómeno de los flujos financieros ilícitos y sus orígenes con el fin de calcular su magnitud y analizar su incidencia en los retos en materia de desarrollo actuales y futuros a los que se enfrentan los países ACP.
I. Orígenes y magnitud de los flujos financieros ilícitos
Los flujos financieros ilícitos son fondos adquiridos, transferidos o utilizados ilegalmente.
Son diferentes de la fuga de capitales, que pueden ser una respuesta legítima de los inversores a riesgos económicos, políticos o sociales o a condiciones macroeconómicas o administrativas desfavorables. Aunque el capital se haya adquirido legítimamente, puede exportarse ilegalmente para escapar a la tributación. Evidentemente, los ingresos derivados de la corrupción o de actividades delictivas se ocultan.
Los flujos financieros ilícitos proceden de tres fuentes: i) elusión o evasión fiscal, ii) falsificación de facturas en el comercio internacional y precios de transferencia abusivos, iii) actividades delictivas como tráfico de drogas, prostitución, tráfico de armas y corrupción activa.
La elusión fiscal es una práctica legal que conlleva reducir al mínimo la cantidad de impuestos pagados aprovechando las lagunas o excepciones en la legislación fiscal o adoptando una interpretación sesgada del código tributario.
La evasión fiscal prevalece especialmente en el sector de los servicios. Como consecuencia, la pérdida de ingresos que sufren algunos países africanos puede elevarse a decenas de millones de dólares al año (por ejemplo, alrededor de 90 millones USD al año en la República Democrática del Congo).
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Los sobornos, la corrupción y el abuso de poder sin duda constituyen una fuente importante de flujos financieros ilícitos, en particular en el ámbito de la contratación pública. Los grandes contratos públicos pueden adjudicarse mediante acuerdo directo sin publicar una convocatoria de licitación y pueden dar lugar a sobrefacturación.
La opacidad financiera que subyace a los flujos financieros ilícitos también se aplica a las actividades delictivas en particular, cuyos ingresos se ocultan a la policía y las autoridades tributarias. Las actividades delictivas incluyen la trata de personas, el tráfico de drogas y armas, el contrabando o fraude financiero, así como los préstamos no autorizados o no asegurados, el blanqueo de capitales y la manipulación de los mercados de valores y bonos.
II. El impacto de los flujos financieros ilícitos en la financiación del desarrollo económico y social de los países ACP
En un momento en el que, por razones presupuestarias, la ayuda al desarrollo proporcionada por los países donantes está en declive y se hace hincapié en una mayor movilización de los recursos financieros internos, la salida masiva de flujos de capital de los países ACP constituye un importante obstáculo a la consecución de los objetivos de desarrollo.
Esta salida de flujos de capital es preocupante por:
Su efecto deprimente en la tasa de crecimiento económico —un promedio del 5 %—
que impide la acción para el desarrollo y hace imposible sacar de la pobreza a la mayoría de la población.
El hecho de que reducen los recursos internos y los ingresos fiscales necesarios para financiar programas de reducción de la pobreza en países ACP y, por lo tanto, limitan el acceso a la educación, la atención sanitaria, el agua potable, la vivienda y el saneamiento.
El explosivo aumento de la población de jóvenes, que colocará a África en el primer puesto mundial en unos pocos años, con riesgo de desempleo e inestabilidad sociopolítica.
El riesgo de agravar el desequilibrio macroeconómico: en las economías frágiles, la salida masiva de flujos de capital provoca un déficit a corto plazo en la balanza de pagos global y agota las reservas de moneda extranjera, cuya escasez da lugar a un aumento de los tipos de cambio y la inflación, que reduce el poder adquisitivo de las personas y aumenta la pobreza.
La combinación de estas crecientes necesidades y el uso adverso de la ayuda pública al desarrollo exige medidas urgentes. Los flujos financieros ilícitos son, por definición, difíciles de calcular, puesto que están ocultos y, por ende, son difíciles de registrar. Sin embargo, muchos expertos han destacado que África habría alcanzado los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2016 si se hubiesen eliminado los flujos financieros ilícitos en 2000.
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Los flujos financieros ilícitos no solo perjudican el desarrollo económico, sino que también debilitan la gobernanza. La implicación de la clase gobernante en la corrupción destruye el sistema de valores e incentivos, alienta la actividad delictiva, genera conflictos e inseguridad y desestabiliza los países.
III. Recomendaciones y futuros desarrollos
Los esfuerzos por combatir los flujos financieros líticos deben ser principalmente de naturaleza política, en vista de la naturaleza de las partes implicadas, el carácter internacional del fenómeno y la incidencia en el Estado y la sociedad en su conjunto.
Por ello, las medidas contra los flujos financieros ilícitos requieren la participación simultánea de todos los actores internos y externos, en concreto: los gobiernos y autoridades locales, las agencias estatales, el sector privado, las organizaciones regionales e internacionales y la sociedad civil.
Para luchar eficazmente contra estos flujos, nuestros países deben responder a los siguientes retos principales:
La participación en la corrupción de personas que ocupan puestos de alta autoridad
La inadecuación de los marcos jurídicos nacionales
La debilidad de las capacidades nacionales y regionales, tanto técnicas como relativas a la formulación de políticas
La falta de recursos financieros de los órganos responsables de luchar contra los flujos financieros ilícitos y la gran dependencia de la financiación externa
La opacidad de las transacciones financieras
La dependencia de los países africanos de la extracción de recursos naturales
El surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas formas de generar flujos financieros ilícitos
La debilidad de la estructura mundial para luchar contra los flujos financieros ilícitos Ya se han puesto en marcha numerosas actividades e iniciativas a escala internacional.
Algunos ejemplos concretos son: el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (OCDE), el Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales (OCDE), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación y el Foro Africano de Administración Tributaria.
Estas iniciativas se han respaldado con medidas contra el terrorismo internacional y los
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posteriores esfuerzos para controlar su financiación.
Sin embargo, a menudo carecen de coordinación y coherencia.
Los socios de desarrollo deben desempeñar un papel destacado en esta lucha prestando asistencia técnica y financiera a las campañas nacionales y regionales contra los flujos financieros ilícitos, especialmente el blanqueo de capitales, la delincuencia organizada y el tráfico, y a la devolución de los activos robados a los países.
Este informe formula las siguientes recomendaciones:
La lucha contra los flujos financieros ilícitos requiere una sólida cooperación internacional y acciones concertadas de los países desarrollados y en desarrollo en colaboración con el sector privado y la sociedad civil.
La comunidad internacional (es decir, todas las instituciones incluidos los Parlamentos) deben adoptar todas las medidas necesarias para aplicar políticas fiscales y comerciales eficaces y transparentes. La OCDE, el G-20, el G-8, el G-77, la Unión Africana, el Banco Mundial, el FMI y el BAFD tienen un papel crucial que desempeñar a la hora de garantizar la transparencia financiera en los países ACP y en todo el mundo.
La erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a paraísos fiscales y a bancos que aplican el secreto bancario debería combatirse mediante la cooperación y el intercambio de información. Todos los Estados y jurisdicciones deberían adherirse a las normas globales comunes para el intercambio automático de información sobre las cuentas financieras.
La tributación es una fuente fiable de ingresos en los países en desarrollo, puesto que los regímenes fiscales eficientes y transparentes ofrecen una financiación vital para garantizar el acceso a servicios públicos básicos y reducir las desigualdades sociales.
La fuga de capitales sigue siendo el mayor obstáculo a la movilización de recursos internos.
Los países ACP a menudo se enfrentan a importantes limitaciones políticas y administrativas en el aumento de los ingresos fiscales. La ayuda al desarrollo debería centrarse más en establecer el marco regulador adecuado y habilitar a la administración tributaria, así como a las instituciones responsables de luchar contra los flujos financieros ilícitos, proporcionando especialización técnica en gestión de recursos, inteligencia financiera y normativas contra la corrupción.
Las instituciones internacionales y regionales de financiación del desarrollo tienen un papel esencial que desempeñar. La cooperación debería orientarse a potenciar la buena gobernanza y la construcción del Estado para permitir un uso responsable de los ingresos públicos en los países ACP.
Debería facilitarse a todas las estructuras empresariales información sobre la titularidad efectiva de las empresas, incluidos los fideicomisos, fundaciones y
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sociedades ficticias.
Todas las empresas multinacionales deberían adoptar una presentación de informes por países para frenar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, tomando como base los modelos del G-20 y la OCDE. Todas las empresas deberían pagar impuestos cuando generen beneficios.
La cooperación regional es necesaria para redactar conjuntamente una convención modelo de doble imposición con el fin de evitar abusos. La cooperación y los intercambios de información entre distintos servicios de inteligencia son fundamentales.
Los centros financieros extraterritoriales con un elevado nivel de secretismo deben cooperar en la lucha mundial contra los flujos financieros ilícitos y cumplir las normas mundiales de transparencia acordadas. Debería sancionarse a los paraísos fiscales que no cooperen.
Debería avanzarse en la repatriación de activos robados a sus países de origen.
Debe investigarse el análisis de costes y beneficios de los incentivos fiscales para atraer inversores sin fomentar los flujos financieros ilícitos.
Las medidas contra los flujos financieros ilícitos deben destacarse en la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción.
Los Estados deberían velar por que el público tenga acceso a la información sobre los presupuesto del Estado y de las autoridades locales como forma de luchar contra los flujos financieros ilícitos derivados de fondos públicos.
Debería fomentarse una mayor participación de los países en desarrollo en la gobernanza fiscal mundial.
Los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con respecto a la delincuencia organizada transnacional en África oriental y occidental deberían extenderse a otros países.