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Economia Social

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Publicación del Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros y del Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación.

Av. Julio A. Roca 782 – Piso 12

(C1067ABP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina E-Mail: modernizacion@jgm.gov.ar

www.modernizacion.gov.ar Pizzurno 935 – Piso 2

(C1020ACA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina E-Mail: voluntariado@me.gov.ar

www.me.gov.ar/voluntariado

Edición, corrección y composición general:

Proyecto de Modernización del Estado y Programa Nacional de Voluntariado Universitario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto de 2008.

ISBN 978-950-00-0689-7

Los editores no se responsabilizan por los conceptos, opiniones o afirmaciones vertidas en los textos y en las notas de los colaboradores de esta publicación, que son de exclusiva res-ponsabilidad de sus autores.

Arias, Gonzalo

Economía social. - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Educación, 2008. 150 p. ; 21x14 cm. - (Para que el conocimiento nos sirva a todos; 1) ISBN 978-950-00-0689-7

1. Educación Superior. 2. Voluntariado. I. Título CDD 378.365

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Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández

Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Sr. Sergio Massa

Ministro de Educación de la Nación Lic. Juan Carlos Tedesco

Secretario de Políticas Universitarias Dr. Alberto Dibbern

Directora Nacional Alterna del Proyecto de Modernización del Estado Lic. María Florencia Alvarez Travieso

Coordinador del Programa Nacional de Voluntariado Universitario Lic. Gonzalo Arias

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¿Cómo formar para la solidaridad?

Juan Carlos Tedesco ... 11

Una colección para que el conocimiento nos sirva a todos

Alberto Dibbern ... 17

Los desafíos éticos pendientes en un mundo paradojal: El Rol de la Universidad

Bernardo Kliksberg ... 21

Exclusión, Economía Social e Innovación Popular. Las empresas recuperadas por sus trabajadores

Héctor Hugo Trinchero ... 39

Responsabilidad Social: el sector comprometido de la economía

Federico Saravia ... 51

Economía Social

Rubén Daza ... 61

Universidad y Cooperativismo: Crónicas de un encuentro posible y necesario

Juan Carlos Junio ... 77

La Economía Social como un marco de sentido para las relaciones entre la Universidad y las Comunidades

José Luis Coraggio ... 89

Oikonomias. La búsqueda de la Felicidad

Estela Cammarota ... 107

Promoción, Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Social: Experiencias y aportes desde el Voluntariado Universitario

Gonzalo Arias y Mercedes Tarzibachi ... 123

Ferias francas: Experiencias de Producción y Comercialización. Alternativas para el Desarrollo Socioeconómico de la localidad de Herradura, provincia de Formosa

Miryan Ayala ... 143

Experiencias y Conclusiones: Programa de Voluntariado Universitario. Universidad y Economía Social

María Inés del Milagro Combina ... 157

El Voluntariado Universitario como expresión de la articulación interinstitucional. Proyecto de Fortalecimiento Integral de Cooperativas Apícolas

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con empresas recuperadas

Esteban Javier Rico y Lucas Giono ... 181

Asesoramiento y Apoyo Técnico a familias campesinas del departamento de Lavalle, provincia de Mendoza, para elaboración y comercialización de alimentos elaborados artesanalmente

Lucía Alicia Vignoni ... 193

Financiamiento para la agricultura familiar. Una propuesta desde la Universidad

Ramón Cieza; Sergio Dumrauf; Mariana Barros;

María Romina Mele; María del Carmen Servat; Constanza Bruno; Ismael Malbrán; María Sol Vignasse; Eugenia Gualberto;

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n grupo de investigadores americanos realizó hace algunos años una interesante experiencia sobre las prácticas solidarias. Se selec-cionó un conjunto de grupos de estudiantes a los cuales sus res-pectivos profesores les pidieron que hicieran un dibujo. Una vez finalizada la tarea, los profesores eligieron un dibujo al azar y anunciaron a su grupo que ese dibujo había sido considerado el mejor y que, por ello, tendría un premio en dinero. Cuando los estudiantes seleccionados fueron llamados a recibir el premio, el profesor les informó que uno de sus compañeros padecía una grave enfermedad cuyo tratamiento era muy costoso, y que la familia carecía de los recursos suficientes para hacer frente al tratamiento. Los profesores ofrecieron a los estudiantes premiados la posibilidad de ceder el premio para ayudar a la familia del compañero enfermo a finan-ciar el tratamiento. En un porcentaje muy alto, los estudiantes premiados aceptaron donar la suma recibida.

La misma experiencia fue repetida con otro conjunto de grupos de es-tudiantes a quienes se les pedía que hicieran el dibujo, pero, en este caso, los profesores anunciaban que se seleccionaría el mejor y que el mejor sería premiado. Los estudiantes realizaron el dibujo sabiendo que compe-tían por un premio. El resto de la experiencia siguió un proceso similar al anterior pero, en estos grupos, el porcentaje de respuestas solidarias bajó significativamente.

Los resultados de esta experiencia pueden ser interpretados de diversas maneras, pero resulta claro que en el marco de los patrones culturales do-minantes, la solidaridad está asociada a aquello que obtenemos sin haber competido o luchado. Solidaridad y competencia serían, en cierto sentido, contradictorios y excluyentes. Hacerse cargo de esta hipótesis implica asu-mir que estamos ante un problema de enorme importancia y complejidad. Promover solidaridad en un sentido profundo y convertir la solidaridad en un pilar del funcionamiento de nuestra sociedad, supone ir más allá de la caridad y del asistencialismo. No se trata de subestimar la importancia de esas cualidades y estrategias. Sólo pretendo postular que la magnitud de los fenómenos de exclusión que caracterizan a la sociedad actual, reclama estrategias que permitan trascender esas prácticas.

En este sentido, se abren dos líneas de reflexión y de acción. La primera es de carácter macro-social y político. Desde este punto de vista, es preciso enfrentar la discusión acerca del nuevo pacto, del nuevo contrato social que permita garantizar la inclusión social de todos los ciudadanos. Ya no estamos en una sociedad que puede funcionar con la solidaridad

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nica”, similar a la que existe entre las partes del organismo humano. Esta solidaridad mecánica, no-voluntaria, está basada en que cada parte del organismo es necesaria, cumple una función imprescindible para el librio y el funcionamiento del sistema. Nuestra sociedad ha roto ese equi-librio y tiene una enorme capacidad excluyente. Puede dejar afuera a im-portantes sectores de la población y puede apelar a fórmulas autoritarias, de las que tenemos una larga tradición, para mantenerse políticamente. La solidaridad que exige esta nueva sociedad no es mecánica sino consciente. Es una solidaridad específicamente humana y, por ello, voluntaria. Para poder vivir juntos debemos querer vivir juntos. Solidaridad y competencia pueden articularse si asumimos que la competitividad genuina no es indi-vidual sino social. Debemos ser competitivos como sociedad, como equipo y como comunidad.

Es en este sentido que se abre el interrogante crucial acerca de cómo formar para la solidaridad. La experiencia relatada más arriba nos pone ante la necesidad de reconocer que todos tenemos una determinada repre-sentación inicial de los valores, que condiciona nuestro comportamiento. El primer paso de cualquier metodología para enseñar valores es conocer cuál es esa representación inicial. Sólo con este conocimiento podemos diseñar estrategias de cambio de esas representaciones iniciales.

Pero también sabemos que esas representaciones iniciales están profun-damente establecidas en nuestras estructuras de personalidad. Cambiarlas implica algo más que manejar información y conocimientos. Las experien-cias educativas destinadas a promover valores deberían ser experienexperien-cias que movilicen las diferentes dimensiones de la personalidad, en especial la dimensión afectiva y emocional. Necesitamos, por ello, que se generalicen y multipliquen experiencias como las sistematizadas en esta publicación, motorizadas por miles de docentes y estudiantes universitarios compro-metidos en acciones concretas al servicio de las necesidades y demandas de la comunidad, algunas relacionadas con las viejas deudas que tenemos como país y otras, igualmente urgentes y estratégicas, que tienen que ver con los desafíos futuros.

La Universidad puede y debe tener un rol activo con el propósito fun-damental de profundizar la vinculación de la educación superior con la comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso social de los estudiantes universitarios, promoviendo su participación voluntaria en proyectos so-ciales orientados a mejorar la calidad de vida de su población y estimular el desarrollo local.

En este debate sobre la transformación de la Universidad y su función social en el nuevo contexto global, es central y estratégico disponer de

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herramientas que fortalezcan la comunicación y la articulación tanto al interior del sistema universitario como entre el Estado y las universidades, y entre las universidades y la comunidad. Estas herramientas son funda-mentales para cumplir con el compromiso de todos los actores en la cons-trucción de un país más justo.

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el conocimiento nos sirva a todos

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esde el 2006, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministe-rio de Educación, a través del Programa Nacional de Voluntariado Universitario, viene apoyando distintas experiencias impulsadas por estudiantes y docentes de universidades nacionales, dirigidas a mejo-rar la calidad de vida de la comunidad mediante la transferencia del cono-cimiento producido en las propias instituciones de educación superior.

El propósito es desarrollar y fortalecer el vínculo de las Universidades Públicas e Institutos Universitarios Nacionales con las demandas de la po-blación y, a su vez, incentivar el compromiso social de los estudiantes, docentes e investigadores de nivel superior universitario, promoviendo su participación voluntaria en proyectos sociales.

A través de esta práctica solidaria, los alumnos no sólo devuelven a la sociedad la posibilidad de estudiar que reciben de ella, sino que, a su vez, transitan una experiencia de aprendizaje orientada a abordar profesional-mente problemáticas sociales concretas.

Con una tercera convocatoria en marcha, la participación de la comu-nidad universitaria se ha incrementado un 60% respecto de 2006 y 2007. Actualmente, conforman el Programa 850 proyectos de más de 37 institu-ciones universitarias nacionales, con la participación de cerca de 17.000 estudiantes, 4300 docentes e investigadores y más de 1600 organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones con fuerte presencia comunitaria. En su gran mayoría, los proyectos de voluntariado universitario desplie-gan sus acciones articulándose con distintas ordesplie-ganizaciones sociales e ins-tituciones que ya se encuentran trabajando en la comunidad. Municipios, escuelas, hospitales, comedores, centros culturales, cooperativas, fábricas recuperadas, sociedades de fomento, iglesias, entre otras, contribuyen con los más diversos saberes y recursos, todos ellos vitales para la viabilidad de las propuestas y para su continuidad en el tiempo.

Entre los ejes temáticos abordados por los proyectos seleccionados, se destacan la educación, la atención y promoción de la salud, la participa-ción ciudadana, el acceso público a la informaparticipa-ción y comunicaparticipa-ción, la pro-moción de derechos, la preservación del patrimonio histórico y cultural, el medio ambiente y los recursos naturales, el desarrollo comunitario del deporte y la recreación, y el acceso y mejora de la vivienda, infraestructura y servicios sociales básicos.

Los aprendizajes y resultados alcanzados son muy importantes pero es necesario continuar trabajando para acercar aún más a la Universidad con las demandas de la población. Ante los desafíos que el país atraviesa en

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el siglo XXI, es central y estratégico que el sistema universitario participe activamente en la producción y distribución del conocimiento.

Con ese objetivo, presentamos esta colección destinada a difundir las acciones que estudiantes y docentes realizan cotidianamente para resol-ver distintas problemáticas sociales vinculadas a tres de los ejes temáticos abordados por el Programa: Economía Social, Acceso Público a la Infor-mación y Comunicación, y Participación Ciudadana y Promoción de De-rechos. Además de ilustrar las características y los alcances de las distintas experiencias en marcha y contar con el aporte de especialistas y referentes de cada área, se busca dar mayor visibilidad al fuerte compromiso social que estudiantes, docentes e investigadores universitarios han asumido con sus comunidades.

De esta manera, aspiramos a sumar un nuevo espacio de intercambio y reflexión que fortalezca y promueva la comunicación entre las universida-des, y entre las casas de estudio y la comunidad.

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en un mundo paradojal:

El Rol de la Universidad*

Bernardo Kliksberg

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* Una versión original de este trabajo fue expuesta por el autor al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Rey Juan Carlos.

** Pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresarial. Precursor de una nueva disciplina, la gerencia social. Asesor de más de 30 países y numerosos Presidentes. Asesor especial de ONU, UNICEF, UNESCO, OIT, OEA, OPS, y otros. Actualmente Asesor Principal de la Dirección del Programa Regional del PNUD para América Latina y Director del Fondo España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe”. Autor de 47 obras y centenares de trabajos, traducidos a diversos idiomas. Designado Profesor Honorario, Emérito y Doctor Honoris Causa por numerosas Universidades, entre las últimas Doctor Honoris Causa de la Universidad Rey Juan Carlos de España y Profesor Honorario de la Universidad Católica del Perú. El conjunto de su obra científica ha sido declarada por unanimidad de interés nacional por el Senado Argentino. Condecorado, premiado, y designado visitante ilustre por Gobiernos y ciudades de todo el Continente. Premio 2004 de la AMIA (Comunidad Judía Argentina), Premio 2005 de la Fundación Empresarial por el Desarrollo Sostenible, y Premio Educar 2006 de la Iglesia Católica Argentina.

Entre sus últimas obras se hallan los best sellers internacionales: “Hacia una economía con rostro humano” (14 ediciones), y “Más ética, más desarrollo” (14 ediciones). Su más reciente obra fue preparada con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, “Primero la

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I. Un siglo contradictorio

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acia dónde va el género humano. El escenario del siglo XXI pre-senta direcciones contradictorias. Es un mundo signado por una explosión inédita del conocimiento aplicado, por la globalización, por los grandes desequilibrios, por la complejidad, y por la incertidumbre.

En las últimas décadas se ha desarrollado una ola de revoluciones cien-tífico-tecnológicas que ha hecho crecer exponencialmente las capacidades para producir y circular bienes y servicios. Las “rupturas epistemológicas” simultáneas en campos como la comunicación, la informática, la robótica, la genética, la biotecnología, la ciencia de los materiales, y muchos otros, han corrido totalmente las fronteras de lo posible. Desde el trazado del mapa genético de los seres humanos, hasta el almacenaje para su uso de gran parte del conocimiento disponible en Internet, una multitud de in-novaciones han abrió paso a la expansión acelerada de las posibilidades de producción, y la ampliación considerable de la esperanza de vida.

Los grandes cambios en las estructuras productivas y tecnológicas se de-sarrollan en el entorno de la “aldea global”, el mundo globalizado, donde países y personas están estrechamente interconectados, y los niveles de interdependencia son altísimos. Un cambio en un punto significativo del sistema trae impactos inmediatos en vastas áreas del mismo.

En la nueva historia de la humanidad, viene avanzado paso a paso la de-mocratización, portadora de dignificación, y derechos básicos, pero se pre-senta en muchos lugares endeble y vulnerable ante la existencia de profun-dos desequilibrios que crean tensiones extremas.

Poniendo el foco en las fuentes básicas de la inestabilidad, el ex Secre-tario General de la ONU, Kofi Annan (2006), resaltaba, al dejar su cargo, que “sin una medida de solidaridad ninguna sociedad puede ser verdaramente estable. No es realista pensar que algunas personas pueden de-rivar grandes beneficios de la globalización, mientras millones de otras son dejadas al margen o arrojadas a la pobreza abyecta. Debemos dar a los otros seres humanos al menos una oportunidad de compartir nuestra prosperidad”. A las profundas tensiones socioeconómicas se han sumado las ambientales.

Las emisiones de dióxido de carbono, contribuyente clave al calentamien-to global, han alcanzado el nivel más alcalentamien-to de los últimos 650.000 años. Si no se toman las decisiones adecuadas en los próximos 10 años, la situación puede llegar al punto de no reversibilidad. El actual Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon (2007), ha prevenido que hay riesgo de “una doble

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tástrofe con tempranos reveses para el desarrollo humano de los pobres del mundo, seguidos luego de peligros a largo plazo para toda la humanidad”.

La convivencia de direcciones de desarrollo conflictivas, progreso tecnoló-gico y productivo continuo y grandes carencias, y desigualdades, democra-tización y guerras, terrorismo asesino, y xenofobias, avances materiales en la vida cotidiana, y deterioros agudos del medio ambiente, internacionaliza-ción, y difícil equilibrio con el desarrollo local, crea un planeta de extrema complejidad. Una de las manifestaciones centrales de los grados de comple-jidad es la incapacidad de prever las incertidumbres severas. Predominan en la realidad lo que el Premio Nobel, Ilya Prygogine, llama “las estructuras disipativas de final abierto”, procesos de gran fluidez y volatilidad, frente a los cuales las predicciones se estrellan.

Es hora de retomar con fuerza en este escenario, las preguntas que dieron dirección a la humanidad en la historia, los grandes interrogantes éticos. ¿Hacia dónde vamos?, ¿a qué tipo de sociedad aspiramos?, ¿qué perfil de ser humano estamos impulsando?, ¿cuáles deben ser las prioridades de esta etapa histórica? ¿qué responsabilidades deben asumir los principales acto-res sociales? Este orden de preguntas, marginadas con frecuencia por los pragmatismos e inmediatismos, es el que puede dar la más sustancial de las brújulas orientadoras, la de los valores.

Intentaremos aportar algunos elementos a la reflexión, imprescindible y postergada sobre éstas y otras preguntas similares. Para ello, nos proponen desenvolver a título introductorio tres momentos de análisis sucesivos. En primer lugar, señalaremos algunos de los mayores desafíos éticos de nuestro tiempo; luego, siempre de la mano de la ética para el desarrollo, incursio-naremos en las responsabilidades que deben asumir los diferentes actores sociales frente a ellos; por último, pondremos en el centro el rol que le co-rresponde a la Universidad en este siglo, pleno en oportunidades y contra-dicciones.

II. Desafíos éticos claves

Nuestro tiempo presenta una serie de problemas que son abordados normalmente como económicos, y sociales. Ciertamente lo son, pero el acercamiento usual deja de lado que, ante todo, son de naturaleza ética, porque hacen a valores axiales para el sentido mismo de la vida.

Entre ellos se hallan los siguientes: 1. La Pobreza No Puede Esperar

A pesar del potencial productivo fenomenal disparado por las revolu-ciones científico-tecnológicas, una parte importante del género humano padece carencias agudas. Casi 1.200 millones de personas viven por

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deba-jo de la línea de la pobreza extrema, teniendo que subsistir con menos de un dólar diario. Cerca de 3.000 millones están en la pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios. A pesar de que técnicamente el mundo pue-de hoy producir alimentos para 13.000 millones, el doble pue-de su población actual, 845 millones sufre hambre, 1.100 millones no tienen agua potable, 2.600 millones no cuentan con una instalación sanitaria, y 2.000 millones no tienen electricidad.

La pobreza no es neutra. La pobreza “mata”, o enferma, quitando años de vida saludable. Mientras que la esperanza de vida en el mundo desarro-llado bordea los 80 años, en Africa llega escasamente a los 50 años. Unos 10 millones de niños mueren anualmente por causas evitables ligadas a la pobreza, uno cada tres segundos. El agua contaminada que ingieren pro-duce 1.800.000 muertes de niños anuales, 4300 por día. Cada un minuto muere una madre durante el embarazo o el parto. Son 500.000 muertes anuales de madres, el 99% en el mundo en desarrollo. Mientras que en Noruega muere una madre cada 14.000 partos, en América Latina es una cada 160 partos.

Por todo ello, concluyó el Diálogo Mundial de las Religiones sobre el Desarrollo (1999): “Todas las religiones ven a la extrema pobreza en el mundo actual como una ofensa a la humanidad y una ruptura de la con-fianza con la familia humana”.

2. Las Familias en Serios Riesgos

La familia, institución pilar de la sociedad, afronta serias dificultades bajo el impacto de la pobreza. En primer término, frustra la misma crea-ción de millones de familias. Muchas parejas jóvenes que quieren formar-las, no pueden hacerlo por las severas incertidumbres económicas. No tienen posibilidades de vivienda, ni seguridades mínimas de trabajo y sus-tento. Eso genera un indicador poco analizado que es sustancial, la “tasa de renuencia” a formar familia por razones socioeconómicas.

Por otra parte, numerosas familias se quiebran ante el desempleo pro-longado y la falta de futuro. El continuo ascenso del número de madres pobres jefas de hogar en los países con altas tasas de pobreza lo ilustra. También expresan la tensión extrema que viven muchas familias, su “im-plosión” ante las carencias, y la falta de esperanza. Es el ambiente en donde una de las posibles manifestaciones perversas será la violencia doméstica. 3. Niños Indefensos

El debilitamiento y la ruptura de la familia dejan a los niños sin su prin-cipal institución protectora. Muchas sociedades además de no tener activas políticas de protección a la familia, tampoco hacen mucho por los niños.

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Según los datos de la OIT, uno de cada seis niños de 5 a 17 años es ex-plotado a través del trabajo infantil. Utilizados como mano de obra barata, en condiciones con frecuencia inadmisibles, millones de niños trabajan en tareas agrícolas con productos sometidos a químicos y pesticidas, en las minas, y en las fábricas, empleando maquinarias peligrosas. Las conse-cuencias son como refiere la OIT: “Muchos de esos niños se ven forzados a arriesgar su salud, y sus vidas, e hipotecar su futuro como adultos pro-ductivos”. UNICEF (2007) ha determinado que “180 millones de niños son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, a trabajos peligrosos, esclavitud, trabajos forzados, reclutamiento forzado en ejércitos, prostitu-ción y otras actividades ilegales”. Con razón, denuncia el problema como “una cicatriz en la conciencia mundial del siglo XXI”.

Los niños que trabajan no pueden estudiar. Más de 120 millones de ni-ños no van a la escuela. A esto, se suman formas extremas de explotación de los niños como su integración a la fuerza a ejércitos, y la trata de niños. Se estima que en el 2000 fueron traficados 1.200.000 niños.

4. Discriminación de Género

Con avances muy significativos producto de largas luchas en lo jurídico, político, educativo, y en la integración laboral, subsisten, sin embargo, im-portantes formas de discriminación de género. Una cultura con valores ma-chistas y de inferiorización de la mujer es el trasfondo de muchas de ellas.

Dos terceras partes de los analfabetos del mundo son mujeres. El 57% de las niñas no termina el colegio secundario.

La discriminación laboral es constante. En el mundo en desarrollo, las mujeres tienden a ser relegadas a tareas menores, y a la economía informal. Casi la mitad de las mujeres que trabajan en otros sectores distintos de la agricultura lo hacen en el sector informal en 7 de 10 países de América Latina y en 4 países asiáticos analizados. En dos de los países más poblados del mundo como India e Indonesia, el 90% de la mano de obra femenina no agrícola trabaja en la economía informal.

A igual responsabilidad, su remuneración es menor. En la industria, en 27 de 39 países con datos disponibles, los sueldos de las mujeres son de un 20 a un 50% menor que los de los hombres.

La labor que realizan en el hogar, paralelamente a su integración al mer-cado laboral, asegurando su funcionamiento y velando por la educación de los hijos, es desvalorizada, a pesar de su rol fundamental.

Manuel Castells ironizó con precisión sobre el significado de la situa-ción: “Si las mujeres que no hacen nada, dejaran de hacer esa nada, la mayor parte de las ciudades modernas dejaría de funcionar”.

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la mujer en los altos niveles de decisión política. A inicios del siglo, sólo 9 mujeres eran Jefas de Estado, sólo el 8% de los Ministros eran mujeres, y las mujeres sólo eran el 11% de los parlamentarios del mundo.

Una expresión extrema de discriminación continua, en plena actividad, es la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, más mujeres mueren de violencia en el mundo que de cáncer.

El feminicidio es casi impune en algunos lugares. En la misma América Latina, junto a los centenares de homicidios impunes en Ciudad Juárez que adquirieron notoriedad mundial, se produjeron 3300 asesinatos de mujeres en Guatemala en los últimos 7 años, y 1000 en Honduras en si-milar período con un mínimo porcentaje de identificación y punición de los homicidas.

5. El Relegamiento de las Poblaciones Indígenas

Existen en el mundo 5000 pueblos indígenas, de larga historia, e impor-tantes tradiciones culturales, que viven en 70 países. La mayor parte de ellos tiene una relación entrañable con la naturaleza.

Sin embargo, tienden a ser los más pobres entre los pobres. Así el 80% de los 40 millones indígenas de América Latina, se halla por debajo del umbral de la pobreza. Tienen en muchos países las peores tasas de morta-lidad materna, y mortamorta-lidad infantil.

Sufren discriminaciones permanentes. Sus tierras y sus bosques han sido permanentemente objeto de disputa, y han sufrido atropellos. El deterioro del medio ambiente los ha afectado particularmente.

Se ha intentado con frecuencia borrar su identidad cultural, subestimán-dola, y presionándolos a dejarla.

6. El Ascenso de las Inequidades

Las altas inequidades se han disparado en el mundo actual. Las diferen-cias de ingreso entre el 20% más rico y el 20% más pobre, que eran de 30 a 1 en 1960, pasaron en 1990 de 60 a 1, y llegaban de 74 a 1 en 1997.

El 10% más rico tenía en el 2005 el 54% del ingreso mundial, y del otro lado, el 40% de menores ingresos sólo el 5%. A las disparidades en los ingresos, se suman brechas de gran envergadura en otros campos. El 20% más rico tiene el 82% de las exportaciones mundiales de bienes, el 20% más pobre sólo el 1%. Las inversiones van hacia el 20% más rico que atrae el 68% de ellas, el 20% más pobre sólo recibe el 1%. También, el 20% más rico tiene el 95% del crédito. Todas las brechas interactúan y se refuerzan las unas a las otras, generando un “círculo perverso” que las refuerza.

La Universidad de las Naciones Unidas midió en el 2006 la distribución de la riqueza en los hogares del mundo. Estimó el valor de los activos

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físicos y financieros de las personas, menos las deudas, estableciendo su capital. El 10% más rico tiene una proporción mucho mayor del capital mundial, que la que tiene en los ingresos. Concentra el 85% de dicho ca-pital versus el 54% en los ingresos. El 50% más pobre sólo tiene el 1% del capital mundial. El nivel de concentración es tal que el 1% de los adultos más ricos del mundo tiene el 40% del capital mundial.

Ante este panorama de disparidades, la ONU ha destacado que “las des-igualdades globales en ingresos y estándares de vida han alcanzado pro-porciones grotescas”.

Hoy las ciencias del desarrollo han demostrado que los costos que se pagan por estas inequidades son elevadísimos. Son una razón central de la pobreza mundial persistente. En los países con alta desigualdad, los au-mentos del Producto Bruto, tienen un efecto muy reducido en la pobreza. El Banco Mundial (2005) estima que a bajos niveles de desigualdad un 1% de incremento en el Producto Bruto puede reducir la pobreza extrema en un 4%. A altos niveles de desigualdad en cambio, tiene cero efectos en términos de reducción de dicha pobreza.

Las altas disparidades generan “el accidente de nacimiento” que congela la movilidad social, promesa básica de los sistemas democráticos. Según el nivel socioeconómico del hogar en que se nace, la educación de los padres, la región, será el capital de salud, y el capital educativo de las personas, lo que influirá decisivamente en su destino.

Esa “trampa de hierro” ha mostrado su consistencia con toda fuerza en América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta. Las dife-rencias iniciales pesan decisivamente en el futuro laboral. Según las esti-maciones de la CEPAL, se necesitan doce años de escolaridad para tener la posibilidad de conseguir un empleo decente, y no caer debajo de la línea de la pobreza. A pesar del potencial del Continente, el 70% de los niños, que vienen de padres que no terminaron la escuela primaria, tiene menos de esos 12 años de escolaridad.

Las elevadas inequidades crean profundas fracturas en la cohesión so-cial, condición fundamental para un crecimiento económico sostenido, y para la atracción de inversiones.

Lo previno el Consejo de Europa (2004) cuando definió a la cohesión social como “la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de to-dos sus miembros, al minimizar las disparidades y evitar la polarización”. En un mundo con agudas disparidades entre países, y al interior de los mismos, los déficits de cohesión social son marcados. Crean el campo propi-cio para fenómenos de xenofobia, racismo, y el ascenso de la criminalidad.

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7. Una Nueva Disparidad: La Vulnerabilidad Ecológica

El Panel de la ONU sobre cambio climático galardonado con el Premio Nobel, conformado por 2000 científicos de 130 países, resalta en su infor-me final que se están verificando los peores escenarios que había previsto en sus tres informes previos. Había estimado que la temperatura podía elevarse de uno a cuatro grados al final del siglo con consecuencias de-sastrosas, pero el crecimiento de las emisiones de gases contaminantes en el 2006 ha superado los pronósticos, y sino se cambian las políticas, el aumento puede llegar a 6 grados en el 2030.

Asimismo, se ha acelerado el deshielo de los glaciares árticos, que puede llevar a rápidos aumentos en el nivel de los mares. Sino se llevan adelante agresivas políticas de reducción de emisiones, puede haber desastres cli-máticos globales que transformen a países en islas, reduzcan en un 50% la producción agrícola de Africa, y causen una disminución de un 5% en el Producto Bruto Mundial.

Para amplios sectores pobres, el cambio climático no es un escenario proyectado. De hecho son una de las primeras víctimas directas de sus impactos. El documentado “Informe de Desarrollo Humano 2007” del PNUD, dedicado al cambio climático advierte que “a medida que aumenta el nivel del mar, ciudades como Londres y Los Angeles pueden enfrentar el riesgo de inundaciones porque sus habitantes están protegidos por moder-nos sistemas de defensa. Por el contrario, cuando el calentamiento global altera los patrones climáticos en el Cuerno de Africa, significa la pérdida de cosechas y hambrunas”.

Los más vulnerables son quienes dependen de la agricultura, o la pes-ca, viven cerca del agua, habitan en viviendas precarias (1000 millones de personas residen en tugurios), no tienen posibilidad de irse, ni tienen protecciones. Los desequilibrios climáticos están haciendo que las reservas de peces desciendan, tierras arables se vuelvan infértiles, y más personas queden sin agua potable.

Según el informe del PNUD, entre el 2000 y el 2004, 264 millones de personas fueron afectadas por desastres climáticos. El 98% vivían en países en desarrollo. En los países ricos de la OCDE, sólo 1 de cada 1500 habitan-tes fue impactado, mientras que en los países en desarrollo 1 de cada 19. La vulnerabilidad de los pobres es 79 veces mayor.

Ya hay en el mundo 25 millones de refugiados climáticos. No son reco-nocidos por el derecho internacional que sólo preveía la protección y el asilo de quienes escapaban de guerras o persecuciones.

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Las sequías, las tormentas más intensas, las inundaciones, y otras ex-presiones del deterioro ecológico, están eliminando los avances que países pobres habían hecho respecto a las metas del milenio.

La salud pública de los pobres está aún más comprometida. Los cambios pueden crear condiciones de riesgo aun mayores para enfermedades que los afectan en primer lugar. Así, se estima que las víctimas del paludismo, que actualmente causa la muerte de un millón de personas por año, pue-den aumentar de 220 a 400 millones.

Pobreza que mata, familias destruidas, niños indefensos, mujeres discri-minadas, pueblos indígenas marginados, desigualdades extremas, un apar-theid climático como lo llamó el Arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, a los efectos del cambio climático sobre los pobres, no son temas adicionales de la agenda macroeconómica mundial. Son desafíos éticos ineludibles, que están amenazando el derecho más básico, el derecho a la vida de amplios sectores de la población del planeta.

III. La hora de la responsabilidad social

¿Existe la posibilidad de enfrentar y superar los desafíos éticos plantea-dos, o responden a una especie de ley inevitable de la naturaleza como plantean algunas voces justificatorias? Según ellas, la pobreza, las privacio-nes de muchos, y las desigualdades son parte de un orden natural.

Las perspectivas espirituales no dan ningún lugar a estas visiones. En pri-mer término, resaltan el carácter único de cada ser humano y su igualdad esencial ante la Divinidad. Toda vida merece en ellas el máximo respeto. El Obispo Diarmud Martin (2002) señala que “las situaciones de pobreza extrema constituyen una ofensa a la dignidad de la persona humana”.

Por otra parte, en el Antiguo Testamento, fuente espiritual de algunas de las religiones mayores, la voz de los Profetas exige: “No habrá pobres entre vosotros”. Las interpretaciones bíblicas indican que los Profetas eran, ante todo, la conciencia moral en acción. No decían lo que iba a suceder, sino lo que debería suceder. Se rebelaban contra la existencia de la pobreza y recla-maban que, contando la humanidad con un potencial infinito de recursos, la sociedad debe organizarse para erradicarla.

Avanzar en esa dirección no es una opción, sino es asumir responsabilida-des básicas. El Papa Benedicto XVI (2006) plantea así que deberíamos dirigir nuestros pensamientos hacia “los niños forzados a servir como soldados en un mundo violento, los niños que tienen que pedir, los niños que sufren privaciones y hambre, los niños que no tienen amor”, y pedía a la Divinidad “que nos ayude para hacer nuestra parte para que la dignidad de los niños sea respetada”. Un prominente pensador judío, el Rabino Abraham Yoshua Heschel (1959), decía que hacernos responsables por los otros no merece

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ningún premio, ni distinción, es simplemente “la manera de vivir correcto”. En un mundo que puede, pero que no hace lo necesario, ha llegado la hora de que cada actor social asuma sus responsabilidades sociales. Juan Pablo II (2000) invitó:

“A los economistas y líderes profesionales financieros, así como a los lí-deres políticos a reconocer la urgencia de asegurar que las prácticas eco-nómicas y que las políticas vinculadas tengan como meta el bien de cada persona, y de la persona en su totalidad”.

Una parte del pensamiento económico de más circulación ha sugerido implícitamente la necesidad de separar ética y economía. La economía sería un área a manejar por técnicos experimentados, y la ética pertenecería a otra esfera esencialmente espiritual, y no debería interferir.

Esta escisión ha causado mucho daño. La economía nació como una dis-ciplina presidida por valores éticos, y respetuosa de los mismos. Fue así en el pensamiento de Adam Smith, que identificó valores éticos que son clave para que los mercados puedan funcionar eficientemente, en el de David Ricardo, Stuart Mills, y otros fundadores.

La ética debería orientar y regular la economía. Lo exigía Juan Pablo II (2000) cuando planteaba que:

“Una economía que no tenga en cuenta la dimensión ética no puede lla-marse a sí misma una economía en el sentido de un uso racional y cons-tructivo de la riqueza material”.

La superación de la escisión entre ética y economía abre la agenda de las responsabilidades de los principales actores sociales, como el Estado, la empresa privada, y la sociedad civil en todas sus expresiones. A ellos de-bería agregarse la responsabilidad que tendrían que asumir los países ricos a través de la solidaridad internacional. La asunción de responsabilidades sociales por parte de todos ellos, y la acción coordinada pueden hacer diferencias muy relevantes.

Las políticas públicas, que en una sociedad democrática encarnan la ac-ción colectiva, son una de las responsabilidades centrales. Deben tener como altísima prioridad, garantizar a todos los ciudadanos, junto a las libertades públicas, sus derechos básicos a educación, salud, trabajo, y vi-vienda. Ya en 1989, la Asamblea General de la ONU había sancionado por unanimidad “el derecho al desarrollo”, y había estipulado que los primeros responsables de asegurarlo eran los gobiernos.

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progreso, activas políticas públicas, y un aparato público profesional, esta-ble, y eficiente, con fuertes controles de transparencia, que han creado am-plias coberturas de servicios colectivos, y han potenciado al mismo tiempo las posibilidades de las empresas, y de la sociedad civil.

El argumento de reducir al mínimo la actividad pública, con frecuencia recomendado a los países en desarrollo, no se ha cumplido en las econo-mías desarrolladas integrantes de la OECD, como puede apreciarse en el cuadro siguiente (2007): 1975 2006 PRELIMINARY PERCENTAGE POINT CHANGE

1. Sweden 2. Denmark 3. France 4. Norway 41.6% 38.4 35.4 39.2 50.1% 49.0 44.5 43.6 +8.5 +10.6 +9.1 +4.4 5. Finland 6. Italy 7. Austria 8. Netherlands 36.5 25.4 36.7 41.2 43.6 42.7 41.9 39.5 +7.0 +17.3 +5.2 -1.7 9. Britain 10. Spain 11. Germany 12. Portugal 35.3 18.4 34.3 19.7 37.4 36.7 35.7 35.4 +2.1 +18.3 +1.4 +15.7 13. Canada 14. Turkey 15. Ireland 16. Switzerland 32.0 16.0 28.7 24.5 33.4 32.5 31.7 30.1 +1.4 +16.5 +3.0 +5.6 17. United States 18. Greece 19. Japan 20. South Korea 25.6 16.9 20.9 15.1 28.2 27.4 27.4 26.8 +2.6 +10.5 +6.5 +11.7 Incremento del costo del Gobierno

La proporción del Producto Bruto Interno destinado a los impuestos ha aumentado desde 1975 en la mayoría de los países.

Ingreso fiscal como porcentaje del PIB

Fuente: Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. The New York Times, October 18, 2007.

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Como puede advertirse, todos los países de la tabla incrementaron el financiamiento de la acción pública en los últimos 30 años. En todos ellos, desde el 27 al 50%, su Producto Bruto. En América Latina, después de las ortodoxias de los 90, el financiamiento público quedó reducido al 18% del Producto Bruto, y en el camino muchos servicios esenciales, y los sistemas de educación y salud, experimentaron serias dificultades.

Junto al Estado, la empresa privada puede dar una contribución sustan-cial al enfrentamiento de los desafíos éticos pendientes, a través de la idea de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

La ciudadanía está exigiendo continuamente en las sociedades demo-cráticas ética a los líderes políticos, y a los altos funcionarios públicos. Esa demanda se ha extendido con fuerza creciente a los empresarios privados. Sociedades civiles cada vez más articuladas, pequeños accionistas, que re-claman cambios en la transparencia y conducción corporativa después de Enron, y otros episodios similares, y consumidores conscientes presionan en su conjunto para que las empresas sientan que deben ser responsables no sólo ante sus propietarios, sino también ante todos los involucrados y afectados por su acción.

La agenda de la RSC movilizada por la sociedad pide a las empresas: buenas relaciones con su personal, juego limpio con los consumidores (precios razonables, productos de calidad y saludables), preservación del medio ambiente, comportamiento ético en sus inversiones en países en desarrollo, e integración activa a los grandes esfuerzos por el bien común.

La era de la empresa centrada en sí misma, ha sido superada por la de la filantropía empresarial. Ella, a su vez, está dejando paso a la visión de una empresa que no sólo dona dinero, sino que coopera activamente con las políticas públicas y la sociedad civil, en amplios programas sociales, edu-cativos, de salud, ocupacionales, y otros, contribuyendo con alta gerencia, Internet, canales de distribución, y otros componentes de sus activos tec-nológicos.

Junto a las políticas públicas, y a las empresas, la sociedad civil debe asu-mir su responsabilidad social, a través, entre otras vías del fortalecimiento, del voluntariado. Su potencial de aporte a grandes causas colectivas es formidable. Desde la Madre Teresa de Calcuta con su lema de “no esperes que los pobres vengan a ti, sal a su encuentro”, hasta la Premio Nobel Mé-dicos sin Fronteras, una gama muy amplia de organizaciones humanita-rias hace la diferencia continuamente. Una investigación de la Universidad John Hopkins (Salomón y otros, 2003) sobre 35 países en su gran mayoría desarrollados, encontró que el 20% de los adultos, alrededor de 190 millo-nes de personas, son voluntarios. En el 2000, 10 millomillo-nes de voluntarios

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vacunaron a 550 millones de niños, produciendo el equivalente a 10.000 millones de dólares.

La Asamblea General de la ONU (2002) ha declarado al respecto: “El vo-luntariado es un componente importante de toda estrategia para reducción de pobreza, desarrollo sostenible, salud, desastres e integración social”.

A las combinaciones virtuosas entre políticas públicas, empresas con responsabilidad corporativa, y sociedad civil movilizada, debe sumarse una renovación de la responsabilidad de los países ricos, a través de la so-lidaridad internacional y la creación de condiciones económicas más justas que favorezcan el esfuerzo productivo de los países en desarrollo.

La ONU ha estimado que con el 1% de los ingresos de las 200 personas más ricas del planeta, se podría asegurar educación primaria para todos. Sachs (2003) calculó que lograr que todas las personas tengan agua pota-ble y saneamiento, que todos los niños puedan ir a la escuela, y financiar adecuadamente la lucha contra el SIDA, la malaria, y la tuberculosis re-quiere recursos menores al 1% del Producto Bruto de los países ricos. La Organización Mundial de la Salud estima que 8 millones de vidas podrían salvarse anualmente a un costo de 5.700 millones de dólares en inver-siones en salud. Se gastó en el 2006, en armamento, más de 20 veces ese monto, 1.149.347 millones de dólares, cifra récord.

Con mejoras, las contribuciones del mundo rico siguen estando dis-tantes del 0.7% del Producto Bruto fijado por la ONU. En el 2006, los 22 donantes mundiales más importantes redujeron su volumen de Ayuda Pública al Desarrollo en un 5.1% respecto al año anterior. La ayuda repre-sentó el 0.3% de su Ingreso Nacional Bruto. El 0.7% sólo fue cumplido por Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda y Luxemburgo. La ayuda de USA representó el 0.17% de su Producto Bruto. La de Japón era del 0.19%.

Por otra parte, se estima que los países pobres pierden anualmente más de 700.000 millones de dólares en exportaciones posibles por las barreras proteccionistas, y las políticas de subsidios de los países ricos.

El Primer Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg (2007), resumió con precisión las posibilidades en una reciente conferencia en la ONU. Mostró que se podrían reducir muchísimo las muy elevadas tasas de mortalidad materna, y mortalidad infantil, si se apoya enérgicamente desde la solidari-dad internacional varias políticas esenciales cuyo costo es muy limitado:

Dar a todos los niños después de su nacimiento un paquete de vacu-•

nación con todas las vacunas claves. Su costo es sólo 20 dólares. Generalizar la lactancia materna, decisiva para la salud futura de los •

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Proporcionar antibióticos simples. •

Incentivar los controles de las madres en las clínicas. •

IV. El rol de las universidades

La Universidad del siglo XXI debe aspirar a la excelencia científica y tecnológica. En un siglo de “conocimiento intensivo” como lo llamó Lester Thurow, el progreso estará estructuralmente ligado a las capacidades ins-taladas en cada sociedad para generar, absorber, y adaptar, a través de la innovación doméstica, tecnologías de punta.

Como pilar de la investigación, la transferencia de conocimientos, y la preparación de las nuevas generaciones de profesionales, la Universidad no puede conformarse con “rendimientos mediocres”. Debe autoexigirse y pedir a todos sus estamentos, que conformen equipos que marchen en di-rección de las nuevas fronteras tecnológicas. Por otra parte, debe enlazarse activamente con los sectores productivos.

La base de la creatividad tecnológica y la competitividad de algunas de las naciones más exitosas de las últimas décadas ha estado en su apuesta a la educación, la investigación, y la generación de triángulos virtuosos entre las políticas públicas, las empresas privadas, y el sistema científico.

Así, Finlandia, que encabeza la tabla mundial de progreso tecnológico y era hace 35 años una sociedad atrasada, ha dado un salto gigantesco invir-tiendo en educación, ciencia y tecnología, y garantizando la posibilidad de completar estudios universitarios a toda la población.

Sólo el 0.5% de los alumnos no termina la escuela básica, y el país enca-beza el informe PISA de rendimiento escolar comparado. Tras esos logros, se considera a la educación como una carrera muy respetada y apreciada socialmente, a tal punto que todos los docentes de la escuela básica deben ser Licenciados en Pedagogía, además de especialistas en la materia que dictan. Las Universidades del país están ligadas estructuralmente a las po-líticas públicas y al aparato productivo.

Estos adelantos educativos han posibilitado que un país de 5.5 millones de habitantes sea el líder mundial en campos tecnológicos tan complejos como la telefonía celular. Una empresa finlandesa, Nokia, tiene actualmen-te el 39% del mercado mundial de actualmen-teléfonos celulares, que ha llegado a los 1.100 millones de usuarios.

Pero junto con su rol científico y tecnológico, y su gran importancia como centro de cultura, la Universidad tiene en este siglo una respon-sabilidad social clave que debe asumir a plenitud. Tiene que estar en la avanzada de la lucha por enfrentar los desafíos éticos de nuestro tiempo. No puede ser una entidad más en ese esfuerzo, ni seguir a los otros actores, debe marcar caminos.

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Esta responsabilidad social debe materializarse en políticas concretas con expresión institucional.

Entre ellas, en primer lugar hay un tema central, que es el de la forma-ción ética de los jóvenes que acuden a ella. Debe garantizarles, como se mencionó, una preparación profesional de la mejor calidad. Pero ello no basta. La tenían quienes encabezaron el fraude de Enron, uno de los mayo-res de la historia económica moderna, o los similamayo-res en otras empmayo-resas lí-deres. Habían sido formados en algunos de los mejores MBA existentes, en pleno dominio de las tecnologías gerenciales y financieras más sofisticadas, pero carecían de responsabilidad en la utilización de dichas tecnologías, y causaron graves daños a la sociedad.

Diversos estudios demostraron un vacío de discusión ética pronunciado, en dichos MBA, que han reaccionado rápidamente tratando de fortalecer por todos los medios este campo de interés vital, que había sido poster-gado.

La Universidad debe preparar economistas, administradores, médicos, abogados, ingenieros, y especialistas de todos los campos, que tengan una sólida base de responsabilidad, para que decidan en base a valores morales fundamentales sobre los dilemas éticos que se les planteen, y para que asuman compromisos de servicio con los más débiles.

Esa preparación requiere trabajar no sólo con textos, sino con expe-riencias concretas, y contacto activo con la realidad. El ideal no es dictar una materia de ética en el currículum, sino transversalizar la enseñanza de la ética aplicada, trabajando en cada área los problemas éticos propios de la misma, y en todas, el compromiso con la construcción de un mundo solidario.

En segundo lugar, la responsabilidad social debe estar presente en la agenda de investigación, priorizando temáticas que representan los proble-mas más apremiantes de la población. Con frecuencia, eso no ha sucedido. Es lo que resaltaba Gates cuando al crear su Fundación planteaba que el 95% de la investigación médica estaba concentrado en las enfermedades del 5% de la población mundial, y que la Fundación se proponía aportar a las totalmente desatendidas por la investigación que eran las típicas de los pobres.

En tercer lugar, la Universidad, una de las mayores concentraciones de conocimiento, debe aportarlo a la sociedad, participando activamente en el debate público de los grandes temas, particularmente los sociales. No puede ser ajena a las discusiones sobre cuestiones como, entre muchas otras, la creación de trabajo, la discriminación de género, la exclusión so-cial, las causas de la criminalidad, y las inequidades.

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En las sociedades democráticas la formación de las políticas públicas que se adopten está fuertemente influída por ese debate. El aporte de la Universidad desde la investigación seria, y la voz de la ciencia, pueden aportar mucho al mejoramiento de la calidad del debate, y la visualización de alternativas de decisión que no sean “más de lo mismo”.

En cuarto lugar, la Universidad debe extender su acción educativa a la sociedad en su conjunto mediante una tarea sistemática que coloque su potencial docente y de investigación al servicio de empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, y muchas otras instituciones. Especial-mente, es importante la labor que puede hacer capacitando y empoderan-do a los desfavoreciempoderan-dos.

En quinto lugar, la Universidad integra jóvenes que tienen un potencial de voluntariado muy importante. Debe promover y apoyar la puesta en marcha de ese potencial. Eso tendrá efectos educativos de primer orden, y puede ser una fuente de aportes muy significativos a las mejores causas.

La Universidad del siglo XXI, el siglo de las grandes oportunidades tecnológicas, pero al mismo tiempo de la pobreza y el sufrimiento social inadmisible, debe autoreformarse tecnológicamente para ser base del pro-greso, pero debe, ante todo, renovar sus responsabilidades sociales, para ser más que nunca una referencia de construcción, paz, y justicia para los pueblos.

Una vieja enseñanza presente en muchas cosmovisiones espirituales dice: “Más vale encender una luz que maldecir a la oscuridad”. La Uni-versidad puede encender muchísimas luces de esperanza en este mundo paradojal.

Referencias Bibliográficas

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Martin, Diarmud. “La iglesia y los problemas económicos y sociales medulares de nuestra época”, Incluido en Bernardo Kliksberg (editor), “Etica y Economía. La Relación marginada”, El Ateneo, Buenos Aires, 2002.

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Innovación Popular.

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trabajadores

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L

a dictadura militar instaurada en nuestro país en 1976 generó las condiciones para una concentración de capital sin precedentes y la des-industrialización relativa producto de una apertura indiscrimi-nada de la economía. Al mismo tiempo, el desarrollo de procesos de pro-ducción flexibles configuró a escala planetaria una ofensiva política contra la organización del trabajo (con sus modalidades particulares de instru-mentación en el Sur y el Norte de la economía mundial) dando lugar, junto a otras situaciones sociales, a un deterioro de la denominada “sociedad salarial” (Castel, 1999), expulsando grandes masas de población por fuera de los circuitos mercantiles; es decir, de la puja salarial en el campo de las relaciones entre capital y trabajo.

El proceso denominado “globalización” tuvo su referencia sociológica en la noción de exclusión. Esta noción pretendió representar la realidad de una “nueva” pobreza que siendo semejante a la descripta para el siglo XVIII no avizoraba perspectivas de empleo por el capital como se teorizó para el siglo XIX, ni de los beneficios de la seguridad social conquistados en algunos períodos del siglo XX. Completaría el panorama la presencia de una gran heterogeneidad de identidades en el sujeto social (género, etnicidad, edad, etc.), invisibilizadas, según se sostiene, tras la noción de clase. A partir de este análisis, la “cuestión social” fue planteada también en el marco de una caracterización de la lucha social en términos de “nuevos movimientos sociales”.

Por cuestiones de espacio no voy a detenerme aquí en el análisis de esta categoría hoy muy usada en el análisis social1. Me permito señalar

única-mente que la mirada que promueve dicha noción de exclusión tiene como primera consecuencia la siguiente caracterización: ya no sería el capital el que debe hacerse cargo de este sector del trabajo a partir de la mediación salarial, sino la “política” y más precisamente la política social. Una segun-da consecuencia es que la exclusión tiende a marcar un status del sujeto, en tanto sujetado por la situación de “estar afuera”, de “no pertenecer” de estar “desafiliado”, en un proceso de des-socialización (Castel, 1999:38), y no por su capacidad de producción, su productividad en tanto sujeto. Esta mirada que concibe al sujeto expropiado por el capital como un status

de-1 Para un análisis pormenorizado de mi interpretación de esta noción puede consultarse el

artículo “Economía política de la exclusión. Para una crítica desde la experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores” (ERT). Cuadernos de Antropología social Nº 26, op. Cit.

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finitivo es altamente pesimista aunque no realista. Su pesimismo radica en que al sujeto excluido sólo le resta luchar por su “inclusión”, algo que por otra parte sólo puede ser concebido en términos ideológicos. Esta mirada, no es otra que el reverso de aquella que piensa que a la clase obrera “inclui-da” sólo le es legítimo preocuparse por la lucha salarial. Aquí también es importante señalar que el concepto de exclusión social no logra dar cuenta de las relaciones sociales que son productoras de sujetos y las luchas de éstos por el cambio de dichas relaciones sociales.

Organismos internacionales de financiamiento de políticas públicas como el Banco Mundial y el BID vienen promoviendo formas focalizadas de “contención” según el sector “excluido” del cual se trate, en un doble juego de diferenciación-desplazamiento como intento de cristalización de situaciones sociales.

Desplazamiento de los conflictos hacia ámbitos locales, particulares y territoriales. Este modo de conceptualizar tiende al mismo tiempo a des-dibujar la inteligibilidad de las luchas del trabajo por su liberación en la actual dinámica de las relaciones de producción. Así, y con más insistencia desde la década del 80 y 90, se ha enfatizado sobre la emergencia de un “tercer sector” de la sociedad (y por supuesto de la economía), que en oca-siones y no por casualidad se confunde o asocia con el de “sociedad civil”.

Este tercer sector tendería a representar un conjunto de actividades orientadas por organizaciones autoidentificadas como de carácter no-mer-cantil. Se trata de empresas de perfil comunitario y social, organizaciones y redes de trabajo voluntario y solidario no gubernamentales que abarcan un sinnúmero de procesos de trabajo y que dan empleo a una creciente cantidad de trabajadores no ocupados directamente por las organizaciones empresariales típicamente capitalistas. El incremento de las actividades en estas organizaciones se lo asocia en forma directa con el crecimiento del desempleo estructural.

Las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) y la innovación social

El fenómeno de las empresas recuperadas por sus trabajadores se ha desarrollado en aquel contexto. La mayoría de las ERT se encuentran en el Gran Buenos Aires: 24% en la Ciudad de Buenos Aires, 56% en el co-nurbano bonaerense y 20% en distintas provincias del interior del país, respondiendo, en una lógica relativamente proporcional, a la localización general del conjunto empresarial del país. La recuperación de empresas se incrementa sustancialmente a partir de 1999 y tiene su pico en el marco de la crisis política de 2001, es decir desde el momento de agudización de la

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protesta social en la Argentina. El promedio de trabajadores por ERT es de 64,5 trabajadores, siendo que la mayoría de ellas pertenece al denominado sector de las PyMEs (Pequeñas y medianas empresas) aunque algunas del conjunto sean empresas de gran envergadura en cuanto a la cantidad de trabajadores y el producto. El 76% produce artículos de consumo final, el 43% de consumo intermedio y sólo el 4% materias primas2. La puesta en

producción por parte de los trabajadores de estas empresas ha resultado altamente problemática por varios motivos (independientemente de los estructurales), especialmente porque se ha dado en el marco de un fuerte conflicto social y legal, en muchos casos con violencia y represión por parte de las autoridades estatales. El informe referido sostiene que aque-llas empresas que no han pasado por una situación de alta conflictivi-dad en el proceso de recuperación por sus trabajadores son las que mayor productividad alcanzan. Esto se explica, en parte, también, porque en el conflicto un sector del personal tiende a buscar otros horizontes laborales, principalmente, el personal administrativo3. En el marco de la experiencia

de autogestión obrera me interesa señalar que el movimiento de las ERT vuelve a poner en el centro de la escena a los trabajadores desocupados en resistencia, en el seno de la producción. Precisamente, la lucha por la recuperación de las empresas y el movimiento de autogestión obrera que impulsan la mayoría de ellas resiste las pretensiones de naturalización de la situación de este sector de la clase trabajadora en términos de excluidos sociales. Implica, más allá de sus heterogeneidades y dificultades especí-ficas, un proyecto de resistencia que les da un lugar en la disputa por el campo económico en términos concretos (independientemente de los aná-lisis susceptibles de realizar en torno a sus posibilidades y limitaciones). Esto significa, al menos en parte, que este movimiento vuelve a situar la lucha social y política por el trabajo en el centro de las contradicciones de la sociedad, es decir, la que existe entre el trabajo y el capital.

2 Datos obtenidos de Ruggeri, Andrés, Martínez, Carlos y Trinchero, Hugo. “Las empresas

recuperadas en la Argentina. Informe del 2do. relevamiento entre empresas recuperadas por los trabajadores”.

3 La gran mayoría de las ERT sufrieron un proceso de vaciamiento y/o quiebra fraudulenta.

En muchos casos, el vaciamiento significó un grave impedimento para la continuidad de la producción, por la falta de maquinarias esenciales, siendo en algunos casos dicha falta prácticamente total. En general, el proceso de vaciamiento y/o quiebra ha llevado bastante tiempo, implicando el deterioro no sólo de la relación laboral sino también de la infraestructura y la inserción en el mercado de los productos correspondientes. De allí que la gestión obrera de la empresa resulte en estos casos mucho más desafiante.

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Desde lo conceptual es importante tener en cuenta que las ERT preten-den ser asimiladas a la llamada “economía social” o “economía solidaria”. Esta caracterización, fundada tal vez en el hecho de que la gran mayoría de las ERT se organizaron como cooperativas de trabajo, implica otra particu-laridad que también me interesa resaltar. Dicha particuparticu-laridad se expresa en el hecho de que esas formas cooperativas no resultan del asociativismo de desocupados promovidos por ONG’s, o por las políticas sociales del Es-tado, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, o particulares que ven en el cooperativismo la mejor forma de lograr objetivos de realización de determinado proyecto, sino de la ne-cesidad de mantener en funcionamiento una empresa quebrada por sus patrones a riesgo de caer en el desempleo estructural.

Según lo dicho anteriormente, la caracterización de la economía social, independientemente de los esfuerzos realizados por muchos autores, agru-pa procesos y organizaciones muy disímiles que no tienen una expresión siquiera de articulación propia que pudiera caracterizar prácticas y accio-nes conjuntas entre sus agentes. Mientras que las distintas fraccioaccio-nes de capital se organizan en cámaras y asociaciones en pos de sus intereses es-pecíficos y el Estado se configura como un conjunto de instituciones arti-culadas para garantizar la reproducción de los “incluidos”, el denominado sector social de la economía, expresa intereses difusos, diversos, y por lo tanto, escasamente compatibles para su articulación social (Rebón, 2004; Fajn, 2003; Heller, 2004).

Entiendo que la economía social debe ser analizada en el marco de su dialéctica contradictoria. Así, aquello que el capital promociona como su política de control social y elusión de las resistencias del trabajo a la acumu-lación y concentración capitalista genera al mismo tiempo potencialidades (siempre en un contexto de extremas constricciones, tal las reglas del juego del capital) propias al desarrollo de alternativas para la misma clase traba-jadora. Como en otras oportunidades, es la propia resistencia creativa del trabajo la que también puede construir, en parte, los contenidos de aquello que la ingeniería social del capital desarrolla como economía del tercer sec-tor o economía social, teniendo en cuenta, además, que lo que hoy se “des-cubre” tras esa noción tiene una genealogía más profunda en la experiencia histórica de los trabajadores argentinos (Elgue y Ciezas, 2005:145-147).

En tanto categoría que interpela a la clase trabajadora en su calidad de “desocupados”, la economía social está sujeta también a la resignificación que la resistencia del trabajo produce en torno a su sentido social. Desde dicha situación, puede entonces entenderse a la “economía social” como un espacio de disputa política.

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ten-dido a transvasar la noción de economía social como política económica de la exclusión social al incorporar la defensa del trabajo a un proyecto que re-sitúa a los trabajadores dentro del aparato productivo, y lo hacen de una forma que también les permite discutir las relaciones sociales en las que se insertan, y participar desde allí en la disputa política y económica.

También, su negatividad, respecto a la cristalización de los trabajadores como excluidos y pertenecientes al tercer sector, se evidencia en el hecho de que la experiencia de los trabajadores lleva en su seno los límites de la empresa capitalista en cuanto al sostenimiento del trabajo. De haber sido trabajadores organizados gremialmente para la lucha salarial, típica de la relación mercantil del trabajo con el capital, pasaron a ser trabajadores que se encuentran frente al imperativo de sostener el trabajo y el salario por sus propios medios. Sin embargo, por más solidarias que sean las relaciones sociales al interior de una empresa, necesariamente deberán enfrentarse al problema de insertarse en relaciones mercantiles que poco y nada tienen que ver con los objetivos, al menos expresos, de lo que se denomina eco-nomía social o solidaria como mecanismo auto centrado de reproducción de la vida.

A modo de ejemplo, resultaría difícil categorizar algunas empresas re-cuperadas como economía solidaria si observamos, por ejemplo, el caso de una empresa metalúrgica que ocupa a más de 100 trabajadores y que produce insumos para la producción de maquinaria pesada, ya que aquí los trabajadores vuelven a enfrentarse con sus capacidades y limitaciones al capital en su propio terreno. No por casualidad y conscientes de esta si-tuación, mas allá de diferencias claramente expresadas, las empresas recu-peradas por sus trabajadores se han organizado en movimientos políticos reivindicativos que han puesto sobre el tapete, discutiéndolo críticamente, el remanido intento de separar la lucha social de la lucha política y de cla-ses, que el neoliberalismo ha pretendido imponer como modelo.

Una cuestión que ha sido parte importante de las discusiones en el seno de las organizaciones que nuclean a las ERT, es que desde el punto de vista del “mercado” las empresas desbastadas por el propio capital resultan “inviables”. Sin embargo, desde el punto de vista del trabajo, al no seguir la lógica destructiva de la competencia capitalista hacia la concentración, sino aquella que prioriza garantizar el empleo de la capacidad de trabajo, deberían motorizar criterios de eficiencia y eficacia de otro tipo4. De todas

4 Por ejemplo, entre otros posibles, la eficacia en la creación de empleos productivos

respecto al nivel de productividad tomado tanto el nivel de producción de cada empresa o en su conjunto, comparado con otras empresas ya sean de una determinada rama o incluso como totalidad de la actividad empresarial privada.

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maneras, es importante indicar que estas iniciativas de los trabajadores al poner en funcionamiento empresas que en sus condiciones actuales resul-tan inviables para el capital, somete al trabajo a un conjunto de restriccio-nes. Entre otras, pueden señalarse las siguientes:

• La reinserción en la cadena de valor en la cual fue gestada originaria-mente la empresa.

• La capacidad de gerenciamiento en un contexto competititvo. • La formación de capital (desarrollo tecnológico).

Desde un inicio, las demandas de las ERT tuvieron como principal ob-jetivo la expropiación (para resolver la cuestión legal de la tenencia obrera de la empresa). A sabiendas de que estas cuestiones implican una capaci-dad de ejercicio de estas reivindicaciones, las ERT se organizaron políti-camente, aunque respondiendo a distintas variantes y modalidades. Estas demandas y luchas por la expropiación, dieron lugar a varios casos de re-soluciones legales favorables (aunque con variaciones importantes en sus contenidos) y recientemente a la generación de una Ley de Expropiación en la Ciudad de Buenos Aires y la incorporación de proyectos semejantes en otras provincias y en el ámbito nacional. Es importante destacar que estos avances, más allá de sus distintas formas jurídicas, fueron producto de la lucha y la organización política conjunta de la mayoría de las ERT, independientemente de las modalidades organizativas que asumieron y de una representación política atravesada por los cuestionamientos emergen-tes de la lucha social.

Un tema escasamente explorado del proceso reciente de autogestión en las ERT es el de la capacidad innovativa tecnológica, organizacional y so-ciocultural del trabajo, para hacer funcionar en situaciones impensables para el capital. Si uno de los problemas centrales de la capacidad de per-sistencia de una ERT es la superación de la crisis de inserción en la cadena de valor, un rasgo a destacar en la mayoría de los casos es la capacidad creativa del trabajo puesta en práctica para resolver algunas cuestiones puntuales en tal sentido. Algunos ejemplos tomados al azar dan cuenta de lo expresado:

• La empresa IMPA recuperada por sus trabajadores, tuvo que enfren-tarse a las reticencias de su tradicional proveedor de insumos, en este caso aluminio (ALUAR). Para ello, recuperaron técnicas de reciclado de dicho insumo, haciendo convenios con cartoneros proveedores de envases que contienen aluminio. Esto significó una menor calidad de

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