PERÚ
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
Agosto de 1992
Índice AI: AMR 46/42/92/s Distr: SC/CO/PG
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO
PERÚ
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes según los cuales desde abril de 1992 no han cesado las torturas, las "desapariciones" y las ejecuciones extrajudiciales en el departamento de San Martín. Se cree que la mayoría de estas violaciones de derechos humanos han sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas de la base militar Mariscal Cáceres, cuartel del comando político-militar del Frente Huallaga, situado en la localidad de Tarapoto, Morales, San Martín. La base es una de las varias que existen en la región del Alto Huallaga se dedican a controlar a los grupos alzados en armas y el tráfico de estupefacientes organizado.
Los casos descritos en este documento incluyen 23 "desapariciones", tres ejecuciones extrajudiciales y cuatro casos de torturas y malos tratos, y según informes, se produjeron en las provincias de San Martín, Lamas, Bellavista y Tocache, todas en el departamento de San Martín.
Según informes, los fiscales provinciales que investigan las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de la base militar Mariscal Cáceres, en Tarapoto, han pedido a la Fiscalía de la Nación garantías de que pueden llevar a cabo sus investigaciones sin correr peligro y sin obstrucciones. También han pedido que la Fiscalía Especial, creada para investigar violaciones de derechos humanos en el departamento de San Martín, sea trasladada de la capital, Moyobamba, a Tarapoto, debido a los crecientes abusos cometidos por soldados de la base Mariscal Cáceres. Asimismo, escribieron al comando político-militar de la región de San Martín pidiendo que no se obstaculice la entrada de los fiscales a los cuarteles militares de la región.
El 22 de julio de 1992, el ministerio de Defensa escribió a una organización independiente de derechos humanos con sede en Lima, que está investigando estos abusos ocurridos en San Martín, afirmando que estaba investigando las denuncias. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, a mediados de agosto no se habían tomado medidas concretas encaminadas a ese fin. La región del Alto Huallaga
En la región del Alto Huallaga han continuado recibiéndose informes de "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los militares. El Alto Huallaga es una región remota de bosque tropical situada en las laderas orientales de la sierra andina y que ocupa parte de dos departamentos: Huánuco y San Martín. Este es el principal centro de cultivo ilegal de coca y de las operaciones llevadas a cabo por narcotraficantes fuertemente armados, así como por las fuerzas del Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. El gobierno del presidente Fujimori declaró que convertiría el Alto Huallaga en una de las principales zonas de
lucha contra el narcotráfico y los grupos alzados en armas. A lo largo de 1991, Huánuco y San Martín fueron dos de los departamentos con una mayor cifra de homicidios políticos del Perú. Según la Comisión Especial de Investigación y Estudio sobre la Violencia y Alternativas de Pacificación, un tercio de los homicidios políticos de 1991 (1.062 en total) se registraron en estos dos departamentos. Los distritos judiciales de Huánuco y San Martín forman el área donde, según las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio Público, se denunciaron más "desapariciones" durante 1991: la mitad de las 395 que se produjeron en el país.
Amnistía Internacional ha recibido informes de nueve ejecuciones extrajudiciales y de 101 "desapariciones" en el departamento de San Martín durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fujimori (desde julio de 1990). Según informes, de las personas "desaparecidas", una fue encontrada muerta y 14 fueron puestas en libertad. También se reconoció finalmente que otras cuatro se encontraban detenidas y actualmente están a la espera de juicio. De las 82 restantes no se tiene noticia. Es posible que las cifras reales de violaciones de derechos humanos en este área sean mucho más elevadas: en una carta dirigida a Amnistía Internacional, con fecha del 10 de febrero de 1992, por un familiar de un hombre "desaparecido" en octubre de 1991 en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, el familiar escribía que "la masacre [en la zona del Alto Huallaga] continúa, ya sea por parte del Ejército como del terrorismo. Sin embargo, por seguridad de su vida la gente practica la 'ley del silencio'".
A continuación detallamos las violaciones de derechos humanos ocurridas desde abril de 1992 en el departamento de San Martín, divididas en los siguientes apartados:
1. Ejecuciones extrajudiciales en la provincia de Lamas
2. Ejecuciones extrajudiciales en la provincia de San Martín 3. "Desapariciones" en la provincia de Lamas
4. "Desapariciones" en la provincia de San Martín 5. "Desaparición" en la provincia de Bellavista 6. "Desaparición" en la provincia de Tocache 7. Torturas y malos tratos
1. Ejecución extrajudicial en la provincia de Lamas Ricardo SALAZAR RUÍZ, de 38 años, comerciante
Según informes, el 22 de junio de 1992 por la tarde, una patrulla del ejército, encabezada por el capitán de una base militar del distrito de San José de Sisa, provincia de Lamas, detuvo a Ricardo Salazar Ruíz en su domicilio del distrito de San José de Sisa.
El 24 de junio por la mañana, el cadáver de Ricardo Salazar fue encontrado a la puerta del domicilio de su hermana, en San José
de Sisa. Su cuerpo, que fue recuperado por el juez de paz de San José de Sisa, tenía, según informes, cuatro heridas de bala y señales de torturas. Se ha presentado una denuncia formal sobre el caso al fiscal provincial de Lamas.
2. Ejecuciones extrajudiciales en la provincia de San Martín Erick ROJAS LLANCA, de 16 años, estudiante
Rafael NAVARRO PISANGO, de 20 años
Según informes, Erick Rojas Llanca y Rafael Navarro Pisango fueron detenidos en la localidad de Los Jardines de Tarapoto, provincia de San Martín, el 21 de junio de 1992 por miembros de las fuerzas armadas de la base Mariscal Cáceres. Según los informes, le detención se produjo en la calle, en presencia de testigos. Al día siguiente se encontraron sus cadáveres, que presentaban signos de torturas, flotando en el río Mayo, en el caserío de Shapaja.
3. "Desapariciones" en la provincia de Lamas 3.1 Werlin GARCÍA ISUIZA, de 19 años, campesino
Según informes, Werlin García Isuiza fue detenido por miembros de las fuerzas armadas en Pongo de Caynarachi, en la orilla del río Lamas, el 29 de junio de 1992. No se ha reconocido su detención.
3.2 Wilger SALDAÑA COTRINA, de 40 años, mecánico José VEGA RIVA, de 22 años, campesino
Gipson TUANAMA FASABI, de 22 años, campesino Limber TUANAMA FASABI, de 19 años, campesino
Luis Alberto GONZALES RUCOBA, de 23 años, campesino
El 22 de junio de 1992, Wilger Saldaña Cotrina, José Vega Riva, Gipson Tuanama Fasabi, Limber Tuanama Fasabi y Luis Alberto Gonzáles Rucoba fueron, según informes, detenidos por soldados de la base militar de Sisa. A mediados de agosto no se había reconocido su detención y se desconocía aún dónde se encontraban detenidos. Se han presentado denuncias formales al fiscal provincial de Lamas sobre estos casos.
3.3 Valentín AMIJOS ROJAS
Valentín Armijos Rojas fue, según informes, detenido por miembros de las fuerzas armadas el 13 de junio de 1992 en San Juan de Talliquihuia, distrito de Zapatero, provincia de Lamas. Según la denuncia escrita presentada por su hermano al fiscal provincial de San Martín, con fecha del 7 de julio, Valentín Armijos fue visto por su hermano, que pudo hablar con él, el 2 de julio en la base militar. No obstante, las autoridades militares negaron posteriormente su detención. Se presentaron denuncias formales al fiscal provincial de Lamas y al ministerio de Defensa y también se presentó una petición de hábeas corpus.
3.4 Violeta CAMPOS LINARES, de 16 años, estudiante
Según informes, Violeta Campos Linares fue detenida el 12 de junio de 1992 por miembros de las fuerzas armadas en Las Flores del Río Mayo, provincia de Lamas. Según los informes, estuvo recluida en la base militar de Tabalosos hasta el 17 de junio, fecha en que fue trasladada a la base militar de Rioja, en la provincia de Rioja, a pesar de que las autoridades militares negaron tenerla recluida allí. Se presentaron denuncias formales al fiscal provincial de Lamas y al ministerio de Defensa. También se presentó una petición de hábeas corpus.
3.5 Rafael TELLO ACOSTA, de 31 años, comerciante
También el 12 de junio de 1992, Rafael Tello Acosta fue, según informes, detenido por miembros de las fuerzas armadas en Cuñumbuque, Las Flores del Río Mayo, provincia de Lamas.
Según una denuncia presentada por la tía de Rafael Tello al fiscal provincial de San Martín el 7 de julio, estaba recluido en la base Mariscal Cáceres, pero las autoridades negaron su detención. El caso fue denunciado también al ministerio de Defensa y se presentó una petición de hábeas corpus.
3.6 Julio César RODRÍGUEZ ALTAMIRANO, de 22 años, campesino Según informes, Julio César Rodríguez Altamirano fue detenido por miembros de las fuerzas armadas el 13 de abril de 1992 en Agua Blanca, provincia de Lamas. Se cree que fue retenido en la base Mariscal Cáceres, pero las autoridades de la base negaron su detención. El caso fue denunciado al fiscal provincial de San Martín el 4 de mayo.
4. "Desapariciones" en la provincia de San Martín
4.1 Marcos Abel BARDALES VIENA, de 18 años, estudiante
Según informes, el 2 de junio de 1992, Marcos Abel Bardales Viena, estudiante del Instituto Superior Tecnológico, fue detenido por miembros de las fuerzas armadas en la Plaza de Armas, la plaza provincial, del distrito de Banda de Shilcayo, provincia de San Martín. Según informes, en el momento de su detención no lleva ningún documento de identificación personal y fue llevado a la base Mariscal Cáceres, donde las autoridades negaron su detención. El caso fue denunciado al fiscal provincial de San Martín el 4 de junio.
4.2 Manuel VÁSQUEZ PIZANGO, de 26 años, obrero
Según informes, Manuel Vásquez Pizango fue detenido por miembros de las fuerzas armadas el 31 de mayo de 1992 por la noche cerca del Mercado Central de la ciudad de Tarapoto, provincia de San Martín. Al parecer, fue llevado a la base Mariscal Cáceres, donde las autoridades negaron posteriormente su detención. Su caso fue denunciado al fiscal provincial de San Martín el 2 de junio.
4.3 Rafael GRANDEZ SAAVEDRA, de 28 años, campesino
Rafael Grandez Saavedra fue, según informes, detenido por miembros de las fuerzas armadas el 30 de mayo de 1992 por la mañana en la chacra de su familia, en San Martín de Cumbaza, cerca de Tarapoto. Según testigos, fue llevado a la base Mariscal Cáceres. No obstante, cuando su madre se dirigió a la base para preguntar sobre su paradero, las autoridades negaron su detención. El caso fue denunciado al fiscal provincial de San Martín el 1 y el 11 de junio, y al Ministro de Defensa. Se presentó también una petición
de hábeas corpus.
4.4 Mauricio JAVA GARCÍA, de 19 años, carpintero y agricultor. Según informes, el 29 de mayo de 1992 por la noche, Mauricio Java García fue detenido por miembros de las fuerzas armadas en su domicilio de Tarapoto. Según una denuncia hecha por su padre, los soldados registraron la casa y robaron varios bienes, y después llevaron a Mauricio a la base Mariscal Cáceres. No obstante, las autoridades militares se han negado a reconocer la detención. Se presentó una denuncia formal ante el fiscal provincial de San Martín el 1 de junio y también al ministerio de Defensa. Asimismo, se presentó una petición de hábeas corpus al juez instructor de San Martín el 23 de junio.
4.5 Ramón CACHIQUE SANGAMA, de 33 años, campesino
El 18 de mayo de 1992 por la noche, Ramón Cachique Sangama fue, según informes, detenido por miembros de las fuerzas armadas en su domicilio de la localidad de Juan Guerra, provincia de San Martín. A mediados de agosto aún se desconocía su paradero. Se denunció el caso ante el fiscal provincial de San Martín el 19 de mayo.
4.6 Rudy PISCO SABOYA, de 17 años, campesino
Según informes, Rudy Pisco Saboya fue detenido por soldados de la base Mariscal Cáceres el 16 de mayo de 1992 por la mañana cerca del centro de salud de Morales. Según los informes, fue llevado a la base militar, donde las autoridades negaron posteriormente su detención. El caso se denunció al fiscal provincial de San Martín el 21 de mayo.
4.7 Alfonso DEL AGUILA LÓPEZ, de 26 años, obrero
Alfonso del Aguila López fue, según informes, detenido el 29 de abril de 1992 en la localidad de Tarapoto por miembros de las fuerzas armadas. Parece ser que se encuentra recluido en la base Mariscal Cáceres, aunque las autoridades han negado su detención.
4.8 Segundo Nerio ARÉVALO GRANDE, de 20 años, obrero
Según informes, a primera hora de la mañana del 28 de abril de 1992, Segundo Nerio Arévalo Grande fue detenido por unos soldados de la base Mariscal Cáceres, los cuales sacaron de su domicilio, en el distrito de Morales, y le llevaron a la base. No obstante, su detención fue negada por las autoridades. El 30 de abril, el caso fue denunciado al fiscal provincial de San Martín.
4.9 Arturo DEL AGUILA TUESTA, de 22 años, comerciante
Según informes, el 19 de abril de 1992, a primera hora de la mañana, Arturo del Aguila Tuesta fue detenido junto con el
estudiante Adolfo Vergara Fasanando por miembros de las fuerzas armadas, que los llevaron a la base Mariscal Cáceres. Según informes, regresaban a casa después de una reunión familiar en la ciudad de El Fonavi. En agosto, una organización de derechos humanos informó que Adolfo Vergara se hallaba a la espera de juicio, pero que no se tenían noticias de Arturo del Aguila.
El caso de Arturo del Aguila fue denunciado al fiscal provincial de San Martín el 24 de abril.
4.10 Julio Ángel LUNA-VICTORIA HUAMÁN, de 37 años, campesino Efraín DEL CARMEN ODAR PEÑA, de 23 años, campesino
Según informes, Julio Ángel Luna-Victoria Huamán y Efraín del Carmen Odar Peña fueron detenidos al mismo tiempo en abril de 1992 por miembros de las fuerzas armadas. Según informes, fueron detenidos en Tarapoto cuando se dirigían a Bagua Chica. Parece ser que los dos se encuentran en la base de Mariscal Cáceres, aunque las autoridades negaron las detenciones. Se presentó una denuncia formal en su favor al fiscal provincial de San Martín el 28 de abril.
5. "Desaparición" en la provincia de Bellavista Jorge RUÍZ SOLSOL, de 18 años, obrero
Según informes, el 6 de junio de 1992, Jorge Ruíz Solsol fue detenido por la Policía Nacional del Perú, que posteriormente le entregó a las fuerzas armadas en la localidad de Bellavista, provincia de Bellavista. Según informes, fue llevado a la base Mariscal Cáceres, pero las autoridades de la base negaron tenerlo recluido allí. El caso fue denunciado al fiscal provincial de San Martín el 9 de junio.
6. "Desaparición" en la provincia de Tocache Homero OSTOS LÓPEZ, de 20 años, estudiante
Homero Ostos López fue, según informes, detenido en su domicilio de Uchiza el 21 de abril de 1992 por la mañana por soldados de la base militar de Uchiza, provincia de Tocache. Al parecer, su detención formó parte de una amplia operación que incluyó la detención de 300 personas. Según su madre, cuando fue a la base militar de la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, donde se creía que estaba recluido su hijo, las autoridades militares negaron su detención. No obstante, Homero Ostos había sido detenido junto con su primo y otros amigos que fueron posteriormente puestos en libertad y afirmaron que le habían visto en la base.
El 3 de mayo, el fiscal provincial de Uchiza fue, según informes, a la base de Uchiza, donde le comunicaron de forma extraoficial que Homero Ostos había sido trasladado a la base Mariscal Cáceres el 22 de mayo. No obstante, las autoridades militares de Mariscal Cáceres negaron su detención. Se presentaron denuncias formales al fiscal provincial de San Martín el 22 de junio y al ministerio de Defensa. También el 22 de junio, se presentó
una petición de hábeas corpus al juez instructor de San Martín.
7. Torturas y malos tratos
7.1 Rolyn CACHIQUE AMASIFUEN, 17 años, campesino
Según informes, el 4 de junio de 1992, Rolyn Cachique Amasifuen fue detenido por miembros del Servicio de Inteligencia de la base Mariscal Cáceres. Según los informes, la detención se produjo en una aparcamiento en Tarapoto.
Inicialmente, cuando su madre y su hermana fueron a la base Mariscal Cáceres, las autoridades negaron la detención y se le consideró "desaparecido". Según los informes, uno de los soldados que vigilaba la celda, se compadeció de Rolyn Cachique y accedió a entregar una carta del detenido a la hermana de éste. Su hermana llevó después la carta al fiscal provincial de San Martín, que se dirigió en persona al cuartel. A pesar de la prueba presentada por el fiscal, el jefe de la oficina de derechos humanos del comando político-militar de San Martín, un capitán conocido por el seudónimo de 'Coco', negó la detención de Rolyn Cachique. No obstante, 10 días después, el detenido apareció en el Hospital de Tarapoto. Según las declaraciones efectuadas por los médicos a la prensa, Rolyn Cachique fue llevado al hospital por soldados que afirmaron que era "un terrorista que había caído en un enfrentamiento". Su detención secreta en el cuartel militar duró un total de 50 días, y durante ese tiempo fue, según informes, sometido a torturas.
7.2 Marcos GONZÁLES TUANAMA, de 24 años
Según informes, el 29 de abril de 1992 Marcos Gonzáles Tuanama fue detenido por una patrulla militar que le llevó al cuartel Mariscal Cáceres. Durante su interrogatorio fue, según informes, sometido a torturas. Fue puesto en libertad después de un mes de detención. Posteriormente, en unas declaraciones a la prensa, Marcos Gonzáles afirmó:
"Fui colgado, me pusieron electricidad por todas partes del cuerpo y me golpearon sin compasión".
7.3 Froily MORI VELA, de 14 años, escolar
La noche del 7 de junio de 1992, Froily Mori Vela encontraba en el domicilio paterno en la aldea de La Unión, distrito de Nueva Lima, provincia de Bellavista, en el departamento de San Martín. Según informes, un grupo de seis soldados del cuartel de Bellavista, encabezado por un teniente, entró y registró el domicilio de los Mori Vela. Una vez finalizado el registro, ordenaron a Froily Mori que los acompañara aduciendo que tenían que hablarle. Cuando ella y sus padres se opusieron, les amenazaron a punta de pistola. Según se informó, Froily Mori fue entonces obligada a salir al jardín. Según los informes, en su declaración jurada, Froily Mori afirmó lo siguiente: "Me llevaron a la parte posterior de la huerta de la casa, donde uno tras otro me violaron, empezando por el teniente. Los siete abusaron de mí".
Según los informes, en un certificado médico emitido el 10 de junio de 1992 por la Unidad Técnica de Salud de Bellavista, el médico forense que la reconoció diagnosticó que Froily Mori presentaba señales físicas que confirmaban sus aseveraciones. 7.4 Olivia PÉREZ FERNÁNDEZ, de 15 años
Olivia Pérez Fernández estaba embarazada de siete meses cuando fue golpeada por unos soldados de la base Mariscal Cáceres. Según informes, el 28 de abril fue asaltado el domicilio de su compañero, Ennegardo Púa Vela, en el barrio de Mayco, Tarapoto. Según informes, durante el asalto los soldados apuntaron a Olivia Pérez con una arma y la golpearon. Al parecer, a su compañero también lo golpearon en su presencia antes de llevárselo. A mediados de Agosto, Amnistía Internacional no tenía noticias sobre su posible paradero.
Ese mismo día por la tarde, Olivia Pérez sufrió una hemorragia y fue hospitalizada en el Hospital de Apoyo de Tarapoto. Al día siguiente le dieron el alta. Cuatro días después, el 3 de mayo, perdía a su hijo. Según informes, un médico del Hospital de Tarapoto redactó un certificado en el que afirmaba que el bebé aún no nacido había muerto.
El 12 de mayo de 1992, en una declaración escrita presentada al jefe del comando político-militar del Frente Huallaga, el padre de Olivia Pérez denunció el trato recibido por su hija a manos de los soldados y afirmó que había perdido el bebé "como producto de los golpes recibidos y del impacto emocional que le produjo la captura de su conviviente".
INFORMACIÓN GENERAL
Violaciones de derechos humanos durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori
Cuando el presidente Fujimori tomó posesión el 28 de julio de 1990, heredó un legado de graves violaciones de derechos humanos que se remontaban a enero de 1983, entre ellas millares de casos de "desaparición", ejecución extrajudicial y tortura. A pesar de las promesas del gobierno de respetar los derechos humanos, han continuado recibiéndose informes de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. La mayoría de las víctimas son miembros de comunidades campesinas, elegidas, al parecer, porque viven en zonas en la que actúan los miembros de los grupos alzados en armas. Durante los dos primeros años del presente gobierno, Amnistía Internacional recibió información sobre 566 "desapariciones" de personas, tras ser detenidas por las fuerzas de seguridad, aunque la cifra real es probablemente mucho más elevada. Al final de este periodo seguía sin conocerse la suerte que habían corrido 426 de estas víctimas, 55 habían sido halladas muertas, cuatro se encontraban a la espera de juicio y 81 habían sido puestas en libertad. En el mismo periodo, Amnistía Internacional ha documentado 151 ejecuciones extrajudiciales. Según la información de que dispone la organización, en la gran mayoría de los casos no se ha iniciado investigación alguna. Amnistía Internacional tampoco sabe de ningún caso en el que los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos hayan sido declarados culpables bajo el gobierno actual.
En noviembre de 1991, Amnistía Internacional publicó un extenso informe titulado: Perú: Derechos humanos en un clima de terror, Índice AI: AMR 46/56/91/s, en el que la organización hacía recomendaciones específicas al gobierno. No obstante, la gran mayoría de estas recomendaciones no se han cumplido.
El 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori dirigió un discurso sorpresa a la nación en el que anunciaba la inmediata disolución del Congreso y afirmaba que el país iba a ser dirigido por un gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional de Transición. Si desean más información sobre la disolución del Congreso y sus implicaciones respecto a los derechos humanos, consulten: Perú: los derechos humanos durante el gobierno del presidente Fujimori, Índice AI: AMR 46/18/92/s, de mayo de 1992.
Grupos alzados en armas
La violaciones de derechos humanos se producen en el contexto de las operaciones gubernamentales de contrainsurgencia dirigidas contra los grupos alzados en armas Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA.
El Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso - PCP), sigue activo en gran parte del país. Sus fuerzas no reconocen tener ningún prisionero, y siguen asesinando regularmente a sus cautivos mediante homicidios sumarios, al estilo de ejecuciones, a veces tras torturarlos y someterlos a simulacros de juicio. Miles de sus víctimas han sido civiles indefensos que no estaban implicados en el conflicto interno. Entre las víctimas hay miembros de partidos políticos legalmente reconocidos, agrónomos, ingenieros que trabajan para el gobierno o en proyectos con financiación extranjera, y miembros de las comunidades campesinas, las cooperativas y las organizaciones obreras que se negaron a apoyarles. También han matado a los soldados o policías a los que han capturado, que se han rendido o que han resultado heridos y han quedado incapacitados.
También se han incrementado las actividades violentas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupo más pequeño que ha actuado en Lima y en varias zonas de las laderas orientales de los Andes, en especial en el departamento de San Martín. Al parecer, ha colocado varios artefactos explosivos en lugares públicos y ha llevado a cabo asesinatos selectivos.
Amnistía Internacional es plenamente consciente del contexto en que tienen lugar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La organización trabaja dentro del marco del derecho internacional, ya que éste se refiere a las obligaciones de todos los gobiernos respecto a los derechos humanos y a los principios derivados del derecho humanitario que deben ser respetados por todas las partes implicadas en un conflicto armado interno. Amnistía Internacional condena los abusos de los grupos alzados en armas responsables de la tortura y del homicidio arbitrario de civiles no implicados en el conflicto y de miembros de las fuerzas de seguridad que han quedado fuera de combate.
