EN OCASIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE LA TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Centro Judicial de Utuado 16 de marzo de 2011
Buenas tardes.
Hoy es un día muy especial para quienes componemos la Rama Judicial de Puerto Rico y estoy seguro de que también lo es para todas y todos
ustedes, nuestros invitados especiales. Les
agradezco mucho su presencia en esta inauguración de nuestra Tercera Sala Especializada en Casos de Violencia Doméstica, en esta ocasión, en la Región Judicial de Utuado.
Aunque me uno al Saludo Protocolar, quisiera reconocer la presencia de mis compañeros jueces del Tribunal Supremo, el Hon. Rafael Martínez Torres, la Hon. Mildred Pabón Charneco, el Hon. Erick Kolthoff Caraballo y el Hon. Edgardo Rivera García que me acompañan en el día de hoy. Igualmente, agradezco la presencia de la Primera Dama del País, la Lcda. Lucé Vela y de los miembros del gabinete del señor Gobernador. Agradezco, además, la presencia de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Hon. Jennifer González Colón, así como de los señores y señoras Representantes y Senadores que nos acompañan. De igual forma destaco la presencia de la Lcda. Wanda Vázquez
Garced, Procuradora de las Mujeres, y con ello le extiendo las más cordiales felicitaciones por su reciente nombramiento.
Finalmente, a título personal, extiendo un saludo muy especial y agradezco la presencia en sala de mi esposa, la licenciada Isabel Picó Vidal, quien en el pasado presidió la Comisión de la Mujer.
Para este servidor es motivo de júbilo estar compartiendo con ustedes la enorme satisfacción de presentarles la más reciente respuesta institucional de la Rama Judicial de Puerto Rico al grave y complejo problema de la violencia doméstica.
I.
Como es de conocimiento general, la Rama Judicial determinó, y muy temprano en nuestra administración lo impusimos como norte y meta, que, en cuanto a los males sociales que enfrentamos
como pueblo y que llegan ante nuestra
consideración para resolución, no asumiríamos un rol pasivo. Ante el reto que ello nos presentaba, entendimos que era nuestro deber adoptar un enfoque humanista en el desempeño de nuestras funciones y establecer programas que hicieran una diferencia, un cambio social.
II.
Con ese norte en mente, comenzamos a desarrollar una serie de esfuerzos, entre los que se destacó la creación de una Comisión Especial para identificar manifestaciones de discrimen por razón de género en la Rama Judicial. El resultado de los trabajos de dicha Comisión fue plasmado en el informe titulado “El Discrimen por Razón de Género en los Tribunales de Puerto Rico”, divulgado en 1995.
Este informe nos alertó sobre los alcances del problema y las dificultades y resistencia del sistema para manejar los casos de violencia doméstica. Medidas concretas y efectivas para atender los
hallazgos del Informe surgieron más adelante como parte de las recomendaciones del Comité Asesor Permanente de Igualdad y Género, nombrado por el Tribunal Supremo en 1997.
Como resultado de dicho Informe, establecimos
como misión desarrollar, implantar y dar
continuidad a un conjunto de medidas, las cuales constituyen la respuesta institucional de la Rama Judicial a la violencia doméstica y asuntos relacionados.
Entre otras cosas, para atender los problemas identificados en este Informe, a partir de nuestra llegada a la presidencia del Tribunal Supremo comenzamos a concretar el trabajo, y con el apoyo
de la Oficina de las Procuradoras de las Mujeres, creamos un sistema de órdenes de protección automatizadas, actualmente implantado en las Regiones Judiciales de San Juan y Bayamón. Este sistema, que representa un mecanismo de avanzada, mecaniza los procesos que antes se llevaban a cabo de forma manual y agiliza la búsqueda del historial de órdenes de protección ya expedidas. Pláceme
informarle que junto con el proyecto
especializado que inauguramos hoy, Utuado se convierte en la tercera Región Judicial en recibir esta herramienta.
Otro componente de los esfuerzos concretos para erradicar la violencia doméstica que emergen desde
la Rama Judicial son la variedad de adiestramientos especializados dirigidos a jueces y juezas, a través de la Academia Judicial, combinado con intensos cursos en las escuelas judiciales en Estados Unidos.
Asimismo, y como paralelo, se ofrecen
adiestramientos a los funcionarios y las funcionarias de la Rama Judicial por medio de la Oficina de Capacitación y Desarrollo. Esta iniciativa pretende afinar y promover la sensibilidad, el trato adecuado y respetuoso hacia la población que acude a nuestros tribunales y las destrezas de manejo de casos.
De otra parte, el Manual de Estrado para el Manejo de Órdenes de Protección en Casos de
Violencia Doméstica, cuya primera copia impresa fue
entregada al Gobernador de Puerto Rico
precisamente el pasado año en la inauguración de la Sala de Bayamón, es otra acción concreta de la Rama Judicial para atender este terrible mal social que llamamos violencia doméstica. El propósito de este Manual --el cual recibió una Mención Honorífica en el Certamen “Obra Jurídica del Año” que auspicia el Colegio de Abogados de Puerto Rico-- es proveerles a los jueces y a las juezas de un instrumento de trabajo que contribuya a mejorar su desempeño y a garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las partes involucradas en los casos de violencia doméstica. Para la consecución de estos objetivos, el
Manual presenta, de forma integrada y sistematizada, diversos aspectos sustantivos y procesales de la legislación especial que regula la expedición de órdenes de protección, y de otros remedios en casos de violencia doméstica.
Por otro lado, y como parte de estas iniciativas de capacitación, se destaca también el desarrollo continuo de materiales educativos para ampliar el acceso de las partes al sistema judicial mediante la orientación a la ciudadanía sobre la Ley Núm. 54. Ejemplo de ello es la producción de un vídeo de orientación que ilustra en su totalidad el proceso para solicitar una Orden de Protección, remedio civil que se ofrece al amparo de la Ley Núm. 54.
Esta herramienta educativa, realizada con todo el talento de la propia Rama, además de exhibirse en las Regiones Judiciales y de manera patente e inmediata en el portal de la Rama Judicial, se ha compartido con dependencias de la Rama Ejecutiva y Legislativa, así como con organizaciones de base comunitaria. Al día de hoy más de 500 copias de este extraordinario mecanismo educativo han sido distribuidas en el País.
Por último, estas iniciativas, que como ya les he dicho componen el bloque de acciones de la Rama Judicial como respuesta a la violencia doméstica, se
complementan con la inauguración en esta Región Judicial de la Tercera Sala Especializada
en Casos de Violencia Doméstica. Con ello, y con
marcado propósito preventivo y educativo,
promovemos la ampliación de servicios
especializados para beneficio de los residentes de Utuado y los pueblos aledaños.
Utuado recibe, pues, un modelo de sala especializada que fue reconocido con el Premio
Innovare Internacional Edición 2010, concedido
por la Cumbre Judicial Iberoamericana. Este premio tiene como propósito identificar y reconocer los proyectos y las actividades más innovadoras, creativas y con resultados comprobados, creados por los Poderes Judiciales que integran la Cumbre, más de 22 países de Latinoamérica, el Caribe y España.
Nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento que valida las Salas Especializadas como un programa de avanzada, y que ahora habrá de servir como modelo para el desarrollo de programas similares en otras jurisdicciones de Iberoamérica.
El mencionado reconocimiento se une a la reciente aprobación por parte de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico de la Ley Núm. 30 de 8 de
marzo de 2011. De esta manera se reconoce, por disposición de ley, la iniciativa ya tomada por la Rama Judicial de establecer Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica en todas las regiones judiciales.
Aprovechamos la presencia en sala de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Hon. Jennifer González Colón, para agradecerle el reconocimiento que, a través de esta legislación, se le hace al trabajo realizado en la Rama Judicial para atender este terrible mal que afecta nuestra sociedad. Nos corresponde, ahora, trabajar juntos en la identificación de los fondos necesarios para el cumplimiento inmediato de la referida disposición legal. Estamos seguros que su ayuda será fundamental para el logro de las metas trazadas.
III.
Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y por qué Utuado, ahora? Hace aproximadamente cuatro años,
y luego de un riguroso proceso de estudio, evaluación y recomendación, la Rama Judicial hizo historia al llevar este proyecto a la Región Judicial de San Juan.
Para ese comienzo, ante todo, por ser uno
innovador y complejo, con repercusiones
significativas para la ciudadanía, se llevó a cabo una revisión amplia y profunda de la literatura disponible en el tema de Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica. Igualmente, se efectuó una búsqueda, dentro y fuera de Puerto Rico, de personas con el peritaje necesario para impulsar este proyecto.
En virtud de ello, en el 2005, la Rama Judicial contrató a la Lcda. Emily Sack quien era, en aquel entonces, responsable del desarrollo de las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica en el Estado de Nueva York. La historia ya la conocen, la licenciada Sack evaluó el modelo establecido por el Estado de Nueva York a la luz de la realidad e idiosincrasia de Puerto Rico. Las recomendaciones de esta distinguida profesional fueron adoptadas por la Rama Judicial para el diseño e implantación del Programa de Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, pero impregnándolas de respuestas a nuestras propias necesidades y a nuestra personalidad como pueblo.
Los estudios iniciales reconocieron que el establecimiento de una iniciativa como esta no tenía que estar necesariamente atado a unos indicadores estadísticos. Por ello, luego de trabajar con las dos regiones judiciales de mayor carga de casos ubicadas en zonas metropolitanas, el dotar a la Región Montañosa de nuestro País con una Sala Especializada en casos de Violencia Doméstica era nuestro deber y nuestra responsabilidad. Es sin duda, convertir en realidad los esfuerzos para lograr mayor acceso a la justicia.
El concretar este proyecto nos permite ser responsivos a las necesidades particulares de esta Región Judicial; llegar a una ciudadanía en plan
educativo y preventivo de modo que sus componentes puedan reconocer las características de este mal social; que estos sepan que hay mecanismos seguros para denunciarlo, o en el mejor de los casos, que desde temprano, los ciudadanos que componen esta Región Judicial sean conscientes de que conductas como esta son intolerables en sociedades respetuosa de la dignidad de sus ciudadanos y libres de tratos desiguales por razón de género o de relaciones de poder. La Región
Judicial de Utuado servirá, a manera de barómetro en la cordillera central, incluso para evaluar desde una perspectiva sociológica este
fenómeno social al que llamamos violencia doméstica.
El modelo para esta Región Judicial cuenta con jueces y juezas municipales y superiores adiestrados y capacitados sobre este tema, salas de espera separadas para personas víctimas y personas agresoras, salón infantil, seguridad especializada, salas de vistas exclusivas para atender estos casos y, lo que consideramos sumamente indispensable para el éxito de este proyecto, toda una diversidad de oficinas de servicios para las víctimas de violencia doméstica que constituyen la gran aportación interagencial.
Ahora bien, como todos conocemos, este modelo y este esfuerzo de expansión conlleva la ponderación de múltiples factores que resultan indispensables para la implantación exitosa del Programa.
Más allá de la habilitación de espacios físicos y de la asignación de personal judicial requerido, el funcionamiento de las Salas Especializadas depende en buena medida del compromiso y la diligencia desplegada por diversas agencias gubernamentales y otras entidades que proveen servicios a la ciudadanía, tales como, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, las entidades de base comunitaria, entre otras.
Por lo tanto, resulta imperativo evaluar la disponibilidad de estos recursos y servicios que forman parte de las Salas Especializadas al momento de hacer determinaciones y establecer prioridades en cuanto a la expansión de éstas a las Regiones Judiciales.
En lo que a este último aspecto se refiere, vaya mi agradecimiento, por el decidido respaldo e interés en esta iniciativa, a la Policía de Puerto Rico y al señor Superintendente, por asignarnos a un agente enlace especializado; a Servicios Legales de Puerto Rico, por destacar a un representante legal; al Hogar Ruth, por nuevamente proveernos los servicios de una intercesora y una representante legal; a la
Administración para el Sustento de Menores, por asignar a una especialista de pensiones alimentarias para el Programa, y al Departamento de Justicia, por asignar una fiscal especializada para este proyecto. Sobra decir que el esfuerzo colaborativo del equipo multidisciplinario de las agencias y entidades que componen este Programa constituye su esencia misma y los cimientos de su éxito.
Esfuerzos como estos no terminan aquí. Conforme a nuestra Orden Administrativa, OAJP-2010-128 del 6 de abril de 2010, iniciativas como estas son parte de un Plan Amplio de Expansión de este Programa que, con el respaldo de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, esperamos que en los
próximos años también impacte a las demás Regiones Judiciales.
IV.
Ciertamente, con esta propuesta institucional que hoy le presentamos al País, continuamos ajustando nuestros procedimientos judiciales para responder con dinamismo y creatividad a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Esta vez, la respuesta va dirigida a enfrentar un mal social que cada día nos sorprende con un nuevo episodio y que, tristemente, tiene como marco la familia.
De esta forma, rendimos cuentas de nuestra obligación de impartir justicia con firmeza, agilidad y sensibilidad, atendiendo los problemas de las
víctimas, a la vez que garantizamos los derechos a las personas que incurren en la violencia doméstica.
En ese sentido, aprovecho esta oportunidad para agradecer y reafirmar mi plena confianza en los miembros de la judicatura puertorriqueña que, día a día, desde sus estrados, atienden con firmeza, agilidad y sensibilidad, pero sobre todo con un gran sentido de responsabilidad, las tareas que tienen a bien desempeñar en este tipo de Sala. A ellos, así como a todos los jueces y juezas que componen la Rama Judicial, nuestro agradecimiento por un trabajo bien hecho.
Antes de concluir, es imperativo reconocer el compromiso de tantas personas que nunca pierden el ánimo ni el norte hacia la consecución de la verdadera justicia. El trabajo de estas personas ha sido clave y sin su ayuda no estaríamos aquí compartiendo con ustedes estos grandes logros.
En primer lugar, agradecemos a la licenciada Carmen Sanfeliz Ramos y al personal de la Directoría de Programas Judiciales, en particular a
la licenciada Yirianis Figuerola Goyanes,
Coordinadora del Programa de Violencia Doméstica de la Directoría.
Gracias también a la Jueza Administradora de esta Región Judicial, Hon. Lissette Vélez Morales,
quien desde el primer día hizo suyo este proyecto impartiéndole un alto nivel de compromiso, y a todo su personal por el magnífico esfuerzo; y al grupo de jueces y juezas de esta Región Judicial que tendrán la responsabilidad de poner en vigor esta nueva y valiosa herramienta para hacer justicia.
Agradezco también a todo el personal de la OAT, a su Directora, la Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, quienes trabajaron en este proyecto con el esmero que les caracteriza.
Por último, vaya nuestro agradecimiento a todos los funcionarios de la Rama Ejecutiva y Legislativa que han colaborado con nosotros en este y tantos otros proyectos, al igual que las entidades públicas y
privadas que también se han integrado a nuestros esfuerzos.
VI.
Esta visión innovadora y firme que he intentado recoger en las iniciativas que he compartido hoy con ustedes, de seguro continuará con la unión de voluntades de las otras ramas de gobierno y de los diversos grupos de la sociedad civil, cuya valiosa presencia aquí hoy demuestra que promover una cultura de paz es una responsabilidad de todas y todos.
