tanto en decisiones judiciales como administrativas y no puede ser desconocido pese a la relación de especial sujeción de los reclusos.

Texto completo

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“Para el presente caso, la Sala evidencia que el señor

encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y

Seguridad de Popayán y le fue impuesta una sanción disciplinaria consistente en la

suspensión de 10 visitas (Fls 13 a 22). En el proceso disciplinario al tutelante se le

escuchó en diligencia de descargos donde se puede constat

“(…) pongo como testigos a mis trece compañeros que se encontraban en la UTE calabozo. (…)” (fl. 4)

Pese a esta petición de pruebas, el Director del Establecimiento Penitenciario y

Carcelario continuó el trámite del proceso disci

pruebas de la falta las declaraciones del personal de Custodia y Vigilancia, sin decretar

las pruebas solicitadas por el interno, arguyendo que este no había suministrado los

nombres y apellidos de quienes pretendía fuera

impertinente. (fl. 17) Ante esta situación se evidencia que la autoridad investigadora

está revestida de competencias que le permiten esclarecer los hechos que originaron la

apertura del proceso disciplinario, en des

proceso, debiendo decretar las pruebas solicitadas por el presunto infractor y las que se

estimen necesarias a efectos de establecer la comisión de la conducta disciplinable. Por

ello la Sala comparte la posición d

fundamental al debido proceso del accionante, pues considera sus condiciones

particulares que no le permiten ejercer una defensa profesional y verifica que en la

diligencia de descargos el disciplinado efe

compañeros de celda que presenciaron los hechos materia de la investigación. Por

tanto, ello es suficiente para entender que hay una solicitud de una prueba testimonial

que no exige otro formalismo más en el caso

carcelaria cuenta con los datos suficientes para saber a qué personas hace referencia el

recluso, pudiendo escuchar su versión en aras de tramitar un proceso disciplinario

imparcial. La autoridad carcelaria no puede de

deben obedecer a un proceso disciplinario que garantice la efectividad de los derechos

fundamentales como el debido proceso, pues como bien se dijo este derecho se aplica

tanto en decisiones judiciales como administr

la relación de especial sujeción de los reclusos”.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, veinticinco (25 Magistrado Ponente: Expediente: Demandante: Demandada: Acción:

“Para el presente caso, la Sala evidencia que el señor EDIMER MINA BEJARANO

encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana

Seguridad de Popayán y le fue impuesta una sanción disciplinaria consistente en la

suspensión de 10 visitas (Fls 13 a 22). En el proceso disciplinario al tutelante se le

escuchó en diligencia de descargos donde se puede constat

“(…) pongo como testigos a mis trece compañeros que se encontraban en la UTE calabozo. (…)”

Pese a esta petición de pruebas, el Director del Establecimiento Penitenciario y

Carcelario continuó el trámite del proceso disciplinario, teniendo únicamente como

pruebas de la falta las declaraciones del personal de Custodia y Vigilancia, sin decretar

las pruebas solicitadas por el interno, arguyendo que este no había suministrado los

nombres y apellidos de quienes pretendía fueran escuchados como testigos, siendo ello

impertinente. (fl. 17) Ante esta situación se evidencia que la autoridad investigadora

está revestida de competencias que le permiten esclarecer los hechos que originaron la

apertura del proceso disciplinario, en desarrollo del derecho fundamental al debido

proceso, debiendo decretar las pruebas solicitadas por el presunto infractor y las que se

estimen necesarias a efectos de establecer la comisión de la conducta disciplinable. Por

ello la Sala comparte la posición del Juzgado, que establece la violación del derecho

fundamental al debido proceso del accionante, pues considera sus condiciones

particulares que no le permiten ejercer una defensa profesional y verifica que en la

diligencia de descargos el disciplinado efectivamente pidió que se citara a 13 de sus

compañeros de celda que presenciaron los hechos materia de la investigación. Por

tanto, ello es suficiente para entender que hay una solicitud de una prueba testimonial

que no exige otro formalismo más en el caso bajo estudio, puesto que la autoridad

carcelaria cuenta con los datos suficientes para saber a qué personas hace referencia el

recluso, pudiendo escuchar su versión en aras de tramitar un proceso disciplinario

imparcial. La autoridad carcelaria no puede desconocer que las medidas sancionatorias

deben obedecer a un proceso disciplinario que garantice la efectividad de los derechos

fundamentales como el debido proceso, pues como bien se dijo este derecho se aplica

tanto en decisiones judiciales como administrativas y no puede ser desconocido pese a

la relación de especial sujeción de los reclusos”.

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, veinticinco (25) de julio de dos mil once (2

Ponente: CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO 2011- 00279 - 01

EDIMER MINA BEJARANO

INSTITUTO NACIONAL P

CARCELARIO - INPEC

TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA

EDIMER MINA BEJARANO se

Carcelario de Alta y Mediana

Seguridad de Popayán y le fue impuesta una sanción disciplinaria consistente en la

suspensión de 10 visitas (Fls 13 a 22). En el proceso disciplinario al tutelante se le

escuchó en diligencia de descargos donde se puede constatar que el mismo solicitó:

“(…) pongo como testigos a mis trece compañeros que se encontraban en la UTE calabozo. (…)”

Pese a esta petición de pruebas, el Director del Establecimiento Penitenciario y

plinario, teniendo únicamente como

pruebas de la falta las declaraciones del personal de Custodia y Vigilancia, sin decretar

las pruebas solicitadas por el interno, arguyendo que este no había suministrado los

n escuchados como testigos, siendo ello

impertinente. (fl. 17) Ante esta situación se evidencia que la autoridad investigadora

está revestida de competencias que le permiten esclarecer los hechos que originaron la

arrollo del derecho fundamental al debido

proceso, debiendo decretar las pruebas solicitadas por el presunto infractor y las que se

estimen necesarias a efectos de establecer la comisión de la conducta disciplinable. Por

el Juzgado, que establece la violación del derecho

fundamental al debido proceso del accionante, pues considera sus condiciones

particulares que no le permiten ejercer una defensa profesional y verifica que en la

ctivamente pidió que se citara a 13 de sus

compañeros de celda que presenciaron los hechos materia de la investigación. Por

tanto, ello es suficiente para entender que hay una solicitud de una prueba testimonial

bajo estudio, puesto que la autoridad

carcelaria cuenta con los datos suficientes para saber a qué personas hace referencia el

recluso, pudiendo escuchar su versión en aras de tramitar un proceso disciplinario

sconocer que las medidas sancionatorias

deben obedecer a un proceso disciplinario que garantice la efectividad de los derechos

fundamentales como el debido proceso, pues como bien se dijo este derecho se aplica

ativas y no puede ser desconocido pese a

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA 011)

CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO

TITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

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Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, el señor RICARDO HERNÁN MUÑOZ NAVARRO en contra del fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán de fecha 9 de junio de 2011.

I. ANTECEDENTES 1. EL ESCRITO DE TUTELA (Fls 1 a 11)

El señor EDIMER MINA BEJARANO, interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán interpone acción de tutela en nombre propio, contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, por la presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso dentro de la investigación disciplinaria que se adelantó en su contra, con base en el informe presentado por el dragoneante YANDAR GARCÍA DANIEL. En consecuencia, solicita que se nulite todo lo actuado en el procedimiento disciplinario 394 – II y se inicie nuevamente con todas las garantías legales y procedimentales, que no se tuvieron al principio del proceso disciplinario teniendo en cuenta las Resoluciones 051 y 016 de 2011.

En síntesis, se exponen los siguientes hechos:

De acuerdo con el informe que presentó el dragoneante YANDAR GARCÍA DANIEL de la compañía Santander, se inició en contra del tutelante, una investigación disciplinaria por hechos ocurridos el día 25 de abril de 2011.

En la etapa de descargos, el accionante expuso que no había amenazado a nadie e informó que había sido víctima del hurto de 17 tarjetas prepago de comunicaciones en la fecha en que el dragoneante YANDAR inspeccionó su celda, situación que fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial, a través de la radicación de la denuncia penal en contra del mencionado dragoneante; además en esta diligencia, el recluso solicitó que se llamara a testificar a (13) trece compañeros del pasillo que presenciaron los hechos antes descritos.

En el transcurso del proceso disciplinario, el Director del Establecimiento Carcelario, ordenó citar a cinco (5) integrantes del cuerpo de vigilancia para que declararan y así precisar lo ocurrido el día 25 de abril del año en curso.

El accionante manifiesta que solicitó copias auténticas del proceso para poder ejercer su derecho de defensa y sólo le fue entregada la copia de la Resolución No. 051 de fecha 3 de mayo de 2011, donde se resolvió su investigación disciplinaria, la cual no tuvo en cuenta las declaraciones de los trece (13) internos, en razón de que no se había aportado sus nombres y su T.D. El tutelante asegura que esta información reposa en el registro y control que llevan los guardianes de seguridad del patio 10 y la autoridad investigadora sólo consideró improcedente la práctica de esta prueba testimonial.

El actor dice que no tuvo la oportunidad de controvertir los testimonios de los cinco guardianes, como tampoco se le informó de la apertura de la etapa de alegatos de conclusión y sólo se le notificó la Resolución No. 051 de fecha 03 de mayo de 2011, en la cual se resolvió sancionarlo con la suspensión de diez (10) visitas.

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Por lo anterior, el tutelante solicitó se suspendieran los términos de ejecutoria del mencionado fallo hasta tanto se le expidiera la respectiva copia de la Resolución 5817 de 1994, normatividad que regula el proceso disciplinario, para poder ejercer su derecho de defensa, petición que fue denegada mediante la Resolución No. 016 del 6 de mayo de 2011, donde se le informó al recluso por parte del Director, que la ignorancia de la norma no es causal de justificación de una infracción penal.

Por ello, el señor EDIMER MINA BEJARANO expresa que nunca ha recibido inducción alguna sobre la normatividad que rige el Establecimiento Carcelario, como tampoco el proceso disciplinario que se adelanta contra los internos.

2. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE POPAYÁN (Fls. 27 a 30)

En la oportunidad requerida, el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Popayán expuso que la acción de tutela debe ser considerada improcedente, ya que busca dejar sin efecto la Resolución de sanción expedida por el Consejo Disciplinario del Establecimiento y en consecuencia no aplicar las sanciones adoptadas en contra del accionante.

Afirma que de acuerdo con el informe que presentó el dragoneante YANDAR GARCÍA DANIEL, frente a los hechos ocurridos el 25 de abril de 2011 se dio apertura al proceso disciplinario con fecha 27 de abril de 2011, Auto que le fue debidamente notificado al interno; expone que luego el día 4 de marzo del presente año se recibió la diligencia de descargos del accionante en compañía del judicante JIMMY CONDE, como garantía de sus derechos como recluso.

Indica que en tal diligencia el señor YANDAR GARCÍA DANIEL se ratificó en lo dicho en el informe presentado al Director, de igual forma se recibieron las declaraciones de los inspectores y dragoneantes llamados al proceso disciplinario y manifiesta que luego de ello, no se presentó alguna intervención adicional del accionante, lo que significa que perdió su oportunidad de solicitar pruebas y presentar argumentar a su favor.

Acto seguido, el Consejo de Disciplina del Establecimiento Carcelario decidió sancionar al accionante con la suspensión de seis (6) visitas, decisión que fue recurrida y confirmada el 14 de abril de 2011.

Manifiesta el Director del Establecimiento Carcelario que al recluso se le respetó el derecho de defensa, toda vez que estuvo acompañado por un judicante y de las pruebas obrantes en el proceso se evidenció la responsabilidad disciplinaria del interno. Por último y luego de hacer un recuento jurisprudencial sobre la improcedencia de la acción de tutela (Sentencia C-590 de 2005), concluye que los escritos realizados por los internos describen situaciones que no se ajustan a la realidad y tienen como propósito “

hundir al guardián

”; alega que el accionante contó con la oportunidad procesal para solicitar la nulidad de lo actuado al rendir versión libre, por considerar que no se sentía bien representado con el judicante y no puede pretender esta solicitud meses después a través de la acción de tutela.

3. SENTENCIA IMPUGNADA (Fls 51 a 52)

Mediante el fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán de fecha 9 de junio de 2011 se tutelan los derechos del señor EDIMER MINA BEJARANO, por considerar que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario vulnera el debido proceso

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del actor. En consecuencia se deja sin efectos la sanción impuesta al tutelante como culminación del proceso disciplinario seguido en su contra, por los hechos ocurridos el 25 de abril del presente año y se ordena que se rehagan las etapas dentro del mismo de tal forma que se recauden como pruebas a su favor, los testimonios de los 13 internos que se encontraban en la UTE calabozo el día 25 de abril de 2011, fecha en que ocurrieron los hechos. De igual forma se precisa que todas las consecuencias jurídicas y administrativas nacidas con ocasión de la sanción quedan sin efecto, perdiendo su vigencia.

El fallador de primera instancia destaca que toda decisión administrativa debe estar sometida a la forma, contenido y términos establecidos en la ley de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política.

En este mismo sentido, argumenta que la Sentencia T-416 de 2005 precisó que el desconocimiento del derecho al debido proceso, permite ejercer las acciones ordinarias previstas en el Código Contencioso Administrativo, sin embargo cuando aquellas no sean suficientes para conjurar la vulneración, la acción de tutela se considera procedente en defensa del mencionado derecho.

En este mismo sentido, explica que en la Sentencia T-352 de 1996 se consignó que toda actuación administrativa debe sujetarse a las reglas propias del trámite, es decir que cuando la ley determina elementos de la actuación como beneficios del administrado y garantía de sus derechos, la administración viola el debido proceso cuando omite cumplirlos.

Por último y teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el proceso, el Despacho concluye que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario violó el derecho fundamental al debido proceso en el proceso disciplinario adelantado en contra del interno EDIMER MINA BEJARANO al no tener en cuenta los testimonios de los trece (13) compañeros que se encontraban en la UTE calabozo que presenciaron los hechos ocurridos el día 25 de abril de 2011, teniendo en cuenta únicamente las declaraciones de los guardianes del INPEC, ocasionando así un proceso disciplinario imparcial y carente de toda garantía procesal.

4. IMPUGNACIÓN (Fls. 55 a 61)

En la oportunidad respectiva, el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, expuso las razones de inconformidad frente al fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán de fecha 9 de junio de 2011.

Luego de hacer un recuento de las etapas del proceso y las actuaciones que se adelantaron concluyó que al disciplinado EDIMER MINA BEJARANO, se le respetaron y garantizaron todos aquellos derechos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Alega que no llamó a declarar a los internos que el investigado mencionó, por cuanto no se especificaron sus nombres y apellidos, razón por la cual no se tuvieron como medio de prueba y las declaraciones de los cinco (5) funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia se consideraron como suficientes para probar la falta en que incurrió el disciplinado.

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Precisa que la Resolución No. 051 del 3 de mayo de 2011 que sancionó al actor, confirmada por la Resolución No. 016 del 6 de mayo de 2011 reviste la característica de ser un acto administrativo por cuanto fue expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones administrativas, decisión de carácter unilateral que produce efectos jurídicos generales e individuales de conformidad con los intereses, principios o valores de quien ejerce el poder Estatal.

Con fundamento en lo anterior expresa que la acción de tutela no es el medio de defensa de los derechos que alega el actor se le han violado, por el contrario en la jurisdicción contenciosa administrativa existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho regulada en el artículo 85, que dice que cuando toda persona se sienta lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá solicitar que se declare la nulidad del acto y se restablezca el derecho, por lo anterior no es objeto de la acción de tutela invadir las competencias del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC frente a la población reclusa.

Por último y luego de hacer un breve recuento jurisprudencial sobre la tutela contra sentencias judiciales y sus requisitos (Sentencia No. T-162 de 1998 y T-327 de 1994) y conforme a lo expresado en la Sentencia C-394 de 1995, dice que la vida carcelaria tiene características propias a su finalidad, que hace que el interno deba adecuarse a las circunstancias connaturales a la situación de detención y expone que la disciplina “no es un fin en si mismo, sino una vía necesaria para la convivencia humana elevada a los más altos grados de civilización”.

Teniendo en cuenta lo dicho, la parte demandada solicitó revocar la Sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán de fecha 9 de junio de 2011. 5. PRUEBAS OBRANTES EN EL PROCESO

5.1. DEL PROCESO DISCIPLINARIO

• Copia de memorando dirigido al TE CARLOS ARMANDO DAZA BURBANO, suscrito por el DG YANDAR GARCÍA DANIEL, de fecha 25 de abril de 2.011, con fecha de recibido del 25 de abril de 2.011. Fl. 12

• Copia de la Resolución No. 051 de 03-05-2.011, por la cual se resolvió la investigación disciplinaria en contra del accionante, sancionándolo con la suspensión de 10 visitas sucesivas al patio. Fls 13 a 17.

• Copia de la Resolución No. 016 del 06-05-2011, por la cual se resuelve el recurso de reposición dentro de la actuación disciplinaria, proceso No. 394-11 y se confirma la sanción. Fls 18 a 22.

• Copia del Auto de apertura de investigación disciplinaria No. 072, en contra del interno MINA BEJARANO EDIMER, de fecha 27 de abril de 2011. Fl. 32

• Copia de la diligencia de descargos en la investigación disciplinaria, que se adelantó en contra del señor interno EDIMER MINA BEJARANO de fecha 27 de abril de 2.011. Fl. 33

• Copia de la declaración juramentada que rindiera el Inspector ZAMBRANO LUCERO ALFONSO de fecha 27 de abril de 2011. Fl. 34

• Copia de la declaración juramentada que rindió el Dragoneante MUÑOZ URBANO YAMIT, de fecha 29 de abril de 2011. Fl. 35

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• Copia de la declaración juramentada que rindió el Dragoneante GUAYARA LLANOS JOSÉ JAMES, de fecha 29 de abril de 2.011. Fl. 36

• Copia de la declaración juramentada que rindió el Inspector AUSECHA MUÑOZ CRISTOFER, de fecha 02 de mayo de 2011. Fl. 37

• Copia de la declaración juramentada que rindió el Dragoneante IJAJI CHILITO GEOVANNI, de fecha 03 de mayo de 2011. Fl. 38

• Copia del escrito donde el interno EDIMER MINA BEJARANO solicitó el envío de copia de la Resolución 5817 de 1994, Régimen Disciplinario para Internos de fecha 4 de mayo de 2011. Fl. 44 a 45.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. COMPETENCIA

El Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela, en SEGUNDA INSTANCIA, según lo establecido en el Decreto No. 2591 de 1991 y en el Decreto No. 1382 de 1991.

2. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA EN ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS

El debido proceso como derecho fundamental está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, con la característica de regir tanto las actuaciones judiciales como administrativas, por lo que las entidades tanto públicas como privadas deben propender por garantizarlo, cumpliendo y respetando la normatividad aplicable en cada caso concreto.

En todo proceso disciplinario, el debido proceso se concreta en la posibilidad de que el investigado conozca las circunstancias por las cuales se le investiga, la presunta falta y los recursos que le asisten en pro de su defensa, siendo notificado del acto administrativo que lo sanciona.

En materia de derechos fundamentales como el debido proceso, éste no sufre alteración alguna en desmejora del interno por encontrarse recluido en un centro penitenciario, por el contrario, se concreta a través de la observancia y el respeto por parte de las autoridades penitenciaras del régimen disciplinario aplicable, normatividad que busca que la pena impuesta se de en un ambiente de respeto y consideración.

La Corte Constitucional estudió en la Sentencia T-572 de 2005 lo que debe entenderse como respeto al debido proceso dentro de la relación de sujeción

,

que se ejerce en un centro penitenciario, precisando:

“(…) Cabe señalar, por otra parte, que debido a la relación de especial sujeción que se establece entre las personas privadas de la libertad y el Estado -la cual como antes se consignó implica una especial subordinación del recluso frente a las autoridades penitenciarias, al igual que un régimen jurídico especial y controles administrativos agravados- el derecho al debido proceso cobra aún mayor importancia porque termina por convertirse en una salvaguarda esencial de los derechos fundamentales de los internos y en un límite infranqueable de la actividad de la Administración.

Adicionalmente algunas de las garantías que hacen parte del contenido mínimo de este derecho, al tenor de la jurisprudencia constitucional, tienen un valor reforzado. Tal es el caso precisamente la del

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principio de legalidad de las sanciones el cual se deriva del artículo 29 constitucional y está consagrado expresamente por el artículo 117 del Código Penitenciario y Carcelario.

(…) Por otra parte los reclusos como sujetos disciplinables en potencia, debido precisamente al control disciplinario agravado que sobre ellos ejerce el Estado, necesitan saber con exactitud que tipo de conductas están tipificadas como faltas disciplinarias y cuales son las sanciones que acarrea su comisión, porque en caso contrario carecerían de un referente normativo indispensable para el ejercicio de sus derechos, libertades y deberes; máxime cuando algunas de las sanciones previstas en la Ley 65 de 1994 tienen importante incidencia en la duración de la pena de privación de la libertad y en la posibilidad de gozar de ciertos beneficios carcelarios.”

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que aunque existan limitaciones a los derechos del interno dentro de los establecimientos penitenciarios, como la locomoción y los derechos políticos, entre otros, ello no implica que se puedan desconocer derechos fundamentales como el debido proceso.

La legalidad es uno de los aspectos del debido proceso y a su vez se proyecta en una dimensión material y formal, que la jurisprudencia ha explicado así:

“(…) En su dimensión material, relevante para el derecho sancionatorio, este principio exige que las prohibiciones y las sanciones para las conductas que las infringen deban estar especificadas en ley anterior al acto que se imputa. En su dimensión formal, el principio de legalidad demanda que las actuaciones y los procedimientos deban estar reglados y que la administración se ajuste a tales prescripciones. (…)”1

Esa doble dimensión, material y formal, del principio de legalidad como elemento estructural del debido proceso, se plasma claramente en el reglamento disciplinario que debe regular el ejercicio de la potestad sancionatoria en los establecimientos penitenciarios, como se destaca a continuación.

En cuanto al aspecto material del principio de legalidad plasmado en el Código Penitenciario y Carcelario, se observa que el artículo 117 de la Ley 65 de 1993 señala lo siguiente:

“Artículo 117: Las sanciones disciplinarias y los estímulos estarán contenidos en la presente ley y en los reglamentos general e interno. Ningún recluso podrá ser sancionado por una conducta que no esté previamente enunciada en esta ley o en los reglamentos, ni podrá serlo dos veces por el mismo hecho. (…)”

En desarrollo de este postulado el artículo 121 clasifica las faltas en leves y graves y precisa las conductas que se inscriben en una u otra categoría; el artículo 123 establece las sanciones aplicables a las faltas leves y a las faltas graves.

El artículo 134 señala la competencia y los procedimientos a través de los cuales las autoridades penitenciarias deben ejercer su potestad disciplinaria lo que la Corte Constitucional ha sintetizado así:

“a. Competencia. Corresponde al Director del establecimiento recibir el informe de la presunta falta cometida por el interno. El Director lo pasará al subdirector, si lo hubiere o en caso contrario, lo asumirá directamente.

b. Verificación de la falta. El primer acto de instrucción debe ser la verificación de la falta.

c. Audiencia del implicado. El interno acusado debe ser oído en audiencia de descargos, lo que implica que debe ser notificado de la queja a fin de que se pueda adelantar la diligencia de descargos. d. Pruebas. Se practicaran las pruebas pertinentes ya sea que las solicite el presunto infractor, o las ordene el instructor.

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e. Concepto de calificación de la falta. En el término de dos días si se trata de falta leve y de cuatro si es grave, el instructor deberá emitir concepto de calificación de la falta cometida.

f. Decisión. Una vez recibido el concepto de calificación por el Director éste decidirá, el mismo día, si es de su competencia aplicar la sanción por tratarse de falta leve, o convocará al Consejo de Disciplina si la falta reviste el carácter de grave. Asignada la competencia el Director o el Consejo de Disciplina, cuentan con un término de 3 días para proferir la decisión sancionatoria o de archivo, la cual deberá ser notificada al recluso investigado.

g. Recursos. La decisión sancionatoria admite el recurso de reposición, el cual deberá interponerse y sustentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, y se resolverá dentro de los dos siguientes a su instauración.

h. Ejecutoria. La sanción sólo podrá hacerse efectiva una vez el acto administrativo que la impone se encuentre debidamente ejecutoriado.”2

De esta forma queda explicado brevemente el régimen disciplinario al que se encuentran sometidos los reclusos.

3. CASO EN CONCRETO

Para el presente caso, la Sala evidencia que el señor EDIMER MINA BEJARANO se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán y le fue impuesta una sanción disciplinaria consistente en la suspensión de 10 visitas (Fls 13 a 22).

En el proceso disciplinario al tutelante se le escuchó en diligencia de descargos donde se puede constatar que el mismo solicitó: “(…) pongo como testigos a mis trece compañeros que se encontraban en la UTE calabozo. (…)” (fl. 4)

Pese a esta petición de pruebas, el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario continuó el trámite del proceso disciplinario, teniendo únicamente como pruebas de la falta las declaraciones del personal de Custodia y Vigilancia, sin decretar las pruebas solicitadas por el interno, arguyendo que este no había suministrado los nombres y apellidos de quienes pretendía fueran escuchados como testigos, siendo ello impertinente. (fl. 17)

Ante esta situación se evidencia que la autoridad investigadora está revestida de competencias que le permiten esclarecer los hechos que originaron la apertura del proceso disciplinario, en desarrollo del derecho fundamental al debido proceso, debiendo decretar las pruebas solicitadas por el presunto infractor y las que se estimen necesarias a efectos de establecer la comisión de la conducta disciplinable.

Por ello la Sala comparte la posición del Juzgado, que establece la violación del derecho fundamental al debido proceso del accionante, pues considera sus condiciones particulares que no le permiten ejercer una defensa profesional y verifica que en la diligencia de descargos el disciplinado efectivamente pidió que se citara a 13 de sus compañeros de celda que presenciaron los hechos materia de la investigación.

Por tanto, ello es suficiente para entender que hay una solicitud de una prueba testimonial que no exige otro formalismo más en el caso bajo estudio, puesto que la autoridad carcelaria cuenta con los datos suficientes para saber a qué personas hace referencia el recluso, pudiendo escuchar su versión en aras de tramitar un proceso disciplinario imparcial.

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La autoridad carcelaria no puede desconocer que las medidas sancionatorias deben obedecer a un proceso disciplinario que garantice la efectividad de los derechos fundamentales como el debido proceso, pues como bien se dijo este derecho se aplica tanto en decisiones judiciales como administrativas y no puede ser desconocido pese a la relación de especial sujeción de los reclusos.

Ahora, lo que la Sala considera se debe precisar es que el instructor del proceso disciplinario en este caso debe establecer la comisión de la conducta objeto de investigación para lo cual no necesariamente debe escuchar a trece reclusos como testigos, sino que basta con que decrete algunos de los testimonios en la medida que ellos le permitan establecer la veracidad de lo sucedido. Las normas procesales en ningún momento obligan a decretar una cantidad de testimonios, sino que incluso en materia judicial señalan que estos se pueden limitar cuando se consideren suficientemente esclarecidos los hechos materia de la prueba. (inc. 1 art. 219 C.P.C.) Por lo anterior, se confirma la decisión de amparar el derecho fundamental al debido proceso del interno EDIMER MINA BEJARANO y aplicando el precedente de la Corte Constitucional, se establece que la orden del Juez Constitucional es acorde al caso planteado, en el sentido de dejar sin efectos la sanción impuesta ordenando que se rehagan las actuaciones al interior del proceso disciplinario3; no obstante se modificará el numeral segundo del fallo impugnado para precisar que se deben escuchar como testigos a los reclusos que presenciaron los hechos, pudiendo limitar su número cuando se consideren suficientemente esclarecidos los hechos materia de la prueba, pues no es una obligación legal escuchar a todos los testigos solicitados, ya que su importancia no deviene del número de versiones presentadas sino de la coherencia de sus declaraciones.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la Sentencia de fecha 9 de junio de 2011 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, el cual quedará así:

“DEJAR SIN EFECTOS la sanción que le fuera impuesta al señor EDIMER MINA BEJARANO como culminación del proceso disciplinario seguido en su contra, con base en los hechos ocurridos el 25 de abril de este año y ordenar se rehagan las etapas dentro del mismo, de tal manera que se recauden los testimonios de los reclusos que se encontraban en la UTE calabozo el 25 de abril de 2011, pudiendo limitar su número cuando se consideren suficientemente esclarecidos los hechos materia de la prueba, para garantizar el debido proceso del accionante y en particular el derecho de defensa. De igual forma, todas las consecuencias jurídicas y administrativas nacidas con ocasión de la sanción dejada sin efectos, perderán su vigencia.”

SEGUNDO.- CONFIRMAR los demás numerales de la Sentencia de fecha 9 de junio de 2011 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, por las razones expuestas.

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TERCERO.- REMITIR este fallo a la H. Corte Constitucional para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se hace constar que el anterior proyecto de Sentencia fue discutido y aprobado por la Sala en sesión y Acta de la fecha.

Los Magistrados,

CARLOS H. JARAMILLO DELGADO MOISÉS RODRIGUEZ PÉREZ Ausente con permiso

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