Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. Jurisprudencia MUNICIPIOS. POTESTAD TRIBUTARIA DE LOS

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MUNICIPIOS. POTESTAD TRIBUTARIA DE LOS

1.- Los municipios, en lo que respecta al sostenimiento de los servicios de cuerpos de bomberos, sólo están facultados para cobrar tasas, las cuales deben responder a su costo y no estar relacionadas con el pago de otro tributo (el de actividades económicas) con el que no guarda vínculo alguno.

TSJ-SC 14-05-08

“Como se observa, el Municipio Los Guayos del Estado Carabobo creó una “tasa para el

sostenimiento del Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos”, la cual, según el

artículo 69 de la ordenanza impugnada, “consiste en una cantidad progresiva equivalente

del veinte por ciento (20%) del monto que, por conceptos de Patentes de Industria y Comercio anualmente pagan los contribuyentes al Fisco Municipal”.

Pese a su denominación como “tasa”, dicho tributo no se efectúa como pago de un servicio concreto, sino que corresponde a toda empresa asentada en el municipio, con lo que su naturaleza en realidad responde a la de un impuesto. De hecho, la propia ordenanza llega a llamarla, de manera absolutamente impropia, “tasa del impuesto” (es el nombre que recibe el Capítulo de la ordenanza en el que se ubica el artículo 69).

Como se desprende del transcrito artículo 69, el tributo para “el sostenimiento del Instituto

Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos de Los Guayos” se paga sobre los ingresos

brutos de la empresa, en razón de que consiste en un 20% de la llamada “patente de

industria y comercio”, lo que reafirma que no se trata de una tasa, no sólo por estar

desvinculada de un servicio concreto, sino por estar calculada sobre la base del impuesto a las actividades económicas, que ninguna relación guarda con el servicio concreto que presta el cuerpo de bomberos.

Sobre tributos similares creados en otros municipios, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, declarando su inconstitucionalidad. De ese modo, en sentencia N° 2571/2004:

`El presente recurso se dirige contra los artículos que, en la Ordenanza sobre el Cuerpo de Bomberos del Municipio Miranda del Estado Zulia,

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establecen una contribución especial que deben satisfacer quienes sean contribuyentes del impuesto sobre actividades económicas y que servirá “para el servicio del Cuerpo de Bomberos”.

(…)

Al respecto la Sala observa:

Los tributos han sido clasificados tradicionalmente en tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. En Venezuela, por expresa disposición constitucional, todos están sometidos al principio de legalidad, por lo que sólo pueden crearse por ley. No se aceptan, pues, las tesis flexibilizadoras que han procurado extraer de ese principio ciertos casos, como el de las tasas.

Las Ordenanzas tienen rango legal, como lo ha sostenido esta Sala, por lo que son textos apropiados para crear tributos, siempre que sean de aquellos constitucionalmente entregados a los Municipios. No existe, por tanto, poder ilimitado a favor de ninguna entidad territorial para crear los tributos que estime necesarios. La Constitución es la fuente y a la vez el marco del poder.

En materia de contribuciones especiales, la actual Constitución difiere de la anterior. En la de 1961 se permitía a los Municipios, sin precisar, crear contribuciones especiales que estuvieran dispuestas por ley (artículo 31, ordinal 6º), mientras que en la de 1999 se especifica que esa contribución será “sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística” (artículo 179, número 2).

Bajo la vigencia de la Constitución de 1961 dos leyes nacionales dispusieron contribuciones especiales a favor de los Municipios: una por mejoras sobre los inmuebles urbanos, contenida en la Ley Orgánica de Régimen Municipal (y antes en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social), y una por mayor valor de las propiedades, establecida en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio. La Constitución vigente se refiere sólo a la contribución por plusvalía, repitiendo más o menos las mismas palabras de la última ley mencionada. De esta manera, ningún municipio puede crear contribuciones especiales distintas, pues incurriría con ello en inconstitucionalidad. Así, es obvio el error en que incurrió el legislador local en el caso de autos, al crear una contribución especial para sostener el servicio de bomberos´.

Según se desprende de ese fallo, los municipios no pueden crear contribuciones especiales –entre las especies de tributos- para el mantenimiento de cuerpos de bomberos, pues tales contribuciones están limitadas por la Constitución. Sin embargo, en esa misma decisión se declaró que sí sería válido crear tasas por servicios de bomberos, siempre que no se exijan

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sólo a los contribuyentes del impuesto sobre las actividades económicas, y no se calcule sobre la base del mismo.

Los precedentes de los que conoció esta Sala coinciden con el caso de autos, en el entendido de que se trata de un tributo para financiar al cuerpo de bomberos, que pagan sólo los contribuyentes del impuesto sobre actividades económicas y que representa un porcentaje del mismo. Como lo ha observado la Sala, los municipios sólo están facultados para cobrar tasas por el uso de los servicios de cuerpos de bomberos, los cuales, como toda tasa, deben responder a su costo y no estar relacionados con el pago de otro tributo (el de actividades económicas) con el que no guarda vínculo alguno.

Por lo expuesto, la Sala declara la nulidad del artículo 69 de la ordenanza impugnada, así como de los artículos relacionados, en los que se regula la manera en que se calcula y paga el tributo, así como las normas sobre su fiscalización y sanción: artículos 67, 70 a 77 y 94.3°, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 67: Con el objeto de fijar la tasa que todo contribuyente deberá pagar al Instituto para su sostenimiento y sin perjuicio de lo establecido en los dos Capítulos que anteceden, el Alcalde del Municipio de Los Guayos, Estado Carabobo, enviarán (sic) a la Administración del Instituto, dentro de los primeros sesenta (60) días de cada año, los siguientes recaudos: 1° Copia de los registros de contribuyentes debidamente actualizados. 2° Copia de las declaraciones juradas que, con base al movimiento económico de sus actividades, hacen anualmente sus contribuyentes con motivo del pago de la Patente de Industria y Comercio correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, todo de conformidad con las respectivas Ordenanzas de Impuestos Sobre Industria, Comercio y Servicios Conexos al Municipio.

Artículo 69: La Tasa para el sostenimiento del Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos de Los Guayos, consiste en una cantidad progresiva equivalente del veinte por ciento (20%) del monto que, por conceptos de Patentes de Industria y Comercio, anualmente pagan los contribuyentes al Fisco Municipal.

Artículo 70: La Tasa para el sostenimiento del Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos de Los Guayos, se regirá por las normas establecidas en esta Ordenanza. Su monto se fijará por anualidades, se

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liquidará por mensualidades o trimestres y su pago deberá hacerse en la forma que determina el artículo 64 de esta Ordenanza.

Artículo 71: Con respecto a las Compañías y Empresas de Comercio y las contratistas de construcción y/o Servicios y las personas naturales que bajo su firma y responsabilidad se dedican a estas actividades, que sean transeúntes en jurisdicción del Municipio Los Guayos, pagarán la tasa correspondiente en base al monto de los Contratos suscritos, de las obras o servicios a ejecutar y/o en base a la declaración estimada de ingresas (sic), ventas, en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la iniciación de sus actividades económicas o ejecución de dichas obras, servicios, espectáculos y de acuerdo a la notificación de cobro practicada por el Administrador del Instituto, previa fiscalización técnica por parte del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de carácter Civil de Los Guayos.

Artículo 72: La Administración del Instituto, con fundamento en las copias de las declaraciones juradas y demás actos constantes en el Registro o Padrón de Contribuyentes, del Municipio respectivo, procederá a fijar el monto de la tasa correspondiente, notificándolo a los contribuyentes entre los días primero y último del mes de Marzo de cada año.

Artículo 73: La Administración del Instituto, con base a las declaraciones juradas indicadas en el Artículo anterior, liquidará el primer trimestre de cada año (Enero-Marzo) por el mismo del último trimestre del año inmediatamente anterior. Las diferencias por exceso o por defecto, se ajustarán en el segundo trimestre del mismo año, una vez calculado el monto de la tasa de acuerdo a la declaración jurada del contribuyente, todo de conformidad con los artículos siguientes.

Artículo 74: En los casos en que las autoridades municipales respectivas estimaren de oficio del monto que Patente de Industria y Comercio debe pagar el contribuyente, aquellos deberán notificarlos inmediatamente a la Administración del Instituto a los fines de fijar la tasa a que se refiere esta Ordenanza.

Artículo 75: En los casos que las Autoridades Municipales respectivas decidan modificar, rectificar o corregir los montos a pagar por los contribuyentes por concepto de Patente de Industria y Comercio, aquellos deberán notificar de inmediato, a la Administración del Instituto, tales modificaciones, rectificaciones o correcciones.

Artículo 76: El período normal de cobranza será de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha en que se inicie el trimestre vencido, el cual se abrirá un segundo período (sic), por igual tiempo, durante el cual los contribuyentes cancelarán sus obligaciones en las oficinas de la Administración del Instituto, con un recargo del veinte por

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ciento (20%) sobre el monto de lo adeudado. Transcurrido el segundo período de pago, o sea al comenzar el tercer mes del respectivo trimestre, los contribuyentes que no hayan cancelado, pagarán, además, de la tasa y el recargo del quince por ciento (15%), los intereses moratorios a la rata del uno por cuento (1%) mensual sobre el total de la deuda, considerándose como tal la tasa más el recargo.

Artículo 77: Cuando se trate de establecimientos recién instalados, la tasa correspondiente al trimestre en curso, deberá satisfacerse inmediatamente al otorgamiento del Certificado.

Artículo 94: Serán sancionados los Contribuyentes: (…)

3° Se negaren a colaborar con los Funcionarios del Instituto cuando estos iniciaren las investigaciones y fiscalizaciones técnicas a que se refiere el Artículo 69 y siguientes de esta Ordenanza, con cero punto cincuenta por ciento (0.50%) de su capital suscrito.

En razón de esta declaratoria, se hace inoficioso el pronunciamiento expreso acerca de la constitucionalidad del artículo 67, respecto del cual se incluyó denuncia concreta. Como se ha indicado, la anulación del tributo hace nulas también todas las disposiciones que le sirven de desarrollo, lo que incluye a ese artículo. Así se declara.

Asimismo, advierte la Sala que la precedente declaratoria de inconstitucionalidad no abarca, por escapar del debate de autos, el régimen de “tasas no emergentes” o el de expedición de “Certificados” de bomberos, a los que se refieren los artículos 50 a 66 de la Ordenanza impugnada. Por tanto, las normas sobre exenciones (artículos 78, 79 y 80) y prescripciones (artículos 98 y 99) mantienen su validez para regir el caso de las tasas distintas a la de “sostenimiento del Instituto”. Así se declara.”

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