ARGENTINA PROYECTO. 24 de Febrero Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo

ARGENTINA

PROYECTO

I NFRAESTRUCTURA H ^ÍDRICA D ^E N ^ORTE G ^RANDE II

M ^{ARCO DE} P OLÍTICAS DE R EASENTAMIENTO

Unidad Coordinadora de Programas y

Proyectos con Financiamiento Externo

Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios de Nación

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN ... 1

2. CONTENIDO DEL MARCO DE POLÍTICA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (MPRI) ... 2

3. EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PARA EL DESARROLLO DEL NORTE GRANDE II Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL... 2

3.1. Antecedentes del Proyecto ... 2

3.2. Descripción del Proyecto ... 3

3.3. Organismo Ejecutor del Proyecto ... 5

3.4. Elegibilidad de Inversiones por Tipología de Proyectos (en adelante Sub-proyectos) .... 5

3.4.1. Criterios Ambientales y Sociales de Elegibilidad de los Sub-proyectos ... 5

3.4.2. Sub-proyectos no Elegibles ... 6

3.5. Manejo Ambiental y Social del Proyecto ... 6

3.6. Enfoque Referencial de Evaluación Social de Obras de AyS: Probables Impactos Sociales y Frecuentes Grupos de Interés... 7

3.7. Tipología de Sub-proyectos Apoyados por el Proyecto, Características Específicas y Categorización Ambiental y Social... 9

4. IMPACTOS GENERALMENTE GENERADOS POR OBRAS AyS EN PUEBLOS INDÍGENAS – MODELO REFERENCIAL PARA ANÁLISIS Y APLICACIÓN EN PLANES DE PUEBLOS INDÍGENAS ... 9

5. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO ...10

5.1. Objetivos ...10

5.2. Principios ...10

6. MARCO JURÍDICO ...11

6.1. Marco Legal Argentino Aplicable a Reasentamientos Poblacionales ...11

6.2. Marco Legal Argentino sobre Derechos de Personas Afectadas por Procesos de Reasentamiento Obligatorio ...12

6.2.1. Constitución Nacional ...12

6.2.2. Tratados Internacionales sobre Derechos a Vivienda y Propiedad Privada en el Marco de Derechos Humanos en la Constitución Nacional Argentina ...13

6.3. Normas Argentinas Aplicables a la Expropiación ...13

6.3.1. Código Civil ...14

6.3.2. Ley 21.499. Expropiaciones ...14

6.4. Normas Argentinas Aplicables a Ocupantes del Espacio Público y Bienes Públicos del Estado 15

6.5. Normas Provinciales y Municipales ...16

6.6. La Política Ambiental Argentina y los Reasentamientos Involuntarios ...16

6.7. Legislación Argentina Vigente y Aplicación Complementaria de la Política Operacional 4.12 De Reasentamiento Involuntario del BM ...16

7. ARREGLOS Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES DEL PRI Y PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOCIAL ...17

8. PREPARACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO ...18

8.1. Conformación del Equipo de Trabajo ...19

8.2. Articulación del Proceso del PRI con las Etapas Técnicas del Sub-proyecto: Finalización de Medidas Mitigatorias de Impactos del PRI e Inicio de la Obra ...19

8.3. Criterios de Elegibilidad de Derechos Generados por el Reasentamiento Involuntario 20 8.4. Etapas que se llevarán a cabo para la formulación y ejecución del PRI ...21

8.4.1. Estudios Preliminares ...21

8.4.2. Estudios Específicos para la Formulación del PRI ...22

8.4.3. Censo y Diagnóstico Socioeconómico ...22

8.4.4. Levantamiento Topográfico ...24

8.4.5. Estudio de Títulos ...24

8.4.6. Tasación de los Inmuebles ...24

8.4.7. Identificación de Impactos y Categorías de Reasentados ...25

8.4.8. Análisis y selección de Alternativas de Reasentamiento ...26

9. CONTENIDO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO ...28

10. CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DEL PRI ...29

10.1. Programa de Divulgación de Información y Consulta ...29

10.2. Programa de Adquisición de Predios de Propietarios ...30

10.2.1. De pobladores o Unidades Sociales Propietarias ...30

10.2.2. Poseedores, Pobladores No Propietarios ...31

10.3. Programa de Manejo de Servidumbre ...32

10.4. Programa de Restablecimiento de Condiciones Sociales para Reubicación Física Colectiva 33 11. SISTEMA DE INTERACCIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL MPRI Y PRI ...33

12. ESTRATEGIA PARA EVITAR REPOBLAMIENTO DE ÁREAS LIBERADAS ...34

13. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO ...35

14. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO ...35

14.1. Ejecución ...35

14.2. Seguimiento ...35

15. MONITOREO DEL PRI ...36

16. COMUNICACIÓN: DIVULGACIÓN Y CONSULTA DEL MPRI: PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PCAS) DEL PROYECTO EN ETAPA DE PREPARACIÓN (PEP) ...36

17. APÉNDICES ...38

Apéndice 1. Arreglos de Implementación, Responsabilidades Institucionales del PRI y Plan de Fortalecimiento Institucional Social ...39

Apéndice 2. Ficha de Evaluación Preliminar Ambiental y Social (FEPAS) ...46

Apéndice 3. Modelo Estándar Adaptable para Censo – Véase por Separado ...50

Apéndice 4. Modelos de Informes de Características Socioeconómicas de Población a Reasentar 51 Apéndice 5. Modelos Referenciales de Presupuestos de PRI ...52

Apéndice 6. Modelo Referencial de Términos de Referencia para Plan de Reasentamiento Involuntario ...53

Apéndice 7. Resumen de la Implementación del Plan de Comunicación Ambiental y Social (PCAS), Incluido el MPRI del Proyecto en Preparación (PEP): Actividades y Cronograma ...58

Lista de Tablas

Tabla 2. Modelo Referencial Análisis Impactos Sociales Obras AyS en Pueblos Indígenas ... 9

Tabla 3. Impactos Referenciales y Categoría de Afectados de un PRI ...25

Tabla 4. Guía Referencial PCAS: Divulgación y Consulta del MPRI del PEP ...37

Tabla 5. Responsabilidades Institucionales del PRI en el Ciclo del Sub-proyecto ...39

Tabla 6. Resumen Programas Fortalecimiento Institucional Social por Destinatarios, Impactos Esperados y Presupuesto Estimado ...41

Tabla 7. Detalle de Programas Fortalecimiento Institucional Social por Destinatarios, Impactos Esperados y Presupuesto Estimado ...42

Tabla 8. Tipología de Habilidades para Capacitación y/o Formalización en Instrumentos de Gestión Social, incluido Manejo de Reasentamiento Involuntario (punto 2) ...43

Lista de Cuadros

Cuadro 2. Informe de Propiedades (Bienes inmuebles afectados) ...51

Cuadro 3. Informe de Caracterización Socioeconómica de Negocios en los Terrenos ...51

Cuadro 4. Informe de Caracterización Socioeconómica de Actividades Desarrolladas en el Entorno del Proyecto ...51

Cuadro 5. Presupuesto Proyecto de Reasentamiento (Referencial para cada sub-proyecto en caso de Adquisición de Terrenos) ...52

Cuadro 6. Presupuesto Proyecto de Reasentamiento (Referencial para cada sub-proyecto en caso de compensación de pérdida de fuentes de ingresos) ...52

1. INTRODUCCIÓN

1. Este Marco de Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI) es parte del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa de Infraestructura Hídrica para el Desarrollo del Norte Grande II (en adelante Proyecto). El Marco es base para la preparación, implementación, monitoreo y evaluación de los Planes de Reasentamiento Involuntarios (PRIs), aceptables al Banco Mundial, que deban elaborarse para las obras civiles que serán identificadas durante la implementación del Proyecto. La tecnología precisa, tiempo,

secuencia,

y diseños

definidos en función a los resultados

que se realizarán

2. El MPRI tiene como propósito garantizar que, una vez agotadas las posibilidades de evitar o reducir el reasentamiento involuntario, las actividades de reasentamiento sean concebidas y ejecutadas como programas de desarrollo y que las personas reasentadas involuntariamente por el Proyecto puedan participar en los beneficios del mismo, recibir apoyo en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la ejecución del proyecto, cuando sea que presentaban los niveles más altos.

3. Este MPRI se basa en la legislación argentina, en las normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el gobierno argentino, así como en los principios de la Política de Reasentamiento Involuntario OP 4.12 del Banco Mundial. En efecto, el MPRI adopta la definición de reasentamiento involuntario¹ de la política OP 4.12, entendiéndolo entonces para todos los casos que como consecuencia de la construcción de la obra del Programa resultaran hechos económicos y sociales por:

a) la privación involuntaria de tierras, que da por resultado:

i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda.

ii) la pérdida de los activos o del acceso a los activos.

iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no.

b) la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.

1 A los efectos de este Marco y para su consistencia con la política OP 4.12 del Banco Mundial, por “involuntarias” se entenderán aquellas acciones que se pueden realizar sin que la persona desplazada consienta con ellas con conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto. A los efectos del presente MPRI y para su consistencia con la política OP 4.12 del Banco Mundial, por

“involuntarias” se entenderán aquellas acciones que se pueden realizar sin que la persona desplazada consienta con ellas con conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto.

Por su parte, "Reasentamiento voluntario" se refiere a cualquier reasentamiento no atribuible a la expropiación u otras formas de adquisición de tierras respaldadas por los poderes del Estado, en el que existe poder de elección sin consecuencias adversas impuestas de manera formal o informal por el Estado.

"El poder de elección" significa que las personas involucradas tienen la opción de acuerdo o en desacuerdo con la adquisición de terrenos, sin consecuencias adversas impuestas de manera formal o informal por el Estado. Por definición, el poder de elección -y, por tanto voluntario – hace que el reasentamiento voluntario sólo es posible si la ubicación del proyecto no es fija.

4. La aplicación de este MPRI está prevista para cualquier hecho de reasentamiento involuntario tal como descripto en el punto 3. Adicionalmente, para Planes de Reasentamiento que requieran tratamiento normativo y operativo más detallado que las previsiones de este MPRI tal como el Manejo de Servidumbres, el Proyecto desarrollará Guías Específicas, cuyos Términos de Referencia y Guías sean aceptables para el Banco. Véase adicionalmente el punto 9.3.

Programa de Manejo de Servidumbre.

2. CONTENIDO DEL MARCO DE POLÍTICA DE REASENTAMIENTO

INVOLUNTARIO (MPRI)

5. El MPRI contiene 17 capítulos que, además de presentar información sobre el Proyecto, el enfoque del manejo ambiental y social, abarcan los siguientes puntos principales: (i) los principios y objetivos del reasentamiento, (ii) los arreglos y responsabilidades institucionales; (iii) el marco legal e institucional; (iv) el proceso y procedimiento para la preparación de los Planes de Reasentamiento, incluyendo impactos, categorías de reasentamiento, métodos de valoración, medidas de indemnización y/o compensación y programas del PRI, incluyendo divulgación y consulta, entre otros; (v) sistema de atención de reclamos y resolución de conflictos, (vi) sistema de monitoreo y evaluación; y (vii) comunicación del MPRI.

6. El MPRI podrá ser ajustado de acuerdo con las necesidades que surjan durante la implementación del Proyecto para cuyo efecto se contará con la no objeción del Banco.

3. EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PARA EL DESARROLLO DEL NORTE GRANDE II Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

3.1. Antecedentes del Proyecto

7. El Gobierno de la República Argentina (en adelante Gobierno Nacional) ha venido desarrollando acciones integrales tendientes a una reparación histórica de los desequilibrios entre las regiones del Noroeste y Noreste con el resto del país. Estas acciones incluyen obras de infraestructura para dinamizar e integrar las actividades productivas en las provincias de estas regiones, a fin de contribuir a reducir la brecha de desarrollo económico y social con el resto del país.

8. Las provincias del Norte Grande presentan necesidades en materia de infraestructura hídrica que exceden la oferta brindada por los programas en curso, por lo tanto plantean una necesidad de mayor inversión, que se centran en la provisión de servicios públicos de agua potable y saneamiento. Es en este contexto y con el fin de garantizar la continuidad de las políticas establecidas y las inversiones ya realizadas, el Gobierno Nacional ha decidido encarar una nueva etapa en la estrategia de apoyo a estas Provincias. Así surge el PIHNG II, que prevé el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, a través de una operación de crédito, para financiar el desarrollo de sistemas de (i) de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales; y (ii) de agua potable. Así surge el Proyecto de Infraestructura Hídrica de Norte Grande II (PIHNG II), que prevé el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, a través de una operación de crédito, para financiar el desarrollo de sistemas de (i) sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales; y (ii) sistemas de agua potable.

9. El PIHNG II es complementario del Proyecto de Infraestructura Hídrica de Norte Grande I (PIHNG I), y ambos Proyectos tienen por objeto complementar el actual

Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande. El primer Proyecto tiene por objeto abordar las deficiencias prioritarias en el abastecimiento de agua y el suministro de drenaje urbano y el presente segundo Proyecto se centrará en la financiación de infraestructuras de saneamiento, sin excluir la infraestructura de agua. El PIHNG I concentra los esfuerzos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional para los proveedores de servicios y entidades regionales del sector (políticas, regulación, supervisión). Ambos proyectos, (PIHNG I y PIHNG II) prevén asistencia técnica a los prestadores de servicios para mejorar su situación operacional e institucional ypara apoyar la preparación de los sub-proyectos, incluyendo detallados estudios ambientales y sociales y el establecimiento de las disposiciones para su funcionamiento futuro.

3.2. Descripción del Proyecto

10. El Proyecto ha sido diseñado como un proyecto regional compuesto de sub-proyectos de saneamiento y agua, 2 cada uno de los cuales será seleccionado, entre una lista de potenciales inversiones, para financiamiento durante la implementación. Los sub-proyectos integrantes de la lista fueron identificados por la UCPyPFE basados en las prioridades indicadas por las provincias durante la preparación del Proyecto de Infraestructura Hídrica financiado por el BID3, actualmente en implementación. Las inversiones serán totalmente financiadas por el Gobierno federal con recursos del préstamo y serán transferidas a las provincias una vez completadas. El Proyecto también proveerá asistencia técnica para apoyar el desarrollo de la lista de sub- proyectos y su preparación a través del componente 2. Para incentivar la inversión en saneamiento y proveer capacitación en la RNG, la asistencia técnica incluirá un grupo más amplio de municipios y provincias que aquellos en los cuales finalmente se financiarás sub- proyectos.

11. Los sub-proyectos aprobados para financiación deberán cumplir con los criterios técnicos, económicos, financieros, institucionales, ambientales y sociales definidos en el Manual Operativo del Proyecto, así como los requerimientos de diseminación y consulta. Los sub- proyectos que estén listos para su implementación serán considerados para financiación a medida que sean presentados. Los sub-proyectos propuestos serán examinados en el contexto de: (i) consistencia con los objetivos del Proyecto, en particular su potencial para reducción de la pobreza; (ii) cumplimiento con los criterios de elegibilidad; y (iii) nivel de apropiación del sub- proyecto y los resultados de las consultas a nivel local.

12. Las obras financiadas bajo los sub-proyectos serán operadas por los proveedores a cargo de los servicios en cada provincia, y se comprometerán a proveer fondos para Operación y Mantenimiento y a operar el sub-proyecto de acuerdo a las reglas del Proyecto, y un Plan de acción será preparado por la Provincia para la sostenibilidad de las inversiones. Durante la preparación de cada sub-proyecto específico, el proveedor de servicio respectivo llevará a cabo una evaluación de capacidad y necesidades y se beneficiarán de un programa de fortalecimiento institucional y operacional financiado bajo el Proyecto para alcanzar las metas establecidas y ayudar a hacer frente a las necesidades identificadas.

13. Componentes. El Proyecto tiene los siguientes tres componentes (i)

Infraestructura de Saneamiento y Agua Potable; (ii) Desarrollo Institucional y

2 El Proyecto se enfocará en inversiones de saneamiento aunque podría eventualmente financiar inversiones de provisión de agua que sean consideradas como de Categoría A desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental y que por lo tanto queden excluidas del primer Proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande.

3 Proyecto de Infraestructura Hídrica para las Provincias del Norte Grande (AR-L1015), BID, 2007. Este Proyecto es parte del Programa para el Desarrollo e Integración del Norte Grande.

Operacional y Asistencia Técnica y (iii) Gestión y Supervisión del Proyecto. La descripción sintética de los mismos es la siguiente:

14. Componente 1: Infraestructura de Saneamiento y Provisión de Agua (US$209 millones, con US$169.5 millones de financiamiento del Banco⁴): Desarrollo de sub-proyectos a demanda en las provincias participantes consistentes en rehabilitación, mejora y/o reconstrucción de: (i) sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales, tales como plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, colectores principales y redes cloacales secundarias; y (ii) sistemas de provisión de agua, incluyendo, por ejemplo, sistemas de producción y distribución.

15. Componente 2: Desarrollo Institucional y Operacional y Asistencia Técnica (US$15 millones financiados por el Banco): Realización de: (i) programas de fortalecimiento institucional y/u operacional hechos a medida y provisión de asistencia técnica para proveedores de servicio de agua y saneamiento participantes para mejorar su organización institucional, planificación de inversiones, capacidad de gerenciamiento y eficiencia técnica, operacional, comercial y financiera incluyendo, por ejemplo: (a) el desarrollo de sistemas de información y gerenciamiento relacionados a servicios de agua y saneamiento; (b) el desarrollo de bases de datos y catastro de usuarios; (c) provisión de asistencia técnica relacionada a la planificación estratégica, eficiencia energética y programas de eficiencia operativa; (d) la realización de análisis de opciones para recuperación de costos y optimización de estructuras y niveles de subsidio; (e) diseño e implementación de programas de micro- y macro-medición (incluyendo obras menores), y programas de reducción de agua no contabilizada; (f) la provisión de asistencia técnica para reorganización institucional; y (g) el diseño de programas de capacitación para la operación y mantenimiento de los sistemas e instalaciones (enfocado en plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable y estaciones de bombeo), y la realización de estudios relacionadas, todos bajo términos de referencia aceptables al Banco⁵; (ii) realización de estudios técnicos necesarios para apoyar la preparación e implementación de sub-proyectos incluyendo, por ejemplo, estudios de factibilidad, análisis de alternativas, diseños de ingeniería, análisis económico y financiero, encuestas socio-económicas, evaluaciones de impacto ambiental y social y planes de manejo (incluyendo evaluaciones preliminares y evaluaciones de riesgo, y apoyo para la preparación y monitoreo de instrumentos de salvaguarda) y otros estudios relacionados, todos bajo términos de referencia aceptables al Banco; y (iii) la realización de planes de comunicación, actividades de diseminación e intercambio de información relacionadas al Proyecto, y entrenamiento y capacitación para el fortalecimiento institucional de la UCPyPFE y las provincias participantes.

16. Componente 3: Administración y Supervisión del Proyecto (US$15 millones financiados por el Banco): Este componente financiará: (i) la realización de supervisión técnica, ambiental y social especializada de los sub-proyectos, según sea necesario; (ii) la realización de auditorías del Proyecto, y actividades de monitoreo y evaluación bajo el Proyecto; y (iii) la provisión de apoyo administrativo y operacional (incluyendo Costos Operativos) para la

4 Estos montos incluyen contingencias físicas y de precios.

5 Si ambos, el primer (P120211) y el segundo (P125151) Proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande financiaran obras operadas por el mismo proveedor de servicios, sólo un Proyecto financiaría el programa de

fortalecimiento institucional para dicho proveedor. Este componente también podría apoyar a proveedores de servicio o la preparación de sub-proyectos en provincias que no cuenten con obras a ser financiadas bajo el componente 1.

UPCyPFE para la administración, monitoreo, coordinación y supervisión de la implementación del Proyecto.⁶

3.3. Organismo Ejecutor del Proyecto

17. El Prestatario del Proyecto es la República Argentina a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) quien recibirá los fondos provenientes del Banco Mundial. Este Proyecto se inserta dentro de las políticas públicas que viene desarrollando el MPFIPyS, que actúa como organismo ejecutor, a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE).

18. Asimismo, la Nación contribuirá con los recursos de contrapartida local que requiera el Proyecto. Los fondos del Proyecto serán administrados por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo – UCPyPFE, a través de la Unidad Ejecutora de Programa – UEP.

3.4. Elegibilidad de Inversiones por Tipología de Proyectos (en adelante Sub-proyectos)

19. El Gobierno Nacional, a través del MPFIPyS, ha definido la tipología de sub- proyectos de inversión de infraestructura hídrica para la Región Norte Grande. Todos los sub-proyectos bajo el PIHNG II serán identificados, diseñados y evaluados durante la implementación del Proyecto. El financiamiento de estos sub-proyectos, tal como se menciona anteriormente, se pondrá a disposición de las provincias sobre la base de una demanda dirigida, y bajo el cumplimiento de criterios de elegibilidad técnicos, financieros, económicos, ambientales y sociales.

3.4.1. Criterios Ambientales y Sociales de Elegibilidad de los Sub-proyectos

20. Los sub-proyectos serán considerados elegibles desde el punto de vista ambiental y social sobre la base del cumplimiento de las previsiones del presente MGAS. Adicionalmente a estos criterios, cada sub-proyecto deberá cumplir con la legislación ambiental aplicable en cada provincia así como con las políticas operacionales ambientales y sociales del Banco Mundial. Los principales criterios, que se desarrollan en los siguientes capítulos, son los siguientes:

i. El sub-proyecto debe presentar una Evaluación de Impacto Ambiental aceptable a la autoridad ambiental de la provincia y al Banco Mundial. El EIA deberá

incorporar los resultados de las Consultas Publicas, preparadas siguiendo las pautas previstas en el capítulo 7 del presente marco.

ii. El EIA debe incluir medidas de mitigación y programas para las fases de construcción y operación. En el caso de sub-proyectos que involucren

reasentamiento involuntario o que afecten a pueblos originarios, el sub-proyecto incluirá provisiones específicas en un Plan de Reasentamiento (RP) o Plan para Pueblos Indígenas (PPI).

6 Los arreglos de implementación de ambos el primer y segundo Proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande utilizarán los mismos arreglos de implementación. Cada Proyecto financiará una parte del costo combinado de administración y supervisión del Proyecto.

iii. Todos los costos asociados con la implementación de Planes de Manejo Ambiental, PR o PPI de sub-proyectos o cualquier programa de medidas de mitigación deberán contar con presupuesto y podrán ser financiadas dentro del Componente 2 del Proyecto.

iv. El sub-proyecto deberá demostrar sostenibilidad desde su evaluación ambiental y social, que incluye la prevención de: (a) impactos negativos permanentes en áreas protegidas o que afecten la propiedad cultural; (b) impactos negativos en especies amenazadas por extinción; (c) impactos negativos ambientales que no puedan ser mitigados a niveles aceptables; y (d) costes sociales que se consideren

inaceptables o que no puedan ser mitigados por las comunidades afectadas.

3.4.2. Sub-proyectos no Elegibles

21. Los sub-proyectos se considerarán como no elegibles si presentan por lo menos una de las siguientes características:

a) Obras nuevas que generen impactos ambientales y/o sociales negativos sin precedentes, que resulten en transformaciones masivas del contexto social, de los recursos naturales y su capacidad de provisión de servicios y/o del medio ambiente natural y que no puedan ser mitigados con prácticas y obras adecuadas,

b) Proyectos que contravengan las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos, tratados o convenios ambientales internacionales firmados por el país pertinentes a las actividades del proyecto o sus impactos,

c) Proyectos que interfieren con pautas específicas de planificación territorial, áreas previstas para urbanización y/o expansión urbana,

d) Proyectos con impactos negativos no mitigables que afecten en forma significativa a hábitats naturales o al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos, e) Proyectos que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales críticos o

de importancia.

f) Proyectos que signifiquen la pérdida de hábitats naturales o áreas de uso de comunidades indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad importantes para su supervivencia.

g) Proyectos que generen riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios existentes en un área determinada.

3.5. Manejo Ambiental y Social del Proyecto

22. Los sub-proyectos serán seleccionadas durante la implementación del Proyecto sobre la base del cumplimiento de, entre otros requerimientos, los ambientales y sociales que siguen las previsiones del MGAS del Proyecto, y sus partes integrantes el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI) y el presente Marco de Políticas Reasentamiento Involuntario (MPRI), todos debidamente aceptados por el Banco.

23. En caso de sub-proyectos que sean presentados para financiación bajo el Proyecto y que cuenten con estudios ambientales y sociales previos, la información ambiental y social contenida en ellos se analizará y utilizará a los efectos de alimentar los pasos y requerimientos previstos en el presente marco pero los estudios no reemplazarán a los documentos aquí requeridos. La UCPyPFE revisará los estudios existentes y podrá emitir su opinión sobre los mismos en la Ficha de Evaluación Preliminar Ambiental y Social (FEPAS) del sub-proyecto. En todos los casos, los estudios previos serán considerados teniendo como guía los principios del MGAS.

3.6. Enfoque Referencial de Evaluación Social de Obras de AyS: Probables Impactos Sociales y Frecuentes Grupos de Interés

24. La adecuada planificación de los sub-proyectos hídricos; en este Proyecto, de agua potable y saneamiento (AyS) plantea la necesidad del reconocimiento de los cambios que los mismos pueden plantear en el entorno comunitario en el que se desarrollan, que podrían influir en diversos aspectos del estilo de vida de los miembros de las comunidades. Las inversiones en AyS ofrecen muchas oportunidades para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones rurales y urbanas, pero también plantean cuestiones importantes relativas a la distribución equitativa de los escasos recursos y la participación en la salud ambiental.

25. Los sub-proyectos de AyS también mejoran las posibilidades de aumentar los ingresos a través de ahorro de tiempo, así como el ahorro de costos mediante la mejora de la salud; también pueden restaurar el entorno natural a través de la conservación del agua y el ahorro de energía. El acceso de las personas a AyS confiables es un indicador de su bienestar, ampliar la cobertura de estos servicios a los grupos marginales pobres y otros es un importante objetivo de desarrollo social. Una mejor comprensión de la diversidad social, las instituciones, - las normas y el comportamiento que las rigen, mejora sustancialmente la sostenibilidad de las inversiones.⁷

26. Con este enfoque, la Evaluación Social Rápida del Proyecto tuvo por objetivo identificar los principales riesgos, oportunidades, e impactos sociales – negativos, positivos, temporales o permanentes - asociados o generados por las obras de AyS, y proponer posibles medidas de mitigación o potenciación, según sea el caso. El análisis revisó una lista de impactos sociales más frecuentemente generados por sub-proyectos de AyS y los principales grupos de interés.

27. Muchas importantes dimensiones sociales de los patrones asentados y que son insumos básicos para el adecuado diseño de obras de infraestructura de AyS no fueron abordados en la referida Evaluación Social; no obstante se espera que durante la implementación del Proyecto, estas dimensiones sean incluidas en las evaluaciones específicas para las medidas y/o los programas de inclusión social del Proyecto y/o sub- proyectos. Algunas de las referidas dimensiones incluyen respuestas a cuestiones tales:

a) ¿Existen exclusiones sistemáticas de determinados grupos sociales para el acceso de estos servicios?

b) ¿Cuáles son los arreglos de estos servicios en los grupos de diferentes ingresos y cuán variables y flexibles son estos arreglos?

c) ¿Qué tipo de discriminación manifiesta o encubierta existen hacia los diferentes grupos sociales?

d) ¿Qué implicaciones tienen las alternativas de infraestructura de AyS en los patrones productivos?

e) ¿Las inversiones de AyS se limitarán para mejorar la salud y la higiene o también para aumentar los ingresos del hogar?⁸

7 Kudat, Ayse. 2002. Working Paper: Guidelines of Social Analysis for Water Supply and Sanitation Sector.

8 Los grupos ocupacionales difieren en su necesidad y el uso de los servicios de agua y saneamiento. Dependiendo de cómo la cantidad de agua y saneamiento afecta a sus medios de subsistencia y sus ingresos, estos grupos tienen diferentes niveles de demanda de servicios y adoptan diferentes estrategias para hacer frente a las deficiencias del sistema.

28. Los impactos de los sub-proyectos de AyS, si no son adecuadamente manejados, pueden ser importantes, no solo para el medio ambiente sino para el entorno social y cultural de las comunidades. Y estos impactos serán diferentes - positivos o negativos, directos o indirectos, temporales o permanentes - dependiendo del grupo de interés que sea afectado. Una lista de impactos generalmente asociados a sub-proyectos de AyS y los grupos de interés más frecuentes son sintetizados en la Tabla 1 como base referencial de las evaluaciones sociales que deban hacerse.

Tabla 1. Modelo Referencial Análisis Social de Impactos y Grupos de Interés del Proyecto Hídrico II Impactos y Grupos de Interés del Proyecto Hídrico II

Impactos Positivos

Los beneficios durante las fases de construcción y operación de los sub-proyectos de AyS se derivan de:

(a) Empleo directo e indirecto y la creación de efectos multiplicadores en la cadena de suministro de bienes, y servicios; ahorro de tiempo y generación de ingresos y contribución en las economías locales y desalentar la migración,

(b) Mejora de la salud e higiene y disminución de costos asociados con el tratamiento de estos problemas de salud.

(c) Mejora de transparencia y economía, y mayor oferta y confiabilidad de los servicios.

Estos beneficios deben ser observados con perspectiva de género.

Impactos Grupos de Interés

Negativos Directos Negativos Indirectos Gubernamentales No Gubernamentales Ruidos, contaminación,

interrupción del tránsito, interrupción de

servicios, entre otros durante la etapa constructiva.

Reasentamiento Involuntario.

- Urbanización no planificada.

- Efecto de aburguesamiento (gentrification⁹) y aumento del valor de la tierra por mejoras de los servicios.

- Desplazamiento de mano de obra y economía.

- Degradación visual.

- Reducción de ingreso por conexión o mantenerse conectados al servicio para los más pobres.

- Instituciones Relacionadas con el Sector Hídrico:

gobiernos nacional, provincial, prestadoras y reguladoras del servicio

- Pobladores del NG, principalmente donde se ejecuten sub-proyectos – con Análisis de

Diversidad y Género.

- Constructores de Obras Hídricas.

- Prestadores de Servicios.

Proveedores de Servicios Asociados.

Otros - Prestadores de Servicios - Organismos Multilaterales de Financiación.

- Organizaciones no gubernamentales (ONG)

Indicadores Económicos y Socio-demográficos y Marco Institucional Fuente: Impactos: varios Banco Mundial¹⁰

9 Efecto de Aburguesamiento (Gentrification, en inglés): restauración de áreas degradadas urbanas de la clase media, que resulta en el desplazamiento de personas de bajos ingresos

10 Banco Mundial. 1982. "Highway Sector Lending". Nota Política Operacional 10.03. Banco Mundial, Washington, D.C.

1988. Road Deterioration in Developing countries: Causes and Remedies. Estudio Político del Banco Mundial. Washington, D.C.:

Banco Mundial.

Cook, C., H.L. Beenhakker, y R.E. Hartwig. 1985. "Institutional Considerations in Rural Roads Projects". Trabajo Técnico No. 748 del Personal del Banco Mundial. Banco Mundial, Washington, D.C.

Parizek, R.R. 1971. "Impact of Highways on the Hydrogeologic Environment". En Environmental Geomorphology, editado por R.

Coates. Binghamton: Universidad Estatal de Nueva York. Patterson, W.D.O. 1987. Road Deterioration and Maintenance Effects:

Models for Planning and Management. Washington, D.C.: Banco Mundial et al.

3.7. Tipología de Sub-proyectos Apoyados por el Proyecto, Características Específicas y Categorización Ambiental y Social

29. Los tipos específicos de sub-proyectos de sistemas de agua y saneamiento con sus posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, su consecuente categorización ambiental y social, y la lista estudios requeridos para manejarlos se encuentran en el MGAS, del que este MPRI es parte integrante.

4. IMPACTOS GENERALMENTE GENERADOS POR OBRAS AyS EN PUEBLOS INDÍGENAS – MODELO REFERENCIAL PARA ANÁLISIS Y APLICACIÓN EN PLANES DE PUEBLOS INDÍGENAS

30. Aunque el Proyecto no prevé apoyar sub-proyectos que generen reasentamiento involuntario a los pueblos indígenas, esta sección tiene por objetivo presentar como punto de entrada para análisis en la planificación, los impactos que generalmente las obras de infraestructura, entre las cuales las hídricas, pueden producir en los pueblos indígenas.

31. Los sub-proyectos de obras infraestructura de AyS que afectan a pueblos indígenas (PI) presentes o con arraigo en su área de influencia deben ser planificados y desarrollados tanto para evitar/mitigar impactos negativos a los PI así como para ofrecer oportunidades a que los PI participen de los beneficios de los mismos de una manera culturalmente apropiada. Algunas preguntas que deben ser abordadas en una evaluación social relativa a obras de infraestructura de AyS y pueblos indígenas son:

a) ¿Cuál es la relación de los sub-proyectos de AyS con la vida de los PI?

b) ¿Cuál es la situación y cuáles son las necesidades específicas de AyS de los PI?

c) ¿Son los PI excluidos sistemáticamente del acceso al AyS, y cuáles son los factores que los excluyen?

d) ¿Conocen los PI los beneficios que generan el AyS?

e) ¿Cuáles son algunos de los efectos negativos más comunes que los sub-proyectos de AyS pueden generar en los PI y cómo se los puede evitar o reducir al mínimo?

f) ¿Cuáles son los principios fundamentales que deben respetarse para garantizar que los PI gocen de las posibilidades de participar activamente de un proceso de desarrollo generado por obras de AyS que puede ser distinto al que ellos aspiran?

32. Para ensayar anticipadamente algunos escenarios en que los PI pueden ser afectados por sub-proyectos de AyS, la Tabla 2 presenta los impactos sociales y grupos de interés más frecuentes.

Tabla 2. Modelo Referencial Análisis Impactos Sociales Obras AyS en Pueblos Indígenas Impactos Sociales de Obras de AyS en Pueblos Indígenas

Impactos Positivos

Verificar con perspectiva de género si los siguientes beneficios que se derivan de los sub-proyectos de AyS, y que se dan generalmente durante las fases de construcción y operación de los mismos, son aplicables a los PI:

(a) Empleo directo e indirecto y la creación de efectos multiplicadores en la cadena de suministro de bienes, y servicios; ahorro de tiempo y generación de ingresos y contribución en las economías locales y desalentar la migración,

(b) Mejora de la salud e higiene y disminución de costos asociados con el tratamiento de estos problemas de salud.

(c) Otros: mejora de transparencia de los servicios, mayor oferta y confiabilidad y mejora economía.

Impactos Grupos de Interés

Negativos Directos/o Indirectos por Desarrollo Inducido Gubernamentales No Gubernamentales

Impactos Sociales de Obras de AyS en Pueblos Indígenas - Molestias al modo de vivir e interrupciones de servicios generados por las

construcciones si los PI son vecinos a las áreas de los sub-proyectos.

- Revalorización de tierras aledañas y ocupadas por comunidades indígenas debido a la construcción de infraestructura..

- Pérdida de tierra y/o acceso a recursos naturales por desconocimiento de derechos de uso formales, legales y habituales de la tierra y recursos naturales.

- Pérdida de acceso a la tierra o fuente de alimentos por uso del área por los no residentes; recursos estacionales para pastores, pescadores, recolección de productos del bosque.

- El desarrollo propuesto sentido como no ambientalmente acertado y culturalmente apropiado para la forma de vivir comunitaria de los PI - Pérdida de tierra por identificación, demarcación y registro del área.

- Mecanismos de resolución de disputas territoriales; linderos y zonas de separación; medios para impedir el ingreso de los taladores e invasores no son adecuados para los PI.

- Perjuicio a la biodiversidad por desconocimiento nativo.

- Condiciones y riesgos de salud pública, saneamiento e higiene; medicinas y prácticas tradicionales.

- Las organizaciones y marco institucional de PI no permiten participar de manera relevante en el desarrollo que ofrece la infraestructura.

- Reasentamiento Involuntario

-Gobiernos Locales (provincial y municipal) - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

- Institutos Provinciales de Asuntos Indígenas

Véanse los principales institutos indígenas en la sección Marco Institucional del MPPI del Proyecto: ¡Error!

No se encuentra el origen de la referencia.

- Pueblos Indígenas Afectados - Consejo de Participación Indígena - Asociaciones Indígenas - Organizaciones de Sociedad Civil que trabajan con Pueblos Indígenas.

Véanse las principales organizaciones, incluidas asociaciones, en el Marco Institucional Nacional y Provincial, párrafo 88 del MPPI del Proyecto.

Fuente: Impactos: varios Banco Mundial¹¹

5. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

5.1. Objetivos

a) Mitigar y compensar los impactos causados por el reasentamiento involuntario, de ser éste inevitable.

b) Mejorar, o al menos restablecer, las condiciones de vida de la población reasentada.

c) Convertir el reasentamiento en una oportunidad para contribuir al desarrollo de los reasentados, facilitando la participación de los mismos en los beneficios del Proyecto que genera el reasentamiento.

5.2. Principios

a) Evitar o minimizar el reasentamiento involuntario. Todos los impactos negativos del reasentamiento, en la medida de lo posible, se evitarán. Por ello, cada sub-proyecto analizará todas las opciones viables con el fin de evitar o causar menor reasentamiento.

b) Restablecimiento de las condiciones socioeconómicas anteriores al reasentamiento.

Se diseñarán y ejecutarán actividades y planes para asistir a la población reasentada en el restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas anteriores al reasentamiento.

c) Inclusión. Todos los reasentados identificados en los censos que se realicen, tendrán derecho a ser compensados y/o asistidos en el restablecimiento de sus condiciones anteriores – como pertinente, independientemente de la forma de tenencia de la tierra que acrediten.

d) Equidad y reconocimiento de las diferencias en cuanto a la afectación. Las compensaciones y/o asistencia y el acompañamiento social y técnico que se proponga en los Planes de Reasentamiento serán proporcionales a los impactos causados por el reasentamiento.

11 Ibid.

e) Comunicación y consulta: Los individuos o las unidades sociales que deban ser reasentadas recibirán información clara, veraz y oportuna sobre sus derechos, deberes, el estado en que se encuentran sus procesos de reasentamiento y las medidas de compensación y/o asistencia previstas en el Plan de Reasentamiento. Se tomarán en cuenta sus opiniones para el diseño del mismo.

f) Transparencia: Todo el proceso de reasentamiento y adquisición de predios incluye criterios de elegibilidad para ser reasentado. Los mismos serán difundidos y validados de manera tal que sean conocidos por todos los participantes. El proceso se manejará objetiva y técnicamente garantizando que los beneficios cubran a la población afectada por las obras y que se apliquen los criterios y procedimientos establecidos de manera equitativa para todos.

g) Libertad de elección de la medida compensatoria. Se garantizará libertad de elección de la compensación o asistencia del Plan de Reasentamiento. El Proyecto no impondrá condiciones para las negociaciones más que las previstas en el Plan de Reasentamiento.

6. MARCO JURÍDICO

33. El presente MPRI se desarrolla bajo las normas de carácter internacional ratificadas por el Gobierno de la República Argentina (GdA en adelante), por las normas nacionales, por los principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina que brindan pautas para la adquisición de predios, el método de avalúo de los bienes afectados y protección de los derechos fundamentales de personas desplazadas por proyectos de desarrollo; y la política operacional 4.12 De Reasentamiento del Banco Mundial.

34. Dado que el NG comprende diferentes Provincias, el marco jurídico del presente MPRI también comprende una serie de normas de carácter provincial y municipal. En cada Plan de Reasentamiento que se elabore en Proyecto se deberá identificar y describir en detalle la legislación provincial y/o municipal aplicable. En este contexto, para los Sub-proyectos del NG, se aplicarán además de la normativa nacional, provincial, municipal vigente que corresponda, el presente MPRI, con su conjunto de acciones de compensación y asistencia no comprendidas en ese marco legal.

6.1. Marco Legal Argentino Aplicable a Reasentamientos Poblacionales

35. La República Argentina no cuenta con una normativa que regule específicamente brindar asistencia y asesoramiento para el reasentamiento, adquisición de inmuebles y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que, como consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructura, deban ser reasentados por algunas de las razones descritas en el punto 3 del capítulo 1. No obstante, existe un plexo normativo genérico, conformado por normas, nacionales e internacionales, que regulan el derecho a la propiedad, las compensaciones por la pérdida de ese derecho por causa de utilidad pública, así como las obligaciones que asume el estado de propiciar a todos los habitantes lo conducente al desarrollo humano, a un ambiente sano, al progreso económico con justicia social y al acceso a una vivienda digna. Derechos que se encuentran previstos en la Constitucional Nacional y en normas de inferior rango, como la ley de expropiación o la de Política Ambiental Nacional.

36. La enumeración que se realizará sobre la normativa aplicable, no es taxativa, ya que existen normas locales, con vigencia exclusiva dentro del ámbito provincial, dado el status autonómico del sistema federal argentino, que incluso pueden avanzar hacia un grado mayor de protección de los derechos reconocidos a nivel Federal. En el Ordenamiento Jurídico de la República Argentina, las Provincias no pueden desconocer a través de sus normas,

los derechos amparados por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales (comprendidos los Contratos suscriptos con los organismos multilaterales de crédito) y las leyes dictadas por el Congreso de la Nación Argentina. Por lo tanto, en caso de colisión, las normas de carácter nacional (incluyendo las internacionales incorporadas al derecho interno) prevalecerán por sobre las locales.

6.2. Marco Legal Argentino sobre Derechos de Personas Afectadas por Procesos de Reasentamiento Obligatorio

6.2.1. Constitución Nacional

37. Los artículos de la Constitución Nacional con posible implicancia en derechos de personas afectadas por procesos de reasentamiento obligatorio son:

38. Art. 14 bis. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, establecerá: (...); la protección integral y la defensa del bien de la familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

39. Art. 17. La propiedad es inviolable, y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal

40. Art. 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

41. Art.75, inc. 19. Facultades del Congreso de la Nación. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

42. Art. 75 inc. 22. Facultades del Congreso de la Nación. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; (....) en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

43. Art. 121. Gobiernos de Provincia. “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.” Esto quiere decir que las provincias tienen la facultad de disponer sobre los terrenos ubicados bajo su jurisdicción, incluyendo procesos de expropiación.

6.2.2. Tratados Internacionales sobre Derechos a Vivienda y Propiedad Privada en el Marco de Derechos Humanos en la Constitución Nacional Argentina

44. Los tratados Internacionales incluidos en la Constitución, contiene las siguientes disposiciones:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

45. Art. XI.Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

46. Art. XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

Declaración Universal de Derechos Humanos

47. Art. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

48. Art. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

49. Art. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Convención Americana sobre Derechos Humanos - 'Pacto de San José de Costa Rica' 50. Art. 21. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. ² Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

51. Art. 11. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

6.3. Normas Argentinas Aplicables a la Expropiación

6.3.1. Código Civil

32. El código Civil de la nación establece en su artículo 2511 que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública declarada en forma previa a la desposesión y justa indemnización, entendiendo por “justa indemnización” no sólo el pago del valor real de la cosa, sino también del perjuicio directo que le venga de la privación de su propiedad.

6.3.2. Ley 21.499. Expropiaciones

52. La ley 21499, reglamenta el artículo 17 de la Constitución Nacional, que dispone la expropiación por causa de utilidad pública, calificada por ley del Congreso, y previa indemnización. De sus términos pueden extraerse que pueden ser objeto de expropiación todos los bienes, sean cosas o no (art.4°).

53. La indemnización comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación (art.10) y los intereses (art. 17). La indemnización no comprende, entonces: las circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse, el lucro cesante.

54. Debe ser abonada en dinero efectivo (art.12). De no haber avenimiento con el titular de dominio sobre el valor de la propiedad, la cuestión es decidida por la justicia (art.15). El particular tiene acción contra el expropiante en caso de que se le dé al bien un destino distinto al previsto por la ley expropiatoria, o en el supuesto que no se le diere destino alguno en el plazo de dos años (art.35). También la ley otorga acción al particular, entre otras hipótesis, cuando el Estado toma el bien sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización (art.51, inc.

a).

55. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, - el más alto tribunal del país-, sobre los principios básicos que rigen la materia expresa: "la indemnización debe ser justa por exigencia constitucional, condición que en palabras de Joaquín V. González, "no ha sido jamás puesta en duda". Ese requisito se satisface cuando es íntegra, es decir, cuando restituye al propietario el mismo valor económico de que se lo priva y cubre, además, los daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Se trata de un fenómeno jurídico de conversión y sustitución de derechos del particular a favor de la comunidad, mediante el cual se abona al expropiado el resarcimiento de un perjuicio. En suma: si bien es cierto que la expropiación se legitima por la necesidad que el Estado tiene de un bien, también debe afirmarse que el acto no cae en el ámbito prohibido de la confiscación gracias al inexcusable pago previo de la indemnización, justa, actual e íntegra.

56. Método de valuación de los bienes involucrados. Los criterios de valuación definen un valor objetivo asimilable al valor de reposición o sustitución del bien a expropiar. Como conceptualización de este valor objetivo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación ha establecido que su concepto podrá corresponderse con el valor de mercado “...cuando éste puede determinarse por el costo de reposición…” (Norma TTN 7.1) Se sigue por lo tanto el Principio de Sustitución donde el valor del bien equivale al valor de otros activos de similares características del bien a expropiar.

57. Conforme la tendencia actual en materia de tasaciones, el principal y comúnmente aceptado criterio de valuación es el valor de mercado y el de reposición depreciada para los casos en que no exista un mercado de precios comparativos en plaza. Este valor de reposición

depreciado es aplicable en los casos de expropiación parcial respecto del remanente (siempre que, claro está, no corresponda aplicar el valor objetivo sobre el total del inmueble por exigir el expropiado su expropiación total).

6.4. Normas Argentinas Aplicables a Ocupantes del Espacio Público y Bienes Públicos del Estado

58. En algunos casos, el espacio público y/o los terrenos públicos donde se situarán las obras de infraestructura del NG pueden estar ocupadas por personas que ejercen allí actividades económicas o que residen en el lugar.

59. Debe resaltarse que los bienes públicos del estado (art.2340, inc.7º del C. Civil), son inalienables e imprescriptibles, situación que los coloca fuera del comercio, y por ende, no pueden ser objeto de posesión ni de adquisición por prescripción (arts.2400, 3951, 3952, 4019, inc.1º, C. Civil). Al no reconocerse a los particulares derechos sobre dichos bienes, tampoco son susceptibles de ser expropiados. La situación jurídica de los ocupantes del espacio público frente a la necesaria liberación de este espacio para la ejecución de las obras, dependerá del título en virtud del cual detenten el uso del espacio:

6.4.1. Uso común: se trata de los casos particulares a los que la ley local permite el ejercicio de la actividad sin necesidad de permiso o autorización por parte de la autoridad, caracterizándolo como un uso común. En este caso, no corresponderá a derecho ninguna indemnización por el desplazamiento de la actividad desarrollada en el espacio público a raíz de la ejecución de las obras en él, como así tampoco de los perjuicios resultantes para quienes la ejerzan.

6.4.2. Ocupación ilegítima: se configura cuando el uso del espacio público es ejercido sin la autorización requerida por parte de la autoridad competente. Al igual que en el caso anterior, no corresponderá indemnización alguna de acuerdo al marco legal expropiatorio, dado que estos ocupantes no poseen título del cual surja derecho alguno exclusivo que se vea afectado por el inicio de las obras.

6.4.3. Permiso precario: En este caso, el particular ha sido autorizado por la autoridad competente para ejercer en el espacio público su comercio conforme a la reglamentación local. Este permiso no otorga al permisionario ningún derecho frente al Estado y no constituye por si un derecho adquirido dentro de su patrimonio, protegido como propiedad en el concepto de la garantía constitucional (art 17, CN) y tal como lo entiende nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación7. Tiene entonces carácter precario, en tanto es susceptible de revocación ad nutum por la autoridad que lo otorgó, en cualquier momento y por razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, basadas en el interés público y en tanto no sea arbitraria e irrazonable. Esta revocación del permiso no acarreará indemnización alguna, dado que no existe un derecho patrimonial adquirido.

6.4.4. Concesión de uso: esta concesión es otorgada por la autoridad competente local a título de derecho de uso especial y exclusivo sobre el espacio público, el cual engendra para su titular un derecho público subjetivo oponible ante la autoridad y terceros y constituye un derecho adquirido dentro del patrimonio de aquél. Por ello, esta concesión no es revocable ad nutum, y su revocación deberá ser indemnizada conforme el Art. 17 de la CN.

60. En este apartado es importante considerar la vigencia de la Ley 26554 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas que establece la prórroga -hasta el 23 de noviembre del 2013- de los plazos de Emergencia y Relevamiento dispuestos por la Ley 26.160. Esta normativa