Contenido INTRODUCCIÓN EQUIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DERECHOS HUMANOS...

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INTRODUCCIÓN ... 2

1. EQUIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA ... 6

1.1. UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL ... 6

1.2. SISTEMA NACIONAL DE MEDIACIÓN ... 6

1.3. CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL ... 7

1.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ... 9

1.5. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ... 11

2. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL ... 12

2.1. Servicios ... 12

2.2. Gestión Judicial ... 16

2.3. Fortalecimiento del Proceso Penal ... 18

2.4. Inversiones e Infraestructura ... 20

3. DERECHOS HUMANOS ... 22

4. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y JUSTICIA JUVENIL 24 5. SISTEMA PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL ... 26

6. EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ... 28

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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la Secretaría de Estado encargada de relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, cuya misión es modernizar el sistema de justicia, promoviendo leyes, políticas públicas, planes y programas orientados a facilitar el acceso a la justicia, la protección de los derechos de las personas y la reinserción social, todo ello en el marco del respeto a los derechos humanos.

Para ello, desarrolla sus políticas a través del Servicio de Registro Civil e Identificación, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal, la Defensoría Penal Pública, las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial y de las Secretarías Regionales Ministeriales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus servicios dependientes tuvieron un presupuesto vigente final del año 2015 de M$ 1.080.324.462 alcanzando en este periodo una ejecución de un 98%.

Para este período, el Ministerio centró su gestión en cinco ámbitos de acción: 1. Acceso a protección de la justicia de forma más oportuna, eficiente y

cercana.

2. Promoción de la institucionalidad en Derechos Humanos.

3. Fortalecimiento y modernización del Sistema de Justicia e Instituciones. 4. Mejoramiento de protección e infracción a los niños, niñas y adolescentes 5. Sistema penitenciario y reinserción social

La dotación de esta Secretaría de Estado y de los Servicios dependientes y relacionados es de 30.420 funcionarios, de los cuales 16.890 son funcionarios de planta, 12.340 son funcionarios de contrata y 1.190 son funcionarios a honorarios. En cuanto a los principales logros de esta Secretaría de Estado destaca la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos mediante la promulgación de la Ley N° 20.885 que establece también la creación del Comité Interministerial de Derechos Humanos. El principal trabajo de la nueva institucionalidad será generar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que contendrá la política pública del país en esta materia para los próximos cuatro años. Otros logros a destacar son la materialización del Acuerdo de Unión Civil, mediante la Ley N° 20.830 celebrándose 4.437 acuerdos en el país; el aumento en un 19,2 por ciento de personas atendidas, respecto al año 2014 en las Corporaciones de Asistencia Judicial; la puesta en marcha del Plan de Medidas Penitenciarias que centra su atención en los ejes de Reinserción social, Derechos Humanos y Gestión; la identificación de la última víctima del caso Lonquén que realizó el Servicio Médico Legal; la ampliación del programa de Oficinas de Protección de Derechos en 81 nuevas comunas del Servicio Nacional de Menores y el establecimiento de cuatro

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modelos de defensas especializados para jóvenes, indígenas, migrantes y personas condenadas privadas de libertad de la Defensoría Penal Pública.

Subsecretaría de Justicia

En relación al cumplimiento del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se impulsó una agenda con modificaciones en el ámbito legislativo y de gestión pública.

En el ámbito legislativo, se concluyó durante el 2015 la tramitación de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público (Ley n° 20.861) incorporando medidas que potencian la persecución e investigación penal, poniendo especial énfasis en la implementación de medidas de desarrollo institucional. También en el ámbito de las reformas al sistema penal, se presentó el Proyecto de ley que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica el Código Penal, el que actualmente se encuentra en discusión en el congreso.

Asimismo, se aprobó la Ley n° 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil, estableciendo la tramitación digital de los procedimientos judiciales. Con esta iniciativa, se busca reducir los costos que asumen las partes y el Poder Judicial, a través de la sustitución del expediente en papel por una carpeta electrónica, lo que contribuye a un mejor y más seguro acceso a la justicia. También se concluyó la tramitación de la Ley n° 20.876, que modifica el Código Orgánico de Tribunales, crea juzgados que indica y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diversos tribunales de justicia. En virtud de esa ley se crearon tres nuevos tribunales, con asiento en las comunas de Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos, a efectos de garantizar el acceso a la justicia en dichas localidades. Al mismo tiempo, se aprobó la Ley n° 20.875, que modificó el Código Orgánico de Tribunales en materia de distribución de causas, reemplazando el actual sistema de turnos por un sistema informático.

En materia de Derechos Humanos, el 16 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley n° 20.885, que creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecuó la Ley Orgánica del hasta entonces Ministerio de Justicia, cambiándose la denominación de la cartera a Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el mismo tema, se impulsaron medidas legislativas que impidan la impunidad en materia de derechos humanos, pues a finales de diciembre se firmaron las indicaciones a los siguientes Proyectos de Ley: Reforma Constitucional que establece que los crímenes y delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio no puedan prescribir ni ser amnistiados; adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra. Por último, en esta materia, durante el 2015 se presentó el Proyecto de Ley que busca modificar el Código Penal, en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (Boletín N° 9589-17), proyecto que se encuentra en tramitación en el senado.

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Se destaca también el funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal que tiene como objetivo procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación. Ésta Comisión es presidida por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y compuesta por las máximas autoridades de la Excelentísima Corte Suprema, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Colegio de Abogados, Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores.

Durante esta gestión se ha fortalecido el trabajo duplicando la cantidad de sesiones en un año, promoviendo la transparencia mediante la publicación de actas, audios y cuenta pública anual en la página web del Ministerio, así como el fortalecimiento de las comisiones regionales. Destacan las siguientes iniciativas impulsadas por esta instancia interinstitucional: el diseño e implementación de un Piloto de Investigación Focalizada en delitos contra la propiedad, el fortalecimiento de la gestión en Justicia Penal Juvenil, y la creación de un sistema de interconexión único que permita el seguimiento, control y gestión de las medidas cautelares, penas sustitutivas y condiciones de las salidas alternativas.

En el marco del trabajo intersectorial en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito, Servicio Nacional de Menores y la Intendencia Metropolitana, se puso en marcha, un plan de trabajo para abordar la gestión de la justicia juvenil, mediante tres medidas: Monitoreo y apoyo a casos complejos de jóvenes infractores, Sistema de Reportabilidad diaria de ejecución de sanciones y Auditoría técnica nacional a Programas de Medio Libre.

En el área de inversiones durante el año 2015 se ejecutaron proyectos y construcciones para distintos servicios del sector Justicia, cumpliendo así con el mejoramiento integral de instalaciones, recuperación de infraestructura, aumento de plazas, mejores condiciones de habitabilidad y mejor atención a usuarios. Entre las obras se destacan el inicio de la construcción del Centro Penitenciario Femenino de Arica y el avance en el proyecto de reposición del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, el avance e implementación del CREAD de Arica, el diseño del Recinto Modelo de Educación y Trabajo El Arenal, la licitación y adjudicación de obras del edificio Sector Justicia de Puerto Montt y la implementación de redes de incendio en diversos centros penitenciarios a la largo del país.

Finalmente, el conjunto de iniciativas de esta Secretaría de Estado buscan contribuir a un Estado más democrático, inclusivo e igualitario para todos los chilenos.

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1. EQUIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA

1.1. UNIDADES DE JUSTICIA VECINAL

Durante el año 2015, el Programa de Unidades de Justicia Vecinal puede destacar lo siguiente:

 Se ingresaron 12.398 casos, beneficiando con ello a 89.266 personas.  El 92% de los casos que ingresaron al componente de mediación llegó a un

acuerdo y sólo el 8% obtuvo un resultado negativo.

 El 92% de los casos que ingresaron a seguimiento (etapa de monitoreo de cumplimiento de acuerdo) se encuentran terminados en esta etapa.

 Un 81% cumplió los compromisos adquiridos en el programa, ya sea de forma total (63%) o parcial (18%).

 Desde que ingresa un caso hasta su egreso con acuerdo, vía o derivación transcurren en promedio 43 días.

Dentro de la labor de promoción de derechos y obligaciones, como de prevención de conflictos vecinales y comunitarios se capacitaron aproximadamente 400 actores sociales relevantes de las comunas de Macul, Lo Espejo, Cerrillos, La Florida, Quilicura, Estación Central, San Bernardo y Peñaflor, en los siguientes temas: Conflictos vecinales y comunitarios; Teoría del conflicto; Herramientas de comunicación efectiva; Mediación vecinal y comunitaria; y Conocimiento de caso práctico.

1.2. SISTEMA NACIONAL DE MEDIACIÓN

 Respecto a la implementación del nuevo modelo de contratación y la gestión de los pagos de acuerdo a las nuevas bases tipo del Sistema Nacional de Mediación Familiar Licitado, se presentó un total de 259 ofertas y al 31 de diciembre de 2015 se encontraban vigentes 149 contratos, lo que corresponde a 196 oficinas y 269 mediadores.

 A nivel nacional durante el año 2015, el Sistema Nacional de Mediación ha registrado un total de 241.867 causas ingresadas, de las cuales 75.009 (31,01%) corresponden a derivaciones desde Tribunales, 17.135 (7,08%) provienen de las Corporaciones de Asistencia Judicial, 147.890 (61,15%) constituyen ingreso espontáneo y 1.833 (0,76%) corresponden a derivaciones de la Fundación de Asistencia Legal de la Familia (RM).

En cuanto a resultados finales del 2015, es importante señalar que las causas terminadas a nivel nacional ascendieron a 215.178, de las cuales 88.997 (41,36%) concluyeron con acuerdo; en 38.261 causas (17,78%) la mediación se vio frustrada después de una o más sesiones conjuntas, y en

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87.920 causas (40,86%) la mediación se vio frustrada, pero no hubo sesiones conjuntas.

Si consideramos sólo las causas en que existieron sesiones conjuntas el nivel de acuerdo aumenta a 69,93%.

 Finalmente, respecto al proceso de interconexión con la Corporación de Asistencia Judicial de la región Metropolitana, atendidas a las modificaciones en el modelo de derivación de causas, la Unidad de Mediación se ha abocado fundamentalmente a su adecuada puesta en marcha.

En dicho marco, actualmente se encuentra en proceso la tramitación de un Convenio de Colaboración entre la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y la Subsecretaría de Justicia, el que tiene por objeto formalizar la coordinación técnica y operativa y la colaboración efectiva mediante el intercambio de información, lo que permitirá dar continuidad a la interconexión entre las plataformas informáticas de ambas entidades, para posteriormente extenderla, a las regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule y de Magallanes y la Antártica Chilena.

 La Ley de Presupuesto para el año 2015 asignó para el Sistema de Mediación Familiar recursos por M$ 8.973.644, debido al aumento de causas se solicitó reasignación Presupuestaria otorgando un total de recursos por M$ 10.370.242 de los cuales fueron ejecutados el 99%.

1.3. CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

Durante el año 2015, las Corporaciones de Asistencia Judicial atendieron a nivel nacional un total de 623.761 personas en la línea de orientación e información. Esto representa un aumento de un 19,2% al comparar los ingresos registrados en el mismo período durante el año anterior. (Enero – diciembre 2014: 523.285 personas atendidas).

En cuanto a la distribución a nivel nacional de las personas atendidas por género, se registró un 64,5% de mujeres y un 35,5% de hombres, manteniendo la tendencia de los años anteriores.

 En la línea de mecanismos de resolución alternativa de conflictos, se observa que en el período, las Corporaciones de Asistencia Judicial registraron un total de 5.793 casos ingresados a nivel nacional, lo que representa un aumento de un 10,2% al comparar los ingresos registrados

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en el período anterior (enero – diciembre 2014: 5.256 casos ingresados a resolución alternativa de conflictos).

 En la línea de patrocinio judicial, durante el año 2015 las Corporaciones de Asistencia Judicial registraron un total de 142.514 personas atendidas en esta línea de servicios, generándose un aumento del 5,5% respecto del año 2014 (2014: 135.107 personas atendidas). Del total del año 2015, el 64,4% correspondió a mujeres y un 35,6% a hombres.

Respecto del total de causas ingresadas a los Tribunales de Justicia en el periodo en estudio, el 85,4% corresponde a materias de familia, seguido por un 13,1% en materias civiles, distribuyéndose el saldo entre conflictos de orden laboral y penal, entre otros.

En relación a las causas terminadas a nivel nacional, éstas ascienden a 129.007 en el año 2015, de las cuales el 77,5% corresponden a un resultado favorable para la personas representadas ante los Tribunales de Justicia, sea esto mediante la obtención de una sentencia favorable y/o avenimiento que pone término al conflicto judicial.

 En la línea de prevención de conflictos y promoción de derechos, durante el año 2015 se realizó a nivel nacional un total de 3.827 actividades de difusión y promoción de derechos, lo que significó un incremento del 10,4% en relación a lo registrado el año anterior (4.468 actividades de prevención y promoción de derechos). Estas actividades implicaron un significativo despliegue de las unidades a terreno, facilitando el acceso de la población, especialmente los grupos vulnerables.

 Los Centros Especializados de las Corporaciones de Asistencia Judicial registraron el año 2015 los siguientes resultados:

Oficinas de Defensa Laboral (ODL): Cuyo propósito es proporcionar defensa judicial a los trabajadores que han visto vulnerados sus derechos laborales, y que no cuenten con los medios para proveerse asistencia judicial por sí mismos. Durante el año 2015, se atendió a 53.233 personas a través de estas oficinas.

Centros de Mediación: Durante el año 2015 ingresaron 6.313 personas a los 11 Centros de Mediación de las Corporaciones de Asistencia Judicial, generándose 6.274 casos, de los cuales el 49,5% responde a materias civiles y un 29,8% a materias de familia.

Cabe hacer presente que, de estos casos, un 76% registra término con acuerdo o acuerdo parcial.

Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI): A través de estos centros se otorgó atención a un total de 4.279 personas, quienes

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fueron acogidos a través de una primera entrevista con los equipos CAVI, de los cuales el 71,3% corresponde a mujeres y un 28,7% a hombres. En cuanto a las principales materias tratadas en esta línea de atención, los delitos sexuales alcanzan un 51% de los 2.179 casos ingresados durante el año 2015.

Finalmente y en lo relativo a las prácticas profesionales de egresados de la carrera de Derecho, al mes de diciembre de 2015 el número de postulantes al título de Abogado que se encontraban realizando su práctica profesional en los Consultorios Jurídicos y Centros Especializados de las Corporaciones de Asistencia Judicial fue de 1.529 personas.

La Ley de Presupuestos asignó recursos por M$ 35.934.826 a las Corporaciones de Asistencia Judicial, no presentando variación respecto del año anterior. Su ejecución fue del 100% respecto del presupuesto final, transferido a las 4 Corporaciones de Asistencia Judicial para su continuidad.

1.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Cumpliendo con las directrices del Instructivo Presidencial N° 007, de 6 de agosto de 2014, se procedió a actualizar la normativa de Participación Ciudadana, aprobando una Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio de Justicia y sus Servicios Dependientes y/o relacionados (Resolución Exenta N° 300, del Ministerio de Justicia, de fecha 9 de febrero de 2015), reglamentando el funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil de Ministerio (Resolución Exenta N° 2049, del Ministerio de Justicia, de fecha 16 de junio de 2015), y designa representantes provisorios de la Sociedad Civil en el Consejo de la Sociedad Civil (Resolución Exenta N° 2416, de la Subsecretaria de Justicia, de fecha 9 de julio de 2015).

Como mecanismos de participación ciudadana se puede destacar:  Consejo de la Sociedad Civil

El Consejo está compuesto por diversas organizaciones de la Sociedad Civil, entre los que se cuenta a la Comisión Chilena de DDHH, la Corporación Opción, la RED Social Inserta, la Asociación de Consejos de la Sociedad Civil Metropolitana – ACOSOC, el Colegio de Abogados A.G., la Corporación Nacional de Consumidores Usuarios A.C. CONADECUS; la Asociación Chilena de Voluntarios; y la Fundación Iguales, ONG Nos Buscamos y Fundación Paz Ciudadana.

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El Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sesionado regularmente desde marzo de 2015, completando durante el año un total de 5 sesiones. Actualmente se encuentra en convocatoria para renovar democráticamente a sus miembros. Durante el mes de febrero, el Presidente del Consejo de la Sociedad Civil, Carlos Margotta Trincado, se reunió con el Ministro (S) de Justicia y Derechos Humanos para tratar ejes de trabajo 2016.

Acceso a la Información Relevante.

A efectos de mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía, para promover la oportuna respuesta a las inquietudes ciudadanas y fortalecer el control ciudadano sobre la administración, se ha dispuesto el Acceso a la Información Relevante, el que consiste en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus Servicios Dependientes y Relacionados deben poner en conocimiento del público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos. Lo anterior

se materializa mediante de la plataforma web del Ministerio

(http://transparencia.minjusticia.gob.cl/) y la de sus Servicios Dependientes y Relacionados.

 Consultas Ciudadanas

Las Consultas Ciudadanas son aquel mecanismo de participación ciudadana por el que se comunica e incorpora a la ciudadanía en las distintas etapas de diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas, con miras a mejorar y fortalecer canales de información y participación de la ciudadanía, promover el control ciudadano e incrementar legitimidad de las políticas públicas a implementar. Se materializan por medio de Diálogos Participativos y Consultas Ciudadanas Virtuales.

Tanto el Ministerio como sus Servicios Dependientes y Relacionados han avanzado en la implementación de este mecanismo internalizando su práctica en la administración. A este respecto pueden señalarse los siguientes hitos:

- Encuentro con Sociedad Civil respecto a “Recomendaciones del Comité

contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas al Estado de Chile”. Organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la colaboración de Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó en el Salón O’Higgins de la Cancillería el 23 de noviembre de 2015.

- Diálogo participativo sobre Diversidad, Inclusión y Participación Social. Organizado por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y realizado en la comuna de Santa Cruz.

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- Diálogo participativo Servicios CAJRM. Organizado por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, se llevó a cabo en la comuna de La Pintana.

- Consulta Ciudadana Virtual Acuerdo de Unión Civil. - Consulta Ciudadana organizada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, se aplicó entre el día 15 y el 31 de diciembre de 2015, participando un total de 382 personas.

Plazas de Justicia

Las Plazas de Justicia son un espacio de difusión y promoción de las políticas, planes, programas y acciones tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como de sus Servicios Dependientes y/o Relacionados.

Este mecanismo de participación ciudadana, es realizado en terreno, y su coordinación e implementación está a cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia, quienes organizan a los servicios del Sector Justicia, así como a otros organismos públicos y privados que presten servicios de relevancia para la comunidad.

En 2015 se realizaron 147 Plazas de Justicia en todas las regiones del país, a través de las que se brindó atención directa a 26.046 ciudadanos durante 2015.

1.5. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Durante el año 2015, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), efectuó 52.221 atenciones a usuarios, de las cuales 29.950 fueron presenciales y 22.271, telefónicas. En relación a las respuesta a Reclamos, durante el año 2015, la Subsecretaría de Justicia respondió 104 de los 106 reclamos recepcionados en su Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS) en no más de 7 días, lo que refleja que en el 94,29% de los reclamos recibidos, se cumplió con la meta planteada para estos efectos.

Dicho resultado representa una mejora de gestión respecto al desempeño registrado durante el año 2014 toda vez que durante el período 2015 se mejoró el tiempo de respuesta pasando de 8 a 7 días, y los reclamos recibidos se redujeron de 245 a 106. Los resultados antes descritos permitieron dar cumplimiento al compromiso en materia de atención a usuarios contemplado en las metas institucionales del Programa de Mejoramiento de la Gestión, y reflejan el

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compromiso de este Ministerio por dar una atención oportuna y de calidad a los ciudadanos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de la transparencia activa, recibió durante el año 2015 658 solicitudes de acceso a la información, atendiendo la totalidad de ellas según su modalidad. Cabe señalar que del total de solicitudes, solo aproximadamente el 1,4% fue denegada por reserva de la información.

En cuanto a los tiempos de respuesta de las solicitudes de acceso a la información, indicador transversal que forma parte de los requisitos del programa de mejoramiento de la gestión, cabe señalar que aproximadamente el 33% de las respuesta fue dada en no más de 15 días.

Por último cabe destacar que a nivel del sector Justicia, durante el año 2015 se llevaron a cabo 156 auditorías de Aseguramiento de acuerdo a lo contemplado en los planes de auditoría de cada Institución, abordando además los Objetivos Gubernamentales establecidos por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y los objetivos Ministeriales establecidos por la Autoridad de esta Secretaría de Estado.

2. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 2.1. Servicios

2.1.1. Registro Civil e Identificación

La Ley N° 20.830, Crea el Acuerdo de Unión Civil fue promulgada el día 13 de

abril de 2015 y publicada en el Diario Oficial el día 21 de abril de 2015. En su artículo primero transitorio se dispuso que la ley comenzaba a regir seis meses después de su publicación, es decir, su vigencia comenzó el día 22 de octubre del año recién pasado.

Principales aspectos de la ley:

a) Crea la institución del “Acuerdo de Unión Civil”, que es un contrato que celebran dos personas – de igual o distinto sexo-, que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente.

b) Se crea el estado civil de conviviente civil.

c) El Acuerdo de Unión Civil se celebra ante cualquier Oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

d) Los convivientes civiles se entienden separados de bienes, a menos que en el acto de celebración o durante su vigencia, acuerden sujetarse al régimen especial de comunidad que establece la ley.

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e) Se crea un Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil, a cargo del SRCeI, en el que deberán inscribirse los acuerdos de uniones civiles que se celebren en el país, así como los celebrados en el extranjero cumpliendo los requisitos que se establecen en la ley.

f) El conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro y concurrirá en la sucesión del mismo modo y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente.

g) De los asuntos que se promuevan entre los convivientes civiles conocerán los Tribunales de Familia, cuando sea de aquellos a que se refiere el artículo 8°de la Ley N° 19.968.

h) Las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que las leyes y reglamentos establecen respecto de los cónyuges, se hacen extensivas a los convivientes civiles.

i) Las leyes y reglamentos que aludan a los convivientes, serán aplicables a los convivientes civiles.

j) La ley contempla modificaciones a cuerpos normativos relativos a salud, previsión social, y Estatuto Administrativo, Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico de Tribunales, Ley de drogas, Código Procesal Penal, Código del Trabajo, entre otros.

Conjuntamente, se presentó una nueva credencial de discapacidad, la cual posee un código de verificación que permite corroborar la información en línea. Los documentos se presentan en formatos más seguros y funcionales, incluyendo tecnologías que entregan la mayor comodidad para el usuario. Este producto, tiene una demanda anual superior a los 23 mil documentos.

Además el 8 de junio de 2015 se presentó el nuevo padrón vehicular, que posee mayores tecnologías con el fin de evitar falsificaciones y también, cuenta con un código QR y un folio de verificación, con el fin de comprobar la autenticidad del documento y eliminar la duplicación de padrones.

Conjuntamente, este Servicio dispuso de sus equipos de atención en terreno en las zonas afectadas por las catástrofes que sacudieron al país en el año 2015, a fin de que éstas pudieran solicitar su cédula de identidad en forma rápida y sin costo.

2.1.2. Gendarmería de Chile Destacan los siguientes resultados: En relación al Subsistema Cerrado:

- Durante el año 2015 un total de 1.650 personas accedieron al Programa de

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y Seguridad Pública. Este abarca los Centros Penitenciarios de Colina I y Colina II; Valparaíso, Arica, Talca, Temuco y Concepción.

En cuanto Subsistema Semiabierto:

- Un total de 28 Centros de Educación y Trabajo Cerrados estuvieron activos

y en promedio un total de 1.270 internos accedieron a prestaciones de formación laboral o trabajo.

En relación a las iniciativas del Subsistema Abierto:

- Se intervinieron un total de 56.060 usuarios que cumplen penas sustitutivas.

- El año 2015 finalizó con 3.042 condenados a reclusión parcial bajo control

telemático.

- El Programa de Intermediación Laboral intervino a 2.860 condenados,

logrando la colocación laboral del 25,3 por ciento. En relación a los resultados del Subsistema Post penitenciario:

- 17 Centros de Apoyo para la Integración Social (CAIS), atendieron a 28.359

usuarios.

Conjuntamente, destaca que el 24 de junio de 2015 se publicó la ley N° 20.849 que “Modifica el Estatuto del personal perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile en materia de ascensos”, permitiendo destrabar el ascenso de más de 2.500 oficiales y suboficiales.

2.1.3. Servicio Nacional de Menores

El Servicio Nacional de Menores presentó como principales resultados:

- La implementación del Programa de Familias de Acogida en tres regiones (Metropolitana, Valparaíso y Biobío), con el objetivo de otorgar una oportunidad transitoria para niños y niñas entre cero y tres años que, por decisión judicial, hayan sido alejados de sus familias debido a que sufrieron vulneraciones como abandono, violencia sexual u otras formas de maltrato.

- Se aumentó la subvención a todas las residencias de la red de protección de Sename, lo que permite mejorar la calidad de vida y de las intervenciones de los niños que han sido vulnerados en sus derechos. Este aumento implico un gasto total de 3 mil 437 millones de pesos.

- Se incrementó la oferta especializada para dar atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil y sus familias, en todas sus

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formas. Para ello, se destinaron más de 3 mil 300 millones de pesos, dando atención a más de 93 mil niños, niñas y adolescentes.

- Se amplió el programa de Oficinas de Protección de Derechos (OPD) en 81

nuevas comunas, con una inversión que superó los 3 mil.700 millones de pesos. Con estas nuevas OPD pasamos de tener 126 a 207 a lo largo de Chile, logrando una cobertura de 724 mil niños y sus familias, a través de atenciones psicológicas, sociales y jurídicas. Con esto estamos cumpliendo con el principio de la equidad territorial, dado que había muchos lugares donde no se daba respuesta a las necesidades de los niños y sus familias, especialmente en la zona norte y en las regiones más extremas del país.

- En materia de reinserción juvenil, destaca la implementación del

Programa de Intermediación laboral en cinco regiones del país: Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos y Metropolitana. Este programa aborda de forma personalizada el acompañamiento de los jóvenes al mundo laboral, no sólo para que consigan un trabajo, sino para que lo mantengan.

- Además se desarrollaron 37 cursos de capacitación en áreas técnicas y oficios. Se ejecutaron alrededor de 410 talleres socioeducativos cubriendo el 100 por ciento de los jóvenes atendidos en los centros de administración directa.

2.1.4. Servicio Médico Legal

- En materia de Sexología Forense, se actualizaron los procedimientos

relacionados en materias de delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Esto en el marco del compromiso de gobierno de abordar con suma urgencia las vulneraciones que ellos sufren producto de prácticas institucionales, lo que incide en la revictimización.

El trabajo se centró en mejorar la calidad y cobertura de las pericias sexológicas, reforzando las capacidades instaladas e implementando nuevas en el sistema. En ese sentido, el Servicio Médico Legal inició un proceso de fortalecimiento de las salas de atención clínica forense de sus sedes regionales según un estándar nacional, e inició la destinación de unidades móviles sexológicas para las zonas más apartadas del país.

- En materia de derechos humanos el Servicio Médico Legal ha centrado su

labor en materia de identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos con un abordaje multidisciplinario que hoy es reconocido en el mundo. En esta materia destaca la identificación de la última víctima

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pendiente del emblemático caso Lonquén, que significó en Chile la primera evidencia indesmentible de la violencia de la dictadura.

- En otro ámbito, en relación a las catástrofes ocurridas durante el año 2015

el Servicio Médico Legal activó su red forense, lo que implicó el traslado, desde distintas sedes, de un equipo interdisciplinario para apoyar las labores técnico – periciales.

2.1.5. Defensoría Penal Pública

- Durante el año 2015 se buscó dar continuidad y proyección a los logros de

excelencia obtenidos por la institución en los años previos. Éstos, a su vez, tuvieron que ver con el trabajo desplegado para cumplir los objetivos estratégicos definidos por la institución para el período 2015-2018: fortalecer el sistema mixto de defensa pública para asegurar la cobertura nacional del servicio; mejorar continuamente la prestación de defensa, reforzando para ello la especialización y los mecanismos de evaluación; robustecer la difusión de derechos y el rol público de la Defensoría ante la comunidad y mejorar la excelencia institucional, fortificando la gestión de procesos y el desarrollo de las personas.

- Conjuntamente, se incorporaron cuatro regiones a la ejecución del

Programa de Defensa Penitenciaria: Antofagasta, Atacama, O’Higgins y La Araucanía. Se atendieron en total a 335.617 imputados, en los cuatro modelos de defensa especializada: jóvenes, migrantes, indígenas y personas condenadas privadas de libertad.

2.2. Gestión Judicial

- Ley N°20.876, Crea juzgados que indica y modifica diversos cuerpos legales para alterar la composición de diversos tribunales de justicia El objeto de este proyecto, trabajado en conjunto con el Poder Judicial, es aprovechar de forma eficiente los recursos económicos disponibles, para dar una respuesta adecuada a las cargas de trabajo que se aprecian en tribunales de competencia penal, común, laboral y de cobranza laboral y previsional; y mejorar el acceso a la justicia de los habitantes de localidades geográficamente apartadas. Para estos efectos, se suprimieron un total de 77 cargos de jueces de garantía y de tribunales de juicio oral en lo penal de la Región Metropolitana, que no habían sido provistos conforme al cronograma de la Ley N° 19.665, atendido que la carga de trabajo proyectada en la RM resultó ser mayor que la carga efectiva,

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encontrándose suficientemente cubierta la demanda actual por justicia penal. En su lugar se dispuso utilizar 71 de esas plazas para cubrir la demanda creciente de otros tribunales del país, de diversas regiones y competencias, donde la dotación de jueces se revela deficitaria a la luz del volumen de causas que ingresa a los tribunales y las 6 plazas que restan utilizarlas para la creación de tres nuevos tribunales, con asiento en las comunas de Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos, a efectos de garantizar el acceso a la justicia en dichas localidades, respondiendo a las necesidades derivadas de la explosión demográfica, así como razones geográficas y las distancias existentes entre la población que demanda el servicio judicial y el actual órgano jurisdiccional competente.

- Ley N°20.875, Modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de distribución de causas

Esta iniciativa buscó asegurar una mejor y más equitativa distribución de la carga de trabajo entre tribunales equivalentes, evitando la posibilidad que una de las partes pudiera “elegir” el tribunal en el que tramitaría su causa, seleccionando aquel juzgado que estimaba pudiera ser más favorables a sus intereses, en perjuicio del demandado, lo que no parecía ser un criterio razonable ni equitativo de distribución.

En concreto, se reemplazó el actual sistema del turno por un método informático de distribución de causas, más objetivo, que será aplicado por el Primer Juzgado de Letras de la respectiva comuna o agrupación de comunas.

- Ley N°20.886, Modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales

En términos generales, el propósito de este proyecto de ley fue profundizar el proceso de modernización del Sistema Judicial Chileno, incorporando los progresos tecnológicos a la administración de justicia, a efectos de reducir los costos que asumen las partes y el Poder Judicial, a través de la sustitución del expediente en papel por una carpeta electrónica, lo que contribuye a un mejor y más seguro acceso a la justicia.

- Reforma Procesal Civil

Continuando con el proceso de Reforma a la Justicia Civil contemplado en el programa de gobierno, durante el año 2015 se llevó a cabo un profundo análisis del proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil (Boletín 8197- 07), trabajando no sólo en la confección de las indicaciones a los artículos que fueron rechazados en la tramitación legislativa ante la Cámara de Diputados, la regulación del sistema ejecutivo y el recurso ante la Corte Suprema, sino también en la incorporación de nuevas indicaciones teniendo como principal foco el acceso a la Justicia. En este orden de ideas se han confeccionado propuestas que serán

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futuras indicaciones al Proyecto en dos aspectos: tratamiento especial para las pequeñas causas, conflictos comunitarios y vecinales y la incorporación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Durante el año 2015 el trabajo se centró en diseñar un sistema de ejecución ante al Tribunal Civil reformado, poniendo énfasis en la separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas, otorgándoles a estas últimas mayor especificidad y profesionalización e incorporando importantes innovaciones como la subasta electrónica de bienes y el embargo online. En este sentido, durante el año 2015 se licitó y desarrolló un estudio que tuvo por objeto determinar el perfil de los funcionarios que desarrollarán estas nuevas actividades ligadas a la ejecución.

También durante el año 2015 se terminó de desarrollar el modelo de diseño orgánico necesario para la implementación de la Reforma. En este sentido, se desarrollaron dos estudios que constituyeron insumos fundamentales para la toma de decisiones: estudio de proyección de demanda bajo el sistema reformado y levantamiento de la infraestructura existente para el funcionamiento de los actuales Tribunales Civiles y propuesta de cambio para los Tribunales reformados. Cumpliendo con el compromiso de gobierno, en el año 2015 se llevó a cabo un diagnóstico y levantamiento de buenas prácticas en el derecho comparado, que permitió conocer los principales aciertos y falencias de los gobiernos judiciales extranjeros, información que será fundamental al momento de realizar una comparación con nuestro sistema interno y sugerir posibles cambios.

2.3. Fortalecimiento del Proceso Penal

- Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal La Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal es presidida por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y está compuesta por las máximas autoridades de la Excelentísima Corte Suprema, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Colegio de Abogados, Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores.

Esta Comisión tiene como objetivo procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del Sistema Procesal Penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación.

Destacan las siguientes iniciativas impulsadas por esta instancia interinstitucional: El diseño e implementación de un Piloto de Investigación Focalizada en delitos contra la propiedad, el fortalecimiento de la gestión en Justicia Penal Juvenil, y la

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creación de un sistema de interconexión único que permita el seguimiento, control y gestión de las medidas cautelares, penas sustitutivas y condiciones de las salidas alternativas.

- Ley N° 20.861, Fortalecimiento Ministerio Público

El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet se preocupó especialmente de la situación institucional del Ministerio Público, derivada de la sobrecarga de trabajo y de los nuevos desafíos que día a día debe enfrentar ante nuevas y más complejas formas de delincuencia, lo cual a su vez afectaba el adecuado desarrollo de sus tareas en materia de persecución criminal.

La necesidad de fortalecer el Ministerio Público surgió como materia de reforma legislativa en el año 2012, pero su contenido era perfectible, por lo tanto, se trabajó en su mejora. Por tal motivo, el Gobierno decidió introducir una indicación sustitutiva al texto que estaba en tramitación, para de esa forma abordar todos los aspectos que afectan el desempeño del órgano persecutor, modernizándolo y adecuándolo a los requerimientos ciudadanos y necesidades vigentes de sus propios funcionarios.

Con fecha 17 de agosto de 2015 se publicó la Ley N° 20.861, cuerpo legal impulsado y aprobado por el Gobierno de la Presidente Bachelet que, además de incorporar medidas que potencian la persecución e investigación penal, ha puesto especial énfasis en la implementación de medidas de desarrollo institucional que derivan en la incorporación de una carrera funcionaria y en un mejoramiento de la distribución y continuidad de la carga laboral, tanto para los fiscales como para los funcionarios del Ministerio Público, incorporando normas que permiten el ascenso y la promoción interna de todos los funcionarios.

En materia de desarrollo institucional las modificaciones consisten en aumentar la dotación existente, ajustar los grados en los diferentes estamentos, implementar una carrera funcionaria tanto para fiscales como para funcionarios, y asegurar la continuidad de la carga de trabajo a través de un sistema de subrogancia y suplencia.

En materia de investigación y tramitación de causas, se refuerza la tramitación de causas menos complejas, incorporando más funcionarios a los equipos dedicados a la recepción y análisis de este tipo de casos, que constituyen el mayor volumen de causas que atienden las fiscalías. Además, la ley crea un sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, con el objeto de robustecer la persecución penal mediante el desarrollo de estrategias que generen iniciativas para actuar sobre mercados delictuales específicos.

En cuanto a la atención de víctimas y testigos, se busca mediante el aumento de fiscales, profesionales, técnicos y administrativos (en la atención de casos menos

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complejos, que constituyen el más alto porcentaje de causas que ingresan al sistema) un contacto más oportuno y una comunicación más directa con las víctimas. Además, mediante el establecimiento de un sistema de suplencia y subrogancia de fiscales adjuntos, también se mejora la atención de los usuarios, ya que tales sistemas colaborarán con la continuidad del servicio, y reducirán la sobrecarga de trabajo de fiscales y funcionarios, que deben dedicarse a la tramitación de causas de otros profesionales, desatendiendo las propias.

Por último, se ha dispuesto que el Ministerio Público tenga la obligación de publicar en su sitio electrónico un Plan Institucional Anual mediante el cual se informe, entre otras materias, sobre su misión, sus principales líneas de acción, objetivos estratégicos, indicadores de desempeño y otros elementos que permitan medir el grado de cumplimiento de tales líneas de acción y objetivos, por región. En 2016, se seguirá avanzando en los siguientes proyectos de Ley:

- Tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios. El proyecto ingresó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento con objeto de iniciar su tramitación en el primer semestre de 2016. La idea es continuar con la tramitación de este proyecto de ley para avanzar en el cumplimiento de los mandatos OCDE.

- Modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal. Desde el 18 de junio en 2° trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Ha sido retomada su tramitación en marzo del presente año.

- Código Penal. Se espera presentar el proyecto de ley durante el primer semestre del año.

2.4. Inversiones e Infraestructura

En materia de infraestructura sectorial, durante el año 2015 se desarrollaron construcciones para distintos servicios buscando mejorar las condiciones de habitabilidad, lo que ha implicado entre otras cosas: Cumplir con requerimientos asociados a nuevas leyes, disminuir el hacinamiento, mejoramiento integral de instalaciones, recuperación de estructura, aumento de plazas, nueva imagen institucional, concentración de dependencias y mejorar la atención al usuario. La Ley de Presupuesto del año 2015 consideró recursos para 10 iniciativas de inversión de Gendarmería de Chile por un monto total 14.434 millones, así como financiamiento para la construcción de 3 Centros Cerrados de Sename por la suma de 4.157 millones de pesos. Para el Servicio Médico Legal, se contemplaron

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recursos para ampliaciones y reposiciones por un monto de 2.442 millones. Asimismo, se asignó un monto de 1.470 millones para financiar la “Construcción del Edificio Sector Justicia de Puerto Montt”.

Al respecto, se informa lo siguiente:

- Se adjudicó y se dio inicio a las obras del proyecto “Construcción Centro Penitenciario Femenino de Arica”.

- Se dio inicio al proceso de cotización para la contratación del proyecto “Reposición Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción”.

- Se realizó llamado a licitación del proyecto “Construcción Recinto Modelo

de Educación y Trabajo La Laguna” (Talca) y se avanzó en gestiones para efectuar la licitación del diseño del proyecto “Construcción Recinto Modelo de Educación y Trabajo El Arenal”.

- Se obtuvo la aprobación técnica para avanzar en la construcción de los proyectos del Servicio Médico Legal de San Antonio, Temuco y Puerto Montt.

En Gendarmería de Chile, se dio término a la ejecución de las obras de los proyectos “Ampliación Centro Detención Preventiva de Quillota” y “Reposición y Reparación Centro Cumplimiento Penitenciario de Parral”. Se inició el diseño para la “Restauración de la Iglesia del Santísimo Sacramento, de Santiago”.

El Servicio Nacional de Menores realizó el llamado a licitación para la “Construcción Centro Cerrado de Tarapacá”. Sobre el proyecto “Construcción Centro Cerrado X Región de Los Lagos” se realizó un Plan de Socialización por parte de Sename ante la Comunidad. La construcción del Centro Cerrado de la VII Región avanzó en un 95%, y se está a la espera de la recepción provisoria de obras y la adquisición del equipamiento para el año 2016. Por otra parte, se llamó a licitación la “Reposición del Centro Cerrado de Antofagasta”.

En el Servicio Médico Legal, se dio inicio al diseño del proyecto “Reposición y Equipamiento Servicio Médico Legal Quillota-La Calera”. Se obtuvo aprobación técnica para la ejecución de los proyectos del SML de San Antonio, SML Puerto Montt y SML Temuco.

Asimismo, se terminó el diseño del proyecto “Reposición Edificio Central SML Nacional” y finalizó el proceso de equipamiento del proyecto Ampliación del SML Angol.

En relación a las inversiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se destaca que en 2015, se aprobó técnicamente la construcción del proyecto

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“Construcción Edificio Sector Justicia Puerto Montt”, iniciándose el contrato en el mes de enero del año 2016.

Durante el año 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dará continuidad a una cartera de 26 proyectos de inversión en infraestructura. Entre los más relevantes se cuentan:

- Avanzar en la construcción del Centro Penitenciario Femenino de Arica y Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, y en los procesos licitatorios de los Complejos Penitenciarios de Talca y Copiapó.

- El Complejo Penitenciario de Calama, en tanto, ya cuenta con terreno y se

avanza en el desarrollo del perfil del proyecto de inversión.

- Continuar los procesos de búsqueda y adquisición de terrenos para los nuevos Complejos Penitenciarios de Chillán y Coyhaique.

- Avanzar en la construcción de Edificio Sector Justicia Puerto Montt, y en los procesos de licitación para la construcción de los Centros de Régimen Cerrado de Puerto Montt, Antofagasta y Tarapacá y de los nuevos edificios del Servicio Médico Legal en San Antonio, Temuco y Puerto Montt.

3. DERECHOS HUMANOS

3.1 La Subsecretaría de DD.HH. ha sido creada por la Ley N° 20.885, promulgada con fecha 16 de diciembre de 2015 y publicada el 05 de enero de 2016. Esta ley introduce adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, y tiene por objetivo optimizar la gestión del Estado, concentrando la función de proponer y coordinar las políticas públicas en materia de Derechos Humanos.

A partir de su publicación se inició un proceso de implementación, que están ligados con la dictación de diversos actos administrativos, entre los cuales destaca, la dictación de un Decreto con Fuerza de Ley que debe fijar, entre otras materias, “la fecha en que entrará en funcionamiento la Subsecretaría de Derechos Humanos” (artículo tercero transitorio, numeral 1 de la Ley N° 20.885).

En términos orgánicos, la Ley N° 20.885 establece la creación de dos organismos:

a) La Subsecretaría de DD.HH.: Órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tendrá por función principal asesorar y colaborar en la

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elaboración de planes, programas y toma de decisiones en el sector específico de los Derechos Humanos.

b) El comité Interministerial de DD.HH.: Órgano asesor del Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial del Gobierno en materia de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, será una instancia de información, orientación, coordinación y acuerdo para los Ministerios y Servicios que lo integran.

Asimismo, esta ley contempla el establecimiento de un instrumento que permitirá fijar la política país en la materia, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que tendrá una duración de 4 años y contendrá el diseño e implementación de las políticas públicas encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos. Por último, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública será traspasado de forma íntegra a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

3.2 Los Proyectos de Ley de incidencia colectiva en materia de DD.HH. que ese encuentran actualmente en tramitación son:

- Proyecto de Ley que modifica la tipificación del delito de tortura, eleva sustancialmente su penalidad y establece su imprescriptibilidad: Este proyecto tiene el propósito de tipificar el delito de tortura y adecuarlo a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. Esta iniciativa legislativa introduce un nuevo párrafo 4° bis al Título III, del Libro II del Código Penal, referente a los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución, a fin de agregar una nueva figura de tortura que resulte coherente con el entramado legal, en su descripción y pena. Se innova al incluir en la definición de la tortura que ésta pueda consistir en dolores o sufrimientos sexuales, diferenciándolos de los físicos y psíquicos, apoyando la hipótesis de que ciertos actos de violencia sexual pueden llegar a ser constitutivos de tortura. Asimismo, la tortura será imprescriptible y no se le aplicará la denominada media prescripción.

- Proyecto (de reforma constitucional) que modifica la Constitución Política de la República para establecer que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no puedan prescribir ni ser amnistiados.

- Proyecto que adecúa la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el Derecho Internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra: Este proyecto de ley prescribe que la amnistía, el indulto y la prescripción, o media prescripción, de la acción penal y de la pena no serán aplicables a los crímenes y simples delitos que, en conformidad al Derecho

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Internacional, constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes o delitos de guerra.

4. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y JUSTICIA JUVENIL

El último trimestre de 2015 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsó en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Menores y la Intendencia Metropolitana una Plan de acción en materia de Responsabilidad Penal Adolescente, Plan RPA.

El mencionado Plan cuenta con tres medidas: 1. Monitoreo y apoyo a casos complejos.

2. Sistema de reportabilidad diaria de ejecución de sanciones. 3. Auditoría técnica nacional a programa de medio libre. 1. Monitoreo y apoyo a casos complejos

Con el propósito de abordar la primera medida, en el mes de octubre de 2015 se constituyó un equipo profesional dependiente del Ministerio de Justicia, cuyo objetivo de trabajo es: “Colaborar en el monitoreo, control y proceso de intervención de los casos definidos como complejos y prioritarios en el sistema RPA, mediante el desarrollo de estrategias de abordaje trabajadas en conjunto con los equipos interventores y otras instituciones aportadoras del proceso”.

Los casos definidos como complejos y prioritarios, que representan el grupo objetivo a intervenir por parte, fueron seleccionados en base a los siguientes criterios:

a. Muestra de casos complejos.

1. Contar con 5 o más ingresos a sistema RPA en medio libre o semi-cerrado. 2. Contar con 3 o más reingresos a sistema cerrado.

Ambos grupos corresponden a jóvenes cuyo último ingreso a la red de atención en Justicia Juvenil de SENAME, ha sido por la comisión de alguno de los siguientes delitos:

 Robo con Violencia  Robo con Intimidación  Robo en lugar habitado  Robo en lugar no habitado  Robo por sorpresa

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 Homicidio

 Violación

La aplicación de estos criterios dio como resultado la identificación de 84 casos vigentes en centros y programas de la Región Metropolitana sobre los cuales existen acciones concretas orientadas a coordinar la intervención realizada por los distintos equipos encargados de la ejecución y realizar asesoría técnica a los mismos, además de gestionar la red para un acceso prioritario a las prestaciones requeridas.

Durante el año 2016 se amplía la cobertura del plan a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Bio Bio y Araucanía, utilizando los mismos criterios de selección de casos, como una manera de fortalecer el sistema en aquellas regiones que presentan las cifras más altas de reincidencia y en aquellas que tienen una cantidad mayor de jóvenes condenados.

b. Muestra de casos prioritarios.

1. Poseer 14 años de edad y estar vigente en programas en la Región Metropolitana, sin distinción de tipo de delito.

2. Encontrarse vigentes en Centros de Internación Provisoria en la Región Metropolitana.

La aplicación de ambos criterios dio como resultado la identificación de 349 casos en la Región Metropolitana, siendo 86 aquellos jóvenes que poseen 14 años de edad, y 266 los que están en internación provisoria.

2. Sistema de Reportabilidad

La segunda medida del plan dice relación con mantener un sistema de reportabilidad diaria de ejecución de sanciones, de alcance nacional, que permita monitorear la gestión de los casos por parte de los centros de administración directa de SENAME y de los organismos colaboradores (Programas de Libertad Asistida y Libertad Asistida Especial), a fin de detectar problemáticas que requieran abordaje o medidas de mejora.

Con base en los sistemas de información existentes (SENAINFO), se ha logrado que de manera estable SENAME genere y comunique al Ministerio reportes de atención diaria y reportes de ocupación, que permiten contar con datos acerca del tipo y número de atenciones prestadas en centros y proyectos, así como acerca de las plazas vigentes y ocupadas.

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3. Auditoría técnica nacional a Programas de Medio Libre

La tercera medida del Plan consiste en la realización de una auditoría técnica nacional de la ejecución de los programas que implementan los organismos colaboradores acreditados por SENAME, a través del establecimiento de las brechas en el desempeño de los organismos colaboradores con respecto a los requerimientos técnicos que efectúa SENAME y, además, levantará información respecto de la pertinencia y calidad de los programas ejecutados, estableciendo para ello estándares de prácticas efectivas que permitan avanzar respecto de las evaluaciones realizadas y permitan reorientar las exigencias requeridas por el SENAME.

Actualmente, el Ministerio se encuentra en el proceso administrativo de licitación de esta auditoría, la que abarcará la totalidad del territorio nacional, incorporando las 15 regiones del país, a través de la revisión de una muestra representativa de los programas en cada región, considerándose los siguientes programas: Medida Cautelar Ambulatoria, Salida Alternativa, Programa Libertad Asistida, Libertad Asistida Especial y Servicio en Beneficio de la Comunidad.

En 2016, se seguirá avanzando en los siguientes proyectos de Ley:

- Proyecto de Ley que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas

de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. Se retomará la tramitación legislativa durante 2016, una vez que se cuente con el informe presupuestario de la indicación sustitutiva diseñada durante 2015.

- Nueva institucionalidad de SENAME; Servicio de Reinserción Social de

Adolescentes y Reforma a Ley N° 20.084. Se continuará trabajando en el anteproyecto, haciendo estudios de impacto financiero y de desarrollo orgánico, con objeto de presentar el proyecto de ley dentro del primer semestre de este año.

5. SISTEMA PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL

- Promover una política penitenciaria integral, cuyo eje sea la rehabilitación y reinserción social.

La División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia en conjunto con Gendarmería de Chile ha desarrollado un Plan Medidas Penitenciarias. Este Plan considera el desarrollo de un trabajo sistemático en torno a tres grandes ejes: Reinserción Social, Derechos Humanos y Sistemas de Gestión, los que se constituyen en los elementos centrales para el desarrollo de una política pública en materia penitenciaria perdurable en el tiempo y que sea un aporte a la seguridad pública y a la reducción de la reincidencia.

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El Plan fortalecerá el carácter público de los programas de reinserción, aumentará la oferta programática de reinserción que incluya los ámbitos tradicionales y programas específicos.

- Modelo de Intervención Especializado UNIDAD MODELO y mejoramiento

de cárceles concesionadas.

- Esquema de Transición a la Libertad para la disminución de reincidencia.

- Cambios a la Normativa Penitenciaria que favorezcan el trabajo y la reinserción.

- Fortalecimiento de la Intersectorialidad para la Reinserción Social.

- Promoción de los Derechos Humanos y resolución pacífica de conflictos al

personal de trato directo.

- Mejores sistemas de Gestión de la Información Penitenciaria.

- Modelo de gestión de visitas del Poder Judicial para asegurar cumplimiento

de estándares.

La Unidad Modelo considera a toda la comunidad penitenciaria, con lo cual se entiende: la población penal y sus visitas, el personal uniformado y el personal civil.

La propuesta contempla acciones sustantivas de: Diagnóstico y Segmentación de la Unidad Penal; Oferta Programática general y especializada, con énfasis en el fortalecimiento de la actividad laboral; Preparación para el Egreso y Retorno a la Comunidad; Instalación de Competencias Alternativas para el Personal; Protección de Visitas de niños, niñas y adolescentes; e Información para Población Penal.

- Ley N°20.849, Modifica el Estatuto del Personal perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile en materia de ascensos

El objetivo de esta Ley es permitir la profesionalización y actualización del escalafón de la Institución y así mejorar la labor penitenciaria y contribuir a la reinserción social.

- Programa de Tribunal de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol (TTD) Los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol es una iniciativa que busca hacerse cargo de la problemática del consumo problemático de drogas y alcohol asociado a la comisión de delitos. Se trata de un programa especializado, inserto en el Sistema de Justicia Penal, cuya finalidad es identificar a los infractores consumidores y derivarlos a tratamiento, con una supervisión judicial cercana y permanente.

Actualmente el programa de TTDyA se encuentra presente en 29 Juzgados de Garantía del país, abarcando diez regiones, colaborando en la reducción de la

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reincidencia delictiva promoviendo una estrategia moderna e innovadora, que se funda en un trabajo eficaz y replicable.

En el mes de abril de 2016 se ha diseñado y anunciado la extensión del Programa de TTDyA para adolescentes.

6. EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

El 30 de noviembre de 2015, por medio de la Resolución Exenta N° 5113, se establece la Unidad de Género (UG) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como un mecanismo institucional a cargo de coordinar las acciones que se adopten en materia de equidad de género y no discriminación entre mujeres

y hombres en el sector justicia, igualdad de género, promover capacitaciones, elaborar un plan de trabajo de carácter anual, entre otros.

La puesta en marcha de la Unidad de Género se ha constituido en un soporte técnico para la implementación de medidas para la igualdad tanto en la Subsecretaría de Justicia, como en los Servicios dependientes. Especial relevancia tiene la participación de 200 funcionarios y funcionarias del sector en una capacitación y sensibilización en violencia contra la mujer. También lo es la instalación de mesas de género en los servicios, que permite transversalidad en la mirada de género. Además se ha incluido la mirada de género en la implementación del instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales. Las experiencias de las mesas de trabajo como las actividades de formación, han permitido profundizar y ampliar las medidas de igualdad comprometidas por cada centro de responsabilidad, a la vez han permitido dar visibilidad a las situaciones de vulneración de derechos que aún afectan a las mujeres.

En Marzo, se realizó el Seminario “Mujeres en el Chile de hoy, avances y desafíos legislativos: una mirada desde los Derechos Humanos”. Esta iniciativa constituye un esfuerzo institucional conjunto del Ministerio y de sus organismos dependientes con el fin de establecer un diagnóstico del contexto actual de los Derechos Humanos de las mujeres en la legislación nacional y en el ámbito de prácticas en la esfera pública y privada.

La finalidad de este encuentro fue reflexionar y promover la sustitución de leyes y actuaciones discriminatorias y, consecuentemente garantizar a las mujeres un real acceso a la Justicia, su fomento, protección y respuesta efectiva, oportuna y sin victimización por parte del aparato público y del Sistema Judicial, para progresivamente derribar las barreras que separan a mujeres, adolescentes y niñas del pleno acceso y ejercicio a la igualdad, justicia y el goce de una vida libre de violencia

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