ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA DESAFECTAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD, SEGREGAR Y DONAR A LOS POBLADORES
CASERÍOS DE EL CERRO, TIPO HACHE, Y LA ANTIGUA ZONA AMERICANA, EN QUEPOS
KARLA PRENDAS MATARRITA DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 20.668
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
SU PROPIEDAD, SEGREGAR Y DONAR A LOS POBLADORES CASERÍOS DE EL CERRO, TIPO HACHE, Y LA ANTIGUA
ZONA AMERICANA, EN QUEPOS
Expediente N.º 20.668 ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que Costa Rica ratificó, los estados proclaman que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Adicionalmente, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) también se reconoce el derecho a la vivienda. En su artículo 11, los estados se comprometen a tomar las medidas necesarias para realizar: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, incluso (...) vivienda adecuadas, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.
Por su parte, nuestra Constitución Política de Costa Rica consagra en el artículo 65 el derecho fundamental a una vivienda digna. El texto constitucional dice:
“El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”.
Por su parte, la Sala Constitucional, respecto al alcance de esta norma constitucional, ha señalado que: “Estima la Sala que el deber del Estado de promover la construcción de viviendas de interés social o “populares”, como denomina el artículo 65 de la Constitución Política, no se agota con facilitar la obtención de una casa donde puedan vivir las personas de escasos recursos, sino que debe vigilar el Estado -sentido amplio- porque se trate de una vivienda digna, bien construida, con acceso a los servicios básicos y ubicada en un lugar seguro, donde no corra peligro su vida ni la de su familia, así como tampoco su patrimonio familiar”.
Expediente N.º 20.668 2
Desde finales del siglo XIX el Estado costarricense celebró contratos de arrendamiento de tierras para el desarrollo de la actividad del cultivo del banano. El Estado proporcionaba tierras para el cultivo, construcción y habilitación de puertos para la exportación de la fruta, permiso de uso de vías férreas construcción de infraestructura básica, etc. Todo lo anterior, con la intención de fomentar el cultivo de este producto que con los años permitió dinamizar la economía de zonas del país donde no había ningún tipo de desarrollo. Una de las zonas de nuestro país que se desarrolló a partir de este tipo de actividad fue Quepos.
El último de los contratos de este tipo, suscrito por el Estado costarricense, fue con la Compañía Palma Tica S.A., cuyo vencimiento se produjo en el año 2009. En el inmueble arrendado, la compañía edificó viviendas para algunos de sus colaboradores; ese grupo de viviendas es lo que el día de hoy se conoce como los caseríos El Cerro y Tipo Hache, y parte de la zona conocida como “Americana”. Al finalizar la relación laboral con la Compañía Palma Tica, S.A., la mayoría de las familias adquirieron de buena fe dichas viviendas, como parte de la compensación por el término de la relación laboral.
Hoy las familias que ocupan esas localidades gestionan ante la Asamblea Legislativa una propuesta para que se autorice al Estado a donarles los terrenos que poseen de buena fe desde hace décadas.
El 23 de noviembre de 2004, se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con la misma finalidad, que se tramitó con el número de expediente legislativo 15.771 “Autorización al Estado para Segregar y Donar Terrenos de los Caseríos Cerro y Tipo Hache en Quepos de Aguirre”.
Este expediente fue dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración en noviembre de 2005. No obstante, dicho proyecto de ley se tramita en un momento en que el contrato suscrito con la Compañía Palma Tica S.A. aún se encontraba vigente. Adicionalmente, al momento de la presentación del proyecto de ley las viviendas se encontraban registralmente en dos fincas que fueron reunidas en una sola, hecho que ocurrió posterior al dictamen del proyecto de ley. De ahí que registralmente las viviendas se encuentran ubicadas en la finca con el número de folio real partido de Puntarenas, matrícula folio real N.º 164408-00.
Posteriormente, en el 2009, se declara patrimonio natural del Estado la finca indicada, según el Decreto N.º 35325-MP-Minae. Asignación para la administración de un bien inmueble al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (partido de Puntarenas, matrícula folio real N.º 164408-000). Así como en el año 2012 se incorpora parte de la zona conocida como “Americana”, como patrimonio histórico-arquitectónico, según el Decreto N.° 37329-C, Declaratoria e incorporación al patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica del conjunto de edificaciones denominado “Antigua Zona Americana de Quepos”.
Tomando en cuenta que las situaciones jurídicas en torno al inmueble donde se encuentran ubicadas las familias ha variado desde que se tramitó el expediente indicado, se considera necesaria la presentación de un nuevo proyecto de ley, para que se defina la titulación por parte de los ocupantes de las localidades mencionadas.
Desde el año 2000, la Procuraduría General de la República sugiere al Ministerio de la Presidencia, que en aquel entonces tenía la administración del inmueble, la presentación de un proyecto de ley “tendiente a que el Estado traslade la propiedad de los terrenos sobre los cuales se encuentran ubicadas las mismas a los particulares involucrados o a la de otros en situación similar” (OJ 144-2000, de 21 de diciembre de 2000). Asimismo, la Defensoría de los Habitantes sugiere en el año 2005 la importancia de aprobar una iniciativa de ley que dé solución de vivienda a los ocupantes de la zona. (Oficio N.° 06183-2005-DHR, de 28 de junio de 2005).
Las familias poseedoras llevan décadas ocupando las viviendas de buena fe. Indudablemente, con el paso de los años las edificaciones han sufrido un deterioro considerable y al no contarse con el título de propiedad que los respalde se ven imposibilitados a tramitar cualquier tipo de crédito para mejoras.
La política social costarricense plantea el acceso a la vivienda digna, como uno de los factores que mejoran la calidad de vida de las familias y les procura mayores oportunidades de optimizar su condición socioeconómica. La aprobación de este proyecto de ley es indispensable para garantizar a las familias de las localidades de El Cerro, Tipo Hache y la zona Americana el acceso a esa vivienda digna, que consagra como derecho la Constitución Política en su artículo 65, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En virtud de las consideraciones expuestas, presentamos el presente proyecto de ley para su estudio y aprobación final por parte de los señores diputados y las señoras diputadas que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.
Expediente N.º 20.668 4
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA DESAFECTAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD, SEGREGAR Y DONAR A LOS POBLADORES
CASERÍOS DE EL CERRO, TIPO HACHE, Y LA ANTIGUA ZONA AMERICANA, EN QUEPOS
ARTÍCULO 1- Se autoriza al Estado, cédula de jurídica número 2-000-045522, para que desafecte, segregue y done los lotes que corresponda conforme a lo indicado por la presente ley, de la finca de su propiedad inscrita en el Registro Nacional bajo el sistema de folio real partido de Puntarenas, matrícula número uno seis cuatro cuatro ocho cero (No. 164480), que es terreno destinado con construcciones, zona verde, zona ocupada parque Tacotal, charral y patrio; situado en el distrito 01 Quepos, cantón 06 Quepos, de la provincia de Puntarenas, la cual tiene los siguientes linderos: al norte calle pública con un frente de setenta metros (70 metros) Zelma Villarreal, Joaquín Sancho Mora y Roberto Miles Nashea; al sur zona marítimo terrestre (en administración de la Municipalidad de Quepos) Carlos Alberto Vargas Leitón, Virginia Cutley Lee, Víctor Hugo Ramírez Muñoz; al este Berta Ordoñez Ordoñez, Rodrigo Gardela, Federico Ramírez Muñoz, Robert Miles Nazca, Hector Ramírez Muñoz, Angela Rodríguez Pérez, Gerardo Quesada Gutiérrez, John Cole Morgan, Flor de María Espinoza Henchoz, Nilo Zúñiga Artola, Misael Fallas Vargas, y al oeste calle pública. Mide: doscientos setenta y siete mil noventa y tres metros con sesenta y tres decímetros cuadrados (277093,63 m²), de conformidad con el plano catastrado número P – cero uno dos cero nueve cuatro cuatro – uno nueve nueve tres (P-0120944-1993). El resto de la finca madre se lo reserva el Estado.
ARTÍCULO 2- Los lotes por segregar serán traspasados a título gratuito en beneficio de las familias poseedoras u ocupantes de buena fe de los terrenos correspondientes, ubicados en los caseríos El Cerro, Tipo Hache y la zona Americana, del distrito Quepos, cantón Quepos de la provincia de Puntarenas. Los inmuebles donados se destinarán, exclusivamente, a la solución de vivienda de los pobladores.
El Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con la Municipalidad de Quepos, determinarán los beneficiarios finales de esta ley, quienes destinarán al régimen de patrimonio familiar el inmueble donado, el cual no podrá ser vendido, gravado, arrendado, cedido ni traspasado a terceros, hasta tanto no hayan transcurrido diez años desde la inscripción registral correspondiente.
Se exceptúan de esta regulación las operaciones de las personas beneficiarias de esta ley, con los entes autorizados del Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda, así como los gravámenes que las mutuales de vivienda impongan sobre los inmuebles traspasados y únicamente para financiar el mejoramiento y la reparación de las viviendas construidas en los lotes donados.
ARTÍCULO 3- Procederá de pleno derecho a favor del Estado la inmediata reversión de la propiedad de cualquier bien inmueble donado, en caso de que el terreno correspondiente se destine a otra finalidad o uso no autorizado por la presente ley.
ARTÍCULO 4- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione las escrituras de traspaso. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.
Rige a partir de su publicación.
Karla Prendas Matarrita Diputada
1 de febrero de 2018
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.
