Movimiento feminista y economía social en Quebec:
paradigmas y prácticas
Denyse Côté1
Resumen
Las mujeres son muy activas en la economía social y solidaria en Quebec tanto en la base de las cooperativas y ONG como en su liderazgo. Sin embargo, las consideraciones relativas a la igualdad de género en estas organizaciones son objeto de un nutrido debate. El artículo presentará un análisis de esta problemática a partir de datos de 2000 y 2008 en siete regiones de Quebec. Se plantean tensiones relativas al financiamiento, a las prácticas, y también a la ideología y al discurso -miedo al feminismo, auge de una cultura empresarial en las ONG, cooperativas e instituciones-. De este modo se pueden identificar empíricamente los límites al modelo teórico contemporáneo de la economía social y solidaria. Dichos límites serán analizados para permitir la concepción de nuevas políticas de inserción que incorporen las preocupaciones relativas a la igualdad de género en el ámbito de las organizaciones y de los proyectos de economía solidaria.
Palabras clave: feminismo, economía social, género, organizaciones.
Abstract
Women are very active in Social and Solidary Economy in Québec, both at the lower levels of cooperatives and NGO’s and among the leading positions. However, the topic about equality of gender in these organizations is at the moment being debated. The article presents a discussion of the problem based on data from 2000 and 2008 in seven regions in Québec. Tensions related to funding, practices and also to ideology and discourse-fear towards feminism, the rise of an entrepreneurial culture in NGO, co-operatives and institutions are stated. Keywords: feminism, social economy, gender, organizations.
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PhD en sociologie. Pr. Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais. Dir. Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes (OREGAND).
Introducción
Al igual que en otros lugares, las experiencias concretas de nueva economía social en Quebec surgieron antes de que tuviera difusión este concepto, su movimiento o su filosofía. Presentaremos aquí una experiencia de construcción y de política de apoyo a la economía social en Quebec para la cual, el movimiento de mujeres fue un catalizador importante, aun cuando fue rápidamente marginado del proceso. No solo se trata de un ejercicio de la memoria sino más bien de una discusión sobre las paradojas contemporáneas vinculadas a la economía social. En este sentido es conveniente analizar la dificultad para inscribir los paradigmas feministas en el seno de la economía social y la dificultad para contemplar en las políticas gubernamentales la problemática de los movimientos sociales.
Asimismo, es necesario tomar en cuenta la prevalencia de los prejuicios antifeministas, la masculinización de los procesos económicos e institucionales, y la protección de áreas o campos de intervención social. Se trata entonces de un ejemplo de reproducción del paradigma clásico de fisura entre lo económico y lo social que el discurso feminista, precisamente, se proponía revocar.
Para entrar en tema, es necesario presentar el contexto quebequense donde esta experiencia se generó. Para esto, caracterizaremos en primer lugar la emergencia de la problemática, el financiamiento y la supervivencia de las experiencias de producción colectiva de filosofías, paradigmas y políticas públicas relacionadas con la nueva economía social. Estas últimas fluctúan y se entrelazan en climas y estructuras político-económicas determinadas. Así, en Quebec los movimientos sociales han sido decisivos en cuanto a la aparición de experiencias y políticas de respaldo a la economía social. Estos proyectos y políticas evolucionaron en su estructura interna, en su naturaleza y en sus proyecciones identitarias y simbólicas. Las guarderías preescolares, citadas a menudo como experiencias exitosas o exponentes ejemplares de la economía social quebequense, surgieron impulsadas por un movimiento de inspiración feminista a mediados de la década del setenta, bajo el nombre identitario de “guarderías comunitarias autónomas”. Este “movimiento de guarderías” luchó durante veinte años y finalmente obtuvo un financiamiento parcial, que se consolidó con la puesta en marcha de una red parapública universal a fines de los años noventa. Los 975 Centros de primera infancia (CPE) se asociaron y se identificaron luego con la nueva economía social.
Sostenidos ampliamente por el Estado, los padres contribuyen a los CPE con sólo un pequeño porcentaje del financiamiento (7 dólares canadienses por día). Esto permite calificar a los CPE como empresas de economía social. Sus orígenes y vínculos con el movimiento feminista están hoy completamente olvidados.
I. Algunos elementos de contexto y morfología
La filosofía francesa de la economía social ha tenido influencia en Quebec en diferentes momentos de su historia. Basta recordar el impulso del movimiento cooperativo quebequense en el curso del siglo XIX y a comienzos del XX cuando surgieron, entre otros, las Cajas Populares Desjardins, fuente importante de financiamiento de la economía social contemporánea. La Iglesia Católica, en ese entonces omnipresente, se valió además de esta filosofía como baluarte contra las ideas laicas y anticlericales del marxismo y del republicanismo francés.
Luego de una etapa de menor influencia, el paradigma de la economía social resurgió en Quebec después de la caída del Muro de Berlín en un contexto de reconfiguración del Estado de Bienestar en la región. Ocupó el vacío dejado como consecuencia del eclipse de las ideologías de izquierda inspiradas en el marxismo y catalizó importantes sectores en la búsqueda de respuestas colectivas a los problemas sociales agravados por la crisis económica. A raíz de las presiones ejercidas por distintos sectores sociales, el gobierno de Quebec encontró en la economía social una respuesta satisfactoria para desarrollar una oferta de servicios y a la vez, reducir la dimensión del sector público, saneando sus finanzas de modo tal que la economía social se convirtió en el término de pocos meses en una “tercera vía”, un camino de salida para la crisis.
En la práctica -cuya lógica, recordemos, no puede ni debe ser confundida con la lógica política- las experiencias son numerosas y variadas. Los movimientos sociales quebequenses crearon centenares de grupos comunitarios como fruto de la Revolución Tranquila de los cuales muchos han sobrevivido y actúan aún hoy difundiendo discursos de defensa de los derechos, movilizando a los más vulnerables y ofreciendo variados servicios.
El año 1996 fue un año bisagra para la emergencia del “sector” de la nueva economía social. La mayoría de los grupos comunitarios, visibles desde hace veinte años y hoy firmemente inscriptos en el tejido social de Quebec, lograron desplegar una intensa actividad militante, que se
mantiene acompañada actualmente por un nuevo tipo de profesionalismo “comunitario” o “alternativo”. Desarrollaron una cultura organizativa y discurso propio y apoyan causas sociales en diversos campos transformándolos en demandas específicas y consolidando experiencias en campo. Este modelo difiere del de otras provincias canadienses. Su organización tiene mayor afinidad con la experiencia latina que con la anglosajona. Cerca de cuarenta federaciones agrupan alrededor de seis mil grupos comunitarios que tienen repercusión en el seno de comunidades locales y en toda la nación.
La dinámica de la economía social, tal como se la conoce hoy en Quebec, se construyó sobre la base de esta constelación de grupos comunitarios ligados a diversas agrupaciones surgidas durante lo que algunos autores han denominado los “treinta gloriosos (años)” (Vaillancourt y Lévesque”, 1998) o el período de formación del Estado de Bienestar. Al responder a las demandas locales perentorias y al constituir un movimiento social sólido, la permanencia de esos grupos comunitarios puede explicarse en razón del fervor de sus líderes, la convicción de sus miembros y también a partir de los financiamientos públicos, a menudo insuficientes, pero que sin embargo, pusieron a su disposición los recursos mínimos necesarios para su supervivencia.
Concretamente en el origen de la implantación de los grupos de economía social en Quebec se inscribe la dinámica del desarrollo económico comunitario de inspiración estadounidense y canadiense-británica. Desde 1997, el Estado de Quebec reorienta sus programas de subsidios directos hacia la economía social e introduce a tal efecto modificaciones legislativas.
Diversas influencias permitieron el surgimiento del concepto de economía social, relativamente desconocido en Quebec hasta la mitad de los años noventa. Las prácticas de distintos movimientos sirvieron de impulso para la aparición de ese nuevo campo de intervención social y a posteriori, el concepto de economía social se superpuso a antiguas prácticas como fue el caso en África francófona (Baron, 2007). La economía social obtuvo por consiguiente identidad y cohesión propias con la ayuda de un núcleo de actores, activistas e intelectuales que intervinieron anteriormente en el campo del desarrollo económico comunitario y la democratización de la economía. (Côté et al., 1998; Groulx, 1998; Lamoureux, 1998). Una voluntad política clara y dispositivos de financiamiento disponibles de manera recurrente permitieron, entre otras cosas, la creación y subsistencia de una red de
economía social. La economía social de Quebec encontró una razón de ser y se convirtió en menos de diez años en uno de los ejes centrales del modelo post-fordista quebequense. Esta dinámica contemporánea de economía social en Quebec comprende:
a. Un campo de actividad: grupos comunitarios que producen bienes y servicios vendidos en el mercado: cooperativas de trabajo, cajas populares, cooperativas de vivienda; experiencias de desarrollo comunitario económico en barrios carenciados; nuevas cooperativas de solidaridad creadas en la oleada de reformas legislativas y de consolidación del paradigma de la economía social (D´ Amours, 2007). Al contrario de otros autores, D´Amours incluye igualmente “los grupos comunitarios del sector no mercantil” (2007). Aun cuando es empíricamente heteróclita, la economía puede ser mejor comprendida desde el punto de vista empírico que desde el conceptual (Graefe, 2005) y remite a diversos sectores económicos y a organizaciones heterogéneas en su modalidad organizativa y filosófica (Malo y D´Amours, 1999). b. Los analistas, intelectuales y promotores de la economía social.
Como experiencia y como tercera vía política, articulada y ligada a la nueva arquitectura del Estado de Bienestar, la economía social es visualizada como una forma de “socializar” las fuerzas neoliberales que exigen la desinversión estatal en el desarrollo social y en el plano económico con la consiguiente restitución de la iniciativa a los más vulnerables.
c. Las políticas de Estado que promueven la economía social, tanto en Francia como en Quebec.
II. El movimiento feminista y la economía social de Quebec.
Con respecto a la situación del movimiento feminista, en primer lugar, recordemos que aunque en proporciones variables, son numerosas las mujeres que participan en el movimiento comunitario, en el movimiento cooperativo y en la economía social en general en Quebec, La tasa de mujeres es más elevada en las bases, en el empleo asalariado, en el voluntariado, en la militancia y en los sectores tradicionalmente femeninos: ayuda doméstica, vivienda social, guarderías infantiles, cajeras, para dar sólo algunos ejemplos. La tasa masculina, en cambio, es más elevada en el sector del cooperativismo, los negocios, la producción de bienes manufacturados y de recursos
naturales, y asimismo, en la cúspide de la pirámide, en los cargos de toma de decisiones. Destaquemos igualmente el número proporcionalmente más elevado de líderes femeninas en el movimiento comunitario y de la economía social, que por ejemplo en los partidos políticos o en los consejos de administración de empresas.
La inserción de las mujeres en esos espacios sociales no debe ser confundida con la dinámica de un movimiento social; en este caso, con la del movimiento feminista. El sector de la economía social le debe un impulso determinante al movimiento feminista cuando su movilización en 1995 logró que el Partido de Quebec prometiera financiar el sector de la economía social. Junto con la previa implantación del desarrollo económico comunitario en muchos barrios urbanos empobrecidos y su inserción política, esta chispa abrió la posibilidad de un reconocimiento formal de la economía social por parte del Estado de Quebec. En este reconocimiento, tuvo incidencia la necesidad de asegurarse el voto de los integrantes del movimiento comunitario y feminista algunas semanas antes del referéndum quebequense sobre la independencia de la región. A esto se añade la presencia de intelectuales quebequenses (Favreau y Levesque, 1996) ligados al renacimiento en Francia del paradigma de la economía social a partir de una reflexión enriquecedora sobre la vida comunitaria, los servicios vecinales, la democratización de los servicios públicos, la exclusión, el empleo, el trabajo y la cohesión social (Laville, 2005a, Laville 2005b; Caillé y Laville, 2001; Laville, 1996; Eme y Laville, 1992). Cabe destacar el aporte de esos análisis franceses, cuya realidad comunitaria difiere de la realidad de Canadá, y el trabajó junto al movimiento sindical de Quebec, en la búsqueda de soluciones a la crisis de empleo (Aubry y Charest, 1995).
De hecho, el auge del paradigma de la economía social no es una excepción a esta realidad propia de los movimientos sociales (Touraine, 1993). Éstos conocen flujos y reflujos y la adopción de nuevos paradigmas da lugar a éxitos, fracasos y tensiones internas, a menudo bien conocidos por los protagonistas, pero disimulados por motivos estratégicos o de imagen. En el caso que nos ocupa, la aparición del nuevo paradigma de la economía social constituyó una derrota simbólica y material para el movimiento de mujeres que había tenido un rol catalizador.
¿Cómo pudo producirse esto? Es necesario recordar que los grupos de mujeres son numerosos en Quebec, y que habiendo sobrevivido al retroceso del movimiento feminista de los años setenta, constituyen un sector consolidado, reconocido por el Estado, principalmente en virtud
de los servicios que brindan, complementarios de los servicios públicos. Esos servicios son jurídica y políticamente independientes de la red pública, están constituidos generalmente por asociaciones sin fines de lucro y regidos por la Parte III de la Ley de Asociaciones del Código Civil.
En algunos casos autogestionadas, mayoritariamente dirigidas por un consejo de administración, esas asociaciones son ampliamente subvencionadas por el Estado, aun cuando en general de modo insuficiente. Una quincena de agrupaciones nacionales asegura la cohesión de otros tantos sectores y los grupos de base se mantienen activos en las diecisiete regiones administrativas. Cada sector plantea reivindicaciones al Estado, desde su propio discurso, identidad, cultura organizacional y vida asociativa e interviene o incide en el ámbito tecnocrático y político.
La legitimidad del movimiento feminista se logró gracias a numerosas movilizaciones sociales nacionales. Su estabilidad relativa está ligada a la oferta de servicios que actualmente son considerados indispensables: apoyo a las víctimas de agresiones sexuales o de violencia conyugal, educación para la igualdad, inserción profesional, etc. Desarrollaron distintos modos de institucionalización y profesionalización (Lamoureux, 1990; Lévesque, 1994) y son hoy protagonistas del espacio político, de modo tal que a menudo se les confiere, en mayor medida que al Estado, la tarea de velar por la igualdad (Martineau, 2009).
En 1995, el llamado a la movilización general de la Federación de Mujeres de Quebec (FFQ) facilitó la renovación de la cohesión interna y la imagen del movimiento feminista en la opinión pública. La marcha de diez días -difundida ampliamente por los medios de comunicación- tuvo una gran repercusión y culminó en la Asamblea Nacional con una asistencia multitudinaria a la cual, el Primer Ministro de ese entonces, Jacques Parizeau, respondió de modo muy positivo.
Esta Marcha de Mujeres “Pan y Rosas” adaptó sus reivindicaciones al discurso liberal imperante. Es así como la reivindicación por lograr una mejor infraestructura social se mostró como una iniciativa viable. Traduciendo en términos económicos las contribuciones informales de las mujeres a sus familias y a sus comunidades locales, los grupos de mujeres reclamaron el financiamiento de sus actividades, al igual que los generosos programas públicos de infraestructura vial, subvencionados por los gobiernos en tiempos de crisis, creaban empleos destinados preferentemente a los hombres.
La puesta en marcha de las promesas gubernamentales no se demoró y se articuló en el nuevo contexto del voto negativo al referendum y la presencia del nuevo Primer Ministro del mismo Partido, Lucien Bouchard, antiguo negociador patronal del sector público. Éste, con habilidad, logró articular tres objetivos aparentemente contradictorios: reconocer formalmente por primera vez en la historia de Quebec, en ocasión de la Cumbre sobre la economía y el empleo de 1996, el liderazgo feminista nacional e incluirlo, al mismo nivel que los sindicatos, en el seno de los mecanismos de concertación nacional y obtener el apoyo de todos los sectores sociales y económicos para la reducción de los gastos públicos, disponiendo medidas de subsidio público para la economía social.
III. La “co-construcción” de medidas de apoyo a la economía social El compromiso de financiar la economía social fue interpretado por el movimiento de mujeres como una respuesta a su reivindicación con relación a la infraestructura social. Paralelamente, la Cumbre de la economía y el empleo, creó el Chantier de l’économie sociale, que junto con otros importantes dispositivos de investigación, actualmente contribuye a articular el discurso quebequense sobre economía social y coordina las iniciativas y los organismos profesionales e intelectuales en esta materia.
Se trata de uno de los numerosos mecanismos de concertación entre el aparato tecnocrático del Estado y la sociedad civil de Quebec implementado en ese periodo (Côté y Simard, 2009) ha conferido a ciertas organizaciones, entre ellas la Red de Economía Social, la legitimidad y el financiamiento necesarios para representar a ese sector ante instancias de poder.
Precisamente en el campo del control de los recursos (discurso, legitimidad y financiamiento) en materia de economía social, el movimiento feminista perdió la “batalla” no obstante la participación del Gobierno de Quebec en la IV Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing y su adhesión oficial a la Plataforma surgida de ese evento. Como en muchos otros casos, esos acuerdos no se concretaron rápidamente en el ámbito local.
Los reagrupamientos regionales feministas fueron elegidos por el Gobierno de Quebec en carácter de co-responsables de la aplicación local de las nuevas medidas de apoyo a la economía social.
Los grupos de mujeres de todas las regiones de Quebec encararon la tarea de instrumentar esas “medidas de apoyo a la economía social”, de acuerdo con el informe de una Comisión Gubernamental sobre economía social en el que habían colaborado líderes feministas reconocidas en el ámbito nacional (Gobierno de Quebec, 1996a) y en el cual se recogía el punto de vista feminista. Estas líderes actuaron frente a la ausencia de directivas gubernamentales claras sobre las normas de ese programa de financiamiento limitado, en ausencia de contactos inter-regionales fluidos y de un verdadero respaldo del liderazgo feminista nacional.
Contrariamente a los anteriores procesos de vinculación del movimiento feminista con el Gobierno de Quebec, estas decisiones no fueron negociadas en el ámbito nacional del cual solo un grupo se involucró realmente en el tema de la economía social (Relais-Femmes y otros, 1997). Este tema, así como aquéllos asociados al desarrollo económico y territorial fue priorizado por los grupos de mujeres en el ámbito nacional y regional. Ante la posibilidad de una nueva fuente de recursos materiales (financiamiento) y no materiales (legitimidad, poder) en un mundo político cada vez más descentralizado, los grupos de mujeres regionales mantuvieron durante tres años su movilización y su combatividad en torno al tema de la economía social.
Destaquemos igualmente que esos grupos de mujeres en el inicio tenían poca aptitud y legitimidad en el campo del desarrollo económico comunitario, en donde actuaba la mayoría de los grupos locales que posteriormente se identificaron con la economía social. Sin embargo, durante el período de 1996 a 2000 grupos de mujeres ocuparon un espacio junto a funcionarios, políticos y líderes regionales en economía social, espacio que luego tuvieron que abandonar (Côté y Maurice, 2005). Durante este período se integraron de modo voluntario e intensivo en comités bipartitos y multipartitos, sensibilizaron y capacitaron a funcionarios de las regiones en economía social y establecieron criterios de financiamiento con perspectiva de género en áreas y actividades de los grupos de mujeres.
Este trabajo permitió el reconocimiento de los grupos de mujeres como protagonistas políticas regionales, pero no aseguró la permanencia de su condición de líderes en el campo de la economía social. La innovadora articulación política del reconocimiento del trabajo comunitario gratuito de las mujeres que bregaban en favor de infraestructura social y de políticas de apoyo a la economía social tuvo otro efecto perverso: replanteó la geopolítica del movimiento
comunitario, así como también los paradigmas fundacionales de la acción gubernamental. Provocó una reacción defensiva ante la cual las organizaciones de mujeres no pudieron reaccionar de modo conveniente. Los otros actores públicos, políticos y comunitarios, se posicionaron por su parte frente a la presión surgida de los grupos de mujeres en su voluntad de seguir ocupando el campo discursivo y los espacios de intervención de la economía social. Los grupos comunitarios mixtos y los emprendimientos de economía social, los líderes tradicionales surgidos del ámbito de los negocios y los políticos locales ocuparon finalmente todo el campo de la economía social, marginando a los grupos de mujeres y los paradigmas feministas. IV. La difícil integración del paradigma de la economía social y solidaria
A partir de su reivindicación de la infraestructura social el movimiento de mujeres cuestiona la escisión entre lo económico y lo social y demanda un cambio paradigmático. ¿Cómo se articularon esas discusiones en el seno de los Comités regionales de economía social (CRÉS) creados en 1977 por el gobierno de Quebec? ¿De qué manera el proceso de exclusión de la perspectiva feminista de las políticas públicas pudo llevarse a cabo y de qué modo contribuyó a ello el movimiento de la economía social? El principal desafío del trabajo de concertación del primer año de los CRÉS fue, precisamente, definir qué es la economía social y solidaria para que pudiese ser aceptada por los actores tanto gubernamentales como comunitarios de cada región. De esta definición saldrían los criterios de financiamiento de los proyectos en economía social y a partir de ahí, la inclusión de los proyectos específicos. El análisis de este proceso vinculante es muy revelador. Por ejemplo, los debates sobre la definición de economía social entablados en cada una de las regiones duraron dieciocho meses. Los CRÉS de cada una de las regiones de Quebec fijaron su propia definición, así como los criterios para la asignación de los fondos correspondientes. La perspectiva feminista de la economía social fue debatida en todas las regiones e incluso, en varios casos, adoptada temporalmente.
“Al crearse los CRÉS en 1996, circularon tres definiciones de la economía social: la del gobierno de Quebec, la de la Red de economía social surgida de la Cumbre socio económica de 1996 y la del movimiento de mujeres, elaborada en 1997. Estas diversas definiciones de la economía social confluyeron en torno a los principios que deberían encuadrar los proyectos de economía social: autonomía de gestión de los organismos y grupos (respecto del Estado); procesos de
decisión democráticos por parte de los usuarios, los participantes, los integrantes y los trabajadores; primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en la distribución de los ingresos y excedentes; y finalmente, actividades basadas en la participación, el compromiso y la responsabilidad individual y colectiva.” (Gobierno de Quebec, 1998).
Para los grupos de mujeres, la economía social debía comprender todas las actividades económicas informales (tanto de los hombres en general, como de las mujeres en particular).
“Para esos grupos, la economía social debe ser concebida en un sentido muy amplio, global, que abarca toda la infraestructura social y todo lo que no es gubernamental.” (Entrevista con un representante del Ministerio de Regiones de la Región A).
Para los grupos de mujeres, los intercambios informales entre actores sociales constituían una actividad económica, aun cuando no estuvieran incluidos en las cuentas nacionales ni en el concepto clásico de la ciencia económica. Concebida como una alternativa a las desigualdades sociales y económicas, la economía social comprendería también el trabajo informal y las actividades no mercantiles, que aun cuando no involucren transacciones monetarias tengan un valor económico: la economía social consistiría en “hacer cosas con las mujeres, de valor económico” (Entrevista con una representante del CRÉS, Región D).
Por lo tanto, las definiciones de las CRÉS han sido múltiples, fruto de una puesta en contexto específica para cada región. A modo de ejemplo, el CRÉS de Lanaudière adoptó una definición feminista; se vuelve a encontrar aquí el concepto de “rentabilidad social” desarrollado por el movimiento comunitario y feminista, para contrarrestar el concepto de “rentabilidad económica”, y así gozar del aval de los poderes públicos:
“El concepto de “economía social” (…) combina (…) “economía” (o la) producción concreta de bienes y servicios (y) “social” (o) la “rentabilidad social” (…) evaluada en función de un avance de la calidad de vida y del bienestar de la población, de los empleos creados para las personas que, de otra manera, quedarían en buen número excluidas del acceso al empleo; economías que ofrecen un gran número de servicios públicos (ayuda a las personas, protección del medio ambiente, etc.) o prestaciones sociales.” (Comité de economía social de Lanaudière-CRÉSL, 1998).
La definición feminista, fiel a su tradición conceptual, cuestiona de ese modo los fundamentos del paradigma contemporáneo de la
economía social: la escisión entre lo “económico” y lo “social”, entre lo público y lo privado, propuestos por los actores gubernamentales y sindicales como fundamento de la economía social:
“En su significación actual, más pragmática y sobre todo menos globalizante, la economía social apunta siempre a detener el quiebre que se establece entre lo económico y lo social… “(Gobierno de Quebec, 1996b).
“La economía social o solidaria se refiere a este aspecto de la realidad económica y social que no se sitúa ni en la esfera privada tradicional (empresas con fines de lucro) ni en la esfera pública” (Aubry y Charest, 1996) [El subrayado es nuestro]
Por otra parte, las feministas no son las únicas en cuestionar esta separación entre lo económico y lo social. Para Granovetter (1992), toda actividad económica constituye una actividad social y se entreteje con una serie de relaciones étnicas, políticas de parentesco, de redes vecinales.
Desde esta perspectiva, se podrían identificar diferentes formas sociales de economía, definidas más por sus propiedades sociológicas, que por las económicas: tipos de circulación, ámbitos y redes sociales constitutivas de las actividades, objetivos, tipos de saberes que dan origen a esas formas. Dicho de otro modo, se podría considerar que las formas sociales de la economía remitirían más bien a manifestaciones específicas que adoptan las actividades sociales concretas que constituyen la economía, que a una concepción abstracta derivada del modelo de las ciencias económicas. (Côté, 2005).
Esta escisión entre lo económico y lo social constituye uno de los paradigmas fundadores de la ciencia económica y de las políticas públicas. Waring (2004), Delphy (2001) y Guillaumin (1992) entre otros, han demostrado que dicha escisión posibilita justamente la invisibilización del trabajo femenino y la apropiación de los productos de la economía doméstica. Y la lógica gubernamental, al igual que la lógica originada en el sector de la economía social, está asentada en el paradigma clásico de la economía. Al tratar de deconstruirla en el seno de los CRÉS, los grupos de mujeres se enfrentaron sin darse cuenta, a fuerzas que no estaban en condiciones de neutralizar.
Brevemente, el gobierno de Quebec reconoció en poco tiempo a la economía social como un tercer sector en el que actividades socialmente rentables podrían ser instrumentadas sin necesidad de expandir el sector público, lo cual facilitó la aceptación de los nuevos parámetros fiscales y presupuestarios: “El contexto social y económico
actual, como también el cuestionamiento del rol estatal a consecuencia de la crisis de las finanzas públicas, llevaron a investigar formas menos corrientes de impulsar el desarrollo económico y social.”(Gobierno de Quebec, 1996b).
Para el gobierno de Quebec, el desafío de la economía social sería a la vez una respuesta a la movilización del movimiento feminista y al planteo de demandas del medio comunitario para la creación de empleo y el sustento de los servicios sociales: (El desafío de la economía social) reside en su capacidad (para dar respuesta al) movimiento de mujeres y (al) movimiento comunitario, (reducir) conjuntamente (…) el déficit presupuestario, mantener los servicios de salud y los servicios sociales y crear nuevos empleos.” (Ninacs, 1998).
El discurso gubernamental se ciñó a la concepción de una economía social productora de bienes y servicios transables. Los emprendimientos colectivos (en mayor medida que los grupos comunitarios) tendrían, por cierto, algunas características sociales: “El concepto de ´economía´ remitiría a la producción concreta de bienes o de servicios que tienen a la empresa como modelo organizativo, la cual contribuye a un crecimiento neto de la riqueza colectiva. El concepto ´social´ alude a la rentabilidad social y no meramente económica de sus actividades. Esta rentabilidad se evalúa por su contribución al desarrollo de una ciudadanía activa, por la promoción de valores e iniciativas, tanto a nivel individual como colectivo.” (Gobierno de Quebec, 1998: 8).
Por su parte, el nuevo sector de la economía social la concibe simplemente como un modo de producción no regido por la obtención de beneficios, adaptada a los criterios de rentabilidad económica que le imponen las políticas de financiación: “La perspectiva dominante a la cual adhieren los sectores patronales y gubernamentales pretende que […] las actividades del sector privado sean […] las únicas que puedan realmente crear riqueza, mientras que las gubernamentales sólo podrían ser parasitarias, útiles por cierto en el plano social, pero improductivas y estrictamente dependientes del dinamismo del sector privado. Desde este punto de vista, lo social no sólo está escindido de lo económico, sino que le está sometido… Se [trata de una] concepción errada de las relaciones entre el sector privado y el sector público, entre lo económico y lo social, que desconoce ese tercer sector que es la economía social… De hecho, nada es estrictamente privado y nada es estrictamente público en materia de desarrollo..”(Aubry y Charest, 1996).
V. Cuando lo económico se impone a lo social
El debate no fue sólo teórico, pues a partir de la definición paradigmática de la economía social adoptada por los CRÉS, se derivó su definición operativa. Consciente de lo que estaba en juego, el movimiento de mujeres articuló, precisamente en 1997, una definición operacional de la economía social que debería incluir la creación de empleos estables, decentes y con un salario superior al mínimo asociados a la consolidación del tejido social con una duración mínima de tres años. (Relais-Femmes et al. 1997).
Las definiciones de la Red y del Gobierno de Quebec continuaron refiriéndose a empresas y a organizaciones identificadas con su medio, mientras que la definición del movimiento de mujeres se refería más bien a iniciativas surgidas de colectividades comunitarias, de las necesidades definidas e implementadas por la misma comunidad (Côté et Maurice, 2005).
El Chantier de l’économie sociale relacionaba la “rentabilidad social” con el desarrollo de emprendimientos comunitarios, mientras que el gobierno de Quebec comenzó a hablar de rentabilidad social viable en lo financiero, con la mirada puesta en lograr el equilibrio financiero. Para el movimiento de mujeres, los objetivos sociales continuaron siendo trabajar con y por sus integrantes desde una óptica de cambio social, sustentando financieramente las iniciativas de la comunidad consideradas esenciales para el desarrollo de una sociedad en términos de ayuda mutua y solidaridad, más que (…) una cuestión de señalar una vía para lograr la rentabilidad económica (Gobierno de Quebec, 1998; Relais-Femmes et. al., 1997:34-35). En síntesis, la definición gubernamental apuntaba a la creación de empleos y a la rentabilidad económica, mientras que la definición feminista vinculaba de modo claro la creación de empleos estables con la rentabilidad social, y simultáneamente con una disminución de la pobreza y un salto positivo en la calidad de vida (Côté y Maurice, 2005).
Al concluir este período, el gobierno pretendía que un proyecto de economía social generase beneficios propios, es decir, beneficios provenientes de las ventas de sus productos o servicios con el propósito de alentar el carácter empresarial de los organismos comunitarios. La Red planteaba que los emprendimientos comunitarios (deberían producir) beneficios, mientras que los grupos de mujeres sostenían más bien que no debería establecerse la obligación de cobrar un arancel (Gobierno de Quebec, 1998; Relais-Femmes et al.,
1997:34-35). El arancelamiento sería obligatorio a partir de 1999 y su existencia daría lugar a la exclusión del financiamiento a los grupos de mujeres.
Algunos CRÉS recalcaron su voluntad “de hacer progresar la economía social en la línea sustentada por la Marcha De Pan y Rosas (1995)”, (Responsable del Ministerio de Regiones), pero los representantes regionales de los distintos ministerios se apresuraron en puntualizar que el arancelamiento de bienes y servicios sería una condición no negociable para el reconocimiento de una economía social. Incluso el Ministerio de Regiones intervino expresamente al respecto: “Nosotros hemos articulado siempre [nuestra acción] en base a [nuestra definición] y yo les dije de modo claro: (…) es en esa dirección que queremos evitar toda ambigüedad.” (Entrevista con un representante del Ministerio de Regiones, Región A).
Al final del recorrido se comprueba que los criterios generalizados para todo Quebec a partir de 2000 conciben la rentabilidad de un proyecto de economía social de acuerdo con una grilla económica y los criterios sociales son considerados secundarios.
“La rentabilidad de un proyecto de economía social es doble. Desde el punto de vista económico puede evaluarse en función del número de empleos creados, por la contribución del emprendimiento a la economía social y por cierto, a partir de los excedentes que genera. Desde el punto de vista social, la rentabilidad puede ser medida en función de los efectos beneficiosos directos e indirectos para la comunidad, que son parte integrante del proyecto de economía social.” (Gobierno de Quebec, 1998:14).
Durante su corta existencia, los CRÉS de todos modos habrían facilitado el financiamiento de proyectos de fuerte rentabilidad social y magra rentabilidad económica (en términos de ingresos monetarios). Incluso algunos CRÉS adoptaron una definición operativa de economía social, que incluyó organizaciones o proyectos de fuerte rentabilidad social (CRÉSL, 1998). La concertación intersectorial fue muy interesante en algunas regiones, aun cuando resultó dificultosa en otras: “(El resultado fue insertar) la economía social en el seno de la dinámica del desarrollo regional, lo cual no era el caso anteriormente… Pienso que se pueden trazar posibles vínculos entre todos esos (actores)”. (Entrevista con un responsable el Consejo regional de desarrollo- CRD, región E).
Aunque paradójicas, estas nuevas relaciones rubricaron tanto la integración de los grupos de mujeres en el espacio público regional y su mejor ubicación en la red, como su exclusión del campo de la
economía social. Parecería que la voluntad política inicial del gobierno de Quebec de situar a los grupos regionales de mujeres en el meollo de las medidas de sustento a la economía social solo fue transitoria. Así, el punto de vista feminista sobre la economía social dejó de estar vigente en los espacios de intervención y en los ámbitos gubernamentales: “Estamos en vías de institucionalizar la economía social, de reglamentarla, si bien al inicio quizás, pensábamos más bien en algo más ideológico, éramos más utópicos entonces. […] Hoy ya no criticamos las reglas, cuando estamos con funcionarios les decimos: ah qué bien… entendemos..., pero no podemos de otra manera, tenemos déficit presupuestario, es inevitable, necesario….. (Entrevista con una representante del CRÉS, región B).
VI. ¿Hacia un modelo androcéntrico quebequense de economía social y solidaria?
Parecería importante realizar estudios empíricos sobre experiencias concretas dado que los contextos locales y nacionales son los que determinan la naturaleza y la articulación de las políticas públicas (Graefe, 2005). En el caso que nos ocupa, la distinción entre economía social como estrategia política, sector socio-económico y fenómeno productivo asentado en las comunidades y las familias, es fundamental para la comprensión de la cuestión; sin embargo, muy frecuentemente está ausente en los análisis (Côté y Fournier, 2005).
Las estrategias del movimiento feminista, del Chantier de l’économie sociale y del gobierno de Quebec convergieron en un momento histórico, contribuyendo cada uno a su manera al auge de lo que algunos llaman hoy el nuevo movimiento de gobernabilidad de Quebec. Este encuentro de movimientos sociales con el Estado generó políticas sociales y también una nueva estructuración de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Este caso ilustra cómo las luchas políticas en torno a los objetivos del desarrollo, la distribución de recursos y poder determinan la intervención estatal (Graefe, 2001).
Mediante esta experiencia, el Estado de Quebec logró generar una nueva política pública apoyándose en el resurgimiento de la utopía de la economía social, pero integrando sus propios objetivos de desinversión social. El gobierno recurrió a ese discurso utópico como una astuta estrategia de la nueva gobernabilidad, que permitió encorsetar las demandas de cambio promovidas por los movimientos sociales (Graefe, 2005).
El encauzamiento de las reivindicaciones de los grupos de mujeres, así como la génesis de su participación en la co-construcción de políticas de apoyo a la economía social en el seno de los CRÉS, ilustra la emergencia de una nueva generación de políticas públicas en Quebec, centradas en el concepto de la gobernabilidad descentralizada.
Caracterizada de modo impreciso en la frontera entre sociedad civil y Estado, la variedad de juegos de influencia por la multiplicación y complejización de los procesos de decisión está en construcción permanente. Está inspirada claramente en el paradigma económico clásico y marca la desaparición del discurso de los derechos sociales que había caracterizado inicialmente al Estado de Quebec Sus políticas públicas igualmente muestran la toma de conciencia por parte del Estado de la presencia, la pregnancia y la fortaleza de los movimientos sociales endógenos.
Desde esta perspectiva el gobierno de Quebec fija en adelante para la economía social prioridades en materia de objetivos (de preferencia económicos) y modalidades de producción de bienes y servicios a los emprendimientos colectivos. La gran mayoría de las organizaciones comunitarias autónomas y de los grupos de mujeres quedan privadas de ahí en más al acceso a los subsidios en economía social pues sus proyectos no reúnen las condiciones económicas para satisfacer los criterios de otorgamiento de una financiación. Esta experiencia esclarece a la vez el modo en que el régimen de Quebec integra las reivindicaciones de los movimientos de mujeres “neutralizándolas”, relegando a la sombra, de modo imperceptible, el paradigma feminista de la economía y la perspectiva de género, en una sociedad como la quebequense que se enorgullece, sin embargo, de haber instituido la igualdad hombre-mujer como valor fundamental (Bouchard y Taylor, 2008).
Las consecuencias de esta co-construcción de medidas descentralizadas en la economía social fueron múltiples para los grupos de mujeres regionales y locales. La militancia feminista desarrolló nuevas configuraciones en la región (Côté, 2003). Habiendo aceptado numerosos aportes formales e informales en esta co-construcción las mujeres han aprendido a compartir con los representantes gubernamentales, responsabilidades importantes de decisión, desarrollaron nuevas capacidades y competencias y realizaron aportes políticos. No obstante, el carácter efímero de las repercusiones concretas (medidas en términos de ingresos, creación de empleos o apoyo a proyectos específicos) ha provocado cierto malestar. ¿Debe
ser la igualdad hombre-mujer un ámbito de intervención financiado continuamente de modo insuficiente? ¿Por qué razón los grupos de mujeres estarían condenados a sobrevivir en la penuria, mientras los nuevos emprendimientos de economía social gozan de un considerable auge económico?
Por otra parte, un rápido atisbo a la geomorfología de los grupos comunitarios de los últimos cuarenta años nos indica que el “sector mujeres” se ha desarrollado de modo autárquico y ha ocupado un “campo de intervención” propio, distinto de la economía o del desarrollo económico comunitario. Esto sin duda habrá sido en sí mismo un factor negativo en la puesta en marcha de las políticas de apoyo de la economía social. ¿Error estratégico de parte del movimiento feminista? Es posible, ya que trajo la pérdida de control por parte del movimiento feminista de la respuesta positiva de los poderes públicos a las reivindicaciones que aquel movimiento había generado y sostenido. ¿Pero este error habría podido evitarse? La recepción positiva de la opinión pública y de muchos sectores políticos a la perspectiva feminista sobre la economía sostenida por la Marcha de las mujeres en 1995 no hacía presagiar tanta rigidez.
No podemos evitar constatar que esas nuevas políticas de sustento de la economía social parecen haber abierto la vía a una mayor penetración de las relaciones comerciales y cuasi-mercantiles en el tejido social (Graefe, 2005).
A pesar del optimismo incesante de los promotores quebequenses de la economía social sobre su potencial de transformación, la defensa de los derechos, la adopción de formas de trabajo más democráticas, de una gestión participativa, de objetivos de desarrollo duradero y socialmente equilibrados del territorio, son a menudo relegados a un lugar secundario en relación con los objetivos de crecimiento económico y de supervivencia del emprendimiento social (Graefe, 1999, Côté y Fournier, 2005). Para citar la expresión de Lamoureux (2008) todavía sería necesario democratizar esos procesos democráticos relacionados con la economía social de Quebec, en particular en vistas de una mejor integración de objetivos relacionados con la igualdad, pero también con la experiencia y el conocimiento del movimiento feminista en materia de relaciones de género.
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