Informe aprovado por la Comisión Ejecutiva del
Consejo Económico y Social de Barcelona el 23 de septiembre de 2016
Presidente en funciones: Vicenç Tarrats
Vicepresidentes: Agustí Bonavia y Juan José Casado Yésika Aguilar y Mireia Recio
Secretario general: José A. Fernández
Grupo de trabajo:
Ayuntamiento de Barcelona, Comisiones Obreras, Fomento del Trabajo Nacio-nal, Unión General de Trabajadores de Cataluña, Sindicalistas Solidarios, Unió de Pagesos, Confederación de Comercio, CITE, AMIC, Asociación Catalana de Residentes Senegaleses
Coordinación: Pascual Bayarri
Documentación: Francesc Maneja y Gemma Roquet Apoyo administrativo: Teresa Navarro y Alma Reza
Introducción
El top manta como forma de venta irregular en la calle Contexto internacional
Organización Internacional de las Migraciones
Organización Internacional del Trabajo Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Unión Europea
Demandantes de asilo
Políticas de inmigración de España, Cataluña y Barcelona España
Cataluña
Mesa de Ciudadanía e Inmigración
Plan de ciudadanía y de las migraciones: horizonte 2016 Retorno voluntario
Barcelona
Los recuperadores ambulantes en la ciudad de Barcelona, 2013-14 Actuaciones ante la venta irregular en la calle
Instituciones y administraciones públicas Síndic de Greuges de Cataluña
Ayuntamiento de Vendrell: Jornadas sobre la venta irregular Ayuntamiento de Barcelona
Diagnóstico social sobre el fenómeno de la venta ambulante Estrategia de inclusión propuesta en diciembre de 2015 La situación de la venta irregular en la calle en el año 2016 Agentes económicos y sociales
UGT y CCOO
Fomento del Trabajo Nacional
Confederación de Comercio de Cataluña Servicio de Orientación y Asesoramiento Unió de Pagesos
Otras instituciones y ámbitos
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo Sindicalismo solidario
Asociación Catalana de Residentes Senegaleses
Actuaciones en otras ciudades y países ante el fenómeno de la venta irregular Valoraciones
De carácter general De caráter específico
Introducción
La venta ambulante en los espacios públicos sin autorización no es una actividad de reciente aparición, sino que está incluida en la llamada economía sumergida o mer-cado negro que, con diferentes intensidades y casuísticas, se encuentra presente en todos los sistemas económicos y países.
La economía sumergida la podemos clasificar en dos grandes áreas:
Economía informal. Es actividad legal, pero se oculta para eludir la fiscalidad y el control administrativo. Su represión o afloramiento corresponde a los inspectores de hacienda y de trabajo, fundamentalmente.
Economía ilegal. Está integrada por actividades ilegales y delictivas como tráfico de drogas, armas y personas, y otras, como blanqueo de capital y falsificación. Su represión corresponde, principalmente, a la justicia, a la policía y a organismos in-tergubernamentales especializados.
Al desarrollarse mediante canales fuera de control administrativo y al margen de cualquier legalidad, sus repercusiones negativas se extienden a los ámbitos económi-cos, fiscales, laborales y sociales.
Ámbito económico. La competencia desleal pone en peligro el mantenimiento de determinadas actividades. Las falsificaciones, además, eluden el pago de derechos de autor.
Ámbito fiscal. Al operar al margen de la legalidad se produce un lucro cesante tribu-tario y, por lo tanto, una disminución en la recaudación de impuestos y tasas.
Ámbito social. En este apartado hay que distinguir que la parte más débil son las personas que se encuentran al final de la cadena de distribución: los llamados “man-teros”, es decir, las que ocupan las calles y espacios públicos.
A menudo, por no decir la casi totalidad, son personas sin permiso de residencia y/o de trabajo. Como consecuencia de esta situación, ni tan siquiera pueden acceder a pedir amparo a las autoridades. La otra parte débil es el consumidor, dado que los productos adquiridos no han pasado ningún control de calidad y/o sanitario.
Ámbito laboral. Las personas que ejercen esta actividad no tienen ningún derecho laboral y pueden llegar a situaciones de explotación por las redes organizadas. Por otra parte, dada su situación irregular, no cotizan a la Seguridad Social, la que se ve privada de la correspondiente recaudación
El top manta como forma de venta irregular en la calle
Hace algunas décadas, la venta en el top manta se centraba en la piratería de CD musicales, DVD de películas y de videojuegos. Este segmento desapareció con la apa-rición de los programas P2P y el desmantelamiento policial de las redes dedicadas a la producción industrial de estos productos. En su lugar surgió la venta de multitud de productos catalogados como complementos.
El top manta trasciende un territorio determinado para convertirse en un fenómeno global, especialmente en núcleos en los que la afluencia de visitantes temporales es muy numerosa como centros turísticos y eventos o concentraciones multitudinarias como macroconciertos o playas durante el verano.
También, como hemos visto, se ha de señalar su capacidad para adaptarse al entorno y a una “demanda” que ve en la adquisición de sus productos la posibilidad de lucir una “marca determinada”, sin pensar en las consecuencias económicas y sociales que ello supone.
Nos encontramos ante un fenómeno aparentemente nuevo, muy complejo por su alcance e implicaciones, en el que intervienen multitud de actores con diferentes gra-dos de responsabilidad, y en el que las administraciones locales, a pesar de no ser las únicas con competencias, muchas veces han sido señaladas como responsables.
Contexto internacional
La democracia, el progreso social y el cuidado del medio son algunos de los factores que impulsan el desarrollo humano sostenible. Éste viene determinado, entre otros elementos, por una mejora en las condiciones de trabajo y de vida de las personas, basadas en el respeto de los derechos humanos, laborales y sindicales y la igualdad de género.
Es tanta la importancia de fomentar y respetar el empleo de calidad que, en 2015, las Naciones Unidas definieron como Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, el trabajo digno y un crecimiento económico que promueva un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido; la plena ocupación y el trabajo productivo y decente para todos.
Organización Internacional de las Migraciones
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) -creada mediante un tra-tado entre Estra-tados soberanos, pero sin depender de las Naciones Unidas- elabora periódicamente el Informe sobre migraciones en el mundo. En las últimas ediciones afirma que los flujos de población entre países son una característica de la socie-dad contemporánea y que, actualmente, el número de inmigrantes internacionales es mayor que nunca. Aún así, los movimientos migratorios no son algo nuevo, sino que siempre han existido.
La diferencia del proceso actual con los anteriores es la creciente intensidad de los desplazamientos durante las últimas décadas. La OIM indica que las personas que provienen de países del “sur” han abandonado sus países desde la segunda guerra mundial para evitar condiciones de vida precarias con causas y consecuencias a ni-vel global. Así pues, el proceso migratorio implica retos complejos en términos de gobernabilidad, de protección de los trabajadores y trabajadoras, de vínculos entre inmigración y desarrollo, y de cooperación internacional.
Organización Internacional del Trabajo
Nos encontramos ante un fenómeno de grandes magnitudes. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las personas trabajadoras inmigradas son 150,3 millo-nes de los 244 millomillo-nes de movimientos migratorios que se producen en el mundo.
La globalización, los cambios demográficos, los conflictos, las desigualdades de los ingresos y el cambio climático impulsan cada vez a más personas trabajadoras y a sus familias a cruzar las fronteras buscando seguridad y bienestar. La inmigración laboral contribuye al crecimiento económico y al desarrollo de los países de destino, mientras que los países de origen se benefician de las remesas y de las competencias profesionales que los inmigrantes adquieren mientras están fuera.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirma que la carencia de buenas condiciones laborales en los países de origen, hizo que las áreas integradas por países desarrollados fueran, con diferencia, las que más pobla-ción extranjera acogían. El 59,7% de los movimientos migratorios del año 2010 se localizaban en economías con un alto nivel de renta per cápita, estabilidad política y social y, en conjunto, mejores condiciones de vida.
Tradicionalmente, los países del centro de Europa como Alemania, Francia y Reino Unido, eran los que concentraban la mayoría de los flujos migratorios. A partir de los años 90 España, Italia, Portugal y Finlandia dejaron de ser países de emigración para convertirse en importantes países receptores de inmigrantes.
Unión Europea
Durante los años 90, con una voluntad de inclusión que trascendía la asimilación que deseaban los Estados miembros, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) consideraban que la población in-migrante debía disfrutar de la condición de ciudadanía europea y planteaban una política migratoria común caracterizada por la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas.
discri-minación y gestionar los flujos migratorios de manera más eficaz, afrontando la inmi-gración ilegal en origen luchando contra los que se dedican al tráfico de personas. Para convertirlo en un programa exitoso, se impulsó el Método Abierto de Coordinación (MAC) que regulaba la necesidad de transparencia y de coordinación entre actores (desde Estados hasta ONG).
Tras los ataques y amenazas terroristas del 11S y del 11M, los Estados aprobaron el Programa plurianual de inmigración de la Haya de 2004 que excluyó definitivamente la inmigración de los procesos de codecisión. El propósito del CESE, de la Comisión y del Parlamento de crear una política de inmigración común en la que la inclusión y el respeto de los derechos humanos determinaran las políticas de los Estados miembros no progresó por la necesidad de aprobación del Consejo Europeo en la toma de deci-siones, el cual se caracteriza por la defensa de la soberanía nacional.
Así pues, no se reguló la entrada y residencia de las personas de terceros países porque se impuso la voluntad de los Estados a la necesidad de una política común. En cambio, se aprobó la Directiva 2008/115/CE de retorno, que establecía los proce-dimientos y criterios de expulsión de la población inmigrante en situación irregular. La directiva respondía al propósito de la Unión Europea de tener una inmigración se-leccionada al servicio del mercado único, de la competitividad y de la sostenibilidad del modelo europeo. Siguiendo el modelo de la inmigración escogida iniciado en el Reino Unido, la UE determinó que deseaba una inmigración laboral, mientras que la inmigración subsiguiente por reagrupación familiar era una consecuencia no deseada.
La política migratoria de asimilación y de reclutamiento de mano de obra, y la falta de políticas públicas de integración con una perspectiva a largo plazo, determinaron los desequilibrios que en momentos de crisis como el actual son más visibles. Por ello, en algunos países de la OCDE con grande dificultades para recuperarse de la crisis económica -como Grecia, Italia y Eslovenia- la población inmigrante sufre las conse-cuencias de la crisis más profundamente.
Desde 2007, en los países de la OCDE -con una representación importante de países pertenecientes de la Unión Europea- los flujos migratorios comenzaron a disminuir, pero desde 2014 han vuelto a aumentar recuperando los niveles anteriores a la crisis.
En respuesta a la magnitud de la situación que se mantuvo hasta 2007, algunos paí-ses han modificado su legislación migratoria tendiendo a las restricciones:
-Buscan personal cualificado, escogido por los países de manera selectiva. -Buscan inversores y empresarios, y se les somete a un proceso selectivo más rígido. -Aunque algunos procedimientos de la inmigración familiar se han flexibilizado, la tendencia general es aún restrictiva.
-Se han aplicado medidas para reforzar los controles fronterizos, fomentar los retor-nos voluntarios y combatir el trabajo ilegal.
El objetivo a largo plazo es cooperar con terceros países para capacitar a su ciudada-nía y mejorar su situación política, social y económica para evitar los flujos irregulares hacia Europa mediante la implementación de programas que promuevan elementos tan básicos para el desarrollo humano como el empleo de calidad y la seguridad ali-mentaria en los países de origen.
Según la Comisión, la promoción de nuevos instrumentos financieros está ayudando a crear un futuro mejor en los países de origen, lo que podría evitar que la población que vive se juegue la vida para emigrar a países con mejores condiciones de vida (por ahora).
La cooperación y colaboración con los países de origen son iniciativas necesarias. Por ello, es positivo que la Unión Europea haya establecido acuerdos con Mali, Sene-gal, Níger y Nigeria para desarrollar programas como Emergency Trust Fund for Africa que apoya proyectos y actividades que ayudan a evitar las causas de la inmigración irregular a largo plazo y a mejorar la gestión migratoria a corto plazo.
Demandantes de asilo
Además de los inmigrantes económicos, la UE afronta la llegada masiva de personas provenientes de países en guerra en Oriente Próximo y, sobre todo, de Siria.
La crisis humanitaria que se vive en la región del Mediterráneo y en el este de Europa por la llegada masiva de personas que huyen de los países mencionados, reabrió, en 2014, el debate en la Unión Europea en torno a cómo actuar en los países de origen y las necesidades que motivan la emigración. Desde entonces la voluntad de la Comi-sión Europea ha sido establecer mecanismos de colaboración con terceros países para definir la agenda europea de inmigración.
Hay que destacar el incremento del 46% de los solicitantes de asilo que eligen como destinos principales Alemania, Estados Unidos, Turquía, Suecia e Italia dejando a Fran-cia en sexto lugar, cuando solía ser uno de los países receptores más demandados. Por su proximidad a los corredores migratorios Grecia e Italia son los países que reciben un flujo mayor de posibles solicitantes de asilo, lo que dificulta la gestión migratoria.
Respondiendo al aumento de personas en busca de refugio, la política exterior mi-gratoria propuesta el 7 de junio de 2016 por la Comisión se basa, a corto plazo, en salvar vidas en el mar, aumentar las tasas de retorno de las personas que no tienen derecho a acogerse al régimen de protección internacional y que los refugiados estén lo más cerca posible de sus países de origen.
a un intenso debate en el que organizaciones humanitarias y expertos consideran que estos países no siempre garantizan los derechos y libertades fundamentales.
Políticas de inmigración
En los años de crecimiento económico Europa, España y Cataluña, necesitaban mano de obra para cubrir toda la oferta laboral. Al mismo tiempo, con una población cada vez más envejecida, se enfrentaban al reto de recuperar las tasas de natalidad para mantener el Estado del Bienestar. En este marco, el fenómeno migratorio económico era generalmente bien aceptado y se le atribuía utilidad. Por el contrario, durante los años de crisis económica, las políticas se tornaron restrictivas dado que la necesidad de mano de obra disminuyó y la competencia laboral es mayor.
Así, ante el fenómeno migratorio, la respuesta de los Estados y otras organizaciones territoriales ha sido de acogida e integración, o de restricción y promoción del retorno dependiendo de la situación económica del momento. A continuación se presentan las iniciativas que se pusieron en marcha desde el ámbito estatal hasta el local.
España
Desde los años 90 hasta la actualidad, las políticas públicas españolas han fluctuado entre la integración y apertura a la restricción y promoción del retorno.
La ley 4/2000 de extranjería ampliaba derechos básicos de las personas irregulares, añadiendo el condicionante del empadronamiento. También establecía un procedi-miento de regulación por arraigo dirigido a personas que pudieran demostrar dos años de residencia en territorio español y se otorgaba más flexibilidad a la reagrupación familiar.
Al mismo tiempo, la creciente diversidad étnica y religiosa empezaba a ser percibida como una amenaza por una parte de la población. Había quienes defendían el desa-rrollo de políticas más restrictivas de control, la incorporación de nuevos criterios de admisión y limitar el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales.
Mientras tanto, el impacto positivo de la inmigración en España era destacado por numerosos sectores sociales y por informes económicos. Subrayaban la aportación demográfica que significaba la llegada de personas de otros países y su efecto positivo sobre las tasas de fecundidad; su protagonismo económico como creadores de empre-sas y como trabajadores en sectores con mucha demanda de mano de obra como la agricultura, la construcción o el servicio doméstico.
siguiendo los acuerdos de Tampere y Sevilla, orientados a formular una política común del control de flujos y a la asignación de derechos a las comunidades de inmigrantes asentadas. La reforma se fundamentaba en la lucha contra la inmigración ilegal y la mejora de los mecanismos para evitarla.
Se introdujo como infracción punible con la expulsión, la permanencia de forma ile-gal en territorio español, otorgando más capacidad de actuación al Estado en el con-trol de la inmigración ilegal permitiendo la expulsión.
Por otra parte, se prolongaba a cinco años el tiempo de residencia demostrable para iniciar el proceso de regularización y se introdujo el arraigo de tres años para los que tenían familiares directos en situación regular; y el arraigo de dos años para los que hubieran tenido algún permiso. Al mismo tiempo, se simplificaban los trámites admi-nistrativos para la inmigración regular, favoreciendo la integración de los extranjeros escogidos.
A pesar del contexto europeo de blindaje, a partir del año 2005, la política migratoria se revisó considerando necesario implementar acciones con un marcado carácter de integración social, además del control fronterizo. La herramienta principal fue el Plan Estratégico para la Ciudadanía y la Integración 2007-2010, redactado con la partici-pación de diversas organizaciones sociales. Este plan llegaba diez años después del inicio del crecimiento de la llegada de inmigrantes. En 2009 se difundieron las com-petencias estatales y regionales otorgando más poder de decisión a las comunidades autónomas. Este plan coincidió con el inicio de la crisis económica y el incremento del paro. Al perder el trabajo, muchas personas decidieron reemigrar a otros países.
Por último, la Ley de Extranjería de 2015 se orientó a restringir la entrada de perso-nas inmigrantes por motivos económicos. Las llamadas “devoluciones en caliente” han sido denunciadas por diversas entidades y algunos organismos internacionales ar-gumentando que contradicen el Reglamento de Dublín que establece los mecanismos y criterios a seguir por un Estado miembro de la UE ante la presentación de la solicitud de protección internacional de un individuo.
Cataluña
La Generalitat de Cataluña ha impulsado diversas iniciativas en el ámbito de las políticas migratorias fomentando la participación ciudadana y de los agentes sociales y económicos. Entre las acciones planteadas destacan la Mesa de Ciudadanía e Inmi-gración, el Plan de Ciudadanía y de las Migraciones (Horizonte 2016) y el Programa de Retorno Voluntario.
Mesa de Ciudadanía e Inmigración
pro-mueve en este ámbito de forma concertada, dialogada y corresponsable con el resto de actores implicados. Este compromiso se vehicula a través de la Mesa de Ciudada-nía e Inmigración creada en 2008.
Es un órgano de consulta y de participación de la población y de sus organizaciones -entes locales, sindicatos, entidades y patronales- que pretende fomentar la coopera-ción estratégica en las políticas de gestión del fenómeno migratorio.
Los objetivos de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración son:
-Fomentar la participación de la población inmigrante extranjera, de la población re-tornada y del conjunto de la población en el seguimiento de las materias y políticas vinculadas al fenómeno migratorio.
-Contribuir a la incorporación de la población inmigrada y retornada al tejido asocia-tivo de la sociedad catalana.
-Sensibilizar a la sociedad catalana del fenómeno migratorio y la no discriminación. -Recoger y hacer propuestas para responder a las necesidades específicas de las mujeres migradas y retornadas.
Plan de ciudadanía y de las migraciones: horizonte 2016
Es un documento estratégico y programático que recoge las políticas públicas de-sarrolladas por la Generalitat a través de los diferentes departamentos, a menudo en colaboración con otros actores.
El objetivo principal de este plan es gestionar y gobernar el fenómeno migratorio actualmente, caracterizado por menos llegadas, aunque las siguen habiendo, y más salidas. Entre los principios del documento destacan:
-Garantizar el respeto y la extensión de los derechos humanos. -Garantizar la convivencia y la cohesión social en Cataluña.
-Garantizar al conjunto de la sociedad igualdad de derechos y respeto a los deberes. -Garantizar una ciudadanía basada en el pluralismo, la igualdad y el civismo como norma de convivencia.
-Promover la autonomía y la igualdad de oportunidades para favorecer la igualdad efectiva, eliminando condiciones o circunstancias arbitrarias.
-Universalizar el derecho de acceso a los servicios, entendiéndolo como el acceso de cada titular a recursos, equipamientos, proyectos y programas.
-Evitar estructuras paralelas que pudieran provocar la segregación de los titulares del derecho de acceso a los servicios.
-Admitir enfoques diferentes en los servicios, por la heterogeneidad de las personas. -Incorporar la perspectiva de género en todo el proceso.
-Adaptar las medidas propuestas a la heterogeneidad territorial de Cataluña. -Garantizar la aplicación de las acciones mediante la dotación de recursos.
Retorno voluntario
Las personas extranjeras inmigradas y su cónyuge o pareja, hijos -siempre que no tengan la nacionalidad española o de uno de los países de los estados miembros de la Unión Europea-, en situación regular o irregular, que voluntariamente expresen su de-seo de regresar a su país de origen podrán acogerse al Programa de retorno voluntario. Esta iniciativa proporciona:
-Servicio de información, apoyo y orientación psicosocial. -Acompañamiento al aeropuerto.
-Billete aéreo internacional desde Cataluña al país de origen del solicitante y de los miembros de su unidad familiar que cumplan los requisitos del programa.
-Ayuda de viaje de 50 a 400 euros por unidad familiar.
-Ayuda para la integración en el país de origen de 400 euros por persona a 1.600 euros por familia.
Las personas que quieran acogerse al Programa de retorno voluntario a sus países de origen se pueden dirigir a los servicios sociales del ayuntamiento del municipio donde estén empadronadas, a cualquier entidad pública o privada sin ánimo de lucro que disponga de un trabajador o una trabajadora social colegiados y al Young Men’s Christian Association (YMCA) de Barcelona.
Barcelona
Como gran ciudad, Barcelona ha recibido numerosa población inmigrante a lo largo de los años. Por ello, desde hace años, el Ayuntamiento impulsado políticas propias ante el fenómeno migratorio, siguiendo las directrices europeas, estatales y catalanas.
Entre 1996 y 2007 la población inmigrante, incluyendo la de origen español, creció un 833,92%, pasando de 11.028 a 102.993 personas.
Evolución de la población inmigrante en Barcelona
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
11.028 19.327 23.207 24.207 23.650 25.772 31.782 35.473 38.026 70.360 94.815 102.993
Evolución de la población inmigrante en Barcelona
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
102.993 102.317 89.594 91.672 89.492 79.616 75.964 82.394
Por otra parte, también queda reflejado que los inmigrantes son un colectivo vulne-rable y más afectado por la crisis que los nacionales. Se observa como las tasas de desempleo han aumentado más entre la población inmigrante de fuera de España, que entre la de los españoles. Hecho que se deberá tener en cuenta a la hora de definir las políticas públicas de la ciudad.
Población parada, inmigrante y nacional, en Barcelona
2007 2014 Var. 2007-2014
Población 1.595.110 1.602.386 0,46%
Población inmigrante no española 73.472 45.832 -37,62% % total població 4,61% 2,86% -37,90% Población parada inmigrante no española 6.643 18.752 182,28% % total población inmigrante 9,04% 40,91% 31,87%
2007 2014 Var. 2007-2014
Población 1.595.110 1.602.386 0,46%
Població nnacional* 1.492.117 1.519.992 1,87% % Población nacional* 93,54% 94,86% 1,31% Población parada nacional* 45.404 84.713 86,58% % total población nacional* 3,04% 5,57% 2,53%
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona *El término “nacional” comprende a todas las personas con nacionalidad española.
Los recuperadores ambulantes de la ciudad. 2013-14
Algunas personas recién llegadas a la ciudad se dedicaban a recuperar desechos que llevaban a las plantas de reciclaje. Inicialmente era una actividad considerada ilegal, pero su paso hacia una actividad regulada es una muestra de cómo la transformación de una actividad puede ser positiva. Pese a que los colectivos que se dedicaban sean similares a los del top manta, no se pueden equiparar ambas actividades, ya que el segundo caso es una actividad ilegal que comercia con productos falsificados.
En los barrios Raval, Nova Esquerra del Eixample, Derecha del Eixample, Sagrada Familia, Fort Pienc, Bordeta, Sants-Badal, Parque y Llacuna del Poblenou y Besòs y Maresme, se detectaron 157 personas. El 83% (130) eran hombres y sólo había 27 mujeres. La mayoría tenían entre 18 y 65 años (143 en total), pero se contactó con 4 menores en el distrito de Sants-Montjuïc y con 5 mayores de 65 años.
El colectivo más numeroso era el de origen rumano (46%), seguido por el senegalés (20%) representado por 31 personas que en su mayoría viven en pisos en Barcelona y el tercero era el de hombres marroquíes (11%).
La mayoría vivían en la ciudad de Barcelona, en asentamientos, en la calle o en pisos. 96 personas declaraban estar en situación regular, y 42 afirmaban no disponer de ningún tipo de permiso.
76 de las 157 personas afirmaban tener algún familiar a su cargo. En el caso de los senegaleses, el 90% declaran que los tienen en el país de origen, pero algunas perso-nas de origen rumano también tienen en territorio español.
130 personas se dedicaban a la recogida de chatarra, de éstas, 72 dicen realizar venta directa en chatarrerías. Además, el 75% de las personas que se dedicaban a la recuperación afirmaba que esta es su única actividad económica con unas ganancias diarios de 5 a 15 euros.
Actuaciones ante la venta irregular en la calle
Instituciones y administraciones públicas
Síndic de Greuges de Cataluña
Ante la proliferación del fenómeno del top manta, el Síndic de Greuges elaboró un Informe sobre el comercio irregular en la vía pública en el que señala: “la presencia de vendedores de top manta en el municipio de Barcelona se ha hecho evidente en los últimos años en las áreas de mayor afluencia turística de la ciudad, en este caso, de forma prácticamente permanente durante todo el año, a diferencia de lo que sucede en los municipios turísticos de la costa catalana”.
El informe describe las implicaciones de esta actividad desde diferentes puntos de vista, destacando los siguientes:
Social. Los vendedores suelen ser personas en situación irregular desde el punto de vista de la legislación de extranjería y, normalmente, están explotadas por entra-mados mafiosos o redes de crimen organizado. También advierte que las personas que adquieren productos en el top manta contribuyen al desarrollo de una actividad ilegal que conlleva explotación laboral y fraude.
Penal. No se puede ignorar que la venta de productos falsificados es un delito contra la propiedad industrial e intelectual.
Consumo. Los productos no tienen ninguna garantía sanitaria, pueden suponer ries-gos para la seguridad y la salud de quien los adquiere.
Espacio público. Es una ocupación sin licencia municipal. Puede conllevar un uso incívico de la vía pública y favorecer la degradación del espacio público.
Tributario. Reduce los ingresos públicos.
Competencia. Representa una competencia desleal para las empresas y comercios que operan legalmente.
El apartado de las respuestas de las administraciones públicas describe el papel de las ordenanzas fiscales y el control que realizan, así como las reuniones que man-tienen con todas las partes implicadas -comerciantes, entidades sociales, manteros, etc.- para encontrar soluciones. El informe afirma que es necesaria la actuación de otras administraciones supramunicipales con otras herramientas jurídicas y medios e incluye las informaciones emitidas por diversas instituciones:
La Agencia Catalana del Consumo informó al Síndic que no tiene competencias en el control de la venta irregular en la vía pública; respuesta similar a la emitida por la Dirección General para la Inmigración.
La Dirección General de la Policía, de la que dependen los mossos de esquadra, informa de la coordinación con otros policías y, en el caso de Barcelona, de las re-uniones que ha mantenido con la policía local y portuaria. También de su participa-ción en campañas como la denominada “Estira de la manta” de la Generalitat y de la Confederación de Comercio de Cataluña, para concienciar y cambiar las actitudes que favorecen esta actividad.
La Dirección General de Tributos y Juegos, a la que el Síndic le solicita información sobre la recaudación del IVA, informó que hay una carencia de competencias en esta materia.
La Autoridad Portuaria de Barcelona informó de sus acciones en el marco del con-venio que tiene con el Ayuntamiento de Barcelona. También enumeró los problemas generados por la presencia masiva de vendedores en el Port Vell, que condujeron a un operativo especial conjunto con los mossos de esquadra.
En el apartado final manifiesta que las iniciativas realizadas han sido insuficientes para afrontar el fenómeno, señalando consecuencias que no se pueden soslayar:
-Se desatiende un colectivo de personas en situación social precaria.
-Se cronifican actividades ilegales que sólo benefician a los entramados mafiosos o las redes de crimen organizado.
-Se perpetúa el uso incívico del espacio público.
-Incumple la obligación de protección de los consumidores.
Además de describir el papel de los servicios sociales, propone una acción coordi-nada de las administraciones públicas y la creación de una mesa interadministrativa para abordar la lucha contra la criminalidad organizada, sobre todo en origen y en los canales de distribución de los productos falsificados y, al mismo tiempo, encontrar una salida a estos vendedores.
El Síndic recoge la oferta del sector del comercio de trabajar conjuntamente con las AA.PP. y propone sensibilizar a los consumidores respecto a sus derechos y sobre las repercusiones negativas que tiene la adquisición de productos falsificados.
Como conclusiones finales, el Síndic propone las siguientes: 1. Las administraciones públicas no deben permitir el top manta.
2. Actuación decidida contra la importación y logística de distribución de productos falsificados.
Ayuntamiento del Vendrell. Jornadas sobre la venta irregular
La generalización del top manta, sobre todo en las zonas de mayor afluencia turística -como grandes ciudades o pueblos de costa-, ha hecho que algunos ayun-tamientos catalanes como el del Vendrell inicien procesos de concienciación y de res-puesta a este fenómeno.
El 18 de marzo de 2013 y el 14 de abril de 2015, el Ayuntamiento del Vendrell orga-nizó jornadas para debatir los efectos y consecuencias del top manta, citadas en el informe del Síndic de Greuges.
En la primera se constataban las repercusiones negativas del top manta en las ver-tientes económicas y sociales. También se señalaban cuatro perspectivas en relación a la ilegalidad en que se desarrolla esta actividad:
-Ocupación de la vía pública sin licencia. -Venta de productos o bienes de forma irregular. -Comercialización de bienes o productos ilegales.
-A menudo los sujetos son personas en situación administrativa e ilegal.
Además se considera que el top manta puede estar vinculado a un otro tipo de ilícitos como la explotación personas, salud pública, etc.
Los medios de que disponen las administraciones públicas para hacer frente a este problema se agrupan en dos grandes bloques.
Prevención. Basada, fundamentalmente, en la disuasión policial -presencia de la policía en los lugares donde se realiza esta actividad, control de accesos y el decomiso de mercancías.
Represión. Sanciones previstas por la ley y aplicación del código penal. En este último supuesto hay que distinguir entre falta penal y delito, según sea el beneficio obtenido en la venta.
Respecto a las sanciones económicas y penales y a la aplicación de la ley de extran-jería, se considera que sus efectos son limitados, por lo que proponen iniciar líneas de trabajo con los compradores para modificar su comportamiento. Al mismo tiempo, desarrollar actuaciones en otros ámbitos como el control aduanero, las inspecciones de trabajo, etc., ya que considera que en muchas ocasiones los manteros son víctimas de las redes ilegales de los proveedores de los productos que venden.
Respecto al alcance del fenómeno, en las conclusiones de esta jornada se afirma que “nos encontramos ante un hecho de elevada complejidad, que a fin de ser atacado de raíz, requiere un grado muy sofisticado de investigación por las administraciones públicas y sus cuerpos de seguridad”.
bue-nas prácticas realizadas y llevar su voz a otras administraciones y al poder legislativo. En las segundas jornadas, celebradas el 14 de abril de 2015, se desarrolló con detalle la necesidad de reforzar la colaboración y el trabajo integrado para luchar con eficacia contra este fenómeno y para superar “ciertas incomprensiones entre los diversos ac-tores implicados en la lucha contra este fenómeno, que convendría superar con más diálogo”.
También recogieron la eficacia de las acciones desarrolladas por los cuerpos policia-les desde mossos de esquadra y policías locapolicia-les, en coordinación con otros organis-mos y entidades como servicios sociales, poder judicial y tejido comercial, a pesar de algunas paradojas e interrogantes que se plantearon en torno a esta materia.
Además de profundizar las campañas de concienciación ciudadana, incluidas las es-cuelas, se insistió en mejorar la coordinación de todos los actores implicados.
Ayuntamiento de Barcelona
Diagnósis social sobre el fenómeno de la venta ambulante
El documento elaborado en septiembre de 2015 por la Comisión de Derechos So-ciales, Cultura y Deportes sobre la venta ambulante no regulada en la ciudad y los problemas de convivencia generados por esta actividad en las grandes vías, recoge las intervenciones del Servicio de Gestión de conflictos (SGC) y el informe del Instituto Municipal de Hacienda.
El diagnóstico pone de relieve que el fenómeno de la venta ambulante no regulada es más complejo que el llamado top manta, dada la diversidad de orígenes y estrategias de subsistencia de las personas implicadas. Su objetivo es definir las políticas muni-cipales que se deben poner en marcha para garantizar la convivencia y los usos de los espacios públicos e itinerarios de inclusión social para las personas que se dedican a estas actividades.
Las intervenciones del SGC han permitido identificar, con un elevado grado de fiabili-dad, los espacios en los que se desarrolla la venta ambulante no regulada, los perfiles de las personas que la realizan y los productos que se ofrecen en cada uno de los espacios, así como sus expectativas de futuro y la identificación y costes de las rutas de acceso utilizadas para llegar a la ciudad, su situación administrativa y el descono-cimiento que tienen los recursos de asesoramiento municipales.
El diagnóstico recoge las características de cada uno de los colectivos por origen y tipo de venta en la que se dedican mayoritariamente:
Personas que se dedican a la venta de productos recuperados de los conte-nedores y/o de sobrantes de lotes subastas de la Feria de Bellcaire. La mayoría son de origen africano.
Se detectaron 159 personas del primer colectivo, con 81 de ellas se contactó; del segundo grupo, se contactó con 59 personas de 92 detectadas; del tercer grupo se estableció contacto con 75 de un total de 98, y del cuarto colectivo se contactó con 79 personas.
La mayoría eran hombres menores de 45 años.
Respecto a la adquisición de los productos que venden destaca el polígono Badalona Sud, excepto los vendedores de latas que las adquieren en supermercados cercanos a la zona en la que realizan su actividad.
En relación a sus expectativas, un elevado porcentaje de las personas aspiran a conseguir regularizar su estancia por arraigo social.
La explotación de estas personas comienza con el pago del viaje que, en el caso de las de origen indoasiático oscila entre 4 y 7.000 euros y alrededor de 1.000 el de las personas de origen subsahariano. Hay que destacar las pésimas condiciones en que se realizan estos traslados y el mercado de pasaportes falsos una vez llegan a Turquía, Grecia e Italia, países desde los que viajan a Barcelona.
Esta explotación por mafias organizadas se prolongan una vez llegan a la ciudad don-de se genera un oferta don-de contratos don-de trabajo falsos con los que intentan conseguir regularizar su situación. Según manifiestan, el coste de estos contratos oscila entre los 7 y 12.000 euros para las personas de origen indoasiático, y entre 1 y 3.000 euros para las de origen subsahariano.
El diagnóstico se complementó con la percepción que manifestaron las personas de los diferentes colectivos de los cuerpos de seguridad y de las acciones que desarrollan en los espacios en los que se concentra la venta ambulante no regular, así como la evolución de las sanciones económicas impuestas.
En el apartado de conclusiones se describen las situaciones que caracterizan la venta irregular, así como los mecanismos de autoayuda y de especialización de los vendedores. También recoge las percepciones de los trabajadores, encargados y/o propietarios de los comercios de los territorios en los que se realizan estas ventas.
Sobre el uso y acceso de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona destaca que sólo el 9% de estas personas hacen uso de ellos, el 38% ha utilizado el sistema de asistencia sanitaria, sobre todo, en caso de urgencias.
Estrategia de inclusión. Diciembre de 2015
En diciembre de 2015, el Ayuntamiento de Barcelona presentó a estrategia de inclu-sión para las personas que ejercen la venta irregular. Liderada por el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, pone de manifiesto la necesidad de que los colectivos y entidades afectadas participen en la búsqueda de soluciones.
El documento parte del diagnóstico presentado en septiembre, así como de las accio-nes de gobierno desarrolladas. También recoge las reunioaccio-nes celebradas en diferentes ámbitos con los colectivos implicados para buscar y definir un plan de trabajo para conseguir la inserción social y laboral de estas personas.
El plan de trabajo incluye diferentes medidas: formación y asesoramiento, planes de empleo, nuevo protocolo de actuación de la guardia urbana y coordinación con otros cuerpos policiales y organizaciones de comerciantes.
También se contemplaron las estrategias desarrolladas en otras grandes ciudades, lo que constata que este fenómeno, sus implicaciones y posibilidades de abordarlo trascienden del ámbito municipal.
Si bien el liderazgo de este plan recae en la 2ª tenencia de alcaldía, la materializa-ción de las diferentes se reparte entre Concejalía de Empleo, comisionada de inmigra-ción y comisionados de comercio, economía social y cooperativa y seguridad.
Su desarrollo otorga especial relevancia a los espacios de participación de los agen-tes y personas implicadas y/o afectadas: Mesa de ciudad para el abordaje de la venta irregular en la calle y Mesa técnica transversal del Ayuntamiento de Barcelona. El documento define las líneas de trabajo en los siguientes ámbitos: social, formación y empleo, comercio, espacio público y seguridad, y el denominado transversal e inter-administrativo.
El ámbito social contempla los recursos y el acceso a diferentes servicios (empadro-namiento, salud, sociales, reconocimiento de la formación, etc.) y los vinculados con la situación legal de las personas residentes en Barcelona. El de formación y empleo, el más extenso, propone acciones profesionalizadoras mediante programas de for-mación, trabajo, autoempleo, un proyecto cooperativo y procesos de inclusión laboral en los mercados de marchantes. El plan contempla los itinerarios a seguir según la situación legal de las personas.
En el de espacio público y seguridad, las acciones se basan en mantener una presen-cia significativa en los espacios clasificados de actuación preferente, una nueva orden de servicio de la guardia urbana, y nuevos protocolos de actuación con otros cuerpos policiales. En este sentido, en octubre de 2015 entró en funcionamiento el protocolo Víctor Alfa que pretende clarificar los criterios de control de la venta ambulante según el escenario en el que se encuentren los agentes, además define las zonas de actua-ción preferente que requieren la presencia intensiva de los agentes: Rambla, Plaza de Cataluña, Paseo de Gracia, Portal del Ángel, Barceloneta y Parque Güell.
Finalmente, el ámbito de trabajo transversal e interadministrativo recoge propuestas de coordinación con ayuntamientos cercanos afectados por la misma problemática, la intención de promover una intervención integral en la que participen los tres niveles administrativos -local, autonómico y estatal-, e instar a la Generalitat y al Estado a impedir y perseguir la venta de productos falsificados en los almacenes identificados, así como la entrada de mercancías ilegales por el puerto de Barcelona.
Hay que señalar que esta estrategia de inclusión está dotada de un presupuesto plurianual que cubre las siguientes partidas: refuerzo de los dispositivos existentes, programas de formación y trabajo, proyecto cooperativo y estudios y apoyo externo, y un calendario en el que se periodifican las acciones a desarrollar.
Situación de la venta irregular en la calle. 2016
A pesar de la penalización del top manta, con incrementos de las multas la GUB y otros dispositivos policiales coordinados, la presencia de manteros aumentó durante 2016, concentrándose sobre todo en la zona del Port Vell. Según el ayuntamiento, en junio de 2016, se contabilizaron entre 500-800 personas en este punto. Es una zona con una elevada afluencia de turistas, lo que la convierte en un lugar estratégico para vender los productos falsificados que ofrecen estos vendedores ambulantes.
En este contexto, el gobierno municipal reivindica la colaboración entre administra-ciones para afrontar esta situación, aportando una perspectiva social y no meramente policial para llegar a la raíz de un problema tan complejo y global como la venta am-bulante no autorizada.
Este enfoque no implica renunciar a las medidas de control de esta actividad: la opción fue que los cuerpos policiales ocuparan el paseo antes de la llegada de los vendedores para evitar la venta ambulante no autorizada y la saturación de un espacio público. El material improcedente se sigue decomisando, en acciones puntuales en la calle y a través de investigaciones en los almacenes desde los que se distribuye.
últimos meses no es un hecho que afecta sólo a Barcelona, sino que se repite en otros municipios del litoral catalán y es consecuencia del auge del turismo en la ciudad.
El plan incluía un incremento de la presencia policial y de las sanciones como uno de los ejes fundamentales. El consistorio no descartaba repetir actuaciones de la guardia urbana para evitar que la instalación de vendedores irregulares en el Port Vell. Tam-bién informó de que entre enero y abril hubo 16.778 denuncias de la guardia urbana por venta irregular, el 23% más que el año anterior, incluidas las latas de bebida. El gobierno municipal remarcaba la necesidad de sancionar económicamente a las personas que adquieren estos productos con multas que pueden llegar a 500 euros.
Paralelamente al mantenimiento de la presencia policial, el ayuntamiento desarrolla campañas informativas para recordar a compradores y vendedores que la venta ambu-lante no autorizada no está permitida en la ciudad.
También se plantean medidas de carácter social, básicamente en dos frentes. En primer lugar, el refuerzo de los recursos, personales y económicos, del OPAI y del SAIER para garantizar la atención socioeconómica de las personas vulnerables de este colectivo.
El Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) es un servi-cio municipal especializado en la movilidad internaservi-cional. Ofrece información y aseso-ría sobre inmigración, refugio, emigración y retorno voluntario a cualquier persona que resida en Barcelona. Funciona desde 1989, y a lo largo de estos años se ha adaptado a los cambios migratorios para responder a las necesidades de la ciudadanía. Entre los ámbitos de asesoramiento que incluyen educación, derechos civiles, diálogo inter-cultural, lengua, salud o servicios sociales, está el del mercado de trabajo, en el que colaboran entidades como CITE y AMIC.
La segunda línea de este ámbito comprende proyectos laborales y socioeconómicos dirigidos a las personas que se dedican a la venta irregular. Para ello, se han progra-mado nuevos planes de empleo, que se suman al de Mercabarna que afecta a 11 personas, y la creación de una cooperativa que contempla la inserción de 25 personas. Estos nuevos planes de empleo para regularizar la situación de 40 manteros, está dirigido a personas empadronadas en Barcelona antes de julio de 2015. La formación ocupacional es un eje central. Se crearán diez puestos para dinamizar espacios comu-nitarios, quince para rehabilitar escuelas y quince para limpieza y rehabilitación de otros equipamientos públicos.
A pesar de todo ello, el Ayuntamiento solicitará la colaboración de otras administra-ciones para abordar el fenómeno y trabajará con otros municipios y unidades policiales para lograr una solución global. También insiste en una estrategia que incida en la raíz del problema, que es la situación irregular en la que viven las personas que se dedican a la venta ambulante. Se deben buscar alternativas que eviten la elección de la venta irregular en la calle como forma de subsistencia. En esta línea, las medidas socioeco-nómicas del Ayuntamiento de Barcelona se orientan a garantizar la regulación admi-nistrativa de las personas que ejercen esta actividad. Mercabarna, la cooperativa y los planes de empleo proporcionan permiso de residencia y alta a la Seguridad Social a las personas que trabajan.
Incluye otras alternativas como:
-Planes de empleo del Ayuntamiento de Barcelona.
-Aprovechamiento de tierras abandonadas en el parque agrario del Baix Llobregat para que algunas de estas personas puedan dedicarse a la agricultura.
Agentes económicos y sociales
Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras
Además de la cooperación sindical, los sindicatos mayoritarios de Cataluña también tienen programas y vías de asesoramiento. Coordinados con la Generalitat de Catalu-ña y diversos ayuntamientos -entre ellos el de Barcelona- gestionan planes de acogida laboral, consultoría y homologación de títulos, entre otros. En ambos casos, el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de CCOO y la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Cataluña (AMIC) de UGT afirman que las personas inmigran-tes llegan con unas expectativas muy altas en un contexto de crisis en el que es difícil cumplirlas. Por otra parte, piden mayor flexibilidad en los permisos de residencia, en la contratación laboral y en el reagrupamiento familiar.
La asociación AMIC tiene varias líneas de actuación:
-Apoyo y asesoramiento jurídico en temas de extranjería: acceso a una situación administrativa regular, los permisos de residencia, nacionalidad, etc.
-Homologación y convalidación de títulos universitarios y no universitarios oficiales. -Servicio de orientación formativa reglada, no reglada e instrumental.
-Apoyo a la búsqueda de trabajo, aunque no dispone de bolsa de trabajo. -Información sobre el acceso a la vivienda y ayudas.
-Proyectos de sensibilización, trabajo comunitario y mediación intercultural, crea espacios de colaboración y de conocimiento mutuo, trabaja contra los rumores y estereotipos sobre la inmigración, etc.
El CITE, que en 2016 cumple 30 años, realiza las siguientes tareas: -Asesoramiento y orientación sobre la Ley de extranjería. -Tramitación de permisos.
-Información sobre el procedimiento de acceso a la nacionalidad. -Información sobre primera acogida y conocimiento del entorno. -Asesoramiento sobre movilidad internacional de trabajadores. -Formación y sensibilización en temas vinculados con las migraciones.
Durante estos años se ha adaptado a los cambios y necesidades del fenómeno mi-gratorio. Desde 2012 también ofrece asesoramiento a las personas que desean emi-grar o reemiemi-grar de España a otros países. Destacan la importancia de la acogida laboral, las campañas para desmontar prejuicios y las de reivindicación del derecho a voto, así como acciones formativas de reciclaje para adaptarse al entorno y promover una mayor inclusión y adaptabilidad al país.
extranjeros -la voluntad de crear una inmigración circular que viene a nuestro territorio cuando es necesaria y regresa a su país de origen cuando deja de serlo- y una ley de extranjería que aumenta la precariedad de las personas inmigrantes en tiempos de crisis. Según esta organización, no se puede abordar la problemática vinculada con la venta irregular en la calle sin tener presentes las condiciones que impone la actual Ley de extranjería para acceder a la regularidad, y reclama flexibilizar las condiciones de renovación de autorizaciones y de acceso a la regularidad mientras se mantenga la situación de crisis económica.
Fomento del Trabajo Nacional
Confederación del Comercio de Cataluña
La Confederación de Comercio de Cataluña dispone de servicios dirigidos a las per-sonas inmigradas entre los que destaca “El comercio acoge” que facilita guías para la apertura de establecimientos comerciales, normativas y aprendizaje del catalán, para empresarios y asalariados recién llegados.
En relación al top manta, la confederación, puso en marcha la campaña “Estira la manta” de concienciación ciudadana para alertar de los perjuicios que genera esta actividad, y que los sitúa en diferentes ámbitos: desprotección y riesgos para los con-sumidores, fraude fiscal, competencia desleal, explotación de los manteros, etc.
También elaboró un informe jurídico sobre la actuación de oficio en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, las consecuencias jurídicas de la intención deliberada de no perseguir este delito público y la infracción del derecho internacional y comunitario por falta de protección de la propiedad intelectual e indus-trial. El informe se hizo llegar a las administraciones públicas.
Servicio de orientación y asesoramiento de FTN
El Servicio de Orientación y Asesoramiento de FTN en materia de inmigración dirigi-do a las empresas (SOAFI), es un instrumento de apoyo a las empresas y organizacio-nes empresariales que pretenden establecer relacioorganizacio-nes laborales de acuerdo con el marco jurídico de extranjería.
En 2013, tuvo especial relevancia el proceso de elaboración del Plan de Ciudadanía y de las Migraciones 2013-2016 mediante la creación de grupos de trabajo, en ellos Fomento participó en el grupo de políticas migratorias, contexto socioeconómico, en el grupo de identificación-integración y en el de retorno voluntario. Participó en reunio-nes relacionadas con ellos y en sesioreunio-nes vinculadas al Plan de Ciudadanía y de las Migraciones 2013-2016.
Como confederación empresarial más representativa, en 2006 constató la necesidad de crear un servicio de apoyo a las empresas, de información y asesoramiento, de canalización de sus demandas y propuestas y de agilización de los procedimientos.
En concordancia la Ley de acogida de personas inmigradas y de que regresan a Cata-luña, este proyecto pretende promover la igualdad de oportunidades mediante el cono-cimiento de las empresas y de los trabajadores, de los derechos y deberes laborales, del ordenamiento jurídico laboral y de extranjería.
Contenidos del SOAFI:
-Constituir un nexo de comunicación y de colaboración permanente entre los secto-res empsecto-resariales y las empsecto-resas con la administración en temas de inmigración. -Asesorar a las empresas en materia de inmigración.
-Creación de una web con información sobre el marco jurídico, mecanismos de con-tratación, formularios, jurisprudencia, doctrina, estadísticas, jornadas, trabajos y publicaciones, servicio de citas previas y cualquier información relevante para las empresas en esta materia.
-Creación del servicio de citas previas con la Delegación del Gobierno para gestio-nar solicitudes de autorización de residencia y de trabajo de las empresas. -Celebración de reuniones con los sectores empresariales y con la Administración. -Celebración de jornadas y elaboración de publicaciones monográficas en materia de inmigración.
Unió de Pagesos
En cuanto al colectivo del top manta que, en algunos de casos se dedicaba al sector agrícola en sus países de origen, la Fundación Agricultores Solidarios en 2001, ges-tionó un programa en el que se acogía y ofrecía formación a estas personas para que pudieran trabajar en las campañas de fruta, así como facilitar los contactos con los empleadores agrarios que los quieren contratar, además de participar en el desarrollo humano de las sociedades agrarias menos favorecidas.
Su objetivo era favorecer el acceso al mercado laboral y a la formación agraria a las personas desempleadas demandantes de empleo en el sector agrario para generar más y mejores oportunidades de empleo.
La Unión de Campesinos del Baix Llobregat señala la existencia de tierras degrada-das en el AMB, que si no se aprovechan, acabarán convirtiéndose en terreno indus-trial. Proponen un cambio político que fomente el disciplina urbanística para aprove-char estas tierras y plantear la creación de cooperativas que creen puestos de trabajo para personas inmigrantes.
Con la información suministrada por el Consorcio del Parque Agrario del Baix Llo-bregat, se constata que hay, aproximadamente, un 5% de campos abandonados sobre la superficie total del Parque Agrario, más un 2,9% de huertos en situación irregular. En el mapa se identifican los campos abandonados y los huertos irregulares que se podrían destinar a producción agrícola.
Usos del suelo en el parque agrario del Baix Llobregat. 2015
Otras instituciones y ámbitos
Siguiendo la estrategia de las organizaciones internacionales como la Unión Europea o la OCDE, hay instituciones y organizaciones catalanas que están fomentando la co-operación para el desarrollo en los países de origen. Así, han ganado protagonismo las estrategias de desarrollo en los países en vías de desarrollo para evitar la emigración forzosa de su población hacia los desarrollados económicamente. Así pues, el obje-tivo es actuar en el origen de la problemática, es decir, de la falta de oportunidades y de buenas condiciones de vida para dar respuesta al fenómeno de la inmigración irregular.
Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo
La Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) es el organismo de la Generalitat responsable de gestionar las políticas de cooperación, desarrollo y acción humanitaria. Está adscrita a la Secretaría de Asuntos Exteriores y Unión Europea.
Es el instrumento del Gobierno para sumarse a la comunidad internacional para construir un mundo más justo y solidario, y para garantizar el acceso a los derechos fundamentales y al libre desarrollo de las personas y los pueblos.
Su principal objetivo es contribuir a cambiar las relaciones Norte-Sur y favorecer, con aportaciones y transferencias de recursos, conocimientos y capital humano, el éxito de los procesos y modelos de desarrollo de los países empobrecidos.
La concentración de los esfuerzos y el fortalecimiento de determinados sectores de intervención según las necesidades locales, capacidades y experiencia técnica, le per-miten lograr un impacto sobre el desarrollo más sostenido y duradero.
El objetivo de la ACCD, como el de la Unión Europea y en parte del Ayuntamiento de Barcelona se basa en hacer frente a los problemas en origen para evitar que las perso-nas se vean obligadas a abandonar sus países buscando oportunidades. Uno de estos mecanismos es la cooperación directa en países como Senegal, de donde provienen un número importante de los vendedores ambulantes de la ciudad.
Sindicalistas solidarios
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció que los sindicatos son esenciales para luchar contra los impactos negativos y los nuevos retos que se derivan de la globalización.
Como medida para afrontar las desigualdades y su impacto negativo, las fundaciones de CCOO y de UGT promueven el trabajo digno incidiendo en:
-La defensa y promoción de los derechos humanos laborales.
-La lucha por conseguir que todas las personas tengan la cobertura social necesaria. -La consolidación de las herramientas sindicales para impulsar la creación de políti-cas de empleo que respeten los preceptos del trabajo digno.
-El empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral, pero también en las es-tructuras sindicales.
Sindicalistas Solidarios y la fundación Paz y Solidaridad afirman que la globalización económica tiene consecuencias como la deslocalización, la subcontratación y la fle-xibilidad y precariedad laboral que se alejan de la garantía de un trabajo digno para todos.
En este sentido, la cooperación sindical representada en Cataluña por estos dos organismos pretende corregir las divergencias incidiendo en las causas de la des-igualdad social y la injusticia; y fomentar la solidaridad para cambiar las relaciones de dependencia económica, explotación laboral y menosprecio de la dignidad.
Para ello, reivindican fortalecimiento democrático; sensibilización y educación; li-bertad sindical e independencia de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras; desarrollo equitativo; diálogo social; crecimiento económico inclusivo y redistribución de la riqueza a escala mundial.
La Fundación Paz y Solidaridad trabaja en Guatemala y Líbano; Sindicalistas Soli-darios en El Salvador y Marruecos. Tienen programas conjuntos en Centro América (Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica) y Marruecos.
En todos estos casos hay cuatro elementos comunes: acciones para promover la defensa de los derechos humanos laborales, fomentar la igualdad de género, también en el mundo sindical, dar acceso a una formación dirigida a las necesidades reales del mercado de trabajo y fortalecer el papel de los sindicatos en la sociedad para aumen-tar su capacidad de influencia y de participación en la toma de decisiones.
Asociación Catalana de Residentes Senegaleses
Aunque existen múltiples asociaciones de colectivos de personas inmigrantes, en este informe se ha incluido a la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses (ACRS), dado que es la que tiene un peso más importante entre las personas que se dedican a la venta irregular en la calle de productos falsificados o top manta.
Como consecuencia de la crisis, el número de manteros ha aumentado en una ciudad en la que los turistas son un segmento importante de los consumidores de sus pro-ductos. El incremento de las tensiones entre vendedores, comerciantes y cuerpos de seguridad ha llevado a la ACRS a incrementar las acciones de mediación para rebajar las tensiones y buscar alternativas al top manta.
El plan de acción de reorientación busca vías para reconducir la situación de las per-sonas inmigrantes que se dedican a esta actividad por imperativo de supervivencia, y a ayudar y a convencer a algunos a emplear una vía legal como comerciantes. Los obje-tivos eran contribuir al abandono de la venta en la calle, desarrollar sus competencias mediante talleres formativos y abrir servicios de acompañamiento y de reorientación.
El plan de acción tiene los siguientes objetivos específicos: hacer un censo exhaus-tivo que clasifique por categorías las situaciones individuales, diseñar un circuito indi-vidual y una estrategia de inclusión, impulsar iniciativas de creación de empresas de comercio legal mediante cooperativas u otras formas y abrir un servicio de asistencia y de asesoramiento para las personas.
Los resultados que esperaban eran:
-Reorientar al 60% de las personas dedicadas al top manta (125 senegaleses). -Reducir las situaciones conflictivas.
-Ayudar al 60% de las personas a encontrar vías de reinserción social y cultural. -Acompañar y dinamizar la creación de empresas o actividades profesionales para garantizar la inserción laboral.
Hay dos líneas de actuación orientadas a reducir el riesgo de vulnerabilidad. Cada una con dos fases:
1. Acciones centradas en el colectivo, tras análisis conjunto con las personas que se dedican al top manta y otras organizaciones para tratar la problemática de solidaridad entre las personas que comparten el país de origen. En la primera fase se reforzará la asistencia y el asesoramiento contratando a una persona que actuará como mediado-ra, se organizarán charlas y talleres sobre los recursos de inserción existentes y sobre políticas de retorno y se realizarán talleres de capacitación en competencias intercul-turales y de ciudadanía. La segunda fase, estará determinada por la elaboración de una estrategia de actuación concertada e integrada en los programas de reinserción y de retorno de las organizaciones senegalesas y el acompañamiento de proyectos.
Actuaciones en otras ciudades y países
Para valorar las iniciativas que se pueden adoptar para afrontar este hecho, es con-veniente conocer la forma en que afrontan el problema otras ciudades o Estados:
Dakar. Es una ciudad en la que algunas organizaciones aseguran que tiene entre 50.000 y 100.000 vendedores en la calle. Una primera constatación que nos permite afirmar que este no es un problema sólo de los países desarrollados económicamente, sino algo global. Hasta 2015 la conflictividad entre los vendedores ambulantes y los cuerpos de seguridad había aumentado, dado que la intención del Gobierno era sacar-los de las calles de la ciudad para ofrecer una imagen más ordenada y agradable al turismo creciente. Se produjeron manifestaciones, detenciones, agresiones, etc. pero con el cambio de alcalde esta estrategia dio un giro. Una parte del presupuesto muni-cipal se destinó a construir un mercado permanente -el mercado Kermel- con más de 300 paradas repartidas en tres pisos en un espacio de 700m2, tiene capacidad para 3.000 vendedores. De esta manera se facilitaba un espacio comercial para ellos y, al mismo tiempo, se reducía la congestión de la vía pública.
Nueva York. En esta ciudad hay unos 20.000 vendedores ambulantes. El Ayunta-miento da permisos, pero a precios muy elevados, además de una asignación prefe-rente a los veteranos en vez de a las personas inmigradas. Esto conlleva un mercado negro de licencias que gana peso y pone a los vendedores en una situación de ma-yor precariedad. El número de licencias no se ha ampliado desde 1983 (poco más de 5.000), algo que el colectivo considera insuficiente.
Vancouver. Tras aplicar medidas restrictivas como multas y detenciones sin resul-tados destacables, el ayuntamiento abrió recientemente el mercado de calle la Down-town East Side. Es un espacio para 200 vendedores semanales con licencia para la venta de productos artísticos y artesanías locales. De este modo, se ofrece un lugar permanente para sustituir el mercado de la calle, se proporciona seguridad, se crean oportunidades económicas para los residentes en el barrio, se promociona la venta de proximidad y se facilitan oportunidades creativas y recreativas.
India. Se calcula que este país tiene 10 millones de vendedores ambulantes, cada municipio tiene su propia normativa y otorga la cantidad de licencias que considera pertinente, pero desde 2004, a nivel estatal, se sustituyó la prohibición de la actividad por su regulación. Los vendedores tienen una protección social mínima y las condicio-nes laborales son mejorables.
han aceptado, mientras que los vendedores manifiestan que se sienten perseguidos y estigmatizados.
Valoraciones
De carácter general
Las causas de las emigraciones forzosas -obviando las voluntarias- pueden ser ex-plicadas por dos fenómenos: por un lado, los conflictos armados de países en guerra y la inseguridad física percibida allí donde los niveles de violencia son elevados; y por otra, los fenómenos de pobreza extrema que no permiten garantizar, ni tan siquiera, la seguridad alimentaria.
La venta irregular en la calle es un subproducto de las migraciones y, por lo tanto, es un fenómeno global que afecta a todo el mundo. No sólo se observa en las ciudades de países desarrollados económicamente como Barcelona, sino que también se produce en los centros urbanos más poblados de los países en vías de desarrollo.
Esta actividad ha evolucionado de un ámbito casi artesanal y al por menor, a otro en el que hay que hablar de grandes volúmenes de negocios que han creado redes de distribución al por mayor en todo el mundo.
La generalización de esta actividad, exige estrategias globales que incidan en el origen de los productos falsificados y, por lo tanto, en su fabricación; y en la imple-mentación de medidas que la regulen y gestionen de manera particular según las características y necesidades de cada ciudad.
También hay que tener en cuenta que muchas personas que se dedican a esta acti-vidad se encuentran en situación irregular, un hecho que dificulta plantear medidas de inserción laboral por cuestiones administrativas.
Nos encontramos ante un problema que debe abordarse desde diferentes vertientes: 1. La de los refugiados, es decir, la orientada a las personas que huyen de zonas con conflictos armados y de países en guerra.
2. La de los emigrantes por razones económicas y de extrema pobreza. En ambos casos acaban siendo víctimas de redes mafiosas.
La venta irregular en la calle, así como el fenómeno migratorio, son un problema global que debe ser afrontado con continuidad, voluntad política y una visión holística para encontrar alternativas. Las respuestas a este problema no se pueden limitar a los países desarrollados y de destino de las personas inmigrantes, sino que tienen que pasar por sus países de origen, en los que la venta ambulante sin licencia es una actividad generalizada que ha creado una cultura y una forma de vida.
manera, se podría evitar que las personas que vienen tuvieran la necesidad de aban-donar su país de origen.
En Barcelona, como en otras ciudades turísticas, hace años que es habitual la pre-sencia de manteros en las zonas con más afluencia de peatones y turistas. El incre-mento del número de personas de este colectivo, ha supuesto un problema de primer orden, poniendo de manifiesto la urgencia de afrontarlo.
De carácter específico
El CESB constata que tal y como se indicaba en el diagnóstico social sobre el fenó-meno de la venta ambulante de 2015, hay cuatro grupos de especialización en la venta ambulante en Barcelona:
-Las personas que se dedican a la venta de suvenires en zonas turísticas -Las que se dedican a la comercialización de latas en zonas de ocio nocturno -Las que venden productos de imitación y/o falsificados
-Las que se dedican a la venta de productos recuperados de contenedores y/o so-brantes de la Feria de Bellcaire.
Es evidente que en Barcelona existe la percepción de que la venta irregular en la calle es un problema grave, a pesar de su reducción desde mediados del año 2016. Incluso, hay manteros que vienen de municipios cercanos, debido al efecto llamada que suponen los turistas en la ciudad. Además, los grupos organizados, en algunos casos mafias, crecen por el aumento de las ventas.
Se podría afirmar que su oferta se adapta y responde a una demanda que, a menu-do, desconoce las repercusiones sociales y económicas de sus compras actos, pero también debemos hacer mención a cierta percepción de impunidad extendida entre determinados colectivos de vendedores/manteros o a la creencia de que vender es un derecho que tienen y que se debe garantizar.
Una vez más se pone de relieve que la venta irregular no sólo es una ocupación ilegal de los espacios públicos, sino que es un perjuicio a nivel:
-Tributario, ya que reduce los ingresos públicos derivados de los impuestos -Social, por la situación irregular en la que viven la mayoría de las personas que se dedican al top manta
-Penal, esta actividad es un delito
-Consumo, los productos comercializados carecen de cualquier tipo de garantía -Espacio público, ocupan un espacio para un uso incívico y sin licencia