LA PRUEBA DOCUMENTAL

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TEMA 9

LA PRUEBA DOCUMENTAL

Ma Ángeles Perez Marín

Profesora Contratada Doctora (Acreditada para Profesora Titular) Universidad de Sevilla

1. MARCO NORMATIVO

La regulación de la prueba documental no sólo tiene su sede en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), sino que resultan de aplicación algunos preceptos que, sobre esta materia, se contie-nen en el Código Civil (CC) y en el Código de Comercio (CCo) y que han permanecido vigentes después de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De este modo, podemos es-tructurar el marco normativo en función de las normas recogi-das en dichos cuerpos normativos.

— Arts. 265 y 267 a 272 LEC, que construyen, podemos decir, la teoría general con respecto a la prueba documen-tal (normas relativas a la forma de presentación, el momento procesal para su aportación y su preclusión).

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— Arts. 317 a 334 LEC, que establecen la regulación especí-fica de los documentos públicos y de los documentos pri-vados.

— Arts. 1216 a 1224 CC, que contienen la regulación de los documentos públicos, y los arts. 1225 a 1230, que com-prende la relativa a los documentos privados, habiendo sido derogado el art. 1226 por la Disposición Derogato-ria única LEC de 2000.

— Arts. 29 a 33 CCo, que abordan el supuesto concreto de los libros que llevan los comerciantes cuando éstos, o par-te de éstos, par-tengan que ser aportados como prueba al pro-ceso.

Finalmente, debemos tener en cuenta que, en el caso de coli-sión normativa prevalecerá la regulación fijada en la LEC. Así sucede en el caso de la regulación del CC sobre la valoración de los documentos públicos y de los documentos privados que difiere, en parte, de la prevista en la LEC, debiendo otorgarse preferencia a esta última por su especialidad.

2. CONCEPTO Y CLASES DE DOCUMENTOS a. Concepto de documento

Desde el punto de vista probatorio se consideran documen-tos aquellos objedocumen-tos o formadocumen-tos que aportan información de in-terés sobre el fondo del asunto litigioso. Consideramos por tan-to, aunque no toda la doctrina coincide, en que han de incluirse en el concepto de documento aquellos instrumentos que per-miten la reproducción de palabras, sonidos e imágenes o que permiten archivar datos relevantes para el proceso.

La prueba documental

b. Clases de documentos

Tradicionalmente se viene distinguiendo entre documentos públicos y documentos privados. Podemos definir como docu-mentos públicos aquéllos en cuya elaboración concurren dos re-quisitos: 1. la intervención de un funcionario dotado de fe pú-blica —Secretario Judicial, Notario, Registradores, etc.— y que, por tanto, garantiza, a priori, la autenticidad del documento y la veracidad de su contenido; 2. que se hayan respetado las solem-nidades especificadas por la ley para cada tipo de documento.

El art. 317 contiene el listado de documentos que se inclu-yen en la categoría de documentos públicos. Nosotros vamos a agrupar estos documentos en cuatro grupos: 1. los autorizados por Notario, 2. los intervenidos por Corredores de Comercio —cuerpo que por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, queda-ron incorporados en el Cuerpo de Notarios— y 3. las certifica-ciones y documentos expedidos por Registradores y funciona-ros facultados para dar fe.

Por exclusión, por tanto, se considera documento privado aquél en cuya elaboración no se reúnen las anteriores circunstan-cias o, lo que es lo mismo, son documentos privados, según el artículo 324 LEC, aquéllos que no entran en la categoría de do-cumentos públicos referidos en el art. 317. Únicamente estable-ce el art. 327 LEC una categoría específica dentro de los docu-mentos privados y es la relativa a los libros de los comerciantes. Por lo que hace a los instrumentos que permiten la graba-ción y reproducgraba-ción de la palabra, el sonido o la imagen, nor-malmente habremos de clasificarlos como documentos priva-dos aunque cabría entrar en una interesante discusión cuando las partes aportan, junto con el formato en cuestión, un docu-mento notarial, por ejemplo, certificando la autenticidad del mismo y de su contenido. En cualquier caso, y con carácter ge-neral, habrán de ser considerados documentos privados.

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3. FORMA DE APORTAR LOS DOCUMENTOS

La LEC distingue entre la forma de presentación de los do-cumentos públicos y la de los dodo-cumentos privados, determi-nando la fuerza probatoria de los mismos en función, precisa-mente, del modo en la que el documento haya sido aportado y

de la impugnación o no del mismo.

Con carácter general consideramos que los documentos, ya se trate de documentos públicos o documentos privados, debe-rían, con carácter general, aportarse al proceso en original. No obstante, y dadas las características de los documentos públi-cos, el legislador ha establecido otras formas de presentación. Así, el art. 267 LEC indica que los documentos públicos po-drán aportarse mediante copia simple, ya sea en papel, ya en soporte electrónico —con anexo de firma electrónica reconoci-da— y si en este caso fuere impugnado podría llevarse al proce-so el original, copia o certificación fehaciente.

Los documentos privados, por su parte, habrán de aportarse en original o mediante copia autenticada por fedatario público, mediante copia o, en el caso de que el original se encontrase en un protocolo, archivo o registro público, también se podrá dejar designado el lugar en el que se encuentra el documento para que éste sea reclamado, y traído al proceso, por el Secretario Ju-dicial. No obstante, esta última opción sólo será factible cuan-do se trate de protocolos, registros o archivos que no sean pú-blicos y a los que, por tanto, los particulares no suelan tener acceso o cuando, por ejemplo, debido a los plazos improrroga-bles establecidos la parte no tuviera tiempo de aportar el docu-mento aunque éste se encontrara en un registro público. En caso contrario, la parte interesada deberá aportar al proceso el documento en original o mediante copia auténtica.

Por último, no queremos dejar de referir que en materia de prueba y presentación de documentos por medios técnicos, el art. 135 LEC remite al art. 162.2 que establece que el docu-mento deberá ser presentado en su soporte de papel original, y

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en el plazo otorgado a tal fin, cuando la autenticidad del docu-mento sólo pueda ser verificada mediante su examen directo, cuando lo solicite alguna de las partes, cuando el Tribunal lo considere oportuno o cuando sea requerido por el Ministerio Fiscal en los procesos en los que deba intervenir.

4. MOMENTO PROCESAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN PRUEBA DOCUMENTAL

a. En el juicio ordinario

En el juicio ordinario las partes deben aportar los documen-tos junto con sus alegaciones (demanda, contestación, recon-vención y contestación a la reconrecon-vención). Sin embargo, el le-gislador, no ajeno a las vicisitudes por las que puede derivar el proceso, establece, como excepciones, otros momentos en los que las partes podrían proceder a la aportación del documento. Así:

Las partes, como hemos visto, pueden dejar designado el documento del que se quieran valer para que sea llevado al proceso a través de la intervención del Secretario Judicial. se aportarán documentos en la audiencia previa

• cuando el interés del documento se ponga de manifies- to como consecuencia de las alegaciones realizadas por el demandado en la contestación a la demanda, el de-mandante podrá aportar el documento correspondien-te en la audiencia previa

• cuando la necesidad del documento se deduzca de ac-tuaciones o alegaciones complementarias de las partes • cuando se trate de documentos anteriores a la deman-da o a la contestación pero la parte puedeman-da acreditar que no tuvo conocimiento de dichos documentos hasta un momento posterior

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— se permite la aportación de documentos después de la audiencia previa en el caso de:

• documentos de fecha posterior a la misma, cuando sean relevantes para la pretensión de la parte y siempre que no existieran al momento de presentar las alegacio-nes o de celebración de la audiencia

• documentos de fecha anterior a la interposición de las alegaciones, o de celebración de la audiencia, pero cuya existencia fuera desconocida o no se hubieran podido obtener con anterioridad a estos momentos y así fuese debidamente acreditado

— por otro lado, en el momento en que se obtuvieran se po-drán aportar aquellos documentos referidos a hechos nuevos o hechos de nueva noticia que fueran esenciales para el pleito, siempre que se justifique o se acredite que no existían o no se conocían en un momento anterior — por último, documentos cuyo interés naciera como

conse-cuencia de alguna actuación procesal acaecida con poste-rioridad a la audiencia previa, se podrán aportar en mo-mentos posteriores a la misma, incluyendo el juicio oral b. En el juicio verbal

En el juicio verbal el demandado deberá aportar los docu-mentos en el acto de la vista, quedando sujeto el demandante a las mismas normas que el demandante del juicio ordinario.

La prueba doctunental

En cualquier caso, el legislador establece, como último mo-mento para aportar documo-mentos, la vista del juicio oral. Así, el art. 270.1 LEC establece que no se admitirán documentos, ins-trumentos, informes o dictámenes una vez finalizado el juicio oral, si bien se han establecido dos excepciones a esta regla ge-neral:

la aportación, como diligencias finales, de documentos que se refieran a hechos ocurridos después de la vista y antes de que termine el plazo para dictar sentencia o de documentos relativos a hechos anteriores al final de la vista pero conocidos antes de finalizar el plazo para dic-tar sentencia (art. 435)

la aportación, incluso dentro del plazo para dictar sen-tencia, de aquellas resoluciones o sentencias dictadas o notificadas después de las conclusiones, siempre y cuan-do fueran relevantes para la resolución del asunto (art. 270.2)

6. VALOR PROBATORIO E IMPUGNACIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos hacen prueba en función de los estableci-dos al respecto por la LEC y, en principio, su valor probatorio se basa en su autenticidad, ya se trate de un documento público o privado.

5. PRECLUSIÓN DEFINITIVA PARA LA APORTACIÓN DE DOCUMENTOS

La posibilidad de aportar documentos precluye, indefecti-blemente, una vez transcurridos los momentos procesales espe-cificados por la LEC. Así, de oficio o a instancia de parte, se deberán inadmitir los documentos presentados fuera de plazo.

a. Documentos públicos

Los documentos públicos mantienen el valor de prueba tasa-da en cuanto al «del hecho, acto o estado de cosas que docu-menten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella» (art. 319.1).

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b. Documentos privados

Los documentos privados sólo hacen prueba plena cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudiquen, en cuyo caso ésta podrá solicitar el cotejo de letras o podrá proponer la práctica de cualquier medio de prueba para acreditar su auten-ticidad. Si finalmente no es posible acreditar dicha autentici-dad, el documento privado será de valoración libre.

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