ZINEMAGINTZA ETA BABES-FUNTSA/CINEMATOGRAFIA y FONDO DE PROTECCIÓN 1

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1 ZINEMAGINTZA ETA BABES-FUNTSA/CINEMATOGRAFIA y FONDO DE PROTECCIÓN1

v.2. Actualizada a marzo de 2020

TÍTULOS COMPETENCIALES

- Art. 10.17 EAPV: competencia exclusiva de la CAPV en materia cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 CE.

- Art. 10.38 EAPV: competencia exclusiva de la CAPV en materia de espectáculos. - Art. 6 EAPV: competencia exclusiva de la CAPV en materia de fomento lingüístico del euskera. - Art. 10.25 EAPV: competencia exclusiva de la CAPV en materia de promoción, desarrollo económico

y planificación de la economía, de acuerdo con la ordenación general de la economía. - Art. 149.2 CE: competencia del Estado en materia de cultura en concurrencia con las CCAA. - Art. 149.1.13 CE: competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación de la

planificación general de la actividad económica.

FICHA DEL INFORME DE TRANSFERENCIAS (1993) Área:

CULTURA Materia:

CINEMATOGRAFIA-FONDO DE PROTECCIÓN Objeto:

Servicios, funciones y dotaciones que el Estado destina a través del Fondo de Protección a la Cinematografía, a la promoción de medios audiovisuales.

Configuración Competencial: Constitución: Art. 149.2

Estatuto de Autonomía: Arts. 10.17 y 10.38 Notas:

Con la transferencia descrita se contaría con un instrumento fundamental para la protección y promoción del sector cinematográfico vasco; dándose, también, adecuado cumplimiento a la previsión contenida en el Real Decreto 3069/80, de traspasos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Cultura, a cuyo tenor (apartado 3.7 del Anexo): “lo relativo a la recaudación y aplicación del Fondo de Protección a la Cinematografía, será objeto de posteriores estudios y acuerdo entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración del Estado”

1 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

PADROS REIG & MUÑOZ FERNANDEZ: “Efectos económicos de la normativa de protección y fomento de la cinematografía en españa”. Revista de Administración Pública, ISSN: 0034-7639, núm. 171, Madrid, septiembre-diciembre (2006), págs. 355-392

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2 I. TRASPASOS A LA CAE. DECRETO 44/1981—RD 3069/1980

El Decreto 44/1981 (Real Decreto 3069/1980) publicó el Acuerdo sobre traspaso de servicios del Estado a la CAPV en materia de fundaciones y asociaciones culturales, libros y bibliotecas, cinematografía, música y teatro, juventud y promoción socio-cultural, patrimonio histórico-artístico y deportes. Mediante este Decreto la CAPV asumió todas las competencias que la AGE había desempeñado hasta entonces, en lo que ahora nos interesa, en las siguientes materias:

- Defensa y protección del tesoro documental y bibliográfico en la CAPV

- Protección a la cinematografía y al fomento de la creación y de la actividad cinematográfica, salvo lo relativo a la recaudación y aplicación del Fondo de Protección a la Cinematografía que se dejó para un momento posterior.

- Fomento y promoción de las actividades musicales y teatrales.

De acuerdo al citado traspaso la CAPV posee competencia para ordenar el sector de la cinematografía y del sector audiovisual. Posee también competencia para establecer su política de fomento en este sector económico, adoptando las medidas de fomento e incentivos fiscales aplicables. Ostenta, por último la competencia sobre la potestad sancionadora y demás competencias adjetivas. Restaría únicamente de transferir el Fondo de Protección a la Cinematografía, que quedó pendiente. El resto de medidas de fomento que son financiadas por el Estado al margen de dicho Fondo se considera que fueron ya efectivamente traspasadas mediante el citado Decreto 44/1981.

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE CINEMATOGRAFIA

Cuando se llevó a cabo la transferencia a la CAE en materia de cinematografía (Decreto 44/1981) se hallaba en vigor el Real Decreto-ley 3071/1977, de 1 de noviembre. Esta norma vino a suprimir las medidas represivas (abolición de la censura; abolición del permiso del rodaje y la abolición del NO-DO) que sobre la actividad cinematográfica había establecido el régimen franquista; pero a su vez, mantuvo las medidas de política proteccionista que había instaurado la dictadura (régimen de subvención automática; 5% del fondo de protección para los cortometrajes; cuotas de pantalla; licencias de doblaje).

Posteriormente, la Ley 3/1980, de 10 de enero, de regulación de las cuotas de pantalla y distribución cinematográfica (denominada también Ley Miró), continúo con las políticas proteccionistas, predominando un criterio más artístico que industrial.

Aquella Ley fue desarrollada por el Real Decreto 3304/1983, de 28 de diciembre, donde se adoptaron diversas medidas de fomento como la subvención anticipada, subvención automática, subvención adicional cuando la inversión ascendía a determinada cantidad; también se regulaba la cuota de distribución, así como la cuota de exhibición de películas extranjeras respecto de las españolas.

La Ley 1/1982, de 24 de febrero, de Salas Especiales de Cinematografía y Filmoteca Española, en su artículo 3 creo una tasa parafiscal sobre la exhibición de películas de las salas X, cuya recaudación se destinaba al Fondo de Protección a la Cinematografía. El 50% de la recaudación iba destinado a subvencionar las salas de exhibición. La gestión de dicho fondo era de carácter centralizado.

El Real Decreto-Ley 1257/1986, de 13 de junio, se dictó para adaptar la Ley 3/1980 al ingreso de España a la CEE, con lo que comienza un proceso lento de liberalización del sector y se intenta resolver los casos de corruptelas que se había producido materia de fomento del sector. Se establece una nueva cuota de pantalla y se excluyó a las películas de la CEE de la cuota de exhibición

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3 El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto (Decreto Semprún), continúo con la política proteccionista, pero aplicando un criterio más industrial, claramente contrapuesto al más artístico de Pilar Miró. Su objetivo era contribuir al desarrollo de empresarios independientes y de fomentar la inversión privada en el sector, para con ello reducir el intervencionismo estatal y fortalecer la estructura financiera del sector. Se introducen medidas de estímulo fiscal, se crean líneas específicas de crédito bancario, se instaura el control informatizado de taquilla y la creación de ayudas a la distribución y la exhibición. También se modificó el régimen de subvenciones obligando a elegir entre la subvención sobre recaudación de taquillas o anticipadas. La gestión de las medidas de fomento continuaba siendo de carácter centralizado a través del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

La Ley 17/1994, de 8 de junio, de protección y fomento de la cinematografía, se presenta como la primera norma de rango legal que pretende la ordenación de la actividad de fomento en la materia cinematográfica y fue desarrollada por diversos Reales Decretos: RD 81/1997, de 24 de enero, que se ocupó de los incentivos no económicos; el Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio, en el que se regulan los incentivos económicos. Ambos Real Decreto fueron posteriormente modificados por el RD 196/2000, de 11 de febrero. En esta Ley se pone ya fecha a la liberalización del sector y aparece por primera vez el certificado de nacionalidad, como requisito para obtener la calificación de obra europea y acceder a las distintas medidas de fomento. También se regula la cuota de pantalla europea y la cuota de distribución. La gestión de las medidas de fomento y del fondo de protección a la cinematografía continúa siendo de carácter centralizado.

La Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la Cinematografía y el sector audiovisual tuvo como objetivo profundizar en la liberalización y ampliar el alcance de las medidas de fomento también a la promoción y la producción tanto de las empresas españolas como las europeas. Refuerza las medidas de control administrativo, introduciendo el control de rendimientos (art. 9) así como la creación de un registro administrativo de empresas dependientes del ICAA. En trámite de enmiendas se introdujo una medida de fomentó específica dirigida a las películas realizadas en alguna lengua oficial distinta al castellano (art. 6). La gestión continúa siendo de carácter centralizado, sin prever una colaboración con la actividad de las CCAA en el sector. Esta Ley fue derogada por la actualmente vigente, Ley 55/2007, de 28 de diciembre, donde ya se prevé que las CCAA poseen competencias en materia cinematográfica, que la Ley estatal expresamente salvaguarda.

La Ley regula dos medidas de fomento que, pese a ser dotadas en los Presupuestos Generales del Estado, se territorializan para su gestión en las CCAA. Concretamente esos mecanismos se prevén para las películas en lengua cooficial distinta al castellano, del art. 36; y la ayuda a la modernización de las salas de exhibición una participación de las CCAA, del art. 29. Todo ello sin perjuicio de las medidas de fomento que las CCAA puedan establecer en ejercicio de su propia política cinematográfica.

III. LEGISLACIÓN

 Ley 3/1980, de 10 de enero, de regulación de cuotas de pantalla y distribución cinematográfica.

 Ley 1/1982, de 24 de febrero, de Salas Especiales de Cinematografía y Filmoteca Española.

 Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

 Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, Reglamento de la Ley del Cine.

 Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía de las Artes Audiovisuales.

 Convención UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada el 20 de octubre de 2005: reconoce que la diversidad

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4 cultural constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida, protegida y difundida en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

 Comunicación UE (2002/C/ 43/4) del Consejo, Parlamento Europeo, CESE y Comité de las Regiones, en el que también se resalta el valor de la diversidad cultural, así como la importancia del sector audiovisual para profundizar en la democracia y en la cohesión social.

IV. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN RELACIÓN A LA ORDENACIÓN DEL SECTOR CINEMATOGRAFICO Y AUDIOVISUAL

La Ley 55/2007 regula la política estatal en materia de protección y fomento de la cinematografía al amparo de las competencias del Estado sobre cultura (149.2 CE) y bases y coordinación de la planificación general de la economía (149.1.13 CE). La jurisprudencia del TC ha avalado esta competencia estatal, que alcanza funciones normativas así como ejecutivas. También se pronunciado a favor de la constitucionalidad de que la gestión del Fondo de Protección Cinematográfica sea de carácter centralizado (STC 13/1992). La competencia estatal, sin embargo, no perjudica ni puede limitar las competencias que la CAE dispone sobre el sector cinematográfico y audiovisual. La jurisprudencia del TC apela en esta materia al principio de colaboración y cooperación entre el Estado y las CCAA.

La Ley 55/2007 prevé que dentro de la Administración General del Estado será el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) quien ejerza las funciones ejecutivas que la Ley regula (art. 3). En lo que atañe a la política de fomento, el ICCA desarrolla funciones de fomento, promoción y ordenación de las actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, distribución y exhibición.

Las medidas de fomento e incentivos al sector cinematográfico y audiovisual se regulan en el Capítulo III de la Ley 55/2007, que son gestionadas por el ICCA, dentro de los límites presupuestarios aprobados en cada ejercicio. Las medidas de fomento e incentivos se hallan descritas en el art. 19:

1. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, dentro de los límites presupuestarios aprobados en cada ejercicio

a) Establecerá medidas de fomento para la producción, distribución, exhibición y promoción en el interior y exterior de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, con especial consideración hacia la difusión de obras de interés cultural, así como para la conservación en España de negativos, masters fotoquímicos o digitales y otros soportes equivalentes mediante la convocatoria anual de ayudas. b) Fomentará y favorecerá la producción independiente, con incentivos específicos,

ayudas suplementarias para la amortización de sus películas y medidas que faciliten la competitividad y desarrollo de las empresas.

c) Facilitará el acceso a créditos en condiciones favorables con minoración de cargas financieras y ampliación del sistema de garantías bancarias para su obtención, en los diferentes ámbitos de la actividad cinematográfica y audiovisual, teniendo prioridad aquellos proyectos que incorporen medidas de accesibilidad, tales como el subtitulado y la audiodescripción.

d) Apoyará, en el marco de la legislación tributaria, la aplicación de distintas medidas o regímenes que contribuyan al fomento de la cinematografía y del audiovisual.

e) Suscribirá convenios de colaboración con entidades públicas o privadas necesarios para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales, así como para la formación de profesionales. Colaborará con las diferentes administraciones educativas para el fomento del conocimiento y difusión del cine en los diferentes ámbitos educativos.

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f) Fomentará la realización de actividades de I+D+i en el ámbito cinematográfico y audiovisual.

g) Establecerá medidas de fomento de igualdad de género en el ámbito de la creación cinematográfica y audiovisual.

h) Fomentará la labor de los órganos competentes para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual y especialmente en la prevención de las mismas. También colaborará con cualquier órgano o entidad en aquellas actividades que se hallen encaminadas a la protección y defensa de la propiedad intelectual.

i) Podrá establecer premios en reconocimiento de una trayectoria profesional.

2. No podrán beneficiarse de las medidas de fomento previstas en esta Ley las siguientes obras cinematográficas o audiovisuales:

a) Las producidas directamente por operadores de televisión u otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

b) Las financiadas íntegramente por Administraciones públicas.

c) Las que tengan un contenido esencialmente publicitario y las de propaganda política. d) Las que hubieran obtenido la calificación de película «X».

e) Las que vulneren o no respeten la normativa sobre cesión de derechos de propiedad intelectual.

f) Las que, por sentencia firme, fuesen declaradas en algún extremo constitutivas de delito. g) Las producidas por empresas con deudas laborales, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 24.3.

3. En los Presupuestos Generales del Estado se dotará anualmente un Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual, cuya gestión se realizará por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, para atender, sin perjuicio de la existencia de otras dotaciones específicas, las ayudas previstas en esta Ley.

4. Lo previsto en los apartados anteriores se establece sin perjuicio de las medidas de fomento que puedan realizar las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, que se regirán por su normativa propia.

El Real Decreto 1084/2015, que desarrolla la Ley 55/2007, regula en el artículo 4 las potestades que ejerce el ICCA:

○ Certificar la nacionalidad española de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, sin perjuicio de las competencias de las CCAA (art. 5.1)

○ Otorgar la calificación por edades de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, sin perjuicio de las competencias de las CCAA.(art. 6.3)

○ Aprobar los proyectos de coproducción internacional de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales realizadas en este régimen, sin perjuicio de las competencias de las CCAA (art. 13.1)

○ Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias establecidas en el desarrollo de las actividades de producción, distribución y exhibición cinematográfica y audiovisual; así como las derivadas del acceso a las medidas de fomento reguladas en el capítulo III, sin perjuicio de las competencias de las CCAA (art. 35)

○ Ejercer la potestad sancionadora (art. 36)

○ La gestión del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. (art. 29), en colaboración con las CCAA que dispongan de registro.

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6 ○ Ejercer las funciones de control de asistencia (art. 15.1) y rendimiento de las obras

cinematográficas (art. 17), en colaboración con las CCAA que posean normativa al respecto.

○ Presidir y dirigir La Comisión de Calificación (art. 32)

○ Presidir y dirigir La Comisión de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes. Las CCAA (en número de 3) participan como vocales (art. 33)

○ Fomento de la protección y defensa de la propiedad intelectual (DA 1ª).

○ Identificación de las obras cinematográficas y audiovisuales y gestión de los códigos de identificación (DA 2ª)

Por último, el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del ICAA, en su artículo 3 establece las funciones asignadas al ICAA:

1. El fomento, promoción y ordenación de las actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, distribución y exhibición.

2. La promoción de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas.

3. La recuperación, restauración, conservación, investigación y difusión del patrimonio cinematográfico.

4. La cooperación en la formación de profesionales en las distintas especialidades cinematográficas.

5. Las relaciones con organismos e instituciones internacionales y extranjeros de fines similares.

6. La cooperación con las Comunidades Autónomas en materia de cinematografía y artes audiovisuales, de acuerdo con aquéllas.

V. MEDIDAS DE FOMENTO Y EL FONDO DE PROTECCIÓN A LA CINEMATOGRAFIA La Ley 55/2007 del Cine regula en el Capítulo III las distintas medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual. Algunas de estas medidas se financian con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía, mediante una dotación específica que anualmente se establece en los Presupuestos Generales del Estado a favor del ICAA, dentro de las partidas correspondientes al Ministerio de Cultura (art. 19).

En relación a este fondo, la STC 13/1992 avaló la gestión centralizada de dicho fondo, al amparo de las competencias estatales de los títulos 149.2 y 149.1.13 CE.

Otras medidas de fomento e incentivos sin embargo, se prevé que pueden ser gestionadas en colaboración con las CCAA y presupuestariamente se dotan de manera separada. En la sección 5ª y 8ª del citado Capítulo III de la Ley 55/2007, en concreto, se regula bajo ese régimen de colaboración las ayudas para las salas de exhibición cinematográfica (art. 29.2) y el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano (art. 36).

Dentro de la Sección 5ª del Capítulo III de la Ley 55/2007, en el artículo 29, se prevé una línea subvencional dirigida a las salas de exhibición cinematográfica, que el Estado prevé que será gestionada en colaboración y cooperación con las CCAA y sin perjuicio de la política de fomento propia de cada una de ellas.

En la Sección 8ª del Capítulo III de la Ley 55/2007, entre otras ayudas e incentivos, se regula en el art. 36 el Fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas

del castellano. El artículo 36, literalmente dice así:

Artículo 36. Fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano

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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.3 , y con el fin de atender al fomento y protección del uso de las lenguas cooficiales distintas a la castellana en la cinematografía y el audiovisual, promoviendo la pluralidad cultural de España y la igualdad de oportunidades de las lenguas propias de cada territorio en materia de expresión y difusión audiovisual, se establecerá un fondo de ayudas o créditos específicos que serán transferidos en su integridad a los organismos competentes de las Comunidades Autónomas, que los gestionarán conforme a sus competencias.

Esta aportación del Estado, basada en el principio de corresponsabilidad, se dotará dentro de los límites presupuestarios aprobados en cada ejercicio y se destinará al fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en las citadas lenguas.

La Disposición Adicional sexta de la Ley 55/2007, arbitra la vía de los convenios para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano.

Disposición Adicional sexta. Convenios para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano

El Ministerio de Cultura, mediante convenio, concretará dentro de las disponibilidades presupuestarias anuales, los créditos previstos en el artículo 36 de esta Ley, de forma que la dotación que reciba cada Comunidad Autónoma con lengua cooficial sea anualmente equivalente a la suma de aportaciones que dicha Comunidad haya destinado en el ejercicio anterior para el soporte y fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción del audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.

La dotación que reciba cada Comunidad Autónoma no será superior al 50 % del total de las ayudas que las empresas audiovisuales residentes en dicha Comunidad hayan recibido del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el ejercicio anterior.

Todos estos preceptos tienen su amparo competencial en el art. 149.2 CE, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Final 3ª de la Ley 55/2007, por lo que se enmarcan dentro de la competencia de cultura de carácter concurrente, que permite una regulación y gestión paralela entre la AGE y las CCAA.

VI. REGIMEN PRESUPUESTARIO FINANCIERO DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA

El régimen financiero de las medidas de fomento de la Ley 55/2007 es distinto para las medidas que se financian con cargo al Fondo de Protección de la Cinematografía (art.19) y las que se gestionan en colaboración con las CCAA (art. 29 y 36), en cuanto que se financian con partidas presupuestarias distintas.

A) FONDO DE PROTECCIÓN DE LA CINEMATOGRAFIA (art. 19)

El Fondo de Protección a la Cinematografía (FPC) se dota anualmente en los Presupuestos Generales del Estado para financiar anualmente las ayudas a entidades privadas previstas en la Ley de Cine. Se gestiona de manera centralizada desde el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transfiere anualmente al Instituto la dotación para el Fondo de Protección a la Cinematografía, siendo una transferencia finalista, específica para este fin. Inicialmente en el FPC se integraban las tasas recaudadas dirigidas a la distribución de subvenciones para promocionar la cinematografía, sin embargo actualmente se dota presupuestariamente.

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8 Consultados los Presupuesto Generales del Estado correspondientes al ejercicio de 2016, se corrobora lo expuesto más arriba. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (sección 18) realiza una transferencia interna al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales como dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía (Programa 000X, partida económica 415) de 60.000.000 de euros.

Esta partida corresponde con la partida 40001 del Presupuestos de Ingresos del Organismo Autónomo 103 del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del mismo ejercicio económico (2016). De acuerdo a esta partida el ICAA recibe una transferencia interna de la Administración del Estado para la dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía (60.000.000 euros). En el Presupuesto de Gastos del ICAA del ejercicio 2016, por último, queda reflejado en la partida 470 el pago a empresas privadas por igual importe (60.000.000 euros).El Estado en la Ley General Presupuestaria dispone de un programa de gasto (335C) específico para la materia de cinematografía dentro de la Sección 24 del Ministerio de Cultura, donde se detallan las distintas medidas de fomento que el ICAA gestiona con cargo al citado Fondo de Protección a la Cinematografía. (Se adjuntan como anexo dichos documentos presupuestarios).

Para el año 2018, los presupuestos del Estado dotan a través de dos partidas el FPC. La primera, la 00X.415 de transferencias internas al ICAA para dotar este fondo con una provisión de 65.000.000 euros, y la segunda es la 335C.470 Cinematografía provisionando el fondo con 70.766.000 euros; ambas suman un total de 135.766.000 euros.

Este fondo se halla pendiente de traspaso efectivo a la CAE de acuerdo a lo expresamente previsto en el Decreto 41/1980, como ha sido expuesto más arriba. Se trata de un traspaso ordinario que se deberá realizar en base a los principios contenidos en el Concierto Económico (Ley 12/2002, de 23 de mayo). Es decir, que el tratamiento financiero tendría que ser la aplicación del 6,24% a todas las partidas de los PGE destinadas a la financiación del citado fondo. En los años sucesivos las medidas de fomento en materia de cinematografía se financiarán con cargo a los ingresos ordinarios de la CAE y se aminorará también la cantidad que en concepto de cupo la CAE abona por las funciones y servicios que el Estado ejerce en su territorio.

B) MEDIDAS DE FOMENTO DE LA AGE, EN COLABORACIÓN CON LAS CCAA. (art. 36 y 29 de la Ley 55/2007)

El ICAA, al margen del Fondo de Protección de la Cinematografía (art. 19 de la Ley 55/2007), gestiona otras partidas presupuestarias, en función de su disponibilidad financiera, que anualmente transfiere a las Comunidades Autónomas. En los PGE de cada año se incluyen las dotaciones presupuestarias que serán destinadas a las Comunidades Autónomas para el fomento y difusión de la producción cinematográfica y audiovisual, de manera separada a los del Fondo de Protección a la Cinematografía.

Su distribución territorial se instrumenta mediante convenios de colaboración con las CCAA. En el caso de la CAPV, desde la aprobación de la Ley 55/2007 se han suscrito los siguientes convenios en esta materia:

● Fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano (Art. 36 Ley 55/2007, del Cine). Se subvencionaron actividades realizadas por el departamento de Cultura del Gobierno Vasco para el fomento, producción y distribución de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua vasca. Este tipo de convenio se suscribió para los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

● Concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográfica (Art. 29 Ley 55/2007, del Cine). Se formalizaron medidas de apoyo para salas de exhibición independientes, gestionadas por las Comunidades Autónomas. La CAPV suscribió convenios de colaboración con el Ministerio de Cultura por este concepto en los ejercicios 2010 y 2011.

Desde la perspectiva transferencial se ha de constatar que dichos fondos no forman parte de la transferencia pendiente y que se entiende que las funciones de fomento por razones

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9 lingüísticas y dirigidas a las salas de exhibición ya fueron objeto de transferencia en el Decreto 41/1980. El Estado dispone de líneas subvencionales en este ámbito sobre su competencia concurrente de cultura, pero sin que pueda entenderse que deban formar parte de un nuevo decreto de traspaso.

VII. CATALUÑA: FUNCIONES QUE EJERCE EN MATERIA AUDIOVISUAL

En este apartado se describirán las funciones que la Generalitat de Cataluña viene ejerciendo en materia audiovisual al amparo de su competencia inicial del año 1981, sin que haya recibido tampoco el traspaso del Fondo de Protección a la Cinematografía.

A) REAL DECRETO 1010/1981, de 27 de febrero, sobre traspaso del Estado a la Generalitat de Cataluña, entre otras, en materia de cinematografía.

El RD 1010/1981 expresamente excluyó de la transferencia el Fondo de Protección a la Cinematografía, especificando lo siguiente: «En cuanto al Fondo de Protección de la Cinematografía, en tanto se mantenga la actual normativa que la rige, se transfiere a la Generalidad el porcentaje que se determine por convenio, de la parte del Fondo destinada a subvencionar películas de especial calidad y especiales para menores».

B) ART. 127 EAC-2006. Competencia exclusiva en materia de cultura

 Competencia exclusiva sobre actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Cataluña, que incluye en lo que nos interesa:

- La regulación y la inspección de las salas de exhibición cinematográfica, las medidas de protección de la industria cinematográfica y el control y la concesión de licencias de doblaje a las empresas distribuidoras domiciliadas en Cataluña.

- La calificación de las películas y los materiales audiovisuales en función de la edad y de los valores culturales.

- El establecimiento de medidas fiscales de incentivación de las actividades culturales en los tributos en los que la Generalitat tenga competencias normativas.

 Competencia exclusiva sobre patrimonio cultural que comprende:

- La regulación y la ejecución de medidas destinadas a garantizar el enriquecimiento y la difusión del patrimonio cultural de Cataluña

- La inspección, inventario y restauración del patrimonio artístico (…)

- Régimen jurídico de las actuaciones sobre el patrimonio cultural de Cataluña, incluida la declaración y gestión de estos bienes, con excepción de aquellos que sean titularidad del Estado.

- La protección del patrimonio cultural de Cataluña, que incluye la conservación, la reparación, el régimen de vigilancia y el control de los bienes, sin perjuicio de la competencia estatal de defensa contra la exportación y expoliación.

 Competencia exclusiva sobre los centros de depósito cultural que no sean de titularidad del Estado.

- Creación, gestión, protección y establecimiento del régimen jurídico de los centros - Establecimiento del régimen jurídico de los bienes culturales que estén depositados

en los centros.

- La conservación y la recuperación de los bienes del patrimonio cultural catalán.  Competencia exclusiva de fomento de la cultura, que engloba:

- Fomento y la difusión de la creación y la producción artística y audiovisual llevadas a cabo en Cataluña

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10 - La promoción y la difusión del patrimonio cultural… y de los centros de depósito cultural

de Cataluña.

- La promoción internacional de la cultura catalana.

 Competencia de ejecución sobre los centros de depósito cultural de titularidad estatal situados en Cataluña, cuya gestión no se reserve expresamente el Estado.

LEGISLACIÓN DE LA GENERALITAT: Ley 20/2012, del Cine de Cataluña:

 Establece el marco normativo que rige la industria cinematográfica y audiovisual en lo relativo a: la producción, distribución, comercialización, promoción, proyección internacional y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, garantizando el derecho de elección lingüística entre las dos lenguas oficiales y favoreciendo la presencia de obras en versión subtitulada. (art. 1.1)

 Regula la preservación y protección de la filmoteca de Cataluña, el fomento de la educación y formación audiovisual y la difusión de la cultura cinematográfica. (art. 1.2)

 Las funciones de la Generalitat:

- Las funciones que desarrolla a través del Instituto Catalán de Industrias Culturales - Funciones relacionadas con la Filmoteca: recuperar, preservar, catalogar y restaurar el

patrimonio filmográfico, e investigar y apoyar la educación y la difusión de la cultura cinematográfica (art. 46)

- Ejercicio de la potestad sancionadora (Capítulo VI)

 Las funciones de la Generalitat que desempeña a través del Instituto Catalán de las Industrias Culturales (art. 4 Ley 20/2012)2.

2 - La Ley 20/2000, de 29 de diciembre, de Creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales le reconoce las funciones siguientes:

a) Impulsar el desarrollo del talento cultural y de las empresas y entidades que lo desarrollan, apoyando la creación y su producción y difusión.

b) Interactuar con los sectores y agentes vinculados a la creación cultural y a las empresas culturales estableciendo y gestionando programas orientados a la prestación de apoyo técnico y al fomento de la actividad económica y ocupacional en el ámbito de la cultura.

c) Impulsar la colaboración entre las empresas y los creadores artísticos y culturales. d) Fomentar el desarrollo de las empresas culturales y ayudar a las nuevas a implantarse.

e) Promover el talento, la innovación y la investigación de ofertas de calidad de nuevas estéticas y nuevos lenguajes.

f) Promover la creación, producción y distribución en el ámbito de las tecnologías digitales.

g) Impulsar el consumo cultural interno promoviendo circuitos nacionales y colaborar en la exportación de productos culturales en circuitos estatales e internacionales, especialmente de los expresados en lengua catalana u occitana aranesa, impulsando la presencia de empresas y creadores culturales en el exterior.

h) Colaborar con las entidades sin ánimo de lucro que promueven el desarrollo de las empresas culturales y de la creación artística y cultural, y apoyar sus iniciativas.

i) Facilitar las relaciones entre las empresas culturales y las administraciones públicas. j) Realizar estudios estructurales y prospecciones sobre las empresas culturales.

k) Difundir la información relativa a las ayudas y los servicios que los organismos de cualquier ámbito territorial destinan a la creación artística y cultural y a las empresas culturales.

l) Fomentar las acciones formativas de interés para el desarrollo de las empresas culturales.

m) Promover y ejecutar cualquier otra actividad dirigida a desarrollar la creación artística y cultural y las empresas culturales.

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11 - Impulsar el Acuerdo-marco para el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual

y formar parte del él (art. 6)

- Gestión del Registro de empresas audiovisuales de Cataluña y mantener comunicación con el Registro estatal (Capítulo III: arts. 9-11)

- Calificación y publicidad de las obras cinematográficas y audiovisuales (art. 12) - Certificado de nacionalidad española (art. 14)

- Coproducción internacional de obras cinematográficas o audiovisuales (art. 15) - Funciones de control de la actividad de las empresas exhibidoras (art. 19)

- Control del número de espectadores y declaración de rendimientos (art. 21), sin perjuicio de las competencias de la AGE

- Autorización para el funcionamiento de las salas X (art. 23)

- Creación y gestión de la red concertada de pantallas cinematográficas de Cataluña (art. 24)

- Régimen jurídico y gestión de las medidas de fomento de la industria cinematográfica y audiovisual. Garantizar un marco de financiación. (Capítulo IV)

- Conservación, promoción y difusión del patrimonio fílmico y documental de la cultura cinematográfica (Capítulo V)

- Medidas de accesibilidad de las obras cinematográficas (DA Primera)  Funciones que ejerce la Generalitat en colaboración la AGE (art. 7):

- Fondo de protección de la cinematografía, en lo que afecta al fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual en lengua catalana.

- La inscripción en el Registro de empresas audiovisuales de Cataluña.

- La calificación de obras audiovisuales, la aprobación de proyectos de obras audiovisuales bajo el régimen de coproducción internacional y la certificación de nacionalidad española de dichas obras.

- El control de asistencia y de los rendimientos de las salas de exhibición cinematográfica. La STC 89/2017, de 4 de julio, única sentencia del Tribunal Constitucional dictada en relación a esta Ley catalana, confirma la constitucionalidad del art. 18 en cuya virtud se obliga a las empresas distribuidoras a distribuir en lengua catalana unos porcentajes de las películas dobladas o subtituladas (50% de analógicas y 100% de digitales), y a las empresas exhibidoras a exhibir el 50% de las proyecciones en versión catalana. En esta cuestión la materia concernida es la de normalización lingüística, y no otra (ni cultura, ni espectáculos, pero tampoco comercio exterior, ni 149.1.1 CE). Así encuadrado, el TC rechaza las diversas

n) Velar por el cumplimiento de la normativa de promoción de la lengua y la cultura catalanas y de la lengua y la cultura occitanas aranesas.

o) Velar por las relaciones entre la cultura, el desarrollo económico y el fomento del empleo. 2. El Instituto Catalán de las Empresas Culturales, para cumplir sus funciones, puede:

a) Establecer convenios con entidades públicas y privadas, especialmente con las que puedan coadyuvar a la consecución de los objetivos del Instituto. Previa aprobación del Gobierno, el Instituto puede participar en consorcios con otras entidades públicas o con entidades privadas sin finalidad de lucro.

b) Constituir sociedades mercantiles, o participar en estas, previa obtención de las autorizaciones legalmente establecidas, para llevar a cabo cualquier actividad económica relacionada con las funciones establecidas por la presente ley.

c) Participar en operaciones de capital riesgo y en entidades de esta naturaleza.

d) Conceder ayudas a las empresas culturales y facilitar su acceso a líneas especiales de crédito.

e) Establecer formas de colaboración con los entes locales, la Administración de la Generalidad y demás administraciones con relación al talento y las empresas de la cultura.

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12 impugnaciones realizadas: en primer lugar, afirma no se vulnera el básico art. 5 Ley 5/2013 de Garantía de Unidad del Mercado (LGUM), ya que la promoción de la una lengua oficial en atención a la situación de desventaja es una razón imperiosa de interés general que justifica y se garantiza el principio de proporcionalidad; en segundo lugar, no se vulnera el art. 38 CE, ya que la regulación es conforme a la doctrina constitucional al respecto; y por último no se está generado un desequilibrio territorial contrario al Estado compuesto que la Constitución ha configurado.

VIII. JURISPRUDENCIA TC

 STC 49/1984 Salas especiales de exhibición cinematográfica, la Filmoteca Española y las tarifas de las tasas por licencia de doblaje. Declara la concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública correspondiente, salvo en lo que respecta a las Salas X, que declara de competencia exclusiva del Estado.

 STC 31/2010: También es claramente ejecutiva y asumible de forma completa por la Generalidad la calificación de películas y materiales audiovisuales, ya sea en función de la edad o de otros valores culturales. “las competencias previstas en el precepto estatutario deben interpretarse sistemáticamente con las competencias estatales, que mantienen su plena virtualidad.” (FJ 73).

En relación a la proyección internacional de la cultura catalana, las “relaciones internaciones” (art. 149.1.3 CE), que ciertamente incluye, entre otros contenidos, el ejercicio del ius contrahendi, no impide que las Comunidades Autónomas realicen actividades en el exterior que sean proyección de sus competencias materiales, siempre que no perturben o condicionen la competencia estatal (STC 165/1994, FFJJ 3 a 6), lo que hemos corroborado precisamente en materia de cultura (STC 17/1991, de 31 de enero, FJ 6).

 STC 143/1985 competencias ejecutivas sobre la legislación estatal de cuotas de pantalla. Las competencias ejecutivas corresponden a las CCAA dentro de su competencia de espectáculos.

 STC 149/1985 Regulación de los billetes de entradas en las salas de exhibición cinematográfica. La regulación y a la inspección de las salas de cine es competencia autonómica, con base a su competencia en materia de espectáculos y desestima el conflicto positivo planteado por el Estado. La Generalitat puede regular el control de las taquillas cinematográfica al amparo de su competencia en materia de espectáculos. En cuanto a las medidas de protección y concesión de licencias de doblaje, la asunción de la competencia por la Generalidad no excluye una actuación de fomento del Estado en aquello que se considere supraautonómico y la actividad de control es puramente ejecutiva, por lo que corresponde a la Generalidad.

El Estado puede regular el Fondo de protección a la cinematografía al amparo de su competencia 149.2 en materia de cultura. La regulación estatal del fondo no impide ni puede impedir que la Generalitat pueda ejercer determinadas facultades de control que afectan al fondo para el desarrollo de sus competencias sobre cinematografía. La reserva a favor del Estado realizada en el Real Decreto de transferencia a favor del fondo de protección de la cinematografía no puede impedir que la Generalitat regule determinadas funciones de control sobre las salas de cine y pueda establecer sus propios sistemas de control, complementarios a los estatales.

 STC 157/1985 Cataluña; Registro de Empresas Cinematográficas El Tribunal ha confirmado la constitucionalidad de que el Estado establezca su propio mecanismo de registro, como competencia de carácter instrumental de las competencias que posee en

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13 materia de cinematografía al amparo del art. 149.1.13 y 149.2 CE., sin perjuicio de que la Generalitat establezca su propio Registro, que se deberá coordinar con el del Estado.  STC 87/1987 Cataluña; clasificación de películas cinematográficas y material

audiovisual; películas X. La sentencia reconoció la competencia estatal de carácter concurrente (149.2 CE) sobre determinadas funciones de calificación y clasificación de películas. La competencia para la calificación de películas X, no obstante, se residencia en el Estado, basándose en argumentos sobre la necesaria uniformidad de la normativa tributaria, que en el caso de la CAE y CFNA podrías ser de aplicación relativa.

 STC 106/1987 Protección a la cinematografía española. Se reconoció una competencia concurrente entre el Estado y la Generalitat en materia de calificación de películas, en función del lugar de exhibición. Serán de competencia autonómica la calificación de las películas que se exhiban en Cataluña, siendo competencia del Estado realizar tal calificación con efectos para todo el territorio nacional; Se reconoce la titularidad exclusiva de la Generalidad de Cataluña para la concesión a las empresas distribuidoras domiciliadas en Cataluña de las licencias de doblaje de películas extranjeras en cualquier lengua oficial de España.

 STC 153/1989 Facultades ejecutivas autonómicas en materia de cinematografía: El Estado posee competencia para regular la actividad económica cinematográfica en todo el Estado (149.1.13 CE), pero ha de respetar las competencias ejecutivas de las CCAA.  STC 71/1997 Subvenciones estatales en materia de cultura. Compete al Estado la

preservación del patrimonio cultural común (149.2 CE), así como lo que precise de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras instancias (149.1.13 CE). El Estado puede establecer ayudas de fomento y apoyo a las diversas manifestaciones culturales. No puede sin embargo llevar a cabo actividades normativas o de gestión superpuestas o duplicadas respecto de las competencias de las Comunidades Autónomas. El Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su destino, pero dejando un margen a las CC AA para concretar con mayor detalle la afectación o destino. La gestión de las ayudas corresponde a las Comunidades Autónomas y no a órganos de la Administración del Estado. Dichas partidas deben territorializarse, de acuerdo al modelo de financiación autonómica que corresponda.

 STC 35/2016 Relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva

 STC 13/1992 (FJ 13 I) letra c): gestión centralizada del fondo de protección cinematográfica: La sentencia confirmó la constitucionalidad de la partida presupuestaria sobre el Fondo de Protección a la Cinematografía, sobre la base de que el Estado ostenta competencia en la materia al amparo de los títulos competenciales del 149.2 y 149.1.13 CE, avalando la naturaleza centralizada de la gestión de dicho fondo, frente a la alegación de la Generalitat de que se territorializara, en tanto en cuanto no se efectuara la transferencia en la materia.

 STC 89/2017, de 4 de julio, sobre aspectos lingüísticos que obligan a exhibidoras y a distribuidoras a respetar determinados cupos en lengua catalana: el TC confirma que estas obligaciones son constitucionales, enmarcadas en materia de normalización lingüística, y no suponen infracción de las normas del mercado único: la promoción de una lengua en situación de desventaja constituye una imperiosas razón de interés general que justifica afectar al libre ejercicio de actividades económicas.

IX. ALCANCE DE LA COMPETENCIA ESTATAL DEL ART. 149.2 CE EN CULTURA La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido siempre sensible a la tesis de la "concurrencia" competencial. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional

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14 11/1986, de 28 de enero, como también las Sentencias 157/1985, de 15 de noviembre, y 106/1987, de 25 de junio, puntualizan que la concurrencia que se puede dar basándose en el artículo 149.2 CE no debe comportar una invasión o afectación de la competencia autonómica ni debe entenderse en este sentido excluyente.

En consecuencia, quizás sería más adecuado hablar en este caso de competencias "paralelas" o "indistintas", que se proyectan sobre una misma materia, pero que por su naturaleza no deben llevar hacia una situación de incompatibilidad o recíproca contradicción. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1984, de 5 de abril, el Estado puede llevar a cabo una actividad de fomento, dirigida esencialmente a la formación de unos valores culturales comunes en el conjunto del propio Estado. Esto, aparte, naturalmente, de las competencias que la Constitución le atribuye separadamente de defensa del patrimonio cultural contra la exportación y la expoliación, y respecto de los depósitos de cultura de titularidad estatal (art. 149.1.28 CE).

Así lo resume la STC 31/2010: “el art. 149.2 CE dispone que “sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio a la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas”, lo que es expresión de que en la materia “cultura” concurren competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas (STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6). (…) las competencias exclusivas autonómicas no impiden el ejercicio de las del Estado que correlativamente puedan concurrir, sean las del art. 149.1.13 CE u otras.

X. VALORACION COMPETENCIAL

La CAE puede desempeñar, al igual que ha hecho la Generalitat de Cataluña, todas las funciones propias a la competencia asumida mediante Decreto 44/1981(RD 3069/1980), lo que incluye expresamente, y así se ha reconocido por el TC, las funciones de fomento de la creación y de la actividad cinematográfica.

La transferencia del Fondo de Protección Cinematográfica quedó sin trasferir en el Decreto 44/1981 (RD 3069/1980) de traspaso en materia de cultura y cinematografía, entre otras materias (“será objeto de posterior estudio y acuerdo” se dijo expresamente)

La transferencia del citado Fondo técnicamente se deberá articular como una ampliación de aquella transferencia.

Las funciones que quedan pendientes de transferir hacen referencia a las acciones de fomento en materia de cinematografía que gestiona el ICAA con cargo al Fondo de Protección Cinematográfica y que vienen reguladas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, del Cine y detalladas en el Programa de gasto (335C) específico para la materia de cinematografía dentro de la Sección 24 del Ministerio de Cultura del PGE.

En su vertiente financiera, la transferencia del Fondo de Protección a la Cinematografía se determinará en base a los principios contenidos en el Concierto Económico (Ley 12/2002, de 23 de mayo) y debe seguir los cauces de un traspaso ordinario. La valoración económica asociada al traspaso recogerá el coste total anual, a nivel estatal, de todos los créditos de los PGE destinados a la financiación del citado fondo. Corresponde, no obstante, a la Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales del Gobierno Vasco desarrollar la propuesta técnica de valoración, así como de las vías para instrumentar la financiación correspondiente a la CAPV (minoración en el cupo).

Procede señalar que el Estado puede objetar a la propuesta de traspaso que la jurisprudencia del TC ha avalado (STC 13/1992) que el Estado pueda gestionar su política de fomento cinematográfica propia sobre los títulos competenciales en materia de cultura (149.2) y bases y coordinación de la planificación general de la economía (149.1.13 CE) y que también ha justificado constitucionalmente que la gestión del Fondo de Protección Cinematográfica sea

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15 de carácter centralizado, pero siempre reconociendo que las CCAA puedan paralelamente de manera concurrente disponer de su propia política de fomento, con cargo a sus propias disponibilidades presupuestarias. La transferencia del Fondo de Protección Cinematografica a la CAE supone, precisamente, un instrumento muy importante en este sentido.

El argumento de la gestión centralizada avalada por la doctrina del TC, sin embargo, puede ser rebatido desde la propia doctrina constitucional, toda vez que la centralización en la AGE de competencias ejecutivas que corresponden en principio a las CCAA en la doctrina del TC posee carácter extraordinario y se justifica debido a la dimensión supraterritorial de los programas o por otros motivos que impidan la gestión por las CCAA, siempre que la actividad no sea susceptible de fraccionamiento o no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación o coordinación. Puede ser resuelta, por lo tanto, arbitrando los oportunos mecanismos en el Decreto de Traspaso.

Estatutuaren Garapenerako Zuzendaritza-Dirección de Desarrollo Estatutario.

Esta ficha ha sido actualizada a marzo de 2020. v.1: 15/02/2017

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