DICTAMEN Nº 165 / 2010

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DICTAMEN Nº 165 / 2010

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la

Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada por el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (HUMS).

ANTECEDENTES

Primero.- La Consejera de Salud y Consumo remitió Consejo Consultivo, para preceptivo

dictamen, una propuesta de resolución formulada por el Instructor del procedimiento numerado 50/042/09, abierto como consecuencia de la reclamación planteada por “X” solicitando que sea declarada la responsabilidad de la Administración por los daños que le fueron ocasionados como consecuencia de la asistencia que le fue prestada en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (HUMS), reclamando la cantidad de 400.000,00 €.

Segundo.- Junto con el oficio se remitió el expediente administrativo, del que destacan, en relación con la cuestión planteada, los siguientes documentos:

a) El 8 de mayo de 2009 tuvo entrada en el Registro General del Registro de Aragón la reclamación planteada por “X” por las lesiones (físicas, psíquicas y/o morales, gastos, daños y perjuicios, incluyendo cualquier tipo de secuela) debidos a una supuesta asistencia inadecuada en el parto que se produjo el 8 de mayo de 2008 en el HUMS, reclamando la cantidad de 400.000,00 € como indemnización.

Sustancialmente la reclamante señala que en aquella fecha fue atendida de parto padeciendo posteriormente un dolor intenso en la zona de la pelvis, siendo informada de que el dolor era un

“dolor neuropático perineal”. Como quiera que diversos tratamientos no le hicieron efecto la paciente acudió a la sanidad privada que le diagnosticó “un estiramiento del nervio” (no precisa cuál), efectuando protesta por no haber sido debidamente atendida en el parto, por la lesión del nervio, por las secuelas y por no haber sido informada, por escrito ni verbalmente, de la posibilidad de las lesiones.

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Después del escrito ser unen varios documento clínicos (folios 11 a 110) cuya procedencia no aparece clara en el expediente. Entre ellos la cartilla sanitaria del embarazo incluyendo todas las pruebas habituales después del parto, tanto para la madre como para el recién nacido.

b) El 15 de mayo de 2008, tras el parto, fue dada de alta y en el apartado “tratamiento y recomendaciones al alta” se precisó que se pondría en contacto con su matrona a efectos de seguir control puerperal y curas tópicas de episiotomía.

c) La paciente acudió a urgencias los días 12 de julio y 24 de julio de 2008 refiriendo fuertes dolores.

d) El 12 de agosto de 2008 un neurocirujano privado requirió a un radiólogo para que se le practicase a la paciente “RNM Lumbar, sin contraste” por dolor en “queloide de episotomía con irradiación L2”, precisando que se descartaba malformación lumbo-sacra.

e) Luego se incorporan un notable número de documentos relativos a las atenciones ambulatorias de la paciente en distintos centros o médicos privados, hasta en cinco diferentes, que informan de la dolencia neuropática y de sus distintos tratamientos entre la fecha del parto y el mes de mayo de 2009.

f) El 30 de marzo de 2009 es atendida en el Centro de Salud Actur Norte en donde es identificado un dolor neuropático perineal al que se le impone tratamiento.

g) El 11 de junio de 2009 se notifica a la reclamante la recepción de su reclamación, el plazo para resolverla y la solicitud de los informes procedentes a los facultativos que intervinieron en su atención, así como la historia clínica y la documentación obrante en los centros sanitarios implicados.

h) El 23 de junio de 2009 se recibe en el Registro General del Gobierno de Aragón escrito de la reclamante aportando documentación complementaria consistente en:

- Un informe de la Neuróloga … fechado el 13 de mayo de 2009.

- Un informe de alta del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” referido al 15 de mayo de 2009.

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- Dos informes fechados el 27 de abril y 25 de mayo de 2009 del Centro de Salud Actur Norte. En el primero de ellos se diagnostica un dolor neuropático perineal con el tratamiento correspondiente y en el segundo se refiere un intento de suicidio de la reclamante “por reacción a estrés agudo y trastorno adaptativo secundario a neuropatía perineal”, también con el tratamiento correspondiente.

i) El 30 de octubre de 2009 el Director General de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Salud y Consumo autoriza a la reclamante para recibir tratamiento con infiltración asociada a inyección de toxina botulínica en el Centro Asistencial privado “Centre L’Avancée Rehabilitation Pelvi-Perineale” en Aix en Provence (Francia).

j) El 23 de noviembre de 2009 un Inspector del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón emite informe sobre la reclamación efectuada concluyendo que la atención al parto y el tratamiento posterior fue correcta, siendo el diagnóstico de la neuropatía al nervio pudendo difícil y tardío hasta para los especialistas privados que había consultado la reclamante. En el momento del informe se constata que la paciente está siendo atendida por el sistema sanitario de salud de Aragón y evolucionando favorablemente de su patología.

k) El 17 de febrero de 2010 la reclamante aporta nueva documentación, en concreto una factura de un fisioterapeuta que había atendido a la paciente durante 17 sesiones entre el 17 de junio de 2009 y el 15 de septiembre de 2009.

l) La compañía aseguradora del departamento de Salud y Consumo emite el 20 de febrero de 2010 informe médico de su asesoría médica, realizado por dos especialistas en Obstetricia y Ginecología, que concluye afirmando que las causas de la dolencia de la reclamante no deben ser relacionadas con las situaciones nacidas del parto. Del mismo modo, se precisa que los profesionales que la atendieron actuaron conforme a la lex artis ad hoc sin que se evidencie negligencia alguna en los hechos conocidos, para finalmente señalar que la neuropatía del nervio pudendo es una patología excepcional relacionada con el parto, siendo imposible que toda gestante de parto pueda o deba ser informada de este extremo.

m) Con fecha 25 de marzo de 2010 la reclamante aportó nueva documentación consistente en:

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- Un informe fechado el 12 de marzo de 2010 y realizado en el Centro de Salud Actur Norte en el que se constata que en ese momento la paciente sigue incapacitada para desarrollar su actividad laboral habitual y que las posibilidades de recuperación son a largo plazo.

- Otro certificado médico fechado el 16 de febrero de 2010 del Centro L’

Avancée de Rehabilitación Perineal de Aix en Provence (Francia) señalando que desde el 23 de abril de 2009 se le hace un seguimiento a la paciente con tratamiento en clínica en dos ocasiones los días 8 de junio y 21 de septiembre de 2009, recomendando que la baja laboral se prolongue hasta el 31 de mayo de 2010. Al informe se incorporan análisis y pruebas realizadas durante el tratamiento.

n) El 6 de abril de 2010 se convoca a la reclamante a un período de audiencia poniendo a su disposición el expediente administrativo.

o) El 9 de abril de 2010 un Abogado, representante de la reclamante, procede a instruirse del expediente retirando copia íntegra de los documentos que conforman el mismo.

p) El 16 de abril de 2010 comparece el mismo Abogado ratificando, muy brevemente, la postura inicial, advirtiendo de la falta de documentación en el expediente que había solicitado (sin precisar cuál) e insistiendo en que la paciente no fue informada debidamente de la posibilidad de las secuelas que actualmente tiene.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS -I-

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 10, de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, corresponde a este órgano consultivo informar preceptivamente de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración por daños y perjuicios de cuantía superior a 6.000,00 €.

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, de la propia Ley, corresponde a la Comisión del Consejo Consultivo de Aragón la competencia para la emisión de este dictamen.

-II-

La Comisión del Consejo Consultivo ha de pronunciarse, a la vista del expediente tramitado por el Departamento de Salud y Consumo, sobre si procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada por “X” por deficiente asistencia sanitaria prestada en el parto que fue atendido en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

-III-

El sistema de responsabilidad lo establece para todas las Administraciones Públicas el artículo 106.2 de la Constitución Española (“los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de causa mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”) y todas se rigen al respecto por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento administrativo Común (LRJPAC) y por la jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo, que viene declarando “que los particulares acreditan desde luego derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos...” y que puede derivar “de cualquier hecho o acto enmarcado dentro de la gestión pública, sea lícito o ilícito ...” (STS de 20 de diciembre de 1994 ó de 27 de junio de 1997, entre otras muchas).

También viene reiteradamente señalando la jurisprudencia que los presupuestos o requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial son: a) la lesión sufrida por el particular en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real y susceptible de evaluación económica; b) que la lesión sea imputable a la Administración y sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; c) que exista una relación de causa efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que concurra fuerza mayor; y d) que no haya prescrito el derecho a reclamar, cuyo plazo de prescripción se fija legalmente en un año desde que se ha producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de la manifestación de su efecto lesivo.

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-IV-

Como reiteradamente ha señalado este Consejo Consultivo y la Jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial en materia sanitaria, no cabe duda de que en el ámbito de la sanidad la producción de la responsabilidad administrativa no siempre está ligada a un fracaso en la actuación de los medios personales y materiales de la Administración, dado que en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca sino que la responsabilidad se vincula a una utilización no conforme a los principios de la buena práctica médica (lex artis ad hoc) de dichos medios personales y materiales.

En este supuesto la reclamante padece una dolencia identificada finalmente como neuropatía de nervio pudendo de origen obstetricial que ella relaciona con la forma en la que se le realizó el parto el día 8 de Mayo de 2008 (mediante aplicación de ventosa obstétrica tipo “kiwi”) y que tuvo como consecuencia la realización de una episiotomía (corte del periné para facilitar la expulsión del feto y que se aconseja para evitar desgarros). La dolencia le impide sentarse durante largo tiempo, mantener relaciones sexuales y ocuparse de su hijo, sin que fuera debidamente informada por escrito o verbalmente de la posibilidad de esas consecuencias.

-V-

En cuanto a la primera cuestión, no está acreditado a lo largo del expediente en ninguno de los informes médicos realizados por el Servicio Aragonés de Salud y tampoco en ninguno de los informes médicos privados realizados por los doctores a los que acudió la reclamante para solucionar su dolencia, incluyendo el del “Centre L’Avancée Rehabilitation Pelvi-Perineale”, que la dolencia pueda atribuirse a una mala praxis médica durante el parto o por razón de la forma en la que éste se llevó a cabo.

Al respecto, el Tribunal Supremo, Sala Primera, ha establecido en su sentencia de 29 de enero de 2010, que “el médico, en su ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más beneficiosa para el bienestar del paciente poniendo a su alcance los recursos que le parezcan más eficaces en todo acto o tratamiento que decide llevar a cabo, siempre y cuando sean generalmente aceptados por la ciencia médica, o susceptibles de discusión científica, de acuerdo con los riesgos inherentes al acto médico que practica, en cuanto está comprometido por una obligación de medios en la consecución de un diagnóstico o en una terapéutica determinada, que tiene como destinatario

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plantea en los casos de partos que culminan el embarazo, el vaginal y la cesárea, y en ambos la diligencia del buen médico comporta no sólo la elección adecuada, sino cumplimiento formal y protocolar de las técnicas previstas para cada uno, conforme a una buena praxis médica y con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a la intervención según su naturaleza y circunstancias. Y si uno y otro medio resultan igualmente adecuados para alumbrar al niño, no es posible, sin alterar la doctrina expuesta establecer una relación de causalidad culposa entre la lesión resultante y el tipo de parto elegido, a partir de la opción por vía vaginal en lugar de la aplicación de la cesárea”.

Doctrina la expuesta que permite afirmar ahora, a la vista de los numerosos dictámenes médicos existentes en el expediente, que la decisión de practicar el parto por vía vaginal mediante aplicación de ventosa obstétrica tipo “kiwi” incluyendo la realización de episiotomía, no ha sido en ningún momento cuestionada como una decisión contraria al cumplimiento formal y protocolar de las técnicas previstas para cada caso de acuerdo con una buena praxis médica, por lo que no puede deducirse que el daño padecido tenga algún nexo causal con la forma en la que el parto fue llevado a cabo o con el tratamiento posterior, tratamiento que en todo caso estuvo ratificado por una numerosa intervención de la medicina privada y que concluyó con la autorización expresa a la paciente para recibir tratamiento, incluso quirúrgico, en un centro asistencial privado en Francia, altamente especializado, con la expedición del formulario E-112 y con derecho a recibir asistencia en los mismos términos que la recibida por los ciudadanos de aquel país (aún cuando inicialmente la petición hubiera sido desestimada por el motivo formal de carecer de la derivación solicitada o emitida por un centro hospitalario del Sistema Público de Salud de Aragón).

-VI-

En cuanto a la segunda cuestión, la referida a la supuesta falta de consentimiento informado, puede resolverse fácilmente su improcedencia con las palabras del dictamen médico de DICTAMED I&I S.L. a la compañía aseguradora cuando afirma que resulta “evidente que el parto no presenta, hoy por hoy, alternativa alguna, con lo que el sentido del consentimiento informado es más que dudoso”.

En este caso, sentado que todos los informes coinciden que la neuropatía padecida no puede relacionarse con la forma en la que se llevó a cabo el parto y tampoco con la necesidad de realizar una episiotomía, ninguna causalidad puede atribuirse a una supuesta falta de información, tanto menos si conocemos a través de los citados informes que la neuropatía padecida es absolutamente

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excepcional y científicamente “se cree (en numerosos casos), que es por la compresión de la cabeza fetal sobre el nervio (pudendo) a nivel de algún punto de su trayecto anatómico el mecanismo de producción y, se comprenderá, que nada tiene que ver con actuación médica alguna” (informe de Dictamed I&I S.L.). No cabe, pues, estimar la existencia de una indemostrada infracción del deber de información como elemento de una mala práctica médica.

-VII-

Frente a los datos e informes obrantes en el expediente a los que se ha hecho referencia no se ha practicado ninguna prueba o presentado algún informe médico que desvirtúe lo que allí consta, ni siquiera al tiempo del período de audiencia en el que la reclamante se limitó a consignar que reproducía sus iniciales alegaciones.

Puede llegarse así a la conclusión de que la asistencia sanitaria prestada en el HUMS a “X”

durante la realización del parto y el posterior tratamiento en su convalecencia primero y después al aparecer su dolencia fue la correcta, ajustándose en cada momento a la lex artis ad hoc, sin que exista relación de causalidad entre la asistencia médica prestada y dolencia surgida secundaria al parto y, por lo tanto, sin que exista un daño antijurídico que la reclamante no deba soportar.

En mérito a lo expuesto la Comisión del Consejo Consultivo de Aragón formula el siguiente DICTAMEN:

Que, de acuerdo con la propuesta de resolución, procede desestimar la reclamación que en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración fue formulada por “X” por supuesta defectuosa asistencia en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

En Zaragoza, a catorce de diciembre de dos mil diez.

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