Marco Político y Legal para la Competitividad.
¿Dónde estamos?
Carmen Ayllón Martínez
Junio 2004
INDICE.
1. INTRODUCCIÓN 3
2. NIVEL MACROECONÓMICO 4
2.1. Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria 4 2.2. Estado de Derecho y Protección de la Competencia. 6
2.3. Infraestructura Básica Eficiente 6
2.4. Mercados Financieros 8
2.5. Capital Humano 8
2.6. Integración Regional. 9
3. NIVEL MICROECONOMICO 10
3.1. Creación de Empresas y Simplificación Administrativa 11
3.2. Acceso a Recursos Financieros 12
3.3. Servicios Empresariales. 13
3.4. Innovación y Tecnología 13
3.5. Fomento del Espíritu Empresarial. 14
3.6. Evaluación de Impacto de las Normas en las PYMES 15
4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÒN. 15
5. CONCLUSIONES. 16
1. INTRODUCCIÓN.
A lo largo de la década de los noventa, el crecimiento económico en América Latina no ha sido suficiente para resolver sus problemas socio-económicos. Si se atiende a su PIB per cápita, la Región ha pasado del segundo puesto en el ranking mundial en los años 60 al quinto en el año 2000 y revisando los índices mundiales de competitividad, la mayoría de los países continúa estando por debajo de la media y por detrás de los países asiáticos1. La pregunta que se plantea es si este retraso en un reflejo de las condiciones
externas e internas de las economías de la región, si es un resultado de las políticas e instituciones que las rigen o si es debido a otros factores limitantes.
Como un modo de analizar estos problemas endémicos, el concepto de competitividad ha adquirido una cierta aceptación entre tomadores de decisión, formadores de opinión, y la sociedad en general. En los medios y publicaciones académicas se define competitividad como la calidad del entorno institucional y económico para el desarrollo sostenible de las actividades productivas privadas y el incremento de productividad2. Esta definición,
implícitamente, se basa en el modelo de ¨economía de mercado¨ como motor para promover el crecimiento y parte de la premisa de que la libre competencia es el mejor mecanismo para fomentar la asignación eficiente de recursos, catalizar mayor dinamismo entre los operadores económicos y estimular la innovación.
Asímismo, se ha constatado que cualquier marco político para la competitividad debe estar directamente relacionado con una estrategia de desarrollo económico sostenible. El crecimiento económico aporta los recursos necesarios para generar empleo y crear riqueza, y el término sostenible debe ser considerado tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de estabilidad socio-económica. Sin una integración de la mayoría de la población en las fuentes de riqueza que les permita disfrutar de mayor calidad de vida, no se logrará la estabilidad necesaria para mejorar la competitividad económica de la América Latina. Por lo tanto, cualquier política a favor de la competitividad empresarial a medio o largo plazo deberá ser consistente con un modelo de desarrollo social.
Las experiencias exitosas de varios países, como Irlanda, Chile o Taiwan, para lograr incrementar su nivel de crecimiento, y consecuentemente, sus niveles de ingreso per capita muestran diversidad en las políticas e instituciones aplicadas. La evidencia sugiere que no hay solo un camino a la prosperidad y bienestar económico y social. Igualmente, la experiencia mundial demuestra que el crecimiento no es el resultado solo de la
1 El Informe 2003-2004 sobre Competitividad Global, elaborado por el “World Economic Forum”, analiza
una muestra de 102 países para elaborar el Indice de Competitividad para el Crecimiento; de los 21 países que componen la región de América Latina y Caribe, 12 países se encuentran en la segunda mitad del escalafón, siendo el puesto promedio el nº 68. Es preciso señalar que existen grandes diferencias entre países puesto que mientras Chile ocupa el puesto 28 o Méjico el 47, Honduras ocupa el puesto 94, Paraguay el 95 y Haití el 102.
Por otra parte, el Indice de la Competitividad Empresarial analiza una muestra de 95 países en los que Chile ocupa el lugar 32, Brasil el 34 y Costa Rica el 45; sin embargo el resto de los países de América Latina se encuentra en la segunda mitad, ocupando un puesto promedio de 67.
acumulación de factores, sino que también depende en gran medida de los incrementos en productividad, por tal motivo, puede asociarse competitividad a la capacidad de un país para producir bienes y servicios con mayor eficiencia y eficacia3. La base para estas
mejoras reside en las políticas y el marco regulatorio de un país que determinan las condiciones necesarias para la competitividad.
Para entender mejor el posicionamiento de cada país y de las empresas que forman el núcleo de su capacidad productiva, se pueden evaluar las condiciones macro y micro que establecen las reglas del juego económico. Tales condiciones se refuerzan y retroalimentan para facilitar el proceso por lo que más que acciones individuales se necesitan acciones en áreas diversas, pero todas ellas con los mismos objetivos y una visión a largo plazo (De Paula, 1999). El análisis comparativo de la situación macro y micro entre países permite la medición de la competitividad del clima de negocios de un país frente otro, permite definir prioridades y finalmente, diseñar las políticas apropiadas. En las siguientes secciones, se ponen de relieve las características de las políticas y marco regulatorio de países exitosos en cuanto a su competitividad. Las observaciones y recomendaciones se basan en las estrategias y políticas preparadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y reflejan sus años de experiencia en la región y en una manera muy práctica las lecciones aprendidas.
2. NIVEL MACROECONÓMICO.
Como punto de partida, el marco para la competitividad deberá analizar las condiciones macroeconómicas de un país que constituyen los cimientos para el desarrollo de las actividades productivas. Entre las condiciones estructurales o “condiciones macro” de cualquier economía que favorecen o debilitan la competitividad de un país o, en este caso, de la región de América Latina se encuentran las siguientes:
2.1. Estabilidad macroeconómica y presupuestaria.
Los países de América Latina en general y salvo excepciones muy específicas (Chile, Trinidad y Tobago, Panamá y México) presentan una gran debilidad macroeconómica con mercados financieros poco desarrollados, monedas débiles y altos porcentajes de deuda externa (Sachs y Vial, 2002). Con estas dificultades como telón de fondo, resulta esencial conocer si el Estado es capaz de desarrollar una política económica solvente, ordenada y ajustada a las prioridades establecidas. En definitiva, se trata de saber si el Estado es capaz de recaudar la financiación suficiente para la realización de sus políticas, de gestionar eficientemente los recursos públicos y de favorecer la estabilidad, mediante el control del nivel de precios de los productos y servicios, a fin de generar confianza en los mercados y los inversores. La inversión, –ya sea proveniente del ahorro interno o de la inversión extranjera-, e innovación requieren planificación y la capacidad de previsión de los comportamientos del gobierno.
3 Por eficacia se entiende no solamente la capacidad de entrega de los bienes y servicios, sino el nivel de
Además de conocer el nivel de ingresos públicos, es preciso analizar si la estructura impositiva es razonable y moderna (imposición directa4 e indirecta y tipos de impuestos
en cada caso) y luchar contra la evasión fiscal. En América Latina, la estructura tributaria refleja anacronismos y la concentración en la imposición indirecta no presenta mecanismos de reacción anticíclicos. Los niveles de presión tributaría deberían resultar neutros, deberían presentar una estructura simple y favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales (De Paula, 1999).
Si los ingresos fiscales resultan insuficientes para hacer frente a los proyectos de inversión pública, los gobiernos deben fomentar la captación de recursos financieros adicionales, bien a través de ahorro interno o de inversores extranjeros. En los últimos años se han desarrollado nuevos productos que están funcionando correctamente para canalizar el ahorro interno, tales como los fondos privados de pensiones y Chile es el ejemplo más ilustrativo del buen uso y gestión de este tipo de instrumentos. La atracción de inversión extranjera directa como fuente de financiación externa - además de ser fuente de transferencia de tecnología y conocimiento- requiere de marcos legales modernos, instituciones transparentes y seguridad jurídica ante los tribunales. Finalmente, otras fuentes alternativas de financiación a estudiar son las remesas enviadas periódicamente por los trabajadores latinoamericanos emigrados a otros países y la posibilidad de canalizar tales fondos hacia proyectos de inversión.
Por su parte, el capítulo de gastos públicos debe estar orientado por los principios de rigor y disciplina presupuestaria, transparencia, probidad administrativa y contención de la inflación, pero la estabilidad macroeconómica no basta por sí sola para asegurar el crecimiento, sobre todo si se construye sobre la base de distorsiones de fondo del sistema de precios o sacrificando por un período prolongado de tiempo, la inversión en bienes públicos que se requiere para contar con una infraestructura acorde con los requerimientos para el progreso de las actividades productivas (Sachs y Vial, 2002) El control del déficit público implica también definir las sectores prioritarios a los que deben destinarse las inversiones públicas con una visión a largo plazo (por ejemplo: en infraestructura básica y educación) y con mecanismos de gestión transparente de los recursos públicos utilizados.
Por último, los gobiernos tienen la responsabilidad de controlar su déficit fiscal en una forma para evitar aumentos desordenados de precios, a fin de evitar situaciones de nerviosismo e incertidumbre en los operadores económicos que afectarán negativamente a sus decisiones de inversión y empleo; la experiencia ha demostrado que los efectos positivos de la políticas macroeconómicas sobre el nivel de inflación se manifiestan en el largo plazo (Beato, P. 1993).
Entre las áreas prioritarias de actuación a la hora de definir políticas, pueden citarse las siguientes: reformas que contemplen el incremento del ingreso mediante el fortalecimiento de las agencias recaudadoras, la simplificación de los procedimientos y fortalecimiento de la lucha contra la evasión fiscal así como el logro de mayor eficiencia en la gestión pública mediante el desarrollo de sistemas de gestión contable y financiera
integrados, modernización de los procedimientos de compras y adquisiciones y la introducción de mecanismos de auditoría y control interno.5
2.2.Estado de Derecho y Protección de la Competencia.
La vigencia del Estado de Derecho no significa simplemente el reconocimiento de los principios y derechos democráticos, sino el establecimiento de medidas reales y efectivas que garanticen la seguridad jurídica ante los tribunales: mecanismos de garantía de reconocimiento de los derechos de los acreedores y ejecución de sentencias, acceso efectivo a la justicia, independencia real del poder judicial, agilidad de los procesos y protección de la propiedad intelectual, entre otros; la transparencia de las actuaciones de las Administraciones públicas y el respeto a los Tratados o Leyes aprobadas. En este sentido, la debilidad institucional de América Latina es ampliamente reconocida así como el problema de la corrupción que impregna todas las ramas de la Administración pública y deteriora profundamente el rendimiento y la confianza en las mismas. La Encuesta de Opinión a Ejecutivos, realizada por el Foro Economómico Mundial en el año 2001, indica que la corrupción y el débil imperio de la ley continúan siendo los principales problemas en la mayoría de los países de la región 6.
Las áreas prioritarias, en este sentido, son: fortalecimiento del sistema judicial asegurando su independencia, simplificación de procedimientos y reducción de costes de los procesos, creación de unidades específicas de lucha contra la corrupción, medidas de control de las actuaciones de los jueces y fomento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (conciliación y arbitraje)7.
Por otra parte, el principio de libre competencia es el motor de la productividad y el crecimiento del sector privado. Exiten todavía numerosos monopolios, públicos o privados, y compañías integradas verticalmente en América Latina. Se debe continuar el fortalecimiento de las agencias de regulación o defensa de la competencia con el fin de evitar prácticas abusivas o posiciones de dominio del mercado por parte de ciertos grupos o carteles. Concretamente, es preciso dotarles de los poderes legales suficientes para recabar la información necesaria y emitir decisiones vinculantes.8
2.3. Infraestructura Básica Eficiente.
Durante los últimos veinte años, América Latina ha sufrido un importante retraso en la calidad y la oferta de servicios de infraestructura con relación a otras regiones en desarrollo. En este sentido, la diversa evolución de los activos de infraestructura durante el periodo 1980-97 ha ampliado la brecha de productividad por trabajador entre América Latina y los países del oriente asiático alrededor de un 30% (Easterly y Serven, 2003). El Estado debe garantizar la provisión de los servicios básicos de infraestructura a precios y calidades similares que los de los países competidores9. Es preciso contar con una red 5Pstrategia para la Modernización del Estado, GN-2235-1.
6 Vid. Documento de Trabajo: Competitividad y Crecimiento Económico en los Países Andinos y en
América Latina. Jeffrey Sachs y Joaquín Vial, 2002.
7 Estrategia para la Modernización del Estado, GN-2235-1
8 El documento de Estrategia de Competitividad, BID, GN-2243-1, aconseja también la concentración de
sus tareas en pocas áreas de actuación, esencialmente, cartels o acuerdos de distribución exclusiva, pag.9.
básica de transporte, comunicaciones y con los servicios de agua y energía esenciales para promover cualquier actividad empresarial.
En la década de los noventa, América Latina experimentó mejoras importantes en el suministro y la gestión de la infraestructura básica. Se introdujo el principio de la libre competencia, se redujo el número de monopolios legales y gran parte de los sectores energéticos y de transportes de la Región fueron privatizados; sin embargo, la experiencia ha demostrado que las privatizaciones no han redundado siempre en mejora en el suministro de los servicios privatizados. El proceso de privatizaciones debe ser acompañado de marcos regulatorios y mecanismos de supervisión de adecuados, con el fin de evitar consecuencias no deseadas, tales como la transformación de monopolios públicos en monopolios privados con los consecuentes efectos negativos para el consumidor (De Paula, F. 1999) .
No obstante, la reducción en inversiones públicas en infraestructura, motivada por los ajustes fiscales realizados en la región, puede ser autodestructiva a largo plazo debido a su efecto adverso en el crecimiento y en la capacidad de pago del servicio de la deuda del país. Se estima que el impacto negativo en el crecimiento a largo plazo excede el 1% anual (Campos et al. 2003). Dada la precaria situación financiera de la mayoría de los países de América Latina, el Estado es incapaz de ofrecer suficiente inversión pública para tratar de cubrir el retraso acumulado durante varias décadas10. Por tanto, el Estado
deberá concentrar sus actuaciones y priorizar la realización de ciertas inversiones públicas en infraestructura y al mismo tiempo deberá considerar acudir a fórmulas alternativas para involucrar al sector privado tales como la concesión de obras públicas11.
La captación de capitales privados para financiar las inversiones en infraestructura básica deberá establecer un sistema de garantías que proteja a los inversores participantes en un horizonte de largo plazo, y contemplar el desarrollo de productos orientados tanto al ahorro interno como a inversores extranjeros.
Finalmente, en las políticas de servicios públicos domiciliarios (energía, agua, etc.) es esencial la separación de los roles de formulación de políticas, regulación y provisión de los servicios. El Estado debe conservar para sí la formulación de políticas, dejando la implementación de la regulación a un órgano independiente y fomentando la provisión de los servicios a empresas, ya sean públicas o privadas. En todo caso, la provisión de los servicios deberá tratar de asegurar la oferta de tales servicios a precios no superiores a los del entorno y su sostenibilidad en el tiempo mediante el logro de eficiencia económica, la oferta de servicios de calidad, la amplia cobertura de los ciudadanos, y el respeto al medio ambiente.
2.4. Mercados Financieros.
10 Se calcula que se precisan más de 1,025 millones de dólares americanos para financiar las
infraestructuras necesarias para América Latina durante los próximos 10 años (Joal Teitelbaum, Conferencia de Negocios de América Latina, 2002). Foro Económico Mundial.
11 Francisco de Paula apunta, sin embargo, que han existido experiencias negativas en la concesión de la
América Latina ha liberalizado y reformado ampliamente sus mercados financieros, eliminando el intervencionismo público en la asignación de crédito y determinación de precios de los servicios financieros. Igualmente, se han realizado importantes mejoras en el área de supervisión y regulación, sin embargo es preciso avanzar en el desarrollo del marco institucional que promueva el flujo transparente de información y el diseño de instrumentos anticíclicos a fin de reforzar el nivel de solvencia a las instituciones financieras.
Se debe asegurar el funcionamiento efectivo de las instituciones supervisoras y la existencia de garantías para las transacciones o movimientos de capital. También se debe actuar en la ampliación y desarrollo de los mercados de capitales, así como en el diseño de nuevos instrumentos de captación del ahorro interno. De forma expresa en el área de competitividad, es preciso analizar no sólo la facilidad de acceso a financiación para las empresas, sino también el costo de tal financiación y como incide dicho costo en los costes operativos las compañías. A pesar de la liberalización de los mercados financieros, en la mayoría de los países de América Latina, las tasas de interés reales siguen siendo elevadas, por ejemplo en la región Centroamérica en 1997, las tasas activas en término reales oscilaban desde el 9.9% en Honduras al 25% en Nicaragua12. Consecuentemente, la
relación entre tasas elevadas de interés y la inestabilidad económica deberá ser analizada en cada caso.
2.5. Capital Humano.
La baja capacidad de la mano de obra es uno de los problemas principales para el incremento de la productividad de las empresas de América Latina. En el actual marco global, donde la ventaja competitiva ha superado a la ventaja comparativa, no es suficiente contar con mano de obra barata, lo esencial es contar con mano de obra preparada para adquirir nuevas capacidades o manejar nuevas técnicas. Las empresas han de especializarse y tener gran capacidad de adaptación con el fin de resultar ser competitivas en los mercados globales y para ello, requieren de mano de obra preparada. En Europa, como en muchos países de América Latina, las pequeñas y medianas empresas reconocen que el principal problema al que se enfrentan es la falta de personal laboral cualificado13.
Por tanto, es preciso analizar previamente la oferta educativa y de formación profesional y continua de los países de América Latina y las demandas reales del mercado. A partir de ahí, podrán tomarse decisiones para adaptar los programas y orientar la formación de operarios cualificados incidiendo en la adquisición de conocimientos y destrezas técnicas, y también en el desarrollo de competencias o habilidades para comunicarse, trabajar en equipo, adaptarse al cambio, negociar o tomar decisiones. Adicionalmente, se debe revisar la política y los incentivos ofrecidos a las empresas para invertir en capacitación continua de sus empleados a fin de lograr mayores niveles de productividad. De acuerdo a los datos recabados por un estudio realizado por el Banco Mundial en el año 2003, las
12 Para información adicional, vease De Paula Gutierrez, F. Política Económica para la Competitividad.
Reflexiones para el caso de Centroamérica, 1999.
inversiones en educación de los países latinoamericanos son mucho menores que las realizadas por los países asiáticos14.
Dos áreas centrales para el desarrollo de capital humano son el fortalecimiento de la educación secundaría y la generación de nuevas opciones para la educación universitaria15 Es importante enfatizar los aspectos relativos al nivel de calidad de la
educación proporcionada, al desarrollo de programas específicos para acercar la oferta formativa no universitaria a las demandas mercado y la creación de vínculos entre el sector educativo y las empresas, -en Europa, se fomenta con particular énfasis la realización de prácticas de alumnos de formación profesional en empresas16-.
Otros tema no menos importante a ser analizado es el nivel de costes laborales reales frente a los países del entorno económico: Heckmann y Pagés (2001) señalan que los costes laborales en América Latina son muy superiores a otras áreas geográficas debido a los elevados costes sociales que las empresas soportan en algunos casos. Por último, la modernización del derecho laboral mediante la flexibilización e incorporación de nuevas figuras contractuales que amplien el acceso de los jóvenes profesionales al mercado de trabajo y que, al mismo tiempo, ofrecen a las empresas la posibilidad de adaptarse a los eventuales cambios que se puedan producir.
2.6. Integración Regional
En las circunstancias actuales de globalización de las economías, es preciso hablar de integración regional. La presencia de cadenas de valor globales confirma que el movimiento de regionalización de las economías es una fuerza inevitable y que no puede ser desconocida. Algunos podrían considerarla como una fuerza exterior que se impone a las condiciones de los mercados y de los agentes internos. Sin embargo, se trata de una tendencia natural de los sistemas productivos y los mercados, en un entorno cada vez más abierto y competitivo. Debido a su tamaño, la mayoría de las economías de la América Latina debería ver esta corriente como una oportunidad más que como una amenaza e identificar los mecanismos para reaccionar de forma activa y no pasivamente, puesto que la única manera de aprovechar su impulso es actuando desde el interior hacia el exterior.
La estructura de las exportaciones de América Latina sigue concentrándose en productos relacionados con los recursos naturales, cuyo crecimiento se está ralentizando a nivel mundial, y los escasos éxitos en exportaciones de productos manufacturados se enfrentan a serios riesgos tales como la desvinculación de la industria local y la falta de capacidades de la población (Sanjaya et al. 2004). Según datos de la OMC, el incremento de las exportaciones de América Latina durante los años 90 alcanzó la cifra del 8,24%; sin embargo si se excluye Méjico, este incremento sólo alcanzaría el 2%, y la industria maquiladora mejicana, uno de los procesos más dinámicos de la región, se enfrenta al problema de la dependencia del cliente único y falta de formación del capital
14 Considerando la población con una edad superior a 25 años, el promedio del adulto latinoamerino posee
1.4 años de educación menos de lo esperado para su nivel de ingreso respectivo, mientras que los adultos del oriente asíatico tienen 0.4 años más.
15 Estrategia de Desarrollo Social de BID (GN-2241-1)
16 La inserción de periodos de prácticas en empresas durante los ciclos de formación profesional se fomentó
humano para poder ofrecer alternativas de producción viables. La ventaja comparativa de los países latinoamericanos basada en los bajos costes de mano de obra barata o en la especialización en materias primas ofrece una visión miope, de bajo rendimiento y creciente competencia con otras países competidores.
Por tanto, es preciso analizar los sectores económicos críticos de cada país y determinar qué sectores necesitan una transición, - debido a su escaso valor añadido o su fragilidad estructural-, de aquellos que pueden sobrevivir a la competencia foránea, - ya sea por su especialización, proximidad al cliente o por constituir nuevas oportunidades de negocio -. A partir de ahí, se podrán diseñar políticas de apoyo que permitan la reestructuración de los sectores perdedores y faciliten la transición hacia un entorno más competitivo en el nuevo marco global a los ganadores.
Bhagwati (2002) señala que los países en desarrollo deben analizar “las barreras asímetricas” para el libre comercio, esencialmente, infraestructuras, mano de obra, marco legal y servicios administrativos. En este contexto, es de vital importancia reforzar las instituciones públicas vinculadas a las operaciones transnacionales17: aduanas,
administración tributaria, departamentos relacionados con bancos de información y bases de datos estadísticas sobre flujos comerciales y de capital, nuevos departamentos de análisis de barreras no arancelarias y grupos de trabajo para el reconocimiento mutuo de normas y requisitos fitosanitarios, entre otros, y por último, coordinación interinstitucional e interregional.
Con relación al marco legal, es preciso favorecer la liberalización de los mercados a fin de eliminar distorsiones y regulaciones artificiales que protejan al consumidor de aquellas prácticas colusorias o restrictivas a la libre competencia y el normal funcionamiento del libre mercado.
Por último, las políticas de apoyo a la empresa deberán analizar la necesidad de reforzar, entre otros, los sistemas de información sobre comercio exterior, fortalecer el sector de servicios asociados al comercio exterior, desarrollar programas en el área de sensibilización y formación específica, diseñar nuevos sistemas de seguro de crédito a la exportación, promover la creación de centros de asesoramiento y apoyo a la internacionalización y creación de redes de cooperación.
3. NIVEL MICRO.
Una vez revisados los aspectos macroeconómicos, es preciso analizar aquellas circunstancias o aspectos que afectan a la vida y el entorno de las empresas; también denominados nivel “micro” y que, en su mayoría, se refieren al clima para hacer negocios. No hay que insistir en que una empresa ahorrará costes y será más productiva si las condiciones para iniciar, impulsar y consolidar su actividad son favorables. Los principales aspectos a analizar son los siguientes:
3.1. Creación de Empresas y Simplificación Administrativa.
Es preciso que desde el punto de vista político, se otorgue prioridad a la reducción de trámites y costos de poner en marcha cualquier negocio. En la Unión Europea y bajo el marco de la Carta Europea de la Pequeña Empresa, varios Estados han tenido éxito en la reducción sustancial de los plazos y costes de creación de empresas 18. Hoy en día el
periodo medio para empezar un negocio es 74 días en América Latina comparado con 5 en Nueva Zelanda o 4 en Canada.
Country Year
Starting a Business
# of Procedures Duration (days)
Cost (% GNI per capita)
Min. capital (% of GNI per capita)
AVERAGE 2003 12 74 70.1 85.6
Argentina 2003 15 68 8 0
Bolivia 2003 18 67 166.6 0
Brazil 2003 15 152 11.6 0
Chile 2003 10 28 11.6 0
Colombia 2003 19 60 27.2 0
Costa Rica 2003 11 80 21.4 0
Dominican Republic
2003 12 78 48.1 23.2
Ecuador 2003 14 90 63 27.6
El Salvador 2003 12 115 129.8 549.5
Guatemala 2003 13 39 66.7 36.5
Haiti 2003 12 203 198.9 209.8
Honduras 2003 14 80 72.8 165.4
Jamaica 2003 7 31 16.2 0
Mexico 2003 7 51 18.8 87.6
Nicaragua 2003 12 71 337.8 0
Panama 2003 7 19 26.3 0
Paraguay 2003 18 73 156.2 0
Peru 2003 9 100 24.9 0
Uruguay 2003 10 27 46.7 699
Venezuela 2003 14 119 19.4 0
Fuente: Doing Business Data Base, Banco Mundial.
3.2. Acceso a recursos financieros.
Los empresarios necesitan financiación para llevar a cabo sus proyectos de expansión, innovación o mejora tecnológica. En general, el acceso a la financiación es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de las PYMES. Más allá de la liberalización y regulación de los mercados financieros, es preciso insistir en la necesidad, desde el punto de vista político, de adoptar medidas activas y específicas para facilitar el acceso a la financiación para las PYMES, puesto que este es un aspecto principal para la consolidación y mejora de la competitividad de las empresas. Las reformas aplicadas en
18En España, por ejemplo, el proyecto “Nueva Empresa” ha logrado reducir los plazos para el registro de
la década de los 90 a partir del denominado Consenso de Washington con rigurosos programas de estabilización lograron efectivamente rebajar la inflación a niveles de un dígito en casi toda la región por primera vez en casi medio siglo. Sin embargo, actualmente se da la paradoja de encontrar países con un bajo nivel de inflación, políticas monetarias expansivas y severas restricciones al crédito de las empresas (Sachs, 2002).
En encuestas realizadas a empresarios de la Región19 se recoge que expresamente que las
fuentes de financiación más frecuentes a la hora de iniciar sus negocios son las siguientes: ahorros personales (90% de la muestra), crédito de proveedores o de clientes (50%) y préstamos de familia o de amigos (30%)20; menos de una quinta parte utiliza
préstamos bancarios. La mayoría de los empresarios encuestados declara que la oferta financiera no se ajusta a las necesidades de la demanda. En otras regiones, como Asia oriental, los empresarios disponen de fuentes alternativas de financiación, tales como los denominados “business angels” o determinadas instituciones públicas.
Consecuentemente, se debe favorecer y flexibilizar el diseño de nuevos instrumentos que amplíen la oferta de productos financieros para las medianas y pequeñas empresas. Durante una tiempo, los esfuerzos se concentraron en la promoción de los instrumentos de capital riesgo; sin embargo se ha demostrado que estos instrumentos son adecuados para las empresas de rápido crecimiento, las cuales constituyen una minoría en el universo empresarial de América Latina. Por tanto, teniendo en cuenta que la principal fuente de financiación de las medianas y pequeñas empresas son los microcréditos, los Estados deben reforzar la supervisión y estabilidad del microcrédito, promover la difusión de la información crediticia (creación de registros de crédito, entre otros), y fomentar un entorno jurídico y fiscal favorable a mecanismos alternativos de financiación, tales como: los inversores providenciales, las sociedades de garantía recíproca o los fondos de inversión local.
Ejemplos de Apoyo
En Finlandia, el programa DIILI equipara el aporte de trabajo a la titularidad de acciones y permite a los profesionales empresariales buscar en las nuevas empresas oportunidades de empleo, al tiempo que se ofrecen como objetivos de inversión para los inversores providenciales.
En el Reino Unido: La Community Investment Tax Relief incentiva a los inversores a proveer capital a las Instituciones Financieras de Desarrollo de la Comunidad. Estas instituciones financieras son independientes, por norma general son locales, poseen fuertes lazos de unión con eventuales inversores y ofrecen préstamos en condiciones comerciales a empresas con planes viables y que no son capaces de cumplir alguno de los requisitos convencionales.
En Italia, las sociedades de garantía recíproca (CONFIDI) se organizan en un sistema nacional que engloba a 680 empresas privadas, cada una con su propia autonomía legal y administrativa y cuyos fondos garantizan los créditos de las
19 “Entrepreneurship in Emerging Economies: The Creation and Development of New Firms in Latin
America and East Asia”
20 El porcentaje suma más del 100% debido a que se utilizan al mismo tiempo varias fuentes de
PYMES hasta un 80% del préstamo para nuevas empresas y un 50% para empresas ya existentes.
3.3. Servicios Empresariales.
La mayoría de Servicios Empresariales tienen como principal segmento objetivo a la pequeña y mediana empresa21 ofreciendo servicios de información de mercados,
formación, certificación, asesoría para la internacionalización, y cooperación empresarial. En América Latina, las PYMES representan más del 90% del censo empresarial y entre el 60 y el 80% del empleo. La productividad de las PYMES latinoamericanas, sin embargo, equivale a menos del 40% de la productividad de la gran empresa (Peres y Stumpo, 2000)22.
Es preciso, por tanto, diseñar servicios de apoyo específicos para las PYMES latinoamericanas con el fin de que ganen posiciones y logren mayores niveles de rendimiento y productividad. Previamente, será necesario la realización de análisis para identificar los problemas particulares de este tipo de empresas en cada país, tales como: revisar su nivel de organización y articulación, sectorialización, la identificación de representantes con cobertura suficiente, la generación de grupos con suficiente masa crítica, etc. A partir de dicho análisis, se podrán definir prioridades a la hora de desarrollar mecanismos efectivos de apoyo, tales como: la creación de centros unificados de información, servicios de asesoría específicos y programas concretos de promoción comercial, fomento del conocimiento de mercados internacionales y creación de redes empresariales23 para fomentar la cooperación, la innovación y el conocimiento.
3.4. Innovación y tecnología.
“La eficacia y la ventaja de coste, la velocidad y la flexibilidad, son cuestiones críticas para el éxito de una empresas. Sin embargo, estos factores ya no resultan suficientes para garantizar la competitividad a largo plazo. En estos tiempos, las empresas han de innovar de forma constante, reinventar productos y servicios, y desarrollar consecuentemente estrategias comerciales que respondan a las demandas del mercado, lo cual exige una adaptación continua de sus estructuras y procesos organizativos”24. En esta área también,
es preciso distinguir entre grandes, y pequeñas y medianas empresas. La capacidad de investigación de las grandes empresas y los recursos que dedican a investigación les permiten avanzar de forma independiente, al contar, en su mayoría, con departamentos internos dedicados a investigación precompetitiva.
La política de innovación para las PYMES debe concentrarse, por el contrario, en enfatizar la importancia de la propiedad industrial e intelectual para el crecimiento de la empresa y como fuente de innovación y negocio, y la utilidad de establecer lazos con la
21 En muchos casos, estos centros de servicios se unifican bajo el nombre del Centros de Desarrollo
Empresarial o “Business Development Services”.
22 Guía operativa para programas de competitividad de pequeña y mediana empresa, BID 2002. 23 Sobre el tema de redes de cooperación empresarial, ver el capítulo 4º de CD - Rom, sobre clusters. 24 Informe de la Comisión de la Unión Europea sobre la aplicación de la Carta Europea de la Pequeña
comunidad investigadora a fin de acceder a los nuevos avances en tecnología de procesos. Entre otros temas, se deberán potenciar las siguientes actividades: el registro de marcas y de patentes en su caso, desarrollo de franquicias, tanto a nivel de franquiciador como franquiciado, la difusión de las buenas prácticas empresariales y la colaboración de la comunidad empresarial con la universidad en la aplicación de nuevos avances técnicos a las necesidades de las empresas. En este último aspecto, existe un retroalimentación muy enriquecedora entre la comunidad universitaria y empresarial a la hora de proponer nuevas soluciones a problemas productivos.
Ejemplos de algunos instrumentos europeos.
En Irlanda, se ha creado una red de conocimiento en la Región de Shannon que se compone de un parque tecnológico, una infraestructura de viveros y vínculos con el sector educativo y académico de la región. En
Dinamarca, los once institutos que componen la red de Institutos Autorizados de Servicios Tecnológicos (GTS) desarrollan y transmiten conocimiento basado en la tecnología a empresas privadas e instituciones públicas; dichos institutos tienen 20.000 clientes al año y alrededor de un 90% son Pyme. En Bélgica se ha elaborado y difundido el folleto sobre innovación para empresarios “100 preguntas sobre innovación, que promociona una visión de conjunto con información práctica de ayuda y que contribuye a hacer más sencilla la traducción de la idea en producto o servicio innovador. En Alemania y Austria existen sistemas de apoyo específicos de cooperación transnacional en materia de innovación. Estos proyectos intentan fomentar la participación de las PYMES en redes internacionales de investigación y en los denominados ejes tecnológicos, mediante una bonificación especial.
Fte.: Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Carta Europea de la pequeña y mediana empresa, 2004.
3.5.Fomento del espíritu empresarial.
La creación de nuevas empresas es esencial para rejuvenecer los tejidos productivos y aumentar la productividad de las economías. Sin embargo, en América Latina, existen múltiples barreras que dan como resultado una reducida tasa neta de entrada de nuevas empresas25. Con el fin de lograr revertir esa tendencia es preciso desarrollar nuevas
políticas educativas que cambien y valoren la imagen del empresario desde la educación secundaria hasta la universidad. También pueden desarrollarse nuevos esquemas de comercialización y traspaso de ideas desde las empresas a la universidad y a la recíproca.
En varios países se han desarrollado diversas iniciativas tales como: elaboración de materiales didácticos para el fomento del espíritu empresarial en educación secundaria (Austria, Bélgica, y Francia entre otros) o creación de programas específicos: “Young Enterprise Graduate Programme” en Gales, Reino Unido. Este programa permite a los estudiantes experimentar con la creación y gestión de sus propia empresa, diversos
25 Para información adicional, ver Guía operativa para programas de competitividad para la pequeña y
concursos de emprendedores y finalmente, métodos de simulación de empresas en Irlanda, entre otros.
Por último, otras medidas adicionales pueden consistir en el fomento de pasantías en empresas para exponer a los estudiantes al ambiente de negocios, el apoyo al proceso de identificación de oportunidades de negocios o la mejora de las redes de servicios empresariales para nuevos empresarios26.
3.6.Evaluación de impacto de las normas en las PYMES.
Finlandia y el Reino Unido, entre otros países europeos, se han fijado el objetivo de aplicar evaluaciones de impacto normativo en todas sus propuestas de ley. El propósito dichas evaluaciones es analizar con carácter previo a cualquier normativa, el impacto que tal regulación va a tener sobre las empresas, en particular, las pequeñas y medianas. Este procedimiento se ha aplicado en el caso de la legislación e materia de quiebra27. El Reino
Unido ha publicado una guía (Guía Rápida sobre la Evaluación del Impacto Normativo) para ayudar a las personas responsables de la preparación de políticas sobre la necesidad de realizar o no una evaluación. Por último, Noruega está desarrollando nuevas directrices sobre el uso y conveniencia de la evaluación de impacto.
4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN.
A la hora de revisar cualquier marco regulatorio para la competitividad de un país, es preciso tener presentes los siguientes principios básicos de actuación:
* Diálogo público-privado. Consulta a la empresa. Es esencial la incorporación del sector privado en la etapa de diseño y definición de prioridades con el fin de que pueda transmitir sus necesidades básicas y fundamentales a los órganos responsables de elaborar el marco regulatorio. Esto facilitará que las políticas diseñadas sean realistas, viables y tengan mayor impacto en la mejora de los niveles de competitividad de las empresas (“Bottom-up approach”). Adicionalmente, la gestión de los programas de apoyo a favor de las empresas puede ser otorgada a entidades privadas pues la experiencia práctica ha demostrado que los ratios de eficiencia alcanzados por éstas últimas son mayores que los obtenidos en los supuestos gestión pública de programas.
* No concentración en industrias o sectores concretos. Las políticas tienen que ser neutrales en la promoción de los sectores industriales o económicos. Las políticas deben ser horizontales, eliminando los obstáculos y barreras para la libre competencia y favorecer la participación activa de aquellas empresas que tomen la iniciativa de apostar libremente por los instrumentos de apoyo ofrecidos.
* Programas a largo plazo, iniciativas a corto. El marco regulatorio para la competitividad debe establecer fines a largo plazo; sin embargo, las políticas e instrumentos de apoyo que desarrolle tienen que definir unas metas concretas a corto plazo para permitir la obtención de resultados tangibles y apreciables por el sector
26 Idem anterior, pag. 16
privado en umbrales de tiempo próximos. El efecto demostración de los mismos facilitará la incorporación y participación de mayor número de empresas en el tiempo y orientar las actuaciones hacia las finalidades previamente establecidas.
* Jerarquización y concentración de actuaciones. Los numerosos aspectos a tener en cuenta en los programas de competitividad presentan el peligro de la dispersión de esfuerzos y la falta de progresividad en las actuaciones previstas. Como ya se ha dicho anteriormente en competitividad, es fundamental la priorización de actuaciones y establecer una progresividad o una “sequenciación” en los problemas a resolver. Igualmente, es esencial tener un enfoque continuado en el tiempo a la hora de diseñar los programas de apoyo y determinar, en todo caso, umbrales temporales limitados y decrecientes en los incentivos económicos eventualmente ofrecidos.
* Coordinación interinstitucional (regional, local, etc.). El fenómeno de descentralización y desconcentración de las competencias administrativas puede afectar negativamente a los programas de competitividad, puesto que la solapación de actuaciones deriva en el uso ineficiente de recursos escasos y aumenta la confusión del sector privado a la hora de conocer las reglas y los instrumentos de apoyo existentes. Es preciso establecer esquemas de coordinación institucional que eviten redundancias innecesarias y disfuncionalidades similares.
5. CONCLUSIONES.
El diseño del marco político para la competitividad requiere de un enfoque integral que afecta a múltiples aspectos interconectados y complementarios. La obtención de resultados no se logrará de forma inmediata, por lo que es preciso contar con una visión a largo plazo y generar los consensos necesarios desde el punto de vista político y social para poner en marcha iniciativas sostenibles de crecimiento28. No pueden desconocerse
los ganadores y perdedores de cada medida y deben arbitrarse mecanismos de transición para los grupos afectados.
Partiendo de los principios básicos de liberalización de mercados, transparencia y eficiencia de las instituciones, y seguridad jurídica; las soluciones propuestas deberán sin embargo, ajustarse a la situación de cada país. Por tal motivo, es esencial que se realicen previamente análisis exhaustivos de cada caso y a partir de ellos, se definan prioridades en función de razones de economía política. La multiplicidad de aspectos sobre los que actuar presenta el riesgo de la inacción, o por el contrario, el deseo de resolverlo todo a partir de la creación de un orden nuevo: ninguna de estas alternativas es acertada. Para evitar tales riesgos, es preciso jerarquizar objetivos y actuar progresivamente en los campos previamente definidos a fin de mitigar riesgos y ofrecer un camino viable que permita diseñar adaptaciones a eventuales circunstancias sobrevenidas.
Frecuentemente se habla del papel de América Latina para el futuro de la economía mundial aunque hasta el momento, poco se ha logrado al respecto (Krugman, 2002). El
28 Para más información, vid “Política económica para la Competitividad, reflexiones para el caso de
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