BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
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X LEGISLATURA
Núm. 104 15 de octubre de 2012 Pág. 5
I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
(621/000013)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 15 Núm. exp. 121/000015)
Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
PROPUESTAS DE VETO
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
Palacio del Senado, 9 de octubre de 2012.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 1 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
JUSTIFICACIÓN
Nuestro país necesita un sistema tributario suficiente, progresivo y equitativo que procure mayores ingresos fiscales obtenidos de manera más justa. Es una condición necesaria para reducir, en un periodo razonable, nuestro déficit público sin tener que deteriorar los servicios públicos, sin renunciar a gastos públicos de elevada rentabilidad económica y social, y sin hacer recaer desproporcionadamente en términos relativos la carga fiscal sobre las nóminas de los trabajadores y el consumo.
El gasto público total de las administraciones públicas fue en 2011 en España 6 puntos porcentuales del PIB inferior al de la media de la UE-12, pero mantenemos una presión fiscal de las más reducidas de la eurozona, 10 puntos porcentuales menos que la media de la UE-15. Además, mientras que la crisis no
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ha afectado en el resto de países europeos a la proporción de ingresos públicos sobre el PIB, en España desde 2007 la presión fiscal se ha desplomado en 6 puntos porcentuales. Esto significa que nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos.
Los distintos gobiernos que se han sucedido en España en los últimos años han provocado reformas estructurales en el sistema tributario orientadas a desfiscalizar los rendimientos del capital y a reducir la progresividad de los impuestos, reformas que ahora pasan factura con la crisis. Además, no ha existido una voluntad política clara en la persecución del fraude fiscal.
La lucha contra el fraude fiscal es en particular un objetivo prioritario para mejorar la suficiencia y equidad del sistema tributario, más aún en un país como el nuestro en el que el volumen de la economía sumergida se sitúa, según distintas estimaciones, entre el 20% y el 25% del PIB.
Esto requiere necesariamente una política eficiente de la administración tributaria que debe extender su actuación a la generalidad de los contribuyentes y repartir entre ellos, de forma equitativa, la carga impositiva conforme a su capacidad económica.
En los estudios académicos sobre el fraude fiscal existen dos conclusiones principales ampliamente compartidas. Por un lado, que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz, compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas impositivas, y por otro lado, que aumenta dicho cumplimiento cuando la administración tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control. Se revela así la rentabilidad social y en términos recaudatorios de la inversión en recursos para la gestión tributaria por sus positivos efectos multiplicadores.
Los profesionales de nuestra administración tributaria vienen denunciando reiteradamente que el control tributario dista mucho de ser eficaz para reducir la economía sumergida. Los planes anuales de control tributario se presentan para cumplir unos objetivos poco ambiciosos y asegurar así, precisamente, que van a ser cumplidos. Objetivos que son fijados por un importe inferior al logro de los resultados del ejercicio anterior.
Objetivos tan poco ambiciosos explican los resultados de una estimación de FUNCAS concluyendo que mientras que la economía española se duplicó entre 1980 y 2008, la economía sumergida se cuadruplicó en esos años, pese a que los modestos objetivos de control tributario se superaron año tras año.
Estamos acostumbrados al anuncio de los distintos gobiernos de resultados en la lucha contra el fraude que superan los del año anterior. Así, de confirmarse la cifra provisional, el año 2011 podría haber sido el de mayores logros en la materia con más de 11.000 millones de euros recaudados. Pero esa cifra supone que solo pudo atajarse el 17% de la evasión fiscal estimada. Es decir, que el 83% del fraude tributario quedó impune.
Con esa «tasa de impunidad», tal y como la define el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), no es extraño que la economía sumergida aumente al doble de velocidad que el PIB.
El fraude fiscal en España puede estimarse, considerando las propias evaluaciones de economía sumergida, en unos 89.000 millones de euros, cifra muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE. Y este fraude se concentra en las grandes fortunas y empresas de mayor dimensión que lo canalizan hacia los paraísos fiscales utilizando instrumentos como las SICAV. Existen en España más de 3.000 sociedades de este tipo que gestionan un patrimonio superior a los 26.000 millones de euros.
Es casi un lugar común aceptar que los ricos y muy ricos apenas pagan impuestos en España. Incluso se han llegado a justificar rebajas en la tributación de los contribuyentes de mayor capacidad económica argumentando que así se incentivaría el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero la realidad muestra que el fraude no deja de aumentar.
De la misma forma, la amnistía fiscal aprobada a finales de marzo de este año es inaceptable. En primer lugar, porque este tipo de «regularizaciones» fiscales suelen proporcionar pocos ingresos. En este caso se han recaudado 50,4 millones de euros hasta el 31 de julio, lo que supone únicamente el 2% de lo que se espera recaudar en el conjunto del año. En segundo lugar, y quizás más importante, porque este tipo de actuaciones crean un riesgo moral absolutamente contraproducente: disminuyen la responsabilidad tributaria y la exposición plena del contribuyente al riesgo que supone evadir impuestos. Así lo ha reconocido la propia Comisión Europea afirmando que las amnistías fiscales, como el programa promovido por el Gobierno español, deben ser evitadas.
El contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales puede entender que no se dedican los esfuerzos precisos para perseguir el fraude y esto deteriora la conciencia fiscal de cualquier país. El
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propio Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no ayuda mucho tampoco cuando reconoce que la desproporcionada subida del IVA que se ha llevado a cabo no sería precisa si el fraude en ese tributo no fuese tan elevado.
Este Proyecto de Ley contiene una serie de medidas orientadas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. En su Exposición de motivos se afirma que «la realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca».
Compartimos plenamente esa afirmación y no negamos que la mayoría de las medidas que articula el Proyecto de Ley son positivas. El problema es que son absolutamente insuficientes ante la dimensión del problema que se pretende abordar. El Gobierno ha desperdiciado esta ocasión para mostrar mayor ambición en la lucha contra el fraude.
En primer lugar, en el escenario internacional, el Gobierno debería trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en los países o territorios calificados como paraísos fiscales, y para acabar con las prácticas abusivas que reducen la factura fiscal de las grandes corporaciones trasnacionales.
En ese contexto, el Gobierno debería de forma inmediata tomar las medidas necesarias contra las entidades financieras y entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España y mantienen filiales en territorios de baja o nula tributación.
En segundo lugar, las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con reformas tributarias que mejoren la progresividad del sistema equiparando, en particular, la tributación de los rendimientos del trabajo y del capital en el IRPF, aumentando la carga fiscal de las empresas de mayor dimensión, gravando con intensidad a las grandes fortunas y eliminado la subida del IVA por regresiva y contraproducente para la recuperación de la economía. Estas medidas mejorarían la percepción de la ciudadanía sobre la justicia del sistema tributario.
Por último, pero no menos importante, son necesarias medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria. Es evidente la necesidad de incrementar las plantillas del personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal, pero también lo es optimizar los recursos ya existentes en un marco de restricciones presupuestarias.
La eficacia de cualquier plan de lucha contra el fraude pasa por potenciar la organización de los recursos humanos para alcanzar al mayor número de contribuyentes y sectores económicos, definir y clarificar las funciones para incrementar la capacidad y autonomía de actuación, motivar a los trabajadores mediante el desarrollo previsible de la carrera administrativa y la promoción interna, e incentivar el trabajo y las habilidades individuales.
Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
Palacio del Senado, 9 de octubre de 2012.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 2 De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
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Nuestro país necesita un sistema tributario suficiente, progresivo y equitativo que procure mayores ingresos fiscales obtenidos de manera más justa. Es una condición necesaria para reducir, en un periodo razonable, nuestro déficit público sin tener que deteriorar los servicios públicos, sin renunciar a gastos públicos de elevada rentabilidad económica y social, y sin hacer recaer desproporcionadamente en términos relativos la carga fiscal sobre las nóminas de los trabajadores y el consumo.
El gasto público total de las administraciones públicas fue en 2011 en España 6 puntos porcentuales del PIB inferior al de la media de la UE-12, pero mantenemos una presión fiscal de las más reducidas de la eurozona, 10 puntos porcentuales menos que la media de la UE-15. Además, mientras que la crisis no ha afectado en el resto de países europeos a la proporción de ingresos públicos sobre el PIB, en España desde 2007 la presión fiscal se ha desplomado en 6 puntos porcentuales. Esto significa que nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos.
Los distintos gobiernos que se han sucedido en España en los últimos años han provocado reformas estructurales en el sistema tributario orientadas a desfiscalizar los rendimientos del capital y a reducir la progresividad de los impuestos, reformas que ahora pasan factura con la crisis. Además, no ha existido una voluntad política clara en la persecución del fraude fiscal.
La lucha contra el fraude fiscal es en particular un objetivo prioritario para mejorar la suficiencia y equidad del sistema tributario, más aún en un país como el nuestro en el que el volumen de la economía sumergida se sitúa, según distintas estimaciones, entre el 20% y el 25% del PIB.
Esto requiere necesariamente una política eficiente de la administración tributaria que debe extender su actuación a la generalidad de los contribuyentes y repartir entre ellos, de forma equitativa, la carga impositiva conforme a su capacidad económica.
En los estudios académicos sobre el fraude fiscal existen dos conclusiones principales ampliamente compartidas. Por un lado, que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz, compensando y neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas impositivas, y por otro lado, que aumenta dicho cumplimiento cuando la administración tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control. Se revela así la rentabilidad social y en términos recaudatorios de la inversión en recursos para la gestión tributaria por sus positivos efectos multiplicadores.
Los profesionales de nuestra administración tributaria vienen denunciando reiteradamente que el control tributario dista mucho de ser eficaz para reducir la economía sumergida. Los planes anuales de control tributario se presentan para cumplir unos objetivos poco ambiciosos y asegurar así, precisamente, que van a ser cumplidos. Objetivos que son fijados por un importe inferior al logro de los resultados del ejercicio anterior.
Objetivos tan poco ambiciosos explican los resultados de una estimación de FUNCAS concluyendo que mientras que la economía española se duplicó entre 1980 y 2008, la economía sumergida se cuadruplicó en esos años, pese a que los modestos objetivos de control tributario se superaron año tras año.
Estamos acostumbrados al anuncio de los distintos gobiernos de resultados en la lucha contra el fraude que superan los del año anterior. Así, de confirmarse la cifra provisional, el año 2011 podría haber sido el de mayores logros en la materia con más de 11.000 millones de euros recaudados. Pero esa cifra supone que solo pudo atajarse el 17% de la evasión fiscal estimada. Es decir, que el 83% del fraude tributario quedó impune.
Con esa «tasa de impunidad», tal y como la define el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), no es extraño que la economía sumergida aumente al doble de velocidad que el PIB.
El fraude fiscal en España puede estimarse, considerando las propias evaluaciones de economía sumergida, en unos 89.000 millones de euros, cifra muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE. Y este fraude se concentra en las grandes fortunas y empresas de mayor dimensión que lo canalizan hacia los paraísos fiscales utilizando instrumentos como las SICAV. Existen en España más de 3.000 sociedades de este tipo que gestionan un patrimonio superior a los 26.000 millones de euros.
Es casi un lugar común aceptar que los ricos y muy ricos apenas pagan impuestos en España. Incluso se han llegado a justificar rebajas en la tributación de los contribuyentes de mayor capacidad económica argumentando que así se incentivaría el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero la realidad muestra que el fraude no deja de aumentar.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
Núm. 104 15 de octubre de 2012 Pág. 9
De la misma forma, la amnistía fiscal aprobada a finales de marzo de este año es inaceptable. En primer lugar, porque este tipo de “regularizaciones” fiscales suelen proporcionar pocos ingresos. En este caso se han recaudado 50,4 millones de euros hasta el 31 de julio, lo que supone únicamente el 2% de lo que se espera recaudar en el conjunto del año. En segundo lugar, y quizás más importante, porque este tipo de actuaciones crean un riesgo moral absolutamente contraproducente: disminuyen la responsabilidad tributaria y la exposición plena del contribuyente al riesgo que supone evadir impuestos. Así lo ha reconocido la propia Comisión Europea afirmando que las amnistías fiscales, como el programa promovido por el Gobierno español, deben ser evitadas.
El contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales puede entender que no se dedican los esfuerzos precisos para perseguir el fraude y esto deteriora la conciencia fiscal de cualquier país. El propio Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no ayuda mucho tampoco cuando reconoce que la desproporcionada subida del IVA que se ha llevado a cabo no sería precisa si el fraude en ese tributo no fuese tan elevado.
Este Proyecto de Ley contiene una serie de medidas orientadas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. En su Exposición de motivos se afirma que «la realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca».
Compartimos plenamente esa afirmación y no negamos que la mayoría de las medidas que articula el Proyecto de Ley son positivas. El problema es que son absolutamente insuficientes ante la dimensión del problema que se pretende abordar. El Gobierno ha desperdiciado esta ocasión para mostrar mayor ambición en la lucha contra el fraude.
En primer lugar, en el escenario internacional, el Gobierno debería trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en los países o territorios calificados como paraísos fiscales, y para acabar con las prácticas abusivas que reducen la factura fiscal de las grandes corporaciones trasnacionales.
En ese contexto, el Gobierno debería de forma inmediata tomar las medidas necesarias contra las entidades financieras y entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España y mantienen filiales en territorios de baja o nula tributación.
En segundo lugar, las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con reformas tributarias que mejoren la progresividad del sistema equiparando, en particular, la tributación de los rendimientos del trabajo y del capital en el IRPF, aumentando la carga fiscal de las empresas de mayor dimensión, gravando con intensidad a las grandes fortunas y eliminado la subida del IVA por regresiva y contraproducente para la recuperación de la economía. Estas medidas mejorarían la percepción de la ciudadanía sobre la justicia del sistema tributario.
Por último, pero no menos importante, son necesarias medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria. Es evidente la necesidad de incrementar las plantillas del personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal, pero también lo es optimizar los recursos ya existentes en un marco de restricciones presupuestarias.
La eficacia de cualquier plan de lucha contra el fraude pasa por potenciar la organización de los recursos humanos para alcanzar al mayor número de contribuyentes y sectores económicos, definir y clarificar las funciones para incrementar la capacidad y autonomía de actuación, motivar a los trabajadores mediante el desarrollo previsible de la carrera administrativa y la promoción interna, e incentivar el trabajo y las habilidades individuales.
Por estas razones se presenta esta propuesta de veto y solicita la devolución de este Proyecto de Ley al Congreso de los Diputados.
cve: BOCG_D_10_104_798
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