LA DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA: EL CASO DEL BAJO CAUCA
Laura García Jiménez Resumen.
El Bajo Cauca es una subregión que sufre el conflicto armado desde hace tiempo, el cual aumentó en los años 80 con la llegada del paramilitarismo al territorio, escenario que condujo a violaciones de los derechos humanos como la intimidación a la población, despojo de tierras, desaparición forzada, asesinatos, masacres y desmovilización de sus habitantes; he ahí la necesidad de que se diera un proceso de desmovilización de estos grupos armados que coexistían en la subregión como lo eran el Bloque Central Mineros y el Bloque Central Bolívar.
Este artículo pretende aportar una reflexión académica sobre el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en la subregión del Bajo Cauca como proceso fallido, y la incidencia de este en la creación de nuevas estructuras armadas como las bacrim, dando continuidad a la vulneración de derechos de la población bajo caucana, quien ha vivido en constante inseguridad.
Palabras claves: bacrim, paramilitarismo, reinserción, reintegración, seguridad democrática,
vulneración de derechos.
Socióloga de la Universidad de Antioquia. Profesional social en la Fundación EPM. katherinegarciajz@gmail.com. Este artículo se presenta para optar al título de Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
Sumario: Introducción. 1. EL PARAMILITARISMO EN EL BAJO CAUCA Y SU
DESMOVILIZACIÓN. 1.1 GENERALIDADES DEL PARAMILITARISMO EN EL BAJO CAUCA. 1.2 PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA EN EL BAJO CAUCA. 2. SOBRE EL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE LAS AUC EN EL BAJO CAUCA. 2.1 SOBRE EL CONCEPTO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA. 3. DESMOVILIZACION DE LAS AUC: SEGURIDAD O INSEGURIDAD PARA EL BAJO CAUCA. Conclusiones. Referencias bibliográficas.
INTRODUCCIÓN
Este artículo pretende dar cuenta de una reflexión académica sobre los procesos de desarme, desmovilización, reinserción de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Bajo Cauca y su incidencia en la conformación de Bandas Criminales (bacrim), el contexto territorial y las condiciones que han generado la reproducción de prácticas violentas como los asesinatos, la desaparición forzada, la tortura, y el desplazamiento forzado, que vulneran los derechos humanos de la población civil de la subregión.
Para la construcción de este artículo se realizó revisión documental de investigaciones, estudios y publicaciones en relación con el proceso de creación, consolidación y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC y en general del conflicto armado del país.
Esta revisión se enfocó principalmente en el periodo comprendido entre 2010 hasta 2020, haciendo un énfasis especial en el 2003, año en que se evidencia la mayor producción respecto del conflicto en bajo cauca.
Durante esta pesquisa, se consultaron informes, estudios e investigaciones de instituciones académicas, estatales y no gubernamentales, además los repositorios de universidades como la Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, Universidad Católica del Norte entre otras, con aportes de tesis de pregrado, posgrado y artículos de revista.
Los criterios de búsqueda utilizados fueron “desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia”, “Desarme, Reinserción y Reintegración”, “las bacrim en el Bajo Cauca” “desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Bajo Cauca.”
Como resultado de esto se construyó el artículo que se presenta a continuación y en el que el primer acápite se abordará el fenómeno del paramilitarismo en el Bajo Cauca y su proceso de desmovilización; en el segundo, el concepto de seguridad en el marco de la desmovilización y reintegración de las AUC en esta subregión del departamento de Antioquia. En el tercero, se tratará el análisis sobre el contexto con relación a la política de seguridad democrática implementada en ese territorio y por último, se dará lugar a algunas conclusiones y reflexiones finales.
EL PARAMILITARISMO EN EL BAJO CAUCA Y SU DESMOVILIZACIÓN 1.1 GENERALIDADES DEL PARAMILITARISMO EN EL BAJO CAUCA
El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por enfrentamientos entre grupos guerrilleros, paramilitares con las fuerzas armadas del país, en una disputa por obtener el control político, económico y social de algunos territorios que como el Bajo Cauca ofrecen recursos estratégicos para el fortalecimiento de las rentas criminales y la consolidación de un corredor de narcotráfico, tráfico de armas y de tropas.
La subregión de bajo cauca está ubicada en la cordillera Central, entre las serranías de Ayapel y San Lucas, en el nororiente del departamento de Antioquia. Aquella, cuenta con una extensión de 8.485 km2 que comprende los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí, limita al norte y al occidente con el departamento de Córdoba, al oriente con el departamento de Bolívar y al sur con las subregiones Norte y Nordeste (PNUD, 2011).
Sin embargo, el referente de asociación con el conflicto armado más cercano de esta zona es el Nudo del Paramillo, una zona rica en recursos naturales como el arroz, el cacao, el caucho, la explotación de madera y el yacimiento de oro y otros metales como la plata y el platino, cuyas actividades económicas son la minería, la ganadería extensiva, el comercio informal y la agricultura en menor escala. Pero también con presencia de cultivos ilícitos y que sirve de corredor estratégico para el norte de Antioquia, bajo cauca y sur de córdoba. Estas riquezas y su ubicación geoestratégica que conecta a la Costa Caribe con el interior del país, hacen del Bajo Cauca un lugar atractivo tanto para personas que no son de la zona como para grupos armados ilegales debido a que le permiten el cultivo y la distribución de drogas ilícitas, además de la financiación de actividades ilegales para su sostenimiento.
Esta condición, ha permitido una disputa entre estos grupos armados por el control del territorio, lo cual ha traído como consecuencia miles de asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento forzado y atemorización a la población civil, (Zapata, Barajas, Jaramillo y Hernández, 2012) responsabilizándose de estos hechos inicialmente a grupos paramilitares y actualmente a las bandas criminales (bacrim) como las ha denominado el gobierno nacional (FIP, 2011). El fenómeno del paramilitarismo es definido por algunos autores como:
(…) fuerzas que el Estado organiza para llevar a cabo asesinato selectivo de opositores político, como grupo de mercenarios anticomunistas propios de la guerra fría, como ejércitos adscritos a un grupo de interés del corte de terratenientes y gamonales y como escuadrones de la muerte al servicio de narcotraficantes (Ducan citado por Cardona, 2014, p.6).
Según acervos académicos, se presentan varias generaciones del paramilitarismo. La primera generación se caracteriza por tener objetivos contra-guerrilleros y ser de control militar, la cual surgió a finales de los años 70 en el Magdalena Medio donde se constituyen las Autodefensas de Puerto Boyacá. Años más tarde, a comienzos de los 90, se da la fragmentación territorial conformándose las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB), las cuales hicieron parte de las AUC (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).
Por su parte, en el municipio de Remedios, ubicado en el Nordeste antioqueño, surge para mediados de los años 80 el grupo denominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MNR), conformado por organizaciones de ultraderecha del mismo municipio, con el objetivo de “restaurar el orden en el municipio” después de que la Unión Patriótica (UP) se constituyera como la principal fuerza electoral del sector, según lo planteado por la Corte Suprema de Justicia durante una instancia judicial contra César Pérez García (FIP, USAID & OIM, 2014).
Años más tarde, para la década del 90 surgió otro grupo de vida efímera llamado Autodefensas del Nordeste Antioqueño (GAN)1. No obstante, es con las Autodefensas Unidas
1
Grupo armado de mediana duración y relativa autonomía que surge en 1997 como producto del interés sectorial de una parte del comercio, el cual se articuló con el esfuerzo contrainsurgente de la Fuerza Pública (Villamil,
de Córdoba y Urabá, bajo el mando de Fidel y Carlos Castaño, que se presenta el asentamiento del paramilitarismo en la subregión del Bajo Cauca (FIP, 2011). Este territorio, ha sido víctima del conflicto armado interno entre grupos paramilitares, guerrillas, grupos armados organizados como las bacrim y gobierno nacional, escenario en el que la población civil ha quedado inmersa.
La segunda generación del paramilitarismo se da con la etapa de las Autodefensas Unidas de Colombia, donde los grupos armados “dejaron de ser contrainsurgentes de carácter local y regional, para configurar un proyecto político, social y económico con alcances nacionales” (CNMH, 2013, p.175), lo que significaba que tenían su participación más o menos abierta en las elecciones con candidatos propios y con control sobre aspectos de la gestión estatal de los entes territoriales, como la salud y la educación, sin embargo es de resaltar que sus principales fuentes de financiación fueron la minería en lugares como El Bagre y Zaragoza (FIP, USAID, OIM, 2014).
Luego del proceso de desmovilización acaecido entre los años 2003 y 2006, nace la tercera generación paramilitar denominada posdesmovilización, que para los años 2008 y 2010 se presenta como la continuidad de estos grupos, los cuales se rearman como resultado del proceso fallido de desmovilización, (CNMH, 2018). No se puede olvidar que, durante el proceso de DDR, muchas estructuras siguieron en funcionamiento, pues no todos los grupos paramilitares salieron de las filas. Lo anterior, se abordará en el siguiente apartado.
2016, p.13), y fue considerado el responsable de la masacre de Remedios en agosto de 1997 y en ese mismo año, fue desarticulado a través de algunas capturas y asesinatos selectivos de sus miembros, así como con el exilio o relocalización de sus cabecillas (CNMH, 2014, pp.152 y 154).
1.2 PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA EN EL BAJO CAUCA
Para las Naciones Unidas la Desmovilización, el Desarme y la Reintegración (DDR) es:
Un proceso que contribuye a la seguridad y estabilidad en contextos de recuperación posbélica a través de la eliminación de las armas a manos de los combatientes de las estructuras militares y ayudándoles a reintegrarse social y económicamente en la sociedad, buscándoles modos de vida civiles (Escola de Cultura de pau, 2011, p.5).
De acuerdo a lo anterior, en Colombia se han vivido varios procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción, tanto de grupos guerrilleros como de grupos paramilitares, siendo el de las AUC prominente, respaldado por la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz.
Este proceso que inició en el año 2003 con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llevado a cabo en Santafé de Ralito (CNMH, 2015), en el que se desmovilizaron 37 frentes2 con la entrega de 18.051 armas en distintos lugares del país, las cuales tuvo a su custodia el Alto Comisionado para la Paz y a las Fuerzas Militares (CNMH, 2015, p. 68).
De los 37 frentes desmovilizados, se encontraban en el Bajo Cauca la estructura Frente Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar,
2 Entre esos 37 frentes se encontraba, los frente Cacique Nutibara y Héroes de Granada, comandado por Diego
Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quienes fueron responsables de perpetrar homicidio, secuestro extorsivo, reclutamiento ilícito y desaparición forzada ocurridos en los municipios de Medellín, San Carlos, Girardota, Rionegro, El Retiro, Guarne, La Ceja y San Roque en el departamento de Antioquia (Tribunal Superior de Medellín, 2018, p.6), por otro lado, el Frente Norte, comandado por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, el cual surgió en el año 1997, (Trejos, 2014, p.9) uno de los frentes responsables de la masacre perpetrada en febrero del año 2000, en el corregimiento El Salado ubicado en los Montes de María, departamento de Bolívar.
quien para el 12 de diciembre de 2005 en la Vereda San Cristóbal del corregimiento Santa Isabel del municipio de Remedios, departamento de Antioquia, se desmovilizaron 1.922 combatientes y entregaron 1.386 armas, mediante la Resolución 322 de 2005 (Oficina Alto Comisionado para la Paz, 2006). Así mismo, 2.789 combatientes del Bloque Minero se desmovilizaron el 20 de enero de 2006 en la hacienda “La Ranchería” ubicada en la vereda Pecoralia del municipio de Tarazá, quienes entregaron 1.433 armas en total (FIP, 2015).
Luego de la desmovilización paramilitar del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar en el Bajo Cauca, para los años 2005 y 2006, el territorio queda a merced de algunos frentes guerrilleros y nuevos grupos armados ilegales, conformados luego del proceso desmovilización de los paramilitares (Zapata et al 2012), puesto que el territorio del Bajo Cauca es una zona que, debido a su posición geoestratégica hace que sea perseguida y disputada por diversos grupos para el desarrollo y control de actividades ilícitas relacionadas con la producción, procesamiento y comercialización de droga a través del río Cauca. (FIP, USAID y OIM, 2014). Grupos armados organizados que han asesinado, reclutado, desplazado y atemorizado a la población, continúan ejerciendo algunas de las acciones que desempeñaron las AUC en los territorios, permitiendo que haya una continuidad del paramilitarismo por medio de las bandas criminales (bacrim) como las denomina el gobierno (Zapata et al 2012), “son unas organizaciones criminales emergentes (…) que están manejando cultivos ilícitos que existían en las zonas donde se desmovilizaron las autodefensas” (Entrevista citada por FIP, 2015, p.6).
Estos grupos sirven de apoyo a parapolíticos y chocan contra las comunidades y las organizaciones sociales que son consideradas obstáculos en sus operaciones de narcotráfico,
corrupción y apropiación de contratos y recursos de las entidades territoriales, lavado de activos y otros negocios (Indepaz, citado por FIP, 2015, p.6-7)
Por su parte, Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente que los grupos paramilitares siguen operando y violando los derechos humanos en todo el país,
Las autoridades colombianas defienden categóricamente que todos los paramilitares han sido desmovilizados, pero la realidad es otra. En lugar de negar que los paramilitares continúan activos, las autoridades deben actuar para proteger a esas comunidades de los grupos que las aterrorizan (Amnistía Internacional, 2017, párr.6).
Ante esta situación, Fundación Ideas para la Paz considera que:
La desmovilización de 31.000 paramilitares no significó el fin de este proyecto. Por el contrario, a la continuidad de poderes regionales y locales producto de la recomposición de élites que supuso el paramilitarismo, se suma que a partir de 2006 y 2007 emergieron las bandas criminales […] Las bandas criminales conservan rasgos comunes con los paramilitares que conoció el país hasta 2006, como el narcotráfico y sus zonas de operaciones. Pero estos grupos ya no enarbolan una campaña contrainsurgente, no están organizados por frentes y bloques, y sus comandantes son “empresarios criminales” (FIP, 2016, pp.20-22).
Ahora bien, con relación al proceso de reintegración en la Subregión luego de los procesos de desmovilización ocurridos en el país entre los años 2003 y 2006, 30.688
exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron al proceso de los cuales 2.700 pertenecieron a los Bloques Mineros y BCB (“El 99% de los desmovilizados”, 2019), entre los que estaban e1 proyecto ganadero y cuatro proyectos más (caucheros, lecheros, piscícola y de cultivo de cítricos) denominados plan semilla, de los cuales sólo tuvo resultado el proyecto de la siembra de caucho (Proyectos para desmovilizados de Bajo Cauca, 2012)
Continua diciendo ARN que desde el año 2003, la Policía Nacional registra que el 7,1% de exintegrantes de las AUC ha sido víctima de homicidio (2.202 personas); El período más crítico de esta situación se dio entre 2008 y 2010, cuando fueron asesinados 1.069 integrantes de las AUC. Esta situación ha generado el desplazamiento de varios desmovilizados que para proteger abandonan la zona y con ello los proyectos productivos en lo que están inscritos.
Si bien este proceso contó con el acompañamiento de profesionales psicosociales de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), llevando a cabo medidas institucionales de reintegración en el Bajo Cauca, como la capacitación y formación a los desmovilizados a través del SENA, su vinculación laboral a algunas empresas del sector y la ejecución de proyectos productivos que funcionaron hasta el año 2008, esta última no fue efectiva en su totalidad, debido a que se presentaron irregularidades en la mayoría de los procesos y situaciones de orden público como asesinatos y amenazas a los desmovilizados que los obligaron a ausentarse del territorio (Sierra, 2011).
De acuerdo a lo expuesto hasta ahora, el proceso de DDR de las AUC en lo que tiene que ver con la ley 782 de 2002 tuvo muchas dificultades como la falta de claridad sobre las
estructuras que realmente existían. Aunado a esto, en la fase de reintegración, muchos de los participantes prolongaban el tiempo estimado de estudio para sostener las ayudas económicas, no todas las capacitaciones ni las ofertas laborales respondían a las expectativas y posibilidades de los desmovilizados, las opciones productivas y de ingresos registraban problemas de gestión de la ACR (CNMH, 2018), lo que se suma al debilitamiento de los efectos positivos de desarmes y desmovilizaciones con el hallazgo de caletas de armamento y el uso de estas por parte de las bandas criminales de las cuales hacían partes desmovilizados de las AUC que habían reincidido (CNMH 2014).
Un factor evidente en el proceso de reintegración, son los beneficios ofrecidos por los programas de DDR, los cuales no son suficientes o no cumplen con la expectativa de los desmovilizados, factor que incide en la reinserción de estos a las filas, puesto que muchos prefieren volver a otras formas más accesibles al dinero, debido a que la suma es mucho mayor al apoyo recibido por parte del programa de reintegración. Otro factor, es la ubicación geoestratégica de las zonas donde se encuentran, que hacen que nuevos grupos armados retomen las zonas para continuar con el negocio del narcotráfico, lo cual hace más complejo el proceso de reintegración (Sierra, 2011). En relación a esto, existen investigaciones de análisis de los procesos de DDR en el Bajo Cauca, los cuales concluyen que:
La inclusión social y en el narcotráfico como dinamizador de la economía de la subregión, son un problema de reintegración, debido al despojo de tierra por los cultivos ilícitos, la presencia de grupos armados en los territorios, y la penuria en la implementación de políticas públicas, de los programas de sustitución de cultivos y el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno (Aguirre, 2010, p. 98).
Aunque cada programa de DDR es único de acuerdo al proceso a desarrollar, se deben tener en cuenta especificaciones como una debida planificación y contar con los recursos humanos, los políticos, militares y financieros necesarios. Aunado a ello, estos programas deben implementarse de forma integral como parte de una política pública. Por tanto, no se trata solo de un debido desmovilizarse y entregar armas, sino de un proceso gradual de reintegración donde los excombatientes adoptan practicas económicas, políticas y sociales dentro de lo marcos legales y constitucionales, existiendo un proceso de rendición de cuentas de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, como lo establece la Ley 1424 de 2010. Así, “una reintegración exitosa en el ámbito social y ciudadano se asimila al desmantelamiento efectivo de las estructuras militares o armadas comprometidas, la búsqueda de la superación de las causas de la conflictividad y la violencia registradas” (CNMH, 2015, p.1).
Si bien hubo un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes paramilitares del Bajo Cauca, durante el proceso se presentaron parcialidades, irregularidades y fraudes, en primer lugar, porque no hubo claridad en la cantidad de combatientes desmovilizados que realmente pertenecían a estos grupos armados, (Reyes, 2012). En segundo lugar, sólo una parte de los excombatientes se acogieron al proceso de forma íntegra y otros no llegaron a completar la fase de reintegración a la vida civil y, en tercer lugar, los de rango medio optaron por reincidir en el conflicto armado, ya no en las AUC, sino de los nuevos grupos armados organizados: las bacrim (Reyes, 2012). Estos, hoy día son catalogados por parte de las autoridades militares como los responsables de las permanentes violaciones de derechos humanos ante las extorsiones, homicidios, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado que azotan a la subregión bajo caucana,
generando inseguridad en el territorio (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2014). Dicho escenario hace preguntarse ¿cuáles fueron los cambios que ocasionó la desmovilización de las AUC en esta subregión?, ¿Qué aportes significativos surgieron en relación al tema de seguridad? Esto último, será abordado en el siguiente apartado.
1. SOBRE EL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE LAS AUC EN EL BAJO CAUCA
2.1.EL CONCEPTO DE SEGURIDAD
Ante el proceso de desmovilización de las AUC en el Bajo Cauca y la reintegración de sus integrantes a la vida civil, se estaba a la expectativa de la seguridad de los habitantes de la subregión, debido a que se esperaba que la situación de orden público en el territorio denotará un cambio ante el ofrecimiento de una política de seguridad, la cual fue considerada la “mejor” alternativa por parte del gobierno nacional de la época para contrarrestar la situación de orden público que se vivía en muchos territorios del país.
Ante esto, se iniciará por entender el concepto de seguridad que el autor Angarita define como:
Una sensación, algo subjetivo, un estado de ánimo; pero también, una posibilidad real, objetiva. Es decir, las facultades de las cuales disfrutan los individuos de sentirse seguros, tranquilos. Sensación que se sustenta en la credibilidad de la gente en la existencia de un orden jurídico que funciona y
unas legítimas instituciones sociales y punitivas que hacen realidad esos derechos para todos (2011, p.16).
Desde esta perspectiva, la seguridad hace referencia a la garantía que percibe el ciudadano de que él, sus bienes y su entorno no sean violentados y al goce efectivo de sus derechos fundamentales. Esta garantía se refuerza con la existencia de una debida sanción para quienes los transgreden. Sin embargo, la percepción que existe de las políticas públicas en seguridad establecidas por los distintos gobiernos, es que estas no han logrado reducir las amenazas y en gran medida no logran reducir las vulnerabilidades que afectan la tranquilidad ciudadana, puesto que no se ha visto no como ese medio para garantizar los derechos, sino como un fin en sí mismo, que hasta se ha llegado a contemplar por parte de los Estados como un derecho humano, más relevante que los derechos a la vida, la libertad y la dignidad.
Al abordar la expresión seguridad, debemos referirnos al mismo tiempo al término inseguridad, en tanto es un concepto dicotómico y es definido por el autor (Angarita, 2011) como “el ambiente de incertidumbre y miedo de los habitantes, quienes están dispuestos a renunciar a importantes libertades civiles con tal de obtener algún nivel de seguridad para sus vidas y sus bienes” (p. 49), como sucedió con gran parte del país, donde la inseguridad se apoderó de sus habitantes, exactamente en las zonas donde había permanencia de grupos paramilitares, como en el Bajo Cauca, situación que le permitió al gobierno Colombiano entre los años 2002-2010, la implementación de una nueva política que contrarrestara esa inseguridad.
Esta política fue denominada como política de defensa y seguridad democrática, entendida como “solución” a la situación de violencia que se estaba viviendo en los territorios donde había presencia de estos grupos armados, denominados “terrorismo” por parte del gobierno
nacional (Borbón, 2018), la cual negaba la situación de conflicto armado interno que se estaba viviendo en el país, (Uribe, citado por Angarita, 2011) y era considerada una política de seguridad para la “protección” de los derechos civiles de sus habitantes, que pondría fin a tantos años de guerra y dolor (Sierra & Mora, 2020). A su vez, brindaría una oportunidad de reintegración a la vida civil a los excombatientes que hacían parte de estos grupos armados, y fue más una estrategia de fortalecimiento de las fuerzas militares, por ende, de seguridad para el Estado, que se aprovechó del miedo que padecen los habitantes para conseguir un control social (Herrera citado por Angarita, 2011), puesto que esta política buscaba obtener el control total del territorio. Considerando en palabras de Borbón “a la seguridad como si fuera un
derecho fundamental, el cual tiende a subordinar a todos los demás derechos fundamentales, supervalorando el orden público y el Estado, los cuales pasan de ser un medio a un fin en sí mismo“ (Borbón, 2018, párr.26).
La seguridad en un Estado como Colombia debe ser una vía para la consecución y protección de los demás derechos fundamentales de las personas, no una imposición por parte de una política de seguridad social democrática (PDSD), que solo busca el logro de la estabilidad del orden público obtenida por medio del uso de la fuerza con el consecuente sacrificio de los demás derechos fundamentales (Borbón, 2018). Ante esto, se necesita una sociedad regida por un orden público democrático, donde el Estado sea un medio para la sociedad, para que puedan desarrollarse políticas eficaces que garanticen el pleno ejercicio de la libertad y los derechos fundamentales de todas las personas (Angarita, 2011).
El primer referente que se tiene sobre seguridad democrática es la que hace alusión a las políticas internacionales de seguridad3, particularmente a la Doctrina de Seguridad Nacional, puesto que estas tienen una estrecha relación y un enfoque militar, que funciona a través de la guerra preventiva, para la cual se hace uso de los recursos públicos de un Estado. Esta política de seguridad tiene como ejes estratégicos: Consolidar el control territorial y fortalecer el Estado de Derecho en todo el Territorio Nacional; proteger a la población, manteniendo la iniciativa estratégica en contra de todas las amenazas a la seguridad de los ciudadanos; elevar drásticamente los costos de desarrollar la actividad del narcotráfico en Colombia; mantener una Fuerza Pública legítima, moderna y eficaz, que cuente con la confianza y el apoyo de la población; mantener la tendencia decreciente de todos los indicadores de criminalidad en los centros urbanos del país (Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia, 2007).
En Colombia, la política de seguridad democrática impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se construyó sobre la marcha mediante tres líneas de acción: la primera, la continuación de la ofensiva contra las FARC, activada al final del gobierno anterior; la segunda, una “política de paz” con los paramilitares, y la tercera, un grupo de políticas específicas –como los soldados campesinos, los estímulos a la deserción y las redes de informantes– destinadas a alimentar a las otras dos. (Buitrago, 2006; CNMH, 2010)
Sin embargo esta no es la única mirada respecto del concepto, también las hay con base en la relación de esta con el control territorial , por ejemplo para el ministerio de defensa plantea la seguridad democrática dentro del eje estratégico de consolidación del control del territorio se llevan a cabo 3 fases que consisten en controlar las áreas de presencia activa de grupos
3
El concepto de seguridad nacional fue convertido durante la guerra fría en la Doctrina de Seguridad Nacional, y la manera en que ésta fue aplicada a los países de América Latina bajo la influencia de Estados Unidos. Se destaca el papel de los militares en la aplicación de esta doctrina, así como la lucha contra el enemigo interno y sus implicaciones para la política de los países considerados. (Leal, 2003)
armados ilegales, estabilizar las áreas controladas en proceso de recuperación institucional y consolidar la autoridad estatal y establecer instituciones estatales y servicios públicos. (Ministerio de Defensa, 2007). En relación a la consolidación Estatal y fortalecimiento de las instituciones, la seguridad democrática buscaba obtener el control del territorio y una estrategia en contra de todas las amenazas de seguridad, pero una seguridad militarista, restrictiva, esa que se impone como prioritaria, “que considera la seguridad como un derecho
humano fundamental equiparable al del derecho a la vida. Incluso (…) un prerrequisito para la existencia de los otros derechos, (…) como la libertad, la intimidad, el buen nombre, la movilidad, la organización” (Angarita 2011, p.17).
3. DESMOVILIZACION DE LAS AUC: ¿SEGURIDAD O INSEGURIDAD PARA EL BAJO CAUCA?
Al tiempo que se realiza del proceso de desmovilización de las AUC se implementa la política de seguridad democrática en el Bajo Cauca, la cual buscaba la recuperación del territorio mediante la obtención del monopolio de la fuerza en las autoridades legítimamente establecidas y a su vez la consolidación del territorio, lo que hace parte de su fracaso porque el Estado no logra obtener siquiera el control territorial. Situación que se evidenció con el inició del plan de “consolidación” en el territorio, el cual contaba con una fuerza de 12.000 hombres de la 4ª y 11° Brigada del Ejército, con el objetivo de crear un escudo protector alrededor de Medellín para separar a las bacrim del Bajo Cauca de los “combos” de esta capital. Aunado a esto, la Policía Nacional por su parte creó el Comando Especial del Bajo Cauca (COEBA), el cual conformaba un total de 14.000 integrantes de la Fuerza Pública para el año 2010 (FIP, 2011, p.17).
Este esfuerzo institucional aunado al proceso de desmovilización de estas estructuras, buscaba desactivar factores que generaran violencia y traer seguridad al territorio, situación, que produjo una transformación en bandas criminales ante una política que planteaba la recuperación del territorio y la consolidación consistente en retomar el monopolio de las armas y el uso de la fuerza (Ministerio de defensa, 2007) que quedó sólo en el papel, porque en la realidad la situación no fue así, puesto que este proceso no contó con las medidas necesarias, de hecho, las estrategias implementadas por el gobierno como la inclusión de los desmovilizados como campesinos informantes los involucró nuevamente al conflicto armado (CNMH, 2015).
La subregión del Bajo Cauca aunque cuenta con fuerte presencia de la Fuerza Pública en el territorio, existe poca seguridad por parte del Estado (FIP, 2015) él cual, termina acudiendo a un control del territorio por medio de la fuerza y la ilegalidad considerando el surgimiento de grupos armados organizados, los cuales acaban por convertirse en “ley” para la población, puesto que estos se toman las instancias locales imponiéndose a través del uso de las armas y la intimidación. La reproducción de estas estructuras armadas a pesar de la militarización del territorio, más la violación constante de derechos humanos en donde sus líderes sociales son altamente asesinados, lo que demuestra que es el fracaso de un proceso de desmovilización de las AUC y de la implementación de la política de seguridad democrática que ha tenido que ver violaciones constantes de derechos humanos, en un territorio donde varios líderes sociales han sido asesinados y donde la percepción de seguridad cada día se ve deteriorada.
Por otro lado, se presentan las alianzas de agentes estatales con las estructuras paramilitares, como lo sucedido en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia donde algunos de sus
mandatarios en periodos distintos, tuvieron vínculos con estos (MOE, citado por Sierra, 2011) y con las bacrim, (FIP, 2018).
CONCLUSIONES FINALES
En lo descrito anteriormente, se ha intentado mostrar que el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia con los bloques Central Bolívar y Mineros, que tuvo lugar en la subregión del Bajo Cauca, fue un proceso fallido a pesar de los esfuerzos realizados por parte de la institucionalidad, teniendo en cuenta que esta subregión se caracteriza por tener una ruta de movilidad que conecta al interior con el norte del país, la cual es muy apetecida para el transporte de droga.
La actividad permanente de la minería y los sembrados ilícitos que sirven para su financiamiento, hacen que sea perseguida por grupos armados organizados, sin dejar de lado el miedo de toda una población que se siente insegura ante una situación de orden público donde sus derechos se ven vulnerados.
Frente a lo anteriormente descrito, se implementó, por parte del Estado, una política de seguridad denominada “Seguridad Democrática”. La cual, a través de la militarización, optaba con garantizarla a toda costa, inclusive como prioridad frente a los demás derechos humanos como la vida, la libertad, la intimidad, el buen nombre, etc.
Ante esto, el proceso de desarme, desmovilización, y reintegración a la vida civil se vio afectado por el contexto en el que surgió. Así, las causas para hablar de un proceso fallido serían:
1- La ejecución ineficiente de proyectos productivos causó dificultades serias en la implementación de las medidas de reinserción de las AUC a la vida civil, puesto que muchos de los proyectos no se llevaron a cabo en la subregión.
2- Añádase a esto: El asesinato masivo y desplazamiento de excombatientes de las AUC, en el periodo comprendido entre 2005 y 2010.
3. El rearme de gran parte de los desmovilizados de las AUC, quienes por seguir viviendo en una zona donde el conflicto armado continúa, deciden disputarse las rutas del narcotráfico en el territorio del Bajo Cauca, con la conformación de las nuevas bandas criminales o lo que se denominó el Neoparamilitarismo.
A raíz de todo este proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia, surgieron los grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Paisas, Los Rastrojos, entre otros grupos que fueron formándose luego, como los Caparros y El Clan de Golfo, quienes actualmente se disputan el territorio del Bajo Cauca, cometiendo actos como asesinatos, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, extorsión, etc, atemorizando y vulnerando los derechos de la población, registrándose 10.670 casos de homicidio, 5.194 casos de desaparición forzada y 189.099 casos de desplazamiento forzado, según informe realizado por la Unidad de Víctimas desde el año 2006 hasta enero de 2020.
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